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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente
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Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Científicos comprueban que el Paraná tiene glifosato
Científico del Conicet asegura que el Paraná esta contaminado con glifosato
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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La pérdida de bosques no puede soportarse más
Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Productores salteños enojados con Bergman y Urtubey
Prohibición de desmontes: productores salteños aseguran que se afecta el desarrollo de la provincia
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
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Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra
El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Córdoba: desmontes sin control real oficial
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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¿Una Ley de Presupuestos Mínimos para fumigaciones?
El Gobierno busca reglamentar las fumigaciones en las que se utilicen agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fumigaciones en Córdoba resistidas y reprimidas
La policía cordobesa, del lado de los sojeros
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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1.500 las hectáreas afectadas en Chaco con el 2.4D
Se elevan a 1.500 las hectáreas afectadas por herbicidas hormonales
Fecha de Publicación: 24/01/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Productores y técnicos consultados confirmaron a que suman 1.500 hectáreas de algodón afectadas, en distinto grado, por el efecto de la expansión de un potente pesticida que podría ser 2.4D, implantados en la zona de Los Frentones por el productor Nicolas Uzelak
El caso fue dado a conocer a través de la denuncia de una productora difundida por NORTE que expone un informe al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de controles estatales y de la necesidad del cumplimiento efectivo de la receta agronómica.
Uzelak ya había tenido un episodio similar años atrás, en un campo cercano. Hizo la denuncia policial y actuaron las autoridades del área correspondiente, aplicando la multa al productor que uso el pesticida prohibido. Ahora, vuelve a suceder un acontecimiento similar que viola las leyes vigentes y los productores de la zona temen que haya más problemas no solo para los productores agrícolas sino también para los ganaderos.
El informe señala que se elevan a 1.500 el total de la superficie implantada fueron afectadas aparentemente por el uso indebido por parte de vecinos del plaguicida hormonal que aún no se sabe si puede ser 2.4 D en formulación Ester u otro como el Paraquat 27,6 cuya acción es poco afectada por lluvias inmediata a la aplicación. Así lo denunció ante NORTE el productor Nicolas Uzelak, que tiene su lote implantado con algodón a la altura del kilómetros 264 de la Ruta Nacional Nº 16 al oeste de Los Frentones, en el departamento Almirante Brown, y las hojas presenta la forma de “pata de rana”, razón por la cual consideran que se trata de 2.4D.
La aplicación de este potente pesticida –cuya aplicación se encuentra prohibida en el Chaco por ley desde el mes de agosto hasta fines de marzo–, habría sido utilizada por vecinos al campo de Uzelak en lotes de girasol.
De acuerdo a la información dada por el productor, se trata de una superficie implantada con el cultivo de algodón que abarcó unas 1.500 hectáreas que se vieron afectadas con deformaciones en las tres a cuatro hojas del extremo apical como así también de las pequeñas ramas laterales con alargamiento de hojas, enrutamiento, deformación de nervaduras y pequeños pimpollos con la consiguiente pérdida de los mismos.
Esta sintomatología es coincidente con la producida por herbicidas hormonales cuyo principio activo es 2.4D y por distribución en la totalidad del lote, con sectores con mayor afectación se puede deducir que se trata de una deriva de aplicaciones realizadas en lotes cercanos a esta parcela por este herbicida en formulación ester, la cual se encuentra prohibida en el Chaco por ley, en la franja de siete meses desde agosto a marzo.
Que dice el gobierno
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica realizó tareas de inspección en un predio de cultivo algodonero de Los Frentones cuyo propietario denunció que fue afectado por aplicaciones de herbicidas en lotes aledaños. Los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control llegaron al lugar para constatar la posible infracción a la Ley Nº 2026-R (agroquímicos).
La subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi recordó que todos los productos fitosanitarios deben adquirirse y aplicarse con receta agronómica, suscripta por un ingeniero agrónomo. “La fiscalización es un pilar fundamental para aplicar y controlar las leyes ambientales, se inspeccionan a expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres como lo establece la Ley Nº 2026-R (ex Ley 7032)”, indicó.
Además, los bidones vacíos de fitosanitarios tienen un único destino autorizado; antes de ser retirados para su reciclado deben pasar por un proceso de triple lavado y perforado, dado que no pueden ser comercializados, enterrados o quemados. No pueden ser reutilizados, menos aún para transportar agua, por los perjuicios a la salud que podría acarrear dicha práctica. Se debe solicitar el retiro a empresas recicladoras, actividad que no genera gastos para el productor y con el otorgamiento de un manifiesto de validez oficial.
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica recuerda que, la norma vigente antes mencionada, pertenece al ámbito provincial y toda persona física o jurídica que se enmarque en los registros de la ley deberá tramitar su inscripción ante esta dependencia. Por consultas, se podrán realizar personalmente en la Oficina Nº 22 del piso 9 de Casa de Gobierno o llamar al teléfono 3624-4448089.
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Fecha de Publicación: 24/01/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Productores y técnicos consultados confirmaron a que suman 1.500 hectáreas de algodón afectadas, en distinto grado, por el efecto de la expansión de un potente pesticida que podría ser 2.4D, implantados en la zona de Los Frentones por el productor Nicolas Uzelak
El caso fue dado a conocer a través de la denuncia de una productora difundida por NORTE que expone un informe al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de controles estatales y de la necesidad del cumplimiento efectivo de la receta agronómica.
Uzelak ya había tenido un episodio similar años atrás, en un campo cercano. Hizo la denuncia policial y actuaron las autoridades del área correspondiente, aplicando la multa al productor que uso el pesticida prohibido. Ahora, vuelve a suceder un acontecimiento similar que viola las leyes vigentes y los productores de la zona temen que haya más problemas no solo para los productores agrícolas sino también para los ganaderos.
El informe señala que se elevan a 1.500 el total de la superficie implantada fueron afectadas aparentemente por el uso indebido por parte de vecinos del plaguicida hormonal que aún no se sabe si puede ser 2.4 D en formulación Ester u otro como el Paraquat 27,6 cuya acción es poco afectada por lluvias inmediata a la aplicación. Así lo denunció ante NORTE el productor Nicolas Uzelak, que tiene su lote implantado con algodón a la altura del kilómetros 264 de la Ruta Nacional Nº 16 al oeste de Los Frentones, en el departamento Almirante Brown, y las hojas presenta la forma de “pata de rana”, razón por la cual consideran que se trata de 2.4D.
La aplicación de este potente pesticida –cuya aplicación se encuentra prohibida en el Chaco por ley desde el mes de agosto hasta fines de marzo–, habría sido utilizada por vecinos al campo de Uzelak en lotes de girasol.
De acuerdo a la información dada por el productor, se trata de una superficie implantada con el cultivo de algodón que abarcó unas 1.500 hectáreas que se vieron afectadas con deformaciones en las tres a cuatro hojas del extremo apical como así también de las pequeñas ramas laterales con alargamiento de hojas, enrutamiento, deformación de nervaduras y pequeños pimpollos con la consiguiente pérdida de los mismos.
Esta sintomatología es coincidente con la producida por herbicidas hormonales cuyo principio activo es 2.4D y por distribución en la totalidad del lote, con sectores con mayor afectación se puede deducir que se trata de una deriva de aplicaciones realizadas en lotes cercanos a esta parcela por este herbicida en formulación ester, la cual se encuentra prohibida en el Chaco por ley, en la franja de siete meses desde agosto a marzo.
Que dice el gobierno
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica realizó tareas de inspección en un predio de cultivo algodonero de Los Frentones cuyo propietario denunció que fue afectado por aplicaciones de herbicidas en lotes aledaños. Los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control llegaron al lugar para constatar la posible infracción a la Ley Nº 2026-R (agroquímicos).
La subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi recordó que todos los productos fitosanitarios deben adquirirse y aplicarse con receta agronómica, suscripta por un ingeniero agrónomo. “La fiscalización es un pilar fundamental para aplicar y controlar las leyes ambientales, se inspeccionan a expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres como lo establece la Ley Nº 2026-R (ex Ley 7032)”, indicó.
Además, los bidones vacíos de fitosanitarios tienen un único destino autorizado; antes de ser retirados para su reciclado deben pasar por un proceso de triple lavado y perforado, dado que no pueden ser comercializados, enterrados o quemados. No pueden ser reutilizados, menos aún para transportar agua, por los perjuicios a la salud que podría acarrear dicha práctica. Se debe solicitar el retiro a empresas recicladoras, actividad que no genera gastos para el productor y con el otorgamiento de un manifiesto de validez oficial.
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica recuerda que, la norma vigente antes mencionada, pertenece al ámbito provincial y toda persona física o jurídica que se enmarque en los registros de la ley deberá tramitar su inscripción ante esta dependencia. Por consultas, se podrán realizar personalmente en la Oficina Nº 22 del piso 9 de Casa de Gobierno o llamar al teléfono 3624-4448089.
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Más denuncias de fumigaciones sobre una escuela
Denuncian fumigaciones ilegales sobre una escuela
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Santa Fe: denunciar fumigaciones puede ser peligroso
Denuncian una persecución a ambientalistas en Alvear
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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En Córdoba "duermen" una decena de causas ambientales
Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Con agroquímicos asesinaron a Don Diógenes
La triste historia de Don Diógenes, el abuelo que murió tras ser rociado con agroquímicos en el patio de su casa
Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Entre Ríos: normativa de Agroquímicos “regresiva”
Ley de Agroquímicos: para el Foro Ecologista la normativa impulsada es “regresiva”
Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Denuncian afección de niña de dos años por agroquímicos
Nena de dos años afectada por agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
La pequeña estaría siendo seriamente perjudicada por la presencia cerca de su vivienda de agrotóxicos. La menor sufrió graves descomposturas y debió ser internada en dos oportunidades. El hecho ya fue denunciado.
Una nena de dos años estaría siendo seriamente afectada por la presencia cerca de su vivienda de agroquímicos. La menor, oriunda de Bernardo de Irigoyen, sufrió descomposturas graves para su edad, consistentes en vómitos y debilitamiento general y debió ser internada en dos oportunidades.
Al respecto, Roberto Schiozzi, presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) reveló que "no es la primera vez que internan a la menor, en el mes de agosto esta chiquita estuvo internada en el Hospital de Niños un mes, su cuerpito se estaba desecando, la piel estaba toda erosionada, gracias a Dios se salvó, esto como consecuencia de dos depósitos que hay cerca de su casa, donde se manipulan agroquímicos y se lavan fumigadores, dentro de un barrio Fonavi, no estamos hablando de una zona agrícola, en pleno centro del pueblo".
"El 11 de diciembre como centro ecológico hicimos una presentación al nuevo presidente comunal donde solicitamos que esos dos depósitos se trasladen fuera del radio urbano, como mínimo manda la ley 2 mil metros de un lugar habitado, el 22 de diciembre vuelven a fumigar y la nena se vuelve a descomponer muy mal, el mismo presidente comunal la traslada a Barrancas, estuvo internada desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche", añadió Schiozzi.
Además, el presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, explicó que "la pediatra de la pequeña asegura que son problemas por los agrotóxicos, se hace una denuncia penal en Bernardo de Irigoyen, mostrando todas las pruebas. Hay también una persona mayor que está infectada pero no quiso darse a conocer ni intervenir".
Para finalizar, Schiozzi manifestó que "estamos esperando hasta el próximo año, vamos a volver con el presidente comunal para saber qué decisiones tomó. Hay una sola respuesta que es que el depósito se tiene que ir porque van a matar gente. La pediatra les dijo a los padres de la nena que de acá ya viene el cáncer. Tenemos que tomar conciencia el depósito que esté ahí o que esté a 2 mil metros es lo mismo, simplemente que a la distancia que se va a llevar no tenemos el peligro de infectar a las personas
Vamos a volver a reunirnos para saber qué determinaciones se tomaron y qué tiempo tienen para retirar es de ahí (el depósito) y de lo contrario vamos a ir a la fiscalía".
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Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
La pequeña estaría siendo seriamente perjudicada por la presencia cerca de su vivienda de agrotóxicos. La menor sufrió graves descomposturas y debió ser internada en dos oportunidades. El hecho ya fue denunciado.
Una nena de dos años estaría siendo seriamente afectada por la presencia cerca de su vivienda de agroquímicos. La menor, oriunda de Bernardo de Irigoyen, sufrió descomposturas graves para su edad, consistentes en vómitos y debilitamiento general y debió ser internada en dos oportunidades.
Al respecto, Roberto Schiozzi, presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) reveló que "no es la primera vez que internan a la menor, en el mes de agosto esta chiquita estuvo internada en el Hospital de Niños un mes, su cuerpito se estaba desecando, la piel estaba toda erosionada, gracias a Dios se salvó, esto como consecuencia de dos depósitos que hay cerca de su casa, donde se manipulan agroquímicos y se lavan fumigadores, dentro de un barrio Fonavi, no estamos hablando de una zona agrícola, en pleno centro del pueblo".
"El 11 de diciembre como centro ecológico hicimos una presentación al nuevo presidente comunal donde solicitamos que esos dos depósitos se trasladen fuera del radio urbano, como mínimo manda la ley 2 mil metros de un lugar habitado, el 22 de diciembre vuelven a fumigar y la nena se vuelve a descomponer muy mal, el mismo presidente comunal la traslada a Barrancas, estuvo internada desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche", añadió Schiozzi.
Además, el presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, explicó que "la pediatra de la pequeña asegura que son problemas por los agrotóxicos, se hace una denuncia penal en Bernardo de Irigoyen, mostrando todas las pruebas. Hay también una persona mayor que está infectada pero no quiso darse a conocer ni intervenir".
Para finalizar, Schiozzi manifestó que "estamos esperando hasta el próximo año, vamos a volver con el presidente comunal para saber qué decisiones tomó. Hay una sola respuesta que es que el depósito se tiene que ir porque van a matar gente. La pediatra les dijo a los padres de la nena que de acá ya viene el cáncer. Tenemos que tomar conciencia el depósito que esté ahí o que esté a 2 mil metros es lo mismo, simplemente que a la distancia que se va a llevar no tenemos el peligro de infectar a las personas
Vamos a volver a reunirnos para saber qué determinaciones se tomaron y qué tiempo tienen para retirar es de ahí (el depósito) y de lo contrario vamos a ir a la fiscalía".
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Entre Ríos aprueba una ley de agroquímicos controversial
Críticas de ambientalistas a la ley de agroquímicos que aprobó el Senado
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
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