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Alumbrera: UNT ya tiene que empezar a pensar remediación
08:00 | 
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La Alumbrera cierra en 2017 y la UNT debe afrontar reparaciones ambientales
Fecha de Publicación: 22/03/2016
Fuente: contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
El cierre de la explotación Bajo de la Alumbrera, la reparación del pasivo ambiental y las proyecciones en Farallón Negro y Bajo El Durazno han sido los temas sobre los que se pusieron al corriente la rectora de la UNT, Alicia Bardón, y el nuevo presidente de la empresa interestadual Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), Santiago Albarracín.
La visita de Albarracín a la universidad fue el martes, el mismo día en que se conoció el llamado a indagatoria como imputado al ex rector, Juan Alberto Cerisola, actual representante de la UNT en el directorio de YMAD, junto a otros cinco ex funcionarios de la UNT. La causa que se investiga en la Justicia federal indaga sobre el manejo de fondos que la universidad recibió de YMAD, entre 2006 y 2009, en concepto de utilidades.
“Hoy el desafío es el cierre de Bajo de la Alumbrera que va a provocar una notoria baja de recursos, pero estamos con la esperanza de un nuevo yacimiento y de reforzar Farallón Negro”, explicó. Albarracín llegó en reemplazo de Manuel Benítez, quien fue presidente durante 16 años.
“Estuve hace 20 años cuando este yacimiento comenzaba a ser explotado, del otro lado de la mesa, conociendo a inversores que hoy puedan estar interesados en iniciar una explotación similar, lo cual nos da esperanzas porque estiraría el proyecto un poco más”, comentó. Hasta el momento, el cierre de la mina tiene como fecha última -explicó Albarracín- junio de 2017.
Según la rectora, ella está ocupada y no preocupada por la reparación ambiental que se deberá llevar a cabo en el sitio de la explotación. “La minería genera un impacto no sólo donde se realiza la extracción, sino por donde se transporta, que es el mineraloducto. El proyecto de cierre de minas conlleva una estrategia reparadora del medio ambiente y estamos ocupados de que las etapas se cumplan”, sintetizó. Además, adelantó que hay intenciones de que la infraestructura que dejará Minera Alumbrera pueda ser utilizada en Agua Rica, un yacimiento que se encuentra a 25 kilómetros. Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso presentado por los vecinos de la localidad catamarqueña de Andalgalá para que se revea la manera en la que la provincia había autorizado la instalación de la minera.
Albarracín confirmó que había estado reunido con Cerisola en Catamarca antes de visitar a la rectora, pero que desconocía la situación judicial del ex rector. Por lo tanto, no quiso hacer declaraciones al respecto. También señaló que no se le había comunicado nada sobre las pretensiones de rever el porcentaje de utilidades que le corresponden a la UNT. Son, precisamente, dos temas sensibles que han generado roces entre las autoridades y algunos miembros del Consejo Superior. Estos solicitan que la UNT se erija como querellante en la causa judicial y que se anule el convenio firmado en 2008 por Cerisola, por el cual la UNT pasó de recibir el 40% de las ganancias de la minera, al 20%.
Porcentajes y querella
Bardón confirmó que había enviado tanto a YMAD como al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la decisión del Consejo Superior de rever los porcentajes de las utilidades que recibe la UNT. Aunque aclaró que hace “ocho años que se vienen aceptando esas reglas del juego y jamás la UNT había cuestionado ese porcentaje”.
También explicó que a fines de 2015 remitió al Consejo el informe que un estudio de abogados de Buenos Aires, Díaz Cantón, Sgro y Asociados, realizó a pedido de las autoridades universitarias sobre la conveniencia de ser querellante en la causa que investiga si hubo malversación de fondos girados a la universidad. Parte de la conclusión del informe sostiene que “la denuncia de fraude (...) posee el sustento probatorio necesario como para que la causa progrese hacia la etapa de juicio”.
El martes 22 es la primera reunión del Consejo Superior. “Ser querellante va tener un costo elevado que el Consejo Superior debe prever”, deslizó la rectora.
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Fecha de Publicación: 22/03/2016
Fuente: contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
El cierre de la explotación Bajo de la Alumbrera, la reparación del pasivo ambiental y las proyecciones en Farallón Negro y Bajo El Durazno han sido los temas sobre los que se pusieron al corriente la rectora de la UNT, Alicia Bardón, y el nuevo presidente de la empresa interestadual Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), Santiago Albarracín.
La visita de Albarracín a la universidad fue el martes, el mismo día en que se conoció el llamado a indagatoria como imputado al ex rector, Juan Alberto Cerisola, actual representante de la UNT en el directorio de YMAD, junto a otros cinco ex funcionarios de la UNT. La causa que se investiga en la Justicia federal indaga sobre el manejo de fondos que la universidad recibió de YMAD, entre 2006 y 2009, en concepto de utilidades.
“Hoy el desafío es el cierre de Bajo de la Alumbrera que va a provocar una notoria baja de recursos, pero estamos con la esperanza de un nuevo yacimiento y de reforzar Farallón Negro”, explicó. Albarracín llegó en reemplazo de Manuel Benítez, quien fue presidente durante 16 años.
“Estuve hace 20 años cuando este yacimiento comenzaba a ser explotado, del otro lado de la mesa, conociendo a inversores que hoy puedan estar interesados en iniciar una explotación similar, lo cual nos da esperanzas porque estiraría el proyecto un poco más”, comentó. Hasta el momento, el cierre de la mina tiene como fecha última -explicó Albarracín- junio de 2017.
Según la rectora, ella está ocupada y no preocupada por la reparación ambiental que se deberá llevar a cabo en el sitio de la explotación. “La minería genera un impacto no sólo donde se realiza la extracción, sino por donde se transporta, que es el mineraloducto. El proyecto de cierre de minas conlleva una estrategia reparadora del medio ambiente y estamos ocupados de que las etapas se cumplan”, sintetizó. Además, adelantó que hay intenciones de que la infraestructura que dejará Minera Alumbrera pueda ser utilizada en Agua Rica, un yacimiento que se encuentra a 25 kilómetros. Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso presentado por los vecinos de la localidad catamarqueña de Andalgalá para que se revea la manera en la que la provincia había autorizado la instalación de la minera.
Albarracín confirmó que había estado reunido con Cerisola en Catamarca antes de visitar a la rectora, pero que desconocía la situación judicial del ex rector. Por lo tanto, no quiso hacer declaraciones al respecto. También señaló que no se le había comunicado nada sobre las pretensiones de rever el porcentaje de utilidades que le corresponden a la UNT. Son, precisamente, dos temas sensibles que han generado roces entre las autoridades y algunos miembros del Consejo Superior. Estos solicitan que la UNT se erija como querellante en la causa judicial y que se anule el convenio firmado en 2008 por Cerisola, por el cual la UNT pasó de recibir el 40% de las ganancias de la minera, al 20%.
Porcentajes y querella
Bardón confirmó que había enviado tanto a YMAD como al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la decisión del Consejo Superior de rever los porcentajes de las utilidades que recibe la UNT. Aunque aclaró que hace “ocho años que se vienen aceptando esas reglas del juego y jamás la UNT había cuestionado ese porcentaje”.
También explicó que a fines de 2015 remitió al Consejo el informe que un estudio de abogados de Buenos Aires, Díaz Cantón, Sgro y Asociados, realizó a pedido de las autoridades universitarias sobre la conveniencia de ser querellante en la causa que investiga si hubo malversación de fondos girados a la universidad. Parte de la conclusión del informe sostiene que “la denuncia de fraude (...) posee el sustento probatorio necesario como para que la causa progrese hacia la etapa de juicio”.
El martes 22 es la primera reunión del Consejo Superior. “Ser querellante va tener un costo elevado que el Consejo Superior debe prever”, deslizó la rectora.
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Explican porque la Alumbrera contamina el Salí
Insisten en que la minera contamina el Salí
Fecha de Publicación: 16/03/2016
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Asociación Civil PRO ECO Grupo Ecologista insiste en que la empresa Minera Alumbrera contamina, luego de que se conociera el llamado a indagatoria a tres directivos de la empresa. La causa está en el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Poviña y se acusa a la minera por contaminación en el dique el Frontal en Las Termas de Río Hondo, el canal DP2 y en la zona de Concepción. PRO ECO es querellante en la causa.
“La acusación seguida contra los directivos de esa empresa se fundamenta en informes periciales realizados por peritos oficiales designados por el juez interviniente, los cuales se encuentran agregados al expediente, y son objetivos y contundentes”, precisó la organización ecologista.
Luego, enumeró algunos de los puntos del expediente:
- El llamado a indagatoria no se fundamenta en meras afirmaciones de parte, como lo hace en su defensa la empresa minera, que se ampara en firmas de especialistas que, al ser empleados de la empresa, carecen de objetividad e imparcialidad. O, como en el caso de la UNT, que se encuentra en vinculación directa con la empresa por medio de YMAD. Es decir que se podría considerar parte interesada, por lo tanto sus aportes técnicos tampoco pueden ser considerados a los fines probatorios.
- También carecen de validez las afirmaciones e informes en donde manifiesta su cumplimiento con la normativa local, la Resolución 030 SEMA, puesto que la misma es inconstitucional porque viola la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Justamente, lo que se investiga es la contaminación del canal DP2, donde la minera vuelca efluentes con metales pesados provenientes de su planta de secado y de filtros en Cruz del Norte.
- Entre las pruebas agregadas en la causa, se pueden enunciar el informe emitido por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que manifestó: “La ley 24.051 (Residuos Peligrosos) tiene el fin de evitar la contaminación del ambiente y que no se afecte la salud de las personas”. O el informe emitido por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que señaló: “Las consecuencias ambientales negativas de la actividad industrial de las empresas del caso son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de los efluentes”.
- También hay material fotográfico y audiovisual agregado al expediente donde se puede observar el punto donde la empresa minera realiza el volcado de sus afluentes sobre el canal DP2, material en el cual se puede observar que existe un ecosistema, personas, incluso niños que se sumergen en esas aguas y extraen peces para consumirlos.
- También figuran informes y mapas que dan cuenta de la desembocadura de dicho canal en el dique de Termas de Río Hondo, con la consiguiente contaminación de aguas interjurisdiccionales.
- Todo ese material probatorio está acopiado en un expediente de mas de 13 cuerpos, que lleva alrededor de quince años de investigación.
“Confiamos en que de una vez por todas se haga justicia ambiental, en resguardo de los derechos de la naturaleza y las personas, y que la Justicia Federal procese y condene a todos los responsables de la contaminación ambiental con residuos peligrosos en Tucumán y en las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca Salí-Dulce”, sostuvo el grupo ecologista en su descargo.
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Fecha de Publicación: 16/03/2016
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Asociación Civil PRO ECO Grupo Ecologista insiste en que la empresa Minera Alumbrera contamina, luego de que se conociera el llamado a indagatoria a tres directivos de la empresa. La causa está en el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Poviña y se acusa a la minera por contaminación en el dique el Frontal en Las Termas de Río Hondo, el canal DP2 y en la zona de Concepción. PRO ECO es querellante en la causa.
“La acusación seguida contra los directivos de esa empresa se fundamenta en informes periciales realizados por peritos oficiales designados por el juez interviniente, los cuales se encuentran agregados al expediente, y son objetivos y contundentes”, precisó la organización ecologista.
Luego, enumeró algunos de los puntos del expediente:
- El llamado a indagatoria no se fundamenta en meras afirmaciones de parte, como lo hace en su defensa la empresa minera, que se ampara en firmas de especialistas que, al ser empleados de la empresa, carecen de objetividad e imparcialidad. O, como en el caso de la UNT, que se encuentra en vinculación directa con la empresa por medio de YMAD. Es decir que se podría considerar parte interesada, por lo tanto sus aportes técnicos tampoco pueden ser considerados a los fines probatorios.
- También carecen de validez las afirmaciones e informes en donde manifiesta su cumplimiento con la normativa local, la Resolución 030 SEMA, puesto que la misma es inconstitucional porque viola la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Justamente, lo que se investiga es la contaminación del canal DP2, donde la minera vuelca efluentes con metales pesados provenientes de su planta de secado y de filtros en Cruz del Norte.
- Entre las pruebas agregadas en la causa, se pueden enunciar el informe emitido por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que manifestó: “La ley 24.051 (Residuos Peligrosos) tiene el fin de evitar la contaminación del ambiente y que no se afecte la salud de las personas”. O el informe emitido por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que señaló: “Las consecuencias ambientales negativas de la actividad industrial de las empresas del caso son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de los efluentes”.
- También hay material fotográfico y audiovisual agregado al expediente donde se puede observar el punto donde la empresa minera realiza el volcado de sus afluentes sobre el canal DP2, material en el cual se puede observar que existe un ecosistema, personas, incluso niños que se sumergen en esas aguas y extraen peces para consumirlos.
- También figuran informes y mapas que dan cuenta de la desembocadura de dicho canal en el dique de Termas de Río Hondo, con la consiguiente contaminación de aguas interjurisdiccionales.
- Todo ese material probatorio está acopiado en un expediente de mas de 13 cuerpos, que lleva alrededor de quince años de investigación.
“Confiamos en que de una vez por todas se haga justicia ambiental, en resguardo de los derechos de la naturaleza y las personas, y que la Justicia Federal procese y condene a todos los responsables de la contaminación ambiental con residuos peligrosos en Tucumán y en las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca Salí-Dulce”, sostuvo el grupo ecologista en su descargo.
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Directivos de La Alumbrera a indagatoria
Tucumán: citaron a indagatoria a los directivos de 'Minera La Alumbrera'
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Alumbrera,
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Tucumán: salinización del agua, el CONICET investiga
Investigadores de la UNT participaron de un estudio para proteger el agua de la salinización
Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Investigadores del Instituto de Biodiversidad Neotropical de Tucumán participaron de un estudio internacional que analizó las concentraciones de sales en agua y su impacto en la biodiversidad, según publicó en su sitio web el CONICET.
Es sabido que para la mayoría de las actividades humanas el agua es un recurso indispensable. El problema ocurre cuando estas tareas, como por ejemplo la agricultura o la minería, aumentan la concentración total de sales inorgánicas disueltas (es decir, la salinidad secundaria) en las aguas llamadas dulces, que son aquellas que no son marinas. El proceso de adquisición de sales en un ecosistema acuático se denomina “salinización”.
Este incremento de la salinidad puede tener efectos adversos en la salud humana, aumenta los costos de tratamiento de agua para el consumo humano y daña la infraestructura, al mismo tiempo que reduce la biodiversidad de agua dulce, altera las funciones del ecosistema y afecta finalmente el bienestar económico.
“Las sales son compuestos formados por cationes, que son partículas con carga positiva, enlazados a aniones – partículas con carga negativa – y que tienen la particularidad de conducir la corriente eléctrica. El agua acumula naturalmente cationes típicos tales como sodio, potasio, calcio y magnesio, y aniones típicos como carbonato, bicarbonato, cloruro y silicato”, explica Hugo Fernández, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN, CONICET-UNT) y autor de un trabajo publicado recientemente en la prestigiosa revista Science.
En el estudio participó también Ana González Achem, becaria doctoral del CONICET en el IBN, junto con investigadores de otros siete países. Allí, los autores aseguran que el aporte desmedido de alguno de estos por el hombre en los cuerpos de agua naturales produce desbalances no siempre conocidos.
“Es esencial, entonces, regular el aporte de sales al agua para proteger la biodiversidad y evitar que la actual situación se agrave en el futuro, ya que se prevé un aumento de la demanda de este recurso y en contraparte se reducirá la capacidad de las aguas superficiales para diluir las sales”, agrega Fernández.
Si bien puede existir legislación y reglamentos sobre la calidad del agua, estos se centran en el agua de riego y potable, pero no protege necesariamente la biodiversidad. Es decir, el agua con algunas sales que puede ser apta para consumo puede sin embargo afectar a muchas especies de invertebrados que habitualmente las toleran. Las normas de salinidad – considerando algunos iones y mezclas de iones – deben desarrollarse y establecerse en base a criterios ecológicos que protejan vida en los ecosistemas acuáticos.
En el reporte, los investigadores advierten sobre la necesidad de desarrollar enfoques integrados, establecer normas de desarrollo y gestión de sistemas potencialmente afectados por la salinización que incluya perspectivas como el cada vez más usado ‘triple resultado’ (triple bottom line o TBL). “Se busca así establecer opciones de gestión con un marco que incluya el desarrollo social, impactos económicos y ambientales”, comenta González Achem. Esto, sostienen en el trabajo, es ecológicamente significativo y debe servir para la protección con normas sobre salinización en cualquier jurisdicción.
Las acciones propuestas por este grupo de científicos de ocho países incluyen caracterizar las masas de agua a la cual se aplicarán las normas, determinar su composición iónica – es decir, las concentraciones de iones específicos y su relaciones – de los efluentes asociados, cuantificar los efectos potenciales de cada clase de efluente en la región e identificar umbrales para los efectos tóxicos y, finalmente “garantizar que las normas sean sostenidas por los mejores conocimientos científicos disponibles con la comprensión de los costes y beneficios”, analiza Fernández.
También, añaden, deben tomarse medidas para implementar acciones que pueden prevenir o remediar los daños asociados con la salinización del agua ‘dulce’, como dar incentivos para valores a través de instrumentos basados en el mercado, como las subvenciones para el desarrollo de la tecnología y su aplicación, que lleven a una reducción en el uso de agua en la agricultura; reducir o eliminar el uso de sales como anticongelantes en el pavimento; disminuir la producción de fuentes puntuales y la descarga de sales en aguas ’dulces’; implementar programas de límites máximos o desarrollar opciones de gestión específicas para los efluentes ricos en sales, entre otros.
“La cooperación internacional y científica necesita el intercambio de conocimientos para el desarrollo de soluciones que se pueden aplicar a nivel mundial. La rehabilitación de ecosistemas de agua ‘dulce’ contaminados con sales es posible. Lograr una prevención de daños es mucho más probable si los gestores del agua, las partes interesadas, y científicos trabajan juntos para identificar los servicios sociales, costes económicos y ecológicos y los beneficios que pueden derivarse de la prevención y restauración”, concluyen Fernández y González Achem.
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Fecha de Publicación: 03/03/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Investigadores del Instituto de Biodiversidad Neotropical de Tucumán participaron de un estudio internacional que analizó las concentraciones de sales en agua y su impacto en la biodiversidad, según publicó en su sitio web el CONICET.
Es sabido que para la mayoría de las actividades humanas el agua es un recurso indispensable. El problema ocurre cuando estas tareas, como por ejemplo la agricultura o la minería, aumentan la concentración total de sales inorgánicas disueltas (es decir, la salinidad secundaria) en las aguas llamadas dulces, que son aquellas que no son marinas. El proceso de adquisición de sales en un ecosistema acuático se denomina “salinización”.
Este incremento de la salinidad puede tener efectos adversos en la salud humana, aumenta los costos de tratamiento de agua para el consumo humano y daña la infraestructura, al mismo tiempo que reduce la biodiversidad de agua dulce, altera las funciones del ecosistema y afecta finalmente el bienestar económico.
“Las sales son compuestos formados por cationes, que son partículas con carga positiva, enlazados a aniones – partículas con carga negativa – y que tienen la particularidad de conducir la corriente eléctrica. El agua acumula naturalmente cationes típicos tales como sodio, potasio, calcio y magnesio, y aniones típicos como carbonato, bicarbonato, cloruro y silicato”, explica Hugo Fernández, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN, CONICET-UNT) y autor de un trabajo publicado recientemente en la prestigiosa revista Science.
En el estudio participó también Ana González Achem, becaria doctoral del CONICET en el IBN, junto con investigadores de otros siete países. Allí, los autores aseguran que el aporte desmedido de alguno de estos por el hombre en los cuerpos de agua naturales produce desbalances no siempre conocidos.
“Es esencial, entonces, regular el aporte de sales al agua para proteger la biodiversidad y evitar que la actual situación se agrave en el futuro, ya que se prevé un aumento de la demanda de este recurso y en contraparte se reducirá la capacidad de las aguas superficiales para diluir las sales”, agrega Fernández.
Si bien puede existir legislación y reglamentos sobre la calidad del agua, estos se centran en el agua de riego y potable, pero no protege necesariamente la biodiversidad. Es decir, el agua con algunas sales que puede ser apta para consumo puede sin embargo afectar a muchas especies de invertebrados que habitualmente las toleran. Las normas de salinidad – considerando algunos iones y mezclas de iones – deben desarrollarse y establecerse en base a criterios ecológicos que protejan vida en los ecosistemas acuáticos.
En el reporte, los investigadores advierten sobre la necesidad de desarrollar enfoques integrados, establecer normas de desarrollo y gestión de sistemas potencialmente afectados por la salinización que incluya perspectivas como el cada vez más usado ‘triple resultado’ (triple bottom line o TBL). “Se busca así establecer opciones de gestión con un marco que incluya el desarrollo social, impactos económicos y ambientales”, comenta González Achem. Esto, sostienen en el trabajo, es ecológicamente significativo y debe servir para la protección con normas sobre salinización en cualquier jurisdicción.
Las acciones propuestas por este grupo de científicos de ocho países incluyen caracterizar las masas de agua a la cual se aplicarán las normas, determinar su composición iónica – es decir, las concentraciones de iones específicos y su relaciones – de los efluentes asociados, cuantificar los efectos potenciales de cada clase de efluente en la región e identificar umbrales para los efectos tóxicos y, finalmente “garantizar que las normas sean sostenidas por los mejores conocimientos científicos disponibles con la comprensión de los costes y beneficios”, analiza Fernández.
También, añaden, deben tomarse medidas para implementar acciones que pueden prevenir o remediar los daños asociados con la salinización del agua ‘dulce’, como dar incentivos para valores a través de instrumentos basados en el mercado, como las subvenciones para el desarrollo de la tecnología y su aplicación, que lleven a una reducción en el uso de agua en la agricultura; reducir o eliminar el uso de sales como anticongelantes en el pavimento; disminuir la producción de fuentes puntuales y la descarga de sales en aguas ’dulces’; implementar programas de límites máximos o desarrollar opciones de gestión específicas para los efluentes ricos en sales, entre otros.
“La cooperación internacional y científica necesita el intercambio de conocimientos para el desarrollo de soluciones que se pueden aplicar a nivel mundial. La rehabilitación de ecosistemas de agua ‘dulce’ contaminados con sales es posible. Lograr una prevención de daños es mucho más probable si los gestores del agua, las partes interesadas, y científicos trabajan juntos para identificar los servicios sociales, costes económicos y ecológicos y los beneficios que pueden derivarse de la prevención y restauración”, concluyen Fernández y González Achem.
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Tucumán: indagatoria para empresario por contaminación
Piden indagatoria del presidente de la empresa de agua por contaminación
Fecha de Publicación: 18/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia reactivó una causa que investiga el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento a la cuenca del Salí-Dulce
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal reactivó la investigación penal que procura esclarecer si la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) contamina el cauce de la cuenca Salí-Dulce. Así, por un fallo unánime, los camaristas Ana María Figueroa, Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico anularon la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que había recogido un planteo de Alfredo Calvo, presidente y gerente general de la compañía, quien sostuvo que la actividad denunciada no constituía delito.
El caso tiene un largo camino recorrido. La vecina María Elba Ledesma el 6 de abril de 2009 hizo su primera presentación en donde relataba cómo los líquidos cloacales de la planta San Felipe contaminaban la cuenca Salí-Dulce y que, los días que subían las napas, su vivienda se llenaba de agua servida.
La presentación de Ledesma cuenta con el aval del fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez. "Pedimos la indagatoria del ingeniero Alfredo Calvo (titular de la SAT) para rendir cuenta por denuncia de contaminación. Sería un caso testigo en el país y serviría como antecedentes para otros lugares", aseguró el fiscal a LA NACION.
Ledesma recordó que de la inauguración de la planta de tratamiento San Felipe participó Cristina Kirchner: "Esto es gravísimo. La Presidenta inauguró algo que no estaba terminado y que no tenía estudio de impacto ambiental. Y está junto a una población y a un mercado de frutas que abastece a numerosas provincias".
Así también lo asegura Gómez: "Supuestamente se inauguró esa planta de tratamiento, pero si uno va, allí sigue todo en construcción y, mientras tanto, se sigue volcando al río. Mientras tanto, en medio de la ciudad también hay desbordes cloacales de donde brotan verdaderos geisers".
Javier Augusto De Luca, fiscal general N°4 ante la Cámara de Casación, dijo que en ese lugar la empresa debería dar tratamiento a los residuos cloacales de San Miguel de Tucumán.
"Del recurso interpuesto por el fiscal (Gómez) surge claramente que la conducta denunciada consistió en el vertido de residuos al cauce natural de los canales que desembocan en el río Salí sin imprimirles el correspondiente tratamiento a los efluentes cloacales", expresó De Luca en el dictamen. El fiscal ante la Cámara de Casación agregó que estos hechos generaban una situación de peligro ambiental para la población de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero: "En particular, de la gran cantidad de gente que vive en las zonas de influencia de la planta de tratamiento, habitantes que padecen los efectos de la actividad contaminante en sus propias personas puesto que están permanentemente sujetos a diversos riesgos patológicos".
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Fecha de Publicación: 18/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia reactivó una causa que investiga el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento a la cuenca del Salí-Dulce
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal reactivó la investigación penal que procura esclarecer si la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) contamina el cauce de la cuenca Salí-Dulce. Así, por un fallo unánime, los camaristas Ana María Figueroa, Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico anularon la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que había recogido un planteo de Alfredo Calvo, presidente y gerente general de la compañía, quien sostuvo que la actividad denunciada no constituía delito.
El caso tiene un largo camino recorrido. La vecina María Elba Ledesma el 6 de abril de 2009 hizo su primera presentación en donde relataba cómo los líquidos cloacales de la planta San Felipe contaminaban la cuenca Salí-Dulce y que, los días que subían las napas, su vivienda se llenaba de agua servida.
La presentación de Ledesma cuenta con el aval del fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez. "Pedimos la indagatoria del ingeniero Alfredo Calvo (titular de la SAT) para rendir cuenta por denuncia de contaminación. Sería un caso testigo en el país y serviría como antecedentes para otros lugares", aseguró el fiscal a LA NACION.
Ledesma recordó que de la inauguración de la planta de tratamiento San Felipe participó Cristina Kirchner: "Esto es gravísimo. La Presidenta inauguró algo que no estaba terminado y que no tenía estudio de impacto ambiental. Y está junto a una población y a un mercado de frutas que abastece a numerosas provincias".
Así también lo asegura Gómez: "Supuestamente se inauguró esa planta de tratamiento, pero si uno va, allí sigue todo en construcción y, mientras tanto, se sigue volcando al río. Mientras tanto, en medio de la ciudad también hay desbordes cloacales de donde brotan verdaderos geisers".
Javier Augusto De Luca, fiscal general N°4 ante la Cámara de Casación, dijo que en ese lugar la empresa debería dar tratamiento a los residuos cloacales de San Miguel de Tucumán.
"Del recurso interpuesto por el fiscal (Gómez) surge claramente que la conducta denunciada consistió en el vertido de residuos al cauce natural de los canales que desembocan en el río Salí sin imprimirles el correspondiente tratamiento a los efluentes cloacales", expresó De Luca en el dictamen. El fiscal ante la Cámara de Casación agregó que estos hechos generaban una situación de peligro ambiental para la población de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero: "En particular, de la gran cantidad de gente que vive en las zonas de influencia de la planta de tratamiento, habitantes que padecen los efectos de la actividad contaminante en sus propias personas puesto que están permanentemente sujetos a diversos riesgos patológicos".
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Como la ciencia recuperó la cuenca Salí-Dulce
Gracias a la investigación científica se recuperó la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 01/02/2016
Fuente: EL Diario 24
Provincia/Región: Tucumán
El gobernador Juan Manzur recorrió los lugares de investigación y conoció sobre las tareas de monitoreo que se llevan a cabo en ellos.
Dependiente de la Secretaría de Estado de Medioambiente de la provincia, el Centro de Interpretación y Monitoreo de Efluentes, se encarga de realizar estudios hídricos de la cuenca Salí-Dulce. Allí estuvo el gobernador Juan Manzur para recorrer los laboratorios.
Los muestreos se realizan desde el año 2005 en 24 puntos de diferentes ríos provinciales. A partir de ese trabajo comenzaron a obtenerse datos cualitativos y cuantitativos de los afluentes, entre ellos la carga orgánica del agua y los desechos procedentes de las industrias citrícola y azucarera.
“El monitoreo de los efluentes que se vierten a los ríos tucumanos es una cuestión que obedece al cuidado del medioambiente, y el equipo del CIME cuenta con una solidez técnica y profesional para llevar adelante esta tarea, y proyectan seguir avanzando en la incorporación de tecnología aplicada a estas investigaciones”, dijo Manzur.
Otro de los desarrollos del centro es la recopilación de datos en software y la observación de la cuenca salí dulce en tiempo real para saber qué es lo que pasa en cada uno de los cauces hídricos y efluentes industriales.
Finalmente explicaron que 15 profesionales llevan adelante el trabajo de campo mientras que en los laboratorios hay 10 científicos que junto a técnicos informáticos trabajan en el análisis de los datos.
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Fecha de Publicación: 01/02/2016
Fuente: EL Diario 24
Provincia/Región: Tucumán
El gobernador Juan Manzur recorrió los lugares de investigación y conoció sobre las tareas de monitoreo que se llevan a cabo en ellos.
Dependiente de la Secretaría de Estado de Medioambiente de la provincia, el Centro de Interpretación y Monitoreo de Efluentes, se encarga de realizar estudios hídricos de la cuenca Salí-Dulce. Allí estuvo el gobernador Juan Manzur para recorrer los laboratorios.
Los muestreos se realizan desde el año 2005 en 24 puntos de diferentes ríos provinciales. A partir de ese trabajo comenzaron a obtenerse datos cualitativos y cuantitativos de los afluentes, entre ellos la carga orgánica del agua y los desechos procedentes de las industrias citrícola y azucarera.
“El monitoreo de los efluentes que se vierten a los ríos tucumanos es una cuestión que obedece al cuidado del medioambiente, y el equipo del CIME cuenta con una solidez técnica y profesional para llevar adelante esta tarea, y proyectan seguir avanzando en la incorporación de tecnología aplicada a estas investigaciones”, dijo Manzur.
Otro de los desarrollos del centro es la recopilación de datos en software y la observación de la cuenca salí dulce en tiempo real para saber qué es lo que pasa en cada uno de los cauces hídricos y efluentes industriales.
Finalmente explicaron que 15 profesionales llevan adelante el trabajo de campo mientras que en los laboratorios hay 10 científicos que junto a técnicos informáticos trabajan en el análisis de los datos.
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Tucumán: countries y desmonte provocan inundaciones
Yerba Buena: culpan a los countries y al desmonte por las inundaciones
Fecha de Publicación: 16/01/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Vecinos de la zona de la Rinconada cortaron la Avda. Solano Vera y Camino de Sirga culpan a la proliferación de countries por las inundaciones que soportan cada vez que llueve en Tucumán.
Vecinos de la zona conocida como La Rinconada, en el límite entre el municipio de Yerba Buena y El Manantial, cortaron una vez más la avenida Solano Vera, al sur de la intersección con el Camino de Sirga. Aseguran que la zona quedó bajo el agua el fin de semana como consecuencia de la cercanía de los desagües de un country habilitado recientemente.
Otro punto de protesta fue en la zona de El Manantial, vecinos quemaron cubiertas en La Rinconada por las consecuencias de las inundaciones recientes.
Además de los countries y la deforestación del pedemonte los manifestantes también señalaron como responsables de los anegamientos a la instalación del Complejo Toboganes Acuáticos de La Rinconada.
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Fecha de Publicación: 16/01/2016
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Vecinos de la zona de la Rinconada cortaron la Avda. Solano Vera y Camino de Sirga culpan a la proliferación de countries por las inundaciones que soportan cada vez que llueve en Tucumán.
Vecinos de la zona conocida como La Rinconada, en el límite entre el municipio de Yerba Buena y El Manantial, cortaron una vez más la avenida Solano Vera, al sur de la intersección con el Camino de Sirga. Aseguran que la zona quedó bajo el agua el fin de semana como consecuencia de la cercanía de los desagües de un country habilitado recientemente.
Otro punto de protesta fue en la zona de El Manantial, vecinos quemaron cubiertas en La Rinconada por las consecuencias de las inundaciones recientes.
Además de los countries y la deforestación del pedemonte los manifestantes también señalaron como responsables de los anegamientos a la instalación del Complejo Toboganes Acuáticos de La Rinconada.
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Certifican productores que no queman caña de azúcar
Tucumán tiene los primeros productores certificados con normas contra la quema de caña de azúcar
Fecha de Publicación: 13/12/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Se completó el primer ciclo del Programa de Certificación de Buenas Prácticas local g.a.p., lo que convierte a nuestra provincia en la pionera, a nivel mundial, en implementar un protocolo de estas características. El compromiso del productor cañero es la base del proyecto. Sustentabilidad.
Tucumán ya cuenta con 9.048 hectáreas cultivadas con caña de azúcar certificada con las normas de Buenas Prácticas Agrícolas local g.a.p. “Caña de Azucar sin Uso del Fuego”, y es el primer lugar del mundo que posee un protocolo internacional en ese cultivo, en gestión ambiental. Así lo informó la directora de Medio Ambiente de la Provincia, doctora Florencia Sayago, durante el cierre del ciclo del Programa de Certificación de Cosecha de Caña sin uso de Fuego, que se llevó a cabo en la sede de la Estación Experimental Agroindustrial Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en donde la SecretarÍa de Estado de Medio Ambiente otorgó diplomas a los primeros productores que certificaron con esas normas.
“El principal objetivo de este proyecto, que consideramos se está desarrollando en forma exitosa y sobre el que vamos a seguir trabajando con fuerza, es garantizar que el proceso de cosecha y manejo de residuos de caña se efectúe sin fuego. Buscamos lograr que no se queme más caña en Tucumán, para llegar a un Bicentenario libre de fuego”, expresó la funcionaria.
El productor cañero que desee adherir a la iniciativa -detalló la profesional- tiene que implementar una serie de pautas que indica el proceso: “es un protocolo sencillo, y principalmente se basa en que todas las tareas de preparación del suelo, la cosecha y poscosecha, se demuestren -en forma certificable- que se hacen sin uso del fuego.
Una vez que el productor implementa el protocolo lo audita alguna empresa de las que están autorizadas por GlobalG.A.P. y si cumple con todos los puntos del protocolo se le otorga una carta de cumplimiento”, detalló Sayago.
Asimismo, indicó que si eventualmente se le hubiera realizado un acta de infracción a un productor o en caso de accidente por incendio, se incorpora a las actuaciones administrativas la carta de cumplimiento y con ello queda eximido de responsabilidad, porque es un documento probatorio de que realiza buenas prácticas y y que no utiliza el fuego.
Concientización
“La Dirección de Fiscalización Ambiental tiene el control en los casos de quema, hace actas de infracción e impone las sanciones que son multas bastante altas. El mínimo es $ 15.000, y se va agravando, así que mi consejo para los productores es que, ya sea que entre en el programa de certificación o no, tiene que modificar sus prácticas. No se puede usar más el fuego como método de cosecha porque está prohibido por ley; entonces, es un delito. Está en el Código Penal y la verdad es que tenemos que empezar el camino de la sustentabilidad en la producción del azúcar. Ya muchos productores y muchos ingenios están iniciando ese camino”, señaló la funcionaria.
Público + privado
El Programa Caña de Azucar sin Uso de Fuego surgió en el ámbito de la Mesa de Gestión Ambiental, con la participación de organismos públicos y privados comprometidos con la erradicación de la quema en Tucumán.
Fue suscripto en un acto público el 3 de abril de 2014, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se firmó un convenio entre la Eeaoc y representantes de GlobalG.A.P. para dar inicio al proceso de certificación.
También participaron la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Siprosa, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de Fiscalización Ambiental, el Grupo CREA Cañaverales de Tucumán, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas, la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), la Asociación Cañeros Unidos, la Fundación Pro-Yungas, la Cooperativa de Trabajo Agropecuario La Merced, Los Cevilares, Transener SA y productores cañeros independientes.
Balance exitoso
El ingeniero Juan Fernández de Ullivarri, de la Sección Agronomía de la Caña de la Eeaoc e integrante de la Mesa de la Gestión Ambiental, en representación de esa entidad, indicó que el programa cumple su primer año abierto al público.
“Si bien el año pasado comenzamos con una experiencia piloto, este fue nuestro primer año al público y nuestro balance es muy positivo. Esperamos que cada vez sean más los productores cañeros que opten trabajar con una agricultura más sustentable y busquen beneficiarse ellos y también al medioambiente”, subrayó el experto.
“La idea de este programa es brindarle una herramienta que le permita al productor cañero demostrarle a la sociedad que se puede trabajar en caña de azúcar sin utilizar la quema, y que existen muchos productores que trabajan sin utilizar el fuego hace muchos años y que son condenados socialmente”, reflexionó el ingeniero.
Fernandez de Ullivarri destacó que, hasta el momento, certificaron con las normas localg.a.p. las siguientes firmas e instituciones: JJ Budeguer, Atanor SCA, Los Cevilares, Cachi Yaco, Agropecuaria del Pilar, Campo Norte SRL y la Eeaoc, que es la administradora del protocolo.
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Fecha de Publicación: 13/12/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Se completó el primer ciclo del Programa de Certificación de Buenas Prácticas local g.a.p., lo que convierte a nuestra provincia en la pionera, a nivel mundial, en implementar un protocolo de estas características. El compromiso del productor cañero es la base del proyecto. Sustentabilidad.
Tucumán ya cuenta con 9.048 hectáreas cultivadas con caña de azúcar certificada con las normas de Buenas Prácticas Agrícolas local g.a.p. “Caña de Azucar sin Uso del Fuego”, y es el primer lugar del mundo que posee un protocolo internacional en ese cultivo, en gestión ambiental. Así lo informó la directora de Medio Ambiente de la Provincia, doctora Florencia Sayago, durante el cierre del ciclo del Programa de Certificación de Cosecha de Caña sin uso de Fuego, que se llevó a cabo en la sede de la Estación Experimental Agroindustrial Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en donde la SecretarÍa de Estado de Medio Ambiente otorgó diplomas a los primeros productores que certificaron con esas normas.
“El principal objetivo de este proyecto, que consideramos se está desarrollando en forma exitosa y sobre el que vamos a seguir trabajando con fuerza, es garantizar que el proceso de cosecha y manejo de residuos de caña se efectúe sin fuego. Buscamos lograr que no se queme más caña en Tucumán, para llegar a un Bicentenario libre de fuego”, expresó la funcionaria.
El productor cañero que desee adherir a la iniciativa -detalló la profesional- tiene que implementar una serie de pautas que indica el proceso: “es un protocolo sencillo, y principalmente se basa en que todas las tareas de preparación del suelo, la cosecha y poscosecha, se demuestren -en forma certificable- que se hacen sin uso del fuego.
Una vez que el productor implementa el protocolo lo audita alguna empresa de las que están autorizadas por GlobalG.A.P. y si cumple con todos los puntos del protocolo se le otorga una carta de cumplimiento”, detalló Sayago.
Asimismo, indicó que si eventualmente se le hubiera realizado un acta de infracción a un productor o en caso de accidente por incendio, se incorpora a las actuaciones administrativas la carta de cumplimiento y con ello queda eximido de responsabilidad, porque es un documento probatorio de que realiza buenas prácticas y y que no utiliza el fuego.
Concientización
“La Dirección de Fiscalización Ambiental tiene el control en los casos de quema, hace actas de infracción e impone las sanciones que son multas bastante altas. El mínimo es $ 15.000, y se va agravando, así que mi consejo para los productores es que, ya sea que entre en el programa de certificación o no, tiene que modificar sus prácticas. No se puede usar más el fuego como método de cosecha porque está prohibido por ley; entonces, es un delito. Está en el Código Penal y la verdad es que tenemos que empezar el camino de la sustentabilidad en la producción del azúcar. Ya muchos productores y muchos ingenios están iniciando ese camino”, señaló la funcionaria.
Público + privado
El Programa Caña de Azucar sin Uso de Fuego surgió en el ámbito de la Mesa de Gestión Ambiental, con la participación de organismos públicos y privados comprometidos con la erradicación de la quema en Tucumán.
Fue suscripto en un acto público el 3 de abril de 2014, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se firmó un convenio entre la Eeaoc y representantes de GlobalG.A.P. para dar inicio al proceso de certificación.
También participaron la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Siprosa, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de Fiscalización Ambiental, el Grupo CREA Cañaverales de Tucumán, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas, la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), la Asociación Cañeros Unidos, la Fundación Pro-Yungas, la Cooperativa de Trabajo Agropecuario La Merced, Los Cevilares, Transener SA y productores cañeros independientes.
Balance exitoso
El ingeniero Juan Fernández de Ullivarri, de la Sección Agronomía de la Caña de la Eeaoc e integrante de la Mesa de la Gestión Ambiental, en representación de esa entidad, indicó que el programa cumple su primer año abierto al público.
“Si bien el año pasado comenzamos con una experiencia piloto, este fue nuestro primer año al público y nuestro balance es muy positivo. Esperamos que cada vez sean más los productores cañeros que opten trabajar con una agricultura más sustentable y busquen beneficiarse ellos y también al medioambiente”, subrayó el experto.
“La idea de este programa es brindarle una herramienta que le permita al productor cañero demostrarle a la sociedad que se puede trabajar en caña de azúcar sin utilizar la quema, y que existen muchos productores que trabajan sin utilizar el fuego hace muchos años y que son condenados socialmente”, reflexionó el ingeniero.
Fernandez de Ullivarri destacó que, hasta el momento, certificaron con las normas localg.a.p. las siguientes firmas e instituciones: JJ Budeguer, Atanor SCA, Los Cevilares, Cachi Yaco, Agropecuaria del Pilar, Campo Norte SRL y la Eeaoc, que es la administradora del protocolo.
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Jornadas de turismo sustentable en Tucumán
Se realizan unas jornadas de turismo sustentable en Tucumán
Fecha de Publicación: 16/08/2015
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) filial Tucumán, invita al sector turístico de la provincia, a participar de la Jornada Abierta de Sustentabilidad “Ecoetiqueta Hoteles + Verdes”, que se desarrollará el próximo martes 18 de agosto, de 15 a 16.30 h, en el salón de convenciones de un hotel ubicado en calle Crisóstomo Álvarez al 400.
La Jornada de Sustentabilidad, que estará a cargo del Ing. Emiliano Mastelli de Hoteles + Verdes de AHT, contará con la participación del presidente del Ente Tucumán Turismo Bernardo Racedo Aragón, el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán Héctor Viñuales, el presidente de la Unión de Hoteles Ernesto Gettar, la rectora y propietaria del Instituto Americano Dr. Juan Bautista Alberdi Claudina Mamani Sanabria, entre otros referentes del sector. También estarán presentes el director de desarrollo de filiales de AHT Juan Manuel Lavallen, el delegado regional del norte de AHT Diego Patrón y el presidente de la filial Tucumán de AHT Osvaldo Castillo.
Finalizada la Jornada se realizará una conferencia de prensa a cargo de las autoridades y principales referentes del sector turístico.
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Fecha de Publicación: 16/08/2015
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) filial Tucumán, invita al sector turístico de la provincia, a participar de la Jornada Abierta de Sustentabilidad “Ecoetiqueta Hoteles + Verdes”, que se desarrollará el próximo martes 18 de agosto, de 15 a 16.30 h, en el salón de convenciones de un hotel ubicado en calle Crisóstomo Álvarez al 400.
La Jornada de Sustentabilidad, que estará a cargo del Ing. Emiliano Mastelli de Hoteles + Verdes de AHT, contará con la participación del presidente del Ente Tucumán Turismo Bernardo Racedo Aragón, el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán Héctor Viñuales, el presidente de la Unión de Hoteles Ernesto Gettar, la rectora y propietaria del Instituto Americano Dr. Juan Bautista Alberdi Claudina Mamani Sanabria, entre otros referentes del sector. También estarán presentes el director de desarrollo de filiales de AHT Juan Manuel Lavallen, el delegado regional del norte de AHT Diego Patrón y el presidente de la filial Tucumán de AHT Osvaldo Castillo.
Finalizada la Jornada se realizará una conferencia de prensa a cargo de las autoridades y principales referentes del sector turístico.
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La efectividad del control en la cuenca Sali-Dulce
“La vigilancia por la contaminación tiene que ser para siempre”, dijo el ministro Feijóo
Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
“El programa que comenzó hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso hacemos informes trimestrales a la Corte de manera conjunta”, dijo Feijóo.
Al ser consultado sobre esta causa que fue elevada a juicio oral en contra de Rocchia Ferro por contaminar con vinaza zonas santiagueñas, el ministro de la Producción, Jorge Feijóo, dijo a Nuevo Diario, que “los temas ambientales” tienen diferentes responsabilidades y “tienen instancias administrativas y judiciales”. Si bien indicó que no conoce en profundidad el caso del juicio oral, sostuvo que a ellos como provincia “la intervención de la Justicia nos ayudó mucho”. Por lo tanto manifestó que “siempre hemos participado y actuado en servicio a la Justicia con todo el apoyo necesario especialmente en los aspectos técnicos y de análisis”, de esa forma sostuvo que siempre están a disposición de la Justicia. Feijóo destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero en contra de la contaminación.
“Hemos avanzado en todo lo que es el sector azucarero y también sector citrícola. Incluso una critrícola se ha mudado de un lugar a otro por los temas ambientales, de manera que creo que el programa que ha comenzado hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso estamos haciendo informes trimestrales a la Corte de manera conjunta entre Tucumán- Santiago y la Nación”, añadió. De esa forma no dudó en enfatizar que la contaminación “es un tema que está y que debemos estar de forma permanente y activos, porque la vigilancia tiene que ser para siempre”.
Remarcó que “el control es permanente”; e incluso dijo que en “algunos casos de forma remota, se controla con sensores remotos que están instalados en los efluentes de la industria, que transmiten evaluaciones de cinco parámetros de calidad de agua, de forma automática cada 15 minutos todos los días a un centro servidor que hay en la Secretaría de Ambiente, con mecanismos de alarmas; de manera que la situación está muy bien controlada”.
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Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
“El programa que comenzó hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso hacemos informes trimestrales a la Corte de manera conjunta”, dijo Feijóo.
Al ser consultado sobre esta causa que fue elevada a juicio oral en contra de Rocchia Ferro por contaminar con vinaza zonas santiagueñas, el ministro de la Producción, Jorge Feijóo, dijo a Nuevo Diario, que “los temas ambientales” tienen diferentes responsabilidades y “tienen instancias administrativas y judiciales”. Si bien indicó que no conoce en profundidad el caso del juicio oral, sostuvo que a ellos como provincia “la intervención de la Justicia nos ayudó mucho”. Por lo tanto manifestó que “siempre hemos participado y actuado en servicio a la Justicia con todo el apoyo necesario especialmente en los aspectos técnicos y de análisis”, de esa forma sostuvo que siempre están a disposición de la Justicia. Feijóo destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero en contra de la contaminación.
“Hemos avanzado en todo lo que es el sector azucarero y también sector citrícola. Incluso una critrícola se ha mudado de un lugar a otro por los temas ambientales, de manera que creo que el programa que ha comenzado hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso estamos haciendo informes trimestrales a la Corte de manera conjunta entre Tucumán- Santiago y la Nación”, añadió. De esa forma no dudó en enfatizar que la contaminación “es un tema que está y que debemos estar de forma permanente y activos, porque la vigilancia tiene que ser para siempre”.
Remarcó que “el control es permanente”; e incluso dijo que en “algunos casos de forma remota, se controla con sensores remotos que están instalados en los efluentes de la industria, que transmiten evaluaciones de cinco parámetros de calidad de agua, de forma automática cada 15 minutos todos los días a un centro servidor que hay en la Secretaría de Ambiente, con mecanismos de alarmas; de manera que la situación está muy bien controlada”.
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Elevan a juicio a industrial azucarero
En un fallo histórico, elevan a juicio oral causa por contaminación contra industrial tucumano
Fecha de Publicación: 30/07/2015
Fuente: Diario El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
También será enjuiciado el gerente de la planta, José R. Coronel. La decisión la tomó el juez federal Guillermo Molinari, al hacer lugar al pedido del fiscal federal Pedro Simón. Será el primer juicio por contaminación en Santiago.
En una histórica resolución, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, cerró la instrucción y elevó a juicio oral la causa en contra del poderoso industrial azucarero tucumano Jorge Alberto Rocchia Ferro. El delito que se le imputa al titular del grupo empresario Los Balcanes, dueño del ingenio y destilería La Florida, es la contaminación del agua, suelo y aire en la pequeña población El Palomar, en el departamento Jiménez.
Para el magistrado quedó comprobado que a fines de 2012 y principios de 2013, el referido ingenio tucumano arrojó más de 86 millones de litros de vinaza pura a un canal de riego interprovincial que nace en Tucumán, pero que desemboca en el mencionado paraje santiagueño. La vinaza es un desecho industrial que se genera con la producción de alcohol utilizando la melaza de caña de azúcar.
También deberá enfrentar este proceso público el gerente de la firma, José Ramón Coronel, quien junto con Rocchia Ferro, sufrió un embargo de $ 200.000 cuando fue procesado por Molinari. Ambos acusados apelaron el procesamiento que luego fue confirmado por la Cámara Federal de Tucumán, que devolvió las actuaciones a la Justicia Federal santiagueña.
Esta novedad fue relevada a EL LIBERAL por altas fuentes del Juzgado Federal local, las que remarcaron que este fallo es "inapelable", por lo que ya está abierto el proceso del juicio oral que continuará ahora, en el Tribunal Oral Federal.
Semanas atrás, el fiscal federal de instrucción Nº 1, Pedro Simón, había requerido la elevación a juicio del proceso iniciado contra Rocchia Ferro, a raíz de una denuncia presentada a principios de 2013 por el fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával.
Rocchia Ferro y Coronel también están acusados de desobediencia judicial porque utilizaron un canal de riego cuando había una orden de la Justicia Federal de Tucumán que l es impedía esta práctica.
Se trata entonces del primer juicio oral contra los responsables de la contaminación que produjeron los ingenios tucumanos que se realizará en Santiago del Estero, desde que el Gobierno provincial presentara la primera denuncia en los 90.
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Fecha de Publicación: 30/07/2015
Fuente: Diario El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
También será enjuiciado el gerente de la planta, José R. Coronel. La decisión la tomó el juez federal Guillermo Molinari, al hacer lugar al pedido del fiscal federal Pedro Simón. Será el primer juicio por contaminación en Santiago.
En una histórica resolución, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, cerró la instrucción y elevó a juicio oral la causa en contra del poderoso industrial azucarero tucumano Jorge Alberto Rocchia Ferro. El delito que se le imputa al titular del grupo empresario Los Balcanes, dueño del ingenio y destilería La Florida, es la contaminación del agua, suelo y aire en la pequeña población El Palomar, en el departamento Jiménez.
Para el magistrado quedó comprobado que a fines de 2012 y principios de 2013, el referido ingenio tucumano arrojó más de 86 millones de litros de vinaza pura a un canal de riego interprovincial que nace en Tucumán, pero que desemboca en el mencionado paraje santiagueño. La vinaza es un desecho industrial que se genera con la producción de alcohol utilizando la melaza de caña de azúcar.
También deberá enfrentar este proceso público el gerente de la firma, José Ramón Coronel, quien junto con Rocchia Ferro, sufrió un embargo de $ 200.000 cuando fue procesado por Molinari. Ambos acusados apelaron el procesamiento que luego fue confirmado por la Cámara Federal de Tucumán, que devolvió las actuaciones a la Justicia Federal santiagueña.
Esta novedad fue relevada a EL LIBERAL por altas fuentes del Juzgado Federal local, las que remarcaron que este fallo es "inapelable", por lo que ya está abierto el proceso del juicio oral que continuará ahora, en el Tribunal Oral Federal.
Semanas atrás, el fiscal federal de instrucción Nº 1, Pedro Simón, había requerido la elevación a juicio del proceso iniciado contra Rocchia Ferro, a raíz de una denuncia presentada a principios de 2013 por el fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával.
Rocchia Ferro y Coronel también están acusados de desobediencia judicial porque utilizaron un canal de riego cuando había una orden de la Justicia Federal de Tucumán que l es impedía esta práctica.
Se trata entonces del primer juicio oral contra los responsables de la contaminación que produjeron los ingenios tucumanos que se realizará en Santiago del Estero, desde que el Gobierno provincial presentara la primera denuncia en los 90.
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La caña de azúcar como potencial de biomasa
La caña de azúcar y la conversión en biomasa abriga un gran potencial
Fecha de Publicación: 19/07/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: NOA
La producción de caña de azúcar y las tecnologías de conversión de biomasa pueden promover un modelo de actividad económica sustentable, y generador de empleo de calidad, tanto en el país como en la región. Así lo afirmó Jorge Scandaliaris, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
“La importancia de la caña de azúcar para el NOA es porque entre Tucumán, Salta y Jujuy hay unas 350.000 hectáreas plantadas y 22 ingenios que procesan unos 24,5 millones de toneladas de caña”, argumentó el especialista. Además, destacó que el potencial de la caña de azúcar, no sólo como alimento valorizado, sino también para la producción de alcohol como biocombustible para la generación de energía eléctrica, de biogas de vinaza y de papel, y el aprovechamiento de la cachaza y de otros residuos para la producción de compost de efluentes.
Scandaliaris también subrayó la necesidad de revalorizar los productos que derivan de la industria azucarera. Además, afirmó que es necesario recuperar mercado, continuar generando condiciones de mayor sustentabilidad y menor impacto ambiental y seguir mejorando la productividad del cañaveral con innovaciones tecnológicas para que sea más competitivo.
En el módulo sobre “Caña de azúcar”, en marco del Simposio de Bioeconomía del NOA, se desarrollaron temas como la cadena del bioetanol en Brasil, el manejo de la caña verde y las medidas regionales para que la producción de caña sea más sustentable. En cuanto a la transformación de biomasa, se abordaron cuestiones relacionadas con el ciclo de vida y el uso de geotecnologías en el cultivo.
En este sentido, se destacó la disertación de Patricia Garolera de Nucci (Eeaoc) y de Andrea NishiharaHun (UNT), quienes expusieron sobre “Análisis de ciclo de vida del bioetanol de caña”.
Las investigadoras plantearon que los científicos han desarrollado una herramienta conocida como “análisis de ciclo de vida”. Se trata de una metodología aplicada en el mundo y muy nueva en la Argentina, que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, a un proceso o a una actividad. Incluye el ciclo de vida completo, desde la extracción de materias primas (cuna) hasta la disposición final de sus residuos (tumba).
Debido al agotamiento de los recursos energéticos fósiles y el impacto ambiental asociado, surge la necesidad de sustituir éstos por biocombustibles, una alternativa importante en la transición hacia una economía baja en carbono. Por ser la producción de bioetanol de caña de azúcar una de las actividades productivas más importantes de Tucumán y del NOA, la aplicación del análisis de ciclo de vida interesa para evaluar el impacto ambiental de la actividad.
A partir de esto, se obtuvo el perfil ambiental del bioetanol tucumano, permitiendo identificar las etapas críticas. Los impactos se deben a la aplicación de agroquímicos, al uso de diesel en máquinas agrícolas y a las emisiones de partículas de la combustión en calderas. Desde el punto de vista del cambio climático, predomina un impacto ambiental “positivo” debido a la absorción de dióxido de carbono durante el crecimiento de la caña. De los estudios se pudo concluir que, en términos de agotamiento de combustibles fósiles y emisiones de GEI, el uso de mezclas etanol/nafta en motores Otto son mejores opciones que la nafta.
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Fecha de Publicación: 19/07/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: NOA
La producción de caña de azúcar y las tecnologías de conversión de biomasa pueden promover un modelo de actividad económica sustentable, y generador de empleo de calidad, tanto en el país como en la región. Así lo afirmó Jorge Scandaliaris, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
“La importancia de la caña de azúcar para el NOA es porque entre Tucumán, Salta y Jujuy hay unas 350.000 hectáreas plantadas y 22 ingenios que procesan unos 24,5 millones de toneladas de caña”, argumentó el especialista. Además, destacó que el potencial de la caña de azúcar, no sólo como alimento valorizado, sino también para la producción de alcohol como biocombustible para la generación de energía eléctrica, de biogas de vinaza y de papel, y el aprovechamiento de la cachaza y de otros residuos para la producción de compost de efluentes.
Scandaliaris también subrayó la necesidad de revalorizar los productos que derivan de la industria azucarera. Además, afirmó que es necesario recuperar mercado, continuar generando condiciones de mayor sustentabilidad y menor impacto ambiental y seguir mejorando la productividad del cañaveral con innovaciones tecnológicas para que sea más competitivo.
En el módulo sobre “Caña de azúcar”, en marco del Simposio de Bioeconomía del NOA, se desarrollaron temas como la cadena del bioetanol en Brasil, el manejo de la caña verde y las medidas regionales para que la producción de caña sea más sustentable. En cuanto a la transformación de biomasa, se abordaron cuestiones relacionadas con el ciclo de vida y el uso de geotecnologías en el cultivo.
En este sentido, se destacó la disertación de Patricia Garolera de Nucci (Eeaoc) y de Andrea NishiharaHun (UNT), quienes expusieron sobre “Análisis de ciclo de vida del bioetanol de caña”.
Las investigadoras plantearon que los científicos han desarrollado una herramienta conocida como “análisis de ciclo de vida”. Se trata de una metodología aplicada en el mundo y muy nueva en la Argentina, que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, a un proceso o a una actividad. Incluye el ciclo de vida completo, desde la extracción de materias primas (cuna) hasta la disposición final de sus residuos (tumba).
Debido al agotamiento de los recursos energéticos fósiles y el impacto ambiental asociado, surge la necesidad de sustituir éstos por biocombustibles, una alternativa importante en la transición hacia una economía baja en carbono. Por ser la producción de bioetanol de caña de azúcar una de las actividades productivas más importantes de Tucumán y del NOA, la aplicación del análisis de ciclo de vida interesa para evaluar el impacto ambiental de la actividad.
A partir de esto, se obtuvo el perfil ambiental del bioetanol tucumano, permitiendo identificar las etapas críticas. Los impactos se deben a la aplicación de agroquímicos, al uso de diesel en máquinas agrícolas y a las emisiones de partículas de la combustión en calderas. Desde el punto de vista del cambio climático, predomina un impacto ambiental “positivo” debido a la absorción de dióxido de carbono durante el crecimiento de la caña. De los estudios se pudo concluir que, en términos de agotamiento de combustibles fósiles y emisiones de GEI, el uso de mezclas etanol/nafta en motores Otto son mejores opciones que la nafta.
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Tucumán: admiten deficiencia en control de agrotóxicos
Es escaso el control de agroquímicos en los cultivos
Fecha de Publicación: 14/07/2015
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Son pocos los controles de frutas y verduras que se hacen. Funcionarios reconocen que las dosis de pesticidas muchas veces se manejan a “ojo”.
En la primera parte de una investigación que publicó ayer LA GACETA sobre cómo funciona el control de las frutas y verduras que el consumidor compra en la verdulería, diversos funcionarios entrevistados reconocieron que la producción hortícola en Tucumán es muy informal (un 60% no está registrada) y que esto dificulta el control de la sanidad de los alimentos. Los mismos técnicos destacaron que gran parte de lo que se produce va a ferias o entra a las verdulerías a través de intermediarios que compran en fincas directamente; y que si el productor no ha seguido lo que dictan las buenas prácticas agrícolas, eso que produce puede tener residuos por encima de lo permitido; y no solo de pesticidas, sino de lo que viene en las aguas servidas con las que se riegan los campos en algunas zonas que tienen deficiente suministro de agua potable.
Donde sí funciona un laboratorio que realiza análisis físicos, químicos y bacteriológicos sobre muestras tomadas al azar periódicamente es en el Mercofrut, el gran mercado concentrador del Noroeste en el que se reúne una porción importante de las frutas y de las verduras que consumimos los tucumanos. Además, el Senasa comenzó hace un año a enviar muestras a Buenos Aires para determinar los niveles de agroquímicos (en el Mercofrut no se hace ese tipo de análisis) y tratar de controlar la trazabilidad.
Es que un área sensible en el rubro alimentos son los residuos tóxicos, que se presentan por herbicidas, fungicidas, insecticidas y fitoreguladores que se utilizan en el campo, y cuyo uso es regulado por el Senasa, siguiendo parámetros preestablecidos internacionalmente en 1927: el Límite Máximo de Residuos tóxicos (LMR) que puede encontrarse en una fruta o verdura está establecido por el Senasa en un listado con 3389 dosis de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fitoreguladores que se utilizan en el campo. Los límites para el uso se calculan según la Dosis Letal 50 (DL50), a la que los documentos de expertos consideran que es la dosis necesaria para matar a la mitad de los animales de prueba.
Automedicados
Graciela Cerutti, directora de Alimentos de la Provincia, está convencida de que al problema de la falta de control se lo debe combatir con buenas prácticas agrícolas; enseñarle al productor que no debe pulverizar con cualquier cosa, que las dosis no se manejan a ojo y que al tiempo de carencia (no consumir las frutas o verduras después de aplicado el producto) hay que respetarlo.
“Cuesta mucho porque aquí todo se mide con tapitas y si les dicen que pongan una, ellos por las dudas agregan más”, explica.
“Al producto químico, por ejemplo, para el trigo lo usan para otros cultivos, no hay agroquímicos específicos para cada cultivo”, explica Rodrigo Lencina, supervisor regional del área de Inocuidad Vegetal del Senasa. A esto se suma el fraccionamiento porque compran pocos litros y se los dan en botellas de gaseosas sin rotulado, algo que la ley provincial de Agroquímicos (N° 6291) prohibe, explica Nidia Juri, referente de Agricultura Familiar del Senasa. Ni qué hablar de la receta agronómica. No hay pequeño latifundista que le solicite a un ingeniero agrónomo que le prescriba los pesticidas, las dosis y las maneras correctas de aplicarlos. Tampoco los negocios de venta se lo exigen.
En el campo el agroquímico es un “remedio” para el cultivo y el productor automedica su campo según lo que le dicte la experiencia o algún otro “farmacéutico” como él.
Gustavo Páez Márquez, ingeniero agrónomo y director de Agricultura, levanta dos tomates imaginarios en la mano: “Si yo te muestro éste que tiene picaduras y éste otro, hermoso y brillante que hace dos horas le han puesto algo para que no lo ataquen los bichos. Pero, además, te digo que éste con picaduras es más caro que el otro…¿Cuál llevás?”. Páez compara un producto orgánico con otro producido con pesticidas y concluye que el cambio vendrá “cuando el productor pueda diferenciarse en un mercado por eso y el consumidor esté dispuesto a pagar”. Todos los entrevistados coinciden que por lo general el tiempo de carencia no se respeta.
Quizás intentando tranquilizar, Páez, dice: ¿Sabés que es más peligroso? El agua con la que riegan el cultivo que los residuos de pesticidas. Por ejemplo, en Yerba Buena hay gente que saca agua de pozo para regar lo que vos comés”. Aclara que la tarea de la dirección es controlar el expendio de agroquímicos, pero no el uso que hace el productor.
“Lo ideal sería que quien aplica y riega lo haga a conciencia y asesorado”, reflexiona Sergio Tibaldo, coordinador regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa.
Por eso, añade, el ciudadano no debe comportarse como un consumidor pasivo, sino que debe preguntar: “¿De dónde viene esto? ¿Cómo lo producen?... ¿Cómo se llamaba la defensora de los consumidores?”, dice Tibaldo.
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Fecha de Publicación: 14/07/2015
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Son pocos los controles de frutas y verduras que se hacen. Funcionarios reconocen que las dosis de pesticidas muchas veces se manejan a “ojo”.
En la primera parte de una investigación que publicó ayer LA GACETA sobre cómo funciona el control de las frutas y verduras que el consumidor compra en la verdulería, diversos funcionarios entrevistados reconocieron que la producción hortícola en Tucumán es muy informal (un 60% no está registrada) y que esto dificulta el control de la sanidad de los alimentos. Los mismos técnicos destacaron que gran parte de lo que se produce va a ferias o entra a las verdulerías a través de intermediarios que compran en fincas directamente; y que si el productor no ha seguido lo que dictan las buenas prácticas agrícolas, eso que produce puede tener residuos por encima de lo permitido; y no solo de pesticidas, sino de lo que viene en las aguas servidas con las que se riegan los campos en algunas zonas que tienen deficiente suministro de agua potable.
Donde sí funciona un laboratorio que realiza análisis físicos, químicos y bacteriológicos sobre muestras tomadas al azar periódicamente es en el Mercofrut, el gran mercado concentrador del Noroeste en el que se reúne una porción importante de las frutas y de las verduras que consumimos los tucumanos. Además, el Senasa comenzó hace un año a enviar muestras a Buenos Aires para determinar los niveles de agroquímicos (en el Mercofrut no se hace ese tipo de análisis) y tratar de controlar la trazabilidad.
Es que un área sensible en el rubro alimentos son los residuos tóxicos, que se presentan por herbicidas, fungicidas, insecticidas y fitoreguladores que se utilizan en el campo, y cuyo uso es regulado por el Senasa, siguiendo parámetros preestablecidos internacionalmente en 1927: el Límite Máximo de Residuos tóxicos (LMR) que puede encontrarse en una fruta o verdura está establecido por el Senasa en un listado con 3389 dosis de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fitoreguladores que se utilizan en el campo. Los límites para el uso se calculan según la Dosis Letal 50 (DL50), a la que los documentos de expertos consideran que es la dosis necesaria para matar a la mitad de los animales de prueba.
Automedicados
Graciela Cerutti, directora de Alimentos de la Provincia, está convencida de que al problema de la falta de control se lo debe combatir con buenas prácticas agrícolas; enseñarle al productor que no debe pulverizar con cualquier cosa, que las dosis no se manejan a ojo y que al tiempo de carencia (no consumir las frutas o verduras después de aplicado el producto) hay que respetarlo.
“Cuesta mucho porque aquí todo se mide con tapitas y si les dicen que pongan una, ellos por las dudas agregan más”, explica.
“Al producto químico, por ejemplo, para el trigo lo usan para otros cultivos, no hay agroquímicos específicos para cada cultivo”, explica Rodrigo Lencina, supervisor regional del área de Inocuidad Vegetal del Senasa. A esto se suma el fraccionamiento porque compran pocos litros y se los dan en botellas de gaseosas sin rotulado, algo que la ley provincial de Agroquímicos (N° 6291) prohibe, explica Nidia Juri, referente de Agricultura Familiar del Senasa. Ni qué hablar de la receta agronómica. No hay pequeño latifundista que le solicite a un ingeniero agrónomo que le prescriba los pesticidas, las dosis y las maneras correctas de aplicarlos. Tampoco los negocios de venta se lo exigen.
En el campo el agroquímico es un “remedio” para el cultivo y el productor automedica su campo según lo que le dicte la experiencia o algún otro “farmacéutico” como él.
Gustavo Páez Márquez, ingeniero agrónomo y director de Agricultura, levanta dos tomates imaginarios en la mano: “Si yo te muestro éste que tiene picaduras y éste otro, hermoso y brillante que hace dos horas le han puesto algo para que no lo ataquen los bichos. Pero, además, te digo que éste con picaduras es más caro que el otro…¿Cuál llevás?”. Páez compara un producto orgánico con otro producido con pesticidas y concluye que el cambio vendrá “cuando el productor pueda diferenciarse en un mercado por eso y el consumidor esté dispuesto a pagar”. Todos los entrevistados coinciden que por lo general el tiempo de carencia no se respeta.
Quizás intentando tranquilizar, Páez, dice: ¿Sabés que es más peligroso? El agua con la que riegan el cultivo que los residuos de pesticidas. Por ejemplo, en Yerba Buena hay gente que saca agua de pozo para regar lo que vos comés”. Aclara que la tarea de la dirección es controlar el expendio de agroquímicos, pero no el uso que hace el productor.
“Lo ideal sería que quien aplica y riega lo haga a conciencia y asesorado”, reflexiona Sergio Tibaldo, coordinador regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa.
Por eso, añade, el ciudadano no debe comportarse como un consumidor pasivo, sino que debe preguntar: “¿De dónde viene esto? ¿Cómo lo producen?... ¿Cómo se llamaba la defensora de los consumidores?”, dice Tibaldo.
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Sensible renducción de la vinaza tucumana
“De 3 millones de vinaza acumulada hoy se cuantifica en 300 mil metros cúbicos”
Fecha de Publicación: 12/07/2015
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Durante esta época del año, los ingenios de Tucumán incrementan su producción de zafra y en ese sentido, el defensor del Pueblo adjunto, Lionel Suárez (h), responsable de tareas de inspección de industrias y monitoreo de la cuenca Salí-Dulce, al ser consultado por Nuevo Diario indicó que “al momento, las industrias están cumpliendo con las pautas de no derramar vinaza ni cenizas en el lecho del río”. Sin embargo, indicó que “las medidas adoptadas por los ingenios, que destinan a fertirriego la vinaza y relocalizan la ceniza, para la Defensoría del Pueblo no tienen las características de ser definitivas y son provisorias. Siguen dentro del margen de contingencia, por lo tanto se seguirá controlando la cuenca hasta tanto se implementen medidas definitivas”.
Reveló que, al momento del planteo del amparo ambiental, ante la Corte Suprema de Justicia, contra los ingenios tucumanos —por contaminación de la cuenca Salí-Dulce— “tenían un acumulado de vinaza de 3 millones de metros cúbicos, y hoy tan sólo se cuantifica 300 mil metros cúbicos”.
El doctor Suárez comentó que “la zafra en la vecina provincia de Tucumán, este año, comenzó atrasada (a fines de mayo), no obstante desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia y desde el Ministerio de Agua y Medio Ambiente se siguen realizando monitoreos de la cuenca Salí-Dulce y del embalse de Río Hondo, con dos inspecciones diarias de contralor de la calidad de las aguas que ingresan al espejo de agua”.
Detalló que “el monitoreo se realiza en 14 puntos predeterminados de la cuenca del Salí-Dulce, con sus respectivos afluentes, con moderna tecnología. Se hace la toma de muestras de agua y se obtienen resultados que son informados en tiempo real a la unidad de contralor, verificándose al momento que no hay presencia de vinaza ni de cenizas. Hoy, los valores de oxígeno en el agua, de conductividad y PH, son óptimos para la salvaguarda de la fauna ictícola de la cuenca y el embalse”.
Comentó que estas tareas, de inspección de ingenios, monitoreo de la cuenca y del embalse, se traducen en un informe trimestral que, el último día hábil del mes de junio se elevó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que —en virtud de un amparo ambiental— sigue de cerca el rumbo del acuerdo logrado entre ingenios, Provincia de Tucumán, Provincia de Santiago del Estero y Secretaría de Ambiente de la Nación.
A fin de mes, junto a Nación habrá inspección
El Defensor adjunto del Pueblo comentó que, recientemente, en Capital Federal, se celebró una reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce, oportunidad en la que se resolvió realizar una inspección de ingenios, estimativamente a fin de mes, con el acompañamiento de profesionales, técnicos y autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
En lo que respecta a los controles, valoró el acompañamiento de Prefectura Naval, que tiene sede en Las Termas de Río Hondo, a quienes se les brindó capacitación para la aplicación del programa “Alerta Temprana” para realizar los monitoreos en el embalse. “Por eso es un trabajo en conjunto a la hora de realizar los controles”, añadió.
En ese aspecto, comentó que las inspecciones a ingenios para verificar la ejecución de obras y control de piletas de acopio de vinaza y ceniza, se realizó una última visita el 16 y 17 de junio.
El ingenio San Juan está inhabilitado
“Al momento, hay 10 ingenios productores de biodiesel, sólo una firma no fue habilitada para la producción, que es el Ingenio San Juan, en primera instancia, por estar sus piletas colmadas de vinaza, entre otras observaciones” que se le realizaron, remarcó el defensor del Pueblo adjunto, Lionel Suárez.
En ese aspecto, detalló que esta industria tucumana “está en incumplimiento que le impiden que las autoridades puedan habilitar a la producción”. Por lo que remarcó la importancia de los controles y de que los empresarios cumplan con las exigencias que establece la ley.
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Fecha de Publicación: 12/07/2015
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Durante esta época del año, los ingenios de Tucumán incrementan su producción de zafra y en ese sentido, el defensor del Pueblo adjunto, Lionel Suárez (h), responsable de tareas de inspección de industrias y monitoreo de la cuenca Salí-Dulce, al ser consultado por Nuevo Diario indicó que “al momento, las industrias están cumpliendo con las pautas de no derramar vinaza ni cenizas en el lecho del río”. Sin embargo, indicó que “las medidas adoptadas por los ingenios, que destinan a fertirriego la vinaza y relocalizan la ceniza, para la Defensoría del Pueblo no tienen las características de ser definitivas y son provisorias. Siguen dentro del margen de contingencia, por lo tanto se seguirá controlando la cuenca hasta tanto se implementen medidas definitivas”.
Reveló que, al momento del planteo del amparo ambiental, ante la Corte Suprema de Justicia, contra los ingenios tucumanos —por contaminación de la cuenca Salí-Dulce— “tenían un acumulado de vinaza de 3 millones de metros cúbicos, y hoy tan sólo se cuantifica 300 mil metros cúbicos”.
El doctor Suárez comentó que “la zafra en la vecina provincia de Tucumán, este año, comenzó atrasada (a fines de mayo), no obstante desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia y desde el Ministerio de Agua y Medio Ambiente se siguen realizando monitoreos de la cuenca Salí-Dulce y del embalse de Río Hondo, con dos inspecciones diarias de contralor de la calidad de las aguas que ingresan al espejo de agua”.
Detalló que “el monitoreo se realiza en 14 puntos predeterminados de la cuenca del Salí-Dulce, con sus respectivos afluentes, con moderna tecnología. Se hace la toma de muestras de agua y se obtienen resultados que son informados en tiempo real a la unidad de contralor, verificándose al momento que no hay presencia de vinaza ni de cenizas. Hoy, los valores de oxígeno en el agua, de conductividad y PH, son óptimos para la salvaguarda de la fauna ictícola de la cuenca y el embalse”.
Comentó que estas tareas, de inspección de ingenios, monitoreo de la cuenca y del embalse, se traducen en un informe trimestral que, el último día hábil del mes de junio se elevó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que —en virtud de un amparo ambiental— sigue de cerca el rumbo del acuerdo logrado entre ingenios, Provincia de Tucumán, Provincia de Santiago del Estero y Secretaría de Ambiente de la Nación.
A fin de mes, junto a Nación habrá inspección
El Defensor adjunto del Pueblo comentó que, recientemente, en Capital Federal, se celebró una reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce, oportunidad en la que se resolvió realizar una inspección de ingenios, estimativamente a fin de mes, con el acompañamiento de profesionales, técnicos y autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
En lo que respecta a los controles, valoró el acompañamiento de Prefectura Naval, que tiene sede en Las Termas de Río Hondo, a quienes se les brindó capacitación para la aplicación del programa “Alerta Temprana” para realizar los monitoreos en el embalse. “Por eso es un trabajo en conjunto a la hora de realizar los controles”, añadió.
En ese aspecto, comentó que las inspecciones a ingenios para verificar la ejecución de obras y control de piletas de acopio de vinaza y ceniza, se realizó una última visita el 16 y 17 de junio.
El ingenio San Juan está inhabilitado
“Al momento, hay 10 ingenios productores de biodiesel, sólo una firma no fue habilitada para la producción, que es el Ingenio San Juan, en primera instancia, por estar sus piletas colmadas de vinaza, entre otras observaciones” que se le realizaron, remarcó el defensor del Pueblo adjunto, Lionel Suárez.
En ese aspecto, detalló que esta industria tucumana “está en incumplimiento que le impiden que las autoridades puedan habilitar a la producción”. Por lo que remarcó la importancia de los controles y de que los empresarios cumplan con las exigencias que establece la ley.
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Absuelven a empresarios contaminadores del Salí-Dulce
Ingenio La Trinidad: absolvieron a los empresarios acusados de contaminar
Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep fueron absueltos este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) en el juicio por contaminación con desechos industriales a la cuenca Salí-Dulce. El fundamento de la polémica sentencia se dará a conocer el 24 de junio, a las 12.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube por ser autores penalmente responsables del delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24.051 (sobre Residuos Peligrosos).
El Tribunal, integrado por Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán, falló en concordancia con lo solicitado por el abogado defensor, Arnaldo Ramón Ahumada, quien aseguró que “no existió prueba ni testimonio que acredite que el ingenio La Trinidad haya contaminado al embase de Río Hondo”.
“El hecho nunca estuvo probado porque nunca existió. Nadie pudo desmostar que los líquidos, que según testigos iban al río Medina, provenían de las lagunas de sacrificio de efluentes industriales del ingenio La Trinidad”, agregó el abogado en su alegato.
Camuñas calificó la sentencia de “sorpresiva” y advirtió que la siguiente instancia del proceso es la presentación de un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. “El dictamen fue muy conservador de acuerdo al caudal probatorio que se había reunido el cual fue puntillosamente demostrado por el Ministerio Público Fiscal en los alegatos. El encuadre jurídico también estaba perfectamente delimitado por lo que discrepamos con el Tribunal. Ahora habrá que esperar los fundamentos para disentir con más razones”, agregó el fiscal.
Consultado si este fallo podría sentar un precedente ante los próximos juicios contra empresarios azucareros por daño ambiental, Camuñas sostuvo que cada proceso es disímil y particular. “Hay que ver si estos argumentos pueden ser trasladables a otros casos. Estaremos atentos para que otros hechos delictivos no queden en la impunidad”, agregó.
La causa judicial en cuestión se inició en el año 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos, Nº24.051.
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Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep fueron absueltos este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) en el juicio por contaminación con desechos industriales a la cuenca Salí-Dulce. El fundamento de la polémica sentencia se dará a conocer el 24 de junio, a las 12.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube por ser autores penalmente responsables del delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24.051 (sobre Residuos Peligrosos).
El Tribunal, integrado por Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán, falló en concordancia con lo solicitado por el abogado defensor, Arnaldo Ramón Ahumada, quien aseguró que “no existió prueba ni testimonio que acredite que el ingenio La Trinidad haya contaminado al embase de Río Hondo”.
“El hecho nunca estuvo probado porque nunca existió. Nadie pudo desmostar que los líquidos, que según testigos iban al río Medina, provenían de las lagunas de sacrificio de efluentes industriales del ingenio La Trinidad”, agregó el abogado en su alegato.
Camuñas calificó la sentencia de “sorpresiva” y advirtió que la siguiente instancia del proceso es la presentación de un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. “El dictamen fue muy conservador de acuerdo al caudal probatorio que se había reunido el cual fue puntillosamente demostrado por el Ministerio Público Fiscal en los alegatos. El encuadre jurídico también estaba perfectamente delimitado por lo que discrepamos con el Tribunal. Ahora habrá que esperar los fundamentos para disentir con más razones”, agregó el fiscal.
Consultado si este fallo podría sentar un precedente ante los próximos juicios contra empresarios azucareros por daño ambiental, Camuñas sostuvo que cada proceso es disímil y particular. “Hay que ver si estos argumentos pueden ser trasladables a otros casos. Estaremos atentos para que otros hechos delictivos no queden en la impunidad”, agregó.
La causa judicial en cuestión se inició en el año 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos, Nº24.051.
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Comienzo del juicio a Gasep y Drube en Tucumán
Comenzó un juicio por contaminación ambiental en Tucumán
Fecha de Publicación: 10/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube son juzgados desde ayer por la posible contaminación de un río del sur de la Provincia de Tucumán. El perjuicio sobre el el medio ambiente y la salud de las personas que viven en la zona sería derivado de la actividad del Ingenio y destillería “La Trinidad”.
La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Brito, quien inició en 2007 una investigación por la posible contaminación de distintos cursos de agua. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a los permitidos por las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Sistema Provincia de Salud de la Provincia de Tucumán, que establecen parámetros al respecto. Los dos parámetros técnicos indican la cantidad de sustancias contaminantes en cursos de agua.
El Ministerio Público estará representado por el fiscal federal Pablo Camuña, quien subroga la Fiscalía Federal N°1 ante los Tribunales Orales Federales de esa Provincia.
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Fecha de Publicación: 10/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube son juzgados desde ayer por la posible contaminación de un río del sur de la Provincia de Tucumán. El perjuicio sobre el el medio ambiente y la salud de las personas que viven en la zona sería derivado de la actividad del Ingenio y destillería “La Trinidad”.
La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Brito, quien inició en 2007 una investigación por la posible contaminación de distintos cursos de agua. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a los permitidos por las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Sistema Provincia de Salud de la Provincia de Tucumán, que establecen parámetros al respecto. Los dos parámetros técnicos indican la cantidad de sustancias contaminantes en cursos de agua.
El Ministerio Público estará representado por el fiscal federal Pablo Camuña, quien subroga la Fiscalía Federal N°1 ante los Tribunales Orales Federales de esa Provincia.
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Arranca el jucio contra empresario de La Trinidad
Un caso de supuesta contaminación industrial va a juicio por primera vez
Fecha de Publicación: 08/06/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) tiene previsto estrenarse este martes en el juzgamiento de casos de presunta contaminación industrial. En este debut judicial participan como imputados Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, responsables de la explotación del Ingenio y Destilería La Trinidad. La audiencia inaugural del juicio está programada para este martes 9 de junio; el debate proseguirá durante el miércoles y concluirá, en principio, el 16 de este mes.
Fuentes judiciales indicaron que el tribunal a cargo de celebrar el juicio estará integrado por los vocales Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán (interviene en sustitución del camarista Carlos Enrique Jiménez Montilla, que está de licencia).
El caso en cuestión lleva ocho años dando vueltas por la Justicia Federal. En 2012, el fiscal federal Carlos Brito pidió la elevación a juicio al considerar que habría quedado acreditado que la empresa de los acusados desplegó la conducta ilícita prevista en la Ley 24.051, de 1991, que regula la gestión de residuos peligrosos. Esta norma sanciona a quien, mediante la utilización de ciertos desechos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.
En tierras santiagueñas
La investigación comenzó en 2007. Primero, el fiscal general Gustavo Gómez practicó una serie de medidas de prueba preparatorias y, luego, giró el caso a Brito, que prosiguió la pesquisa. Según el requerimiento, Mario Racedo, ex juez federal subrogante, ordenó el allanamiento del ingenio ubicado al sur de la provincia, procedimiento ejecutado por la Gendarmería el 30 de agosto del año mencionado. Dicha medida permitió detectar que la fábrica no poseía una planta de tratamiento para los efluentes que producía y que había optado por encauzar estos residuos hacia una laguna de sacrificio ubicada a 30 kilómetros del ingenio.
“La comisión se trasladó fuera del predio hacia el sector en el que los dos canales que egresan del ingenio se unen conformando un sólo curso”, relata el requerimiento de Brito. En ese punto, la Gendarmería tomó muestras por triplicado. “El análisis químico de los líquidos recolectados determinó que estos poseían valores elevados en exceso para los parámetros de demanda química de oxígeno y de demanda bioquímica de oxígeno estipulados por la autoridad competente”, expresó el fiscal federal.
La defensa de los imputados adujo que la Justicia Federal era incompetente para investigar este asunto. Según ese criterio, la presunta contaminación ambiental denunciada no afectaba a más de una jurisdicción y, por ende, la pesquisa correspondía a la Justicia local. “Un informe de la Gendarmería verificó que los efluentes del ingenio circulan por el canal Monteagudo, que continúan su trayecto e ingresan a un terreno con características salitrosas donde se dispersan. Pero, en una segunda etapa, se constató la presencia de desbordes de los efluentes que llegan a la laguna de sacrificio; el tránsito hacia diferentes campos y la formación de un cauce que se desplaza hasta unirse con el río Chico. Es decir, se comprobó la existencia del desborde de un líquido marrón oscuro producto del proceso industrial de la caña mezclada con la vinaza de la destilería de alcohol”, dijo el fiscal. El Ministerio Público recordó que el río Chico desembocaba en el dique El Frontal del embalse Río Hondo emplazado en Santiago del Estero: “por lo tanto, el delito investigado es de competencia federal. Ello fue confirmado por el tribunal de alzada en 2008”.
Oxígeno comprometido
En 2009, la Dirección de la Policía Científica de la Gendarmería confeccionó otro informe determinante para el avance la pesquisa. “El estudio concluye que los efluentes que genera el ingenio no reciben ningún tipo de tratamiento por parte de la firma y que el agua de producción de la planta es volcada directamente sobre el río Gastona”, indicó el fiscal. A posteriori, Pedro Jorge Albornoz y Juan Alberto Ruiz, dos peritos de la Universidad Nacional de Tucumán, dictaminaron que los vertidos analizados presentaban las características de riesgo descritas en la Ley 24.051. Los profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas precisaron que entre esos residuos había sustancias que podían agotar considerablemente las reservas de oxígeno y producir la mortandad de los peces.
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Fecha de Publicación: 08/06/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) tiene previsto estrenarse este martes en el juzgamiento de casos de presunta contaminación industrial. En este debut judicial participan como imputados Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, responsables de la explotación del Ingenio y Destilería La Trinidad. La audiencia inaugural del juicio está programada para este martes 9 de junio; el debate proseguirá durante el miércoles y concluirá, en principio, el 16 de este mes.
Fuentes judiciales indicaron que el tribunal a cargo de celebrar el juicio estará integrado por los vocales Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán (interviene en sustitución del camarista Carlos Enrique Jiménez Montilla, que está de licencia).
El caso en cuestión lleva ocho años dando vueltas por la Justicia Federal. En 2012, el fiscal federal Carlos Brito pidió la elevación a juicio al considerar que habría quedado acreditado que la empresa de los acusados desplegó la conducta ilícita prevista en la Ley 24.051, de 1991, que regula la gestión de residuos peligrosos. Esta norma sanciona a quien, mediante la utilización de ciertos desechos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.
En tierras santiagueñas
La investigación comenzó en 2007. Primero, el fiscal general Gustavo Gómez practicó una serie de medidas de prueba preparatorias y, luego, giró el caso a Brito, que prosiguió la pesquisa. Según el requerimiento, Mario Racedo, ex juez federal subrogante, ordenó el allanamiento del ingenio ubicado al sur de la provincia, procedimiento ejecutado por la Gendarmería el 30 de agosto del año mencionado. Dicha medida permitió detectar que la fábrica no poseía una planta de tratamiento para los efluentes que producía y que había optado por encauzar estos residuos hacia una laguna de sacrificio ubicada a 30 kilómetros del ingenio.
“La comisión se trasladó fuera del predio hacia el sector en el que los dos canales que egresan del ingenio se unen conformando un sólo curso”, relata el requerimiento de Brito. En ese punto, la Gendarmería tomó muestras por triplicado. “El análisis químico de los líquidos recolectados determinó que estos poseían valores elevados en exceso para los parámetros de demanda química de oxígeno y de demanda bioquímica de oxígeno estipulados por la autoridad competente”, expresó el fiscal federal.
La defensa de los imputados adujo que la Justicia Federal era incompetente para investigar este asunto. Según ese criterio, la presunta contaminación ambiental denunciada no afectaba a más de una jurisdicción y, por ende, la pesquisa correspondía a la Justicia local. “Un informe de la Gendarmería verificó que los efluentes del ingenio circulan por el canal Monteagudo, que continúan su trayecto e ingresan a un terreno con características salitrosas donde se dispersan. Pero, en una segunda etapa, se constató la presencia de desbordes de los efluentes que llegan a la laguna de sacrificio; el tránsito hacia diferentes campos y la formación de un cauce que se desplaza hasta unirse con el río Chico. Es decir, se comprobó la existencia del desborde de un líquido marrón oscuro producto del proceso industrial de la caña mezclada con la vinaza de la destilería de alcohol”, dijo el fiscal. El Ministerio Público recordó que el río Chico desembocaba en el dique El Frontal del embalse Río Hondo emplazado en Santiago del Estero: “por lo tanto, el delito investigado es de competencia federal. Ello fue confirmado por el tribunal de alzada en 2008”.
Oxígeno comprometido
En 2009, la Dirección de la Policía Científica de la Gendarmería confeccionó otro informe determinante para el avance la pesquisa. “El estudio concluye que los efluentes que genera el ingenio no reciben ningún tipo de tratamiento por parte de la firma y que el agua de producción de la planta es volcada directamente sobre el río Gastona”, indicó el fiscal. A posteriori, Pedro Jorge Albornoz y Juan Alberto Ruiz, dos peritos de la Universidad Nacional de Tucumán, dictaminaron que los vertidos analizados presentaban las características de riesgo descritas en la Ley 24.051. Los profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas precisaron que entre esos residuos había sustancias que podían agotar considerablemente las reservas de oxígeno y producir la mortandad de los peces.
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Todavía preocupa la contaminación del Salí-Dulce
Aún preocupa la contaminación por vuelco de vinaza en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 06/06/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Según datos de la Secretaria de Medio Ambiente, el 60% de este subproducto líquido de la destilación del mosto aún se encuentra contaminando nuestras aguas.
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio, en la Defensoría del Pueblo (Balcarse 52) se llevó a cabo, este miércoles, una jornada de concientización en la cual se evaluaron los avances en materia ambiental que las industrias tucumanas están realizando en el marco de los programas de Desarrollo Limpio, y se plantearon desafíos a corto y mediano plazo en pos de profundizar las medidas de preservación y recuperación del medio ambiente.
Juan González, ex director de Medio Ambiente y asesor de la actual Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, encabezó la disertación que se centró sobre las herramientas de Política Ambiental utilizadas para resolver el grave problema interjurisdiccional de contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
En este contexto, explicó que en 2007 se elaboró un borrador de políticas ambientales en donde se priorizaron los problemas principales en Tucumán, representados por la contaminación de las industrias productivas. El escrito define una serie de herramientas extraídas de ejemplos de otros países y siguiendo recomendaciones de organismos internacionales, cuyo objetivo es servir de guía de acción para los gobiernos próximos.
Entre las soluciones que enumera el documento, se destaca la alianza público-privada y la modificación de la legislación vigente para permitir y exigir la aplicación de programas de preservación y recuperación ambiental - Programa de Reconversión Industrial (Pri) y Producción Limpia (PL)-.
“Comenzar a concebir los afluentes como una fuente de materia prima y energía fue un paso fundamental para que el proceso sea posible. Producción limpia se define a través de la lógica Win-Win (Ganar-Ganar) que genera beneficios tanto para el medio ambiente y la sociedad, como réditos económicos para los industriales, a través de la reutilización de los desechos de las industrias productivas para producir materias prima y energía”, comentó González.
A raíz de esto, en la industria azucarera se implementaron diferentes programas entre los que se destacan: Vinaza Cero (la vinaza no se arroja a los cauces de aguas sino que se implementan diferentes sistemas de fertirriego, lagunas de sacrificio y de evaporación); y el Plan Cachaza Cero, que prohíbe el vuelco de cachaza a cursos de agua.
“Estos programas han impactado fuertemente en el ambiente. Tucumán fue la primera provincia en el país que aplicó un programa de desarrollo limpio. Hoy la vinaza no va a los ríos y se produjo una recuperación muy fuerte en los diques de Río hondo y el Río Salí. Pero hay empresarios que todavía no entienden los beneficios de un programa de desarrollo limpio, y peor aún, no tienen en cuenta el daño que generan al arrojar vinaza al medio ambiente”, sostuvo.
El desafió a corto plazo es sin lugar a dudas la reducción de la contaminación producida por el vuelco de vinaza producida por los ingenios sobre el ecosistema acuático. Los trabajos en este sentido cobraron fuerza en los últimos años, luego de una sucesión de acciones legales de los organismos involucrados en materia de conservación ambiental de Tucumán y de la provincia de Santiago del Estero, logrando reducir en un 40% el nivel de contaminación de los ríos que tienen incidencia directa en la cuenca Salí-Dulce.
No obstante, según un informe de Medio Ambiente, el 60% de este subproducto líquido de la destilación del mosto aún se encuentra contaminando nuestras aguas. La propuesta de convertir la vinaza en un elemento reutilizable para la producción de energía aún no dio los frutos esperados por los especialistas, quienes apuntan a profundizar la utilización de biogás para producir energía térmica y disminuir el impacto sobre las comunidades vecinas.
Si se calcula que por año se producen cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, en cada zafra se generan 2.600 millones de litro del residuo industrial. Al aprovecharse en un recurso renovable como el biogas, las posibilidades de mejorar el balance energético de la región son bastante redituables y al reducir la demanda de gas natural se contribuye a la sustentabilidad ambiental, se mejora la calidad de vida de los vecinos, la disminución de la generación de gases que contribuyen al efecto invernadero y se ahorra combustible, al mismo tiempo que también se generan puestos de trabajo.
En cuanto a la cachaza, al ser un residuo rico en materia orgánica, nitrógeno, calcio y fósforo, puede ser explotado como fuente de nutrimentos, mejoradora de algunas propiedades físicas del suelo y en la recuperación de suelos afectados por sales.
Además de la vinaza y la cachaza, existe otra práctica igualmente nociva para el medio ambiente: la quema de cañaverales. Sobre este último punto, los resultados del trabajo multisectorial realizado en los últimos 8 años arrojaron noticias alentadoras. La quema se redujo en un porcentaje importante cuando los productores “descubrieron” que el enfardado de maloja puede utilizarse para conseguir réditos a través de la producción de gas natural, lo que permitió reducir en un 96% las partículas sólidas contaminantes de la atmosfera, según datos de la Secretaria de Medio Ambiente de Tucumán.
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Fecha de Publicación: 06/06/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Según datos de la Secretaria de Medio Ambiente, el 60% de este subproducto líquido de la destilación del mosto aún se encuentra contaminando nuestras aguas.
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio, en la Defensoría del Pueblo (Balcarse 52) se llevó a cabo, este miércoles, una jornada de concientización en la cual se evaluaron los avances en materia ambiental que las industrias tucumanas están realizando en el marco de los programas de Desarrollo Limpio, y se plantearon desafíos a corto y mediano plazo en pos de profundizar las medidas de preservación y recuperación del medio ambiente.
Juan González, ex director de Medio Ambiente y asesor de la actual Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, encabezó la disertación que se centró sobre las herramientas de Política Ambiental utilizadas para resolver el grave problema interjurisdiccional de contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
En este contexto, explicó que en 2007 se elaboró un borrador de políticas ambientales en donde se priorizaron los problemas principales en Tucumán, representados por la contaminación de las industrias productivas. El escrito define una serie de herramientas extraídas de ejemplos de otros países y siguiendo recomendaciones de organismos internacionales, cuyo objetivo es servir de guía de acción para los gobiernos próximos.
Entre las soluciones que enumera el documento, se destaca la alianza público-privada y la modificación de la legislación vigente para permitir y exigir la aplicación de programas de preservación y recuperación ambiental - Programa de Reconversión Industrial (Pri) y Producción Limpia (PL)-.
“Comenzar a concebir los afluentes como una fuente de materia prima y energía fue un paso fundamental para que el proceso sea posible. Producción limpia se define a través de la lógica Win-Win (Ganar-Ganar) que genera beneficios tanto para el medio ambiente y la sociedad, como réditos económicos para los industriales, a través de la reutilización de los desechos de las industrias productivas para producir materias prima y energía”, comentó González.
A raíz de esto, en la industria azucarera se implementaron diferentes programas entre los que se destacan: Vinaza Cero (la vinaza no se arroja a los cauces de aguas sino que se implementan diferentes sistemas de fertirriego, lagunas de sacrificio y de evaporación); y el Plan Cachaza Cero, que prohíbe el vuelco de cachaza a cursos de agua.
“Estos programas han impactado fuertemente en el ambiente. Tucumán fue la primera provincia en el país que aplicó un programa de desarrollo limpio. Hoy la vinaza no va a los ríos y se produjo una recuperación muy fuerte en los diques de Río hondo y el Río Salí. Pero hay empresarios que todavía no entienden los beneficios de un programa de desarrollo limpio, y peor aún, no tienen en cuenta el daño que generan al arrojar vinaza al medio ambiente”, sostuvo.
El desafió a corto plazo es sin lugar a dudas la reducción de la contaminación producida por el vuelco de vinaza producida por los ingenios sobre el ecosistema acuático. Los trabajos en este sentido cobraron fuerza en los últimos años, luego de una sucesión de acciones legales de los organismos involucrados en materia de conservación ambiental de Tucumán y de la provincia de Santiago del Estero, logrando reducir en un 40% el nivel de contaminación de los ríos que tienen incidencia directa en la cuenca Salí-Dulce.
No obstante, según un informe de Medio Ambiente, el 60% de este subproducto líquido de la destilación del mosto aún se encuentra contaminando nuestras aguas. La propuesta de convertir la vinaza en un elemento reutilizable para la producción de energía aún no dio los frutos esperados por los especialistas, quienes apuntan a profundizar la utilización de biogás para producir energía térmica y disminuir el impacto sobre las comunidades vecinas.
Si se calcula que por año se producen cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, en cada zafra se generan 2.600 millones de litro del residuo industrial. Al aprovecharse en un recurso renovable como el biogas, las posibilidades de mejorar el balance energético de la región son bastante redituables y al reducir la demanda de gas natural se contribuye a la sustentabilidad ambiental, se mejora la calidad de vida de los vecinos, la disminución de la generación de gases que contribuyen al efecto invernadero y se ahorra combustible, al mismo tiempo que también se generan puestos de trabajo.
En cuanto a la cachaza, al ser un residuo rico en materia orgánica, nitrógeno, calcio y fósforo, puede ser explotado como fuente de nutrimentos, mejoradora de algunas propiedades físicas del suelo y en la recuperación de suelos afectados por sales.
Además de la vinaza y la cachaza, existe otra práctica igualmente nociva para el medio ambiente: la quema de cañaverales. Sobre este último punto, los resultados del trabajo multisectorial realizado en los últimos 8 años arrojaron noticias alentadoras. La quema se redujo en un porcentaje importante cuando los productores “descubrieron” que el enfardado de maloja puede utilizarse para conseguir réditos a través de la producción de gas natural, lo que permitió reducir en un 96% las partículas sólidas contaminantes de la atmosfera, según datos de la Secretaria de Medio Ambiente de Tucumán.
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Denuncian en Tucumán desmonte irregulares
Vecinos denuncian venta irregular y desmonte de terrenos en el pie del cerro
Fecha de Publicación: 15/05/2015
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Quien no sabe, quien no conoce la historia, no sospecharía jamás que aquí no se puede. Que aquí no se debe. Por eso -para instruir a los que ignoran-, alguien escribió en una pared: “lotear en menos de 800 metros cuadrados en El Corte es ilegal. No compre”. La advertencia ha sido pintada con aerosol negro en un muro de ladrillos blancos, a un costado de la ruta 338. De todos modos, ahí se venden terrenos de poco más de 300 metros cuadrados.
Uno podría sospechar que los autores del grafito son Julieta Carilla, Sebastián Simonero, Diego Zamora o Jorge Camps. Pero no; no lo son. Y la presunción recae en ellos porque sí son, en cambio, algunos de los firmantes de una carta que desde el 20 de abril espera en el escritorio del intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo. En la misiva, le piden que demuela las casas que se edifican en unos loteos -a su parecer- ilegales.
“En un sector de El Corte se ha realizado una división parcelaria indebida, porque se fraccionó un inmueble en seis lotes individuales de 363 metros cuadrados cada uno”, argumentan, en el encabezado de la nota, que lleva otras firmas.
- La última tormenta de verano fue una advertencia. Ese día, supimos que hay que acabar con la sinfonía de motosierras. Están descuartizando el pedemonte -dice Simonero, (39 años, agricultor ecológico).
- Vivimos en un ecosistema inestable. Pese a ello, se venden tierras de forma descontrolada -añade Zamora (57 años, ingeniero agrónomo).
- Somos una comunidad diferente del resto. La dureza de la vida agreste nos ha enseñado a cuidar los recursos naturales -justifica Camps (43 años, arquitecto).
- Aún así, pese a todas las carencias, amamos este lugar. Por eso, le pedimos a la Municipalidad que planifique la urbanización -prosigue Carilla (37 años, bióloga).
Los cuatro forman parte, junto a unas 20 personas más, del centro vecinal de El Corte. Y andan tras el paradero de los funcionarios del municipio. Pues consideran que éstos han usado las ordenanzas “de papel higiénico” (sic de Simonero), al habilitar esas divisiones irregulares.
Peligro mayúsculo
El Corte se encuentra dentro de la llamada unidad ambiental cinco, y de la zona roja de la metodología conocida como Teoría del Semáforo (que define cuáles son las zonas aptas para cada función) Así lo establece el Código de Ordenamiento Urbano yerbabuenense.
Ese conjunto de normas explica que esa unidad ambiental es la “madre de todas las unidades ambientales”, porque debe preservar el ecosistema de la ciudad. Y que en la zona roja la densificación potencial no debe superar los 65 habitantes por hectárea, ya que es un área de PELIGRO (así ha sido escrito en el Código, con mayúsculas).
Por ello, ahí los terrenos tienen que medir 20 metros de frente por 40 metros de fondo, con una superficie no menor de 800 metros cuadrados, de mínima.
Ante eso, los vecinos razonan: “si cada lote mide poco más de 300 metros cuadrados, y se supone que en cada vivienda habrá cuatro personas, se duplicará la densidad a 110 habitantes por hectárea”. De modo que le piden a Toledo que restituya los loteos a su situación original.
En los planos de mensura y división, las tierras aparecen a nombre de Jorge Roberto Herrera. Han sido registradas en 2013 por la Dirección de Catastro y Edificación del municipio, y reempadronadas por la Dirección de Catastro de la provincia.
Una de la tarde: el cielo sin una nube. Las sendas de El Corte se prodigan en árboles. Y ahí, en medio de la vegetación, Simonero dice que todo eso tiene dueño. Que será desmontado. Y que en alguna oficina podrían aprobarse más divisiones irregulares.
Los otros siguen cuesta arriba. Pisan barro, escalan una pendiente y alcanzan los loteos de la polémica. Los han llamado Shangai (con ironía), porque dicen que sus casas apeñuscadas les recuerdan a la ciudad más poblada de China.
- Quienes compraron estas propiedades, de seguro lo hicieron de buena fe. Los responsables son los gobernantes, que permitieron lo que no deberían -opinan Zamora, Camps y Carilla.
Y mientras regresan, se comprometen a una nueva cruzada: vigilar que nadie se lleve áridos del río Muerto y reforestar su paraíso.
Existen razones para vaticinar que habrá más letreros en las paredes.
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Fecha de Publicación: 15/05/2015
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Quien no sabe, quien no conoce la historia, no sospecharía jamás que aquí no se puede. Que aquí no se debe. Por eso -para instruir a los que ignoran-, alguien escribió en una pared: “lotear en menos de 800 metros cuadrados en El Corte es ilegal. No compre”. La advertencia ha sido pintada con aerosol negro en un muro de ladrillos blancos, a un costado de la ruta 338. De todos modos, ahí se venden terrenos de poco más de 300 metros cuadrados.
Uno podría sospechar que los autores del grafito son Julieta Carilla, Sebastián Simonero, Diego Zamora o Jorge Camps. Pero no; no lo son. Y la presunción recae en ellos porque sí son, en cambio, algunos de los firmantes de una carta que desde el 20 de abril espera en el escritorio del intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo. En la misiva, le piden que demuela las casas que se edifican en unos loteos -a su parecer- ilegales.
“En un sector de El Corte se ha realizado una división parcelaria indebida, porque se fraccionó un inmueble en seis lotes individuales de 363 metros cuadrados cada uno”, argumentan, en el encabezado de la nota, que lleva otras firmas.
- La última tormenta de verano fue una advertencia. Ese día, supimos que hay que acabar con la sinfonía de motosierras. Están descuartizando el pedemonte -dice Simonero, (39 años, agricultor ecológico).
- Vivimos en un ecosistema inestable. Pese a ello, se venden tierras de forma descontrolada -añade Zamora (57 años, ingeniero agrónomo).
- Somos una comunidad diferente del resto. La dureza de la vida agreste nos ha enseñado a cuidar los recursos naturales -justifica Camps (43 años, arquitecto).
- Aún así, pese a todas las carencias, amamos este lugar. Por eso, le pedimos a la Municipalidad que planifique la urbanización -prosigue Carilla (37 años, bióloga).
Los cuatro forman parte, junto a unas 20 personas más, del centro vecinal de El Corte. Y andan tras el paradero de los funcionarios del municipio. Pues consideran que éstos han usado las ordenanzas “de papel higiénico” (sic de Simonero), al habilitar esas divisiones irregulares.
Peligro mayúsculo
El Corte se encuentra dentro de la llamada unidad ambiental cinco, y de la zona roja de la metodología conocida como Teoría del Semáforo (que define cuáles son las zonas aptas para cada función) Así lo establece el Código de Ordenamiento Urbano yerbabuenense.
Ese conjunto de normas explica que esa unidad ambiental es la “madre de todas las unidades ambientales”, porque debe preservar el ecosistema de la ciudad. Y que en la zona roja la densificación potencial no debe superar los 65 habitantes por hectárea, ya que es un área de PELIGRO (así ha sido escrito en el Código, con mayúsculas).
Por ello, ahí los terrenos tienen que medir 20 metros de frente por 40 metros de fondo, con una superficie no menor de 800 metros cuadrados, de mínima.
Ante eso, los vecinos razonan: “si cada lote mide poco más de 300 metros cuadrados, y se supone que en cada vivienda habrá cuatro personas, se duplicará la densidad a 110 habitantes por hectárea”. De modo que le piden a Toledo que restituya los loteos a su situación original.
En los planos de mensura y división, las tierras aparecen a nombre de Jorge Roberto Herrera. Han sido registradas en 2013 por la Dirección de Catastro y Edificación del municipio, y reempadronadas por la Dirección de Catastro de la provincia.
Una de la tarde: el cielo sin una nube. Las sendas de El Corte se prodigan en árboles. Y ahí, en medio de la vegetación, Simonero dice que todo eso tiene dueño. Que será desmontado. Y que en alguna oficina podrían aprobarse más divisiones irregulares.
Los otros siguen cuesta arriba. Pisan barro, escalan una pendiente y alcanzan los loteos de la polémica. Los han llamado Shangai (con ironía), porque dicen que sus casas apeñuscadas les recuerdan a la ciudad más poblada de China.
- Quienes compraron estas propiedades, de seguro lo hicieron de buena fe. Los responsables son los gobernantes, que permitieron lo que no deberían -opinan Zamora, Camps y Carilla.
Y mientras regresan, se comprometen a una nueva cruzada: vigilar que nadie se lleve áridos del río Muerto y reforestar su paraíso.
Existen razones para vaticinar que habrá más letreros en las paredes.
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Cuenca Salí-Dulce: acuerdan trabajos futuros
Acuerdan aunar criterios de trabajo por el cuidado ambiental
Fecha de Publicación: 14/05/2015
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Martín Díaz Achával, secundado por el adjunto, Dr. Lionel Suárez (h), realizó una visita protocolar al flamante subsecretario de Medio Ambiente, Ing. Carlos Alberto Salmoiraghi, quien a su vez estuvo acompañado por el Dr. Daniel Kobilañsky, también funcionario del Ministerio del Agua.
En la oportunidad, el ombudsman calificó a la reunión de "muy positiva por cuanto, en la oportunidad, abordaron con el flamante funcionario, temas que son comunes a los organismos que referenciamos".
Por su parte, Salmoiraghi, se mostró satisfecho, y comprometido, en acompañar todas las políticas activas del Estado que hagan a la preservación del medio ambiente, a una producción industrial sustentable, y al cuidado del recurso natural.
En efecto, según indicó, se abordó la problemática de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, los trabajos de monitoreo en la cuenca y de los afluentes tributarios, que se realizan conjuntamente con el Ministerio del Agua, como también las visitas de inspección periódicas a las industrias, el trabajo que desarrolla el Comité de Cuenca Salí - Dulce, puntualizando el cronograma de acciones consensuado y en desarrollo.
El flamante subsecretario indicó que se abordaron aspectos inherentes a la aplicación de los protocolos de impacto ambiental de las industrias radicadas en la provincia de Santiago del Estero.
Por último, se abordó la tarea de educación ambiental, que impulsa el Ministerio del Agua, a través del programa "Santiago es ambiente", a cargo del doctor Daniel Kobilañsky.
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Fecha de Publicación: 14/05/2015
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Martín Díaz Achával, secundado por el adjunto, Dr. Lionel Suárez (h), realizó una visita protocolar al flamante subsecretario de Medio Ambiente, Ing. Carlos Alberto Salmoiraghi, quien a su vez estuvo acompañado por el Dr. Daniel Kobilañsky, también funcionario del Ministerio del Agua.
En la oportunidad, el ombudsman calificó a la reunión de "muy positiva por cuanto, en la oportunidad, abordaron con el flamante funcionario, temas que son comunes a los organismos que referenciamos".
Por su parte, Salmoiraghi, se mostró satisfecho, y comprometido, en acompañar todas las políticas activas del Estado que hagan a la preservación del medio ambiente, a una producción industrial sustentable, y al cuidado del recurso natural.
En efecto, según indicó, se abordó la problemática de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, los trabajos de monitoreo en la cuenca y de los afluentes tributarios, que se realizan conjuntamente con el Ministerio del Agua, como también las visitas de inspección periódicas a las industrias, el trabajo que desarrolla el Comité de Cuenca Salí - Dulce, puntualizando el cronograma de acciones consensuado y en desarrollo.
El flamante subsecretario indicó que se abordaron aspectos inherentes a la aplicación de los protocolos de impacto ambiental de las industrias radicadas en la provincia de Santiago del Estero.
Por último, se abordó la tarea de educación ambiental, que impulsa el Ministerio del Agua, a través del programa "Santiago es ambiente", a cargo del doctor Daniel Kobilañsky.
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