Un basural con olor nauseabundo: la contaminación del arroyo Ludueña sigue sin solución en Rosario

Fecha de Publicación: 17/06/2023
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santa Fe


Trabajadores náuticos mostraron imágenes del estado del arroyo y denunciaron la inacción del municipio y la provincia.
Hace un mes, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Concejo Municipal y la Procuración General de la Corte de Santa Fe firmaron un convenio para investigar los orígenes de la contaminación en el arroyo Ludueña y analizar su saneamiento. Este miércoles, imágenes tomadas al curso del arroyo de zona norte de Rosario evidenciaron el estado del lugar, que acumula basura y altos niveles de toxicidad.
En el video que circuló rápidamente en las redes sociales, quedó expuesta la situación del afluente de zona norte, que trabajadores náuticos ven en repitencia cuando el río baja: plásticos, basura, efluentes cloacas y animales muertos, que hacen del cruce del arroyo una travesía lamentable.
Además, un estudio realizado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, a pedido del bloque Ciudad Futura en el Concejo, reveló que había lugares del arroyo Ludueña cuatro veces más contaminados que otros y expuso la presencia de desechos cloacales e industriales en la cuenca del Ludueña.
Pese a lo impactante de la situación, los trabajadores de la zona explicaron que varias veces tanto ellos como algunas organizaciones ambientales encabezaron la limpieza del arroyo, pero encontraron resistencia de los vecinos del lugar: “Lo que podemos lo sacamos, pero si lo tiramos en un contenedor los vecinos nos denuncian” afirmó un pescador.

¿Cuándo se inició la investigación por la contaminación del arroyo Ludueña?
En 2020, la aparición de una “mancha negra” en el curso del arroyo desembocó en una investigación a cargo de la fiscal extrapenal María Laura Martínez, quien aún tiene en sus manos la tarea de analizar la responsabilidad de los actores en la contaminación del lugar. En ese momento, se encontraron bacterias “coliformes” que sirven como indicadores de contaminación del agua y se puso el foco en el Shopping Fisherton Mall Plaza.
En este contexto, la edila Luz Ferradas presentó en el Concejo tres pedidos de informe entre abril y mayo de este año: uno para que sancione e informe al Fisherton Plaza y otros dos restantes para que la Intendencia inspeccione por posibles vertidos cloacales al Country Golf, ubicado en la zona de Aldea, y al Aeropuerto Internacional de Rosario.

¿Qué pasó con el “sabalito barredor”?
En el año 2019, cinco empresas donaron a la Municipalidad una embarcación que fue conocida como el “Sabalito Barredor”. El objetivo era que se encargara de la recolección de basura que bajaba por el Ludueña. Sin embargo, por obras demoradas, burocracia y la posterior bajante del Paraná, nunca se puso en funcionamiento.
En la primera y única prueba que se hizo, la embarcación retiró dos volquetes llenos de residuos del arroyo Ludueña, equivalentes a diez toneladas. Actualmente, sufrió varios hechos de vandalismo y desde el Municipio analizan si conviene ponerlo en funcionamiento, ya que dudan que pueda con el caudal de residuos sólidos que se acumulan en el lugar.
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En Rosario, un sistema de monitoreo ambiental con medidas por cambio climático

Fecha de Publicación: 30/05/2023
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Santa Fe


Se trata de una herramienta del Plan Climático local que evalúa las acciones en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ser una ciudad resiliente, justa e inclusiva.
Rosario presentó el Sistema de Monitoreo, una herramienta de comunicación, seguimiento, evaluación y transparencia de las políticas que el Ejecutivo lleva adelante en el marco de su Plan Local de Acción Climática 2030. Incluye un total de 62 medidas -priorizadas por la gobernanza climática local- agrupadas en 7 ejes: resiliencia y riesgo, biodiversidad y uso del suelo, salud, agua, energía, residuos y movilidad.
"La metodología y la propuesta del sistema de monitoreo de Rosario es innovadora, supera lo que existe en el país, es de libre acceso y cualquier ciudadano del mundo puede ingresar a la página web del sistema", le dijo Pilar Bueno a Primera Plana en Cadena 3 Rosario.
Pilar Bueno, subsecretaria de Acción Climática y Transición Ecológica Justa, afirmó: “Como muestra la ciencia climática nacional e internacional, nos encontramos en un momento de urgencia climática. Cada esfuerzo es clave para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, promover sumideros de carbono y adaptarnos a los efectos del cambio climático que ya experimentamos. Por ello, es importante generar estrategias en conjunto, para que puedan participar también los vecinos y vecinas en sus casas, así como ser parte de la mejora de los procesos productivos y, por supuesto, de la toma de decisiones al respecto”.
“Esta herramienta promueve la transparencia de la gestión en materia ambiental, ya que todos los vecinos y vecinas de la ciudad, así como los interesados e interesadas en ambiente, pueden acceder y conocer desde el sitio web del municipio, cuáles son las 62 medidas priorizadas por el Plan de Acción Climática Rosario 2030 y cómo se registra su avance. Las medidas que se incluyen en este sistema provienen de un trabajo integral y participativo entre el Gabinete Local de Acción Climática, que incluye técnicos, técnicas, secretarias y secretarios del ejecutivo municipal, y el Comité Asesor Frente al Cambio Climático, compuesto por distintos actores y actoras de la sociedad civil de Rosario, entre los que se encuentran organizaciones no gubernamentales, especialistas, universidades, colegios profesionales, cámaras empresariales y representantes del Concejo Municipal y de los tres niveles del Estado con competencia en la temática ambiental”, concluyó la funcionaria municipal.

¿Cómo se accede al sistema?
Cabe remarcar que el sistema de monitoreo permite a quienes acceden al sitio rosario.gob.ar, revisar las 62 medidas de mitigación y adaptación, divididas en 7 ejes, de los cuales tres responden al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y 4 son políticas públicas de adaptación frente al cambio climático. Esta iniciativa posiciona a Rosario entre las ciudades más comprometidas con la agenda climática local, nacional e internacional, al tiempo que impulsa la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de proyectos relacionados con el cambio climático. Rosario hace historia al implementar por primera vez un sistema que promueve la apertura de la información a vecinos, vecinas e instituciones que podrán conocer el 'nivel de progreso' y las metas asociadas de las acciones en marcha, vislumbrado en cada caso el grado de avance y éxito de los proyectos. Cabe remarcar que solo un tercio de los países del mundo cuentan con tales sistemas, y una fracción menor corresponde a ciudades.
Las medidas que componen el Sistema de Monitoreo aportan información precisa a partir de fichas con distintas referencias: una breve descripción, metas a 2025 y 2030, nivel de progreso, metodología asociada, indicadores, responsables, marco nacional e internacional, entre otras; se enmarcan en lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza 9424/15 y en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático.
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Quema en las islas: demandan al Estado nacional por "omisión ilícita" en la protección del humedal

Fecha de Publicación: 02/05/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Litoral Argentino


Es en el marco de una causa civil que investiga la responsabilidad de titulares de campos en los incendios y su impacto ambiental y en la salud
Un ciudadano rosarino titular de un campo en las islas que fue denunciado en el marco de la causa civil que busca determinar responsabilidades por los incendios en los humedales y el impacto en la salud, demandó al Estado nacional por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, y solicitó a la jueza del trámite que lo inste de forma urgente a adoptar medidas para la protección y preservación del ecosistema, según las normas y tratados internacionales que regulan la protección del Delta del Paraná.
“Hay una falta de legitimación para demandar a mi cliente porque nunca se quemó ni se incendiaron sus tierras. Pero además, pide que se convoque al gobierno nacional para que cumpla leyes que ya existen hace 20 años, lo que hubiera evitado o, cuanto menos minimizado, el desastre de los incendios”, sintetizó Milva Sánchez, abogada ambientalista del rosarino denunciado por la fiscal provincial extrapenal María Laura Martínez junto a otras 18 personas.

Responsabilidad por daño ambiental
Se trata de la causa civil que se tramita en el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 2, a cargo de Jorgelina Entrocassi (titular del trámite) y Edgardo Bonomelli (está vacante su tercer integrante). El año pasado, la fiscal presentó la denuncia contra los titulares de los campos por “responsabilidad por daño ambiental indirecto contra la población de Rosario”.
Si bien la causa no persigue culpables por un delito penal, sí busca determinar responsabilidades ante la existencia de una relación jurídica que pueda servir como primer paso para futuras denuncias de los damnificados.
La investigación llevó algunos años y se sustentó en los reportes científicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entrecruzamiento de datos georreferenciales e informes de organismos del Estado. Pero esta semana uno de los denunciados, quien esgrime no haber provocado incendios ni daños sobre el humedal, demandó al Estado Nacional y solicitó que adopte una serie de medidas urgentes.

Omisión de funciones
En la presentación pide “la incorporación del Estado en sus tres niveles como parte demandada, y del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, en virtud de los daños al humedal, y en toda la población a la cual se han propagado los efectos de los incendios.
En ese sentido, solicitó a los jueces que “ordenen medidas concretas para hacer cesar la omisión estatal. Las medidas requeridas son tanto preventivas como de recomposición. “Hace un año que estamos pidiendo que el Estado adopte medidas. Mi cliente, que nunca estuvo en el mapa de fuego, se pregunta ¿qué hago si los incendios alcanzan mi propiedad? Por eso solicitamos medidas concretas”, graficó la abogada.
En ese sentido refirió que las leyes “están escritas, solo hay que hacerlas cumplir. La división de la competencia a nivel legal para tratar los daños ambientales es clara. Argentina adhirió hace muchos años al tratado Ramsar (ley 23.919 para la conservación y uso racional de los humedales), pero nadie se ocupa y se tiran la pelota entre los niveles del Estado”.

Muchos años de omisión
Sánchez puntualizó que en la causa “falta el Estado Nacional. Se le pide a los jueces que le ordenen a la administración que empiece a hacer algo porque, de lo contrario, las leyes son letra muerta y no se cumplen. Los jueces tienen la obligación de intimar, y potestades para disponer medidas que crean convenientes para cuidar el medio ambiente”.
En la presentación se recalca que se “han constatado años de omisión inconstitucional, no sólo en reglamentar, implementar políticas, ejercer de manera adecuada el federalismo de concertación entre todas las administraciones involucradas, sino también en el ejercicio claro de las competencias que ya tienen reguladas las administraciones y órganos ejecutivos”.
Y dada “la gran omisión estatal” y que el juez de la causa “no puede soslayar la función “preventiva” de daños normada por el Código Civil y Comercial, el ciudadano reclama que el juez disponga medidas que prevengan la producción de daños, “en lugar de dejar que pase el tiempo y la cuestión se torne en meramente resarcitoria”.

Todo por hacer
Pide, entre otras medidas que se ordene al gobierno nacional denunciar frente al órgano competente del tratado Ramsar lo sucedido en el humedal “islas del Delta del Paraná”. Y se requiera como “Estado adherente y miembro del tratado asesoramiento técnico para comenzar con la prevención y recomposición del humedal dañado”.
Además, reclama que el Estado Nacional “adherir y participar del programa de protección de humedales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ayuda a los países a monitorear y proteger los humedales y demás ecosistemas de desarrollo sostenible 2030.
También que se ordene al Cofema ejercer la competencia que ha sido delegada por las provincias, y disponga la urgente realización de un estudio del impacto ambiental que generaron las quemas; se dicte sin demoras las regulaciones que las administraciones locales y nacionales deberán cumplir en miras a la alineación de la política ambiental en materia de los daños de efectos y fuentes interjurisdiccionales que se están produciendo en el Delta del Paraná.
En relación a la postergada ley de humedales, reclama que se ordene al Congreso de la Nación “no aprobar leyes que contravengan el ámbito de protección del humedal en los términos del tratado Ramsar. Y que en tal sentido, al reglamentar el destino del humedal y sus usos, se deberá requerir asesoramiento previo al órgano consultor del tratado, para aplicar el “mayor nivel de protección”.
Demandó al Tribunal que solicite a las administraciones de Entre Ríos, Santa Fe y los municipios afectados “la regulación inmediata en sus legislaciones del Seguro Ambiental, y el inicio de los sumarios administrativos tendientes a la aplicación de las sanciones administrativas por el daño ambiental generado en el humedal y en el aire, de acuerdo a lo normado en la ley ambiental 25.675, leyes provinciales y ordenanzas.
Finalmente en el escrito se reclama que las medidas sean ordenadas “de manera urgente, incluso antes de la resolución de la cuestión de competencia (hay recursos para girar la causa a la Justicia Federal), dado que “la demora en el ejercicio de las competencias no resiste más postergaciones, ante el riesgo de seguir incrementándose el daño”.
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Detectaron 18 agroquímicos en aguas de escuelas rurales de Piñero y Villa Amelia

Fecha de Publicación: 01/05/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El estudio incluye muestras obtenidas en las escuelas Nº 1135 "Estanislao López" de La Carolina, Nº 126 "Miguel de Azcuénaga" del paraje El Carmelo y del barrio Los Pinos de Álvarez
Un estudio realizado sobre muestras de agua extraídas de tres localidades del departamento Rosario se dio a conocer a la sociedad durante un encuentro realizado en el Centro de Salud Los Pinos, en el kilómetro 10,5 de la ruta provincial 18 en Villa Amelia. Los resultados correspondientes a los análisis de agua de napa que se llevaron adelante en el laboratorio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial (Inta) Balcarce, determinaron la existencia de 18 agroquímicos, de los 50 que se buscaron en las muestras.
La investigación, impulsada por la agrupación de vecinos autoconvocados “Asamblea la 18”, se centró en analizar el agua de la Escuela N° 1135 “Estanislao López” de Estación La Carolina, en Piñero; de la Escuela 126 “Miguel de Azcuénaga” del Paraje El Caramelo en Villa Amelia, otra muestra de este mismo sitio geográfico y la restante de barrio Los Pinos, en Álvarez. En estas muestras se analizaron 50 moléculas de plaguicidas de uso actual y algunos de sus metabolitos, de las cuales se encontraron 18, algunas de ellas prohibidas en la actualidad.
El informe del laboratorio detalló el hallazgo de moléculas de Imidacloprid, Imazapir, Atz-OH, Imazetapir, Atz-desetil, Diclosulman, Carbofurman, Metalaxil, Atrazina, Halauxifen-M, Metolaclor, Tebuconazol, Pirimifos-M, Piperonil butóxido, Dicamba, Fipronil, 2,4DB y 2,4D.
La presentación fue realizada por representantes de la organización de vecinos acompañados por la coordinadora del Taller Ecologista Rosario, Cecilia Bianco, la abogada ambientalista de Pergamino, Sabrina Ortiz y la médica de atención primaria de la salud en territorio fumigado, Antonella Reinhartt.

Aguas contaminadas
Como conclusión de la jornada, se pudo poner de manifiesto la preocupación por tener aguas contaminadas con distintas moléculas de plaguicidas, agua que muchas familias la usan para su consumo y que el total la utilizan en sus vidas y quehaceres diarios. “Sabemos que al momento de utilizar el agua no separamos las moléculas que diariamente se van acumulando en nuestros cuerpos, por tal motivo se consumen litros y litros de agua contaminada con agrotóxicos”, explicaron y destacaron que “una vez más queda expuesta la necesidad de llevar a cabo políticas que pongan en primer plano la salud de las personas y del ambiente”.
Desde hace cinco años esta asamblea, no solo realizó denuncias sobre fumigaciones por fuera de la ley, también vienen presentando distintas propuestas para que las comunas modifiquen las ordenanzas que regulan las aspersiones de químicos agrarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las distintas comunidades.
“También seguimos exigiendo, junto a otras organizaciones ambientalistas y sociales, la actualización de la ley 11273, modificación que permita alejar la línea agronómica generando otras formas de producción que estén lejos de utilizar venenos”, señalaron y añadieron que “distintos trabajos científicos revelan que estamos enfermando y muriendo y estos análisis son una prueba más de lo que venimos remarcando”.

Brillaron por su ausencia
El integrante de la Asamblea la 18, Gustavo Ludueña, manifestó a La Capital que “el grupo de vecinos lamenta profundamente la ausencia de la mayoría de las autoridades comunales involucradas. El único presente fue el presidente comunal y parte de la comisión comunal de Villa Amelia, quienes aseguraron que tomarán el compromiso de abordar la problemática”.
“También lamentamos profundamente la ausencia total de la Legislatura provincial, en donde cada bloque la de Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, como así también el Senado provincial, fueron invitados para ser parte de esta realidad”, reforzó Ludueña y adelantó que “seguiremos insistiendo para que haya una ley que cuide la salud de los territorios, para que las comunas mejoren las ordenanzas vigentes y para que la población tome conciencia de la situación”.

En todas partes
“Están en el aire, en el suelo, en los alimentos y también en el agua. Cómo no van a llegar a nuestros cuerpos”, sostuvo Ludueña y consideró que “esta situación no se soluciona con un bidón de agua mineral, con una nueva perforación o con traer agua de otras comunidades. Es necesario aplicar políticas públicas que permitan alejar los venenos de las comunidades para la protección de toda la población”.
Lo anecdótico es que tanto la iniciativa como el costo de traslado de las muestras surgió tras la decisión y el esfuerzo de los vecinos y ese proceso llevó a conocer una realidad que apuntala el resultado de otros estudios académicos que demostraron que los contaminantes agrarios están presentes en el suelo, el aire y en el agua. “Por eso es importante que de una buena vez por todas se entienda que la situación es delicada, tenemos que pensar en correr la línea agronómica y en otro modelo de producción, al menos para los periurbanos", dijo Ludueña.

Al límite de la vida
Ludueña precisó que otro dato que están trabajando y que sorprende a los vecinos es la cantidad de personas con enfermedades crónicas. “Es muy doloroso porque cuando observamos las poblaciones de la zona notamos que en ellas hay muchos casos de cáncer, incluso numerosas personas al límite de la vida. Y eso hace pensar en que es muy triste que en materia de salud no haya informes ni estadísticas de lo que está ocurriendo. El estado es el gran ausente en esta problemática”.
“Ahora vamos a llevarle un informe a las comunas involucradas y también a la Legislatura y luego veremos cómo actúan. Pero creemos que es urgente que tomen el tema ya que acá nos alarman los índices de las poblaciones que estudiamos, pero seguramente es un problema que se replica en las 365 poblaciones de la provincia”, reforzó Ludueña.

Doblemente doloroso
El vecino dijo que este modo de producción tiene impactos altamente negativos en numerosos aspectos. “Pero también hay un alto costo social. Las personas que comenzamos a exponer y denunciar estos temas a los cuatro vientos seguramente tomamos la bandera a partir de una cuestión de salud muy dolorosa propia, de un familiar, amigo o vecino. Pero además del flagelo debe afrontar que el modelo se sostenga desde las políticas públicas”, concluyó.
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Tráfico, deforestación y sequía: cuáles son las nuevas especies de aves que llegaron a Rosario

Fecha de Publicación: 25/04/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Algunas son de reciente colonización y otras se avistan cada vez con más frecuencia. Hay diversos ejemplares de rapaces
Detenerse un instante y contemplar los espacios verdes de Rosario puede venir acompañado de sonidos que rompen la monotonía de los autos y colectivos. La ciudad incorporó nuevas especies de aves que, por diversos motivos, llegan a la ciudad: entre los principales, se encuentra la deforestación, la degradación de los ambientes por la sequía, y los escapes y liberaciones derivados del tráfico de ejemplares. Sin embargo, también hay pájaros desaparecidos por el uso de agroquímicos y por la pérdida de hábitat. Especialistas aseguran que crece la cantidad de personas que se dedican a observar y notificar el avistamiento de las especies en Rosario, aunque por el momento no es posible cuantificarlas.
El fotógrafo y observador de aves Horacio Luna hace 25 años que recorre la provincia registrando especies de todo tipo. Contó que es “todo de hobby” y que eso lo hizo conocer bastante sobre los ejemplares. “A medida que se transforman los ambientes, los incendios hacen que las aves se vayan a la ciudad. No obstante, la abundancia de palomas y cotorras también hizo que muchas (aves) rapaces vivan en la ciudad”, explicó a La Capital.
 El observador mencionó entre las especies nuevas de aves y de “reciente colonización en la ciudad” a la torcaza ala blanca (exótica; originaria de Chile, Perú y Ecuador; proveniente de escapes o liberaciones), el carpintero blanco (especie del norte y centro provincial, en expansión territorial favorecida por la deforestación), la cotorra catita chirirí (originaria del norte argentino) y los estorninos pinto y crestado (ambas especies introducidas, con origen en Eurasia y Asia respectivamente, son de valor comercial y pueden provenir de escapes y liberaciones). Luna recordó que al estornino comenzó a registrarlo en la costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires en la década de 1990.
 Entre las rapaces sobre las que hay avistamientos cada vez más frecuentes citó al gavilán mixto, el taguató, el carancho, el chimango y el halconcito colorado. Sobre ellas, Luna detalló: “Ninguna de las especies de rapaces de la ciudad ha sido introducida. Las grandes ciudades suelen mantener en su interior o en su periferia espacios remanentes de naturaleza nativa o exótica”. Y sumó que los motivos son “el aumento poblacional de palomas y cotorras, que cubren gran parte de sus necesidades alimentarias”.
Por su parte, agregó una docena de otras aves que se ven cada vez con más frecuencia en Rosario: carpinterito barrado, carpintero bataraz chico, chororó, fiofío de pico corto, burlisto pico canela, benteveo rayado, chiví común, zorzal colorado, zorzal chalchalero, pitiayumí, cardenal copete rojo y monterita cabeza negra.
Estas especies, al igual que las rapaces, tampoco fueron introducidas. Y aclaró: “Los motivos (de sus apariciones) son los constantes incendios en las islas, que sin dudas han provocado un desplazamiento masivo de muchas especies de aves forestales, que perdieron grandes extensiones de bosque nativo”.

Desplazamiento de especies
El veterinario y ornitólogo Martín de la Peña, autor de varios libros sobre aves, explicó a este medio que en “casi todas las ciudades están apareciendo nuevas especies” y que esto se acentúa hacia el sur de la provincia. “Especies que, a lo mejor, estaban en el norte o en Chaco ahora las vemos en la zona central, y pájaros que llegaban hasta Santa Fe ahora se los ve por Rosario. Se nota que hay un desplazamiento”, detalló. Y agregó que si la observación se da más de una vez, se puede considerar que la especie es visitante permanente.
Algunas de las especies que resaltó como nuevas en el departamento Rosario son el chorlito doble collar, el picaflor cometa y el picaflor rubí.
En su libro “Características ecológicas y algunos ambientes que frecuentan las aves argentinas”, de la Peña señaló que el chorlito habita y nidifica en el suelo y que se alimenta de crustáceos, moluscos, insectos e invertebrados. En tanto, sumó: “Los teros y chorlos son aves que en general frecuentan ambientes acuáticos. Frecuentan playas marinas, turbales, orillas de lagunas, pantanos, esteros, bañados, charcos y campos”.
En tanto, los picaflores cometa y rubí se alimentan del néctar de las flores y de insectos, y frecuentan terrenos arbustivos, montes, selvas, campos, jardines y parques.
Además, para la región sur, el investigador señaló que en la zona de Melincué se volvieron más frecuentes los vuelvepiedras y dos especies de flamencos: la parina grande y la parina chica.
De la Peña es oriundo de Esperanza, donde aseguró tener muchas especies identificadas: “El cardenal copete rojo, el chororó, el zorzal colorado y cabecitas negras. Las veo con más frecuencia en la ciudad que hace 10, 15 o 20 años”.
Incluso afirmó que se pueden observar algunas águilas, como la coronada. Esta especie, dijo el especialista, está en peligro de extinción y “se hacen muchos trabajos para conservarla”. A eso, sumó: “Llegaban hasta los departamentos San Cristóbal y San Justo y ahora aparecieron en la zona del río Salado, en el departamento Las Colonias, unos 100 kilómetros al sur”.

Aves desaparecidas
Así como algunas especies llegan, otras desaparecen o su población se encuentra en disminución, sobre todo las que eran frecuentes en zonas periféricas y rurales. Los principales motivos, expuso Luna, son el uso de agroquímicos y la captura para su comercialización. Algunos ejemplos son la monjita blanca, la viudita trinadora, el pecho colorado, el varillero congo, el capuchino garganta café, el misto, la brasita de fuego y la reinamora grande, entre otros. “Otro factor fue y es la pérdida de hábitat del bosque nativo de barranca, debido al avance inmobiliario”, agregó Luna.
Por su parte, De la Peña sostuvo que la sequía afectó mucho la condición de las especies que tuvieron que desplazarse: “Se secaron lagunas y esteros, y las aves acuáticas se fueron de esas zonas. Quedaron sólo aquellas que se pueden desplazar por los ríos grandes, como el Salado o el Paraná; posiblemente, también, el Carcarañá”.
“Hay muchos pájaros que han aparecido en estos últimos años en las ciudades. Los cardenales y chororós quedan afectados por la deforestación de los campos”, explicó.

Sin cuantificación
En tanto, Luna consideró: “Cada vez más gente se dedica a esta actividad. Hay especies que no es que antes no estaban sino que no se notificaban. Santa Fe es muy grande y en el momento que arrancamos, era muy poco lo que se sabía”.
Consultado sobre si se puede contabilizar la cantidad de especies nuevas, Luna dijo que no y que esto se debe “a la falta de información y a trabajos científicos sobre el tema”. “Este número podría ir en aumento si tenemos en cuenta la gran diversidad de especies que son comercializadas y traficadas. También el aumento de la deforestación y los incendios ha provocado que el número de algunas especies esté en aumento”, aseguró.
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Anfibios bajo la lupa: los efectos de nuestros residuos farmacológicos

Fecha de Publicación: 06/04/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional -  Santa Fe


Docente de Farmacia en la Universidad Católica de Santa Fe e investigadora del Conicet indaga, junto a un equipo de trabajo, cuáles son los efectos de medicamentos desechados en los anfibios.
El desecho de los medicamentos afecta al conjunto de la flora y la fauna de un lugar, provocando, entre otras, cambios en el agua y la tierra. El efecto producido en algunos organismos es el tema que aborda la investigación junto a su equipo de trabajo, Romina Ghirardi, profesora de la carrera de Farmacia en la Universidad Católica de Santa Fe. Se trata de una de las líneas de investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud (IICiSa, UCSF) y el Instituto Nacional de Limnología (INALI - CONICET, UNL).
Aunque las farmacias y efectores de salud cuentan con procedimientos para el descarte correcto de medicamentos vencidos, en los domicilios particulares esto se torna más difícil. Ghirardi invita a reflexionar sobre este ciclo. Normalmente los medicamentos son desechados en la bacha de la cocina, del baño, o en el inodoro. Todo acaba en las cloacas y los desechos cloacales terminan en el río, con mayor o menor tratamiento. A su vez, algunos medicamentos son tirados a la basura domiciliaria que va al relleno sanitario, y de esto, una proporción siempre termina de una u otra manera en la tierra y el agua.
La Licenciada en Biodiversidad y Doctora en Ciencias Naturales explica que el mal uso y desecho de los medicamentos, y la forma de manejarse con esto, está generando impactos negativos en el ambiente, no solo en los animales sino también en el agua, directamente vinculada a los animales y al ser humano. "Estamos dañando bastante el ambiente", aseguró.

Todo llega al agua, y el agua vuelve a nosotros
El equipo de trabajo que integra la profesora de cátedras como Metodología de la Investigación y Salud y Medio Ambiente en la UCSF estudia la respuesta de los anfibios -tomados como organismos modelo- a la presencia de distintos fármacos de uso humano, como el clonazepam, y de uso principalmente veterinario, como la ivermectina.
"Me interesan los organismos modelo como los anfibios porque están tanto en el agua cuando son renacuajos, como en la tierra cuando son juveniles y adultos, y cualquier perturbación a los dos ambientes los puede afectar. Por ese motivo son un buen indicador de la salud ambiental", explicó la investigadora.
Con su equipo de trabajo, hasta ahora no observaron alteraciones en el comportamiento de nado de renacuajos ante distintas concentraciones del psicofármaco clonazepam, pero se siguen evaluando otros efectos subletales como malformaciones. "Evaluamos también otro producto farmacéutico, la ivermectina, que tiene un alto uso en productos veterinarios como antiparasitario de ganado y también fue consumido en altas cantidades por el ser humano durante la pandemia por Covid-19. En este caso, detectamos que los renacuajos cambian de hábitat, eligiendo sustratos donde no haya ivermectina", añadió.

Una salud
Hay un concepto de la Organización Mundial de la Salud que ya hace por lo menos 10 años que se está trabajando. Es el concepto de "Una Salud" o "One Health", en el que se afirma que la salud del ser humano no puede considerarse aislada de la salud de los animales y del ambiente, y que se debe estudiar de manera interdisciplinaria vinculando médicos, agrónomos, veterinarios, ingenieros ambientales, sociólogos, etc.
Esto se puso en evidencia durante la pandemia, y se está estudiando cada vez con mayor profundidad. "Tiene que ser algo integrado, porque básicamente vivimos en el ecosistema, somos parte de él. Nos alimentamos y bebemos de él. Se está pensando en esto, en una integridad de estudio de la salud humana, animal y ambiental", explicó Ghirardi.
Aunque la OMS señala este camino, distamos mucho de considerar la salud de un modo integrado e interdisciplinario, y así lo manifiestan muchos libros de educación primaria. La Licenciada en Biodiversidad manifiesta que al enseñar el ecosistema, algunos viejos manuales "lo muestran como los animalitos, el arbolito y las piedras; y aparte colocan la ciudad con el ser humano. Era raro que pongan un ser humano en un ecosistema, y esa es una idea que hay que cambiar".

Qué hacer para sanar esta cadena
La investigadora y docente asegura que si bien hay ciertas cosas para las que se necesitan recursos económicos importantes, o legislación y políticas públicas que van más allá de lo que uno personalmente puede hacer, hay otras cosas que son muy sencillas, que están al alcance de la mano, y que solo requieren un cambio en los hábitos.
"Se trata por ejemplo, de cuidar el agua mediante consumo responsable, de no tirar basura en espacios públicos, de cuidar y/o no dañar los espacios verdes urbanos, de enseñar a los niños a valorar la naturaleza. En cuanto a los fármacos, desecharlos de manera correcta y si no sabemos hacerlo, informarnos sobre cómo es la mejor manera de descarte de esos medicamentos, que afecte lo menor posible al ambiente", detalló Ghirardi.
De lo que se trata, a fin de cuentas, es de cuidar la naturaleza "porque somos parte de ella", concluyó.
"Me interesan los organismos modelo como los anfibios porque están tanto en el agua cuando son renacuajos, como en la tierra cuando son juveniles y adultos, y cualquier perturbación a los dos ambientes los puede afectar. Por ese motivo son un buen indicador de la salud ambiental".
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Por el alto grado de contaminación del río Salado la Defensoría del Pueblo pide explicaciones

Fecha de Publicación: 30/03/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El ombudsman Jorge Henn solicitó formalmente a los ministerios de Ambiente y Salud provincial “acciones concretas”. Fue tras el pedido de más de 150 vecinos. Dos estudios científicos verificaron niveles notorios de contaminación por un “cóctel” de desechos vertidos al río.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe reclamó a la Provincia que presente estudios de la calidad del agua del río Salado y explique qué acciones concretas tiene previsto para subsanar la contaminación existente.
El pedido fue realizado hace menos de un mes atrás, a través de oficios enviados por los defensores Jorge Henn (centro norte provincial) y Gabriel Savino (sur), dirigidos a las ministras de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y de Salud, Sonia Martorano. En los mismos se requieren estudios de la calidad del agua y que se expliquen qué acciones se piensan realizar para “afrontar y subsanar la contaminación” del Salado, indican.
Este pedido formal fue decidido por la Defensoría del Pueblo tras recibir el reclamo de más de 150 vecinos de distintas localidades costeras del río Salado, que se mostraron inquietos por lo que, entienden, podrían ser niveles notorios de contaminación en ese curso de agua que atraviesa media provincia de norte a sur.
Es que en su extenso recorrido, el río Salado recibe aguas residuales de actividades agrícolas, industriales y domésticas que impactan en la biodiversidad. “Esto hizo que nosotros tomáramos intervención en el tema”, dijo Henn, en diálogo con El Litoral. “Por eso oficiamos a las ministra Gonnet y Martorano”, agregó. “Queremos saber qué van a hacer y además nos preocupa el consumo de peces extraídos de este río”.

Rigor científico
Los vecinos argumentaron el pedido tras haber tomado conocimiento de recientes estudios publicados por investigadores del Conicet. Uno de ellos, denominado “Calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos en la cuenca baja del rio Salado sobre larvas de anfibios”, a cargo de la doctora de Ciencias Biológicas de la Universidad de San Martín, Carolina Aronzon.
Otro de los trabajos citados en la presentación fue publicado por la revista Science of the Total Environment. El mismo estuvo a cargo del investigador, Rafael Lajmanovich, del Conicet-UNL, bajo el nombre “Cócteles de residuos de plaguicidas en peces sábalos”.
“No podemos ningunear estudios de rigor científico que hablan de contaminación, que es algo que no podemos permitir que ocurra”, dijo el defensor del Pueblo.

A respuesta
En tanto la instrucción está en curso a la espera de las respuestas ministeriales y aprovechando la conmemoración del Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo la Defensoría convocó a sus oficinas a Lajmanovich, quien accedió a explicitar ante Henn los alcances y detalles de su estudio con el que detectó al momento de su concreción la presencia de glifosato y otras sustancias contaminantes y dañinas a la salud humana en sábalos extraídos del río Salado.
Cabe recordar que El Litoral publicó los resultados de las investigaciones antes mencionadas. En la misma se hizo referencia a que el río Salado tiene un alto grado de polución por presencia de agrotóxicos. También se dijo que los niveles son tan altos que baten récord mundial, como lo pudo determinar el equipo de científicos conducido por Lajmanovich. Su estudio comprobó además la presencia de contaminantes en sábalos, uno de los peces más comunes por estas orillas.

Sábalos contaminados
Los sábalos que habitan en la región del tramo inferior del río Salado, en la ciudad de Santa Fe, registraron las concentraciones más altas a nivel mundial de nueve biocidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) de uso masivo en cultivos transgénicos, principalmente de soja, maíz y algodón, según el estudio.
Los científicos demostraron que las poblaciones de sábalos, en una cuenca fluvial rodeada de cultivos genéticamente modificados, incorporaron "múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos". Lo verificaron a través de la evaluación de presencia de plaguicidas en muestras de sedimentos y tejidos de los sábalos durante un período estival en diferentes sitios del curso bajo de la cuenca del río Salado.

Movilización ciudadana
La verificación con rigor científico de la contaminación del Salado causó un alto impacto en la opinión pública. Esto motivó la declaración unánime de “preocupación” de la Cámara de Diputados de la provincia, a mediados de febrero.
También motivó a mediados de marzo la realización de una charla pública y abierta en el club Azopardo, junto al río. “Peces que no has de comer, ¿agua que has de beber?” fue el nombre de dicha convocatoria, que fue masiva, en la que los investigadores contestaron todas las inquietudes del auditorio.
-¿Qué precauciones debe tener la gente ante el alto grado de contaminación del Salado? -consultó en aquella oportunidad El Litoral a Lajmanovich-.
-A eso lo deberían determinar las autoridades. Si tomarían este y otros trabajos anteriores como referencia, les sería útil para tomar algún tipo de medidas -respondió el especialista. Y eso es lo que requirió ahora de manera formal la Defensoría del Pueblo.
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Santa Fe no sabe/no contesta los pedidos

Fecha de Publicación: 21/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Qué industrias cuentan con certificado ambiental en el Gran Rosario, por ejemplo, es una pregunta sin respuesta oficial, cuando es fundamental para ejercer el derecho a reclamar.
En relación con la democracia ambiental, que se ejerce a través del acceso a la información pública ambiental, el trabajo elaborado por el Taller Ecologista es concluyente: "Hay evidencias de que no se cumple en los hechos en Santa Fe". Por lo cual "es necesario revertir con urgencia esta situación", y a partir de ese cumplimento "también se logrará la participación ciudadana y el acceso a la justicia". Según la organización ambientalista rosarina, la información desarrollada "deja en evidencia las diferentes trabas y escollos que surgen cuando se ejercen acciones ciudadanas que buscan proteger el ambiente para disfrutarlo y, mantenerlo libre de contaminantes". Además, destaca que el acceso libre a la información ambiental vigente "evitaría consecuencias irreversibles y favorecería al cumplimiento de las normas". "Pedir información pública ambiental para saber cuáles son las emisiones de gases, si las industrias están habilitadas, si cuentan con certificado ambiental; si cumplen las normas ambientales son cuestiones fundamentales para ejercer el derecho a reclamar", dijo a Rosario/12 Florencia Sívori, asesora jurídica del Taller Ecologista, y autora del informe.
La apatía de los gobiernos, por decirlo en términos suaves, para impulsar decisiones políticas que apunten a defender el ambiente llega a extremos insondables, como la imposibilidad de acceder a la información pública ambiental. En el informe elaborado por el Taller Ecologista, presentado el pasado 13 de marzo, se describe el marco normativo nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que garantiza este derecho democrático. Se analizaron los distintos modos de solicitar esta información y los conflictos existentes a la hora de ejercer estos derechos. Pero también se plantean recomendaciones para concretarla, como la digitalización de la información y las sanciones.
En la introducción del trabajo afirman que cuando se habla sobre democracia ambiental, se hace referencia a tres ejes: la información pública ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. "Al analizar cada uno de estos, es imposible no vincularlo con los otros dos, pero el eje de la información pública ambiental es el más importante de los tres, ya que si no se garantiza este derecho, es imposible ejercer los restantes", argumentaron.
"El Estado en todos sus niveles debe implementar las herramientas para lograr el efectivo cumplimiento de estos derechos, agilizar procesos, y generar sistemas de información, participación y educación ambiental", señala el informe, y advierte que Santa Fe "tiene un largo camino por recorrer para lograr un cambio de paradigma en los órganos estatales, que rehúsan entregar la información ambiental, como así también para promover y fomentar la participación ciudadana en todos los ámbitos posibles".
Desde el Taller Ecologista plantean que al pasar al plano del ejercicio efectivo del derecho a la información pública ambiental y analizar la normativa, se podría inferir que el trámite es más que sencillo: el solicitante ingresa un pedido de información con sus datos y el detalle de la información que requiere, y en un plazo máximo de 30 días hábiles debería tener una respuesta. En caso de que la solicitud sea rechazada, se debe indicar el motivo; caso contrario, el solicitante debería recibir la información pública ambiental solicitada. "Lamentablemente esto no ocurre", subrayaron.
"Cuando pedimos los primeros informes, hace ya varios años, la gente que nos atendía no solamente no nos querían dar la información si no que desconocían esto. Más adelante, cuando desde el Taller Ecologista comenzamos a ver que faltaba información para las consultas que nos hacían los vecinos, tanto desde la provincia como desde el municipio nos decían que esa era información que tiene el Estado. De ahí salió la idea de realizar informes relacionados con temas que trabajábamos para ver cuál era la devolución del otro lado", recordó Sívori, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR.
"Allí nos dimos cuenta de que la provincia, puntualmente, fue la que más nos complicó, no te dan la devolución ni información, y llegado al caso cuando te la dan, es muy escueta, siempre amparados en que ellos no tienen que generar información, algo que no es así según lo dice la ley nacional de Presupuestos Mínimos", agregó la abogada de la organización ambientalista rosarina.
En efecto, el trabajo precisa que de los 31 pedidos de información solicitados y respondidos entre 2018 y diciembre 2022, no fueron respondidos 18, mientras que cuatro fueron judicializados y otros cuatro respondidos fuera de plazo. Solamente ocho se respondieron en plazo y quedan cinco para responder.
"En su momento hemos pedido información sobre el tema de la Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor); de audiencias públicas, que recibimos la respuesta cuando ya estaba iniciado el expediente judicial, pero se solucionó. Cuando uno lo judicializa, al menos recibe parte de la respuesta, con lo cual consideramos que la pueden generar. Uno no quiere hacer una industria del juicio, lo que se busca es contar cuanto antes con la información, porque para la organización tiene un costo iniciar un juicio, son muchas horas de trabajo", dijo Sívori.
"Otro de los temas en los que se pidió información están referidos a los efluentes al río Paraná, un tema muy importante sobretodo por la bajante de los últimos tiempos, y nos respondieron con evasivas, que no tienen realizados relevamientos. Por eso nos preguntamos cómo hacen para realizar las inspecciones. También hicimos pedidos sobre los envases vacíos de productos de fitosanitarios, y están pendientes todos los que están relacionados con la cuenca del arroyo Ludueña y los barrios en la zona de Funes. Esos informes que tienen mucha importancia porque ahí está la presa retardadora y no han respondido nada", añadió.
"Sin contar con la información, qué derechos se van a poder ejercer después, no saber si la empresa, los colectivos, el vecino, el propio Estado, controla o no, cumple o no. Así no se puede acceder a una justicia ni pedir o reclamar como ciudadanos. Lamentablemente nos encontramos con un Estado provincial, no sólo el de esta gestión si no también la anterior, en el que el silencio es reinante. Y muchas veces la información que no dan es como si fuese un titular y falta la explicación", sostuvo Sívori.
La asesora jurídica del Taller Ecologista subrayó que la mayoría de la información pública solicitada es al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial que conduce Erika Gonnet. "No queremos decir con todo esto que en otros ministerios no se cumpla, y tal vez con información que es menos sensible de la que nosotros pedimos. Cuando le pedís a la provincia que te informe, por ejemplo, sobre mediciones de dióxido de carbono, y te tiran números terribles, nos preguntamos qué están haciendo, y después siempre se justifican al decirnos que están cortos de personal", lamentó.
De todos modos, Sívori destacó que "el sistema de Nación, a través de trámites a distancia, realmente funciona, es serio en cuanto a la instrumentación y brinda una información, como en el caso del pedido que hicimos sobre el tema de la Hidrovía que es bastante importante para la zona. Si bien cuando uno se pone a desentrañar hay algún punto que no está, pero te dan la información, acompañada incluso de documentación".
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Reverdece la Justicia: fallo en Rafaela antepuso salud y ambiente por sobre una avanzada “productiva”

Fecha de Publicación: 14/03/2023
Fuente: Portal elciudadanoweb.com
Provincia/Región: Santa Fe


“No hay garantía que los productos orgánicos y biológicos sean inocuos, seguros para la salud y medio ambiente. Si la intención es hacer algo de agroecología como dicen los considerandos, debe extenderse y no reducirse la zona de resguardo. Para votar esto así no lo hagan, revísenlo con tiempo, pues, así como está es inaplicable, inviable y regresivo”, les advirtió en noviembre de 2021 el ingeniero químico Horacio Beldoménico a integrantes del Concejo Municipal de Rafaela. Apenas un mes después, las cosas tomaban dos carriles diametralmente opuestos: en uno, el docente y director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos, que funciona en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) publicaba un crítico y alarmante informe titulado “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina”, con una revisión de la bibliografía existente y una serie de propuestas para remediar la situación. Mientras tanto, en el otro, el cuerpo legislativo aprobaba la reducción de 200 metros a 50 metros de la franja que rodea a la zona urbana de la ciudad, libre de cualquier tipo de aspersión de fertilizantes, funguicidas, plaguicidas y más. Y aunque la nueva ordenanza establece parámetros de producción agroecológica, organizaciones ambientalistas y particulares rafaelinos no se dejaron convencer y acudieron a la Justicia. Este jueves 9, a poco más de un año de iniciarse una acción de protección de intereses difusos –a partir de la ley 10.000– el juez en lo Civil y Comercial Matías Colón dispuso la nulidad del artículo que permitía fumigar a corta distancia de la zona urbana, y reimplantó el límite de 200 metros que establecía la ordenanza anterior, que estuvo vigente por más de dos décadas.
Aunque el flamante fallo judicial puede ser apelado, lo cierto es que las organizaciones locales y las personas que en forma particular iniciaron la acción colectiva celebraron, como también lo hicieron colectivos ambientalistas de toda la provincia.
Hecha la ley…
El fallo de la Justicia de Rafaela vuelve a poner sobre la mesa una tensión que recorre todo el territorio santafesino y los de otras jurisdicciones: un cúmulo de intereses que tienen como eje el derecho constitucional a la salud y a un medioambiente sano, y otra conjunción que reúne a los intereses económicos de las explotaciones agropecuarias, de los emprendimientos inmobiliarios, o de servicios de entretenimiento y turismo, que además suelen presionar a sus trabajadores para alinearlos con ellos. En ese marco, la nueva batalla, que se comenzó a dirimir ahora, es otro mojón en un camino esquivo, el de alcanzar un equilibrio entre los dos entramados.
Los recurrentes desmontes para ampliar la frontera agroganadera, las quemas intencionales en el Alto Delta del río Paraná, y también las fiestas masivas dentro o próximas a áreas protegidas en als islas son pruebas cotidianas de que continúa primando el conflicto por sobre los acuerdos multisectoriales de aprovechamiento sostenible, como lo es el plan Piecas-DP en el Humedal.
La misma disputa se replica en la “Perla del Oeste”, una ciudad de más de 100 mil habitantes, cuyo nombre remite a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa de un comerciante amigo de su fundador, el empresario suizo-alemán Guillermo Lehmann. Pero allí la puja central ya no es por la tenencia de la tierra –hace largo tiempo se completó el despojo a sus legítimos propietarios, las comunidades nativas– sino por su uso. En ese marco el ingeniero Beldoménico expuso como invitado por el Concejo rafaelino durante el tratamiento en comisiones de diferentes iniciativas para reimpulsar el llamado “cinturón verde” de Rafaela, con la concepción de una producción agroecológica y de cercanía.
Así lo establecía un proyecto firmado por la concejala perottista Brenda Vimo, médica de profesión. Pero sorpresivamente se fue imponiendo otra iniciativa, la presentada por Leonardo “Leo” Viotti, un joven edil del bloque Cambiemos-UCR. Esta es la que después se convertiría en la ordenanza 5.331, hoy vigente, y cuyos artículos 3º (en forma parcial) y 4º (íntegramente) acaba de voltear el juez Colón.
La razón de ser de una nueva ordenanza se expone con total transparencia en uno de sus considerandos: “Actualmente los campos linderos al ejido urbano que se encuentran afectados por el actual límite agronómico en Rafaela, totalizan 797 hectáreas, muchas de las cuales se encuentran sin producir, por lo que es necesario generar nuevas herramientas y alternativas que permitan que los mismos vuelvan a ser viables de producción”, dice. Y completa en otro que esas hectáreas improductivas “se terminan convirtiendo en sitios casi abandonados, sin mantenimiento, inseguros y propicios para fomentar la delincuencia”. Así descripta la situación, la conclusión es obvia: la franja establecida para que la población esté lejos de aspersiones de agroquímicos es un peligro en sí misma.
La extensa ordenanza, que tiene 50 artículos agrupados en 16 títulos, es transparente en su enunciado: “Que es deber de este gobierno municipal velar por la salud de sus habitantes, como así también proteger la producción agropecuaria, como fuente de trabajo”, puntualiza otro considerando.
Como alternativa, la norma describe y resalta la eficacia de las cortinas forestales como freno a la deriva de agrotóxicos –incluso el edil Viotti las realza como remedio a una “sobrepoblación de aves en el sector céntrico” de la ciudad, planteando que los árboles que propone implicarían una “reubicación”– aunque la norma misma describe que allí no se van a utilizar tales cosas sino “productos de origen biológico para la protección de los cultivos”. Aunque las organizaciones ambientalistas locales celebran cualquier barrera forestal, lo cierto es que la que propone la normativa es como defensa de una deriva que hoy no se genera, ya que no se puede volcar ningún tipo de producto en esa franja.
Con esos preceptos, la ordenanza 5.331 redujo a la cuarta parte la franja de seguridad de 200 metros alrededor de la zona urbana de Rafaela, para reconvertir los siguientes 150 metros en un Cinturón Agroecológico, donde se permitía “la aplicación de productos fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del municipio”. Dicha también se podía ampliar, a partir de 2025 y por disposición del Ejecutivo municipal, a 250 metros. Pero, como reconoce que no hay todavía especificaciones a nivel nacional sobre qué producto fitosanitario propuesto como agroecológico es realmente inocuo, establece que serán “los ingenieros agrónomos de la Municipalidad” los encargados de certificar cuál producto se puede usar y cuál no.

Pasaron cosas
Las organizaciones ambientalistas locales vieron de inmediato que la pata endeble de la permisividad es el control, y que además hay sobradas experiencias de producciones agroecológicas que distan de ser tales, y que incluso municipios y productores privados llegaron a sembrar soja con fumigación hasta en las banquinas de las rutas, resistiendo incluso con armas la prohibición de hacerlo, dispuesta en 2011 por el gobierno de Antonio Bonfatti.
La experiencia propia de los vecinos, en particular de las familias que habitan en áreas periurbanas, cuyos padecimientos las llevaron a formar parte de las crecientes organizaciones que confluyen en Paren de Fumigarnos a nivel provincial, generaron la inmediata judicialización de la ordenanza 5.331, aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Rafaela el 17 de diciembre de 2021, en una reglamentación con varios vetos parciales.
Así, Adapa (Acción por la Defensa Animal y la Protección Ambiental), Amigos de la Vida y un grupo de vecinas y vecinos a título personal formalizaron una presentación contra la Municipalidad de Rafaela, “con la finalidad de tutelar los intereses difusos relativos al medio ambiente y salud pública de los vecinos de esta ciudad, que argumentan lesionados por la ordenanza 5.331”.
En el escrito pidieron, en un primer punto, que el Ejecutivo local presente un “informe del Senasa y/o de toda otra autoridad consultada” en el marco del artículo 51 de la ordenanza, incluyendo “acta de deliberación de dichos informes o análisis de los mismos”. Pero el artículo 51 no existía en la ordenanza votada por el Concejo, sino que lo introdujo la reglamentación del Ejecutivo, como disposición transitoria. Y, concretamente, su acción consistió en postergar 180 días la vigencia de las nuevas franjas de 50 metros y 150 metros hasta que el Ejecutivo recabara “la información completa, detallada y actualizada de las autoridades con competencia en materia de producción ecológica, orgánica o biológica” sobre cuatro items:
- Los productos fitosanitarios de origen orgánico y/o biológicos susceptibles de ser aplicados.
- Técnicas, condiciones y procedimientos relativos a su aplicación o uso.
- Medidas de prevención sugeridas en su aplicación.
- Toda otra información relevante vinculada a la correcta aplicación, uso y manipulación de tales productos.
La demanda colectiva también pidió, en un segundo punto, que la Municipalidad “informe si el Ejecutivo y el Concejo Municipal (lo que incluye comisiones municipales integradas junto a vecinos e instituciones en medio ambiente y salud pública) cumplen con la ley nacional 27.592 de capacitación ambiental, especialmente en lo vinculado al principio precautorio”.
La norma invocada es la llamada “Ley Yolanda”, sancionada el 17 de noviembre de 2020, que tiene como objetivo “garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública”. El nombre rinde homenaje a Yolanda Ortiz, doctora en química, especializada en toxicología, quien obtuvo una beca en La Sorbona y permaneció en Francia hasta finales de la década del 60, para luego regresar a la Argentina y convertirse, en 1973, en “la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano” del país y de América latina, designada por Juan Domingo Perón durante su tercer gobierno.
Como adicional del segundo punto, la presentación judicial pedía que se anulara el artículo que establecía las nuevas franjas en base al principio de no regresividad, una de las claves de la legislación ambiental nacional, que básicamente impide que todo vaya para peor a partir de una ordenanza o una ley provincial.
En el tercer punto se pedía a la Justicia que revirtiera la mención de la ordenanza a “50 metros” y la reemplazara por “200 metros”, es decir regresar a la situación inmediatamente anterior. Y en el cuarto que “atento la trascendencia del caso en relación a la provincia y país se publique un resumen de la sentencia a costa de la demandada en un diario local, uno de Santa Fe y otro de Rosario”, y “del mismo modo se publique un resumen de la sentencia en toda modalidad oficial de comunicación que tengan el Ejecutivo y el Concejo Municipal al menos durante un mes en sus páginas web y redes sociales”, además “en un formato de ágil lectura”.

Reverdecidos
El resultado de la presentación fue un fallo de 77 fojas, en el que el juez Colón, en primer lugar, resolvió hacer lugar a la presentación, y a partir de ahí trazó una hoja de ruta clara. En ella dio por cumplimentado el informe requerido al Ejecutivo municipal sobre la Ley Yolanda –lo hizo durante el proceso–; declaró “la nulidad” del artículo de la ordenanza 5.331 que redujo la franja libre de agroquímicos, “debiendo estar, hasta el dictado de una nueva norma en el punto, a los límites fijados en la ordenanza 3.600 de 2004 –es decir, restauró los 200 metros– y exhortó a la Municipalidad de Rafaela –esto es al Ejecutivo y al Concejo– “para que a través de su órgano competente debata y sancione una nueva norma en el punto controvertido”, estableciendo que “para ello, deberá tener en cuenta la prueba científica recabada en los presentes autos, garantizar no sólo la participación pública en el mismo, sino también cumplimentar las evaluaciones e investigaciones previas respecto a lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Nacional, 8 incisos 2 y 5 de la ley General de Ambiente, y 5, 6 y 7 del Acuerdo de Escazú”.
El mencionado artículo constitucional es el que consagra para todo residente del territorio argentino a gozar “del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
También plantea que todo daño ambiental “generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”, y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
En tanto, los artículos citados de la ley 25.675 refieren a los objetivos de la política ambiental nacional: el artículo 2 ordena, entre otros puntos, “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales”, “promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria”, “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión” y “asegurar la conservación de la diversidad biológica”; y el artículo 5 dispone que los distintos niveles de Estado y gobierno, es decir provincias, municipios y comunas, “integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley”.
El Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de la ciudad costarricense en la que se rubricó, el 27 de septiembre de 2018, compromete a 24 de las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe –entre ellas la Argentina, donde tiene jerarquía constitucional, es decir, superior a las normativas interiores– a dar todas las garantías de “acceso a la información, a la participación pública y a la Justicia en asuntos ambientales”.
El último tramo de la parte resolutiva de la sentencia del juez Colón define “exhortar a la Municipalidad demandada a arbitrar los medios tendientes a la implantación de otros aspectos de la ordenanza que no se hallaren controvertidos, en especial lo relativo a las barreras forestales, debiendo presentar al Juzgado interviniente un informe acerca de la marcha de las mismas, especies plantadas, sitios de implantación, extensión y alcance, cada 18 meses”; intima al Ejecutivo rafaelino a “que arbitre las conductas pertinentes y/o se cumpla con el poder de policía en orden a las disposiciones de las ordenanzas vigentes, enfatizando los controles en las zonas periurbanas tendientes a evitar la presencia de residuos y malezas, coordinando dichas acciones con los propietarios de los inmuebles afectados, y propendiendo a efectuar todas las gestiones ante las autoridades competentes en materia de seguridad”. Es decir que si los sectores periurbanos de Rafaela responden a los descripto por la ordenanza 5.331, el gobierno local debe solucionarlo de inmediato, no a través de una nueva normativa que habilita cultivos en una franja libre de agroquímicos.
Finalmente, “exhorta a efectuar todas las labores pertinentes en materia de
limpieza y desinfección de dichas zonas en pos de evitar perjuicios al medio ambiente y la salud pública” y dispone poner “en conocimiento a la sociedad que también es tarea de todos la preservación del medio ambiente”, llamando “a la población en su conjunto a colaborar”; y ordena publicar el resumen de la sentencia en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rafaela y en sus redes sociales “por un plazo de cinco días y en un espacio que resulte fácilmente visible y accesible para quienes consulten dichas fuentes”, incluyendo también publicar el resumen del fallo “en diarios locales y portales informativos”.
“Deberá acreditar el cumplimiento de esta medida por ante este tribunal dentro de los diez días de notificada la sentencia y bajo apercibimientos de ley”, concluye.

Terremoto ambiental
La sentencia judicial despertó suma atención por su celeridad y por su profundidad. El abogado que formalizó la presentación, Enrique Marchiaro, explicó que se trata de acciones que tienen cierta urgencia y se venían analizando en detalle, por eso la pronta resolución. “Es entendible que alguien que siguió la audiencia pública no termine de comprender cómo fue tan rápido el fallo, pero en el expediente hay un debate largo”, aclaró al portal Mirador Provincial. También especificó que el análisis del caso, “fundado y con prueba muy dada”, concluyó que “hasta 200 metros, estos nuevos productos son menos nocivos que el glifosato y otros, pero tienen algún tipo de riesgo”.
Y planteó la pelea de fondo: “Tenemos, por un lado, un enfoque solamente productivo y, por el otro, un enfoque ambiental y sanitario. Encontrar el equilibrio de cómo producir sin hacer contaminación silenciosa, es difícil”.
Marchiaro puso en relieve que “la resolución es muy concreta” y “dispone que, hasta tanto se dicte una nueva ordenanza, rige la prohibición de 200 metros de la vieja norma”, en tanto que “el Concejo tiene que volver a debatir este punto de los 200 metros con los fundamentos que se han dado en la causa”.
“Ojalá que el tema tome otro carril, en el sentido de incorporar la cuestión ambiental y sanitaria de una manera que no se había hecho”, se esperanzó el abogado.
Ahora resta ver si el fallo será apelado, y también por qué o para qué, ya que la ordenanza 5.331 quedó vigente en todos sus artículos, salvo en los que generaron controversia. Es decir, no cortó el impulso a las barreras forestales ni a la producción agroecológica y sustentable; tampoco al cuerpo que creó la norma, la Comisión para el Estudio de Fitosanitarios y Producciones Alternativas, que tendrá como finalidad “estudiar la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios de origen orgánico en el mercado nacional, que permitan reemplazar los productos de origen químico”. Tal tarea quedará en manos de un concejal por cada bloque del cuerpo legislativo, tres representantes del Ejecutivo, uno por las ONG ambientales, uno por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, uno por la Sociedad Rural de Rafaela, uno por la Federación de Entidades Vecinales, uno por el Senasa, uno por el Inta, uno por el Consejo Universitario de Rafaela, uno por el Samco Rafaela, uno por el Comité de Bioética local, y uno por la asociación Productores Unidos Rafaela.
Con todo, el resumen que pidió publicar el juez Colón da cuenta de cómo se sustanció el proceso. Cita, en un texto breve, las pruebas y los informes técnicos y científicos aportados a la causa: intervinieron los investigadores Rafael Lajmanovich, Damián Verzeñassi, Ernesto Viglizzo y Edda Villamil, además del citado Beldoménico. Menciona opiniones técnicas de diversas personas que integran organismos tales como Inta y Senasa. Y concluye: “Los científicos y técnicos coincidieron en dos cuestiones. En primer lugar, ninguna sustancia es inocua. Y, en segundo término, la distancia es la única medida contra la deriva para la aplicación de productos fitosanitarios y que no debe ser menor a los 200 metros. Corresponde aclarar que deriva hace referencia al movimiento de plaguicidas fuera del objetivo”.
También expone el resumen los fundamentos de la decisión adoptada, que tomaron en cuenta los principios ambientales precautorios, de prevención y de no regresión. “Por ello y ante la ausencia de información o certeza científica, según lo dispuesto por la ley General del Ambiente, se toma la siguiente decisión: la ordenanza es regresiva porque al disminuir las distancias de aplicación de productos fitosanitarios sin la previa realización de estudios y evaluación de impacto ambiental resulta contradictoria a los principios de congruencia, prevención, precautorio y sustentabilidad del artículo 4 de la ley”.
Y en esa línea puntualiza: “Debe ponerse en conocimiento que, actualmente, no hay posibilidades de control humano sobre la deriva y que lo más eficiente para el resguardo del ambiente y la salud pública es mantener la prohibición de todo tipo de fitosanitarios a no menos de 200 metros”.
Y concluye, con el título ¿Qué se persigue con la sentencia?, que “no se trata de no usar fitosanitarios de origen biológico u orgánico ni dejar de fomentar su uso a partir de las distancias pertinentes ni dejar de usar o recurrir a las buenas prácticas agrícolas ni a la capacitación a productores, ni dejar de lado a la tecnología; sino que, por el momento, de acuerdo a los informes científicos, y en forma preventiva debe primar en los 200 metros adyacentes al perímetro urbano la antigua prohibición de realizar fumigaciones como lo establecía la ordenanza anterior”.
“El Poder Judicial no quiere volver a una agricultura pre-tecnológica ni a una labranza primaria, ni cuenta con facultades para ello; debe tenderse a que se amalgame el desarrollo sustentable con el cuidado del ambiente, y por el momento, mantener la prohibición es lo que la ciencia recomienda, sin perjuicio del carácter mutable de las decisiones en esta materia, lo que nos obligará a todos y todas a volver sobre estos temas transversales. No tengo tampoco dudas que los productores en su gran mayoría cuidan el ambiente y utilizan las buenas prácticas agrícolas, pero ello no es garantía de que no existan peligros, siendo como dije, hasta el momento, la barrera de distancia la única que se observa como palpable en cuanto a la solución”, finaliza el juez Colón.
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Siguen las diferencias en Diputados por el uso de fitosanitarios en Santa Fe

Fecha de Publicación: 24/02/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El debate en la Cámara Baja quedó inconcluso, a pesar de que hubo un respaldo unánime a un trabajo científico que mostró su presencia en peces.
La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, una declaración expresando la preocupación por los resultados obtenidos en el estudio cócteles de residuos de plaguicidas en peces del río Salado con el primer registro de altas concentraciones de herbicidas polares, el cual concluyó que "los sábalos del río Salado registran el nivel de agrotóxicos más alto del mundo". La declaración expresa el acompañamiento del cuerpo "al trabajo de aquellos científicos y científicas comprometidos con la ciencia digna, la protección del ambiente y el cuidado de la salud".
Fue Agustina Donnet (Igualdad) quien llevó el tema al recinto tomando como base el trabajo de Rafael Lajmanovich, María Repetti, Ana Cuzziol Boccioni, Melina Michlig, Luisina Demente, Andrés Attademo y Paola Peltzer, pertenecientes al Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET) y al Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Facultad de Ingeniería Química (UNL). Un trabajo de esos investigadores fue publicado por una revista científica semanal internacional revisada por pares que cubre la ciencia ambiental. La investigación demostró que las poblaciones de sábalos del río Salado -cuenca fluvial rodeada de cultivos transgénicos - incorporan múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos.
"Los resultados de nuestro estudio determinaron concentraciones máximas muy altas de herbicidas polares, principalmente glifosato y sus productos de degradación, y glufosinato de amonio (herbicida) en tejido muscular de peces, mayores que los registrados para peces de agua dulce en otros estudios a nivel mundial", aseguraron los investigadores. Acotan que hallaron nueve biocidas, principalmente herbicidas y que la totalidad de los peces que fueron analizados contenían glifosato.
Donnet señaló en los fundamentos del proyecto que Lajmanovich remarcó que los índices "son extremadamente altos y no existe en la literatura científica registros de esa magnitud, por eso en el trabajo se dice que son los valores más altos registrados en el mundo". La contaminación no solo afecta al sábalo sino también impacta en toda la fauna acuática y la salud humana, acotó.
En el recinto, fueron varios los legislados que exigieron cambiar la legislación santafesina en materia de uso de fitosanitarios. Además de Donnet, lo expusieron Leandro Busatto (PJ) o Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) mientras que Erica Hynes (PS) y Jimena Senn (UCR) dieron cuenta de lo que se viene trabajando sobre la temática. La primera en el propio recinto legislativo y la segunda con productores, entidades y clubes del dpto Las Colonias.
"No se ha vuelto a discutir una ley de agrotóxicos en este recinto" recordó Donnet. "Este estudio ratifica la situación crítica del Salado. Es indispensable crear un Observatorio de Agrotóxicos para diseñar políticas públicas, discutir un modelo productivo sostenible. No podemos seguir antagonizado entre salud y producción", mocionó. Enseguida Busatto resaltó que ni la Argentina ni Santa Fe discuten parámetros para un modelo productivo que "modifique el modelo los agronegocios. Vemos la soja casi como el oro y materia única de exportación vinculada a agroquímicos que hace que -Argentina y Santa Fe- tenga buenas exportaciones pero con consecuencias irreversibles en ambiente, flora, fauna y en el proceso productivo a medio y largo plazo". El justicialista recordó el acompañamiento allá en 2013 al entonces diputado José María Tessa para generar alternativas y discutir un modelo productivo que acompañe a la salud. "Debemos hacer un esfuerzo para discutir seriamente, para escaparle a la idea de que estamos obligados al monocultivo y agroquímicos en detrimento de alimentos saludables. Los agronegocios olvida la vida y la salud" afirmó el precandidato a gobernador.
Senn destacó que hay gente que trabaja bien, valoró la tarea que se realiza en comunas y ciudades del dpto Las Colonias, rescatando el diálogo para una mejor calidad ambiental. En tanto, Hynes -presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara- rescató la tarea que viene desarrollando durante años la investigadora Repetti y que además de la presencia de agroquímicos detectó microplásticos, fitoestrógenos y hoy "nadie puede escapar a tener microplásticos en nuestros tejidos. Este trabajo aporte una evidencia . En Argentina no hay buenos trabajos de riesgo químico y estos estudios vienen a aportar esta evidencia" resaltó para preguntarle al cuerpo "¿qué hacemos con las decisiones políticas?. Fue en ese marco que pidió a sus pares que vean el material de la comisión que trabajó el tema con el Senado.
"El informe no hace suponer que se alcancen consensos rápidamente" admitió la socialista. "Es un tema que salta a la vista que tiene dos posiciones dicotómicas y muy poco terreno para lograr consensos. Hay una posición de principio precautorio que ante la duda piden evitar la acción, y el principio de prevención que se puede aplicar el materia reduciendo el riesgo". Hynes habló del fuerte choque entre dos colectivos que dicen tener la verdad científica de su lado e instó a sus pares a buscar consenso. Recordó que la última modificación fue llevada adelante a partir de un proyecto de la también socialista Inés Bertero que no tuvo aval del Senado. "Debemos reflexionar, dialogar, profundizar la nueva evidencia que es nueva y no es la de diez años", finalizó.
La exposición la cerró Bruera afirmando que "no hay dudas que los agrotóxicos causan daño. La ciencia no es neutral. No es cierto que haya dos bibliotecas, hay una sola que dicen que los agrotóxicos causan grave daño ambiental y daños a las personas. Ante la duda, no hace falta probar el daño, la sola duda obliga a a aplicar el principio precautorio". Y sobre el final señaló que "generar debates para generar dudas es una posición político para no jugarse en defensa de la salud. Es responsabilidad nuestra discutir el modelo productivo y los agrotóxicos. No contra los productores, sino por una producción sustentable".
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Crece la preocupación por la contaminación en el arroyo Ludueña

Fecha de Publicación: 02/02/2023
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe


Los niveles de podredumbre en el ambiente y la peligrosidad de convivir con agua tóxica genera temor y el pedido de respuestas.
La contaminación en los distintos arroyos de Rosario es una constante. Botellas abolladas, bolsas de basura, plásticos, paquetes y juguetes rotos, entre tantos otros productos son los que se ven flotando en el agua, sobre todo en tiempos de bajante. Sin embargo, el caso del Arroyo Ludueña es uno emblemático. Es que, además, se le suma el “sabalito barredor” que tuvo debut y despedida en 2019.
El Ludueña viene siendo eje de discusión desde hace muchos años por la cantidad de basura y contaminación que se detecta en el agua y que padecen los vecinos. Los niveles de podredumbre en el ambiente y la peligrosidad de convivir con agua tóxica genera que incesantemente las personas estén pidiendo una solución definitiva, algo que aún no sucedió.
El dato más preocupante es el análisis del agua que realizó y publicó a principios del año pasado la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se tomaron dos muestras: una arroyo arriba y otra arroyo abajo. La primera “cuadriplica los niveles de contaminación, pero seguimos sin un valor histórico para comparar si el Ludueña está más contaminado que otros años, como creemos y sostienen los vecinos”. Por eso, se pugna por realizar tomas trimestrales.
Concretamente, en base a las dos muestras que extrajo el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR demuestra que la carga inorgánica del curso de agua hace referencia a una gran presencia de desechos cloacales e industriales.
Este informe confirmó las sospechas de los vecinos y vecinas sobre la situación ambiental del arroyo Ludueña que, a lo largo de los años, se encuentra en progresivo deterioro. Es por eso, que, nuevamente, los ambientalistas como las personas vuelven a pedir por la urgente realización de tareas de saneamiento del agua en todo su recorrido.

Denunciados por contaminar
El barrio privado Rosario Golf Club y el shopping Fisherton Plaza, cercano al Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), fueron denunciados en febrero del 2022 por el concejal peronista, Lisandro Cavatorta, por estar contaminando el arroyo Ludueña.
Fue el edil macrista, Carlos Cardozo, quien comenzó a vehiculizar la queja histórica de los vecinos que afirmaban que hace diez años se podían meter en el agua y ahora no pueden pasar ni a dos metros del olor tóxico que emana.
Lo que todos creían finalmente se comprobó. La empresa Aguas Santafesinas (Assa) tomó muestras del arroyo, en el marco de un estudio de impacto ambiental, y detectó que se estaban arrojando efluentes cloacales sin realizar el tratamiento. Esto derivó en que la provincia Santa Fe intime al barrio privado y al shopping para que regularicen su situación.
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Santa Fe hizo una millonaria inversión para el nuevo sistema de defensa contra inundaciones

Fecha de Publicación: 20/01/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El gobierno de Omar Perotti destinará $5.000 millones para la obra que comenzará en el terraplén de Villa Añatí hasta su cierre, en el Km 16,7 de la ruta provincial N°1. La licitación se realizará en febrero, con un plazo de ejecución de 24 meses.
El gobierno provincial anunció que el próximo 8 de febrero se realizará el acto de apertura de ofertas para construir el sistema de defensa contra inundaciones en San José del Rincón y Arroyo leyes, que tiene un presupuesto oficial de $ 5.191.782.529 (con base a septiembre de 2022) y un plazo de ejecución de dos años.
Al respecto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, destacó la decisión del gobernador Omar Perotti de realizar la obra: "Les estamos dando respuestas concretas a un reclamo histórico de los vecinos, que nos manifestaban su preocupación por el mantenimiento de las defensas. Será una obra emblemática para el departamento La Capital, no solo por su extensión, complejidad e inversión, sino porque dará tranquilidad a la zona y mejorará sustancialmente la calidad de vida de los vecinos", dijo la funcionaria.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, explicó que la construcción del terraplén de defensa se ejecutará mediante material refulado, a excepción del tramo al oeste del Loteo Lagos del Leyes donde se ha proyectado la construcción por el método convencional, con suelo cohesivo compactado.
"La obra tendrá su inicio en el terraplén de defensa de Villa Añatí, en el Km 8,2 de la RP N°1, hasta su cierre en el Km 16,7 de dicha ruta. Contará con seis estaciones de bombeo, con su respectivo abastecimiento eléctrico y reservorios", detalló.
"Además, se realizarán obras de intervención arquitectónica que contemplan el arbolado sobre talud seco y talud húmedo del terraplén, la construcción de playones miradores, estaciones aeróbicas, rampas de acceso, bicicleteros, bebederos, bancos, iluminación y cartelería", aseguró.

La obra en detalle
En concreto, los trabajos incluyen la construcción de terraplenes de defensa mediante material refulado y material cohesivo compactado, la ejecución de las protecciones con suelo cohesivo y suelo vegetal y las terminaciones correspondientes para permitir la circulación por sobre la defensa, como también el acceso a las zonas no defendidas situadas al oeste de la traza.
Asimismo, la ejecución de las obras civiles y el equipamiento hidroelectromecánico de seis estaciones de bombeo y obras de descarga por gravedad, con el objeto de evacuar los excedentes hídricos resultantes de las precipitaciones que se producen dentro del área defendida.
En correspondencia con cada una de estaciones de bombeo se construirán reservorios para acumulación de los volúmenes y atenuación de los caudales excedentes. Los reservorios fueron ubicados en bajos naturales que, a la fecha del proyecto, no presentan construcciones y son naturalmente concentradores de escurrimientos superficiales.
También, la construcción de los colectores troncales de los aportes correspondientes a cada una de las cuencas y que facilitan la conducción de los excedentes pluviales hacia los distintos reservorios. Dichos colectores, denominados colector troncal norte y troncal sur en cada una de las cuencas, se han proyectado al pie del talud interior del terraplén de defensa y están constituidos por canales de sección trapecial, de ancho de fondo y profundidad variables y taludes revestidos con suelo cemento.
La construcción del colector troncal Puerto Palacios, el cual se inicia como canal, en la intersección de las calles Puerto Palacios y Schweizer, recorre aproximadamente 440 metros con dirección oeste, luego gira hacia el norte por calle Molinari y a unos 140 metros, en la calle Zapata Gollán, recibe los aportes de este secundario.
A partir de este punto, ya entubado, gira nuevamente hacia el oeste hasta calle Farías Páez, girando nuevamente por la misma, en dirección norte, hasta su ingreso en el reservorio previsto. La longitud total del colector es de aproximadamente 830 metros y en su construcción se incluyen las obras de arte y cámaras necesarias.
Las obras de abastecimiento eléctrico a las Estaciones de Bombeo, consisten de una línea simple terna de 13,2 kv de aproximadamente10 Km de longitud que parte desde la Estación Transformadora existente de la EPE, ubicada aproximadamente en el Km 8,1 de la RP N°1 y se desarrolla paralela al trazado del terraplén de defensa, por el terreno natural del lado correspondiente al talud mojado y luego de pasar la estación EB6, con el objeto de disponer de una alimentación alternativa, se conecta a la línea de13,2 kv que corre paralela a la RP N°1, al este de la calzada.
En su recorrido va abasteciendo a cada una de las Estaciones de Bombeo. Para ello en cada locación se instala una Estación Transformadora con los correspondientes transformadores, las Celdas de media tensión y el Tablero de baja tensión. Todo el sistema tiene previsto una funcionalidad automática controlada por el SCADA de la EPE.
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