Perdida de biodiversidad en los departamentos de Orán y San Martín

Fecha de Publicación: 23/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Más de cien mil hectáreas vegetales resultaron degradadas por el fuego. Otras quince mil fueron definitivamente transformadas por permisos de desmonte.
El año 2022 fue excepcional en cuanto a incendios forestales en la provincia de Salta. La superficie vegetal afectada por el fuego, principalmente durante los meses de agosto y diciembre, superó las cien mil hectáreas.
Este cálculo se desprende de informes que regularmente elabora el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y se denominan “Reporte técnico de ocurrencia”. El conteo de hectáreas quemadas arrojó un total estimado de 100.682, que se ubicaron principalmente en el departamento Orán. En escala descendente, le siguieron las jurisdicciones de General San Martín, Metán, Capital y Chicoana. Los reportes consultados corresponden a octubre y diciembre que arrojaron resultados definitivos de hectáreas quemadas a medida que los incendios eran clasificados por el SNMF como extinguidos.
Solo en Salta, la superficie calculada según datos del SNMF durante el segundo semestre del año pasado, no se aleja demasiado de las 95.000 hectáreas calculadas por Greenpeace. La ONG las reportó en un informe publicado recientemente en el que analizó el proceso de deforestación en el norte argentino en 2022.
Ese proceso de pérdida de masa vegetal, particularmente de bosques y su biodiversidad, es un fenómeno en desarrollo que –en la perspectiva de la ONG- tiene dos grandes motores. Por un lado, el avance de la frontera agropecuaria para “ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa”, cita Greenpeace; por otro, los incendios forestales.
En Salta durante 2022, mayoritariamente en los departamentos de Orán y San Martín, el fuego degradó más de cien mil hectáreas, el combo se completó con alrededor de 15.230 hectáreas que obtuvieron permiso de desmonte también durante el año pasado. Ambas cifras elevan el total anual de cobertura vegetal degradada o totalmente transformada, a casi 116.000 hectáreas. Para encontrar un momento con una deforestación similar, hay que regresar al período comprendido entre 2007 y 2011.
El informe de Greenpeace para el norte argentino brindó algunas otras reflexiones puntuales. Primero, tras quince años de la implementación de la Ley de Bosques (26.331) sancionada a finales de 2007, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN). Detalló que esto tuvo un efecto sobre la cobertura vegetal y su biodiversidad, porque los OTBN prohibieron “los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales” al dividir la superficie en categorías (rojo, amarillo y verde). Sin embargo, en el caso de los ordenamientos de Salta y el Chaco, Greenpeace fue muy crítica: “fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”. Punto seguido, señaló que desde 2014 “se evidencia una disminución de la deforestación”, y agregó que “en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales”, un dato tangible en otra serie estadística.

Fuego y topadoras
En el informe de Greenpeace, el total calculado de hectáreas de bosques degradados producto del desmonte o el fuego, no discrimina según porcentaje de bosque nativo, arbustal, pastizal u otras coberturas vegetales. En cambio, ese dato sí aparece en la serie histórica disponible para consulta en datos abiertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
La información estadística abarca los años que van de 1995 hasta 2021 y para el caso puntual de la provincia de Salta arroja algunas conclusiones. Los años en que se perdió mayor cantidad de especies arbóreas nativas por efecto de los incendios forestales van de 1996 a 2010. Es un período que se superpone a los años en que se registraron mayor cantidad de permisos de desmonte en Salta (2007 a 2011). Desmontes e incendios comparten Orán y General San Martín, dos jurisdicciones del norte salteño que registraron una notoria extensión de la frontera agrícola en esos años, y que en 2022 padecieron los incendios más feroces.
“En forma preliminar, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas”, mencionó Greenpeace al final del informe. En el proceso, solamente Salta supera el 50 por ciento. “Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales, y los responsables rara vez son obligados a reforestar”, advirtió. Agregó también que “en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”. Para la ONG, la actual emergencia climática como de biodiversidad advierten que es gigantesca la presión antrópica del modelo socioeconómico sobre el entorno natural. Y en este caso, la provincia de Salta ocupó el primer puesto en el norte argentino. “Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, concluyó el informe.
Los incendios forestales en Salta durante el año pasado afectaron seriamente el área de la Biósfera de Yungas, también sus zonas de amortiguación. De hecho, a través de los reportes de  incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se pudo establecer que los incendios que comenzaron después del feriado de octubre de 2022 y que se ubicaron al oeste de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, implicaron la pérdida de 27.981 hectáreas dentro del área de reserva de Biósfera de Yungas. Cuando comenzaron los incendios en agosto de 2022, en la zona de Colonia Santa Rosa, las llamas consumieron 30.047 hectáreas, siempre dentro de la misma zona de reserva declarada por la UNESCO en 2002. Entre El Oculto e Isla de Cañas, por la ruta provincial 18, los incendios forestales degradaron 2375 hectáreas más de bosque nativo. En esa región se encuentran los ayllus de la Comunidad Kolla Tinkunaku, cuyos miembros de organizaron para combatir las llamas.
Fuera del área de Reserva de Biósfera siempre destacó un incendio que nunca fue reportado por las autoridades provinciales. Las consultas realizadas en aquel momento arrojaron que la ausencia de datos sobre esa masa ígnea en Ballivián se debió a que ese municipio del departamento San Martín no cuenta con un cuartel de bomberos. El área boscosa afectada por las llamas se extiende al norte del cruce de las rutas nacionales 50 y 34. Los incendios forestales fueron detectados por los satélites y del análisis de los reporte del SNMF se desprende que allí se quemaron -al menos-  25.285 hectáreas de bosques nativos.
El informe final de 2022 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recién estará disponible en mayo próximo. Seguramente arrojará más precisiones sobre la verdadera dimensión de la pérdida de bosque nativo en los incendios forestales en Salta en 2022.
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La justicia salteña avaló talas de bosques inconsultas

Fecha de Publicación: 14/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Dos años después de las quejas de ambientalistas sobre la resolución 333/20 de la Secretaría de Ambiente, se declaró inconstitucional solo el último párrafo de un artículo de la normativa que permitía desmontes de hasta 300 hectáreas.
Tras entender que el fallo de la Corte de Justicia de Salta avala la falta de audiencias públicas en las modificaciones de los bosques nativos, organizaciones civiles interpondrán un recurso extraordinario federal para lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 25 de septiembre de 2020 la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió la resolución 333, que permitía, en su artículo primero, que aquellos desmontes de hasta 300 hectáreas sean autorizados sin someterse a audiencia pública. En el cuarto, en tanto, se establecía que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), presentado por “planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril “, o sea tala de árboles o cría de ganado bajo monte, era suficiente para aprobar una actividad sin necesidad de ir a audiencia pública.
Las quejas del sector ambientalista y las observaciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Nación, obligaron a la modificación de estos artículos de la normativa.
En este contexto, el 18 de octubre de 2020 el secretario de Ambiente, José Aldazábal, firmó la resolución 411 en la que se modificaron solamente estos dos artículos de los diez que componen la resolución 333.
El primero dejó en claro que todo plan de cambio de uso de suelo (o desmonte), debía ser sometido a audiencia pública sin importar la extensión. En el artículo 4º, en tanto, se dejaba a criterio de Ambiente determinar qué proyectos de tala de árboles o de cría de ganado bajo monte debían ir a audiencia pública, tomando al EIAS como documento suficiente para aprobar el proyecto.

El amparo
En diciembre de 2020 un grupo de vecinos y asociaciones ambientalistas, entre ellas, las fundaciones Cebil, Mundo Verde y Planeta Jeva, y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentaron una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, contra la resolución 333/20 y su modificación por la resolución 411/20.
“Más de dos años más tarde, el 2 de febrero del corriente año, la Corte de Justicia de Salta se pronunció”, indicaron en un comunicado las entidades civiles representadas en el amparo por la abogada María Fernanda Guillén.
Se señala que una de las interpretaciones que hicieron los integrantes de la Corte salteña es que desmonte es una cosa, y otra la tala de árboles y cría de ganado bajo monte (a lo cual se llama formalmente Manejo Sostenible de Bosques Nativos). Además los jueces y juezas de Corte decidieron analizar solamente los dos artículos modificados por la resolución 411, y no el resto de los incisos de la resolución 333.
Los jueces del máximo tribunal salteño hicieron lugar parcialmente a la demanda al declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 4º, en el cual se deja abierta la posibilidad que el EIAS sea suficiente para permitir los manejos de bosques. Argumentaron que lo establecido no hace “la salvedad del tipo de proyecto involucrado”, y no aclara que “en aquellos planes que puedan generar impactos ambientales significativos no puede prescindirse de la audiencia pública”.

Los procesos inconsultos serán la regla
Los y las ambientalistas advirtieron que la vigencia de estas normas vulnera los mandatos constitucionales y la legislación nacional y provincial ambiental, pues entendieron que con este aval la “regla general es la eliminación de las audiencias públicas y, por excepción, su realización cuando exista un impacto ambiental significativo”.
Con este criterio sostuvieron que se logrará solamente el “avance silencioso y sin control popular sobre los bosques nativos, cuando en materia ambiental rigen principios preventivos, precautorios y restrictivos cuya lógica rige lo contrario a lo establecido en la Resolución 333/20”.
Indicaron que en la práctica, desde el gobierno provincial se mantiene una “complacencia ilegal” a “emprendimientos ecocidas”, que se dieron a conocer en “San Martín, Orán, Anta, San Lorenzo (Los Maitines) y Vaqueros, entre otros municipios”.
Añadieron que existe un “proceder oscuro y secretista del gobierno en el ordenamiento territorial” de bosques nativos (OTBN), “que excluye a los grupos legitimados, organizaciones y personas que bregan por información que no les es proporcionada o les es proporcionada en forma sesgada y parcial”.
A su entender, las consecuencias a la vista son los bruscos cambios climáticos, incendios forestales y sequía en el territorio de Salta, que “posee el infortunado récord de ser la provincia que más ha destruido sus bosques nativos y recursos naturales”.
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Los ríos Pilcomayo y Bermejo tuvieron bajantes extraordinarias

Fecha de Publicación: 03/02/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Formosa


Los ríos Pilcomayo y Bermejo tuvieron bajantes extraordinarias En el cierre de 2022 el río Pilcomayo quedó sin flujo en el límite de Salta y Formosa. El coordinador el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del curso trinacional, Luis María de la Cruz, definió a esa interrupción de "histórica" tras remarcar que no existen registros hidrométricos, como tampoco en la memoria de los lugareños, de un evento semejante en las últimas seis décadas. Por ello, como otros especialistas, no dudó en calificarla como "una consecuencia directa del cambio climático". Por esos días en Misión La Paz llegó a medirse un caudal de menos de dos metros cúbicos por segundo, un volumen 20 veces menor que el de los estiajes de años anteriores. Áreas agrícolas y ganaderas de Formosa y Paraguay no vieron una gota de agua en el cauce durante casi un mes. De la Cruz hizo notar que una situación igual "nunca había ocurrido antes". La inédita bajante no sólo impactó en las producciones agrícolas y ganaderas, sino que también abrió serios interrogantes sobre el ciclo reproductivo de la ictiofauna del Pilcomayo.

Bermejo
En la cuenca del río Bermejo la sequía y las olas de calor también se tradujeron en una extraordinaria bajante que sacudió al país con penosas imágenes de grandes surubíes, dorados, sábalos, pacúes y bagres muertos en distintos tramos salteños del cauce binacional. El pasado jueves, en Embarcación, el Bermejo tenía un nivel de apenas 0,74 metros, una altura al menos tres veces menor que registros tomados en la misma fecha en años anteriores a 2021. Un informe oficial de la Comisión Regional del Río Bermejo (Corebe) confirmó que 2022 fue el de mayor estiaje (caudal mínimo) de los últimos 22 años.
La crítica bajante del Bermejo, y sus sedimentos, complicaron la navegación fluvial en las hidrovías del sistema Paraguay-Paraná. Desde la ultima semana de diciembre, y por más de 18 días, cerca de un medio centenar de grandes embarcaciones que transportaban diferentes productos a granel y en contenedores hacia los puertos quedaron varadas en el kilómetro 61 del río Paraguay, aguas abajo de la localidad de Pilar.

El norte, sin agua
Por la bajante histórica del Caraparí, otro río con nacientes en Bolivia, las poblaciones de Tartagal, Mosconi y Aguaray llevan 45 días sin agua potable en el norte salteño.

Juramento
El sistema Juramento-Salado no escapó a las generales de la severa sequía. El nivel del dique El Tunal, presa complementaria del embalse de Cabra Corral, perdió 10 metros. Días atrás el secretario del Club de Pesca 20 de Febrero de Metán, Federico Mahmud, afirmó que "no había ocurrido jamás" nada parecido y pidió "que las autoridades hagan algo para evitar una mortandad de peces".
El desastre que se teme en Metán por la alarmante caída de reservas de El Tunal ya tiene consumada la pesadilla a varios cientos de kilómetros aguas abajo. El norte de Santa Fe es una postal apocalíptica con arroyos sin agua, campos sembrados de vacas muertas y cultivos perdidos. Por la prolongada sequía, productores de cuatro departamentos de la zona de desastre ya perdieron más de 3.000 animales y claman por una orden que obligue a Santiago del Estero a abrir las compuertas del río Salado, que en el área de Tostado está tan seco como las represas.
Con la misma desesperación, desde Santiago del Estero se reclama que Salta aumente las erogaciones de agua del dique El Tunal hacia la cuenca media del sistema Juramento-Salado. En este critico contexto la intendenta de Vera, Paula Mitre, manifestó que en esa ciudad santafesina "la gente se está empezando a pelear por el agua".
Juan José Neiff, biólogo especializado en ecología acuática e investigador principal del Conicet, advirtió que "todavía no hemos visto lo peor" de la sequía que, aclaró, "se está dando no solo en la Cuenca del Plata, sino a nivel planetario". "Esto es comparable con las enfermedades crónicas que van produciendo efectos acumulativos: uno no se da cuenta hasta que llega la etapa crítica. Acá no hemos superado todavía la etapa crítica", graficó.
Sobre los extraordinarios estiajes del Pilcomayo, Bermejo, Paraguay y otros cursos de la Cuenca del Plata, Neiff sostuvo que "la bajante de los ríos vino para quedarse". Añadió que, "posiblemente, vamos a tenerla durante todo este año", porque la perspectiva de recuperación es "muy poco favorable" hasta abril.
Sobre la cuenca del Paraná, puntualmente, advirtió: "Ya van tres años en los que no tenemos reclutamiento de peces, porque al estar el río encajonado y con aguas bajas, no hay desbordes en las lagunas y bañados. Es decir que estamos en un período de achicamiento de la población de peces". anticipó.
Al respecto, el biólogo Enrique Derlindati puntualizó: "Desde 1998, con la firma del protocolo de Kioto, en donde muchas naciones se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos cuáles son las actividades críticas en la regulación del clima y conocemos sus consecuencias. Pero aún con ese conocimiento, continuamos con un modelo global que nos destruye junto con nuestro entorno. En lo inmediato las proyecciones son pesimistas, no existe una salida inmediata a esta situación, pero debemos pensar a largo plazo y ser conscientes que en nosotros está la capacidad de mitigar y revertir el daño".
El investigador de la UNSa recalcó que, incluso reduciendo el razonamiento a lo económico, "la inacción genera pérdidas enormes en subsidios para los productores, combustible y vehículos para la distribución de agua, deterioro de los sistemas de captación y distribución del agua, costos en salud para contener brotes de enfermedades directas e indirectas, pérdida de ambientes y de la calidad de los servicios ambientales y pago de daños por la mayor frecuencia e intensidad de los incendios, entre otras consecuencias que, como vemos, no son a 100 años, sino inmediatas", finalizó,
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Desmontes en Salta | Comunidad Wichí de Misión Chaqueña sostiene el acampe en defensa de su territorio

Fecha de Publicación: 26/01/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña se congregaron en la zona denominada «La Picada» en la vera de la Ruta Nº 53 para evitar el avance de los desmontes y verse perjudicadas por ellos.
Desde el 2 de diciembre de 2022, la comunidad está acampando para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito, de Embarcación, en el norte de la provincia. Este territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2018 y es utilizado como medio de subsistencia para las comunidades.
Según informó Radio Nacional, los manifestantes denunciaron que un terrateniente habría adquirido parte del territorio a fines de noviembre de 2022, sin embargo, los miembros de AFIP averiguaron que no habría nada registrado hasta el momento.
La comunidad Wichí considera que estas tierras les pertenecen desde sus ancestros y no van a permitir que les despojen de ellas.
Lucy Gutiérrez, integrante de la Comunidad Misión Chaqueña, declaró: «Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental, por lo que no vamos a permitir que avancen».
Por su parte, el referente Balducho Villafuerte afirmó «Creemos nosotros que, por la historia, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
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Desmonte y falta de agua en comunidades indígenas de Salta

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Salta


La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.
Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, se ordenaron medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena. Sin embargo, los pueblos originarios piden políticas públicas para que se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria.
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Salta: La ciudad eliminó el pago de patente para los vehículos que no contaminan

Fecha de Publicación: 17/01/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable en la ciudad, la Municipalidad, a través de la ordenanza 15.952, exceptuará el pago del impuesto a la Radicación de Automotores a los vehículos con sistemas no contaminantes para el medio ambiente. Es una de las que tomó tal decisión.
La intendenta Bettina Romero impulsa distintas medidas para cuidar el medio ambiente en la Ciudad de Salta y así luchar contra el cambio climático con una mirada puesta en un futuro más sustentable.
Siguiendo esta política de gobierno, la Municipalidad implementó una exención impositiva a todos los vehículos con sistemas que no contaminen el medio ambiente.
La acción fue impulsada desde el ejecutivo, aprobada mediante la ordenanza 15.952. La cual, incorpora una exención en el código tributario municipal, en el impuesto a la Radicación de Automotores. La misma es del 100% en el 1º año, 75% en el 2º año, 50% en el 3º año, y del 25% en el 4º año.“
“Marcamos un rumbo claro hacía una ciudad más sustentable. Por eso, trabajamos para reducir la contaminación en nuestro medio ambiente con esta y distintas acciones que impulsamos desde que iniciamos la gestión. Lo hacemos pensando en un lugar más sano para todos los salteños y las futuras generaciones”, sostuvo la intendenta.
Y luego, recordó que desde la Municipalidad, se trabaja separando los residuos en origen, con distintas tareas de limpieza y erradicación de microbasurales. También, levantando vehículos abandonados de la vía publica y con operativos de descacharrado.
Y finalizó: “Lograr una ciudad sustentable es una política de Estado que va más allá de quiénes gobiernan y sabemos que lo lograremos con la comunidad involucrada”.

Datos relevantes en la Argentina
Entre enero y octubre de 2021, se patentaron en Argentina casi 5.000 unidades impulsadas por energía verde, según estimaciones de ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores). Ahora, ya son diez los distritos provinciales y comunales que establecen claras ventajas impositivas para los rodados sustentables.
Se trata de Mendoza, San Luis, Chubut y Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Neuquén, Río Grande, Ushuaia, La Plata y se incorporó a este listado: La ciudad de Salta.
En tanto, en 2022 se comercializaron 7.846 vehículos híbridos y eléctricos un 33,4% más que en 2021.

Fundamentos de la medida
La tecnología de los vehículos híbridos y eléctricos ya son una realidad en nuestra región, lo que nos impulsa a redefinir aspectos esenciales de su tributación local. Ya que facilitan la sustitución del transporte impulsado con combustibles fósiles, lo que permite reducir los gases nocivos del efecto invernadero provenientes de estos medios de movilidad.
Es por eso, que desde el municipio se fomenta la utilización de este tipo de vehículos sustentables y amigables con el medio ambiente, de cara a reducir el impacto ambiental que genera el consumo de combustibles líquidos.
Al respecto, el titular de ARMSA, Alejandro Levin, expresó: “Con esta Ordenanza otorgamos exenciones impositivas a los vehículos que no emiten gases contaminantes. Resulta necesario que cada uno haga su aporte desde el lugar que ocupa y desde la Municipalidad aportamos políticas públicas que favorecen el uso de medios de transporte más amigables con el ambiente”.
Y también, destacó que con la acción se busca promover su conveniencia desde la óptica socioeconómica, como pauta concreta para fomentar el cambio en las conductas de la población, buscando ambientes sanos y en equilibrio ecológico.
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Familias wichís de Misión Chaqueña se oponen al desmonte de un territorio ancestral

Fecha de Publicación: 10/01/2023
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña de Salta, se congregaron en la zona denominada “La Picada” en la vera de la Ruta Nº 53 en defensa del territorio ancestral. Desde el 2 de diciembre la comunidad sostiene un acampe para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito de Embarcación.
La misma ha sido relevada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el año 2018, según indicó Lucy Gutiérrez, miembro de la Comunidad Misión Chaqueña en el diálogo con el portal Resumen Latinoamericano.
“Esos terrenos también están cerca de Carboncito, otra comunidad cercana a Misión Chaqueña que también la utilizan como medio de subsistencia, sacando de ellas animalitos para comer o pastar los animales como chivos y cerdos. Sacamos leña, varillas para hacer nuestros cercos, hacer sillas, mesas y artesanías. Esos territorios que lindan a ambas comunidades son territorios ancestrales, nuestros tatarabuelos y demás siempre anduvieron por esos montes, cazando, recolectando frutos, algarrobos, chañar, mistol y demás frutos. Nosotros continuamos con la misma forma de vida, sacamos provecho del monte sin dañarla”, sostuvo Gutiérrez.
Según denunciaron, el terrateniente Damián Ferrari habría comprado a fines de noviembre parte del territorio, sin embargo, según averiguaron los miembros en AFIP, no habría nada registrado hasta el momento.
“Nosotros nos enteramos hace poco, porque denunció a dos representantes nuestros y empezamos a movilizarnos por el tema de que había gente limpiando la zona. Haciendo la picada para luego postear y alumbrar”, señaló Gutiérrez
“Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental que no vamos a permitir que avancen” sentenció.
En este marco, el referente Balducho Villafuerte subrayó que “nosotros no aceptamos porque ancestralmente, históricamente estas tierras siempre han sido de nuestros ancestros. Creemos nosotros que, por la historia, ancestralmente, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
En este contexto, Lucy señaló que “necesitamos que la justicia actúe en pos de nuestros derechos como pueblos originarios aplicando las leyes que nos amparan. Que se respete los relevamientos territoriales, zonas de uso diario de nuestros hermanos”, e indicó que ya se realizó una denuncia comunitaria contra Ferrari el día 22 de diciembre, pero no hubo intervención de la fiscalía.
“Necesitamos apoyo del gobierno, de las instituciones que correspondan. Espero que haya instituciones que nos puedan apoyar. (…) Que el gobierno nos escuche y tome cartas en asunto” remarcó Villafuerte. Además, agregó que necesitan agua y víveres para resistir en el acampe, ya que “no podemos salir a trabajar”.
Por su parte, Marta Herrera, miembro de la comunidad indicó que como madre están acampando pacíficamente. “Nosotros pedimos a las autoridades nacionales que nos brinden su apoyo y alguna solución porque no tenemos respuestas y no queremos que pase a mayores, eso es lo que no queremos las madres que llegue a violencia. Esa es nuestra preocupación como madres, por eso pedimos una solución urgente”, sentenció Herrera, mientras que Gutiérrez finalizó “nos están cercando, ayúdenos a lograr parar estos atropellos”.
Nos llegaron amenazas a través de audios. No queremos que vengan a tomar posesión en nuestros territorios ancestrales. Quieren desmontar sin importarles las altas temperaturas, la falta de agua, el cultivo, la ganadería, los incendios, ¡sin importarles nuestras vidas!, señalaron con preocupación.
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Rechazos a la minería del litio

Fecha de Publicación: 30/11/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca, Jujuy, Salta


Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales afirman que destruye ecosistemas vitales y viola derechos humanos.
"Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua". Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. "¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio", remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).
"Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso", denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva: en 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation. Y presentó la ampliación de la explotación. Para lo cual requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y trasportar el caudal a través de un acueducto.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. "El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígenaS, no hubo consulta ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente", denuncia el cacique Guitián.
De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque "atenta contra la cultura y forma de vida campesina".
Fiambalá, a 300 kilómetros al noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en 2016 con la llegada de la la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación de litio llamado "Tres Quebradas". En 2021, en acuerdo con el gobierno provincial y nacional, tomó reimpulso con la multinacional china Zijing Mining.
Yolanda Espinoza es parte de la Asamblea Fiambalá Despierta. "No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida. Atenta contra nuestras economías regionales. Y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas, de minería de litio, está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona", afirma. Y resume: "Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales". Pide precisar nombres: la intendenta Roxana Paulón, y el gobernador, Raúl Jalil.
Desde la Asamblea denuncian falta de información respecto de los impactos de la explotación de litio, la ausencia de participación ciudadana, la violación de la Ley de Glaciares y exigen la aprobación de la Ley de Humedales. Recuerdan que los salares (donde se encuentra el litio) son también humedales. De allí que que entre los grandes opositores a la protección de humedales --además de sectores del agronegocio-- están las mineras y los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta.
La compañía china ya comenzó la construcción de la plata de tratamiento químico, a solo cuatro kilómetros del pueblo. "Está en la orilla misma de Fiambalá, en tierras cedidas por la intendenta Paulón", cuestiona la asambleísta.
"Pucará" es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostissa integra Pucará y señala que la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al "desarrollo" que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. "Tres décadas después es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA o la explotación de litio. Esta película ya la vimos. Los territorios ya saben lo que implica la marinería y por eso el rechazo es total", explica.
Desde Pucará trabajan respecto al mito de la "transición energética" de la mano del litio, como una supuesta solución a la crisis climática: "Es mentira que el litio es parte de una 'transición energética verde' (para utilizar menos petróleo). Porque la minería de litio implica la destrucción de salares y lagunas altoandinas, claves para combatir la crisis climática". Gostissa hace especial hincapié en la vulneración de derechos y tiende un vínculo con el pasado y el presente: "Desde los territorios que luchamos contra el extractivismo decimos que 'memoria, verdad y justicia' tiene que poder aplicarse no solo a los años de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que aplicarse a los desastres ambientales, al ecocidio que sucede de la mano de gobiernos y multinacionales, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y no se puede mirar para otro lado".

Derechos y agua
"Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca", es el título de la investigación de la organización BePe, de Catamarca. En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales (como la Ley General del Ambiente), la legislación indígena (Convenio 169 de la OIT) e incluso vulnera acuerdos internacionales como el Convenio Ramsar y el Acuerdo de Escazú. Y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua.
Desde la Asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto. Explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la Cuenca de Abaucán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. "La minería consume millones de litros de agua por día. Y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas. El agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras", resume la asambleísta Yolanda Espinoza.
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Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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Incendios en Salta: estiman más de 1.000 focos activos en la provincia

Fecha de Publicación: 10/11/2022
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


Por quema intencional de cañaverales y bambú, se calcula una pérdida de que casi 40.000 hectáreas de bosque nativo
Los incendios forestales en Salta siguen alarmando a los pobladores, no solo porque vieron la cercanía del fuego en zonas urbanas, sino porque ya se habla de un desastre ecológico en la provincia vecina.
“Actualmente se estiman más de 1000 focos en toda la provincia de Salta y unas 40.000 hectáreas de bosque nativo pérdidas por el fuego", comunicó el Centro de Obrajeros del Norte, haciendo énfasis en su preocupación por las consecuencias de los focos ígneos en los departamento de Orán y San Martín, donde se están combatiendo desde hace semanas.
Manuel Gutiérrez, presidente de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, advirtió que “se está complicando la situación” en Orán, con 39 grados de temperatura promedio y sin pronósticos de lluvia, razón por la cual debieron solicitar asistencia a Bomberos Voluntarios de la República Argentina del NOA.
“Ya están en camino, creo que al mediodía ya están llegando desde Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, para poder reforzar y tratar de controlar estos incendios que lo tenemos ya hace bastantes días”, explicó
Según indicó en declaraciones radiales, los 100 brigadistas que ya llegaron de Nación trabajarán en la zona de Valle Morado, en el límite con Jujuy, para evitar que el fuego llegue al parque nacional Calilegua.
“Acá tenemos que luchar con lo que tenemos con los lugareños”, señaló Gutiérrez respecto a unos 70 voluntarios que los orientan para llegar a los lugares afectados.
En este punto, cuestionó que no hayan tenido respuestas inmediatas por parte de la Provincia con la celeridad con la que se actuó frente a los incendios en los cerros de la capital salteña, la semana pasada. “El interior queda relegado, eso sucede en obras, en colegios, hospitales, en todo”, lamentó.
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Denuncian matanza de peces en el río Bermejo por parte de una empresa agroindustrial

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Por las trascendidas denuncias de contaminación en el Río Bermejo, a la altura de paraje El Carmen, con vertidos industriales, desde el gobierno realizarán los estudios correspondientes.
Marcelo Nieva, comunicador y pescador de Pichanal, denunció, a través de las redes sociales a la empresa Seaboard Agroindustria y otras empresas de la zona, de tirar químicos tóxicos a las aguas de ríos para matar peces. Nieva compartió imágenes impactantes en las redes sociales, acusando a las industrias de terminar con la fauna acuática para hacer desvío de aguas de ríos y usarlas en sus plantaciones. Según su denuncia, el fin de semana pasado encontraron la masacre de peces en el paraje El Carmen, ubicado a casi 40 minutos de Pichanal.
Las Secretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos dispusieron que las muestras de agua sean recolectadas aguas arriba y aguas abajo en la zona de la junta, entre los ríos Bermejo y San Francisco. Siguiendo los procedimientos y medidas de seguridad indicados, serán enviadas a laboratorio para su análisis.
Desde el área de Biodiversidad explicaron que generalmente en esta época del año, la fauna ictícola se ve perjudicada por las altas temperaturas y el bajo caudal de agua producto de las escasas lluvias. Estos factores provocan una disminución de oxígeno y el encalle de algunos ejemplares de mayor tamaño.
Es importante resaltar que las elevadas temperaturas causan tres fenómenos: disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua, acelera velocidad de descomposición de la materia orgánica (organismos como bacterias y hongos contribuyen con la descomposición, y para eso utilizan oxígeno).  En tercer lugar, aumenta el metabolismo de los peces con el consiguiente incremento de requerimiento de oxígeno.
Por su parte, la Policía División Lacustre y Fluvial de Pichanal, en una constatación ocular en la zona, observó algunos ejemplares muertos y descartó la presencia de fauna asociada afectada.
Para la próxima semana, los organismos diligenciaron la toma de muestras de agua, a los fines de constatar la presencia o no de sustancias contaminantes y en su caso determinar responsabilidades.
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Ley de bosques: cambian un mapa que no tenía base técnica

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Para cumplir con la normativa nacional, actualizan el ordenamiento territorial.Desde la UNSa explicaron el proceso, que se encara tras años de inacción
El Gobierno provincial coordina un plan de trabajo para cumplir con lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), con la revisión del mapa de ordenamiento territorial que indica las zonas que se deben proteger. El proceso se enfrenta con la preocupación del sector empresarial-productivo y con el antecedente de un trabajo que se hizo mal cuando la norma comenzó a instrumentarse, hace casi 14 años, y que nunca se corrigió.
En junio del año pasado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia inició la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, tarea que ya viene con un retraso de 9 años. El proceso se encara, esta vez, con la participación de un gran abanico de consultores académicos, especialistas de distintas áreas y referentes de comunidades y de actividades productivas.
Entre los que colaboran en la revisión, una pata importante para el desarrollo técnico corresponde a la Universidad Nacional de Salta, en donde el doctor en Biología Enrique Derlindati está a cargo del equipo que analiza el OTBN. En diálogo con El Tribuno, el docente e investigador de la UNSa describió el arduo desafío que enfrentan para definir un nuevo mapa para la ley de bosques, sobre el que hubo que trabajar desde cero.
"La principal falla del actual ordenamiento es que no encontramos en ningún punto las bases técnicas, los criterios con los que se hizo. Hablando en términos más coloquiales, cuáles fueron los criterios con los que se decidió que el amarillo sea amarillo y el rojo, rojo y el verde, verde", señaló el biólogo.
Los colores a los que se refiere son los que están plasmados en un mapa de Salta, que restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Derlindati quiso "llevar tranquilidad" y afirmó que el proceso de ordenamiento territorial que ahora se encara "tiene una base técnica muy fuerte".
"Cualquier duda que surja de cualquier sector puede ser aclarada, desde que una limitación puede ser el contenido de materia orgánica del suelo hasta cuestiones de distribución de determinados grupos de especies amenazadas o lo que sea. Toda esa información va estar disponible, entonces se va a poder aclarar y discutir, y plantear cualquier inconveniente o consulta sobre bases técnicas fuertes", afirmó.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió un parte de prensa en el que se ratifica que el nuevo ordenamiento territorial no reducirá las áreas protegidas, tal como había anticipado El Tribuno.

Preocupación
Esa certeza puso en alerta a dirigentes del campo salteño, quienes insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. La preocupación del sector se centra, en especial, en la superficie pintada de amarillo, donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Hay dos millones de hectáreas en particular que corresponden, en gran parte, a Rivadavia y al este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
Sobre ese punto, el representante de la UNSa dijo: "Es muy probable que el mapa sea distinto al que conocemos, pero las superficies se van a mantener. Lo que puede llegar a cambiar en algunos sitios es la categoría asignada".
Según lo planificado, antes de fin de año estaría terminado el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos.
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Salta hará un nuevo ordenamiento de bosques y registrará desmontes hechos y autorizados

Fecha de Publicación: 11/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se prevé realizar un análisis que superponga los diversos intereses productivos, ambientales y sociales, para poder trazar las superficies que pueden ser volcadas a la producción y las condiciones para hacerlo.
El director general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Ignacio Goitia, sostuvo que pretenden rehacer el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Salta.
El funcionario relató a Salta/12 que esa fue la conclusión a la que se llegó con distintos sectores que conforman el Consejo Asesor del OTBN, tras necesarias reuniones para actualizar el mapa cuya revisión está vencida desde 2014.
Goitia afirmó que entre los criterios para definir los colores (rojo, amarillo o verde), que permiten o detienen el paso de las topadoras, se incluirán también los desmontes ya realizados, e incluso los que están autorizados pero aún no se hicieron.
Agregó que el asesoramiento técnico está a cargo de integrantes del INTA, el CONICET, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Decidimos hacer el OTBN con un mapa nuevo. El anterior no regiría más, una vez que se apruebe”, indicó el funcionario al sostener que por el momento en la mesa técnica se están definiendo las 9 capas que se superpondrán sobre el mapa salteño y que abordan cuestiones sociales, ambientales y productivas, para luego ser sometidas a un proceso participativo. Una vez que esto se defina, el mapa deberá ser evaluado por la Legislatura provincial. En 2009, cuando eso aconteció, el mapa fue modificado en el ámbito político.
El proceso es participativo y para ello se utilizó una metodología trazada por investigadores del CONICET. La Metodología Q se instrumentó para que cada uno de los participantes indique cuál es su percepción sobre el bosque. A raíz de estas percepciones se conformaron cuatro grupos.
Una vez trazadas las capas, los grupos se reunirán a debatir y en aquellos puntos que haya acuerdo, se definirá un criterio. Pero cuando no haya acuerdos, la decisión será tomada por los técnicos.

Ni la Rural ni Greenpeace
Aunque desde ambos sectores se hicieron observaciones sobre el posible nuevo Ordenamiento Territorial, ni la Sociedad Rural Salteña, Prograno, u otras entidades que agrupan a grandes productores, se sentaron a la mesa participativa. Pero tampoco participa en esta instancia la organización ambientalista Greenpeace. “Todos fueron invitados a sentarse. Y aún tienen las puertas abiertas para hacerlo”, dijo Goitia.
El titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, afirmó (como lo hiciera con anterioridad) que no recibieron invitación alguna. En declaraciones al diario El Tribuno, el ruralista había criticado la pretensión de establecer zonas no susceptibles de ser desmontadas: “lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente".
Las palabras del ruralista generaron la reacción de la referente campesina de la ruta 81, Lucía Ruiz: “hasta ahora no se sentaron a una sola convocatoria para manifestar sus posturas”, le recriminó en declaraciones a Salta/12. Ruiz, quien participa del Consejo Asesor, añadió que es necesario que no pensar solamente en el aspecto comercial sino también en cómo incide la forma de producción en el cambio climático y en el ambiente.
“De estos cuarenta años que pasaron, o quizás más décadas de desmonte, no se avanzó nada y seguimos igual de pobres”, fue la respuesta de la campesina a Segón; sostuvo asimismo que el desarrollo que se ve de un lado, no repercute de igual manera en el otro. “El presidente de la Rural dice que con subsidios vamos a seguir pobres. No es así. Trabajando bajo monte y con el monte también puede haber desarrollo”, afirmó.
Añadió la necesidad de incorporar al campesinado y al pequeño productor en líneas viables de comercialización que, dijo faltan la mayoría de las veces. A ello sumó el requerimiento de infraestructura (como lugares para faenar y frigoríficos) y beneficios que lleguen al sector, dado que entendió que mientras se permite a los grandes productores ganar diferencias con diversas políticas (respecto al dólar o impuestos), para el campesinado solo quedan algunos perjuicios como el que se vive en la actualidad por la sequía.
“En la carta están las condiciones para participar que Salta no cumple”, dijo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, al dar cuenta de una nota que esta organización le envió al gobernador Gustavo Sáenz.
En cinco puntos de la misiva se indica que en el proceso de definición del OTBN no se deben validar desmontes ilegales, respetando a rajatabla los colores sobre los que se hicieron; se deben respetar los territorios de comunidades de pueblos originarios. Realizar un proceso realmente participativo; mantener amplias zonas forestales continuas y en buen estado de conservación, y “ser progresivo en cuanto a aumentar la protección de las zonas forestales de la provincia”. Esto último responde al hecho de que Argentina firmó en la última Cumbre Climática un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, y a que Salta ya perdió 703.421 hectáreas desde la sanción Ley Nacional 26.331. “El nuevo OTBN de Salta no debe habilitar nuevas zonas para desmonte, resultando necesario eliminar del mismo la Categoría III – verde (donde se puede deforestar)”, exigió Greenpeace en el quinto punto.
Al respecto, Goitia afirmó que de los puntos reclamados por Greenpeace, se cumple con los primeros cuatro. Pero entendió que imponer la eliminación de la Categoría III, podría implicar dejar de lado también el concepto de la modalidad participativa.
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El acuerdo, casi imposible, que se busca para la ley de bosques

Fecha de Publicación: 14/09/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Insisten en que el ordenamiento habilite nuevas áreas de producción. Buscan conciliar con una mediación posturas productivistas y conservadoras.
La intención del Gobierno provincial es que antes de fin de año esté terminada la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, que ya viene con un retraso de 9 años, de acuerdo a lo que marca la ley nacional de bosques (Ley 26.331). Sin embargo, el proceso participativo requerido para su aprobación se enfrenta a una disyuntiva entre los sectores, que se podrían reducir como "productivistas" y "conservadores" o ambientalistas. Esas posturas, autoimpuestas como contrarias, ya hicieron fracasar en otras oportunidades la posibilidad de ordenar de manera eficaz las zonas en las que se pueda, justamente, producir (agricultura y ganadería) y proteger el medio ambiente en Salta. Dos visiones que no se cumplen en gran parte del territorio salteño.
Como dio a conocer la semana pasada El Tribuno, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que es donde se encara la revisión del OTBN, buscarán contrartar un servicio de mediación para tratar de conciliar a las partes.
La coordinadora del proceso, María Gil, explicó en esa oportunidad que el trabajo que están realizando no apunta a reducir las áreas protegidas, categorizadas en rojo, amarillo y verde. Cada color restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Consultados para esta nota, dirigentes del campo salteño insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. Es en referencia a la superficie pintada de amarillo donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Especialmente a las dos millones de hectáreas que corresponden a gran parte de Rivadavia y el este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
"Lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente", dijo Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural Salteña.
"En la medida que el ordenamiento territorial signifique mayores limitaciones a la actividad productiva el sector no va acompañar esa revisión del mapa de ordenamiento territorial", fijó postura el dirigente.
Lucas Norris, titular de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), sostuvo, en tanto, que en las discusiones por el OTBN "no haya una cuestión de ideología".
"Tenemos que pensar con el desarrollo qué es lo se puede hacer, que nos dejen hacerlo o habilitarlo y que no haya una cuestión de ideología que diga que no se puede hacer nada", señaló Norris.
"Es positivo que el gobernador se haya manifestado a favor de una provincia productiva, porque en definitiva es lo que necesitamos, hay que ver cómo logramos hacerlo y que no quede en palabras", agregó.

Acciones
El trabajo de revisión del mapa se realiza desde el año pasado. Al proceso participativo de consulta lo integran especialistas de las universidades locales, científicos del Conicet y miembros de diferentes instituciones relacionadas con la temática.
Según adelantaron a este diario desde la Secretaría de Ambiente, en los próximos días se publicarán en la página web del organismo los distintos documentos, mapas y estudios técnicos que se elaboraron y desarrollaron para el OTBN de Salta.
El nuevo mapa estaría listo a fines de noviembre o en diciembre. El trabajo será elevado, luego, a la Legislatura para su tratamiento. Ese último paso se realizaría el año próximo.
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Se incendió uno de los lugares de mayor biodiversidad en el país y hay preocupación

Fecha de Publicación: 26/08/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta


Desde el jueves pasado, un foco que se habría originado en la zona suburbana de Colonia Santa Rosa, en Salta, afectó a la región de Las Yungas
Desde hace una semana, los vecinos de Colonia Santa Rosa, en Salta, denuncian un foco de incendio que comenzó a arrasar con una buena parte de la Reserva de la Biosfera de Las Yungas. En concreto, calculan que van más de 5000 hectáreas consumidas por el fuego y temen que los resultados sean catastróficos para la fauna silvestre.
Joaquín Fernández Ullivarri es ingeniero agrónomo y vecino de la ciudad, y explicó que desde hace varios días la ciudad está envuelta en una intensa capa de humo que imposibilita la visión. Más precisamente, los incendios comenzaron el jueves pasado en la zona urbana, por lo que los vecinos creen que, si bien no habrían sido intencionales, sí “fueron provocados”.
“El jueves cuando empezó el incendio, justo hubo un cambio del viento, del norte”, comenzó a relatar el hombre que trabaja para una firma relacionada con el agro. Además, lamentó que estos focos se den precisamente en “un año que pinta extremadamente seco” y helado.
“En toda la zona periférica hubo focos y eso saltó a la selva, a Las Yungas, que es inmenso. Hay más de 5000 hectáreas afectadas de selva en ese lugar y las temperaturas vienen en ascenso”, añadió el agrónomo. También lamentó que el incendio tenga tan poca repercusión y contó que recién ayer la provincia se comprometió a mandar una delegación para tratar de apagar los focos. “Es una selva con una importancia intangible. Ahora, el fuego arrasó con toda una parte que es muy linda”, amplió.
Por otra parte, agregó que el foco que desencadenó el incendio se dio en una zona lindera con áreas urbanas y rurales: “Todo tiene una relación, porque no se prendió solo”. Fernández Ullivarri alertó que “hay una costumbre de prender las hojas o la basura”.
Fernández Ullivarri contó que los focos comenzaron a esparcirse en la región y han provocado destrozos para la flora y fauna de los bosques subtropicales, también conocidos como bosques nubosos. “En el satélite se vio que el fuego lo inició la mano del hombre, por como se inicia: comenzó en una zona donde hay fincas, movimiento de personas y se metió a donde hay cerros, montañas con selvas. A medida que vas viendo las fotos de los satélites se nota que empezó en la zona suburbana y se esparció hacia adentro de la selva”, describió.
El agrónomo narró que la superficie que puede llegar a consumirse de la selva con estos focos es infinita, por lo que pidió que se comiencen a tomar medidas para contener los incendios. “Puntualmente, el poblado desde hace tres días amanece envuelto en un manto de humo. Es importante darle relevancia a esto, por el valor que generan Las Yungas para la región, de alguna manera es algo importante lo que se está quemando”, indicó.
La región de Las Yungas, en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, es uno de los lugares de mayor biodiversidad del país, y fue reconocido como patrimonio natural y cultural del mundo por la Organización de las Naciones Unidas dentro del programa “El hombre y la biosfera” de la Unesco en diciembre de 2002. Con esta declaración, Las Yungas en este momento forma parte de la Red Mundial de reservas de biosfera de la Unesco y por consiguiente de la Argentina.
En rigor, según Ledesma, Las Yungas superan los 4 millones de hectáreas de bosques que representan el 2% del área continental del país, que mantienen el 50% de su biodiversidad. En esa selva actualmente habitan alrededor de 500 especies de aves, otras 200 especies de árboles nativos de la región, 80 variedades de helechos y 30 especies de anfibios.
“Los bomberos voluntarios están trabajando en total escasez, estaban viendo de pedir una motobomba y buscando gente de bomberos y de Defensa Civil para ver que se puedan frenar los focos”, agregó el ingeniero agrónomo. Agregó que aún esperan el accionar del intendente Jorge Guerra. “El norte argentino es tierra de nadie”, sintetizó.
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Jujuy y Salta fortalecen plan para conservar al yaguareté

Fecha de Publicación: 20/08/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Jujuy - Salta


Las Yungas es la región con mayor población de la especie en peligro de extinción, con unos 200 animales.
Las provincias de Jujuy y Salta, junto a Parques Nacionales, trabajan en la actualización del Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté (Panthera onca) en las Yungas Argentinas, en el que se apostará a fortalecer la comunicación sobre el valor de la especie, generar mayores condiciones de preservación de su hábitat y acciones contra la cacería asociada a la ganadería.
El trabajo para definir las tareas, que comenzó en junio con distintos encuentros y talleres, se proyecta concluir en septiembre con la respectiva validación del renovado plan, habiéndose acordado en la última semana lo referido a las nuevas metas, según indicaron desde el equipo a cargo de la labor.
"En esta actualización analizamos nuevas perspectivas de trabajo referidas a los factores que más están influyendo en el yaguareté y su hábitat, como ser incendios forestales, el impacto que genera el desarrollo de rutas y también la cacería", explicó a Télam el director de Biodiversidad de Jujuy, Daniel Zenón.
Detalló que los nuevos lineamientos se están abordando entre técnicos e investigadores de Jujuy y Salta, siendo muy importante el trabajo combinado por la conexión biogeográfica de las Yungas.
En ese sentido, Soledad de Bustos, bióloga de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, puso en valor que se estima que las Yungas es la región de mayor hábitat en el país de la especie en peligro de extinción, con "alrededor de unos 200 individuos".
Lo anterior, "en comparación con las otras dos subpoblaciones que se registran, en la ecorregión del chaco, con unos 20 individuos, y de la selva misionera, con alrededor de 80".
De las principales amenazas que enfrenta el yaguareté, la especialista sostuvo, en diálogo con Télam, que "no solo se ha visto reducido su hábitat natural disponible, sino también se han perdido individuos a través de la cacería, producida generalmente asociada a la ganadería".
Al respecto, apuntó que desde Parques Nacionales y la Fundación Jaguares en el Límite se está trabajando en alternativas de manejo ganadero y en dar herramientas para ahuyentar a los felinos.
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Las aguas del Pilcomayo están contaminadas

Fecha de Publicación: 19/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional


Estudios de laboratorios bolivianos determinaron que el agua del Pilcomayo no es apta para consumo humano, tras la contaminación producida por el colapso de un dique de colas en la comunidad de Agua Dulce, en Potosí.
El informe de laboratorio menciona que las muestras determinaron que el agua es Clase "C", que para ser utilizada para consumo humano requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica, según consignan medios locales.
El director de Gestión Ambiental y Riesgos de la Gobernación de Tarija, Reiner Figueroa, confirmó al medio boliviano Tarija Economía que los informes indican que el agua del río no es apta para consumo. Y agregó que las dos muestras fueron recolectadas los primeros días de este mes y luego derivadas a un laboratorio que trabaja con el gobierno boliviano. Frente a este informe, las autoridades locales bolivianas recomendaron el uso de potabilizadores en toda la región..
El funcionario también aseguró que se tomarán muestras en otras zonas del río y se enviarán para ser analizadas en busca de indicadores de contaminación. E insistió en que se continará con el análisis de muestras para tener más certeza sobre el grado de contaminación en la parte baja del río, que atraviesa territorio de Argentina y Paraguay.
Mientras en el lado argentino, principalmente la provincia de Salta, aguardan resultados de las muestras de aguas que se tomaron en las riberas del Pilcomayo a la altura del municipio de Santa Victoria Este para descartar o confirmar la contaminación minera. Aunque la difusión en Bolivia de los resultados de estos análisis ya levantó una profunda preocupación.
El 23 de julio colapsó el dique de colas en la región de Agua Dulce y virtió más de 10 mil toneladas de residuos de minería, altamente contaminantes en la quebrada de Jayasmayu, que a través del río Tarapaya se conecta con el Pilcomayo.
La gobernación de Potosí prevé encarar un Plan de Contingencia, que incluye la limpieza del lodo contaminado antes de que empiece la temporada de lluvias, para evitar que sigan esparciéndose los contaminantes.
A diferencia de las autoridades potosinas, la Gobernación de Chuquisaca asegura que los niveles de contaminación del Pilcomayo están dentro de los límites permitidos y que no son peligrosos.
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Hace 10 años desmontó ilegalmente 11 mil ha, y aún no cumple con la recomposición

Fecha de Publicación: 13/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La deforestación se detectó en 2013 gracias a un operativo de la AFIP, que además encontró personas en condición de esclavitud. Pasó varias instancias judiciales y la Procuración General permitió que no se pagara una multa.
La Justicia de Salta ordenó a un empresario agrícola cumplir con el Plan de ejecución de Recomposición Ambiental que aceptó en una conciliación firmada en 2016. El acuerdo al que llegó aquel año con el Ministerio Público Fiscal (MPF, en aquel momento encabezado por el ahora juez de la Corte de Justicia salteña, Pablo López Viñals), fue tras un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en dos catastros del departamento San Martín, donde viven comunidades criollas e indígenas.
La deforestación fue en 2013. Pobladores criollos e indígenas, e incluso la asociación ambientalista Greenpeace, habían denunciado el desmonte en aquellos años. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la provincia no veía la deforestación y negaba la existencia de esa situación.
Recién en ese año, gracias a un operativo de la AFIP, que encontró a personas adultas y menores de edad en situación de esclavitud laboral, los funcionarios provinciales se dieron por enterados de que el desmonte existía y no tenía autorización administrativa alguna para realizarse.

Los antecedentes
Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen son los propietarios de los catastros en donde se realizó el desmonte ilegal. Tras detectarse el ilícito, la Secretaría de Ambiente de la provincia ordenó la paralización de las tareas que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio. Pero esa disposición se desobedeció. Ambiente impuso en ese momento una multa administrativa de 16 millones de pesos; el equivalente actual, por el precio de la nafta que es el parámetro sobre el cual se calcula, sería de 200 millones.
Ante el incumplimiento, el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, dispuso sobre uno de los demandados una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país, referida a incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes.
Incluso se había dispuesto hace ya 7 años, un pago de $171.413.473. Pero en 2016, tras la firma de un convenio marco entre la firma y la Procuración General, se suspendieron los plazos judiciales a condición de que Karlen cumpliera con la recomposición ambiental, que incluía la incorporación de las comunidades criollas e indígenas para un desarrollo sustentable y regularización de su situación en la zona. El plan de recomposición ambiental, abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años.

Otra fiscala que intervino
Ya en 2020 ante los incumplimientos del Plan convenido, la fiscala Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, solicitó la aplicación de astreintes (multas diarias) para que los propietarios agilizaran el cumplimiento de sus obligaciones, y la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, resolvió imponérselas en 30 mil pesos diarios. El MPF (actualmente a cargo de Pedro García Castiella) informó que la cifra acumulada hasta agosto del año pasado, en que el abogado de los Karlen recurrió, ya era millonaria.
En agosto de 2021, el letrado apoderado de los propietarios de las actuales matrículas Nº 30746 y 30747 del departamento San Martín, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía debido al incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Vélez Román solicitó el rechazo del planteo que pretendía “reeditar cuestiones ya resueltas” y que sólo tenían “asidero en justificar su actuar negligente” y que pretendía “dejar sin efecto la imposición de multa” diaria judicial.
Yance rechazó el recurso de la firma. En su fallo sostuvo que “no ha habido constancia de haber dado inicio al cumplimiento de lo homologado judicialmente”, además de que a lo largo de los trámites de un proceso judicial complejo la demandada “no ha colaborado, sino que ha mantenido una conducta obstruccionista, no asumiendo las responsabilidades” impuestas.

Panorama actual
Vecinos de la zona judicializada se comunicaron con Salta/12 tras conocer el fallo de Yance. Indicaron que pese al convenio homologado por el MPF, el plan de recomposición no se cumplió y aún siguen muchas familias criollas y originarias dentro de estas tierras, que no son las únicas a nombre de los Karlen en el Chaco salteño. “Hay familias que cuando ellos iniciaron con los desmontes se tuvieron que ir. De alguna manera como que fueron expulsados”, indicó una de las vecinas de la zona.
Aseguró que además de no haber hecho nada para remediar el desmonte ilegal, “siguen explotando la zona”, y que los campesinos que están en sus puestos se encuentran “encerrados por enormes y extensos alambrados”.
“Lo mínimo que deberían haber hecho es clausurarles el campo durante todo este tiempo. Es una vergüenza que hayan levantado tantas cosechas después de haber desmontado”, sostuvo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Al igual que la vecina, dijo que los integrantes de la organización ambientalista vieron cómo en estas extensiones judicializadas se continuó produciendo.
Cuando se firmó el convenio en 2016 se criticó el acuerdo anticipando que podía llegar a ser contraproducente. Giardini afirmó que de hecho los empresarios tuvieron “impunidad” durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey para desmontar de manera ilegal. “No se te puede escapar un desmonte de 11 mil hectáreas con 18 topadoras cuando tenés un control (de imágenes) satelital cada 15 días. Eso habla de la impunidad de dejar hacer”, aseguró.
Para el ambientalista, que esta situación continúe después de tanto tiempo “es terrible”. Mientras el tiempo pasa, destacó que un monte necesita al menos 50 años para recuperarse. Casi diez ya se perdieron.
Añadió que este caso demuestra que “no sirve el sistema de multa”, dado que “cuando son bajas las pagan alegremente y cuando son muy altas las judicializan”, para no pagarlas. Es por ello que insistió, el desmonte debe ser calificado como delito penal.
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