Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Vecinos quieren frenar los desmontes de Los Maitines en Las Yungas

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Vecinos de San Lorenzo colectan firmas en Chang.org para que exigir al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Lorenzo que frenen el desmonte en Las Yungas que actualmente se hace para dar inicio a la construcción del loteo Los Maitines.
Además, recaudan fondos para tomar medidas legales de protección de la zona, a través de la aplicación https://cafecito.app/salvemosyungas.
Desde la intendencia de Fernando "Kila" Gonza, ex intendente de San Lorenzo, que la familia Patrón Costa busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario Los Maitines S.A. en aproximadamente 125 hectáreas, para subdividir en 300 lotes destinados a viviendas y espacios de recreación. Se emplaza en las laderas y serranías de San Lorenzo y Castellanos.
Julieta Valencia, una de las vecinas en lucha por resguardar Las Yungas, indicó a Nuevo Diario que "Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II, por lo que no debe haber desarrollos urbanísticos, no sólo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto".
Agregó que el proyecto también infringe la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua dado que el recurso de la zona se extrae de lugares que hoy ya son insuficientes para el municipio.
"Según la ley provincial 7070 de Protección de Medio Ambiente, está prohibido el cambio de uso de suelo o recategorización", remarcó.
"Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar. En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas", explicó.
Valencia contó que la familia Patrón Costa presentó el proyecto para su aprobación en la Municipalidad de San Lorenzo la que, al no contar con los recursos técnicos para la evaluación correspondiente, derivó las gestiones a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia. "Lo único que hicieron fue hacer un chek list de los requisitos, como la Audiencia Pública, Estudio de Impacto Ambiental. Vieron que estaba la documentación presentada, pero no evaluaron que todo estuviera correcto o cumpliera con las normativas. Con el chek list se dio pase al municipio para que autorice", indicó.  
Ya con la pandemia encima, se convocó a una audiencia pública vía zoom, lo que provocó el rechazo de los vecinos que pedían fuera presencial o se suspenda hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran. "Este sistema imposibilitaba la participación ciudadana, dado que no todos los vecinos cuentan con el servicio de internet y los dispositivos necesarios para la conexión. Además, hubo poca información", remarcó.  
"A pesar que se vulneran tres normas (ley provincial 7070, ley nacional de bosques y ley de ordenamiento territorial) ellos siguen con los desmontes para la apertura de caminos porque dicen que obtuvieron la aprobación municipal. El emprendimiento no debería estar aprobado, ya que para avanzar sobre las leyes se requiere que sean modificadas, y no de una simple resolución de un municipio que los autorice. Claramente las urbanizaciones en zonas categorizadas en amarillo y rojo están prohibidas, ya que requieren desmontar para los accesos y levantar las propiedades", expresó Valencia.
Por último, detalló que el tema fue usado políticamente por Héctor Chibán, candidato en el 2019 a diputado nacional y por el actual intendente Manuel Saravia. "Antes de asumir (Saravia) estaba en contra de Los Maitines. Su compromiso era asumir y frenar esta situación, sin embargo fue uno de los primeros proyectos que saca".
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Afirman que la Sociedad Rural quiere desmontar el 50% de sus fincas

Fecha de Publicación: 07/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El titular de la Secretaria de Ambiente, José Aldazábal, afirmó que las intenciones fueron negadas en tres ocasiones por las autoridades de la Nación.
La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.

Una de las provincias más deforestadas
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Advierten que la Sociedad Rural Salteña presiona al gobierno por más desmontes

Fecha de Publicación: 02/06/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


En medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la ONG Greenpeace advierte que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50% de la superficie de sus fincas.
Esta demanda se hace también ante la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques.
Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación.
Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original.
La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20.
Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Impulsan normas para apuntalar el desarrollo local de la minería

Fecha de Publicación: 11/05/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Desde la Cámara de Diputados de la Provincia señalaron que avanzarán en el registro de proveedores mineros y la creación de un Consejo Consultivo Minero Provincial.
El apuntalamiento en Salta de la actividad minera, que está en el centro de las miradas de los inversores, también tendrá un adecuado marco legislativo. Desde la Legislatura hilvanan una serie de acciones conjuntas con el Ejecutivo y prometen avanzar en esta línea.
El titular de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Lino Yonar, reafirmó que se procurarán establecer distintas normas.
Una de ellas tiene en vista otorgar el marco normativo para un registro provincial de proveedores mineros.
El legislador por Rosario de Lerma anticipó que otro tema en el que se avanzará tiene que ver con la unificación de la bolsa de empleo minero, ya que REMSA tiene una y otra la cámara de empresarios mineros.

Consejo consultivo
Por otra parte, en marzo de este año tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que impulsa la creación de un Consejo Consultivo Minero Provincial.
La propuesta se encuentra para análisis en las comisiones de Minería, de Hacienda y Presupuesto y de Legislación General de la Cámara Baja.
Son autores del proyecto el titular de la Cámara Baja, Esteban Amat, y los diputados Gonzalo Caro Dávalos, Laura Cartuccia, Patricia Hucena, Martín Pérez y Germán Rallé.
La iniciativa para crear el Consejo Consultivo Minero Provincial tiene como finalidad impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la minería en la provincia de Salta.
Se integraría con representantes de la autoridad de aplicación en materia minera que designe el Ejecutivo provincial, de la comisión de Minería, Transporte y Comunicación de Diputados, de la comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, de REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), de la Cámara de la Minería de Salta y de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta.
El consejo consultivo tendría facultades para proponer medidas de acción con el fin de que la actividad minera incorpore el máximo valor agregado al sistema económico provincial, respetando el medio ambiente y su desarrollo sustentable.
Además, para proponer programas de capacitación y adecuada preparación de los recursos humanos locales y regionales en materia de servicios para la actividad minera y el empleo minero.
Asimismo, la de analizar y enunciar permanentemente sobre la evolución y el impacto que la actividad minera produzca en el proceso socio-económico de la provincia.
En la Cámara Baja recuerdan que en el 2012, el exdiputado Ricardo Alonso impulsó una iniciativa legislativa similar, pero que no prosperó en ese momento.

Panorama
A fines del mes pasado, desde el Ministerio de la Producción de la Provincia realizaron un balance del plan minero en la Cámara de Senadores.
Allí informaron que Salta está bien catalogada a nivel mundial, llevando adelante 20 proyectos de exploración de litio, de los cuales están en marcha dos, Posco y Eraminé, que generarán mil puestos de trabajo; más inversiones proyectadas por 3 mil millones de dólares del proyecto Taca Taca, que arrancará con seis mil puestos de trabajo.

“Mejorar la calidad de vida de la gente de la Puna”
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, señaló la semana pasada que todo lo que se haga en materia de minería debe trascender los proyectos de litio. El funcionario fue uno de los oradores durante la cuarta mesa del litio que se realizó en el Centro de Convenciones.
“Estamos frente a varios desafíos, esencialmente de infraestructura, de mejorar la vida de los habitantes de nuestra Puna, de que queden para ellos obras que trasciendan a los proyectos de Litio, de mantener y asegurar la sustentabilidad ambiental, de defender los recursos naturales de la provincia”, aseguró.
Finalmente expresó que “el desarrollo de nuestros proveedores también debe ser regional y debe asegurar la generación de empleo para los habitantes del NOA. También, debemos asegurar la pertenencia de nuestras comunidades a los proyectos y la participación constante a través de las Mesas Sociales”, indicó De los Ríos.
A la reunión que se concretó la semana pasada en el Centro de Convenciones Salta concurrieron, además de Martín de los Ríos, el ministro de Producción de Jujuy, Ezequiel Lello, y de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa. También participó la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila y el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Pollera.
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Afirman que no habrá más áreas para desmonte que las ya previstas

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del  mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas  comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.

Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.

El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
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Buscan alternativas para controlar la contaminación acústica en Salta

Fecha de Publicación: 20/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ediles convocaron a especialistas en el tema para analizar un proyecto de ordenanza al respecto.
La Comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad del Concejo Deliberante de Salta, convocó para la próxima semana a representantes de instituciones técnicas colegiadas locales, de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Católica de Salta y del INTI para analizar conjuntamente un proyecto de ordenanza presentado por el edil José Gauffín (JC+) que busca prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica.
La convocatoria fue formulada para el 22 de este mes y fueron llamados además de especialistas de ambas universidades, representantes del CoPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) y el Colegio de Arquitectos.
El proyecto de Gauffín está motivado en las constantes denuncias de los vecinos de la ciudad a causa de ruidos molestos.
En la iniciativa se sostiene que “el ruido es considerado como un contaminante dañino según la Organización Mundial de la Salud, que afecta principalmente la salud de las personas que viven en los centros urbanos y genera una baja calidad de vida para la población afectada, siendo las fuentes más importantes el aumento vehicular y las actividades propias de la población”.
Los ruidos molestos a la población están normados ahora por el Código de Protección del Medio Ambiente, ordenanza sancionada en 1989.
Si esta iniciativa prospera, al momento de la promulgación, quedarán derogados los artículos N° 89 al 96 inclusive, del Código de Protección del medio Ambiente.
También fundamenta el proyecto que la contaminación sonora es un problema que repercute en la población a nivel emocional provocando estrés, irritabilidad, cefaleas, insomnio, dificultades de habla, pérdida de audición como un factor medioambiental que incide de forma principal en la calidad de vida.
El autor del proyecto apunta que “el ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las ciudades” y afirma que "la contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, perturbando el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular”.
El proyecto consta de 32 artículos y define a la contaminación acústica como la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, generados por las distintas actividades desarrolladas por las y los vecinos, en niveles que produzcan alteraciones, molestias o que resulten perjudiciales para la salud y el descanso de las personas, o que produzcan deterioros de los ecosistemas naturales de la ciudad.
Plantea la obligatoriedad del Ejecutivo Municipal de brindar información sobre la incidencia de la contaminación acústica en la ciudad de Salta y las actuaciones desarrolladas para su control.
Dispone un plazo de 270 días desde la promulgación para establecer un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, el que será revisado y actualizado en períodos no superiores a cuatro (4) años a partir del establecimiento de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs).
En el artículo 8° dedicado a la terminología, discrimina 37 términos a los fines de interpretar la ordenanza, entre los que se incluye acústica, área acústicamente protegida, área de sensibilidad acústica, aislamiento acústico, todos los parámetros técnicos como el bel (B), el decibel (dB), decibel A (dBA), descriptor de ruido, emisión sonora, emisor acústico, evaluación de incidencia acústica, foco emisor claro, fuentes fijas, índice de percepción de vibraciones, nivel de presión sonora, nivel sonoro máximo y otros.
Se propone todo un título dedicado a la prevención de la contaminación acústica y la creación de un registro de actividades catalogadas potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones. Allí deberá incluirse a los titulares de las actividades involucradas habilitadas o por habilitarse.
Define además que la autoridad de aplicación deberá establecer un programa permanente de medición de los niveles de ruido en el ambiente exterior del espacio público. Los resultados de tales mediciones se presentarán en forma de mapas de ruido, los que se confeccionarán de acuerdo con métodos normalizados establecidos en la reglamentación.
Propone que los cuerpos de vigilancia e inspección, en el caso de verificar que una fuente móvil sobrepasa los valores límites de emisión permitidos, labrarán el acta de comprobación, e intimarán al titular o al conductor a presentar el vehículo en el lugar y hora determinados para su reconocimiento e inspección. Este reconocimiento e inspección podrá referirse tanto al método de vehículo en movimiento como al del vehículo estático.
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“El cerro no se toca”, vecinos de Tres Cerritos denuncian desmontes en una reserva natural

Fecha de Publicación: 21/03/2022
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Se trata de la zona donde pretende construir un complejo turístico en un área caracterizada como “reserva natural” y que además se encontraría identificada en color amarillo dentro de las clasificaciones de la ley de ordenamiento de territorial de la provincia, en las que están prohibidos los desmontes.
La disputa entre los vecinos, los responsables del proyecto y el Concejo Deliberante comenzó en el 2019. “Venimos haciendo denuncias constantemente a la municipalidad. Nunca se frenaron del todo los trabajos, constantemente vemos tala y desmonte, ayer pudimos filmar a operarios que estaban desmontando la reserva natural del lado del barrio de Ingenieros, yendo para el autódromo”, contó Maximiliano Assaff.
Ya en 2019, desde la subsecretaria de Planificación y Control Urbano, el impacto ambiental de la obra es altamente negativo. “Nos sorprende que la municipalidad no haya tomado ninguna sanción para las personas que están desmontando la reserva natural que está protegida por ley. El proyecto hotelero ya había sido frenado hace un tiempo atrás y ahora en el Concejo Deliberante se volvió a comisión por el petitorio del concejal justicialista Arnaldo Ramos, un proyecto que es aberrante para Salta porque viola un montón de leyes y ordenanzas”.
De acuerdo a lo que señaló Assaff, y según estudios ambientales realizados en el lugar, “la zona tiene una pendiente excesiva, obviamente va a haber deslaves, es una zona donde hay falta de agua y esto se va a incrementar. Pedimos una audiencia con la intendenta y con el gobernador. Vamos a agotar todas las medidas administrativas y si no tenemos respuestas vamos a pedir un amparo”.
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Piden al municipio que frene desmontes y movimiento de suelos en las serranías del este capitalino

Fecha de Publicación: 15/03/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La resolución la aprobó de forma unánime el Concejo Deliberante de Salta. La zona en cuestión está clasificada como Área Especial-Reserva Natural.
En la última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la capital aprobó por unanimidad una resolución en la que solicitó a las autoridades municipales que disponga el cese de toda actividad o acción de desmalezado, tala, desmonte y movimiento de suelo, que no estén autorizados, en las matrículas Nº 182.523, 182.524, 167.227, 167.228 y 177.976.
El Ejecutivo Municipal de Salta no tiene registrado el ingreso de documentación técnica que avale actividades de desmonte o limpieza en esas cinco parcelas ubicadas en las serranías del este, un sector extenso de bosque bajo y de variada vegetación, protegido por normas urbanísticas y ambientales.
La resolución fue presentada por el concejal Jorge López Mirau (Unidos por Salta), que expuso la preocupación de los vecinos de la calle Los Carolinos al 700, en el barrio Tres Cerritos de la capital salteña.
El caso no es nuevo para la ciudad y forma parte del permanente conflicto que genera la presión de los desarrolladores inmobiliarios para ocupar suelo urbano.
“Esa zona se encuentra a más de mil metros de altura, si se realiza una modificación, traerá consecuencias negativas para el medio ambiente; no solo degradación, sino los serios problemas para las viviendas que seguro sufrirán las consecuencias de los desmoronamientos e inundación”, dijo López Mirau.
En la legislación municipal la zona figura clasificada como AE-RN (Área Especial-Reserva Natural). Gran parte de esa serranía, una suerte de extenso cordón verde que va de norte a sur en la margen este de la ciudad, es de propiedad privada, sujeta a restricciones de dominio y es un área no urbanizable, con la finalidad de resguardar atributos excepcionales de la naturaleza .
El edil citó todas las normas que aseguran la protección y preservación del ambiente, desde la Constitución Nacional, leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales.
Dijo que “se observan trabajos en ese predio hoy cercado por una lona verde que impide la visión hacia el cerro y acciones muchas veces silenciosas, pero que avanzan sin pausa y que hay que frenar; porque aunque sean propiedad privada hay restricciones al dominio que están indicadas en el derecho ambiental, no pueden quitar el pulmón verde a la ciudad”.
José Gauffin (JxC+) explicó que la serranía del este es un área bastante grande. Citó como límites el río Mojotoro en el extremo norte de la ciudad; la Quebrada del Cuarteadero, que va en rumbo norte sur, y luego el acceso a Salta por la ruta nacional 9 hasta el Portezuelo (acceso turístico a la ciudad al pie el Cerro San Bernardo).
El edil dijo que a ello hay que sumar las serranías de Villas Las Rosas y Villa Mitre que tienen categoría de Parque Natural. Destacó que en esas dos categorías (Area Especial- Reserva Natural y Parque Natural) conviven muchas actividades. Que en las áreas agrícolas de esa zona se aprobaron urbanizaciones cerradas, porque lo permite la legislación y que dentro de esa serranía, conviven el barrio Autódromo, el barrio Las Colinas, el Teleférico y el culto a la Virgen del Cerro .
Al apoyar el proyecto dijo que “tenemos que involucrarnos definitivamente porque me parece injusto que solo unos cuantos vecinos tomen a su cargo, carguen en sus espaldas con la lucha por preservar esa área tan importante para la ciudad.
La concejala Paula Benavides (Salta Independiente) dijo: “Ya vimos hace unos años a particulares propietarios de estas tierras presentar proyectos con pedidos de excepción. No podemos ir en contra de la normativa vigente que protege el medio ambiente; la vía de excepción no puede ser una política de trabajo”.
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Ambiente realizó relevamientos y tomó muestras de agua en la provincia de Salta   

Fecha de Publicación: 09/03/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional - Salta


Las acciones fueron en la zona denominada Quebrada Internacional (arroyos Yacuiba y Pocitos), en el límite con la República Plurinacional de Bolivia para determinar la calidad del agua. También se inspeccionaron predios privados por presunta contaminación ambiental.
La Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición, y la Dirección de Calidad y Recomposición Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), llevó a cabo actividades de relevamiento y toma de muestras de aguas superficiales en la ciudad de Salvador Mazza de la provincia de Salta, en la denominada Quebrada Internacional en el límite con la República Plurinacional de Bolivia, por una denuncia por contaminación presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las actividades se llevaron a cabo en forma conjunta con el Escuadrón 61 de la Gendarmería Nacional, las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Recursos Hídricos de la provincia de Salta y el Área Ambiental del Municipio de la ciudad de Profesor Salvador Mazza. Se contó, además, con la colaboración de la Dirección de Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El análisis será realizado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta. En tanto, el informe pertinente será remitido a la Cancillería para su consideración y tratamiento.
Además, se llevaron a cabo inspecciones en dos empresas, la primera fue en Terramaq SRL, ubicada en Las Lajitas, Departamento de Anta, operadora para el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios. Se describió el estado de degradación del predio donde funciona la firma. La segunda se realizó en el predio de la firma La Rosita SA, en el municipio de Los Cerrillos, luego de una denuncia efectuada por vecinos del barrio Los Pinares (aledaño al predio de la empresa) por presunta contaminación ambiental. Allí, la firma Metalúrgica Integral SA tramita ante la autoridad de aplicación de la provincia de Salta el estudio de impacto ambiental para la instalación de una planta de fundición de metales ferrosos. Se describieron las obras de construcción de naves y estacionamiento para vehículos que se están llevando a cabo en el predio de 41 hectáreas.
De las acciones que se desarrollaron los días 21, 22 y 23 de febrero, participaron Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición y Leonardo Di Paolo, de la Dirección de Calidad y Recomposición Ambiental, el director de la BCA, Alejandro Mackielo y Carlos Fernando Gatti, de la Dirección de Inspecciones, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Habrá audiencia pública en la Corte Suprema por una causa contra Salta

Fecha de Publicación: 10/02/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Salta


El proceso que fue anunciado en la agenda de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no tiene fecha.
Solo un anuncio fue anteayer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de realizar cuatro audiencias públicas, entre las cuales una es por la preservación del hábitat y la suspensión de la explotación productiva en las zonas de hábitat del yaguareté, que es la del Gran Chaco. Esta región incluye a Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Si bien se interpretó que la Corte Suprema actuó en este sentido como reacción ante los reclamos de democratización de la Justicia impulsados sobre todo por la parsimonia de sus integrantes en las causas por hechos de espionaje durante la presidencia de Mauricio Macri, para el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, “es muy importante que avance la causa”.
Giardini informó que la notificación de la audiencia fue recibida el viernes última “a última hora”, y aún se desconoce quiénes serán convocados, o si la instancia tendrá transmisión pública.
El amparo fue presentado por Greenpeace en 2019. Allí se describió el peligro de extinción del yaguareté ante la destrucción de los montes y bosques nativos de la zona del Gran Chaco, pese a los ordenamientos enmarcados en la ley nacional que los protege.
Hubo diversas presentaciones y pedidos a lo largo de los dos años, sobre todo porque los desmontes no cesaron ni siquiera durante la pandemia y el aislamiento social y preventivo obligatorio (ASPO) de 2020.
Incluso tras el amparo se solicitó una medida cautelar para prohibir los desmontes en las cuatro provincias demandadas hasta resolver la cuestión de fondo. La suspensión se solicitaba sobre todo en aquellas áreas recategorizadas. Pues había áreas que debían conservarse y por un decreto que tergiversó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), las zonas con necesidad de máxima protección fueron habilitadas para los desmontes.
Esto es lo que pasó en Salta con dos decretos que emitió el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2014. Y si bien durante la gestión de Mauricio Macri, desde la Nación se instó a la provincia a suspender las autorizaciones otorgadas bajo esa modalidad, antes de dejar el gobierno provincial, la gestión de Urtubey volvió a encontrar una salida para que las autorizaciones siguieran vigentes. Esa fue al menos la excusa del gobierno de Gustavo Sáenz para la continuidad de las deforestaciones en zonas recategorizadas.
“Los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta para autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques Nativos alcanzan, como mínimo, las 126.177 hectáreas (el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires)”, indicó en su momento Greenpeace en el amparo presentado ante la CSJN. Entre las fincas que habían sido beneficiadas con la recategorización están las pertenecientes a la familia Macri y amigos, como Alejandro Braun Peña.
En el pedido de la cautelar también se solicita la “suspensión de cualquier autorización de actividad ganadera intensiva, incluyendo el ‘manejo silvopastoril’ y ‘Manejo de Bosques con Ganadería Integrada’ en zonas Categoría I (roja) y Categoría II (amarilla) en las provincias demandadas, exceptuadas de esta suspensión la pequeña ganadería realizada por pequeños productores rurales e indígenas en la Categoría II – Amarillo”. También se había pedido prohibir nuevas recategorizaciones que impliquen un retroceso ambiental, y el desmonte en los corredores biológicos de conservación, prohibiéndose allí toda deforestación, fragmentación y degradación para permitir el normal desarrollo de la vida de los últimos menos de 20 ejemplares de yaguaretés del Gran Chaco argentino.
El último informe de Greenpeace respecto de los desmontes detectados mediante imágenes satelitales, indica que Salta deforestó en 2021 10.657 hectáreas, convirtiéndose en la que menos deforestó ese año entre las cuatro provincias demandadas en el amparo.
“Desde la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, la provincia realiza un trabajo permanente, mancomunado y consecuente para honrar la sustentabilidad ambiental”, dijo este jueves ante la novedad el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. Ahora queda por conocer la postura que llevará la provincia junto al funcionario PRO que también representó en su momento a la Federación de Entidades Rurales de Salta. Y es que en la provincia entre 2020 y el año pasado se convocó a audiencias públicas para el desmonte de 28 mil hectáreas
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La minera Ganfeng instalará un parque solar de 150 MW   

Fecha de Publicación: 04/02/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La gigante asiática planea abastecer íntegramente a su proyecto de litio del Salar de Llullaillaco con energía fotovoltaica.
La minera Ganfeng instalará un parque solar de 150 MW Ganfeng, la mayor proveedora mundial de litio para baterías de vehículos eléctricos, instalará un parque fotovoltaico de 150 megavatios (MW) en el Salar de Llullaillaco. Fuentes de la subsidiaria argentina de la compañía china adelantaron a El Tribuno que los procesos productivos del proyecto Mariana serán abastecidos íntegramente con energía renovable. Con esa capacidad de generación instalada será una de las plantas solares más grandes de la región y la mayor de América no conectada a una red nacional, ya que el cien por ciento de su electricidad será utilizada en la planta de litio que operará al pie de los Andes, en municipio de Tolar Grande.
El estudio de impacto ambiental del parque fotovoltaico del Salar de Llullaillaco ya está bajo análisis en la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. Ganfeng, a través de su controlada Litio Minera Argentina, aguarda la luz verde de la autoridad de aplicación provincial para empezar a instalar el parque solar que cubrirá un área de alrededor de 100 hectáreas con paneles fotovoltaicos de alta eficiencia. La planta, de acuerdo con el proyecto ejecutivo, contará con un avanzado sistema complementario de almacenamiento de energía para mantener los procesos operativos en días nublados y horarios nocturnos. Las baterías serán fabricadas por Ganfeng en China.
Mariana es uno los proyectos de litio más avanzados que tiene el departamento Los Andes en los salares del oeste salteño. La compañía asiática abrió a fines de 2021 un proceso de contratación para iniciar las obras de infraestructura en las que tiene planeado volcar 580 millones de dólares en tres años. Con esa inversión pondrá en funcionamiento una planta de extracción en el Salar de Llullaillaco y otra que procesará las salmueras en el Parque Industrial de General Gemes, para exportar hasta 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Con recursos estimados en más de 5 millones de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente), Mariana es uno de los depósitos más grandes del Cono Sur.
Mariana no es el único proyecto que aprovechará el potencial de generación solar de la Puna para producir carbonato de litio, un insumo clave de la transición de las energías renovables y la revolución de la electromovilidad, con una baja huella de carbono.
En el Salar del Hombre Muerto, la compañía estadounidense Livent (antes Minera del Altiplano) tiene en la gatera otro megaproyecto con el que duplicará la capacidad de producción del yacimiento Fénix.
Con una inversión de 640 millones de dólares, Livent construirá una segunda planta en dos etapas: la primera se completaría a principios de 2023 y la segunda, en el primer cuatrimestre de 2024. Con esas obras la operadora del yacimiento Fénix apunta a incrementar gradualmente su participación en los mercados internacionales de las actuales 20.000 a 40.000 toneladas de carbonato de litio.
El plan de expansión de Livent también incluye la incorporación de energía fotovoltaica en los procesos del proyecto Fénix.

Rincón
La minera angloaustraliana Río Tinto acaba de adquirir el proyecto de litio del Salar del Rincón, en el oeste salteño, por 825 millones de dólares. Tras la operación que cerró con la empresa australiana Rincon Mining, la nueva titular de los derechos anunció que completará la exploración del yacimiento para ponerlo en producción, con aprovechamiento de la capacidad de generación fotovoltaica radicada en esa zona de la Puna salteña.
El Salar de Rincón tiene prácticamente en las puertas al parque solar Altiplano 200, que se habilitó en diciembre último en Olacapato, con una capacidad de generación fotovoltaica instalada de 200 megavatios (MW).
Río Tinto comenzó a explorar con Neoen, la operadora de Altiplano 200, la posibilidad de sostener con energía renovable los procesos de producción en los que utilizará la tecnología de extracción directa para la que Rincón Mining diseñó la planta piloto que se construye actualmente en ese salar.
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Empresa minera expulsada de Serbia explotará litio en Salta

Fecha de Publicación: 27/01/2022
Fuente: Cuarto Poder Salta
Provincia/Región: Salta


La minera anglo-australiana Rio Tinto firmó un acuerdo vinculante para adquirir por US$ 825 millones el proyecto de litio salteño Salar del Rincón.
El yacimiento estaba en manos de Rincon Mining, empresa propiedad de fondos administrados por el grupo de capital privado Sentient Equity Partners.
«Río Tinto acaba de ser expulsada de Serbia tras intensas movilizaciones contra la explotación de litio en la zona de Jadar al oeste de ese país. Los manifestantes que se movilizaron en todo el territorio serbio, reclaman porque se aprobaron leyes que facilitarían las expropiaciones de tierras donde Río Tinto explotaría el litio, y denuncian además la contaminación que el proyecto provocaría en la zona. Como consecuencia de las movilizaciones, la asamblea municipal de Loznica desechó un plan donde había asignado tierras para el proyecto de litio», denunció en un informe Lopez, publicado en la agencia del Partido Obrero.
Agregó que en la India la empresa está acusada de planear y financiar el asesinato de la activista Shehla Masood ocurrido en 2011. Masood denunciaba la explotación ilegal de diamantes con la complicidad de funcionarios, en la zona de Bhopal.
En varios países donde tiene explotaciones mineras, la empresa está denunciada y hubo fuertes reclamos obreros por el incumplimiento de leyes laborales por la tercerización y precarización laboral. Esto ha ocurrido por ejemplo en Indonesia, pero también en los Estados Unidos.
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Chaco y Salta: al desamparo del desarrollo

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Chaco - Salta


Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local, pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
“Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico, para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las poblaciones locales de comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en Antropología, Malena Castilla, coautora, junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), en el cual dan cuenta de las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en las provincias de Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región.
“Las líneas de investigación presentadas en el artículo tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos, que venimos llevando adelante cada una de nosotras y con otros compañeros y compañeras de los institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, que es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Uno de los ejes centrales de este trabajo da cuenta del acaparamiento de tierras y otros recursos como el agua (que en muchos lugares es escasa) y la deforestación, que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria, bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, por ejemplo, entre 1998 y 2018, la pérdida de bosques nativos en la Argentina fue de alrededor de 6.500.000 hectáreas (ha). Lo más preocupante de ese dato es que el 43% de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Específicamente, el 87% de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). De igual modo, en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha en el Chaco y las 35.606 ha en Salta.
“Tampoco se cumple la Ley de Biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones, por ejemplo. Esto es un problema, porque las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo que avanza. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado o esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.
El otro eje central que observa esta publicación se refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias, no solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares, en los que no hay otra fuente de agua potable, ya sea por alto contenido de arsénico o porque son salobres.
Al respecto, el artículo advierte que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.
La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales que muchas veces acompañan estos procesos, con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios, en detrimento de las comunidades rurales y campesinas locales. Al respecto, por ejemplo, menciona un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano, anunciado por el Gobierno nacional en el año 2015, con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones, mediante el cual se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias, pero las obras no han alcanzado a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.
“Todas estas conflictividades que emergen en el territorio son el resultado de políticas que se fueron implementando y se siguen implementando, muchas veces a partir de los intereses de los empresarios del agronegocio, que tienden a aumentar o a buscar el aumento de la productividad en detrimento de las poblaciones indígenas o campesinas”, comenta Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA).
Otro caso que menciona el trabajo es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en el año 2000 y que busca alcanzar la integración y el desarrollo en la región del Gran Chaco, que abarca a cinco países. Su contracara es una distribución absolutamente inequitativa para las poblaciones locales, principalmente indígenas y pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario, sino también imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas tradicionales.
“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla y agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias de este modelo. Al respecto, la publicación especifica que, entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7% y 40,2% respectivamente, pero mientras que la población urbana aumentó 55% en Chaco y 54,6% en Salta (cifras que aumentan en los departamentos agrícolas: +97,3% en Anta, por ejemplo), en ámbitos rurales descendió a un -62,2% en Chaco y -16,3% en Salta.
Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo, de la mano de los incendios, por ejemplo, o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de una falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.
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No es calor, es desmonte: el vínculo de la deforestación con el cambio climático

Fecha de Publicación: 11/01/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta  - Nacional


Los eventos para escapar del agobio ardiente demuestran una realidad que se impone desde hace unos años ante el incremento en las temperaturas, en donde las medidas de adaptación van demostrando cambios en el comportamiento laboral.
“No es calor. Es desmonte”. La consigna largada en las redes sociales ante la última ola de calor que se vivió en el país al iniciar 2022, y particularmente en Salta por al menos tres días, puso de nuevo en el tapete la incidencia del cambio climático en la cotidianeidad. Cuanto hay de cierto y no, es lo que se intentó escudriñar con diversos datos que surgen de informes oficiales, de la experiencia de quienes sufren los peores calores, y también en base a investigaciones científicas.
Las experiencias atravesadas por esa ola en Salta pasaron desde un corte a la altura de la entrada de Vaqueros (departamento de La Caldera, a un kilómetro de la capital salteña), a quienes no tenían domicilio allí y que buscaban resguardarse del calor con las aguas del río. También fueron y aún son protagonistas los cortes en la ciudad por la falta de agua y luz en momentos donde el calor apretaba (y por el pronóstico, va a seguir apretando), situación que se replicó en el norte provincial, donde las temperaturas son superiores.
El mapa que se publicó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al iniciar este año por lo menos llamaba la atención. Temperaturas de más de 42 grados se imponían en el chaco salteño según las imágenes provistas.
“Se hace insostenible poder hacer las mejoras en el campo”, contó Lucía Ruiz, referente campesina de Morillo, ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte, en el departamento Rivadavia, al trasladar su vivencia al índice meteorológico. Según los datos volcados el 27 de diciembre en el SMN, Rivadavia fue el departamento que registró la temperatura máxima en el país con 44.5 ºC. En el sur, a unos dos mil kilómetros de distancia, la situación no quedó atrás para Cipoletti (de Río Negro), la segunda ciudad con más calor, dado que el termómetro marcó 43.8 ºC.
“Partiría diciendo que vínculo hay”, fue la respuesta del doctor en Ciencias Ambientales y referente de la Fundación Refugio, Andrés Leake, quien sostuvo que la frase “no es calor, es desmonte”, tiene fundamento. A nivel global está comprobado que la deforestación contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. A su vez, indicó que estudios realizados por Duke Univeristy (EEUU) han demostrado que a nivel local la perdida de la cobertura boscosas en zonas tropicales, como ser la Amazonia -en donde enormes franjas de la selva fueron deforestadas en los últimos 15 o 20 años-, las tardes pueden ser hasta 10 grados centígrados más cálidas que las regiones boscosas.
"Los árboles en los trópicos parecen limitar las temperaturas máximas que el aire puede alcanzar. Una vez que cortamos esos árboles, perdemos ese servicio de enfriamiento de los árboles, y puede calentarse muy, muy caliente", dice Luke Parsons, investigador climático de la Universidad de Duke , uno de los científicos que lideró los estudios citados por Leake.
Según el informe del Banco Mundial “Climate Risk Country Profile – Argentina” (Perfil de Riesgo Climático – Argentina), publicado el año pasado, el aumento de la aridez de los suelos y de los eventos de las sequías dejan más expuestas a las regiones con producción agrícola y ganadera. Las actividades son dos de las principales bases económicas del país, al momento que se desarrollan en las zonas más vulnerables ante los cambios del clima. La existencia de la producción primaria de la cual depende la economía argentina está ligada, a su vez, a la deforestación. Y es esta actividad una de las que más contribuye a su vez a la emisión de los gases de efecto invernadero a nivel global.
Se estima que otro problema del cambio climático en el país son las inundaciones que “generarán pérdidas de 700 millones de dólares cada año”, al momento de detallar que “uno de cada tres argentinos viven en zonas proclives a inundaciones”, ante la concentración de la población en el Gran Buenos Aires, la zona pampeana y el Gran Chaco.
Mientras se terminaba este artículo, desde el SMN se difundió en su canal oficial de twitter que “en los próximos días se espera un ascenso gradual de temperaturas. El calor extremo se mantendrá durante la próxima semana con valores superiores a 35°C en gran parte del país”. Ante ello, especialistas del Chaco sugirieron tener atención sobre los informes oficiales de la entidad y “tomar los cuidados necesarios para evitar golpes de calor y situaciones adversas para la salud asociado con la persistencia de altas temperaturas”. Advirtieron que en este escenario las condiciones serán propicias para que los incendios forestales se propaguen.

Entre el chiste y la adaptación al cambio climático
“Eran las doce del mediodía y la mujer le dijo al santiagueño que estaba en la cama: Esteban, levántate que se te va a ser tarde para dormir la siesta”. La siesta en Santiago del Estero, una de las provincias más calientes del país, siempre fue motivo de chistes o burlas. Sin embargo, hay quienes responden “hay que hachar un árbol bajo 50 grados”. En esa dicotomía de posturas Leake se permitió una lógica posible: “La siesta podría considerada una adaptación local al calentamiento global”
Del informe del Banco Mundial surge que las más elevadas temperaturas terminan por incidir en el desempeño laboral al aire libre dado que, indica el informe, quienes trabajen en estas condiciones “tendrán un aumento en sus riesgos ocupacionales ante la mayor frecuencia de eventos extremos, y/o mayor exposición a temperaturas elevadas, y/o mayor ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores”. En la medida que aumente el calentamiento global, en los lugares tropicales que ya están al borde de ser demasiado cálidos y húmedos para trabajar de manera segura debido al cambio climático, la deforestación puede empujarlos al límite en entornos de trabajo aún más insalubres e inseguros.
Algunas de las enfermedades de vector que se podrían ver potenciadas por el cambio climático están contempladas en el Listado de Enfermedades Profesionales. Se añade la posibilidad de pérdida en los días de trabajo por enfermedad o lesiones que pueden “representar una merma importante de ingresos”. También se destaca que “los perjuicios serán mayores en el norte del país. El cambio climático puede tener efectos diferenciados sobre la salud de los trabajadores de diversas ramas de actividad en función de su exposición frente a determinados factores de riesgo en razón de su actividad laboral”.
“Ahora para hacer las mejoras en el campo para los animales tenés que pensar en hacerlas durante el invierno, o entre las 5.30 y las 9, y las 18 y las 20 (en las demás estaciones), que es cuando oscurece”, contó la campesina Ruiz.
Además afirmó que el calor extremo se viene registrando en la zona desde hace tres a cinco años y esto los obligó a modificar sus tiempos para las tareas. “Antes en la mañana podrías hacer los trabajos entre las 6 y las 11, y volver a trabajar a la tarde, o llevarte la comida y almorzar en el lugar. Pero ahora ya no. Y pagarle a alguien para que lo haga en esas horas sería demasiado cruel”, afirmó. A ello sumó los eventos de sequía que perjudican al campesinado y que al menos entre 2020 y 2021 “fue año redondo”. Mientras, al iniciar el año, contó que el termómetro en la zona llegó a los 46ºC.
Los carpinteros independientes de la comunidad wichí de Rivadavia Banda Sur, en tanto, también tuvieron que cambiar sus horarios. “Los changos trabajan desde las 6 hasta las 12 y después entran a las 17 o 18 hasta las 22”, contó Bernardino Pizarra, referente de la zona. Algunos “no tienen problema en trabajar de noche”. Para ir al río “hay que salir mucho más temprano para que no te agarre el sol en el camino. Aunque mientras estás en el agua el calor no se siente tanto”, contó. Sostuvo que en estos últimos meses “se sintió más el calor. Nunca habíamos sentido que la temperatura llegue a los 46” ºC, como sucedió la semana pasada.

El NOA más caliente a fines de siglo
Del Resumen Ejecutivo de la Tercera Comunicación Nacional de 2015, del Ministerio de Ambiente de la Nación, surge que “la temperatura media aumentaría en todo el país durante este siglo, tanto en un escenario de aumento de las concentraciones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), moderado como de aumento extremo. Se detalló además que “si bien en el horizonte temporal del futuro cercano (2015- 2039) la tasa de calentamiento sería más acelerada que la observada en las últimas décadas, los aumentos estarían todavía entre 0,5 y 1°C con respecto al presente (1986- 2010), mientras que hacia fin de siglo el aumento de la temperatura proyectado es mayor y la región de mayor calentamiento sería la del noroeste con más de 3°C”.
De la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina de diciembre 2020, también del Ministerio de Ambiente de la Nación, se establece que la región del NOA, compuesta por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, sentirán los efectos de este cambio: sufrirán la dificultad, por distintas causas, en el acceso al agua en algunas poblaciones.
También habrá mayores impactos previstos por inundación y contaminación del agua de consumo y, por lo tanto, un aumento en las migraciones internas. El incremento de olas de calor puede generar fuertes impactos, dado que esta región presenta mayores vulnerabilidades sociales ante desastres.
La existencia de asentamientos en zonas bajas podría ocasionar afectaciones a la salud humana como consecuencia de la propagación de vectores, que, a su vez, podrían alcanzar otras zonas urbanas. El aumento de condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales, rurales y de pastizales y mayor estrés en el ganado y en diferentes sectores productivos, a causa de períodos secos más largos durante el invierno y la primavera. El incremento en la aparición de plagas agrícolas. La aceleración de los procesos de desertificación con impacto en los ecosistemas, cambios en el rango geográfico y extinción de especies menos tolerantes.
A eso hay que sumarle los impactos adversos en la actividad turística por aumento de temperatura que, por ejemplo, propicia un aumento en la frecuencia e intensidad de afloramientos de algas y cianobacterias, y, por consiguiente, afecta las actividades acuáticas recreativas.
Y otro punto a tener en cuenta son las presiones incrementales en la infraestructura existente, por ejemplo, en la distribución y generación eléctrica durante olas de calor y/o sequías prolongadas. El aumento de los daños a la infraestructura vial e hidráulica, como puentes, carreteras, presas, entre otros, por el riesgo incremental de inundación, y la retracción de glaciares de escombros.
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Este año comenzarían a construirse tres plantas de litio a escala comercial en Salta

Fecha de Publicación: 05/01/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es una de las metas fijadas por la Secretaría de Minería para el 2022. Esto representaría una inversión de unos 1.500 millones de dólares. Si se cumplen los plazos podrían comenzar a producir en el 2023.
Luego de culminar lo que denominó como “el año más productivo en materia de inversiones y desarrollo”, la Secretaría de Minería y Energía puso como una de las metas principales en materia de litio para el 2022, arrancar con la construcción de tres proyectos a escala comercial, e inclusive concretar un cuarto emprendimiento.
Concretamente hace referencia a los proyectos de Ganfeng, Eramine y Posco, en tanto aún no trascendió el nombre del restante, hasta tanto no se termine de concretar esa posibilidad. Esto representaría una inversión total de 1.500 millones de dólares.
Además, a eso se suman otras nueve plantas piloto de litio y cinco proyectos en exploración avanzada. Sin embargo recién se estima que las tres plantas comerciales estarían en condiciones de producir carbonato de litio y exportarlo en el 2023.
De esta manera el impacto económico para las arcas estatales se da de manera indirecta, ya que en la etapa de construcción existe una fuerte inversión monetaria en insumos, materiales y contratación de servicios a empresas locales, por lo tanto es en este período en el que se da la mayor demanda de mano de obra. Pero es recién cuando las empresas comienza a producir, que ingresan fondos en conceptos de regalías.
Igualmente, durante 2021, y según un informe de la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros, la recaudación de la provincia de regalías mineras fue de $ 291.210.606, un 672,83 por ciento más que en 2020, cuando se recaudaron $ 37.680.969.
Y a la espera de la exportación de litio, hoy el primer lugar en cuanto a minerales que se venden a otros países lo ocupan los boratos y sus derivados, ya que según las declaraciones de exportaciones que presentaron las empresas, la suma total supera los 59 millones de dólares, que se colocaron en 44 mercados tales como Brasil, Estados Unidos, Alemania, India, China, Bangladesh.
Pero la Secretaría de Minería también destaca que Mina Lindero, en su primer año, reportó una producción a noviembre de 23.558,90 onzas de oro y 2.402,53 onzas de plata.
También se registra un incremento superior al 100% en la producción de rocas de aplicación (arenas, canto rodado, arcillas, lajas) con 535.144 toneladas en 2021.

Plan de Desarrollo minero
La titular del área, Flavia Royón, también indicó que otra de las metas para este año es concretar la discusión con los distintos sectores del Plan de Desarrollo Minero sustentable de la provincia y consolidar su implementación, ya que en el mismo se tocan varios aspectos con respecto al litio, como por ejemplo el desarrollo de la cadena de proveedores, también de la industria química y el incremento de la mano de obra en la construcción de los proyectos, entre otros.
Esta iniciativa se planteó en el marco de la Mesa Interministerial Minera, con el objetivo de fortalecer la política minera de Salta optimizando los procedimientos administrativos para el logro de una minería sustentable.
En el año que finalizó también se reanudaron las Mesas de Trabajo Social Minero, como herramientas de gestión social con el objetivo de asegurar la comunicación y buena vinculación entre los actores estratégicos.

Aumento de la tasa de empleo minero
La posibilidad de que se genere mano de obra en una zona como la Puna salteña, en la que históricamente el trabajo privado no abunda, es una de las grandes cartas que juegan las empresas mineras para ganarse la aceptación de los lugareños.
Según informó la Secretaría, actualmente en Salta se emplean 2.896 trabajadores en forma directa. Según el cálculo que toma la provincia, por cada empleo directo se generan cinco puestos indirectos, lo que totalizaría otros 12 mil trabajadores que de alguna manera dependen de la actividad minera.
En general, los servicios que se toman en cuenta son: alimentos, alojamiento, combustible, reparaciones, repuestos, vestimenta, catering, capacitaciones, seguridad.
En la provincia rige una normativa específica que regula los porcentajes de contratación de mano de obra local entre un 50 y un 70 por ciento. Según las declaraciones juradas de las empresas, la mayor parte de los trabajadores son residentes de la Puna, Campo Quijano, Capital y el resto proviene de otros municipios y otras provincias.

Hidrocarburos y energía
Durante prácticamente un siglo, la producción de hidrocarburos fue uno de los grandes ingresos que tenía la provincia en concepto de regalías, las que inclusive sirvieron como garantías para la toma de dos grandes créditos internacionales en dólares, uno durante la gestión de Juan Carlos Romero, y otro en la de su sucesor, Juan Manuel Urtubey.
Pero desde hace dos décadas dicha producción viene en franco declive, en virtud de la retirada de YPF de la zona luego de su privatización, y que por una cuestión de costos, y de políticas de incentivos estatales, las empresas petroleras se afincaron en la Patagonia, abandonando cualquier posibilidad de
inversión en Salta.
Sin embargo, desde el gobierno se muestran optimistas al respecto y consideran que durante el 2021 hubo “dinamismo”, basándose en la campaña de perforación de 3 pozos en Puesto Guardián, localidad de Dos Puntitas, de la que se esperan resultados para febrero. “Se trata de un logro para la actividad productiva, ya que hace más de 5 años no se invertía en exploración”, señalaron.
En materia energética rescatan como un hito de integración entre Argentina y Bolivia, la construcción de la línea de alta tensión 132 kv Yaguacua - Tartagal, de la que ya se construyeron aproximadamente 46 kilómetros en territorio boliviano y hay en ejecución 70 km en territorio argentino.
En cuanto a energías renovables, en el 2021 se puso en funcionamiento el Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200, ubicado en Olacapato, que estiman puede llegar a aportar una generación de energía eléctrica equivalente al 40% de la demanda de la provincia, lo que junto a la Planta Fotovoltaica de Cafayate y a la generación de energía hidráulica, podrían convertir a la provincia en líder regional en el desarrollo de las energías renovables.
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