Mostrando entradas con la etiqueta Salta. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Salta. Mostrar todas las entradas
Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
.
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
.
Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
|
0
comentarios
El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
.
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
.
Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
.
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
.
Grave situación ambiental en Salta con empresa de agua
Buscan una nueva forma de remediar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
.
Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
.
Denuncian afección a la salud en basural salteño
Denuncian que el vertedero San Javier enferma a los niños de barrio Justicia
Fecha de Publicación: 11/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Los vecinos de la zona sudeste de la ciudad afirman que sus hijos sufren problemas respiratorios y tienen enfermedades en la piel. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas", cuentan.
La trinchera de basura del Vertedero San Javier, plazas y canchas de fútbol plagadas de residuos, muchos yuyos y pocos árboles rodean a Justicia, un barrio situado en la zona sudeste de la ciudad, donde más de 350 familias viven sumergidas en un tierral que los margina y, según cuentan, los enferma.
Sostienen que respiran un aire contaminado con el que están obligados a convivir y que repercute en la salud, especialmente de los niños y niñas con bajas defensas. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas y granitos”, relata una vecina.
Justicia es un barrio relativamente nuevo. Desde hace cinco años está habitado por familias que antes vivían en el asentamiento San Juan. Llegaron allí luego de que el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat, les entregara 356 módulos habitacionales, que algunos pudieron ampliar.
No tienen un centro de salud donde atenderse. Lo más cercano es el Hospital Papa Francisco o las salitas de villa Solidaridad y Primera Junta. Además, hace tiempo piden que se asfalte la calle por donde circula el colectivo. Piensan que de esa manera pueden evitar que se levante la polvareda que, según ellos y los médicos que atienden a sus pequeños, está contaminada de hongos y bacterias que ocasionan enfermedades dermatológicas y problemas respiratorios.
LA GACETA visitó Justicia y conversó con cuatro mamás Aída González, Vanesa Silvestre, Fernanda Chocobar y Mariel Nolasco, que contaron cómo es vivir al margen y en el olvido de la sociedad.
.
Fecha de Publicación: 11/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Los vecinos de la zona sudeste de la ciudad afirman que sus hijos sufren problemas respiratorios y tienen enfermedades en la piel. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas", cuentan.
La trinchera de basura del Vertedero San Javier, plazas y canchas de fútbol plagadas de residuos, muchos yuyos y pocos árboles rodean a Justicia, un barrio situado en la zona sudeste de la ciudad, donde más de 350 familias viven sumergidas en un tierral que los margina y, según cuentan, los enferma.
Sostienen que respiran un aire contaminado con el que están obligados a convivir y que repercute en la salud, especialmente de los niños y niñas con bajas defensas. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas y granitos”, relata una vecina.
Justicia es un barrio relativamente nuevo. Desde hace cinco años está habitado por familias que antes vivían en el asentamiento San Juan. Llegaron allí luego de que el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat, les entregara 356 módulos habitacionales, que algunos pudieron ampliar.
No tienen un centro de salud donde atenderse. Lo más cercano es el Hospital Papa Francisco o las salitas de villa Solidaridad y Primera Junta. Además, hace tiempo piden que se asfalte la calle por donde circula el colectivo. Piensan que de esa manera pueden evitar que se levante la polvareda que, según ellos y los médicos que atienden a sus pequeños, está contaminada de hongos y bacterias que ocasionan enfermedades dermatológicas y problemas respiratorios.
LA GACETA visitó Justicia y conversó con cuatro mamás Aída González, Vanesa Silvestre, Fernanda Chocobar y Mariel Nolasco, que contaron cómo es vivir al margen y en el olvido de la sociedad.
.
Milo Lockett se sumo a los reclamos contra Coca Cola
El artista Milo Lockett reclamó la reforestación de un desmonte en Salta
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
.
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
.
Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
.
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
.
Salta tendrá la 'Reserva del Guacamayo Verde'
Se creará la 'Reserva del Guacamayo Verde'
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Salta
La especie se consideraba extinta en el país, cuando fue descubierta por guardaparques provinciales. Se prepara la declaración de una nueva reserva provincial que protegerá los lugares donde nidifica.
Con el objetivo es proteger al Guacamayo Verde (Ara militaris), la Secretaria de Ambiente la provincia, trabaja en la definición de criterios, para zonificar y establecer pautas para el manejo de la región donde habita el ave, y su futura inclusión en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP).
Para esto, profesionales del SIPAP, biodiversidad, guardaparques y la Comisión de Guacamayo Verde, viajan al Norte de la provincia donde verificaran los sitios en los que se deberá incrementar la protección de la especie. Identificando dormideros, sitios de nidificación y alimentación, especialmente durante los periodos críticos de disponibilidad de alimento.
El guacamayo verde es el segundo psitácido argentino de mayor tamaño y una de las aves más vistosas del país, esta especie se creía extinta hasta que en 2007 guardaparques de Reserva Acambuco, registraron la presencia de la única población en Argentina, restringida a una pequeña porción al norte de las Yungas. Fue declarada Monumento Natural Provincial en 2011.
.
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Salta
La especie se consideraba extinta en el país, cuando fue descubierta por guardaparques provinciales. Se prepara la declaración de una nueva reserva provincial que protegerá los lugares donde nidifica.
Con el objetivo es proteger al Guacamayo Verde (Ara militaris), la Secretaria de Ambiente la provincia, trabaja en la definición de criterios, para zonificar y establecer pautas para el manejo de la región donde habita el ave, y su futura inclusión en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP).
Para esto, profesionales del SIPAP, biodiversidad, guardaparques y la Comisión de Guacamayo Verde, viajan al Norte de la provincia donde verificaran los sitios en los que se deberá incrementar la protección de la especie. Identificando dormideros, sitios de nidificación y alimentación, especialmente durante los periodos críticos de disponibilidad de alimento.
El guacamayo verde es el segundo psitácido argentino de mayor tamaño y una de las aves más vistosas del país, esta especie se creía extinta hasta que en 2007 guardaparques de Reserva Acambuco, registraron la presencia de la única población en Argentina, restringida a una pequeña porción al norte de las Yungas. Fue declarada Monumento Natural Provincial en 2011.
.
Cuenca Arias - Arenales de Salta gravemente contaminada
Cuenca Arias - Arenales: ¿quién se hace cargo de la contaminación?
Fecha de Publicación: 17/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El CIF confirmó la presencia de metales pesados en el cauce que atraviesa la ciudad, mientras la Provincia, la Municipalidad y las empresas privadas se pasan la pelota sobre jurisdicción y responsabilidades.
Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.
Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".
Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.
Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.
Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.
El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.
"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.
Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.
"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.
Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.
Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.
Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.
"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.
"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".
El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.
Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.
El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.
"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".
.
Fecha de Publicación: 17/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El CIF confirmó la presencia de metales pesados en el cauce que atraviesa la ciudad, mientras la Provincia, la Municipalidad y las empresas privadas se pasan la pelota sobre jurisdicción y responsabilidades.
Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.
Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".
Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.
Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.
Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.
El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.
"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.
Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.
"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.
Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.
Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.
Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.
"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.
"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".
El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.
Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.
El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.
"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".
.
Salta: Río Arenales contaminado con nitrito, cobre y cinc
La Justicia confirmó altos índices de contaminación cerca del vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Son muestras tomadas en el Río Arenales. Encontraron valores “preocupantes” de nitrito, cobre y cinc.
Estudios técnicos aplicados sobre el río Arenales, en la parte anterior y posterior de la zona del vertedero San Javier, detectaron graves índices de contaminación según confirmó hoy la Justicia provincial.
El análisis de las muestras, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y por pedido del fiscal penal Federico Jovanovics, encontró valores “preocupantes” de nitritos, cobre y cinc.
A fines de julio pasado, el fiscal había pedido una investigación a los fines de establecer posibles niveles de contaminación de suelo y aguas subterráneas en cercanías del vertedero municipal ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
Como resultado del análisis, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” de la planta de tratamiento de residuos.
Según informó el Ministerio Público, esta situación abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.
Con respecto a los niveles de contaminación, el fiscal detalló que se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.
“Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal y que para cinc los valores supera en más de diez veces el valor establecido.
.
Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Son muestras tomadas en el Río Arenales. Encontraron valores “preocupantes” de nitrito, cobre y cinc.
Estudios técnicos aplicados sobre el río Arenales, en la parte anterior y posterior de la zona del vertedero San Javier, detectaron graves índices de contaminación según confirmó hoy la Justicia provincial.
El análisis de las muestras, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y por pedido del fiscal penal Federico Jovanovics, encontró valores “preocupantes” de nitritos, cobre y cinc.
A fines de julio pasado, el fiscal había pedido una investigación a los fines de establecer posibles niveles de contaminación de suelo y aguas subterráneas en cercanías del vertedero municipal ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
Como resultado del análisis, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” de la planta de tratamiento de residuos.
Según informó el Ministerio Público, esta situación abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.
Con respecto a los niveles de contaminación, el fiscal detalló que se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.
“Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal y que para cinc los valores supera en más de diez veces el valor establecido.
.
Planifican un Centro de Interpretación Ambiental en Salta
Crearán un Centro de Interpretación Ambiental
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
.
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
.
Salta inaugura módulos solares en regiones alejadas
Módulos solares para 8.700 familias rurales
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El Permer II también tiene proyectadas minirredes en distintas localidades de Salta.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que maneja la Secretaría de Energía de la Nación con financiamiento del Banco Mundial, se instalarán 6.084 módulos solares en viviendas de Salta.
El coordinador de la Unidad Ejecutora provincial, Pierre Rieszer, detalló los alcances de tres contrataciones que se firmaron con las empresas Ennera, Mega y Enerray.
Los contratos contemplan la posibilidad de ampliar el número de familias beneficiarias en un 15% para atender mayores requerimientos. Las instalaciones comenzarían el próximo mes en distintas localidades.
A la par de los contratos firmados, se aguarda la licitación de otros 2.617 módulos para viviendas rurales de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Desde Salta se reiteraron pedidos para que la cartera nacional de Energía avance con el llamado público. Los sistemas de suministro energético residencial constarán de una generación fotovoltaica de 200 vatios pico (Wp), con todos sus dispositivos complementarios, cableados internos, tomacorrientes y lámparas LED.
Minirredes
En el marco del Permer II también están proyectadas varias minirredes. Una se emplazará en Luracatao para abastecer a 395 familias, establecimientos educativos y otros servicios públicos de esa localidad de Molinos. El proyecto que funcionarios de la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Unidad Ejecutora del Permer expusieron ante autoridades comunales y vecinos de la zona prevé una generación fotovoltaica de 650 KWp para cubrir a Luracatao, Cabrería, Alumbre, La Puerta, Pata Pampa y Cuchillaco.
Otra minirred, con una generación fotovoltaica de 300 KWp y respaldo térmico, está proyectada para 160 familias de Iruya, Rodeo Colorado y Abra El Sauce.
En Santa Victoria Oeste, a la usina térmica allí existente se agregará una generación solar de 650 KWp para abastecer a 416 hogares de la localidad cabecera de ese departamento y extender el servicio a otras 176 familias de Racti, Acoite, La Huerta, Rodeo Pampa y El Puesto.
En Lizoite, está proyectada una generación hidráulica de 600 kw, con red de baja e instalaciones eléctricas internas, para 105 viviendas del lugar.
Para El Nogalar, en la jurisdicción de Los Toldos, se incluyó en el Permer II un proyecto de repotenciación que llevaría la generación hidráulica de esa localidad de 150 a 600 KW, con respaldo térmico, para asegurar el suministro eléctrico de 580 familias.
El Permer II, además, contempla la instalación de calefones solares en 313 escuelas y 111 puestos sanitarios relevados hasta ahora y sistemas de bombeo solar para comunidades de entre 50 y 100 familias dispersas en Rivadavia y otros departamentos de la provincia.
.
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El Permer II también tiene proyectadas minirredes en distintas localidades de Salta.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que maneja la Secretaría de Energía de la Nación con financiamiento del Banco Mundial, se instalarán 6.084 módulos solares en viviendas de Salta.
El coordinador de la Unidad Ejecutora provincial, Pierre Rieszer, detalló los alcances de tres contrataciones que se firmaron con las empresas Ennera, Mega y Enerray.
Los contratos contemplan la posibilidad de ampliar el número de familias beneficiarias en un 15% para atender mayores requerimientos. Las instalaciones comenzarían el próximo mes en distintas localidades.
A la par de los contratos firmados, se aguarda la licitación de otros 2.617 módulos para viviendas rurales de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Desde Salta se reiteraron pedidos para que la cartera nacional de Energía avance con el llamado público. Los sistemas de suministro energético residencial constarán de una generación fotovoltaica de 200 vatios pico (Wp), con todos sus dispositivos complementarios, cableados internos, tomacorrientes y lámparas LED.
Minirredes
En el marco del Permer II también están proyectadas varias minirredes. Una se emplazará en Luracatao para abastecer a 395 familias, establecimientos educativos y otros servicios públicos de esa localidad de Molinos. El proyecto que funcionarios de la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Unidad Ejecutora del Permer expusieron ante autoridades comunales y vecinos de la zona prevé una generación fotovoltaica de 650 KWp para cubrir a Luracatao, Cabrería, Alumbre, La Puerta, Pata Pampa y Cuchillaco.
Otra minirred, con una generación fotovoltaica de 300 KWp y respaldo térmico, está proyectada para 160 familias de Iruya, Rodeo Colorado y Abra El Sauce.
En Santa Victoria Oeste, a la usina térmica allí existente se agregará una generación solar de 650 KWp para abastecer a 416 hogares de la localidad cabecera de ese departamento y extender el servicio a otras 176 familias de Racti, Acoite, La Huerta, Rodeo Pampa y El Puesto.
En Lizoite, está proyectada una generación hidráulica de 600 kw, con red de baja e instalaciones eléctricas internas, para 105 viviendas del lugar.
Para El Nogalar, en la jurisdicción de Los Toldos, se incluyó en el Permer II un proyecto de repotenciación que llevaría la generación hidráulica de esa localidad de 150 a 600 KW, con respaldo térmico, para asegurar el suministro eléctrico de 580 familias.
El Permer II, además, contempla la instalación de calefones solares en 313 escuelas y 111 puestos sanitarios relevados hasta ahora y sistemas de bombeo solar para comunidades de entre 50 y 100 familias dispersas en Rivadavia y otros departamentos de la provincia.
.
Salta vuelve atrás con la prohibición de las bolsas
Volvieron las bolsas plásticas para guardar las compras y así reutilizarlas para separar los residuos domésticos
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Tras la vuelta de las bolsas plásticas a los supermercados y mayoristas, se retoma la posibilidad de que los consumidores separen la basura. Ecoplas, Asociación Civil sin fines de Lucro, advierte sobre la importancia de este ejercicio.
Luego de estar prohibidas en supermercados y mayoristas de la provincia de Salta, las bolsas plásticas volvieron en los colores negro y verde y serán útiles para separar los residuos húmedos y los reciclables en pos del medio ambiente. Este retorno se dio tras la aprobación de la Ordenanza 15.222, la cual permitirá que en el 85% de los hogares se sigan reutilizando las bolsas plásticas para los residuos.
Si tan solo el 70 % de los habitantes de Salta asume el desafío de separar los residuos plásticos se obtendrían aproximadamente 42 Tns por día de ese material. En particular, la provincia de Salta cuenta con una industria de reciclado plástico que puede procesar dichos materiales y no sólo ayudar al medio ambiente, sino también profundizar la generación de empleo.
Desde Ecoplas, una Asociación Civil sin fines de lucro, especializada en el medio ambiente y en el plástico, están de acuerdo con este cambio porque hay poca separación de los residuos en la población y contribuiría a aumentar la separación de todos los reciclables, incluidos los plásticos que es un material noble e inocuo.
Mario Tonelli, Director Ejecutivo de Ecoplas, advierte: “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla. Lo que ocurrió en Salta es una nueva oportunidad que debemos aprovechar para el cuidado del medio ambiente recuperando materiales nobles e inocuos como los plásticos, que son completamente reciclables”
Tonelli explicó que los consumidores, además, están expuestos a un gran riesgo para la salud. Las bolsas que se comercializan en los supermercados, supuestamente de tela, hay que lavarlas para su reutilización porque pueden provocar contaminación cruzada, además son más costosas.
Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que “desde enero de 2017, fecha en la que empezó a regir la normativa que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en la línea de caja en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, el sector fabricante de bolsas plásticas se ve amenazado en todo el país en función de las réplicas en el resto de las ciudades del país. Las Ciudades de Salta y Córdoba, en cambio tomaron el camino correcto de las bolsas plásticas verdes y negras para la separación de los residuos.”
Los envases plásticos en general no son un residuo, son un recurso, si se los separa correctamente en los hogares sirven de materia prima para la Industria del Reciclado Plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes, etc. Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “Economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta 5 veces.
“La Ciudad de Salta es un modelo a seguir ya que con su Ordenanza promueve el Uso responsable y reciclado de las bolsas plásticas. Ecoplas presentó un ambicioso Plan de Educación a la Secretaria de Ambiente para enseñarles a los docentes y a los recuperadores urbanos de Salta a separar los residuos plásticos y su reciclado. El mismo contribuirá a que los docentes bajen la información a los niños y estos a sus padres, para generar una cadena de separación de los residuos. A su vez a los recuperadores urbanos de Salta para que conozcan los tipos de plásticos que van a recibir en la bolsa verde y abrir los canales para que puedan comercializarlos a la industria recicladora para contribuir a una economía circular”, aseveró Verónica Ramos, Gerente de Comunicaciones de Ecoplas.
Ecoplas creó la Certificación Plásticos Reciclables, comúnmente conocido como “la Manito”, que se aplica en el envase y facilitan la identificación de los materiales plásticos reciclables para que el consumidor separe de manera correcta en sus hogares. También agiliza la tarea de identificación, recolección y clasificación por parte del recuperador urbano. Alguno de los envases que tienen “la Manito” son las bolsas “camiseta” para supermercados, bolsas para envasados de alimentos, envases sachets y botellas de leche o yogur, bolsas para los comercios, paquete de azúcar, y más.
.
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Tras la vuelta de las bolsas plásticas a los supermercados y mayoristas, se retoma la posibilidad de que los consumidores separen la basura. Ecoplas, Asociación Civil sin fines de Lucro, advierte sobre la importancia de este ejercicio.
Luego de estar prohibidas en supermercados y mayoristas de la provincia de Salta, las bolsas plásticas volvieron en los colores negro y verde y serán útiles para separar los residuos húmedos y los reciclables en pos del medio ambiente. Este retorno se dio tras la aprobación de la Ordenanza 15.222, la cual permitirá que en el 85% de los hogares se sigan reutilizando las bolsas plásticas para los residuos.
Si tan solo el 70 % de los habitantes de Salta asume el desafío de separar los residuos plásticos se obtendrían aproximadamente 42 Tns por día de ese material. En particular, la provincia de Salta cuenta con una industria de reciclado plástico que puede procesar dichos materiales y no sólo ayudar al medio ambiente, sino también profundizar la generación de empleo.
Desde Ecoplas, una Asociación Civil sin fines de lucro, especializada en el medio ambiente y en el plástico, están de acuerdo con este cambio porque hay poca separación de los residuos en la población y contribuiría a aumentar la separación de todos los reciclables, incluidos los plásticos que es un material noble e inocuo.
Mario Tonelli, Director Ejecutivo de Ecoplas, advierte: “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla. Lo que ocurrió en Salta es una nueva oportunidad que debemos aprovechar para el cuidado del medio ambiente recuperando materiales nobles e inocuos como los plásticos, que son completamente reciclables”
Tonelli explicó que los consumidores, además, están expuestos a un gran riesgo para la salud. Las bolsas que se comercializan en los supermercados, supuestamente de tela, hay que lavarlas para su reutilización porque pueden provocar contaminación cruzada, además son más costosas.
Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que “desde enero de 2017, fecha en la que empezó a regir la normativa que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en la línea de caja en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, el sector fabricante de bolsas plásticas se ve amenazado en todo el país en función de las réplicas en el resto de las ciudades del país. Las Ciudades de Salta y Córdoba, en cambio tomaron el camino correcto de las bolsas plásticas verdes y negras para la separación de los residuos.”
Los envases plásticos en general no son un residuo, son un recurso, si se los separa correctamente en los hogares sirven de materia prima para la Industria del Reciclado Plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes, etc. Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “Economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta 5 veces.
“La Ciudad de Salta es un modelo a seguir ya que con su Ordenanza promueve el Uso responsable y reciclado de las bolsas plásticas. Ecoplas presentó un ambicioso Plan de Educación a la Secretaria de Ambiente para enseñarles a los docentes y a los recuperadores urbanos de Salta a separar los residuos plásticos y su reciclado. El mismo contribuirá a que los docentes bajen la información a los niños y estos a sus padres, para generar una cadena de separación de los residuos. A su vez a los recuperadores urbanos de Salta para que conozcan los tipos de plásticos que van a recibir en la bolsa verde y abrir los canales para que puedan comercializarlos a la industria recicladora para contribuir a una economía circular”, aseveró Verónica Ramos, Gerente de Comunicaciones de Ecoplas.
Ecoplas creó la Certificación Plásticos Reciclables, comúnmente conocido como “la Manito”, que se aplica en el envase y facilitan la identificación de los materiales plásticos reciclables para que el consumidor separe de manera correcta en sus hogares. También agiliza la tarea de identificación, recolección y clasificación por parte del recuperador urbano. Alguno de los envases que tienen “la Manito” son las bolsas “camiseta” para supermercados, bolsas para envasados de alimentos, envases sachets y botellas de leche o yogur, bolsas para los comercios, paquete de azúcar, y más.
.
Sprite ¿cuándo vas a reforestar?
“¿Cuándo vas a reforestar?”
Fecha de Publicación: 11/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó ayer a la mañana una bandera de 20 metros cuadrados en el cruce de las avenidas Carlos Pellegrini y Roque Saenz Peña, frente al obelisco, con el texto: “Sprite ¿cuándo vas a reforestar?”. La intervención se realizó en el marco de la campaña de protección de Bosques en Argentina y la denuncia apuntó a Coca Cola Company por la compra de insumos a la empresa La Moraleja S.A., que con la connivencia del gobernador Juan Manuel Urtubey lleva desmontadas unas 3053 hectáreas de bosques en la provincia de Salta, algo prohibido desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007.
Los activistas treparon 30 metros hasta el borde de la enorme pantalla publicitaria, que suele iluminar la vereda y hasta al obelisco con el verde estridente de Sprite, para taparla con un cartel de un verde más pálido, con el dibujo de una topadora y árboles derribados. Greenpeace exige a la empresa de gaseosas que suspenda la relación comercial con el proveedor La Moraleja y que reforeste el predio desmontado ilegalmente. “Sprite dice ser una empresa sostenible, por eso queremos saber cuándo va a reforestar las 3 mil hectáreas de bosque que su proveedor desmontó ilegalmente en Salta”, aseguró el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini. El activista agregó que la empresa de gaseosas “debe actuar para que esta misma situación no pase en otras partes del mundo y adoptar una Política de Deforestación Cero como parte de su responsabilidad ambiental. Las empresas que destruyen bosques y los gobiernos que las autorizan deben hacerse cargo. Las cosas como son”.
En el informe “Desmonte S.A. El mapa del delito forestal en Argentina”, Greenpeace detalló el procedimiento que se siguió en la finca La Moraleja de Salta, “una estancia de 30 mil hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, adquirida en 1978 por empresarios españoles”. Esta empresa “es una de las principales proveedoras de jugo concentrado de limón de Coca Cola, con quienes tiene contrato por 20 años”, y “su objetivo es sumar 1000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años”.
El informe explica que en 2009 los bosques de la finca fueron clasificados en la categoría I-Rojo (es decir, protegidos), pero en 2013 un documento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable reveló que desde la prohibición hubo un “desmonte de aproximadamente 1872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado”. El litigio por ese terreno concluyó el 3 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Ambiente de la provincia dictó la resolución 837, que según el informe “autorizó a realizar un cambio de uso de suelo para agricultura en una superficie de 1180,97 hectáreas de desmonte total neto”.
Por último, el informe advierte que en 2016 un documento del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos reveló que, “hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144894 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo”.
.
Fecha de Publicación: 11/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó ayer a la mañana una bandera de 20 metros cuadrados en el cruce de las avenidas Carlos Pellegrini y Roque Saenz Peña, frente al obelisco, con el texto: “Sprite ¿cuándo vas a reforestar?”. La intervención se realizó en el marco de la campaña de protección de Bosques en Argentina y la denuncia apuntó a Coca Cola Company por la compra de insumos a la empresa La Moraleja S.A., que con la connivencia del gobernador Juan Manuel Urtubey lleva desmontadas unas 3053 hectáreas de bosques en la provincia de Salta, algo prohibido desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007.
Los activistas treparon 30 metros hasta el borde de la enorme pantalla publicitaria, que suele iluminar la vereda y hasta al obelisco con el verde estridente de Sprite, para taparla con un cartel de un verde más pálido, con el dibujo de una topadora y árboles derribados. Greenpeace exige a la empresa de gaseosas que suspenda la relación comercial con el proveedor La Moraleja y que reforeste el predio desmontado ilegalmente. “Sprite dice ser una empresa sostenible, por eso queremos saber cuándo va a reforestar las 3 mil hectáreas de bosque que su proveedor desmontó ilegalmente en Salta”, aseguró el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini. El activista agregó que la empresa de gaseosas “debe actuar para que esta misma situación no pase en otras partes del mundo y adoptar una Política de Deforestación Cero como parte de su responsabilidad ambiental. Las empresas que destruyen bosques y los gobiernos que las autorizan deben hacerse cargo. Las cosas como son”.
En el informe “Desmonte S.A. El mapa del delito forestal en Argentina”, Greenpeace detalló el procedimiento que se siguió en la finca La Moraleja de Salta, “una estancia de 30 mil hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, adquirida en 1978 por empresarios españoles”. Esta empresa “es una de las principales proveedoras de jugo concentrado de limón de Coca Cola, con quienes tiene contrato por 20 años”, y “su objetivo es sumar 1000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años”.
El informe explica que en 2009 los bosques de la finca fueron clasificados en la categoría I-Rojo (es decir, protegidos), pero en 2013 un documento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable reveló que desde la prohibición hubo un “desmonte de aproximadamente 1872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado”. El litigio por ese terreno concluyó el 3 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Ambiente de la provincia dictó la resolución 837, que según el informe “autorizó a realizar un cambio de uso de suelo para agricultura en una superficie de 1180,97 hectáreas de desmonte total neto”.
Por último, el informe advierte que en 2016 un documento del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos reveló que, “hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144894 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo”.
.
Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
industrias - empresas - economía,
Nacional,
Salta
|
0
comentarios
Establecen política para proteger al guacamayo verde
Protegen a los guacamayos verdes que hay en Salta, únicos en el país
Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Especialistas y funcionarios nacionales y provinciales planificaron estrategias de conservación. Apuntan a crear un área protegida en la zona de Caraparí, cerca de la Reserva de Acambuco.
Especialistas de todo el país trabajan en nuevas estrategias para la conservación del guacamayo verde y hay que resaltar que Salta cuenta con la única población de esta especie del país, que fue declarada monumento natural en 2008.
Existen aproximadamente unos 80 individuos de la especie en el departamento San Martín, mayormente en la zona de Caraparí, aunque no se descarta que haya algunos ejemplares más esparcidos en otras partes del norte del país, que no están cuantificados ni clasificados.
La iniciativa apunta especialmente a reforzar la presencia de guardaparques provinciales en la zona, la creación de un área protegida en Caraparí y la ejecución de diferentes proyectos de monitoreo.
Esto se suma a las tareas que se vienen realizando, de protección y control en el terreno, exploración de hábitats potenciales, como es el caso de Caraparí, y el establecimiento de sistemas de monitoreo. Además, se realizan tareas de sensibilización y capacitación de los principales actores de la sociedad civil y agentes de control en la protección de la especie y su hábitat.
Participaron de las reuniones especialistas como Flavio Moschione, Oscar Spitznagel, de Parques Nacionales; Ignacio Areta, jefe del programa; los guardaparques Marcelo Cuevas y Yanina Bonduri, del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, y la secretaria de Ambiente, Irene Soler.
En Argentina habitan cinco especies de estas hermosas aves, de las cuales tres se encuentran en la categoría de especie amenazada, como la Anodorhynchus Glaucus, la Ara Militaris y la Primolius Maracaná. Su distribución se localiza en las Yungas, en el norte de Salta. El peligro de subsistencia se origina, fundamentalmente, en la modificación y fragmentación de los hábitats selváticos y montanos y también, en alguna medida, en la captura de ejemplares para su posterior comercialización.
La mayor población
La población de guacamayos verdes se localiza en la Reserva de Acambuco, según los estudios actuales. Los guardaparques pudieron observarlos por primera vez en 2007, cuando se contabilizaron en ese lugar unos 30 individuos, específicamente en la zona de las sierras de Caraparí y quebradas aledañas.
Fue uno de los hallazgos, en lo que a aves respecta, más importantes ocurridos en Salta en los últimos 80 años.
Si bien se trata de una especie que ya se encontraba en la lista de Avifauna Argentina, no eran más que observaciones esporádicas de individuos pequeños o grupos aislados en el norte salteño.
Estas aves miden aproximadamente 65 centímetros desde el pico hasta la punta de la cola, son monógamos y no ponen más de tres huevos al año. Además, explicaron los especialistas, se sabe que nidifican en los huecos de los troncos de los árboles o en los huecos de las rocas.
Entre los guardaparques que realizaron el descubrimiento se encontraban Maximiliano Navarro, Marcelo Gallegos, Diómedes Garay, Bidolfo Ortiz y Miguel Cueva.
Monumento natural
El guacamayo verde fue declarado monumento natural a través del decreto 4.402/11 del Ejecutivo provincial. Esta categorización, o clasificación, está destinada a los sitios, especies vivas de plantas y animales, ambientes naturales, rasgos paisajísticos y geológicos y yacimientos paleontológicos de relevancia e importancia científica, estética o cultural, a los cuales se les acuerda protección absoluta.
Por lo tanto, todos los ejemplares existentes deben ser considerados inviolables, no pudiendo realizarse con ellos actividad alguna, con excepción de la investigación científica, la educación e interpretación ambiental, el control y la vigilancia para la protección de la especie.
.
Salta: los desmontes de Karlen en etapa crucial
La demanda millonaria contra Karlen por desmonte ilegal ingresó en una etapa decisiva
Fecha de Publicación: 02/06/2017
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
.
Fecha de Publicación: 02/06/2017
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Los famosos limones a EEUU, a base de desmonte
Limones amargos a EEUU: Greenpeace denuncia a Urtubey por el desmonte de 3 mil hectáreas de zonas protegidas
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
.
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
.
Originarios perdieron el 21% del chaco salteño
Determinan cuántas tierras perdieron las comunidades originarias
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
.
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
.
Inundaciones en Salta agravadas por el desmonte
Desmontes: la variable que agrava los temporales en Salta
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Un biólogo y un especialista en recursos naturales explican la relación entre la pérdida de los bosques nativos con las inundaciones que asolan el norte provincial.
Uno de los estudios más impactantes del INTA indica que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora. La tierra arrasada y compacta que deja el desmonte, poco y nada. El agua que sobra en la tierra es todo el monte perdido que no la puede tomar.
En septiembre de 2016, un informe del Banco Mundial señaló que entre 2001 y 2014 se perdió más del 12% de los bosques nativos de Argentina. Incluso después de que se promulgara la ley de Bosques, en 2007, una superficie de bosques equivalente a la provincia de Jujuy desapareció del paisaje, y todo sucedió en el NOA, la mayor parte en Santiago del Estero y Salta. El mismo informe indicó que las tasas más altas de deforestación de Sudamérica están en la región del chaco argentino, donde los bosques semiáridos son arrasados para habilitar el suelo fértil a la agricultura.
La catástrofe anunciada
La relación entre desmontes e inundaciones es directa, dice Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la UNSa, mientras explica de qué manera la pérdida de bosques nativos por desmontes o incendios se vincula con las inundaciones cada vez más graves en el norte de la provincia. "Cuando eliminas cobertura boscosa el suelo no retiene el agua. Lo que antes se absorbía, ahora se escurre y genera los problemas que estamos teniendo. Es muy difícil que la gente entienda que (las inundaciones) no son catástrofes. Esto se predijo a partir del reordenamiento territorial -indicado en la Ley de Bosques- pero hay pautas de manejo que no se respetan", agrega.
La manera de prevenir es, para el biólogo, con planificación, pero es pesimista en cuanto a las posibilidades reales de que esto suceda. "Hay muchos intereses en juego. Las asociaciones de productores agropecuarios presionan para que se liberen los permisos para desmontes y se hagan las recategorizaciones", dice, mientras los datos le dan la razón. Según datos publicados en el mismo estudio, entre enero y agosto de 2016, se desmontaron 60.188 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco para desarrollos agropecuarios. Un tercio se hizo de manera ilegal.
Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Conicet, coincide en el diagnóstico y agrega que las consecuencias de esa erosión por los desmontes se ven potenciadas por tratarse de lluvias tardías, que caen con mucha intensidad cuando los suelos ya están saturados de agua, como sucede hacia el final del verano. "En lo personal no tengo dudas de que las inundaciones fueron agravadas por la deforestación en las cuencas altas. De ahí a que se lo pueda demostrar, no es posible. Hay que ver las inundaciones en los últimos años y estudiarlo en particular. Muchas veces son lluvias que no son anómalas, pero al generarse mucha erosión superficial, laminar, la capa fértil del suelo se va con el agua, lo que produce además mucha erosión tipo cárcava, zanjones que atraviesan campos y los inutilizan porque generan cañadas nuevas. Hay procesos de compactación, el suelo se satura y colapsa, se pierde la estructura del suelo", agrega.
El desastre que viene
Además de las pérdidas materiales, humanas y ambientales, las inundaciones tienen efectos difíciles de predecir, como cambios en la composición de las especies y la proliferación de enfermedades, explica Derlindati. "No sabemos lo que puede pasar. Podés tener además a nivel local un aumento de la temperatura, porque si perdés bosque no solamente se deja de absorber humedad sino que tampoco se absorbe radiación, y la diferencia de temperatura es enorme con bosques o sin ellos", explica. "Antes todo el chaco salteño era una matriz continua con algunos sectores cultivados. Ahora es todo territorio de producción, con algunas partes de bosque, y al cambiar el paisaje cambia enormemente el sistema".
.
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Un biólogo y un especialista en recursos naturales explican la relación entre la pérdida de los bosques nativos con las inundaciones que asolan el norte provincial.
Uno de los estudios más impactantes del INTA indica que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora. La tierra arrasada y compacta que deja el desmonte, poco y nada. El agua que sobra en la tierra es todo el monte perdido que no la puede tomar.
En septiembre de 2016, un informe del Banco Mundial señaló que entre 2001 y 2014 se perdió más del 12% de los bosques nativos de Argentina. Incluso después de que se promulgara la ley de Bosques, en 2007, una superficie de bosques equivalente a la provincia de Jujuy desapareció del paisaje, y todo sucedió en el NOA, la mayor parte en Santiago del Estero y Salta. El mismo informe indicó que las tasas más altas de deforestación de Sudamérica están en la región del chaco argentino, donde los bosques semiáridos son arrasados para habilitar el suelo fértil a la agricultura.
La catástrofe anunciada
La relación entre desmontes e inundaciones es directa, dice Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la UNSa, mientras explica de qué manera la pérdida de bosques nativos por desmontes o incendios se vincula con las inundaciones cada vez más graves en el norte de la provincia. "Cuando eliminas cobertura boscosa el suelo no retiene el agua. Lo que antes se absorbía, ahora se escurre y genera los problemas que estamos teniendo. Es muy difícil que la gente entienda que (las inundaciones) no son catástrofes. Esto se predijo a partir del reordenamiento territorial -indicado en la Ley de Bosques- pero hay pautas de manejo que no se respetan", agrega.
La manera de prevenir es, para el biólogo, con planificación, pero es pesimista en cuanto a las posibilidades reales de que esto suceda. "Hay muchos intereses en juego. Las asociaciones de productores agropecuarios presionan para que se liberen los permisos para desmontes y se hagan las recategorizaciones", dice, mientras los datos le dan la razón. Según datos publicados en el mismo estudio, entre enero y agosto de 2016, se desmontaron 60.188 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco para desarrollos agropecuarios. Un tercio se hizo de manera ilegal.
Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Conicet, coincide en el diagnóstico y agrega que las consecuencias de esa erosión por los desmontes se ven potenciadas por tratarse de lluvias tardías, que caen con mucha intensidad cuando los suelos ya están saturados de agua, como sucede hacia el final del verano. "En lo personal no tengo dudas de que las inundaciones fueron agravadas por la deforestación en las cuencas altas. De ahí a que se lo pueda demostrar, no es posible. Hay que ver las inundaciones en los últimos años y estudiarlo en particular. Muchas veces son lluvias que no son anómalas, pero al generarse mucha erosión superficial, laminar, la capa fértil del suelo se va con el agua, lo que produce además mucha erosión tipo cárcava, zanjones que atraviesan campos y los inutilizan porque generan cañadas nuevas. Hay procesos de compactación, el suelo se satura y colapsa, se pierde la estructura del suelo", agrega.
El desastre que viene
Además de las pérdidas materiales, humanas y ambientales, las inundaciones tienen efectos difíciles de predecir, como cambios en la composición de las especies y la proliferación de enfermedades, explica Derlindati. "No sabemos lo que puede pasar. Podés tener además a nivel local un aumento de la temperatura, porque si perdés bosque no solamente se deja de absorber humedad sino que tampoco se absorbe radiación, y la diferencia de temperatura es enorme con bosques o sin ellos", explica. "Antes todo el chaco salteño era una matriz continua con algunos sectores cultivados. Ahora es todo territorio de producción, con algunas partes de bosque, y al cambiar el paisaje cambia enormemente el sistema".
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios