Relevan datos para un plan provincial centrado en el cambio climático

Fecha de Publicación: 17/05/2021
Fuente: Gobierno de Salta
Provincia/Región: Salta


El trabajo de investigación culminará con la elaboración del Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático consensuado. Este plan permitirá plantear acciones de lucha y adaptación en las comunidades, sectores o instituciones vulnerables a los efectos del cambio climático.
En marzo inició el relevamiento de información en diferentes organismos del Estado con el objetivo de diseñar una estrategia Provincial de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático que se integrará al Plan de Respuesta Nacional.
“Se busca conocer, mediante entrevistas, cuáles son las acciones asociadas al cambio climático que llevan adelante, proyectos o iniciativas de las que hubieren participado y si existe la variable Cambio Climático incorporada en cada organismo", explicó Constanza Pelleschi, referente de cambio climático en Salta, y agregó que la recopilación de datos se extenderá durante todo el año.
El Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático será diseñado a partir de los resultados obtenidos y está previsto que incluya la conformación de un Gabinete Provincial de Cambio Climático, definición de un esquema de gobernanza climática, identificación de situación inicial y elaboración de un plan de respuesta para el planteo de acciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
El trabajo de investigación  fue asignado a consultores expertos, contratados por la Dirección Nacional de Cambio Climático como estrategia de fortalecimiento de las Jurisdicciones Provinciales. La coordinación de las tareas está a cargo de profesionales de la Dirección General de Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Fuerte malestar en comunidades del norte por los nuevos pozos de agua

Fecha de Publicación: 28/04/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Aseguran que no se están haciendo las perforaciones en los lugares donde más se los necesitan pese a los pedidos que vienen de años y que están en Recursos Hídricos y Obras Públicas.
La comunidad San Ignacio se encuentra a tan solo 10 kilómetros de Santa Victoria Este, en el departamento de Rivadavia Banda Norte. Pero allí las distancias no se miden en unidades de longitud, sino en medidas de tiempo. Recorrer esos 10 kilómetros puede demorar hasta una hora, dependiendo del vehículo en el que se viaje y, sobre todo, del estado de los caminos.
Es esa zona en la que año a año se producen grandes despliegues políticos del Gobierno nacional y provincial, y también de la farándula, por los casos de desnutrición, mortalidad infantil e inundaciones que dejan a cientos de personas totalmente aisladas.
Osvaldo Gómez es cacique de la comunidad San Ignacio y comienza de esta forma su relato: "Estamos muy tristes aquí hermano. Yo te voy a contar las necesidades y los pedidos que venimos haciendo desde hace años y que todavía no tienen respuesta, a pesar de los trámites que presentamos".
Pese a todas las campañas y anuncios, el tema agua sigue siendo muy crítico en esa zona, según explica Gómez. "Tenemos un expediente en Recursos Hídricos desde 2017 que lo presentamos el 24 de enero de ese año y también en Obras Publicas de Salta, que tiene conocimiento de nuestro pedido. Los expedientes se duermen en los cajones. Me siento muy molesto porque ahora salieron unos pozos nuevos luego del escándalo con los chicos desnutridos del año pasado, cuando vino Marcelo Tinelli y todo el mundo tenía puesta su mirada en esta parte. Y salieron dos pozos de agua a través de Tinelli. Se hicieron en Santa Victoria y otro en la comunidad La Golondrina. No sé cuántos fueron donados en esa campaña, pero lo que yo si sé es que en esta zona de Santa Victoria Este se hicieron dos pozos. Tienen cuatro en total y en ningún momento se activó nuestro pedido para San Ignacio", explicó Gómez al límite de esa pasividad natural que tienen los originarios al hablar.
"Pero estamos más tristes porque nos siguen marginando desde la Provincia y la Nación porque volvieron a salir otros cinco pozos mediante licitaciones que se dieron en lugares donde ya hay pozos, donde ya tienen de agua. Entonces nuestro malestar y dolor es que no se avanza en los lugares donde más se necesita. No se cubren las necesidades más urgentes y esto lo saben muy bien del Gobierno y el intendente", manifestó Gómez.
El malestar del cacique tiene que ver con los anuncios efectuados a principios de año para perforar 5 pozos en parajes de la zona y la construcción de una nueva red. En Buenos Aires, la provincia de Salta rubricó un acuerdo con autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento para proveer de agua potable a Santa Victoria Este. Puntualmente, los trabajos consistirán en la perforación de cinco pozos en esa comuna para luego emplazar una nueva red.
El convenio firmado forma parte de un acuerdo marco firmado en octubre pasado entre Salta y el Enohsa para la ejecución de 91 obras de agua y saneamiento, por un monto total de 2400 millones. Los proyectos forman parte del Plan Federal de Agua y Saneamiento, que prioriza la ejecución y reactivación de obras que permitan el acceso al agua potable y saneamiento en lugares donde nunca se había llegado con inversiones de este tipo.
Los pozos profundos que se ejecutarán en el municipio de Santa Victoria Este estarán ubicados en los parajes Misión La Paz, Alto La Sierra, El Tigre, La Gracia y Misión Santa María. En total estas obras implican una inversión cercana a los 66 millones de pesos.
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Greenpeace volvió a denunciar desmontes en San Lorenzo

Fecha de Publicación: 05/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata del emprendimiento urbanístico Los Maitines, que a pesar de haber recibido el rechazo de un sector de la población y de la ONG internacional, fue aprobado por ambiente provincial y del municipio.
Greenpeace volvió a escribirle una carta al gobernador Gustavo Sáenz, tratándolo de “cómplice del crimen ambiental en la Selva de Yungas” de la localidad de San Lorenzo por permitir que el emprendimiento urbanístico Los Maitines SA avance sobre un territorio de 125 hectáreas ubicada justo en medio del cerro Elefante y La Quebrada. Según la ONG, la construcción está emplazada sobre una cuenca hídrica y la finca está clasificada en la Categoría Amarilla de la Ley Nacional de Bosques, lo que prohibiría el desmonte.
El desarrollo del country Los Maitines fue fuertemente cuestionado el año pasado por los vecinos de la zona, no solo por el daño ambiental que podría generar, sino porque muchos temen que se agrave aún más la falta de agua que viven cotidianamente, sobre todo quienes están cercanos a Lesser.
También denunciaron la nulidad de la audiencia pública, que se realizó por orden municipal, en plena pandemia y de manera virtual, impidiendo la presencialidad en un momento en que la Secretaría de Ambiente había suspendido todos los llamados.
Sin embargo, la resolución 117/2021 de la Secretaría de Ambiente de Salta aprobó el Plan de Manejo de Bosque Nativo de Interfase, “lo aprueban como plan de manejo de bosque nativo cuando es una urbanización, que según la ley es un desmonte, y no se puede realizar en amarillo”, indicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Mientras que la resolución 01/2021 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Lorenzo le otorgó el certificado de aptitud ambiental aunque desde el municipio aclararon que se hicieron muchos reparos, como bajar la cota de construcción y la cantidad de lotes previstos, “por pedido de la Secretaría de Obras Públicas y para reducir el impacto ambiental”.
Los Maitines SA pertenece a la familia Patrón Costas, su desarrollador, Alejandro Cornejo, confirmó que ya tienen todos los permisos “con restricciones y modificaciones que vamos a tener que hacer ya que la municipalidad nos la exige”. A la vez que renegó sobre el tiempo que llevan esperando las habilitaciones: “A los que optamos por hacer las cosas bien y elegimos el camino más largo nos exigen siempre más que a los que le meten pata sin tener los papeles y luego regularizan”, manifestó. Y añadió que sería bueno que el Estado controle todos los proyectos que se están ejecutando “sin ningún trámite previo”.
Cornejo detalló que aún no comenzaron con las obras en el terreno porque antes están realizando relevamientos y ajustes y subrayó que será “un proyecto modelo”, porque según él, cumple con todos los requisitos ambientales solicitados.
De la resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia se desprende que de las más de 2.000 hectáreas que posee la familia Patrón Costas, la superficie que será destinada al proyecto de urbanización comprende 125, de las cuales poco más de 71 se convertirán en lotes y 40 serán para áreas verdes y de recreación “con mantenimiento de especies nativas”.
La resolución señala que del total de hectáreas que involucra la urbanización (125), al menos 85 “cuentan con mayor potencial de ser intervenidas en cuanto a la presencia de bosque”, y que como no está contemplada la limpieza total de los lotes, “la superficie donde se realizarán las tareas de limpieza de terreno, movimiento de suelo y construcción de infraestructura, oscila entre las 24,5 y las 31,8 hectáreas”.
“Este desarrollo urbanístico implica el desmonte de un ecosistema frágil y único como la Selva de Yungas, que concentra la mitad de la biodiversidad de Argentina. Además viola la Ley Nacional de Bosques, que en su artículo 4 define como desmonte al desarrollo de áreas urbanizadas sobre bosques nativos, y por ende no pueden autorizarse en esa zona protegida. Al autorizar este proyecto, el gobierno de Sáenz es cómplice de la violación de la normativa para cometer un verdadero crimen ambiental”, advirtió Noemí Cruz.
Esta es la segunda vez que Greenpeace envía una carta al gobernador de la provincia reclamando por este desmonte y solicitando que declare la emergencia forestal.
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La comunidad Wichi denunció amenazas ante su intento por frenar el desmonte en Tartagal

Fecha de Publicación: 02/04/2021
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Salta


La comunidad Territorios Originarios Wichi asegura que a pesar de las medidas judiciales que le dio la razón volvieron las topadoras y camiones para seguir con el desmonte.
La comunidad Territorios Originarios Wichi de Tartagal, Salta, denunció amenazas luego de que denunciaran que empresarios agropecuarios retomaron las tareas de desmonte para ganar tierras para la explotación de soja y la cría de ganado.
Aunque el desmonte en la zona se remonta a fines de la década del '90 de la mano del paulatino proceso de sojización de la zona y emprendimientos forestales y ganaderos, el proceso de desmonte se profundizó a partir de 2017 y la "frontera" de la tala y depredación de monte ya llegó al borde de los límites de la comunidad Wichi.
Desde ese momento, la comunidad dio inicio a un proceso de resistencia, mediante diferentes acciones, tanto jurídicas como comunicacionales, con el acompañamiento de la organización de mujeres indígenas ARETEDE y Radio Comunitaria La Voz Indígena.
Así desde 2019 rige una medida cautelar de no innovar que puso freno al desmonte.
A pesar de ello desdela comunidad Wichi denunciaron que este año "se retomó la tala del monte y el ingreso de camiones que se llevan gran cantidad de especies consideradas invaluables para la comunidad", puesto que los árboles, animales y demás componentes del monte, son parte integrante de sus vidas como comunidad wichi. "Es decir, que no son un ente inanimado, todo lo contrario, son seres con los que comparten la vida y que tienen una existencia más allá de la separación entre naturaleza/cultura", explicaron.
Ante la decisión de frenar una vez más el desmonte que infringe la orden judicial de no innovar, tanto los integrantes de la comunidad como una antropóloga que trabaja con ellos fueron amenazados por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros. Estos hechos ya fueron denunciados también ante la policía.
Las tierras que ocupan les fueron reconocidas como propiedad de la comunidad y hoy están amenazadas ante el avance sojero.
Luego de una larga espera, el 10 de marzo pasado técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hicieron entrega de la carpeta técnica territorial, mediante la resolución 2019/58 publicada en el Boletín Oficial, que reconoce 593 hectáreas de posesión comunitaria correspondiente al uso tradicional, actual y público del territorio.
La resolución del INAI, establece que “se reconoce la ubicación actual, tradicional y pública, de la comunidad Territorios Originarios Wichi, perteneciente al pueblo Wichi, ubicada en el departamento San Martín, provincia de Salta, respecto de la superficie georeferenciada”.
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Piden informes sobre la explotación de canteras en los ríos de Salta

Fecha de Publicación: 30/03/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Secretaría de Minería y Energía de Salta que se especifique la modalidad y competencias para la extracción de áridos en los ríos de la provincia.
La Procuración General de la provincia pidió informes a la Secretaría de Minería y Energía de Salta sobre la explotación de canteras en los ríos. El pedido se hizo a raíz de una investigación penal que lleva adelante el fiscal Juan Marcos Ezequiel Molinati, por supuesta extracción ilegal de áridos por parte de la Municipalidad de Vaqueros en el río Wierna, denunciada hace más de una semana por un medio de comunicación.
El procurador Abel Cornejo solicitó a la Secretaría que se especifique la modalidad y competencias para la extracción de áridos en los ríos de la provincia. Es habitual que los municipios directamente realicen las extracción en vez de concesionarla, generando una posible duplicidad de funciones en la explotación de los recursos mineros por parte de algunos municipios, porque además de controlar, son pasibles de ser controlados.
Ya en noviembre del año pasado, los vecinos y vecinas de las localidades de La Caldera y Vaqueros emprendieron una acción colectiva denunciando que se está provocando un daño ambiental con los trabajos que llevan adelante empresas privadas en la cuenca del río La Caldera. Además, afirmaron que hay una contaminación sonora insostenible por el ruido de las máquinas usadas para sacar áridos.
El representante legal de los vecinos, Julio Chávez, dijo a Salta/12 que esperan que en los próximos días tengan novedades. En su momento el abogado dijo que la situación de la cuenca del río La Caldera debe ser comprendida de forma integral con otras en la zona. Ya se han denunciado desastres ambientales en el propio pueblo de La Caldera, estas denuncias también están en trámite aún en la Justicia.
Los vecinos desde octubre del año pasado también levantaron firmas para que exista un control sobre la explotación del río de La Caldera. En el petitorio, al que se puede acceder en el siguiente link, sostienen que la actividad de las canteras en la cuenca "está totalmente desbordada y necesitamos que las secretarías provinciales y municipales de Medio Ambiente, de Minería, de Turismo actúen de manera inmediata regulando la situación de la que somos todos victimas".
Denunciaron que "hay una ausencia de control y manejo de los recursos naturales", ya que no cumplen con el Código de Procedimientos Mineros de Salta. Sólo en su artículo 138, se prohíbe extraer material de las riberas de los ríos. También, extraer material a una distancia mayor de 800 metros aguas arriba y de 200 metros aguas abajo del lugar en que se encuentren las tomas de agua u obras de arte, sean estas públicas o privadas, salvo que la extracción sea de utilidad para el mantenimiento de las tomas u obras de arte.
De acuerdo a varios videos que realizaron los mismos lugareños, y que acercaron a Salta/12, al menos estas dos prohibiciones no se respetan, ya que se ve a las máquinas en la ribera de los ríos y sin tener una distancia menor de 800 metros aguas arriba. Incluso, uno de los vecinos contó que se dirigió a la Secretaría de Minería y no logró ver ninguna autorización sobre la explotación de áridos en el lugar. Hay en proceso una investigación preliminar originada en las denuncias colectivas que realizaron los pobladores ante la Policía de Salta.
Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que los ríos pertenecen al dominio público provincial y las canteras que en ellos se encuentran, para ser explotadas de manera exclusiva, exigen someterse a la normativa de minas concerniente a seguridad, policía y conservación. En algunos casos, la Secretaría de Minería y Energía delegó facultades a los municipios, pero a su vez también algunas comunas ejercitan la explotación de los recursos mineros de tercera categoría.
Tanto la explotación de canteras como la posibilidad de que las empresas y entes estatales exploten áridos para la obra pública en exclusividad, requieren el otorgamiento de concesión, permiso o autorización del Juzgado de Minas provincial. En el caso de existir duplicidad en la actividad, el procurador solicitó información respecto a cómo se está autorizando y como ejercitan esta tarea las intendencias en los ríos de la provincia.
La Secretaría deberá informar en el plazo de diez días el listado de todas las canteras situadas en los ríos de la provincia que se encuentran sometidas al control municipal. Allí deberá quedar asentado el número de expediente y la fecha de concesión minera en exclusividad, nombre del río en el que se encuentra y las coordenadas de ubicación.
Además, deberá informar el número de registración como productor minero de su titular, el número de la última resolución de declaración de impacto ambiental, los volúmenes declarados en planillas de estadísticas de extracción de los últimos dos años, la fecha e informes de inspección de los últimos dos años y, en su caso, la existencia de solicitudes de trámites de sanción al Juzgado de Minas provincial.
Asimismo, en caso de haber realizado convenios con municipios por canteras que no se encuentren bajo trámite en el Juzgado de Minas, Cornejo pidió que se informe el número de resolución que lo aprobó y su ubicación, impacto ambiental, condiciones y estadísticas de explotación y tareas de inspección efectivizadas.

Investigación en el Wierna
En paralelo está la actuación del fiscal Molinatti, en la que sólo hace referencia al río Wierna (La Caldera), pero los lugareños también denuncian una actividad ilegal en el río Vaqueros (Vaqueros), es decir, en toda la cuenca de La Caldera.
Molinati dispuso que se realice una inspección ocular, se haga un croquis ilustrativo con toma de fotografías de todos los lugares en donde se practique la extracción de áridos en el río Wierna, además de tomar declaración a los vecinos de la zona. También, que el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) realice un análisis físico-químico de muestras de suelo y agua, y una evaluación de datos y registros en materias ambientales.
Además, pidió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta que informe si existen permisos o autorizaciones para la extracción de áridos en el río Wierna. De ser así, instó a que se indique qué personas o entidades son las autorizadas, en qué zona, en qué consiste puntualmente el permiso y qué tiempo de vigencia tienen.
También solicitó que se informe cualquier otra situación vinculada la extracción de áridos en la zona. En relación al intentende Vaqueros, Daniel Moreno, solicitó que el jefe comunal informe si la Municipalidad está extrayendo áridos o no del río Wierna.
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La Corte de Justicia rechazó un pedido para frenar los desmontes

Fecha de Publicación: 23/03/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por distintas organizaciones, ambientalistas independientes y abogadxs contra dos resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La Corte de Justicia de Salta falló contra el pedido de una cautelar para frenar los desmontes en la provincia que fue solicitada por un colectivo de organizaciones sociales, ambientalistas agrupados e independientes, y abogadxs mediante una acción popular de inconstitucionalidad contra dos resoluciones firmadas por el secretario de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal.
El abogado Oscar Gillen sostuvo que ante el rechazo a la cautelar solicitada, evalúan presentar un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En Ciudad Judicial se realizó una movilización por la mañana y hubo inconvenientes con la policía que impedía la realización de actividades, entre ellas que varios músicos pudieran cantar, lo que luego se vio imposibilitado por la lluvia.
Lxs referentes ambientalistas, además de la cautelar, pidieron la inconstitucionalidad, inaplicabilidad e ineficacia de las resoluciones 333/20, publicada en el Boletín Oficial el 19 de octubre del 2.020 y la 411/20, publicada en el Boletín Oficial N° 20873, el 24 de noviembre del 2.020.
La primera resolución establecía que no se hagan más audiencias públicas en los pedidos de las empresas para desmontar y eliminaba la exigencia de que se realice el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) en desmontes de hasta 1500 hectáreas. La resolución 411 la modificó estableciendo que “para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) los proponentes deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) y celebrar la correspondiente audiencia pública”.
Para Guillen la última resolución es un "maquillaje" porque continúa con el espíritu de la anterior resolución 333 cuyos artículos 2 y 3 siguen vigentes.
La Corte rechazó la cautelar para frenar desmontes fundamentando que no resultan "procedentes respecto de actos administrativos o legislativos" y que "al coincidir la medida peticionada con el objeto del juicio, su otorgamiento, en los hechos traduciría un adelanto sustancial del resultado del proceso, lo que se encuentra vedado puesto que excede el reducido marco de conocimiento que es propio de las cautelares".
El secretario de ambiente de la provincia viene siendo cuestionado en las últimas audiencias públicas por vecinos, ambientalistas y referentxs políticxs, quienes señalaron que el funcionario había participado antes de asumir como profesional de los equipos técnicos que realizaron los estudios de impacto ambiental y social de varias empresas como Cresud o Agrone SA y manifestaron que no podía decidir él justamente sobre la autorización de esos desmontes.
Aldazabal se inhibió de esos expedientes, y en esos casos, informaron desde el programa de audiencias públicas a Salta/12 que el ministro de producción y desarrollo sustentable, Martín de los Ríos, debía intervenir.
Ahora, en el fallo de la corte, el juez Horacio Aguilar es quien se excusó porque los "socios del estudio jurídico del que formó parte hasta el 1 de junio del año pasado intervinieron en trámites administrativos vinculados al cambio de uso de suelo que aún no fueron resueltos y que podrían verse alcanzados por la normativa cuestionada en la presente acción".
Guillen afirmó que en el caso de Aldazabal pusieron a un "lobo a cuidar de las gallinas" porque "se autodefine como abiertamente partidario de los desmontes". Además consideró que las resoluciones que emitió son contrarias a la función que debería cumplir en una secretaria de ambiente. El letrado cuestionó que en la Corte no haya jueces o juezas con formación en medioambiente.
La ambientalista Verónica Ardanaz sostuvo que "los índices de desmonte en Salta son alarmantes". Decieron recurrir a la Justicia cuando se anoticiaron por un comunicado de  Greenpeace, y luego por un llamado de atención del Ministerio de Ambiente de Nación de los alcances de la resolución 333 que sacó Aldazabal. Ardanaz consideró que "no se está cumpliendo como corresponde con la ley de bosques" en Salta. Apuntó a la necesidad de que la sociedad se involucre porque las consecuencias del desmonte son irreversibles.
Ardanaz dijo que los árboles que dan belleza, productos medicinales, oxígeno y vida no son considerados "seres". "Sin ellos no habría nada, nuestro reino (animal) es absolutamente frágil y dependiente del reino vegetal, entonces (desmontar) es un suicidio colectivo, una falta de sensibilidad muy grande", manifestó.
En el mismo sentido se pronunció el abogado Guillen quien señaló que Salta es uno de los lugares en el mundo con mayor deforestación y que ésta implica la desaparición de especies vegetales y animales,  y que afecta también el hábitat de las comunidades originarias. Algo que se viene señalando a menudo es como pueblos originarios y el campesinado se ven expulsados de los territorios que habitan.
Ardanaz consideró que "los desmontes implican también muerte y enfermedades, en este sentido malformaciones y cánceres vienen siendo problemas asociados por algunos profesionales con la pulverización de agroquímicos en los campos de monocultivos".
"Los pueblos originarios sí consideran a los árboles sujetos de derecho, lo consideran un ser. Por eso Bolivia y Ecuador consideran a la madre tierra sujeto derecho", expresó Ardanaz.
En un documento que aportaron las organizaciones, se explica que en el artículo 2 "se habilita la explotación y conversión de los bosques nativos cualquiera sea su superficie mediante un procedimiento abreviado consistente en la presentación de documentación sintética, evadiendo la obligatoriedad de realizar consultas o audiencias públicas, lo cual significa, la eliminación de la participación ciudadana, fuertemente protegida por los mandatos constitucionales y por la legislación nacional"
Señalan que el aprovechamiento forestal se refiere a la extracción de productos de un bosque y que la disposición bajo análisis permite una actividad extractiva de forma indiscriminada, habilitando la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de los recursos naturales de la provincia. Advierten que la implicancia real de la vigencia de esta norma será el avance incontrolable e ilegal sobre los bosques nativos, incluso de proyectos “pendientes” de aprobación, lo que anuncia la gravedad e intensidad de las habilitaciones que pretenden concederse.
"La supervivencia y vigencia de este artículo, niega el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, impide el cumplimiento estricto de las consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, y rechaza la normativa nacional que exige asegurar la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental", manifiesta el documento. Además indican que esto se agrava porque  no se establecen límites a la superficie en la que se producirán los desmontes.
El artículo 3 "acentúa la regresividad y el desmejoramiento de los estándares ambientales nacionales, fijando menores exigencias, ya que en este caso facilita el aprovechamiento de los bosques nativos inferiores a 1.500 hectáreas, requiriendo al igual que en el artículo 2, solo una declaración jurada y un estudio sintético de impacto ambiental, lo que prescinde –nuevamente- de la realización de audiencias públicas, violando metodológicamente los principios y normas jurídicas individualizados en el apartado precedente", explican.
Se cuestiona el hecho de que se exceptúe al proponente de la realización de una evaluación de impacto ambiental "en tanto presenten los proyectos con modalidad silvopastoril y/o cualquier modalidad de ganadería integrada, inferior a 1500 hectáreas".
El artículo  22 de la ley 26.331 ordena que: “Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”.
Se señala como peligroso el hecho de que podría ocurrir que una empresa presente de forma sucesiva planes de cambio de uso de suelo que afecten superficies menores a 1.500 hectáreas, "eludiendo de esta forma la obligación de realizar de audiencias públicas y el sometimiento al Estudio de Impacto Ambiental y Social".
"De esta forma se posibilita el desarrollo de macro emprendimientos con la única exigencia de la presentación de documentación sintética requerida por el art. 45 de la ley 7.070", detallaron.
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Jujuy, Salta y Catamarca conformarán la Mesa del Litio

Fecha de Publicación: 15/03/2021
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Nacional


Las provincias productoras de litio se organizan en un espacio común y desde una estrategia regional para potenciar la producción de dicho recurso y avanzar su industrialización local, con miras a estimular inversiones, valor agregado y trabajo genuino.
Los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Catamarca, Raúl Jalil; integrarán la Mesa del Litio a los efectos de perfilar un plan de perfil regional para mejorar la competitividad de la actividad económica.
El gobernador Gerardo Morales, en la presentación virtual de la oferta minera de Jujuy en la PDAC.
Con este propósito, mañana, viernes 12, mantendrán una reunión en Salta de la que también participará la secretaria de Relaciones con las Provincias, Silvina Batakis, del Ministerio del Interior de la Nación. Con este propósito, mañana, viernes 12, mantendrán una reunión en Salta de la que también participará la secretaria de Relaciones con las Provincias, Silvina Batakis, del Ministerio del Interior de la Nación.
Los equipos de trabajo abordarán temas relacionados con la producción del litio en la región, con miras a potenciar la cadena productiva en su totalidad y generar condiciones para promover el empleo, en atención a las oportunidades de crecimiento que se abren a partir de la Ley de Electromovilidad.
Los esfuerzos también estarán enfocados en la exportación de valor agregado del litio, para lo cual se trabajará en una agenda común que tendrá como ejes principales la competitividad minera, la seguridad jurídica, la legislación, el impacto ambiental, los procesos y los controles.
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Aumentarán en Salta un 400 por ciento las multas para los desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/02/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Así lo informó la provincia al comunicar sobre una resolución que se emitió desde la Secretaría de Ambiente. Los ambientalistas piden políticas que impidan desmontar más de lo que ya se deforestó en la provincia.
El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable informó que se aprobó el proyecto de reglamentación de graduación de multas por infracciones al régimen de protección de bosques nativos de la Provincia de Salta, que elevará los montos a cobrar un mínimo de 400 por ciento o 566 por ciento según el área afectada.  
Aunque en el Boletín Oficial no fue aún publicada, se informó que el proyecto se aprobó mediante la resolución 118/21 enmarcada en la Ley Provincial Nº 7543, su Decreto Reglamentario Nº 2785 y demás normas concordantes, los nuevos mínimos en las multas por infracciones al régimen de protección de bosques nativos de la Provincia de Salta significan un incremento del 400 por ciento en categoría verde y amarillo; y del 566 por ciento en categoría rojo por cada hectárea afectada. Además de la obligación de restaurar y/o remediar el área ilegalmente transformada.
Se indicó que las sanciones se aplicarán terminado el sumario por una infracción al Régimen de Protección de Bosques Nativos, que otorgue la posibilidad del derecho a defensa. Además de las sanciones, la provincia podrá disponer del decomiso de los productos obtenidos en infracción, suspensión o revocación de las autorizaciones y/o clausura parcial o total del inmueble o establecimiento en infracción. Todas estas sanciones son acumulativas y se aplican sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o contravencionales que pudieran corresponder.
“Este importante avance se suma a las acciones que lleva adelante el Gobierno de Salta en pos de promover un desarrollo sustentable y siguiendo los objetivos de transparencia y eficiencia trazados por el gobernador Gustavo Sáenz”, indica el comunicado.
La decisión, no obstante, se tomó luego de poner en conocimiento que la provincia había convocado entre diciembre y enero a audiencias públicas para permitir el desmonte de más de 28 mil hectáreas. Frente al descontento, que no solo se manifestó por distintos medios sino también en las audiencias públicas, desde la segunda mitad de enero y hasta ahora las audiencias públicas de desmontes dejaron de publicarse.
Otro de los datos que surgió del comunicado es que casi la mitad de los sumarios iniciados en 2020 tuvieron que ver con “cambios de uso de suelo no autorizados”, o desmontes ilegales. Pues de 205 sumarios administrativos que inició en 2020 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 98 corresponden, hasta ahora, a esta contravención.
Se afirmó que también se habilitó la consulta web del Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales, que se actualiza periódicamente, y se agilizó el control de desmontes vía satelital a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación en conjunto con Nación.

“Siempre hay mecanismos de evasión a las multas”
La coordinadora de Bosques en el NOA de Greenpeace, Noemí Cruz, indicó que a su entender “la provincia no está haciendo nada extraordinario, está cumpliendo con lo que dicta la Ley, a destiempo, cuando ya permitió desmontar en zonas boscosas que estaban bajo su resguardo”.
Reiteró como lo viene haciendo la organización ambientalista que las multas son insuficientes. Porque pese a los aumentos sostuvo que “siempre se encuentran mecanismos de evasión a las mismas, y por lo tanto hay incumplimiento”.
Para Cruz, la solución es penalizar los desmontes y definir una política de la deforestación cero, no autorizar esas 28 mil hectáreas cuyos trámites de desmonte están en curso y pensar en restituir los bosques que debían permanecer por su estatus de conservación.
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Piden desmontar 13.257,24 hectáreas y a cambio tomarán a 26 empleados

Fecha de Publicación: 10/02/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La audiencia se desarrolló con muchas objeciones de lugareños y de ambientalistas que acudieron desde Metán, Anta y Capital. También concurrió una comitiva de empresarios.
En la ciudad de El Tunal se realizó la audiencia pública para evaluar el cambio de uso de suelo solicitado por la empresa Agrone S.A, administrada por Armani Agropecuaria. El proyecto es de tipo agrícola ganadero, para el que piden desmontar 13.257 hectáreas y se comprometen a dejar 14.860 de protección y reserva.
Los empresarios pusieron énfasis en el beneficio de la generación de mano de obra pero solo tomarán a 26 empleados permanentes. La audiencia se desarrolló con cuestionamientos de vecinas y vecinos de El Tunal, El Galpón, Metán y del departamento Anta, quienes pusieron en duda los conceptos de desarrollo esgrimidos por el sector empresario.
Armani invitó a una comitiva de empresarios, productores y a un veterinario, quienes tomaron la palabra para apoyar el proyecto de desmonte. En paralelo, vecinos se manifestaban afuera en contra de la deforestación y en defensa del medio ambiente.
El administrador de Armani, Francisco Paz, habló en la audiencia planteando que están en la zona hace 40 años. Y adujo que tienen “responsabilidad social empresarial”, con la misión de “generar productos y servicios de calidad y sobre todo sustentables”.
En la audiencia Paz, el ingeniero en recursos naturales y ambiente, Claudio Cabral, y otros empresarios que participaron apoyando el proyecto productivo enfatizaron en que la actividad de Agrone y Armani genera fuentes de trabajo.
Sin embargo, Paz sostuvo que actualmente tienen 26 empleados permanentes, aunque en el expediente dice que son 27, en tanto el proyecto por el que piden un desmonte de más de 13 mil hectáreas, prevén tomar solo 26 empleados de forma permanente y 8 o 10 peones “temporales”. Llamativamente con lo que sostuvieron en la audiencia, contradicen lo afirmado en el expediente del proyecto, ya que sostienen de forma explícita que demandan “poca mano de obra”.
Paz afirmó que están comprometidos con el pueblo “con lo que ellos necesitan, ya sea mantenimiento de caminos con áridos, en las fiestas patronales, con leña, en la escuela”, sostuvo. También hizo mención a que este año realizarán y entregarán una salita para niños.
"Yo creo que están equivocados porque nosotros convivimos en el pueblo. Tampoco estoy de acuerdo para que sigan deforestando. (...) La mayoría de las personas está muriendo de cáncer. Una de ellas es mi papá", manifestó la vecina Marcela Salvatierra.
Cuestionó al administrador de la finca: "no sé cuál es la ayuda que le dan al pueblo. Hace tantos años que está la empresa Armani, las calles están como siempre y acá quien trabaja en las calles es el municipio, el señor (intendente) Federico Sacca. Sé que ustedes van a dar una parte para la salita de jardín. Siempre aparecen los 15 de agosto (día de la fiesta patronal) los gauchos, no sé cuál es la ayuda que ustedes dan. A la gomería, que también la nombró, donde trabaja mi marido, le llevan los trabajos, eso sí es verdad, le pagan poco, ustedes lo saben, yo lo sé", expresó.
El proyecto prevé el uso del suelo para la hacienda y para las pasturas y el cultivo de granos. Cabral sostuvo que el uso de fitosanitarios será aplicado de forma terrestre.
La exposición del ingenerio Cabral fue muy técnica y rápida, poco accesible para que pudiera entenderla la población campesina de la zona, no especialista.
Entre las oposiciones, se presentó el doctor en filosofía Carlos Pagano quien planteó un discurso por la defensa del medio ambiente que se llevó largos aplausos. "Vengo en mi carácter de organismo vivo, humano, individual que depende de otros organismos vivos que la firma Agrone SA tiene pensado matar, con el fin de hacer dinero y engrosar finanzas", comenzó su intervención.
También se presentó como parte del instituto Horco Huasi de investigaciones interculturales de Salta que coordina y de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento. "Planteo un rotundo no a la autorización por parte del gobierno de Salta a este proyecto destructivo de la vida en forma masiva", manifestó y lo calificó como un ecocidio.
La miembra de Vapumas, Graciela Rivadeo sostuvo que no ve "ningún acto solidario en los desmontes", "veo animales quemados, veo muertes, sojización por todos lados, veo fumigación, el pueblo está contaminado". Mencionó el perjuicio de los olores que genera el feedlot de la Inversora Juramento dedicada a la ganadería en J. V. González. "Para nosotros los humanos, para la fauna y la flora no es conveniente. Se pueden hacer muchas otras cosas", afirmó.
El ambientalista Eric Zamora pidió que se citen estudios que determinen que este tipo de proyectos es sustentable. Mencionó estudios del médico Medardo Avila Vasquez, y del ingeniero químico Marcos Tomasini, para citar que "no existen buenas prácticas agrícolas con la aplicación de agrotóxicos". Consideró "bochornoso" por parte de la Secretaría de Medio Ambiente la cantidad de desmontes que hubo el año pasado y repudió el rol del ministro de producción y desarrollo sustentable, Martín de los Ríos, como productor al frente de esa cartera.
En el estudio de impacto ambiental y social, la empresa asegura que entrevistó a vecinos que no se oponían al proyecto agro ganadero, algunos puestos como anónimos. Sin embargo, ninguno de éstos acudió a la audiencia para manifestar acuerdo. De hecho entre los cuestionamientos en la audiencia sostuvieron que muchos vecinos se oponen a este proyecto.
Uno de los productores agrícola ganaderos que habló en la audiencia fue Joaquín Elizalde quien dijo que apoyaba "rotundamente este proyecto, es trabajo, es desarrollo, la mayoría del pueblo de Anta y del norte de la provincia vive del desarrollo agropecuario. (...) No dejemos de pensar en esto... Creo que también tienen que pensar en el trabajo y desarrollo de la provincia, en las próximas generaciones".
Otra vecina, pidió que se haga una encuesta sobre cuál es la incidencia de cáncer en el Tunal. "Se está muriendo la gente de cáncer y aquí tenemos testigos, familias que tienen 4, 5 o 6 muertes por cáncer porque trabajan con agrotóxicos que son altamente malos para la salud y por otro lado también tienen una antena que los está matando. El progreso que para ustedes es desarrollo no lo es para el pueblo, en su salud, no cuidan eso".
Cuestionó también que en ningún lugar se ve la "ley 7070 que habla sobre el medio ambiente y que todo ciudadano debe conservarlo", en el proyecto de la empresa proponente. Hubo otras intervenciones de vecinas que se opusieron al proyecto de deforestación.
En el Estudio de Impacto Ambiental y Social, está la firma del secretario de ambiente y desarrollo sustentable, Alejandro Aldazabal quien luego en una nota informa su desvinculación profesional ya que desde el 10 de diciembre de 2019 ha comenzado a desempeñarse como funcionario de la provincia, justamente en el Ministerio de Producción.
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La Provincia no habilitará nuevos desmontes hasta actualizar el ordenamiento

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Así lo aseguró el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, durante una reunión que mantuvo con la diputada Alcira Figueroa. Igual se harán las audiencias públicas para cumplir con la Ley.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, le adelantó a la diputada nacional Alcira Figueroa que no se autorizarán desmontes en la provincia hasta que esté aprobado el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El compromiso se dio de manera verbal en la reunión que mantuvo el funcionario con la diputada nacional por el Frente de Todos el lunes último. La legisladora estuvo acompañada por el abogado especializado en temas ambientales y asesor legislativo Luis Segovia.
El OTBN de la provincia está vencido desde 2014. Sin embargo, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey no solo se continuó con la aprobación de la deforestación sino que además, a través de las llamadas recategorizaciones, se permitieron los desmontes en zonas que no debían ser desmontadas.
Solo en enero de este año, la Provincia convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes de 21.452,24 hectáreas. En diciembre se convocó a otras audiencias para el desmonte de 6.858. Las 28.310 hectáreas que involucran estos procedimientos representan una superficie de desmontes mayor a la del año 2019. En ese periodo se deforestaron 20.962 hectáreas,  según la comparación de imágenes satelitales realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Figueroa contó que durante la reunión De los Ríos afirmó que se debía cumplimentar con las convocatorias a audiencias públicas porque “eran trámites que venían desde la época de Urtubey”. El funcionario añadió que en caso de no cumplir con la convocatoria del trámite administrativo, la Provincia podría ser llevada a la Justicia. “Ellos (la provincia) dicen que no van a autorizar los desmontes hasta que esté aprobado el nuevo ordenamiento territorial”, agregó Figueroa.
Otra idea que volcó De los Ríos es que dentro del sector amarillo en el OTBN (en donde tampoco se permite el desmonte) se pinte un “amarillo clarito”. Y fundó esta posición en que en esas zonas (sobre todo en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín), existen pequeños productores criollos y comunidades indígenas que deben hacer uso del monte para, por ejemplo, la cría de ganado menor. Es que la impresión del ministro de Producción (hombre PRO y referente de los ruralistas salteños), es que tal como está hoy el mapa de OTBN implicó un retraso para que los pequeños productores puedan desarrollar sus actividades.
La visión del funcionario dista de la de los propios habitantes rurales, campesinos criollos y pueblos originarios, que vienen señalando la no regularizaicón de la tenencia de las tierras y la ineficiente ayuda estatal para afrontar los períodos de sequía, como las principales causas que impiden mejoras en sus condiciones de vida.

Patrimonio de la humanidad
El OTBN debe ser consensuado entre diversos sectores de la provincia. Figueroa sostuvo que se solicitó que la idea del amarillo clarito sea volcada en esa mesa de trabajo. Reconoció no obstante que el OTBN no es garantía del cuidado de los montes que quedan.
Un ejemplo claro es la recategorización que se permitió en 2014 a través de dos decretos firmador por Urtubey para autorizar el paso de las topadoras por zonas que estaban categorizadas como rojas y amarillas (en las que el desmonte no está permitido porque se considera prioritario la conservación de esos bosques). Las autorizaciones que se otorgaron a titulares registrales de 30 fincas quedaron suspendidas por una resolución que emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación en 2018. Pero solo a los siete meses de la resolución, esa suspensión se dio por concluida y la posibilidad de continuar con el paso de las topadoras siguió en pie.
“Necesitamos un nuevo ordenamiento, sobre todo en la zona norte donde hubo muchos desmontes ilegales”, dijo Figueroa al indicar como imprescindible que ante el cambio climático se plantee a la biodiversidad y al bosque nativo “como patrimonio de la humanidad”.

Intereses de todos o de algunos
Segovia hizo algunas apreciaciones jurídicas ante la posibilidad de los reclamos de los empresarios que ya pidieron permisos para desmontar.
El abogado señaló que una de las posibles apelaciones de los empresarios podría ser la del “derecho adquirido” al iniciar el trámite de desmonte. Segovia entendió que las leyes ambientales “intentan compatibilizar el derecho de propiedad con el derecho colectivo, que en este caso se trata del derecho al ambiente”. Aseguró que cuando chocan intereses individuales como el de propiedad, con los colectivos, como el ambiente, se debe enmarcar como posible resolución la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1884. Esta indica que “contra el interés público no hay derechos adquiridos”. Es por ello que, a entender de Segovia y con todos los instrumentos legales en pie, de actualizarse el OTBN, se puede aplicar sobre los procedimientos administrativos que incluyeron las audiencias públicas, y frenar los desmontes solicitados en aquellas zonas en donde según el nuevo OTBN no debería haber desmontes.
“Los propietarios podrían alegar que se indemnice sus intereses, siempre y cuando comprueben que actuaron de buena fe”, añadió. El tema es que en Salta, el OTBN está vencido desde hace siete años según lo establecido por la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que impone la actualización del mapa de ordenamiento territorial cada 5 años. “Sería un ejercicio abusivo permitirle al empresario actuar así, y el Estado no estaría compatibilizando los derechos”, concluyó el especialista.
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Pobladores wichí afirman que una zona a desmontar es usada por ellos

Fecha de Publicación: 28/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Habitan en la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta. Aseguran que desde hace 25 años conocen y usan incluso una zona de Orán para la cual se solicitó un desmonte de casi 6 mil hectáreas.
“Un ingeniero anduvo la semana pasada y hemos ido con ellos”. Con esa frase Francisco López, hijo de Simón López, niyat (cacique) de la comunidad wichí Eben Ezer, que vive en la Reserva Nacional Pizarro, dio cuenta de que fueron en calidad de guías de un especialista que fue el primero en decirles que en la zona que se encuentra a unos 16 kilómetros de la reserva, se haría un desmonte.
Por los tiempos que comentó López a Salta/12, al momento del recorrido la audiencia pública para avanzar con el desmonte en la finca El Chaguaral, ubicada en el departamento Orán, en el límite con Anta, estaba por hacerse o ya se había hecho, dado que la audiencia se había convocado para el 12 de enero.
“Nosotros vamos para ese lugar. Todos los años pasamos para esa parte, El Chaguaral, por eso ahora está preocupada la Comunidad” ante la novedad del desmonte, sostuvo el referente originario. Agregó que a mitad de camino hay un habitante criollo que vive en la zona. Sin embargo, en las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado por la empresa para proceder con el desmonte, se indicó que “en el área del proyecto no se visualizan residentes, ni reclamos por uso de suelo y/o conectividad”.
En estas conclusiones se desconoce lo denunciado por el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake, y la organización Greenpeace, en una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Canbandié. En el escrito se afirma que el desmonte que se quiere hacer en El Chaguaral "se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia".
Ni los wichí ni el puestero criollo se enteraron del desmonte. Por lo que surge del EIAS, tampoco fueron consultados. Un detalle es que la Reserva Nacional queda a 16 kilómetros del desmonte que se va a realizar. Al ser consultado por esa distancia, López afirmó que llegan en moto hasta el lugar, donde también realizan sus labores de recolección de los frutos del monte. Según se pudo conocer por otras fuentes del lugar, si bien para la audiencia pública los habitantes wichí no fueron convocados, ni consultados en el EIAS, sí les ofrecieron enviarles la madera del desmonte para su aprovechamiento.
Como en otras comunidades, la de la Reserva de Pizarro sabe de los desmontes y sus efectos, pues solo se logró conservar la zona cuando intervino el Gobierno Nacional a cargo de Néstor Kirchner, en 2005, para recomprar tierras que el estado provincial, a cargo del actual senador Juan Carlos Romero, había puesto en venta a privados. El destino de la mayoría de esas tierras fue el desmonte.

Macizo de quebracho y corredor yaguareté
La finca El Chaguaral es de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel. Dentro de la propiedad de 20.227 hectáreas, entre 2018 y 2019 se desmontaron ya 2.800 hectáreas. El proceso de autorización de ese desmonte se realizó en 2014.
Asi surge del análisis del EIAS que realizó Greenpeace. Entre otros puntos se agrega que “la finca se sitúa en la unidad fitogeográfica del Chaco, dentro del corredor Chaco- Yungas. En el área predominan los Quebrachos Colorados y Blancos (Shinopsis lorentzii y Aspidosperma Quebracho Blanco), constituyéndose un importante macizo en buen estado de conservación”. La preocupación es que este macizo sea destruido. En ese territorio también hay "Mistol (Ziziphus mistol), Guayacán (Caesalpinia paraguarensis), Algarrobos (Prosopis sp), como también Acacias, Duraznillos, Atamiski, Sacha poroto, Sacha sandía, Quimil, entre otros”.
Además, se indicó que en la fauna se destaca la zona como parte del Corredor Yaguareté, tanto a nivel provincial como nacional. Hay presencia confirmada de especies en peligro y críticas como el pichiciego chaqueño (Calyptophractus retusus ), el mamífero menos conocido de Argentina; también es el hábitat del anta (Tapirus terrestre), la tortuga terrestre chaqueña (Chelonoidis chilensis) y  eltatú carreta (Priodontes maximus). Se agregó que “muy recientemente, un ejemplar de yaguareté fue registrado fotográficamente en la Reserva Nacional Pizarro”.
Entre las tareas a realizar en el marco de la deforestación prevista por la empresa se prevé la apertura de picadas perimetrales y de desmonte, marcado de cortinas. Volteo de la vegetación por cadeneo (la acción de dos topadoras que con una cadena arrancan el monte), / desbajerado (desmonte selectivo). Aprovechamiento forestal. Acordonado (acumulación de la vegetación desmontada). Limpieza manual (deschampe, destoconado y extracción de raíces). Quema y requema controlada de los restos. Desparramado. Instalación de infraestructura básica: casco, administración y alambrados. Instalación de infraestructura ganadera. Instalación de infraestructura de bebida. Siembra. Manejo de cultivos. Manejo del rodeo. Transporte y comercialización.
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Greenpeace denuncia que el gobernador de Salta dio vía libre a los desmontes en la pandemia

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Salta


La organización ecologista denunció que Salta pretende habilitar en un mes más hectáreas de las que se deforestaron durante el año pasado.La agrupación ecologista Greenpeace alertó que el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señaló la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.  
En 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta, según el monitoreo que realiza Greenpeace comparando imágenes satelitales.
Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.         

Pedidos
Greenpeace detalló que los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar son:
- 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal,  solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
- 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
- 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
- 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud,  solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
- 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
 - 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA  S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
- 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
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Detienen una camioneta que transportaba en la caja 400 loros habladores

Fecha de Publicación: 21/01/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Santiago del Estero


El vehículo  fue detenido por Gendarmería Nacional en la ruta 16.Los compradores de aves habrían visitado parajes de Salta.
Una camioneta cargada con más de 400 ejemplares de loros habladores, especie que se cría y reproduce únicamente en la zona de la llanura chaqueña, fue decomisada por Gendarmería Nacional. Tres personas quedaron imputadas por los delitos contra el medio ambiente, en tanto los pichones están siendo alimentados para ser devueltos a su hábitat natural, cuando estén en condiciones de hacerlo.
El procedimiento informado se produjo sobre ruta 16, en jurisdicción ya de Monte Quemado.
Personal de Gendarmería detectó en una camioneta 400 loros habladores que iban a ser vendidos en el sur del país, donde cada ejemplar se cotiza según internet a más de 50.000 pesos cada uno.
A los detenidos (cuatro) se les abrió una causa por encontrarse en infracción a la ley 4.802 ley de protección de fauna silvestre.
La cantidad de aves que transportaba la camioneta era productos de un acopio previo de los compradores de aves silvestres, que ingresan a nuestra provincia y adquieren en distintos puntos del chaco salteño, ésta y otras especies en extinción, para abastecer un mercado interno y de exportación de la fauna silvestre del chaco.
El procedimiento se realizó ayer domingo, en horas de la mañana, por efectivos de la Sección “Monte Quemado” sobre ruta nacional 16, en un paraje colindante con nuestra provincia.
Los 400 loros delataron al conductor cuando inspeccionaron su Toyota Hilux.
El traficante de fauna, de nacionalidad argentina, se encontraba acompañado por otras tres personas.
Al momento del registro del rodado, los gendarmes escucharon los pedidos de socorro de los 400 amontonados en cajones de tomates y cubiertos por un cobertor.
400 loros de la especie Amazonas Aestiva (loros habladores) estaba ya listos presumiblemente para su comercialización.
Los demorados no fueron detenidos, sino informados de la causa que se les abrió.
En tanto, los cientos de ejemplares de estas aves fueron entregados a personal de la Dirección de Fauna y Bosques de la provincia de santiago del Estero.
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Audiencia para desmontar casi 6 mil hectáreas en Orán  

Fecha de Publicación: 14/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El lugar donde se propone el "cambio de uso de suelo" se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la provincia.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a una audiencia pública para tratar un pedido de la firma Quebracho Colorado SA para desmontar un total de 5.794,77 hectáreas en la finca Chaguaral, en el departamento Orán. Llamativamente, la Provincia considera ahora la posibilidad de autorizar deforestar una zona donde ella misma avaló la puesta en práctica de un plan de conservación de la reserva de flora y fauna Los Palmares.
Esta contradicción fue destacada por el doctor en Ciencias Ambientales Andrés Leake, de la Fundación Refugio, y por la organización ambientalista Greenpeace, que en una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, destacó que se pretende desmontar "uno de los últimos macizos de quebracho colorado de la región chaqueña" y además, el territorio que se quiere destinar a agroganadería "se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia".
Según se detalla en la convocatoria a la audiencia pública, publicada en el Boletín Oficial de Salta, Quebracho Colorado pidió hacer un cambio de uso de suelo con fines de agroganadería en el inmueble 30.737, donde prevé ejecutar el proyecto en dos módulos productivos, por un lado, "la habilitación de 2.764,97 ha netas en la primera etapa y 2.959,77 ha netas en la segunda etapa", lo que da el total de 5.794,77 hectárea.
Asimismo, la firma propone dejar 3.865,86 hectáreas "de protección y reserva" y la Secretaría de Ambiente indicó que la habilitación, el control, monitoreo y aprobación de los módulos queda supeditada a la presentación por parte de la firma de "un informe circunstanciado".
La audiencia pública es para que quienes tengan interés o derecho se expresen sobre el impacto ambiental y social que provocará el cambio de uso de suelo propuesto por la firma. La audiencia se hará hoy, a partir de las 9, en el salón/tinglado "Rómulo Anselmo Torres", ubicado en la intersección de las rutas provinciales 5 y 13, en la pequeña localidad de La Estrella, en el mismo departamento Orán.
"Se trata de áreas críticas de conectividad regional, entre las Yungas, el Chaco, la zona ribereña del Bermejo. Justo por esta zona también pasa la propuesta del Corredor Yaguareté", enfatizó Leake, quien ratificó que se trata de una zona de monte en buen estado de conservación, donde se encuentra "el último macizo grande de quebracho colorado en esa zona". "Hay un montón de motivos por los cuales no se debería estar tocando esta zona", añadió.
Destacó que si bien la zona fue categorizada como verde en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), realizado bajo las disposiciones de la Ley de Bosques, esto estaría demostrando "la necesidad de revisar el OTBN", porque no se actualizó desde 2014 y "yo creo que eso juega a favor de quienes tienen interés en desmontar".
Leake también resaltó "la contradicción tan fuerte que hay en la misma Secretaría (de Ambiente de Salta), que por un lado avaló ese trabajo de 2013" del Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia y ahora permite avanzar un desmonte en una de las zonas más críticas, sabiendo de esa situación, y eso no está reflejado en el plan de desmonte".

Crisis climática-sanitaria
El especialista ambiental consideró "lamentable" que la Provincia avance con autorizaciones de desmontes "sin realmente tomar en cuenta y medir la dimensión de la crisis ambiental ante la cual estamos: el cambio climático, la pandemia, la relación de la pandemia con el deterioro ambiental. Nada de eso parece estar contemplado en estos planes", advirtió.
Estas son las primeras audiencias que se hacen este año. El año pasado, debido a la pandemia, las autorizaciones para desmontar habían quedado suspendidas. En cambio, ahora están "haciendo convocatorias a audiencias públicas pero justo a fin de año y a principios de año, cuando la gente está de vacaciones. El 7 de enero, en Joaquín V. González, se hizo una audiencia para desmontar 662 hectáreas con fines agroganaderos en la finca Los Colorados. Varios vecinos se opusieron, pero las audiencias no son vinculantes.
En su carta a Sáenz y al ministro Cabandié, Greenpeace manifestó su "gran preocupación" porque en la provincia las convocatorias a audiencias públicas para cambio de uso de suelo "se siguen realizando, desconociendo la actual crisis climática-sanitara que atraviesa el planeta". "Los desmontes representan un indiscutible crimen que debe ser detenido. No hay ninguna razón más importante que la propia supervivencia mientras estemos a tiempo de conservar los bosques que aún se encuentran en pie, más allá de la zonificación otorgada en el mapa de OTBN", señaló la ONG.
Asimismo, afirmó que ya "es tiempo de que se revea el paisaje regional ya que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, se encuentra vencido desde 2014".
Y recordó que, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, han desaparecido entre 2014 y 2019, 176.563 hectáreas de bosques en Salta, provincia que ha liderado la deforestación en Argentina en los últimos años, junto a Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Respecto al pedido de autorización de Quebracho Colorado para desmontar las casi 6 mil hectáreas en Chaguaral, la ONG sostuvo que "al estar comprendida esa zona en el corredor de Yaguarete y Chaco - Yungas, mas AGTI de Los Palmares, no debería autorizarse dicho desmonte".
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Rescataron en Salta un ejemplar de ocelote que estaba gravemente herido

Fecha de Publicación: 07/01/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


Los veterinarios que lo asistieron aseguraron que su pronóstico es reservado
Dos efectivos de la Gendarmería de la sección “Aguas Blancas”, que retornaban a sus domicilios en la ciudad salteña de Orán luego de prestar servicios, observaron a un animal felino de la especie Ocelote visiblemente herido sobre la Ruta Nacional N°50, a la altura del kilómetro 3 cercano al sector conocido como “El Trigal”.
Ante esta situación, los gendarmes trasladaron inmediatamente al ejemplar a una clínica veterinaria para ser asistido por un profesional, quien diagnosticó que el felino poseía escasa probabilidad de vida. Seguidamente, le suministró antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y un protector hepático con un pronóstico reservado.
Se tomó contacto con la Dirección de Fauna de la provincia de Salta para el traslado del animal a la ciudad de Salta, como así también con personal del Parque Nacional “Baritú” de la provincia, que confirmó que se trata de una especie (nombre científico Leopardus Pardalis) de interés de conservación de fauna nacional y no califica en peligro de extinción.
El animal permanece en las instalaciones de la Subunidad hasta el arribo del personal especializado y se labraron las actas correspondientes en el marco de la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna”.
Cabe recordar que la Universidad Nacional del Nordeste informó meses atrás que, a través de un proyecto interinstitucional, monitorearon félidos silvestres en Corrientes y que se registraron 230 individuos pertenecientes a 15 especies de mamíferos, entre ellos, pumas y ocelotes.
En el análisis respecto de la situación de los felinos en Argentina, remarcaron que “la mayoría de las especies de félidos se encuentran en un estado de conservación desfavorable por la destrucción y fragmentación de su hábitat y por otros factores como la caza furtiva”.
“Esta situación torna importante realizar un monitoreo de las especies para conocer su distribución y ecología, en particular en las especies menos frecuentes de observar”, señaló la UNNE en el documento.
Manifestaron, además, que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena) y el Laboratorio de Ornitología y Mastozoología (Laboma) desarrollan líneas de investigación para estudiar la comunidad de mamíferos medianos y grandes asociados a bosques restaurados en el nordeste de Corrientes.
Se trata del proyecto “Relevamiento de mamíferos en áreas en proceso de restauración de la Reserva Natural Rincón de Santa María-Corrientes”, que se ejecuta en dicha reserva del nordeste de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes.
“Los objetivos son registrar e identificar las especies de mamíferos de mediano y gran porte que hacen uso de las áreas en proceso de restauración de la Reserva, y también describir la abundancia y diversidad de mamíferos de mediano y gran porte presentes en el área de estudio”, explicaron. Sobre las técnicas utilizadas para el relevamiento, se detalló el uso de “una combinación de técnicas de muestreo como el fototrampeo”.
“El uso de cámaras trampa que permiten identificar y registrar mamíferos evasivos, que se mueven largas distancias o que están en bajas densidades, y además posibilita la detección de especies nocturnas”, explicaron desde el estudio.
Y respecto de los resultados del relevamiento realizado, informaron que “hasta el momento se obtuvieron 230 individuos pertenecientes a 15 especies de mamíferos silvestres distribuidos en 10 familias, siendo los cánidos y félidos los más abundantes”.
“Entre las especies de felinos registradas, tres son poco frecuentes de observar: el gato de pantanal, el ocelote y el puma”, mencionaron sobre el hallazgo. Marlene Zaracho, integrante del equipo de investigación del Laboma (Facena-UNNE), afirmó que estos registros de félidos son de gran importancia para conocer su distribución y contribuir a su conservación y manejo”.
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Innovadora sanción por participar de un desmonte en Salta

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


La resolución de la Justicia constituye un precedente novedoso que involucra la restauración del predio afectado a su estado previo y el financiamiento de material de concientización sobre esta problemática.
A partir de una sentencia inédita que constituye el primer antecedente de este tipo en el país, dos productores rurales del sur de la provincia de Salta deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña local de concientización para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, según lo resuelto por el juez federal de Garantías Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas en el marco de la causa iniciada por una denuncia de la Administración de Parques Nacionales (APN) en diciembre de 2019, tras detectar un cargamento de quebracho que era extraído desde la Reserva Nacional Pizarro.
En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek, y la acusación se enmarcó en la figura de “encubrimiento por ánimo de lucro”. Aunque no provocaron el daño de la tala de manera directa, la Fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores rurales en la cadena de logística necesaria para el traslado de los ejemplares extraídos ilegalmente de la Reserva Nacional.
De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la Reserva Nacional Pizarro. En el mismo se encuentra la Comunidad wichí Eben Ezer, que cuenta con un acuerdo con la APN para habitar un área determinada y desarrollar allí proyectos comunitarios sostenibles.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN, Natalia Cardozo, indicó: “Es la primera vez que resolvemos de esta manera un litigio de estas características, incluyendo material de concientización para cumplir con la Ley General del Ambiente y la restauración del predio afectado a su estado inicial, antes de producirse el daño. Por eso se trata de un precedente novedoso”.
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Audiencias públicas para deforestar más de 6 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 18/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

Serán el 8 y 12 de enero de 2021 en los departamentos Anta y Orán. Pese a la pandemia de la covid-19, siguen sin digitalizar los expedientes para que sean consultados en línea.
Más de 6000 hectáreas son las que se prevén desmontar para generar proyectos de agroganadería en el Chaco salteño. Así surge de la publicación, en el Boletín Oficial de Salta, de dos convocatorias a audiencias públicas.
Uno de los pedidos, de la firma Baba SRL, es en un inmueble de Anta, la Finca Los Colorados. Solicitó la autorización del desmonte “con fines de ganadería” en una superficie de 662 hectáreas netas a deforestar, con 291 restantes de protección o ‘reserva’". La audiencia está prevista para el 7 de enero, un día después de Reyes Magos, y en plenas vacaciones para la mayoría de la población salteña. Se hará a partir de las 10 en el Salón Municipal de la Casa de la Cultura de Joaquín V González, en el departamento Anta.
El segundo pedido, que fue publicado ayer, es de la firma Quebracho Colorado. Solicita el desmonte de 2.764,97 hectáreas netas en una primera etapa y 2.959,77 hectáreas netas en la segunda. Se propone dejar 3.865,86 hectáreas para protección y reserva. La resolución sostiene que la posibilidad de continuar con la segunda etapa queda supeditada la habilitación de los módulos “a control, monitoreo y aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de un informe circunstanciado a cargo del proponente”. La deforestación es para generar un proyecto de agroganadería. En este caso, la audiencia está convocada el 12 de enero de 2021 a las 9 en el salón “Rómulo Anselmo Torres” de La Estrella, en Orán.
Entre ambas convocatorias se prevé la autorización de desmontes de 6.386,74 hectáreas en total.
Para ver el expediente y el detalle del impacto ambiental y social la Secretaría ofrece un horario de 9 a 14, con turno previo solicitado por teléfono, a “los fines de prevención del Covid-19”. “Por prevención es que podrían haber digitalizado los expedientes”, consideró el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake. Es que además del horario más que limitado y los turnos para ver el expediente, cada uno de ellos es entregado con un soporte digital en el que se anexan otros datos. Mientras que la Secretaría de Ambiente no avanza en esta posibilidad de transparentar la información, sí se publicó una resolución para la posible realización de audiencias públicas digitales. En general, las zonas de influencia de los desmontes no cuentan con conectividad.
La matrícula 30.737 de Orán, que Quebracho Colorado pidió desmontar, ya no continúa con ese número en la Dirección General de Inmuebles de la provincia. Por lo dispuesto en el Boletín Oficial, se deduce que la convocatoria publicada ayer es una re edición de aquella que fue publicada en marzo pasado pero fue suspendida ante el inicio de la cuarentena en el país.
Hasta donde se pudo averiguar, el desmonte que propone Quebracho Colorado se encuentra en una zona verde, es decir, que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, es pasible de desmonte. Sin embargo, este Ordenamiento está vencido desde el 14 de mayo de 2014. Así lo observó la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, en una nota enviada a la provincia el 26 de octubre pasado.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, le respondió al otro día: “quiero manifestarle que esta nueva gestión se encuentra avocada a cumplir con dicho mandato legal (de actualizar el OTBN), haciendo saber que, en alguna medida, las circunstancias sanitarias que hoy atraviesa nuestro país, dificultan los procesos previamente establecidos. No obstante ello, se avanzará a fin de dar cumplimiento cuanto antes con la actualización del OTBN, dado el tiempo transcurrido desde su vencimiento, sin que a lo largo de toda la gestión anterior se procurara dicha actualización”.
La actualización del Ordenamiento sigue en capilla mientras el desmonte avanza.

Una empresa desmontadora
Según surge de las audiencias publicadas en el Boletín Oficial desde 2007 hasta ahora, Quebracho Colorado solicitó el desmonte de unas 56.033,74 hectáreas en distintas fincas a su nombre ubicadas en Anta, San Martín y Orán.
El desmonte más grande pedido por esta empresa fue sobre 30.962 hectáreas del departamento San Martín en 2007. El proyecto de deforestación estaba trazado sobre parte del territorio ancestral wichí de la Comunidad de El Traslado, por lo que se había interpuesto un amparo. La firma, que es propiedad de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel, finalmente “acordó” con la Comunidad otorgarle 1.700 hectáreas. Destrabado el conflicto, las máquinas pasaron al desmonte. Sin embargo, hasta ahora la Comunidad no cuenta título de propiedad de las tierras. Esta es la misma Comunidad de donde era una niña fallecida por desnutrición ayer.
En 2007 la secretaria de Política Ambiental de la provincia, Catalina Buliubasich, suspendió la ejecución del desmonte aplicando el principio precautorio. Este prevé que cuando una actividad de desarrollo pueda producir "un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar las medidas para detenerlo". Pero el tiempo provisorio caducó un poco después de que Buliubasich renunciara al cargo, presuntamente por desencuentros con la política que quería llevar adelante la anterior gestión de gobierno, respecto a los desmontes en la provincia.
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Catamarca y Salta firmaron un acuerdo para el desarrollo de la minería en la Puna

Fecha de Publicación: 16/12/2020
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Catamarca - Salta


El Gobernador Raúl Jalil y su par de Salta, Gustavo Sáenz, firmaron un acuerdo para trazar líneas estratégicas que propicien el desarrollo de la minería puneña en las dos provincias. No obstante, ambos gobernadores dejaron establecido que lo consensuado no significa reconocimiento ni renuncia de los derechos territoriales y de los recursos naturales existentes en la zona de la Puna.
El Protocolo acordado establece líneas de trabajo estratégicas que permitan el desarrollo de toda la cadena de generación de materias primas en el lugar. Surge como continuidad del acuerdo realizado a finales del año pasado entre ambos gobernadores, con el objetivo de avanzar en la creación de proyectos de promoción que incentiven el desarrollo sustentable y adecuado de la actividad minera en el área limítrofe de las provincias.
“Con el Gobernador de Salta hemos decidido avanzar en este acuerdo estratégico para mejorar la productividad de la Puna catamarqueña y salteña”, dijo Jalil. Además agregó que, “Hay un conflicto de límites que en algún momento se va a resolver en las Cámaras Legislativas nacionales. Equipos técnicos de ambas provincias están trabajando para brindar la seguridad jurídica que los inversores y empresas necesitan. Queremos pensar una política turística para la Puna Catamarqueña y Salteña. Debemos pensar regionalmente para tener una estrategia común”.
Para determinar las acciones que desarrollen la actividad minera se decidió crear un equipo técnico mixto integrado por seis miembros, tres por cada provincia, que dará propuestas a los gobernadores y a las Legislaturas de ambas jurisdicciones.
El principal objetivo del equipo es proponer soluciones concretas sobre seguridad jurídica y fomento al proyecto minero denominado Sal de Oro, para luego incorporar otros proyectos.
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