Renuevan la protesta por desmonte en el norte de Salta

Fecha de Publicación: 20/07/2023
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Activistas ambientales desplegaron ayer en Salta un nuevo cartel gigante en medio de una finca de casi 12.000 hectáreas, ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de esta provincia.
Según se informó, esta propiedad pertenece al empresario agropecuario Juan José Karlen, que ya fue denunciado por Greenpeace Salta mediante el informe "El festival de los desmontes no se detiene" en 2013 y 2016.
De la protesta con el despliegue de la bandera participaron 33 activistas de varias provincias, quienes desplegaron dentro de la finca un cartel con un signo de pregunta gigante y la frase "¿Y el bosque?" y otros dos carteles en forma de cinta métrica para delimitar la superficie de una hectárea (100 metros x 100 metros), como una pequeña muestra de las 11.875 que allí se deforestaron ilegalmente.
El tamaño de este desmonte ilegal equivale a media ciudad de Buenos Aires.
Con esta nueva protesta, activistas de la organización ecologista Greenpeace vuelven a denunciar que "su dueño lleva impunemente 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria", afirman desde la organización.
Asimismo invitan a la ciudadanía a votar una consulta popular sobre "si hay que penalizar desmontes ilegales e incendios forestales". Para este fin se habilitó la web: votaporlosbosques.org, donde se puede participar de la consulta. Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación.
Desde la organización se asegura que este flagelo de la deforestación no se soluciona con multas.
“Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal, y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción. La gente votará si considera que se debe penalizar su destrucción

“Debe ser un delito penal”
“El desmonte ilegal debe ser un delito penal”, afirmó a Nuevo Diario, Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
"Se trata del desmonte ilegal más grande del país de las últimas décadas. Un ecocidio que realizaron durante varios meses con 18 topadoras, y la AFIP los denunció por trabajo esclavo", añadió.
Hace una década, luego de la denuncia, les aplicaron una multa por el desmonte, "pero terminaron acordando un plan de remediación del bosque que nunca se concretó, y siguen con su negocio agropecuario como si nada. Este es un claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la Ley de Bosques", enfatizó Cruz.
 "Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas, concluyó Cruz.
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Siguen desmontando en una finca en la que no se debería deforestar

Fecha de Publicación: 11/05/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de una propiedad ubicada en Rivadavia, adquirida por el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín.
En lo que va de este año se desmontaron 250 hectáreas de la Finca La Peregrina, ubicada en el departamento Rivadavia, propiedad del empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín. Así surge de la denuncia que hizo la asociación ambientalista Greenpeace, luego del sobrevuelo sobre el territorio.
En el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) -vencido desde 2014 y de cuya actualización prometida por el actual gobierno provincial poco se conoce-, estas tierras estaban en la categoría II, o pintadas de amarillo. Esto implica que no se pueden pasar topadoras por su superficie.
En principio, se entiende que existe una ilegalidad. Pero el caso se enmarca en un panorama un tanto más complejo en el que las complicidades o la inacción de los gobiernos de turno permitieron que se continúe con los desmontes aún en zonas categorizadas como protegidas.
Mediante la aplicación de tecnología jurídica, en 2011 el gobierno de Juan Manuel Urtubey dispuso por decreto la posibilidad de convertir tierras protegidas, en tierras para el desmonte.
Es así que en julio de 2013 se convocó a audiencia pública para el desmonte neto de 7.050 hectáreas que estaban en zona amarilla en Finca La Peregrina, y donde la autorización de los desmontes fue posible gracias a las llamadas “recategorizaciones” que permitió el gobierno urtubeicista.
En 2014 se dieron de baja los dos decretos que permitían esta posibilidad, pero no se suspendieron las autorizaciones realizadas sobre aquellas zonas recategorizadas.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, su ministro de Ambiente, Sergio Bergman, emitió una resolución en la cual declaraba la ilegalidad de las recategorizaciones y por lo tanto, la necesidad de su suspensión de los efectos de esa medida.
El 25 de febrero de 2018, con la resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación en mano, el gobierno de Urtubey dispuso la suspensión de los desmontes en esta y otras 31 fincas que habían sido autorizadas a desmontar en lugares prohibidos por el OTBN. Hasta ese momento, según un monitoreo realizado por la provincia, en La Peregrina se había ejecutado el desmonte de casi 4 mil hectáreas.
En mayo de 2018, en un sobrevuelo, la asociación ambientalista Greenpeace detectó que Varela Marin seguía desmontando pese a la suspensión dispuesta por el gobierno. “Le dieron una multa de tres millones de pesos”, contó el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini, a Salta/12.

Un relevamiento y un ¿perdón?
En 2019 a través del decreto 210 se inscribió un monitoreo de todas las fincas recategorizadas. En ese documento no se menciona la multa y las irregularidades de la finca del empresario uruguayo.
El relevamiento solo sostiene que “según la imagen satelital del 9 de febrero de 2018 se observa una superficie transformada de 882.05 has (hectáreas, en la segunda parte de tierras a desmontar), en la imagen satelital del 30 de abril del mismo año se suma una superficie transformada de 168.73 has. Siendo el total hasta la fecha 1050 has.”.
En el decreto de 2019 se incluye un acta que en su artículo tercero dispone que “con la firma del presente acuerdo y la revisión de la ejecución de los proyectos efectuados en el marco de los compromisos asumidos por las partes el 14 de mayo de 2018 (...) la provincia de Salta dará por finalizada la evaluación de la situación que motivó el dictado de la resolución 19/18 del Ministerio de Producción, Trabajo, y desarrollo Sustentable de la provincia de Salta”. Este instrumento legal era el que había dispuesto la suspensión de desmontes en áreas recategorizadas.
“De ahí no se supo más nada. Pese a que insistimos con pedidos de informes a la actual gestión”, dijo Giardini al referirse a los pedidos elevados durante la gestión a cargo de Gustavo Sáenz. Sucede que no se supo qué se hizo con el relevamiento, si hubo sanciones, posibilidades de que continúen con los desmontes pese a todo, o si se evaluó la posibilidad de hacer controles. Lo único que se puede decir por los monitoreos ambientalistas, es que el desmonte continúa en una zona donde no debería suceder. Salta/12 consultó al secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, pero no hubo respuestas.

La compraventa de tierras como negocio
Del informe que realizó Greenpeace durante su campaña contra los desmontes en Salta, surge que las tierras que conforman La Peregrina eran antes de CRESUD. La firma es “una de las empresas agropecuarias más importantes de Argentina (cuenta con casi un millón de hectáreas) y de las que más desmontó en la provincia de Salta (cerca de 90.000 hectáreas), en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques vendió 14.516 hectáreas de su finca ‘Los Pozos’, cuya superficie era de 262.000 hectáreas y está ubicada en el departamento Rivadavia”.
Indica el informe de Greenpeace que “el 5 de junio de 2007, CRESUD informó a la Comisión Nacional de Valores que el precio acordado por dicha operación fue de U$D 2.177.431,50; es decir U$D 150 por hectárea, los que fueron abonados por el comprador en forma íntegra al momento de la escritura traslativa de dominio y entrega de posesión. Cabe destacar que la compañía tenía valuado en sus libros la parcela vendida a un valor de U$D 7 por hectárea, es decir que la presente venta arrojará un resultado de aproximadamente U$D 2,0 millones”.
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Derivaciones del pedido de la Corte sobre la minería de Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 20/04/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Salta - Jujuy


La respuesta a una reciente resolución de la Corte Suprema sobre la explotación minera en Salta y Jujuy ya se enfrenta a un primer obstáculo técnico. Tiene que ver con la ambigüedad en el pedido de la información que requiere el máximo tribunal de Justicia a estas dos provincias y a la Secretaría de Minería de Nación.
Se trata del fallo que la Corte emitió el 28 de marzo pasado, que tiene su origen en el amparo presentado por la comunidad jujeña Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales para "suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes".
Los ambientalistas y los representantes de los pueblos originarios del área consideraron en la presentación que la explotación del litio en salar que comparten ambas provincias producirá un "daño grave e irreversible" en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc.
Ante la solicitud de amparo, la Corte instó a las tres jurisdicciones (Salta, Jujuy y Nación) a que en un plazo de 30 días remitan todas las actuaciones producidas respecto de la explotación del litio y borato y toda la documentación relacionada para poder decidir si se deben suspender las explotaciones. El inconveniente es que no se específica en la resolución si es que el pedido comprende sólo a Salinas Grandes o a todas las concesiones mineras que están a cargo de las dos provincias.
"El objeto de la acción planteada, según dice la Corte en su propia sentencia, refiere a la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc y a las concesiones de borato y litio y dado que la parte resolutiva sería más amplia, se pidió a Fiscalía de Estado que se especifique", explicó a El Tribuno la jueza María Victoria Mosmann, a cargo del Juzgado de Minas de Salta.
"El objeto del reclamo es lo que a los jueces nos da el ámbito en el cual nos podemos manejar dentro de un proceso, no podemos fallar fuera de lo que es lo reclamado", insistió.
El mismo inconveniente correría para el Gobierno provincial, ya que la respuesta al máximo tribunal, en lo que respecta a Salta, se tiene que dividir en dos partes: la que corresponde a la Justicia local y al área administrativa, en este caso la Secretaría de Minería de la Provincia.
Es que Salta es la única provincia en Argentina que tiene un sistema de concesión judicial de las áreas mineras, lo cual le ha valido una alta estima internacional respecto a su seguridad jurídica.
"El Juzgado es competente y autoridad de aplicación en materia de concesión minera. Y en el caso de las cuestiones ambientales mineras, en virtud del código de procedimiento minero y también por un decreto provincial, está en cabeza en un ciento por ciento de la Secretaría de Minería, con una vista a la Secretaría de Ambiente", señaló Mosmann.
Aclaró, además, que el trámite de concesión de las áreas mineras no se otorga si no es con la aptitud ambiental y las respectivas consultas a comunidades que la Secretaría de Minería certifica y que se encuentran cumplidas por las empresas interesadas en la explotación de los minerales salteños.
"Es un planteo de comunidades que genera un reclamo interjurisdiccional, por eso está interviniendo la Corte, donde están Salta y Jujuy demandadas. Habrá que ver si la Corte asume finalmente competencia con respecto a esto", señaló la jueza.
Apenas salió la resolución de la Corte, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, remarcó que la Provincia se va a poner a disposición y va a remitir los informes y toda la documentación respaldatoria a la Corte y también a los organismos e instituciones necesarios.
La funcionaria provincial indicó que "la cuenca a la cual se vincula el pedido de información es la de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, es una cuenca endorreica, cerrada, que compartimos con Jujuy, donde actualmente no existe ningún tipo de actividad minera".
Destacó, también, que a través de la Secretaría de Minería se instrumentan controles ambientales periódicos, monitoreos ambientales participativos, audiencias públicas, mesas sociales y mesas técnicas entre las comunidades, el Estado y las empresas, entre otras acciones.
"Nosotros somos muy respetuosos de las comunidades originarias, tenemos vastos mecanismos de participación y de vinculación normados, internacionales y propios para trabajar con las comunidades desde etapas tempranas", concluyó Sassarini.

Fundamentos
La Corte Suprema fundamentó el pedido de información a Salta, Jujuy y la Secretaría de Minería de Nación en la "importancia de las cuencas hídricas" y apuntó que "la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años".
"La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo ecocéntrico o sistémico", señalaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes firmaron el fallo.
Aclararon que "el paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema".
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Denuncian deforestación y descontrol en área protegida

Fecha de Publicación: 17/03/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Aseguran que se talan árboles que tienen 60, 70, 80 años, de palo amarillo y palo blanco, y que son retirados en camiones, sin ningún control.
En las últimas horas, la comisión del Club Enduro Orán radicó una denuncia por deforestación en el circuito que utilizan para realizar competiciones y carreras, ubicado en calle Arenales al final. Preocupa la tala indiscriminada, ya que se trata de un área protegida.
Según consta en la denuncia, el pasado 27 de febrero, mientras realizaban recorridos por el predio, observaron que personas desconocidas ingresaron al lugar y talaron árboles de la especie palo amarillo, cedro, lapacho; iguales daños observaron en el camino principal.
La comisión señala que "estos hechos ocurren desde hace varios años; que los causantes ingresaron tras cortar parte del alambrado perimetral, daños que todavía no fueron reparados".
Alejandro Basualdo, guía turístico de la ciudad de Orán, en dialogo con medios locales comentó la preocupación que viven por estos casos de tala indiscriminada en una zona reservada a pocos minutos de la ciudad norteña. "Hace poco tiempo sufrimos incendios forestales, perdimos más de 50.000 hectáreas de bosque y miles de especies", remarca
Basualdo explica que hace unos días pudieron observar que el sector que se otorgó al circuito de Enduro Orán, una zona de reserva, uno de los mejores del norte, "que lamentablemente al no tener control por parte del Estado, de Recursos Naturales, los depredadores hacen desastre".
Denunció que se están talando árboles que tienen 60, 70, 80 años, palo amarillo, palo blanco. Las imágenes son terribles, incluso fueron sacados con camiones sin que nadie se percate. "Es muy grave. La Provincia debería hacer un control más exhaustivo".
La denuncia fue radicada en la Policía por parte de directivos del CEO, y notificaron sobre la situación a Recursos Naturales, áreas protegidas, para que estén al tanto de lo que pasa.
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El fuego degradó casi 200 mil hectáreas de bosque nativo en Salta

Fecha de Publicación: 16/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En una década, el bosque pedemontano del norte argentino perdió medio millón de hectáreas de su superficie vegetal por los incendios forestales. En 2022, solamente en Salta, se perdieron 195.714 hectáreas.
Un informe reciente elaborado por la Dirección Regional Noroeste de Parques Nacionales, el Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA) y la Fundación de Conservación y Estudio de la Biodiversidad (CEBio), echó por tierra cualquier cálculo realizado hasta el momento acerca de la verdadera superficie de bosques pedemontanos consumidos por las llamas en 2022 dentro de la provincia de Salta.
Identificó al pasado año como el período con mayor impacto por los incendios forestales en ese bioma: el fuego devoró 195.714 hectáreas dentro de la jurisdicción salteña. Esa cifra representa casi 33 veces el ejido urbano de la ciudad de Salta, o unas nueve veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El fuego tuvo otros momentos pico: en 2013, cuando se quemaron 165.233 hectáreas del mismo bosque, y en 2020 cuando resultaron diezmadas 52.863 hectáreas de bosque pedemontano
El estudio evaluó incendios en la región fitogeográfica con mayor biodiversidad del país que comparten Salta y Jujuy, y que ocurrieron entre 2012 y 2022. Indicó que en esa década y promediando por año, la constante indica que se quemó el 3% del bosque pedemontano de manera sostenida. Hubo picos del 11 %, como en 2022. Solo el año pasado en las dos provincias norteñas, “se quemaron 215.831 hectáreas, convirtiéndose en el peor año respecto a ocurrencias de incendios para el Bosque Pedemontano del Noroeste Argentino”.
El trabajo analítico fue elaborado por los especialistas Leónidas Lizárraga, Luis Rivera, Paula Názaro y Natalia Politi. Bajo el título “El Bosque Pedemontano en llamas: situación de incendios forestales en las provincias de Salta y Jujuy entre 2012 y 2022”, los investigadores (ingenieros en recursos naturales y biólogos) analizaron en profundidad los incendios en relación al ordenamiento de bosques nativos, el cambio climático y el accionar humano. El estudio fue publicado el 8 de marzo pasado, en la página web del Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
Las primeras conclusiones son devastadoras. Calcula que en una década se quemaron 514.171 hectáreas del Bosque Pedemontano norteño. “Esta cifra representa el 25 % de la superficie (total) de (ese) ambiente”. En el mismo lapso “en Jujuy se quemaron 94.420 hectáreas y en Salta, 419.751”. Comparadas con la superficie total de cada provincia, las hectáreas quemadas arrojan que en Jujuy se quemó el 1,7 por ciento de su extensión total, mientras que en Salta esa cifra representa al 2,7 por ciento de su superficie.
En el norte argentino buena parte de la región fitogeográfica es un área protegida por la UNESCO. La Reserva de Biósfera de la Humanidad incluye otros espacios de conservación, como la reserva provincial Laguna Pintascayo, el Parque Nacional Baritú (ambos en el norte de Salta) y Finca Urundel (en la misma provincia). La última es una propiedad privada productiva que cuenta con un área protegida que gestiona la conservación de los remanentes del bosque natural (proyecto Redd+) para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Fuera del área protegida por la UNESCO aunque dentro del mismo bioma, se encuentra la Reserva Provincial de Acambuco (Salta). Los espacios de conservación dentro de la Reserva de Biósfera continúan en Jujuy: El Pantanoso y Parque Nacional Calilegua.
En la vecina Jujuy, la tasa de bosques incendiados en la década 2012/2022 fue calculada por los investigadores en 10.913 hectáreas/año. El peor período de 12 meses para el bosque pedemontano jujeño fue registrado en 2013, “cuando se quemaron 31.451 hectáreas”. Le siguieron el año 2020, con 23.197, y el 2022, con 20.118 hectáreas consumidas por las llamas, entre ellas, las de Parque Nacional Calilegua y de la reserva privada El Pantanoso.
Más allá de los fríos números, el informe detalla el tipo de bioma degradado por las llamas. Para ello, el grupo de investigación tomó como base un mapa de coberturas de suelo del bosque pedemontano elaborado por Lizárraga. Con esa herramienta, discriminaron en la superficie quemada ocho clases de ambientes degradados por el fuego en una década. En el bosque pedemontano de la provincia de Salta, el 64 % de las áreas quemadas comprendió a selva caducifolia (269.947 hectáreas), mientras un 17% correspondió a sectores desmontados de la selva perennifolia (70.062 hectáreas). Los dos ambientes corresponden a pisos diferentes de las Yungas.
En Jujuy mientras tanto, el 43% de los incendios registrados en el mismo bosque se localizó en sectores desmontados (40.852 hectáreas), otro tanto degradó formaciones caducifolias (44.796 ha). Se refiere a árboles, arbustos y herbáceas perennes que pierden todas sus hojas durante una parte del año. Siguieron las galerías de bosques próximas a las riberas de los ríos (ambientes riparios). De ellos se quemaron 6.068 hectáreas, es decir, el 5% del total de ese ambiente dentro de la provincia de Jujuy.

Biodiversidad, ordenamiento y un legado explosivo
El estudio explica con precisión que el bosque pedemontano en Salta se pierde con más rapidez que en Jujuy. Describe al bioma como un espacio natural que “comprende selvas con árboles altos y un dosel cerrado”, es decir, copas de árboles que parecen formar un techo en lo alto. Históricamente estuvo compuesto por dos unidades ambientales, “la selva de palo blanco y palo amarillo (…) hacia el norte de las provincias de Salta y Jujuy, y la selva de tipa y pacará hacia el sur en la provincia de Tucumán principalmente”. Los investigadores recordaron que la segunda comunidad vegetal (tipa y pacará) fue “completamente transformada en áreas de agricultura intensiva hacia fines del siglo XIX y principios del XX”, principalmente para plantaciones de caña de azúcar. De la primera (palo blanco y palo amarillo), aún se conserva en la alta cuenca del río Bermejo, que comparten Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
“El Bosque Pedemontano alberga 300 especies de plantas leñosas (de las cuales 113 son árboles), 39 especies de anfibios, 137 especies de aves y 106 de mamíferos”, precisa el informe. Además, en él “se encuentran varias especies amenazadas a nivel global y nacional como el Guacamayo verde, el Loro pinero, el Tapir, el Pecarí labiado, el Jaguar y el Roble criollo”. Su enorme importancia forestal también es reconocida, porque alberga varias especies de árboles de alto valor: el cedro, el roble, el cebil, el urundel, el lapacho, la quina colorada, la afata, la tipa colorada y la mora amarilla.
El informe avanza sobre dos aspectos fundamentales para pensar en la sustentabilidad y la conservación del territorio en los años porvenir. El primero fue la relación de los incendios con el ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) tanto en Salta como en Jujuy. Los OTBN discriminaron áreas del bosque pedemontano por categorías: el 20% fue marcado como de alto valor de conservación (rojo o categoría 1); el 47%, como de mediano valor de conservación (amarillo o de categoría 2), y el 7%, como con potencial uso agrícola (verde o categoría 3). “Considerando las áreas que fueron afectadas por incendios entre 2012 y 2022”, menciona el estudio, “se quemó el 16 % del Bosque Pedemontano en Categoría 1, el 34 % en la Categoría 2 y el 18 % en la Categoría 3”.
Finalmente, el segundo aspecto que destaca el informe, fundamental para planificar áreas de conservación y políticas a aplicar para no continuar perdiendo bosques y biodiversidad, es la actividad antrópica o humana en el bosque pedemontano. En Jujuy, “las áreas quemadas estuvieron localizadas en zonas de alta (53 %) y media (43 %) influencia humana. Sólo el 4% de las áreas quemadas comprendió lugares de baja influencia humana. Esto sucedió principalmente en los años 2020 y 2022”, analizaron los investigadores. En la provincia de Salta mientras tanto, “los incendios están vinculados a zonas de alta (39 %) y media (51 %) influencia humana. Solo el 10 % de los incendios correspondieron con lugares con baja influencia”.
¿Persistirá el ritmo de los incendios en los años venideros? Es una verdadera incógnita. El informe de una década de incendios forestales en Salta y Jujuy arrojó que entre 1981 y 2019 “en tres puntos del Bosque Pedemontano la temperatura media por década se incrementó más de un grado celcius, mientras que las precipitaciones anuales disminuyeron un 28 %”.
Como cierre, en 2022, año fatal para ese bosque nativo, los incendios forestales revivieron otro factor de la acción humana en la yunga de Salta y Jujuy: los boosters de prospección sísmica que dejó YPF como parte del proceso de exploración (1979 - 1985) mientras fue empresa cien por ciento estatal. La privatización la dejó en manos de Repsol, la empresa española que incumplió con lo pactado: rescatar ese pasivo ambiental de alta peligrosidad. Los tiempos políticos cambiaron. Aunque hoy se mira sólo a Vaca Muerta en Neuquén, los explosivos y su carga continúan por ahí, enterrados, esperando que alguien se cruce con ellos o el calor de los incendios forestales los reactive. Eso ocurrió en 2022 en la zona de Valle Morado entre Salta y Jujuy (área que corresponde al otrora exitoso Yacimiento Caimancito) y en territorio comunitario de la Comunidad Indígena Pueblo Kolla Tinkunaku.
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Perdida de biodiversidad en los departamentos de Orán y San Martín

Fecha de Publicación: 23/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Más de cien mil hectáreas vegetales resultaron degradadas por el fuego. Otras quince mil fueron definitivamente transformadas por permisos de desmonte.
El año 2022 fue excepcional en cuanto a incendios forestales en la provincia de Salta. La superficie vegetal afectada por el fuego, principalmente durante los meses de agosto y diciembre, superó las cien mil hectáreas.
Este cálculo se desprende de informes que regularmente elabora el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y se denominan “Reporte técnico de ocurrencia”. El conteo de hectáreas quemadas arrojó un total estimado de 100.682, que se ubicaron principalmente en el departamento Orán. En escala descendente, le siguieron las jurisdicciones de General San Martín, Metán, Capital y Chicoana. Los reportes consultados corresponden a octubre y diciembre que arrojaron resultados definitivos de hectáreas quemadas a medida que los incendios eran clasificados por el SNMF como extinguidos.
Solo en Salta, la superficie calculada según datos del SNMF durante el segundo semestre del año pasado, no se aleja demasiado de las 95.000 hectáreas calculadas por Greenpeace. La ONG las reportó en un informe publicado recientemente en el que analizó el proceso de deforestación en el norte argentino en 2022.
Ese proceso de pérdida de masa vegetal, particularmente de bosques y su biodiversidad, es un fenómeno en desarrollo que –en la perspectiva de la ONG- tiene dos grandes motores. Por un lado, el avance de la frontera agropecuaria para “ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa”, cita Greenpeace; por otro, los incendios forestales.
En Salta durante 2022, mayoritariamente en los departamentos de Orán y San Martín, el fuego degradó más de cien mil hectáreas, el combo se completó con alrededor de 15.230 hectáreas que obtuvieron permiso de desmonte también durante el año pasado. Ambas cifras elevan el total anual de cobertura vegetal degradada o totalmente transformada, a casi 116.000 hectáreas. Para encontrar un momento con una deforestación similar, hay que regresar al período comprendido entre 2007 y 2011.
El informe de Greenpeace para el norte argentino brindó algunas otras reflexiones puntuales. Primero, tras quince años de la implementación de la Ley de Bosques (26.331) sancionada a finales de 2007, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN). Detalló que esto tuvo un efecto sobre la cobertura vegetal y su biodiversidad, porque los OTBN prohibieron “los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales” al dividir la superficie en categorías (rojo, amarillo y verde). Sin embargo, en el caso de los ordenamientos de Salta y el Chaco, Greenpeace fue muy crítica: “fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”. Punto seguido, señaló que desde 2014 “se evidencia una disminución de la deforestación”, y agregó que “en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales”, un dato tangible en otra serie estadística.

Fuego y topadoras
En el informe de Greenpeace, el total calculado de hectáreas de bosques degradados producto del desmonte o el fuego, no discrimina según porcentaje de bosque nativo, arbustal, pastizal u otras coberturas vegetales. En cambio, ese dato sí aparece en la serie histórica disponible para consulta en datos abiertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
La información estadística abarca los años que van de 1995 hasta 2021 y para el caso puntual de la provincia de Salta arroja algunas conclusiones. Los años en que se perdió mayor cantidad de especies arbóreas nativas por efecto de los incendios forestales van de 1996 a 2010. Es un período que se superpone a los años en que se registraron mayor cantidad de permisos de desmonte en Salta (2007 a 2011). Desmontes e incendios comparten Orán y General San Martín, dos jurisdicciones del norte salteño que registraron una notoria extensión de la frontera agrícola en esos años, y que en 2022 padecieron los incendios más feroces.
“En forma preliminar, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas”, mencionó Greenpeace al final del informe. En el proceso, solamente Salta supera el 50 por ciento. “Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales, y los responsables rara vez son obligados a reforestar”, advirtió. Agregó también que “en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”. Para la ONG, la actual emergencia climática como de biodiversidad advierten que es gigantesca la presión antrópica del modelo socioeconómico sobre el entorno natural. Y en este caso, la provincia de Salta ocupó el primer puesto en el norte argentino. “Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, concluyó el informe.
Los incendios forestales en Salta durante el año pasado afectaron seriamente el área de la Biósfera de Yungas, también sus zonas de amortiguación. De hecho, a través de los reportes de  incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se pudo establecer que los incendios que comenzaron después del feriado de octubre de 2022 y que se ubicaron al oeste de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, implicaron la pérdida de 27.981 hectáreas dentro del área de reserva de Biósfera de Yungas. Cuando comenzaron los incendios en agosto de 2022, en la zona de Colonia Santa Rosa, las llamas consumieron 30.047 hectáreas, siempre dentro de la misma zona de reserva declarada por la UNESCO en 2002. Entre El Oculto e Isla de Cañas, por la ruta provincial 18, los incendios forestales degradaron 2375 hectáreas más de bosque nativo. En esa región se encuentran los ayllus de la Comunidad Kolla Tinkunaku, cuyos miembros de organizaron para combatir las llamas.
Fuera del área de Reserva de Biósfera siempre destacó un incendio que nunca fue reportado por las autoridades provinciales. Las consultas realizadas en aquel momento arrojaron que la ausencia de datos sobre esa masa ígnea en Ballivián se debió a que ese municipio del departamento San Martín no cuenta con un cuartel de bomberos. El área boscosa afectada por las llamas se extiende al norte del cruce de las rutas nacionales 50 y 34. Los incendios forestales fueron detectados por los satélites y del análisis de los reporte del SNMF se desprende que allí se quemaron -al menos-  25.285 hectáreas de bosques nativos.
El informe final de 2022 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recién estará disponible en mayo próximo. Seguramente arrojará más precisiones sobre la verdadera dimensión de la pérdida de bosque nativo en los incendios forestales en Salta en 2022.
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La justicia salteña avaló talas de bosques inconsultas

Fecha de Publicación: 14/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Dos años después de las quejas de ambientalistas sobre la resolución 333/20 de la Secretaría de Ambiente, se declaró inconstitucional solo el último párrafo de un artículo de la normativa que permitía desmontes de hasta 300 hectáreas.
Tras entender que el fallo de la Corte de Justicia de Salta avala la falta de audiencias públicas en las modificaciones de los bosques nativos, organizaciones civiles interpondrán un recurso extraordinario federal para lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 25 de septiembre de 2020 la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió la resolución 333, que permitía, en su artículo primero, que aquellos desmontes de hasta 300 hectáreas sean autorizados sin someterse a audiencia pública. En el cuarto, en tanto, se establecía que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), presentado por “planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril “, o sea tala de árboles o cría de ganado bajo monte, era suficiente para aprobar una actividad sin necesidad de ir a audiencia pública.
Las quejas del sector ambientalista y las observaciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Nación, obligaron a la modificación de estos artículos de la normativa.
En este contexto, el 18 de octubre de 2020 el secretario de Ambiente, José Aldazábal, firmó la resolución 411 en la que se modificaron solamente estos dos artículos de los diez que componen la resolución 333.
El primero dejó en claro que todo plan de cambio de uso de suelo (o desmonte), debía ser sometido a audiencia pública sin importar la extensión. En el artículo 4º, en tanto, se dejaba a criterio de Ambiente determinar qué proyectos de tala de árboles o de cría de ganado bajo monte debían ir a audiencia pública, tomando al EIAS como documento suficiente para aprobar el proyecto.

El amparo
En diciembre de 2020 un grupo de vecinos y asociaciones ambientalistas, entre ellas, las fundaciones Cebil, Mundo Verde y Planeta Jeva, y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentaron una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, contra la resolución 333/20 y su modificación por la resolución 411/20.
“Más de dos años más tarde, el 2 de febrero del corriente año, la Corte de Justicia de Salta se pronunció”, indicaron en un comunicado las entidades civiles representadas en el amparo por la abogada María Fernanda Guillén.
Se señala que una de las interpretaciones que hicieron los integrantes de la Corte salteña es que desmonte es una cosa, y otra la tala de árboles y cría de ganado bajo monte (a lo cual se llama formalmente Manejo Sostenible de Bosques Nativos). Además los jueces y juezas de Corte decidieron analizar solamente los dos artículos modificados por la resolución 411, y no el resto de los incisos de la resolución 333.
Los jueces del máximo tribunal salteño hicieron lugar parcialmente a la demanda al declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 4º, en el cual se deja abierta la posibilidad que el EIAS sea suficiente para permitir los manejos de bosques. Argumentaron que lo establecido no hace “la salvedad del tipo de proyecto involucrado”, y no aclara que “en aquellos planes que puedan generar impactos ambientales significativos no puede prescindirse de la audiencia pública”.

Los procesos inconsultos serán la regla
Los y las ambientalistas advirtieron que la vigencia de estas normas vulnera los mandatos constitucionales y la legislación nacional y provincial ambiental, pues entendieron que con este aval la “regla general es la eliminación de las audiencias públicas y, por excepción, su realización cuando exista un impacto ambiental significativo”.
Con este criterio sostuvieron que se logrará solamente el “avance silencioso y sin control popular sobre los bosques nativos, cuando en materia ambiental rigen principios preventivos, precautorios y restrictivos cuya lógica rige lo contrario a lo establecido en la Resolución 333/20”.
Indicaron que en la práctica, desde el gobierno provincial se mantiene una “complacencia ilegal” a “emprendimientos ecocidas”, que se dieron a conocer en “San Martín, Orán, Anta, San Lorenzo (Los Maitines) y Vaqueros, entre otros municipios”.
Añadieron que existe un “proceder oscuro y secretista del gobierno en el ordenamiento territorial” de bosques nativos (OTBN), “que excluye a los grupos legitimados, organizaciones y personas que bregan por información que no les es proporcionada o les es proporcionada en forma sesgada y parcial”.
A su entender, las consecuencias a la vista son los bruscos cambios climáticos, incendios forestales y sequía en el territorio de Salta, que “posee el infortunado récord de ser la provincia que más ha destruido sus bosques nativos y recursos naturales”.
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Los ríos Pilcomayo y Bermejo tuvieron bajantes extraordinarias

Fecha de Publicación: 03/02/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Formosa


Los ríos Pilcomayo y Bermejo tuvieron bajantes extraordinarias En el cierre de 2022 el río Pilcomayo quedó sin flujo en el límite de Salta y Formosa. El coordinador el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del curso trinacional, Luis María de la Cruz, definió a esa interrupción de "histórica" tras remarcar que no existen registros hidrométricos, como tampoco en la memoria de los lugareños, de un evento semejante en las últimas seis décadas. Por ello, como otros especialistas, no dudó en calificarla como "una consecuencia directa del cambio climático". Por esos días en Misión La Paz llegó a medirse un caudal de menos de dos metros cúbicos por segundo, un volumen 20 veces menor que el de los estiajes de años anteriores. Áreas agrícolas y ganaderas de Formosa y Paraguay no vieron una gota de agua en el cauce durante casi un mes. De la Cruz hizo notar que una situación igual "nunca había ocurrido antes". La inédita bajante no sólo impactó en las producciones agrícolas y ganaderas, sino que también abrió serios interrogantes sobre el ciclo reproductivo de la ictiofauna del Pilcomayo.

Bermejo
En la cuenca del río Bermejo la sequía y las olas de calor también se tradujeron en una extraordinaria bajante que sacudió al país con penosas imágenes de grandes surubíes, dorados, sábalos, pacúes y bagres muertos en distintos tramos salteños del cauce binacional. El pasado jueves, en Embarcación, el Bermejo tenía un nivel de apenas 0,74 metros, una altura al menos tres veces menor que registros tomados en la misma fecha en años anteriores a 2021. Un informe oficial de la Comisión Regional del Río Bermejo (Corebe) confirmó que 2022 fue el de mayor estiaje (caudal mínimo) de los últimos 22 años.
La crítica bajante del Bermejo, y sus sedimentos, complicaron la navegación fluvial en las hidrovías del sistema Paraguay-Paraná. Desde la ultima semana de diciembre, y por más de 18 días, cerca de un medio centenar de grandes embarcaciones que transportaban diferentes productos a granel y en contenedores hacia los puertos quedaron varadas en el kilómetro 61 del río Paraguay, aguas abajo de la localidad de Pilar.

El norte, sin agua
Por la bajante histórica del Caraparí, otro río con nacientes en Bolivia, las poblaciones de Tartagal, Mosconi y Aguaray llevan 45 días sin agua potable en el norte salteño.

Juramento
El sistema Juramento-Salado no escapó a las generales de la severa sequía. El nivel del dique El Tunal, presa complementaria del embalse de Cabra Corral, perdió 10 metros. Días atrás el secretario del Club de Pesca 20 de Febrero de Metán, Federico Mahmud, afirmó que "no había ocurrido jamás" nada parecido y pidió "que las autoridades hagan algo para evitar una mortandad de peces".
El desastre que se teme en Metán por la alarmante caída de reservas de El Tunal ya tiene consumada la pesadilla a varios cientos de kilómetros aguas abajo. El norte de Santa Fe es una postal apocalíptica con arroyos sin agua, campos sembrados de vacas muertas y cultivos perdidos. Por la prolongada sequía, productores de cuatro departamentos de la zona de desastre ya perdieron más de 3.000 animales y claman por una orden que obligue a Santiago del Estero a abrir las compuertas del río Salado, que en el área de Tostado está tan seco como las represas.
Con la misma desesperación, desde Santiago del Estero se reclama que Salta aumente las erogaciones de agua del dique El Tunal hacia la cuenca media del sistema Juramento-Salado. En este critico contexto la intendenta de Vera, Paula Mitre, manifestó que en esa ciudad santafesina "la gente se está empezando a pelear por el agua".
Juan José Neiff, biólogo especializado en ecología acuática e investigador principal del Conicet, advirtió que "todavía no hemos visto lo peor" de la sequía que, aclaró, "se está dando no solo en la Cuenca del Plata, sino a nivel planetario". "Esto es comparable con las enfermedades crónicas que van produciendo efectos acumulativos: uno no se da cuenta hasta que llega la etapa crítica. Acá no hemos superado todavía la etapa crítica", graficó.
Sobre los extraordinarios estiajes del Pilcomayo, Bermejo, Paraguay y otros cursos de la Cuenca del Plata, Neiff sostuvo que "la bajante de los ríos vino para quedarse". Añadió que, "posiblemente, vamos a tenerla durante todo este año", porque la perspectiva de recuperación es "muy poco favorable" hasta abril.
Sobre la cuenca del Paraná, puntualmente, advirtió: "Ya van tres años en los que no tenemos reclutamiento de peces, porque al estar el río encajonado y con aguas bajas, no hay desbordes en las lagunas y bañados. Es decir que estamos en un período de achicamiento de la población de peces". anticipó.
Al respecto, el biólogo Enrique Derlindati puntualizó: "Desde 1998, con la firma del protocolo de Kioto, en donde muchas naciones se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos cuáles son las actividades críticas en la regulación del clima y conocemos sus consecuencias. Pero aún con ese conocimiento, continuamos con un modelo global que nos destruye junto con nuestro entorno. En lo inmediato las proyecciones son pesimistas, no existe una salida inmediata a esta situación, pero debemos pensar a largo plazo y ser conscientes que en nosotros está la capacidad de mitigar y revertir el daño".
El investigador de la UNSa recalcó que, incluso reduciendo el razonamiento a lo económico, "la inacción genera pérdidas enormes en subsidios para los productores, combustible y vehículos para la distribución de agua, deterioro de los sistemas de captación y distribución del agua, costos en salud para contener brotes de enfermedades directas e indirectas, pérdida de ambientes y de la calidad de los servicios ambientales y pago de daños por la mayor frecuencia e intensidad de los incendios, entre otras consecuencias que, como vemos, no son a 100 años, sino inmediatas", finalizó,
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Desmontes en Salta | Comunidad Wichí de Misión Chaqueña sostiene el acampe en defensa de su territorio

Fecha de Publicación: 26/01/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña se congregaron en la zona denominada «La Picada» en la vera de la Ruta Nº 53 para evitar el avance de los desmontes y verse perjudicadas por ellos.
Desde el 2 de diciembre de 2022, la comunidad está acampando para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito, de Embarcación, en el norte de la provincia. Este territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2018 y es utilizado como medio de subsistencia para las comunidades.
Según informó Radio Nacional, los manifestantes denunciaron que un terrateniente habría adquirido parte del territorio a fines de noviembre de 2022, sin embargo, los miembros de AFIP averiguaron que no habría nada registrado hasta el momento.
La comunidad Wichí considera que estas tierras les pertenecen desde sus ancestros y no van a permitir que les despojen de ellas.
Lucy Gutiérrez, integrante de la Comunidad Misión Chaqueña, declaró: «Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental, por lo que no vamos a permitir que avancen».
Por su parte, el referente Balducho Villafuerte afirmó «Creemos nosotros que, por la historia, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
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Desmonte y falta de agua en comunidades indígenas de Salta

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Salta


La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.
Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, se ordenaron medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena. Sin embargo, los pueblos originarios piden políticas públicas para que se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria.
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Salta: La ciudad eliminó el pago de patente para los vehículos que no contaminan

Fecha de Publicación: 17/01/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable en la ciudad, la Municipalidad, a través de la ordenanza 15.952, exceptuará el pago del impuesto a la Radicación de Automotores a los vehículos con sistemas no contaminantes para el medio ambiente. Es una de las que tomó tal decisión.
La intendenta Bettina Romero impulsa distintas medidas para cuidar el medio ambiente en la Ciudad de Salta y así luchar contra el cambio climático con una mirada puesta en un futuro más sustentable.
Siguiendo esta política de gobierno, la Municipalidad implementó una exención impositiva a todos los vehículos con sistemas que no contaminen el medio ambiente.
La acción fue impulsada desde el ejecutivo, aprobada mediante la ordenanza 15.952. La cual, incorpora una exención en el código tributario municipal, en el impuesto a la Radicación de Automotores. La misma es del 100% en el 1º año, 75% en el 2º año, 50% en el 3º año, y del 25% en el 4º año.“
“Marcamos un rumbo claro hacía una ciudad más sustentable. Por eso, trabajamos para reducir la contaminación en nuestro medio ambiente con esta y distintas acciones que impulsamos desde que iniciamos la gestión. Lo hacemos pensando en un lugar más sano para todos los salteños y las futuras generaciones”, sostuvo la intendenta.
Y luego, recordó que desde la Municipalidad, se trabaja separando los residuos en origen, con distintas tareas de limpieza y erradicación de microbasurales. También, levantando vehículos abandonados de la vía publica y con operativos de descacharrado.
Y finalizó: “Lograr una ciudad sustentable es una política de Estado que va más allá de quiénes gobiernan y sabemos que lo lograremos con la comunidad involucrada”.

Datos relevantes en la Argentina
Entre enero y octubre de 2021, se patentaron en Argentina casi 5.000 unidades impulsadas por energía verde, según estimaciones de ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores). Ahora, ya son diez los distritos provinciales y comunales que establecen claras ventajas impositivas para los rodados sustentables.
Se trata de Mendoza, San Luis, Chubut y Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Neuquén, Río Grande, Ushuaia, La Plata y se incorporó a este listado: La ciudad de Salta.
En tanto, en 2022 se comercializaron 7.846 vehículos híbridos y eléctricos un 33,4% más que en 2021.

Fundamentos de la medida
La tecnología de los vehículos híbridos y eléctricos ya son una realidad en nuestra región, lo que nos impulsa a redefinir aspectos esenciales de su tributación local. Ya que facilitan la sustitución del transporte impulsado con combustibles fósiles, lo que permite reducir los gases nocivos del efecto invernadero provenientes de estos medios de movilidad.
Es por eso, que desde el municipio se fomenta la utilización de este tipo de vehículos sustentables y amigables con el medio ambiente, de cara a reducir el impacto ambiental que genera el consumo de combustibles líquidos.
Al respecto, el titular de ARMSA, Alejandro Levin, expresó: “Con esta Ordenanza otorgamos exenciones impositivas a los vehículos que no emiten gases contaminantes. Resulta necesario que cada uno haga su aporte desde el lugar que ocupa y desde la Municipalidad aportamos políticas públicas que favorecen el uso de medios de transporte más amigables con el ambiente”.
Y también, destacó que con la acción se busca promover su conveniencia desde la óptica socioeconómica, como pauta concreta para fomentar el cambio en las conductas de la población, buscando ambientes sanos y en equilibrio ecológico.
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Familias wichís de Misión Chaqueña se oponen al desmonte de un territorio ancestral

Fecha de Publicación: 10/01/2023
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña de Salta, se congregaron en la zona denominada “La Picada” en la vera de la Ruta Nº 53 en defensa del territorio ancestral. Desde el 2 de diciembre la comunidad sostiene un acampe para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito de Embarcación.
La misma ha sido relevada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el año 2018, según indicó Lucy Gutiérrez, miembro de la Comunidad Misión Chaqueña en el diálogo con el portal Resumen Latinoamericano.
“Esos terrenos también están cerca de Carboncito, otra comunidad cercana a Misión Chaqueña que también la utilizan como medio de subsistencia, sacando de ellas animalitos para comer o pastar los animales como chivos y cerdos. Sacamos leña, varillas para hacer nuestros cercos, hacer sillas, mesas y artesanías. Esos territorios que lindan a ambas comunidades son territorios ancestrales, nuestros tatarabuelos y demás siempre anduvieron por esos montes, cazando, recolectando frutos, algarrobos, chañar, mistol y demás frutos. Nosotros continuamos con la misma forma de vida, sacamos provecho del monte sin dañarla”, sostuvo Gutiérrez.
Según denunciaron, el terrateniente Damián Ferrari habría comprado a fines de noviembre parte del territorio, sin embargo, según averiguaron los miembros en AFIP, no habría nada registrado hasta el momento.
“Nosotros nos enteramos hace poco, porque denunció a dos representantes nuestros y empezamos a movilizarnos por el tema de que había gente limpiando la zona. Haciendo la picada para luego postear y alumbrar”, señaló Gutiérrez
“Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental que no vamos a permitir que avancen” sentenció.
En este marco, el referente Balducho Villafuerte subrayó que “nosotros no aceptamos porque ancestralmente, históricamente estas tierras siempre han sido de nuestros ancestros. Creemos nosotros que, por la historia, ancestralmente, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
En este contexto, Lucy señaló que “necesitamos que la justicia actúe en pos de nuestros derechos como pueblos originarios aplicando las leyes que nos amparan. Que se respete los relevamientos territoriales, zonas de uso diario de nuestros hermanos”, e indicó que ya se realizó una denuncia comunitaria contra Ferrari el día 22 de diciembre, pero no hubo intervención de la fiscalía.
“Necesitamos apoyo del gobierno, de las instituciones que correspondan. Espero que haya instituciones que nos puedan apoyar. (…) Que el gobierno nos escuche y tome cartas en asunto” remarcó Villafuerte. Además, agregó que necesitan agua y víveres para resistir en el acampe, ya que “no podemos salir a trabajar”.
Por su parte, Marta Herrera, miembro de la comunidad indicó que como madre están acampando pacíficamente. “Nosotros pedimos a las autoridades nacionales que nos brinden su apoyo y alguna solución porque no tenemos respuestas y no queremos que pase a mayores, eso es lo que no queremos las madres que llegue a violencia. Esa es nuestra preocupación como madres, por eso pedimos una solución urgente”, sentenció Herrera, mientras que Gutiérrez finalizó “nos están cercando, ayúdenos a lograr parar estos atropellos”.
Nos llegaron amenazas a través de audios. No queremos que vengan a tomar posesión en nuestros territorios ancestrales. Quieren desmontar sin importarles las altas temperaturas, la falta de agua, el cultivo, la ganadería, los incendios, ¡sin importarles nuestras vidas!, señalaron con preocupación.
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Rechazos a la minería del litio

Fecha de Publicación: 30/11/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca, Jujuy, Salta


Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales afirman que destruye ecosistemas vitales y viola derechos humanos.
"Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua". Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. "¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio", remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).
"Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso", denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva: en 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation. Y presentó la ampliación de la explotación. Para lo cual requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y trasportar el caudal a través de un acueducto.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. "El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígenaS, no hubo consulta ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente", denuncia el cacique Guitián.
De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque "atenta contra la cultura y forma de vida campesina".
Fiambalá, a 300 kilómetros al noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en 2016 con la llegada de la la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación de litio llamado "Tres Quebradas". En 2021, en acuerdo con el gobierno provincial y nacional, tomó reimpulso con la multinacional china Zijing Mining.
Yolanda Espinoza es parte de la Asamblea Fiambalá Despierta. "No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida. Atenta contra nuestras economías regionales. Y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas, de minería de litio, está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona", afirma. Y resume: "Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales". Pide precisar nombres: la intendenta Roxana Paulón, y el gobernador, Raúl Jalil.
Desde la Asamblea denuncian falta de información respecto de los impactos de la explotación de litio, la ausencia de participación ciudadana, la violación de la Ley de Glaciares y exigen la aprobación de la Ley de Humedales. Recuerdan que los salares (donde se encuentra el litio) son también humedales. De allí que que entre los grandes opositores a la protección de humedales --además de sectores del agronegocio-- están las mineras y los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta.
La compañía china ya comenzó la construcción de la plata de tratamiento químico, a solo cuatro kilómetros del pueblo. "Está en la orilla misma de Fiambalá, en tierras cedidas por la intendenta Paulón", cuestiona la asambleísta.
"Pucará" es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostissa integra Pucará y señala que la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al "desarrollo" que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. "Tres décadas después es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA o la explotación de litio. Esta película ya la vimos. Los territorios ya saben lo que implica la marinería y por eso el rechazo es total", explica.
Desde Pucará trabajan respecto al mito de la "transición energética" de la mano del litio, como una supuesta solución a la crisis climática: "Es mentira que el litio es parte de una 'transición energética verde' (para utilizar menos petróleo). Porque la minería de litio implica la destrucción de salares y lagunas altoandinas, claves para combatir la crisis climática". Gostissa hace especial hincapié en la vulneración de derechos y tiende un vínculo con el pasado y el presente: "Desde los territorios que luchamos contra el extractivismo decimos que 'memoria, verdad y justicia' tiene que poder aplicarse no solo a los años de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que aplicarse a los desastres ambientales, al ecocidio que sucede de la mano de gobiernos y multinacionales, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y no se puede mirar para otro lado".

Derechos y agua
"Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca", es el título de la investigación de la organización BePe, de Catamarca. En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales (como la Ley General del Ambiente), la legislación indígena (Convenio 169 de la OIT) e incluso vulnera acuerdos internacionales como el Convenio Ramsar y el Acuerdo de Escazú. Y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua.
Desde la Asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto. Explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la Cuenca de Abaucán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. "La minería consume millones de litros de agua por día. Y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas. El agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras", resume la asambleísta Yolanda Espinoza.
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Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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Incendios en Salta: estiman más de 1.000 focos activos en la provincia

Fecha de Publicación: 10/11/2022
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


Por quema intencional de cañaverales y bambú, se calcula una pérdida de que casi 40.000 hectáreas de bosque nativo
Los incendios forestales en Salta siguen alarmando a los pobladores, no solo porque vieron la cercanía del fuego en zonas urbanas, sino porque ya se habla de un desastre ecológico en la provincia vecina.
“Actualmente se estiman más de 1000 focos en toda la provincia de Salta y unas 40.000 hectáreas de bosque nativo pérdidas por el fuego", comunicó el Centro de Obrajeros del Norte, haciendo énfasis en su preocupación por las consecuencias de los focos ígneos en los departamento de Orán y San Martín, donde se están combatiendo desde hace semanas.
Manuel Gutiérrez, presidente de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, advirtió que “se está complicando la situación” en Orán, con 39 grados de temperatura promedio y sin pronósticos de lluvia, razón por la cual debieron solicitar asistencia a Bomberos Voluntarios de la República Argentina del NOA.
“Ya están en camino, creo que al mediodía ya están llegando desde Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, para poder reforzar y tratar de controlar estos incendios que lo tenemos ya hace bastantes días”, explicó
Según indicó en declaraciones radiales, los 100 brigadistas que ya llegaron de Nación trabajarán en la zona de Valle Morado, en el límite con Jujuy, para evitar que el fuego llegue al parque nacional Calilegua.
“Acá tenemos que luchar con lo que tenemos con los lugareños”, señaló Gutiérrez respecto a unos 70 voluntarios que los orientan para llegar a los lugares afectados.
En este punto, cuestionó que no hayan tenido respuestas inmediatas por parte de la Provincia con la celeridad con la que se actuó frente a los incendios en los cerros de la capital salteña, la semana pasada. “El interior queda relegado, eso sucede en obras, en colegios, hospitales, en todo”, lamentó.
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Denuncian matanza de peces en el río Bermejo por parte de una empresa agroindustrial

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Por las trascendidas denuncias de contaminación en el Río Bermejo, a la altura de paraje El Carmen, con vertidos industriales, desde el gobierno realizarán los estudios correspondientes.
Marcelo Nieva, comunicador y pescador de Pichanal, denunció, a través de las redes sociales a la empresa Seaboard Agroindustria y otras empresas de la zona, de tirar químicos tóxicos a las aguas de ríos para matar peces. Nieva compartió imágenes impactantes en las redes sociales, acusando a las industrias de terminar con la fauna acuática para hacer desvío de aguas de ríos y usarlas en sus plantaciones. Según su denuncia, el fin de semana pasado encontraron la masacre de peces en el paraje El Carmen, ubicado a casi 40 minutos de Pichanal.
Las Secretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos dispusieron que las muestras de agua sean recolectadas aguas arriba y aguas abajo en la zona de la junta, entre los ríos Bermejo y San Francisco. Siguiendo los procedimientos y medidas de seguridad indicados, serán enviadas a laboratorio para su análisis.
Desde el área de Biodiversidad explicaron que generalmente en esta época del año, la fauna ictícola se ve perjudicada por las altas temperaturas y el bajo caudal de agua producto de las escasas lluvias. Estos factores provocan una disminución de oxígeno y el encalle de algunos ejemplares de mayor tamaño.
Es importante resaltar que las elevadas temperaturas causan tres fenómenos: disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua, acelera velocidad de descomposición de la materia orgánica (organismos como bacterias y hongos contribuyen con la descomposición, y para eso utilizan oxígeno).  En tercer lugar, aumenta el metabolismo de los peces con el consiguiente incremento de requerimiento de oxígeno.
Por su parte, la Policía División Lacustre y Fluvial de Pichanal, en una constatación ocular en la zona, observó algunos ejemplares muertos y descartó la presencia de fauna asociada afectada.
Para la próxima semana, los organismos diligenciaron la toma de muestras de agua, a los fines de constatar la presencia o no de sustancias contaminantes y en su caso determinar responsabilidades.
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Ley de bosques: cambian un mapa que no tenía base técnica

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Para cumplir con la normativa nacional, actualizan el ordenamiento territorial.Desde la UNSa explicaron el proceso, que se encara tras años de inacción
El Gobierno provincial coordina un plan de trabajo para cumplir con lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), con la revisión del mapa de ordenamiento territorial que indica las zonas que se deben proteger. El proceso se enfrenta con la preocupación del sector empresarial-productivo y con el antecedente de un trabajo que se hizo mal cuando la norma comenzó a instrumentarse, hace casi 14 años, y que nunca se corrigió.
En junio del año pasado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia inició la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, tarea que ya viene con un retraso de 9 años. El proceso se encara, esta vez, con la participación de un gran abanico de consultores académicos, especialistas de distintas áreas y referentes de comunidades y de actividades productivas.
Entre los que colaboran en la revisión, una pata importante para el desarrollo técnico corresponde a la Universidad Nacional de Salta, en donde el doctor en Biología Enrique Derlindati está a cargo del equipo que analiza el OTBN. En diálogo con El Tribuno, el docente e investigador de la UNSa describió el arduo desafío que enfrentan para definir un nuevo mapa para la ley de bosques, sobre el que hubo que trabajar desde cero.
"La principal falla del actual ordenamiento es que no encontramos en ningún punto las bases técnicas, los criterios con los que se hizo. Hablando en términos más coloquiales, cuáles fueron los criterios con los que se decidió que el amarillo sea amarillo y el rojo, rojo y el verde, verde", señaló el biólogo.
Los colores a los que se refiere son los que están plasmados en un mapa de Salta, que restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Derlindati quiso "llevar tranquilidad" y afirmó que el proceso de ordenamiento territorial que ahora se encara "tiene una base técnica muy fuerte".
"Cualquier duda que surja de cualquier sector puede ser aclarada, desde que una limitación puede ser el contenido de materia orgánica del suelo hasta cuestiones de distribución de determinados grupos de especies amenazadas o lo que sea. Toda esa información va estar disponible, entonces se va a poder aclarar y discutir, y plantear cualquier inconveniente o consulta sobre bases técnicas fuertes", afirmó.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió un parte de prensa en el que se ratifica que el nuevo ordenamiento territorial no reducirá las áreas protegidas, tal como había anticipado El Tribuno.

Preocupación
Esa certeza puso en alerta a dirigentes del campo salteño, quienes insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. La preocupación del sector se centra, en especial, en la superficie pintada de amarillo, donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Hay dos millones de hectáreas en particular que corresponden, en gran parte, a Rivadavia y al este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
Sobre ese punto, el representante de la UNSa dijo: "Es muy probable que el mapa sea distinto al que conocemos, pero las superficies se van a mantener. Lo que puede llegar a cambiar en algunos sitios es la categoría asignada".
Según lo planificado, antes de fin de año estaría terminado el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos.
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