La Secretaría de Medio Ambiente suspende las flexibilizaciones para desmontar

Fecha de Publicación: 28/11/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta

El gobierno dio marcha atrás con la quita de las audiencias públicas conforme a lo que exige la ley.
El gobierno de Salta decidió dar marcha atrás con las flexibilizaciones para poder desmontar en la provincia.
A través de la resolución 333/2020, la Secretaría de Ambiente preveía la suspensión de las audiencias, antes de desmontar; también mencionaba que era innecesario presentar estudio de impacto ambiental, antes de cambiar el uso de suelo.
Pero con una nueva resolución, la 411/20, se volvieron a instalar las audiencias públicas de acuerdo a lo establecido por la Ley 7.070, su Decreto Reglamentario Nº 3.097/00.
El 22 de Octubre, la agrupación ambientalista Greenpeace le pidió al gobernador Gustavo Sáenz que frenara esas medidas que favorecían la deforestación.

Una carta al gobernador
Greenpeace envió una carta al gobernador Gustavo Sáenz y a Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación.
En la carta la organización advertía que las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorias y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675.
El artículo 19 de la Ley 26.331 establece que “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Mientras que el artículo 26 dicta: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades. En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental”.
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Denuncian que durante la cuarentena se deforestaron casi 50.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 10/11/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional

La ong asegura que "entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosques por día" en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
Durante la cuarentena, 48.656 hectáreas fueron desforestadas en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, según la organización Greenpeace que viene realizando un monitoreo sistemático a través de la comparación de imágenes satelitales a lo largo del tiempo.
Concretamente, esto implica que entre "entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosques por día", consignó la organización ambientalista en un comunicado.
"Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Santiago del Estero fue la jurisdicción con mayor pérdida de bosques nativos durante el ASPO -allí se desmontaron 19.673-, seguida de Salta (12.863), Formosa (10.011) y Chaco (6.109); cuatro provincias que "concentran el 80% de los desmontes del país" motorizados por "el avance de la frontera agropecuaria, por ganadería y soja".
"Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse", advirtió Giardini.
Greenpeace viene reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes en sus provincias.
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Greenpeace denuncia maniobras para favorecer el desmonte en Salta

Fecha de Publicación: 05/11/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Salta

Una resolución provincial permite prescindir de las audiencias públicas y de evaluaciones de impacto ambiental.
La decisión del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de prescindir de la realización de audiencias públicas y de una evaluación de Impacto Ambiental para llevar adelante los desmontes abrió un foco de conflicto en la provincia con organizaciones ambientalistas, que remarcan que se trata de una de las principales causas de las inundaciones.
Se trata de resolución de la secretaría de Ambiente que realizó una serie de modificaciones en cuanto a los requerimientos para autorizar desmontes. Hasta el momento, se exigía la realización de audiencias públicas. Ahora, el único requisito es la consulta a comunidades criollas e indígenas. A raíz de la pandemia, se dictó en septiembre, la resolución 123/20 para realizar las audiencias utilizando medios digitales. Comunidades originarias y criollas carecen de las herramientas necesarias para participar, por lo que quedan excluidos de cualquier debate.
Por este motivo, Greenpeace envió una carta al gobernador Sáenz y a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación por la nueva resolución. “Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorios y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”, explica la organización internacional en la carta dirigida a ambos funcionarios.
El desmonte es una de las principales causas de las inundaciones y afecta a comunidades cercanas a donde se desarrollan los proyectos agrarios. Existen claros precedentes de perjuicios ocasionados a comunidades, como lo ocurrido en Anta y Rivadavia en 2018. Más de 400 personas fueron evacuadas por inundaciones causadas por desmontes y quedaron en situación de calle, sin comida, ni techo.
Para Greenpeace, otro claro retroceso de las nuevas políticas provinciales es que deja de ser obligatoria la realización de la Evaluación del Impacto Ambiental para quienes presenten proyectos con modalidad silvopastoril y/o cualquier modalidad de ganadería integrada. El art 22 de la ley 26.331 exigía cinco condiciones para el otorgamiento de la autorización del desmonte mientras que la nueva resolución se reduce a un único: que sean menos de 1500 hectáreas de intervención. Incluso se convalidan todas las autorizaciones de desmontes realizadas con anterioridad a la resolución sin Evaluación de Impacto Ambiental.
Greenpeace advierte que “el monitoreo de deforestación realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial y debido a que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo. Por ende, la mayoría de los sistemas silvopastoriles son desmontes y, como tales, deben realizarse únicamente en la Categoría III (verde) y previa audiencia pública”.
Durante la pandemia, las actividades ilegales de extracción del bosque se han incrementado exponencialmente. En la zona de Anta, los campos tomados se han vuelto una zona liberada para talar montes nativos y sacar cargas de carbón y postes de quebracho colorado, por caminos clandestinos, hacia Chaco y otras provincias.
"Existe una verdadera asociación ilícita para saquear los bosques nativos aprovechando la pandemia y existe el riesgo de que terminen por arrollar con todo el bosque, destrozando especies arbóreas de una riqueza inconmensurable, pues por cada día talan árboles que fueron formados después de cientos de años de trabajo de la naturaleza" , denunció Agropecuaria Andorrana, la empresa dueña de un extenso campo afectado en la zona.
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El relato del medio ambiente: Salta anuncia más minería

Fecha de Publicación: 29/10/2020
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Salta

Queda claro que el cuidado del medio ambiente es apenas un relato para los gobiernos. Salta anunció el inicio de producción de minería de oro a cielo abierto.
La mina Lindero, que explota la empresa Mansfield, realizó la fundición del primer lingote de metales preciosos, de cobre y oro, y se convirtió así en la primera mina metalífera a cielo abierto de Salta, que comenzará su producción en el primer trimestre del año que viene. Queda claro que el cuidado del medio ambiente es apenas un relato por parte de los gobiernos, cualquiera sea la bandería política. El extractivismo salvaje continúa su curso, y no frenó ni un ápice a pesar de la pandemia del covid-19.
“Es la primera mina metalífera de Salta a cielo abierto, en la Puna salteña, que logró su primer lingote de metales preciosos, principalmente cobre y oro, a nivel de prueba del proceso”, dijo a Télam el secretario de Minería provincial, Ricardo Alonso.
 El funcionario explicó que se trata de “una mina de mediana a chica”, que avanzó en “la demostración que el sistema funciona”, y ahora viene la etapa de “ajustar todos los tornillos para trabajar a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con todas las condiciones climáticas de la Puna”.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el gerente general de la minera Mansfield, Wilber Zamora; y los gerentes Facundo Huidobro y Agustín Frezze, en la Casa de Gobierno.
“Estas son buenas noticias en medio la pandemia, y uno de los mejores ejemplos que demuestran que para llevar adelante algo en minería es necesaria una política de estado con continuidad, reglas de juego claras y seguridad jurídica”, expresó el secretario de Minería salteño.
La planta de la minera está ubicada en el Salar de Arizaro, en la Puna salteña. La compañía minera dice que trabaja en los proyectos de sostenibilidad en temas de "seguridad, medio ambiente y desarrollo humano, con las comunidades salteñas de Tolar Grande, Pocitos y San Antonio de los Cobres".
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Prevén redes de energía solar en 13 localidades de la Puna

Fecha de Publicación: 22/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

Así lo anunció el titular de REMSa, Alberto Castillo. Especialistas consideraron una buena iniciativa, aunque aclararon que para generar verdadero desarrollo EDESA debe extender el tendido eléctrico.
El titular de REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA), Alberto Castillo, anunció ayer que desde esa sociedad anónima con participación estatal mayoritaria están por lanzar una licitación para avanzar con micro redes híbridas en 13 localidades de la Puna salteña a las que aún no llegó el tendido eléctrico.
El proyecto consiste en el diseño, instalación y puesta en servicio de las 13 redes mediante sistemas de paneles solares, “todo esto puesto en servicio de generar grandes beneficios, el incremento de la eficiencia energética y la disminución del impacto ambiental”, dijo el funcionario.
Castillo explicó que la idea es llegar a aquellas poblaciones que no tienen energía eléctrica a través de la red interconectada nacional por estar aisladas y con poca población, “la única manera que tienen de acceder es a través de un grupo electrógeno a base de gasoil, que es energía contaminante y tenemos que aprovechar la radiación solar de nuestra provincia, que es uno de los 7 lugares en el mundo con mayor irradiación solar”.
A su vez, indicó que para avanzar con el proyecto realizaron reuniones con ESED (la subsidiaria de EDESA para abastecer de energía a zonas rurales dispersas), la Secretaría de Energía de la Provincia, el Ente Regulador de Servicios público (ENRESP) y REMSa. Allí se estudiaron los proyectos existentes, “su viabilidad y su ejecutividad, y hemos logrado avanzar con esas 13 localidades que por ahora no tienen posibilidad de que se conecten a ninguna red eléctrica”.
“Ni siquiera (podrían conectarse) a la planta fotovoltaica de Olacapato, que se está por inaugurar, porque los 200 megavatios que produce van al sistema interconectado de CAMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)”, añadió Castillo, haciendo mención al emprendimiento que se está realizando con capitales franceses en el departamento Los Andes, muy cerca del poblado de Olacapato y San Antonio de Los Cobres, que aún hoy se abastecen de energía no renovable con grupos electrógenos.
El funcionario señaló que con esos “pequeños parques, de acuerdo al consumo que tiene cada localidad" quieren "ver cómo podemos generar energías renovables en el rango que va de las 8 de la mañana a las 17” y por la tarde se volvería al sistema tradicional, de esa manera se abaratarían costos y se lograría suministrar energía eléctrica las 24 horas. Si bien el objetivo sería lograr pasar a una segunda etapa con baterías dispuestas para acumular la energía obtenida, “pero ahí la inversión ya es muy grande”.
Detalló además que los tres primeros estudios técnicos ya estaban presentados a través de una firma Española “y cumplían con todos los requerimientos” para avanzar en Olacapato, Cobres y Santa Rosa de los Pastos Grandes. Por lo que queda por determinar, contó el ex edil capitalino, si la licitación se realiza solo por la obra y luego se cede a la proveedora de energía eléctrica, EDESA, para su distribución y cobro, o se llama a concurso público a Pymes energéticas “que hagan la inversión y luego le vendan la energía a EDESA”.
Asimismo, informó que ya se está trabajando en los proyectos ejecutivos para las demás localidades, “la idea es que en estos tres años hagamos toda esa transformación”. “Eso generaría al mismo tiempo desarrollo para la zona y generaría más puestos de trabajo en las localidades”, subrayó. En ambos casos, y como sucede en otras provincias debido a que esta energía es más cara por la inversión realizada, el costo extra se distribuye entre todos los usuarios de una manera proporcional.
“San Antonio de los Cobres, por ejemplo, gasta más de dos millones de pesos al mes en gasoil, y en otras localidades como Los Toldos hay meses que hay que llevar el combustible en helicóptero”, contó.
Las localidades elegidas son San Antonio de los Cobres, Iruya, Islas de Cañas, La Poma, Los Toldos, Santa Victoria Oeste, Nazareno, Olacapato, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Tolar Grande, Amblayo y Cobres.
Alberto Castillo aseguró que hay pequeñas y medianas empresas nacionales que pueden hacer frente a obras de esa magnitud “y que ya están esperando los pliegos de licitación”.
En caso de no surgir interesados para realizar las obras, que demandan mucha inversión y no se recupera de manera inmediata, dijo que en REMSa están pensando en constituir fondos de infraestructura de obra o fideicomisos “con los cuales se pide a algún banco la financiación y después se lo va cobrando a través de la boleta de luz”. “Incluso puede determinarse que los fondos los pone el Estado si no hay financiación”, concluyó.

Bueno pero limitado
Consultado por Salta/12 sobre el verdadero alcance de los anuncios, el analista en energía de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gustavo Barbarán, consideró que es un buen paso para disminuir los costos energéticos en esas localidades y que puedan recibir electricidad las 24 horas.
Pero relativizó su potencial en cuanto a generar desarrollo local, e indicó que ese trabajo ya se venía realizando a través del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), un programa dependiente de la Secretaría de Energía de Nación que brinda acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural del país que no tiene luz por estar alejada de las redes de distribución, y que en su tercera etapa preveía avanzar en poblados como los que mencionó REMSa.
Barbarán explicó que ese programa nacional ya tiene varios proyectos en cartera y “de hecho el año pasado ya cerró uno en Luracatao, que son como cinco o seis caseríos interconectados a una planta solar”.
En cuanto a la presentación de Castillo, el especialista aclaró que “no es un mega proyecto, el de Jujuy o el de Olacapato son mega proyectos, en este caso es cambiar la matriz de generación en localidades que ya tenían abastecimiento con grupos electrógenos”.
Subrayó que no se pueden medir estos emprendimientos respecto del impacto ambiental por ser una emisión residual en cuanto a las pocas horas que funcionan los generadores y el consumo que realizan, y porque “pensarlo así es poner el carro delante de los caballos cuando lo que hay que garantizar es el derecho al servicio eléctrico como todos los ciudadanos”.
Sí lo valoró por el costo que equivale para los municipios “y prestar el servicio las 24 horas si es a un precio accesible, aunque terminemos pagando todos la inversión de manera prorrateada que casi ni nos damos cuenta”.
Consideró valorable mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Puna, “pero no cambia la matriz energética de Salta ni generará desarrollo local, ya que para eso se necesitaría mayor inversión y que EDESA llegue con un verdadero tendido eléctrico a toda la región, algo que no quieren porque es muy costoso”.
Agregó que todos los Valles Calchaquíes también necesitarían avanzar en un mejor tendido para desarrollarse de una mejor manera, “cada vez que sopla viento se quedan sin energía”, indicó.
Barbarán explicó que estos pequeños emprendimientos, pueden abastecer de luz a cada una de las casas de esos pueblos, pero nunca darían abasto para poder instalar algún emprendimiento productivo con esos generadores.
“No se puede pensar en abastecer a una minera, por ejemplo, o avanzar en lo que se planteaba en algún momento en San Antonio de los Cobres, de instalar un Parque Industrial con esa generación”, por lo que resaltó que si se piensa verdaderamente en el desarrollo hay que avanzar en el tendido y la interconexión del sistema energético, “porque permite tener economía de escala tanto en la oferta como en la demanda con acceso a energía barata”.
“Muchos de esos pueblos, como San Antonio y Olacapato, son generadores de energía, y sin embargo no están conectados”. Sostuvo que debe ser el Estado el que  garantice esa posibilidad de desarrollo exigiendo a EDESA que avance en ese sentido, y utilizó de ejemplo la diferencia que hay entre Salta y Jujuy, “en la Puna de nuestro lado no hay nada, pero cuando uno pasa a las Salinas jujeñas ya hay postes de media tensión, lo que significa que hay usuarios conectados y un mejor servicio”, concluyó.
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La Provincia quitó las audiencias públicas para tala y desmontes selectivos

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

La normativa se basa en una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331. Aunque el gobierno afirmó que lo establecido no va en contra de las leyes ambientales, especialistas afirman que sí.
El secretario de Ambiente de Salta, Jorge Aldazábal, emitió una resolución que flexibiliza los controles a los desmontes y obstaculiza la publicidad de actos que degradan del ambiente.
Al hacer una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331, el funcionario enmarcó al manejo silvo pastoril (desmonte selectivo para producir ganadería bajo monte), o el “aprovechamiento forestal” (tala de madera), como de “baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social”.
La resolución 333 firmada por Aldazábal se sirve de una interpretación de la Ley Nacional N° 26.331 que sostiene que “la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”, pero que ese estudio será pertinente solo para aquel “manejo sostenible” que cause “impactos ambientales significativos”.
Para Aldazábal, “en idéntico sentido a lo expresado en el artículo 22 de la Ley Nº 26.331, el decreto Nº 2.785/09 en sus artículos 12 y 15 define el procedimiento a seguir, según se trate de Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, respectivamente. Esto es la exigencia de presentación de un estudio de impacto ambiental y social (EIAS) para los comúnmente llamados desmontes, y para los "aprovechamientos forestales, deberá presentarse una Declaración Jurada de Aptitud ambiental en los términos del artículo 45º de la Ley Provincial Nº 7.070”.
En el cuerpo de la resolución no queda claro a qué se refiere con “Planes de Manejo de Bosques Nativos con modalidad Silvopastoril, y/o cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo”, aunque sí termina por flexibilizar la posibilidad de hacerlos sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental y social, cuando se trata de “planes” de hasta 1500 hectáreas.

La retroactividad conveniente
Según la Ley de Ambiente de la provincia N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública. Por años se criticó esta disposición dado que en muchos casos los titulares registrales solicitaban permismos sucesivos de desmontes tomando unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de los impactos ambientales de esas actividades.
Con la nueva resolución, cuando se trate de desmontes incluso sobre superficies de estas dimensiones, se deberá presentar el EIAS e ir a una audiencia pública. Quedan exceptuados de ello quienes ya fueron autorizados a los desmontes antes de la publicación de esta resolución.
Por el contrario, para quienes ya elevaron planes de “manejo de bosque presentados en sus dos modalidades, aprovechamiento forestal y silvopastoril”, se le aplicará la nueva normativa. Para Aldazábal la aplicación de la resolución de manera retroactiva “no encuentra impedimentos”.
Más allá de los vericuetos legales, sucede que en realidad estos proyectos de manejo de bosque y de aprovechamiento forestal debían hasta ahora ser sometidos a audiencias públicas. Pero a partir de la resolución 333, Aldazábal podrá “determinar la necesidad o no” de hacer las audiencias según su criterio. Y se agrega, “para el caso de los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril y que se hubiera presentado EIAS para su tramitación, se tendrá por válido y suficiente, en lo pertinente, dicho documento para su aprobación”.
Aunque la lectura de la resolución permite interpretar una flexibilización de los controles y procesos para desmontar en la segunda provincia que más masa de bosque nativo perdió en la última década, Aldazábal lo negó. Pues en parte de la resolución se indica que “la autoridad de aplicación ambiental provincial (…) tiene la facultad de definir mayores exigencias respecto de los requisitos que deberán observarse al momento de la presentación de los distintos planes de manejo, en el entendimiento de que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos lo que hace es fijar un marco protectorio mínimo respecto del cual se podrá normar, sin poder ser más permisivo que lo allí establecido”.

El antecedente Urtubey
La interpretación que hacen las actuales autoridades provinciales cuando se trata de ampliar la frontera agropecuaria cuenta con antecedentes. El más claro tiene que ver con dos decretos que en 2011 permitieron que se desmonten zonas categorizadas como rojas o amarillas, o I y II, o de alta o moderada conservación, que no podían ser intervenidas por las topadoras. Estas “recategorizaciones” como se dio en llamar, tenían como excusas el hecho de que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) se refería a porciones globales de tierras y no al detalle de que, para el gobierno de Juan Manuel Urtubey, tenían algunas zonas que eran pasibles de desmonte.
Como sucede con la resolución de Aldazábal, el gobierno se escudaba en términos legales que luego fueron dados por tierra desde el Ministerio de Ambiente de la Nación durante 2018. Pese a ello, las zonas recategorizadas continúan siendo desmontadas bajo el pretexto de la “seguridad jurídica” de quienes fueron autorizados a hacerlo bajo esta forzada interpretación normativa.
El aprovechamiento forestal (que implica la tala de madera) y el llamado manejo silvopastoril o “bajo monte”, que implica un desmonte selectivo, incluso trae conflictos entre las comunidades que viven en esas zonas y los titulares registrales. Pero a partir de esta resolución, y al no solicitar audiencia, se desconoce cómo se darán a conocer estas actividades.
Pasa que incluso con la realización de las audiencias públicas, en muchas ocasiones las comunidades de pueblos originarios ni siquiera se podían hacer escuchar. Con esta nueva disposición, solo se podrían enterar cuando quienes talan madera o crían ganado aparezcan en el lugar a concretar el desmonte.
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Denuncian un desmonte silencioso en territorios en disputa

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La denuncia es de la comunidad Honat Le Les, de Embarcación, que disputa tierra con el titular registral en un monte nativo que quedó rodeado de desmontes.
Miembros de la comunidad del Pueblo Wichí Honhat Le Les (Hijos de la Tierra, en wichí) denunciaron que el titular registral del lugar envió personas a colocar postes para empezar a alambrar el territorio donde viven 115 familias.
La afirmación vino de parte de la niyat (cacica) de la comunidad, Julia Gómez, quien indicó a Salta/12 que “los blancos” que ingresan al territorio a sacar madera presentan permisos, con papeles que denotan autorizaciones extendidas por la Agropecuaria Suipacha SA.
La comunidad ya cuenta con su relevamiento enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, en una carpeta técnica que involucra 3.400 hectáreas de territorio comunitario. Por otra parte, la finca está reconocida como “Tres Pozos” en la Dirección de Inmuebles de la Provincia, cuyos titulares registrales son de apellido Ortega Velarde.
Hace unos años, en el programa Salta Produce que se emite por Radio Nacional Salta, Jorge Ortega Velarde afirmó que las tierras son suyas desde 1972, cuando las compró a los anteriores titulares registrales. “Vivo la mitad del año en Embarcación”, sostuvo en aquella oportunidad en que afirmó que había un “atropello al Código Civil y a la propiedad” con el relevamiento de la propiedad ancestral indígena.
“Desde la Estación de Embarcación al este hay 2000 intrusos. Nunca nos metimos con ellos para nada. Y han construido su casa y han ido avanzando”, afirmó además. En sus especulaciones, aseguró que “a mí me dicen ‘esto es droga’”, sin explicar a qué se refería con esa expresión.
La comunidad, en tanto, afirma que vive ancestralmente en esas tierras que, según indicó Leonardo Pantoja, referente de Misión Chaqueña (otra comunidad de Embarcación), es el único monte que queda “en medio de las plantaciones de soja y poroto”. El territorio de Honhat Le Les o Finca Tres Pozos (según quien la nombre), se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en dirección al río Bermejo.

El uso del monte
“El monte para nosotros es el mercado, el hospital, el corralón y hasta el Ingenio, porque nos da la miel”, dijo Lucio Palavecino, fiscalizador general de la comunidad. Sin embargo, con este tipo de acciones que implican la tala de madera se termina por generar una suerte de desmonte silencioso que va degradando la zona.
Gómez envió fotos exhibiendo la notificación que muestran “los blancos” que sacan los rollos y troncos de madera de la comunidad. “Con la presente, la firma Agropecuaria Suipacha SA autoriza al señor… extraerá quincenalmente trocillo de los predios de la finca tres pozos, pertenecientes a la misma”, se puede leer. En el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) figura que la mencionada empresa está constituida por los Ortega Velarde y tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las imágenes enviadas por Gómez, en tanto, se muestran camiones que recurrentemente entran a la zona a sacar árboles del monte en disputa.

Con distinta vara
Hace unos meses la Policía secuestró madera, carbón y artesanías hechas en madera a integrantes de la comunidad. Pues desde la Institución se sostenía que no tenían permiso alguno para esa extracción, por lo que dejaron lo secuestrado en las comisarías. “Nosotros sacamos para sobrevivir en carritos chicos”, dijo Gómez a Salta/12. Afirmó que por el contrario, no sucede nada cuando la acción es llevada adelante por quienes son autorizados por Agropecuaria y que extraen madera en cantidad considerable, como se ve en algunas fotografías.
Gómez añadió que quienes fueron a machetear en el territorio, enviados en principio por Ortega Velarde, para plantar los postes y alambrar, fueron acompañados y protegidos por la Policía. Una vez que las autoridades de la comunidad decidieron parar los trabajos, la Policía les indicó que iban a dar intervención a la Fiscalía para que “los notifiquen”.
El reclamo de ésta como de otras comunidades es que se continúe con la etapa que venía después del relevamiento de las tierras que reclaman como territorio comunitario. Esto es, la entrega del territorio. Del otro lado, los titulares registrales reclaman la propiedad de tierras que compraron y asentaron como suyas en los papeles, aunque las hubieran comprado con ocupantes. En medio de la cuarentena, la situación se complica porque pese a que para los originarios ni el desmonte ni los alambrados deberían ocurrir, continúan sin mayores restricciones.
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Alertan que en Salta se autorizaría el desmonte de 500 hectáreas de Selva Pedemontana de Yungas para la construcción de un country

Fecha de Publicación: 10/09/2020
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Salta


Las Yungas son áreas naturales protegidas, pero según la ONG se avanzaría en la habilitación de un negocio inmobiliario sobre una de las pocas áreas de Selva Pedemontana que quedan en la Argentina, en la localidad de San Lorenzo. “Se trata del proyecto urbanístico Los Maitines S.A., que afectará 500 hectáreas en una cuenca hídrica vital para la zona y en una ecorregión de la que sólo queda el 10% de la superficie original en el país”, alertaron desde Greenpeace.
El interés inmobiliario parece no tener freno y el gobernador de Salta, Gustavo Saenz, parece mirar para otro lado ante la intención de avanzar en un proyecto inmobiliario que afecta áreas naturales protegidas y reclaman a la máxima autoridad de la provincia, que “se declare en forma urgente la Emergencia Forestal, frene los desmontes e implemente políticas más fuertes en defensa de los bosques y sus históricos habitantes. Destruir bosques es un crimen”, señalaron desde Greenpeace Argentina.
Se trata de una finca que está clasificada en la Categoría II – Amarillo de la Ley Nacional de Bosques, por lo que su desmonte no está permitido. “Pretenden allí concretar un proyecto urbanístico llamado Los Maitines SA, que afectará 500 hectáreas en una cuenca hídrica vital para la zona y en una ecorregión de la que sólo queda el 10% de la superficie original en el país”, afirmaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
El gobernador de la provincia se desentiende de la iniciativa y deja en manos del Municipio de San Lorenzo la decisión de desmontar este frágil ecosistema. “Pero la Provincia es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y no debe permitir que se viole la legislación vigente. Varios de los desmontes que se están ejecutando en plena cuarentena fueron aprobados de manera ilegal en la gestión anterior, pero el nuevo gobierno los convalidó, sumándose así a la complicidad de este crimen ambiental.
La zona del proyecto urbanístico es hábitat de la corzuela, el zorro gris y el gato montés; de numerosas aves como el carpintero, el picaflor cometa y el tucán; y de árboles como el tala blanca, el ceibo, el nogal, el horco molle y chal chal, entre otros.
“Si se concreta la destrucción de esta área, se sumaría a las que ya denunciamos durante la cuarentena por la pandemia: revelamos que entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de este año en Salta se desmontaron 9.079 hectáreas de bosques nativos”, precisaron desde la ONG ambiental.
Fundamentan que la iniciativa no es viable ya que enfrenta en el país a una emergencia sanitaria, forestal y climática. “Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, adviertieron.
Sin embargo, varios usuarios cuestionaron a la ONG por “desinformar” con la excusa de llevar adelante su lucha por la deforestación. “No es selva pedemontana, es bosque montano. Tampoco el desmonte implica 500 hectáreas, mas bien abarcarán 125 hectáreas. No hace falta desinformar para sostener esta justa causa”, precisó
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Cabandié anunció obras y entrega de bienes en Salta, Chaco y Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Fue mediante una videoconferencia de la que participó el gobernador Jorge Capitanich y autoridades santiagueñas y salteñas. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, otorgada por el BIRF y ejecutada por el Ministerio de Ambiente, para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, encabezó el acto de firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo de dichas provincias.
La inversión total de las obras y bienes es de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial mediante el crédito BIRF 8493-AR. Este programa había sido subejecutado por la gestión anterior de la cartera de Ambiente, que había devuelto cerca de 40 millones de dólares. Además, la gestión precedente habían ejecutado estos fondos a un ritmo promedio de dos millones de dólares por año, mientras que ahora, por decisión de la actual gestión, ya se avanzaron en acciones por casi seis millones de dólares. Al respecto, el ministro Cabandié sostuvo que comienza a destrabarse “un préstamo que venía retrasado” destinado a la población más vulnerable de los bosques nativos.
Sobre las obras y bienes adjudicados, el titular de Ambiente afirmó: “Hoy dimos un gran paso y saldamos una deuda pendiente con las comunidades que habitan en nuestros bosques nativos”. “Las cocinas para reducir el consumo de leña y los techos recolectores de agua de lluvia son importantes, pero los pozos para el abastecimiento de agua tienen una importancia mayúscula, producto de lo que sucedió el último verano” en Salta. “Estamos saldando una deuda de muchos años, nos hemos propuesto llevar adelante siete pozos que son de mucha urgencia para que las comunidades locales tengan acceso a un derecho esencial, el agua”.
Por su parte, el gobernador Capitanich destacó con respecto a los beneficiarios que “además de pensar en el ambiente, se piensa en las personas que están muy alejadas de las grandes ciudades del país. Son familias humildes que esperan soluciones y medidas del Estado, acciones que les puedan cambiar la vida”.
Las obras de perforación profunda para el abastecimiento de agua con sistemas de bombeo alimentados por energía solar, que incluye el almacenamiento y el tratamiento de clorado para el consumo humano, demandan una inversión total de $ 112 millones y se estima un plazo de entrega por pozo de tres meses, que el ministro nacional pidió a los adjudicatarios sea respetado. Los siete pozos se emplazarán en el municipio de Santa Victoria del Este, del departamento salteño de Rivadavia, y beneficiarán a 500 familias.
Además se adjudicó el contrato a la empresa encargada de la provisión de cocinas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de salubridad en los procesos de cocción para más de 600 familias que habitan en el departamento de Rivadavia, Salta; el departamento de Güemes, Chaco; y los departamentos de Alberdi y Copo, Santiago del Estero.
En el acto, también rubricó la adjudicación la empresa que construirá los 17 techos de recolección de agua de lluvia. Se trata de tinglados de 160 m2 de superficie de captación y capacidad de almacenamiento de 40 mil litros de agua para 500 familias salteñas, chaqueñas y santiagueñas.
La iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Mundial es ejecutada a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que busca fortalecer a comunidades rurales e indígenas que habitan zonas de bosques nativos. Martín Mónaco, director nacional de Bosques, sostuvo que la misma representa “una política para conservar los bosques mediante un aprovechamiento sostenible y con la gente que vive en zonas rurales, que tiene necesidades a cubrir y en eso el Estado tiene un rol central”.
Del acto participó de manera presencial en el Ministerio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Soledad Cantero. Desde Chaco acompañó al gobernador la secretaria de Ambiente provincial, Marta Soneira. En representación del Gobierno de Salta participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. Y por Santiago del Estero, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Argentino Cambrini.
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La mayoría de las localidades arroja agua contaminada a ríos y napas

Fecha de Publicación: 26/08/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


De 29 bajo el sistema cloacal público, solo 5 cumplen con los parámetros ambientales exigidos. Las localidades que no están bajo el sistema de red funcionan sin ningún tipo de control.
Un informe del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) es lapidario. Casi todo el sistema cloacal público de la provincia está en rojo. Mientras que las localidades que no tienen redes cloacales públicas, están bajo anarquía, devuelven las aguas por filtración a las napas, sin regulación ni control.
En el sistema de saneamiento público existen dos procesos de tratamiento de efluentes cloacales, mediante laguna o por planta de líquidos clocales. Por un lado, varias plantas disponibles no funcionan o están colapsadas. Mientras que las localidades con lagunas no están en mejor situación.
En Salta hay 23 departamentos, 60 municipios y más de cien localidades. Del centenar, tan solo 29 de ellas están bajo la red cloacal pública a cargo de Aguas del Norte. Del total de las localidades bajo el sistema de red cloacal público, más del 80 por ciento (24) devuelve agua contaminada a los ríos o efluentes cercanos.
Del total de localidades dentro del sistema público, 14 tienen "vuelcos crudos", advirtió el informe que el Enresp elaboró con datos relevados desde enero a mayo. Es decir que casi la mitad de localidades administradas por la empresa estatal arroja los líquidos cloacales a los afluentes cercanos sin pasar antes por lagunas ni plantas, sin ningún tipo de tratamiento previo. La mayoría de las localidades que están en esta irregular situación no tiene planta potabilizadora, salvo Orán y Aguas Blancas, que las tienen pero sin funcionar.
Las 15 localidades restantes si tratan los líquidos mediante plantas o "lagunas". Pero aún así las anomalías ambientales persisten en estas localidades. De las 15, 10 incumplen con los párametros ambientales permitidos. El parámetro de referencia es el de DBO: demanda biológica de oxígeno. "Cuando hay sustancias orgánicas, como la materia fecal, para que eso se degrade biológicamente necesita cierta cantidad de oxígeno. A mayor cantidad de sustancias, mayor oxígeno, si tengo menos, será menos oxígeno. Ese es el parámetro que mide el oxígeno para garantizar el mínimo de un agua no contaminada", explicó un ingeniero del Enresp. De la más de cien localidades de la provincia, tan solo 5: Tartagal (zona sur), Mosconi, General Gemes, El Carril y Capital (zona norte), arrojan aguas cloacales tratadas y cumplen con el parámetro ambiental de DBO.
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