La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.
Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.
“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.
La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.
Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.
La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.
También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.
Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.
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Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
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Exigen eliminar el "capítulo ambiental" de la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 30/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los activistas alertan sobre los negocios entre privados que se abrirían si dejan de existir las leyes que protegen bosques, glaciares y suelos, entre otras.
"Hay que eliminar el capítulo ambiental”. "Es un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida”. "Entrega recursos soberanos”. Con estas definiciones se plantan las organizaciones ambientalistas en la escena donde crecen los reclamos al proyecto Ley Ómnibus y su adlátere -–o viceversa--, el mega DNU de Javier Milei. Lo expresó en el Plenario de Comisiones el abogado ambientalista Enrique Viale y lo confirmaron 150 organizaciones esta semana en una carta dirigida a los Diputados nacionales en defensa de la legislación ambiental vigente, modelo en el mundo en protección de bosques o glaciares. Exigen eliminar el “capítulo ambiental” por “lo preocupante y peligroso” de las propuestas que “no tienen relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para incorporarlas en el paquete de reformas”.
De aprobarse esta reforma, la Ley de bosques, la de glaciares y la de quema pueden transformarse en leyes de “desprotección” advierte Consuelo Bilbao del Círculo de Políticas Ambientales. Aun cuando el dictamen eliminó el desmonte en zonas protegidas --como pretendía el texto original--, se endureció respecto a glaciares dándole entrada a la extracción minera en sus alrededores. Toda una bienvenida a las corporaciones de la megamineria.
El dictamen extiende además el plazo para habilitar la quema de pastizales ante la “ausencia de respuesta de las autoridades”. Propone un tratado que modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas afectando especialmente a las criollas, y norma otra sobre transición energética que solo involucra al mercado de carbono ("otro sinsentido" apuntan los expertos). Junto a los artículos destinados a desfinanciar la protección ambiental, el capítulo queda en alerta roja y “se perjudica gravemente al pueblo argentino” sentencia Viale.
Detrás de los cambios asoman “interesados con nombre y apellido y empresas como la Barrick Gold detrás de la ley de glaciares” detalla el abogado ante Página/12 al ampliar su intervención en el Congreso, como referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas la semana pasada. Viale señaló allí al empresario hotelero Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri y al ministro Luis Caputo, no solo como responsables del desmonte de miles de hectáreas. También como parte de quienes conspiran para que se apruebe el proyecto que busca “privatizar las nacientes de agua, apropiarse de recursos mineros -–oro y plata, por caso--, y devastar el monte para el agronegocio”. Algo que buscarán también, sino queda en el articulado de la ley, "al otorgarle las fatales facultades delegadas al Ejecutivo” anticipa.

No es ajuste, es entrega
Dado que el objetivo no es “achicar gastos” –como explican las organizaciones- se evidencia el motivo real de los cambios: la entrega de recursos, el despojo. “Es paradójico, trabajamos mucho las organizaciones para lograr estas leyes y ahora estamos trabajando para que no las volteen” reflexiona Bilbao. Las modificaciones minimizan los criterios de protección. “Y se vulnera el principio de no regresión ambiental porque implica disminuir niveles de protección ya alcanzados” agrega. Viale coincide: “Hasta hace poco debatíamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. ¡Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX!”.
En la tensión se distingue una postal apocalíptica donde podríamos ver un futuro cercano con aumento de sequía por desforestación, producto del desmonte o la quema indiscriminada. El agua sería un lujo arábigo porque las nacientes de los ríos --los glaciares-- ya no serían un recurso soberano, estarían en manos privadas, y también sus alrededores convertidos en campos de extracción minera. Una postal desoladora. Eso pretende hacia el futuro, el proyecto presentado.
Las organizaciones expresan su rechazo: “No creemos que el capítulo ambiental siquiera se tenga que discutir, tiene que ser eliminado -–señala Bilbao--. El tema ya se discutió y se sancionaron leyes modelo: la Ley de Bosques logró en 2007 frenar la abrupta curva de aumento de los desmontes, sobre todo en Chaco. La tasa bajo considerablemente y eso es importante para nuestros bosques. Sin esa ley podría haber sido una catástrofe”.

Ley de glaciares
“Hoy lo que más nos preocupa es la Ley de Glaciares” afirma la especialista. Votada dos veces, sancionada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en dos oportunidades, la Ley 26.639 de Protección Ambiental de glaciares y ambiente periglacial -–su nombre oficial--, corre peligro de derrumbe. “No sabemos en qué escritorio se decidió cambiarla en tres artículos fundamentales” comparte.
La ley vigente plantea que los glaciares son “un recurso hídrico estratégico para la vida humana” detalla Bilbao. “Pero esa concepción ya no figura en el Artículo 1. Y en el 2 se piden requisitos extras para ser áreas protegidas, o sea que se los desprotege y se habilita la actividad minera”. El Artículo 6 que establece las prohibiciones de la actividad minera “ahora queda sujeto a los artículos 1 y 2 modificados, porque buscan reducir área de protección periglacial”.
Esto genera mayor inseguridad jurídica, aunque promueve las inversiones, claro. Los glaciares son “fábricas de agua” define Viale. “Allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que dan vida y trabajo a su paso”. Hoy pueden terminar en manos de corporaciones como la canadiense Barrick Gold porque “Las modificaciones presentadas fueron escritas por sus abogados”.
Esta empresa explota glaciares de alta montaña en San Juan y Mendoza con minas metalíferas, y quiere expandir sus dominios. Actualmente no puede porque las zonas periglaciales están inventariadas y protegidas. “Por eso quieren achicar el área protegida” anuncia el abogado. “Esto está escrito con la idea de liberar áreas específicas. Es un avasallamiento y es preocupante tanta desprotección”, coincide Bilbao.

Sobre bosques y quemas
En bosques hubo cambios, entre el proyecto y el dictamen conocido hasta ahora, como en otras áreas. El texto original permitía desmontar zonas de máxima protección: rojas y amarillas. “Esto se eliminó en el dictamen, pero queda la modificación del Fondo para la protección de bosques nativos”, señala Bilbao sobre el Fondo que contaba con el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 0,2 de retenciones. Se eliminan también las partidas presupuestarias fijas y se deja las partidas a discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto a quemas la situación “se agravó” en el dictamen porque permite ante un pedido de autorización de quema con 90 días sin respuesta, entender una autorización “tacita”. Considerando las sequías y los incendios no se debería ignorar a la autoridad local: “Corrientes perdió el 12 por ciento de la provincia por incendios. Tuvimos meses de humo en las riveras del Paraná por los incendios en Santa Fe” acierta Viale.
La norma sin embargo ignora a las autoridades al momento de evaluar si hacer o no una quema. Se ignoran también las sanciones por quema indebida: cuando no se autorizan por cuestiones climáticas, pero el productor igual quema. Ya no habría sanción si se propaga un incendio como establece la Ley 26.562 de actividades de quema. Por eso exigen y concluyen de cara al tratamiento del articulado, que "estas modificaciones y sus consecuencias perjudican gravemente al pueblo argentino”.  
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Dengue: por qué las olas de calor y el cambio climático favorecen la proliferación del mosquito

Fecha de Publicación: 29/01/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En los últimos meses han aumentado los casos de dengue en el país. Las olas de calor combinadas con el cambio climático pueden afectar la epidemiología.
En medio de los aumentos de casos de dengue en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas por calor y temperaturas extremas en varias provincias. En ese contexto, han advertido sobre la combinación de este fenómeno junto al cambio climático, los cuales pueden afectar en la proliferación del mosquito.
Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, el país los contagios por dengue ya superan los 22.000. Además, murieron 10 personas en Corrientes y otras 8 en Misiones.
Para entender esto, desde la página oficial del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires explican qué es el cambio climático y una ola de calor. En el primer caso, se trata de las alteraciones a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos.
Algunos de los efectos contraproducentes de esto son: incremento en las temperaturas medias globales, variación en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y modificaciones en los regímenes pluviales.
En cuanto a las olas de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las define como "cuando las temperaturas mínimas superan los 22°C y las máximas los 32°C durante al menos 3 días consecutivos". Según indican, esto puede ocasionar dolores de cabeza, deshidratación, agotamiento, mareos y náuseas, presión baja y elevada temperatura corporal, siendo las personas mayores el grupo etario de mayor riesgo.
De esta manera, el cambio climático y las olas de calor favorecen las condiciones para el desarrollo e incremento en la población de mosquitos. Según el sitio oficial del Gobierno bonaerense, esto sucede debido a que "la alteración en los patrones de lluvias y temperatura, beneficia el ciclo de vida y la relación directa de los mosquitos con el virus".
En este sentido, estos dos fenómenos pueden afectar la epidemiología del dengue ya que terminan creando condiciones más propicias para la reproducción del mosquito y la propagación del virus.

Aumento de casos de dengue: recomendaciones para afrontar las olas de calor
Desde el Ministerio Sustentable, brindaron una serie de recomendaciones para atravesar la ola de calor y evitar la propagación del mosquito:
- Vaciar y poner boca abajo recipientes en desuso.
- Colocar mosquiteros en las aberturas.
- Pasar a tierra las plantas que se encuentren en agua.
- Utilizar repelente (protección entre 4 y 6 hs luego de la aplicación).
- De presentar síntomas (fiebre, dolor corporal, dolor articular, sarpullido, cefalea, dolor retroocular) consultar en un centro de salud.
- Hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia.
- Evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.
- Incorporar frutas y verduras a tu alimentación y evitar las comidas abundantes.
- Evitar realizar actividad física intensa y exponerte al sol en las horas de mayor temperatura.
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Biocombustibles: 6 provincias reclaman cambios a la ley ómnibus

Fecha de Publicación: 27/01/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Presentaron una contrapropuesta, para equilibrar el mercado entre las pymes y las grandes compañías integradas.
Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentaron una contrapropuesta en materia de biocombustibles frente a lo planteado por el Ejecutivo nacional en la Ley Ómnibus, que apunta a acompañar la desregulación, equilibrando la participación en el mercado de pymes y grandes productores, informó el Gobierno de Santa Fe.
El documento tiene como objetivo “apoyar de forma constructiva la intención del Gobierno nacional de mejorar aspectos de la Ley 27.640 de Biocombustibles”.
La secretaria de Energía de Santa Fe, Veronica Geese, sintetizó que se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el Gobierno de Javier Milei.
“El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueños del aceite; estamos hablando de pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló la funcionaria santafesina.
La iniciativa nacional de la ley ómnibus pone como punto de partida en 10% la mezcla de biodiesel con gasoil, que pronto será de un 15%, y la participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones.
Lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras en el proyecto elevado a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados: el 6,5 % del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5 % las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.
Además, impulsan la idea que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, todo ese biodiesel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.
“Somos las provincias que más producimos, las mayores productoras de biocombustible. Santa Fe tiene el 82% de la capacidad productiva del biodiesel del país”, destacó Geese.
Muchas empresas pymes se crearon a partir del fomento que se dio a la industria desde mediados de los 2000, pero cuando se bajó el corte, el sector, principalmente las pymes, se vieron comprometidas.
En la Ley Ómnibus del actual Ejecutivo se eleva el corte, pero se establece una desregulación que pone en "situación de desigualdad a pymes contra grandes productores", indica un comunicado del Gobierno de Santa Fe, y añade que esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones como propone el Gobierno nacional.
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Científicos argentinos hallan la manera de salvar a un animal en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 26/01/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Se trata de la conclusión de un artículo científico, liderado por un especialista del Conicet, que se basa en estudios históricos, arqueológicos y biológicos.
Los huemules (Hippocamelus bisulcus), los cérvidos más australes del mundo, se extendían desde los Andes hasta el Atlántico e incluso islas de Tierra del Fuego, pero por la sobrecacería y otros factores que impidieron su hábito de migrar de las montañas a las praderas de acuerdo a las estaciones del año, su población se redujo en un 99%. Hoy en día, en Argentina, solo quedan entre 300 y 500 ejemplares fragmentados en unos sesenta grupos y confinados en las zonas altas (algunas situadas en áreas protegidas) de las montañas andinas a lo largo de 1800 kilómetros.
“Las estrategias actuales para la conservación de los huemules no están logrando revertir su disminución demográfica”, advierte Werner Flueck, investigador del Conicet en el Parque Nacional “Nahuel Huapi”, que depende de la Administración de Parques Nacionales, y principal autor de un reciente artículo, publicado en Conservation, que presenta evidencias científicas que indican que la recuperación de esa especie herbívora – catalogada como “cérvido en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) – tendría lugar si  es reintroducida en sitios históricos considerados representativos de su hábitat de origen.

Evidencias arqueológicas, ecológicas e históricas
En tiempos modernos se consideró al huemul de forma errónea como una especie adaptada al bosque y exclusivamente a la alta montaña, con ambientes rocosos y fuertes pendientes, “pero observaciones de naturalistas en expediciones y viajeros desde 1521 en adelante, así como hallazgos arqueológicos, de restos óseos y otras evidencias determinan la presencia de huemules no solo en los Andes sino también cerca de la costa atlántica en lugares como la Península Valdés, Puerto Deseado y hasta el Estrecho de Magallanes”, indica Flueck, también integrante y creador de la Fundación Shoonem cuyo objetivo es colaborar con el estado en la preservación y conservación de la naturaleza en la cuenca hídrica del Río Senguer, en la provincia del Chubut.
En 1898 el naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) avistó huemules en zonas no boscosas de la Patagonia. Testimonios similares dieron los exploradores Hesketh Prichard (1876-1922) y Clemente Onelli (1864-1924), y el geógrafo Hans Steffen (1865-1937), entre muchos otros.
Múltiples evidencias demuestran que en el pasado los huemules migraban estacionalmente pasando de zonas andinas boscosas, clasificadas como veranadas, a regiones no boscosas (praderas y estepas) de la península patagónica durante los inviernos.
“En esta zona de invernadas, se estima que muchos grupos de huemules se comportaban como residentes anuales, compartiendo hábitat con guanacos y choiques y otros animales esteparios. En tal sentido su comportamiento es muy similar al de otros cérvidos”, destaca Flueck, también investigador del Instituto Suizo de Salud Tropical y Pública, con sede en Basilea, Suiza.

Sobrecacería y confinamiento en las altas montañas
Un tema central es el grado de confianza que exhiben los huemules. No tienen miedo a la presencia de humanos, lo que facilita su caza.
Los pueblos indígenas cazaban sistemáticamente huemules por su alimento y materiales. Las pieles se utilizaban para ropa, tiendas de campaña y utensilios.
“La sobrecacería de los huemules se intensificó con la llegada de los primeros europeos en el siglo XVI en adelante hasta comienzos del siglo XX”, afirma Flueck. Y subraya que “ya en 1883 el huemul fue clasificado como una de las especies comercialmente importantes en el listado de un libro inglés sobre las importaciones a Europa, que ocurrieron tanto desde puertos en Chile como de Argentina”.
La pérdida de las tradiciones migratorias del huemul, a raíz de la sobrecacería en el pasado y el establecimiento de poblaciones humanas en zonas habitadas por estos animales, confinó a la gran mayoría en las zonas altas de los Andes. “Esto disminuyó sus tasas de reproducción, alteró de manera perjudicial su salud y los puso en peligro de extinción”, puntualiza Flueck.
En zonas de veranadas de alta montaña, como los Andes, la calidad nutricional del forraje es menor comparado con el de las zonas de invernadas a las cuales los huemules no tienen acceso por la presencia humana y la pérdida de la costumbre de migrar.
“Por la falta de minerales, los huemules desarrollan osteopatologías, problemas estructurales en sus esqueleto y pérdida de dientes lo que reduce aún más su eficiencia para alimentarse”, puntualiza Flueck.
En noviembre de 2022 nació el primer huemul en la “Estación de Rehabilitación y Recría Shoonem” que funciona bajo la supervisión de la Fundación Shoonem en la Provincia del Chubut, y en la que Flueck se desempeña como director científico. “Nos alegra informar que principios de diciembre de 2023 nació una segunda cría, el 15 de enero 2024 una tercera cría, y que otra hembra está ahora preñada, así que pronto habrá otro nacimiento”, afirmó el investigador del Conicet.
“El objetivo de esta estación es rehabilitar huemules que no están en buen estado de salud, pero esto no es suficiente para salvar a esta especie”, explica Flueck. Y continúa: “Otro propósito del proyecto es generar grupos de huemules para reintroducirlos en ambientes de alta calidad nutricional que históricamente fueron ocupados por sus antepasados”.
Para el investigador del Conicet las áreas donde los huemules podrían ser reintroducidos “podrían ser parques nacionales o provinciales, y también campos privados que reciban incentivos para apoyar a una futura convivencia con los huemules. Poder habitar en esas regiones permitirá a los huemules vivir de manera más saludable y por más tiempo, lo que se traduciría en un aumento de las tasas de su reproducción y crecimiento poblacional”.
Como herbívoro nativo principal de ciertos ambientes, el huemul tiene un rol importante en estos ecosistemas y esa es otra razón para prevenir su extinción, destaca el investigador del Conicet.  Y concluye: “Rastrear el pasado de la distribución geográfica de los huemules a través de muchas evidencias revela claramente que la conservación de esta especie en extinción depende de su reintroducción en zonas a las que accedían sus antepasados cuando gozaban de salud y de una apropiada demografía”.
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El hidrógeno verde sigue en fase de estudios para definir la inversión en Río Negro

Fecha de Publicación: 25/01/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional - Río Negro


En noviembre de 2021 se anunció el proyecto de la empresa australiana Fortescue, con una planta de producción en Sierra Grande. El gobierno provincial espera claridad de Nación pero promete seguir la iniciativa. Siguen a la espera de un marco regulatorio para la industria.
La Cumbre de Cambio Climático en Glasgow, en noviembre de 2021, quedó en la historia. En ese evento mundial fue el anuncio de inversión más importante de los últimos años en Río Negro con la novedad de que la provincia se transformaría en productora de hidrógeno verde, una energía limpia de alta demanda en Europa. Pero dos años después, la falta de un marco regulatorio y el contexto macroeconómico mantienen en suspenso esa conversión.
La empresa australiana Fortescue anunció aquel año, junto a la entonces gobernadora Arabela Carreras y funcionarios del Gobierno nacional, el “proyecto Pampas” que tendría una inversión de 8.400 millones de dólares, con la generación de 15.000 puestos de trabajo directos y una capacidad de producción anual de 2,2 millones de toneladas, para convertir a la provincia en un “polo mundial de exportación en 2030”.
El gobernador Alberto Weretilneck ratificó la continuidad del proyecto de hidrógeno verde en su primer día de gestión, en el discurso ante la Legislatura del 10 de diciembre y definió que la Secretaría de Energía y Ambiente, que conduce Andrea Confini, se hará cargo de la iniciativa que su antecesora había puesto bajo el ala de la Secretaría de Estado de Planificación (que ya no existe con ese rango).
“El proyecto Pampas continúa avanzando con la realización de estudios sociales, ambientales y de ingeniería para el informe de prefactibilidad, clave para la toma de decisión final de inversión. Se estima que los estudios se extenderán durante este año”, señalaron desde Fortescue ante la consulta de diario Río Negro. La compañía originalmente tenía un plan por etapas y la fase piloto debía cumplirse entre 2022 y 2024.
En el gobierno provincial prefieren esperar que se defina a nivel nacional las medidas para el sector energético y esta industria en particular, y los efectos de la desregulación que permitiría la disponibilidad de divisas de manera libre. Las retenciones son otro punto que se tiene en cuenta.
El proyecto de Ley Ómnibus del presidente Javier Milei no menciona nada específico para este desarrollo productivo pero crea un Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas en el que se podría encuadrar el plan de Fortescue.
La empresa inversora aguarda señales y uno de los temas que vuelve a poner en agenda es el marco regulatorio que el año pasado -después de mucho insistir desde las provincias con proyectos de hidrógeno verde y las compañías- llegó al Congreso de la Nación a través de un proyecto que elaboró la anterior gestión. Pero allí quedó cajoneado. No se trató y no se habló más de la iniciativa.
“Creemos que es muy importante el diálogo con las autoridades regionales y nacionales para articular entre los sectores públicos y privados el desarrollo del potencial de la Argentina en materia de energías limpias”, señalaron desde Fortescue de manera oficial y apuntaron como “clave” que se retome el proyecto que presentó el exministro Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón (hoy a cargo de la cartera de Minería) y que “se debata de manera estratégica a modo de poder incluir puntos clave que de verdad impulsen la industria del hidrógeno verde en el país, lo que permitirá que la Argentina sea un referente en esta industria valiosa para la transición energética y la descarbonización del planeta”.
El país ya cuenta con un gran potencial para generar energías renovables para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y para esto último es necesario crear un marco regulatorio apropiado”.
Fortescue señaló que hay puntos que aún no están expresados en el proyecto y son de su interés como “el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional y un régimen impositivo adecuado a las necesidades propias de la industria”.
La empresa mantiene la premisa que además de generar divisas, la producción y exportación de hidrógeno verde desde Río Negro, impactará en la generación de empleo debido a la alta demanda que se visualiza a futuro ya que se prevé que Europa va a requerir de 10 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030.

El parque eólico de Cerro Policía se construirá en 2025
Fortescue obtuvo los derechos, estudios y tierras fiscales para el desarrollo del parque eólico de Cerro Policía que estaba en manos de la empresa estatal Eólica Río Negro. Lo convalidó la Legislatura en octubre con una ley.
La idea de la empresa es “abastecer de energía limpia a la planta de hidrógeno verde” que proyecta construir en Sierra Grande. En la compañía arriesgan que será el mayor parque eólico del país, que en la primera etapa prevista generará 300 MW. Luego se proyecta llegar a 700 MW.
“El inicio de la construcción del parque eólico está estimado para 2025, cuando ya hayan finalizado los trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes necesarios de ingeniería y permisos” indicó la compañía que afirmó que las obras demandarán al menos 2 años.
“Para 2030 Europa estima requerir la importación de 10 millones de toneladas de hidrógeno verde, es una oportunidad”.
Meses atrás habían indicado que la inversión para esta construcción ascendía a 400 millones de dólares.
Más allá de estas estimaciones, la empresa aclaró que “hay que tener en cuenta, de todos modos, que estos tiempos dependerán de la decisión final de inversión de Fortescue y del desarrollo de un marco regulatorio nacional adecuado para la industria de hidrógeno verde, así como la existencia de un escenario macroeconómico que propicie inversiones de capital intensivo”.
El acuerdo con la provincia, según la ley de cesión impulsada por la anterior gestión, estableció el pago de 11 millones de dólares a Eólica Río Negro y fijó un canon por el uso de las tierras durante la construcción y en la etapa de comercialización. Se estimó que ascenderá a 8 millones de dólares en 30 años.
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Lanzan campaña de verano para evitar el tráfico de fauna en la Argentina

Fecha de Publicación: 25/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


El comercio ilegal de especies silvestres se intensifica entre los meses de diciembre y enero. El loro hablador chaqueño es uno de los más traficados. “No los compres; tu hogar no es su hogar. Denunciá a los vendedores”, reza la campaña de concientización
La Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (Ractes) y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) lanzaron una campaña de concientización para evitar la comercialización de especies silvestres, el cuarto comercio ilegal mundial después de los delitos vinculados a la venta de drogas, falsificación y tráfico de personas.
En la Argentina, más de cien especies de aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos son afectados por el tráfico de fauna. Unas veinte de esas especies comercializadas ilegalmente se encuentran amenazadas.
La acción lanzada por Ractes y Ceydas apunta especialmente a evitar la compra y venta del loro hablador chaqueño, la especie más traficada en el país junto al cardenal, federal y el tucán.
“La compra y venta de animales autóctonos es el tercer tráfico ilegal más importante de nuestro país después del de drogas y el de armas. Afecta a 135 especies de animales silvestres, 20 de ellos amenazados de extinción. La enorme mayoría de ellos muere en el proceso de captura y traslado”, señala la información de la campaña para concientizar sobre el problema.
Una de las consignas de la propuesta contra el tráfico de fauna es: “No los compres; tu hogar no es su hogar. Denunciá a los vendedores”.
El comercio ilegal de las especies más traficadas del país se intensifica entre los meses de diciembre y enero, por eso lanzaron la campaña de verano para concientizar a la población.
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Cambio climático, contaminación y pesca, causas de impacto en la conservación de pingüinos

Fecha de Publicación: 24/01/2024
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa. El pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio nacional.  
El cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesqueria y la degradación del hábitat son las principales causas que impactan en la conservación de los pingüinos en Argentina, una especie estratégica para el funcionamiento de los ecosistemas marítimos, indicaron este viernes especialistas con motivo del Día de la Concientización por los Pingüinos que se celebra este sábado.
En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa, según datos de la Sociedad Global de Pingüinos (GPS, por sus siglas en inglés).
Los pingüinos son aves longevas que viven aproximadamente entre 30 y 35 años, y en las costas argentinas se pueden encontrar tres especies: el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), el pingüino Penacho Amarillo (Eudyptes chrysocome) y el pingüino Papúa (Pygoscelis papua).
Entre ellos, el pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio argentino, mientras que a nivel mundial está categorizada como "vulnerable" por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su tendencia poblacional decreciente.
Conocidos por una tendencia "monógama" a la hora de reproducirse (que excepcionalmente ocurre durante toda su vida) en épocas migratorias esta especie de ave es capaz de recorrer miles de kilómetros buceando desde el sur patagónico hasta las costas bonaerense, uruguaya e incluso alcanzar el sur de Brasil.
"Los pingüinos son una parte importante de nuestro ecosistema marítimo, ya que la protección y conservación en buen estado de sus poblaciones contribuye a un buen estado de salud de nuestro mar", aseguró en diálogo con Télam el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet Esteban Frere.
En este sentido, destacó que los pingüinos son una especie estratégica ya que, al ocupar toda la plataforma marítima argentina, "consumen muchas especies diferentes de peces y crustáceos y son una parte muy importante del funcionamiento del sistema marítimo".
El investigador asociado de WCS Argentina agregó que también "funcionan como nuestro centinela y evaluadores del estado del mar".
Hasta mediados de los años 90, alrededor de 40.000 pingüinos de Magallanes morían por año debido a la contaminación en el mar, consignó Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.
Si bien estos números disminuyeron a raíz de mejoras en las legislaciones, actualmente "enfrentan múltiples amenazas que comprometen su supervivencia", señaló el doctor en Biología e investigador del Conicet Pablo García Borboroglu.
Borboroglu -quien en 2023 se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Premio de Indianápolis por conservación animal- detalló que las principales problemáticas de los pingüinos en la actualidad son "el cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesquería y la degradación del hábitat".
"El calentamiento global impacta negativamente los hábitats de los pingüinos, tanto en términos de reproducción como de alimentación. Las alteraciones en la disponibilidad de alimentos son críticas, especialmente durante los periodos donde estos recursos son más necesarios", aseguró el fundador de la GPS.
Además, el cambio climático se relaciona con un aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor, las cuales provocaron mortalidades en las colonias de pingüinos.
"Por ejemplo, -señaló Borboroglu- en Chubut durante 2017 se registraron temperaturas de hasta 44 grados Celsius, resultando en la muerte de al menos 300 pingüinos sanos debido al estrés térmico".
En cuanto a la contaminación, los derrames de petróleo son una amenaza "considerable" para estas especies, ya que dañan su plumaje y reducen su capacidad de aislamiento y flotabilidad, además de que la ingestión de petróleo durante el aseo puede ser tóxica.
También la contaminación por plásticos es "preocupante", ya que "los pingüinos pueden quedar atrapados en piezas grandes o ingerir fragmentos pequeños, lo que puede dañar su tracto digestivo y ser fatal".
En tanto, el mal manejo de las pesquerías comerciales es una de las principales amenazas al medio marino a nivel global, ya que la competencia por alimentos en las áreas de alimentación de los pingüinos y la captura incidental durante las operaciones pesqueras representan "impactos significativos", señaló Borboroglu.
A su vez, las actividades humanas, como el turismo no regulado o furtivo, pueden ser perjudiciales para las colonias de pingüinos: "Se han reportado casos donde maquinaria pesada ha destruido parte de una colonia en Chubut", aseveró el especialista sobre el desastre en la colonia de Punta Clara, en Chubut, que en 2021 mató al menos 192 pichones bajo las ruedas de una topadora que pasó por encima de casi 150 nidos.
Sobre este punto, Frere sostuvo que un turismo "regulado y planificado" puede ser beneficioso para la concientización sobre estas especies, ya que "genera educación hacia el público y recursos que pueden ser utilizados para mantener las áreas protegidas", como las de Península Valdés, Isla Deseada, Parque Nacional Monte León y Punta Tombo, entre otros.
Esta última es la mayor colonia de pingüinos de Magallanes en Patagonia, con más de 200.000 parejas reproductoras.
A su vez, el impacto del cambio climático sobre las corrientes también está siendo estudiado por los científicos para evaluar potenciales cambios en su calendario y desplazamiento.
"Este año hemos visto en la colonia de Cabo Vírgenes (Santa Cruz) que una buena porción de los pingüinos no emigraron y se quedaron en la zona marina, a 300 metros a la redonda, cuando antes hacían 5.000 kilómetros", sostuvo Frere.
Finalmente, el biólogo concluyó que, para la conservación de esta especie, "si bien el ciudadano común puede poner un granito de arena, con respecto al cambio climático ya estamos hablando de negociaciones a nivel internacional y eso es lo que está faltando".
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Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria

Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
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Misiones impulsa un corredor biológico internacional que incluye a los países de Brasil y Paraguay

Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional - Misiones


Días pasados autoridades de la provincia de Misiones y del Estado de Río Grande Do Sul (Brasil) participaron en el municipio de El Soberbio de una nueva reunión del pro puente internacional El Soberbio-Tirantes do Sul.
Entre los asistentes estuvo presente el Ministro de Ecología y RNR de Misiones, Arq. Martín Recamán, quien valoró la iniciativa del puente internacional, a la vez que puso en conocimiento de las autoridades del vecino país de un proyecto para generar un Corredor Biológico Internacional.
En este marco, el Ministro contó que la iniciativa del Corredor Biológico Internacional es impulsado por el Instituto Misionero de Biodiversidad, presidido por la Arq. Viviana Rovira, y va en línea con la política de Estado provincial de conservación de la Selva Paranaense.
“La biodiversidad no tiene frontera, no tiene pasaporte, y este desafío que tiene la provincia de Misiones de conservar más de la mitad de su territorio con la Selva Paranaense, que es compartido con Brasil y Paraguay, necesita de un trabajo conjunto y articulado de todos para su cuidado y conservación”, planteó el Ministro.
Renglón seguido, Recamán afirmó que “Misiones ha apostado y lo seguirá haciendo para mantener más de la mitad de su territorio con Selva Paranense, conservando su biodiversidad. Necesitamos tener una visión entre los dos países y entre la provincia de Misiones y todos los municipios aledaños de Brasil”, cerró.
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En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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El Gobierno busca poner punto final a la pesca ilegal en la milla 200: “El que las hace las paga, también en el mar”

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Defensa renueva los operativos para enfrentar a los pesqueros ilegales que se adentran en la Zona Económica Exclusiva argentina para utilizar sus recursos; el plan de la cartera de Luis Petri; el trabajo en altamar; y las características del ARA Cordero
“Las olas y el viento... y el frío del mar”, comienza la popular canción Tiritando del cantante Donald. La simple frase podría resumir lo que viven todos los días los militares de la Armada encargados de proteger el Mar Argentino, pero eso es apenas una parte de la labor que cumplen a destajo. A veces en las sombras, pero siempre a la luz del sol.
En las últimas horas, zarpó desde la Base Naval de Mar del Plata un nuevo buque que da inicio a la nueva estrategia del Gobierno para intentar controlar un grave problema sin solución desde hace años: la pesca ilegal en la milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina el cual es asechado por más de 500 buques extranjeros todos los meses que se benefician de la riqueza marina nacional. “El que las hace las paga... también en el mar”, prometió el ministro de Defensa, Luis Petri, parafraseando al presidente Javier Milei.
Se trata del ARA Contralmirante “Cordero”. El buque, fabricado en Francia por la empresa Naval Group, fue comprado en 2018 y llegó a territorio nacional en 2022. Es el último de cuatro hermanos gemelos que adquirió el Estado en este lustro. Tiene capacidad para 59 personas, fue construido con especificaciones puntuales -como un casco resistente al hielo antártico- y está preparado para acciones disuasorias en alta mar con artillería incluida.
Durante los próximos 15 días, en la operación Grifón XVII, el buque navegará hasta el límite de la milla 200 rumbo a Chubut con el objetivo de controlar la zafra de calamar que abunda entre los meses de noviembre y marzo y que convoca a piratas de China, España y Taiwán, entre otros países, para quedarse con el valioso botín viviente. Hoy, hay identificados 344 de los cuales un 80% son de origen chino.
El Ministerio de Defensa invitó a LA NACION a participar del acto que formalizó la misión. Allí el ministro Luis Petri despidió a los 41 marinos que no verán a sus familias durante más de un mes. El funcionario nacional hizo hincapié en su discurso en la necesidad de resolver esta problemática con firme decisión del Gobierno. Adelantó que se convocará a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para solucionar el asunto y que es preciso “controlar y custodiar los recursos”, ya que aunque no es una infracción estar en la milla 201, sí constituye un daño significativo al medioambiente. Otra iniciativa que prevé el Ministerio es solicitar la extensión del límite a organismos internacionales. Menciona el caso ecuatoriano donde se le concedieron 50 millas más en torno a las Islas Galápagos.
El nuevo apoyo al sector se da semanas después del intento de modificaciones en el área de pesca, incluidas en la ley ómnibus enviada al Congreso que tuvo el repudio unificado de los gobernadores del sur y del comercio pesquero.
Petri dejó en claro que la idea de Nación es que se logre una legislación que sancione a los buques pesqueros sin autorización de pesca en mar argentino. Pero, resaltó que para eso se cambiará la estrategia de juego: se reducirá la derrota de los buques para focalizarla en un rango de 90 millas en línea recta a la provincia de Chubut donde la zafra se presta con mayor facilidad. Habló de “redireccionar el presupuesto”, no de aumentarlo y aseveró: “No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Hoy no hay presencia 24/7 en la zona”.
El ministro no estuvo solo en la cubierta del buque de 1650 toneladas y 80 metros de largo. A su lado estaba el brigadier Xavier Julián Isaac, que en diálogo con este medio consideró como un “honor y un privilegio” su designación como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto; además estuvieron el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi; y el comandante Conjunto Marítimo, contraalmirante Norberto Pablo Varela; también representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los principales críticos de los cambios en pesca propuestos por el Gobierno. Sin rencores, Petri lo llamó “amigo” y “compañero”.
Terminado el discurso de Petri, que trasladó un mensaje del Presidente, el buque se marchó. A bordo, durante largos días, y frías noches, la tripulación se transformará “en una familia”, cuenta Erik, el maquinista del ARA Cordero que conoce con lujo de detalles hasta el último mecanismo del navío. Él es de San Juan y viajó hasta Bahía Blanca para enlistarse en la Armada. Desde hace tres años que sirve en la base naval de “La feliz”, y pese a destacar la belleza de su tierra, reconoce que le gustaría vivir en Mar del Plata para siempre. “Allá sin aire acondicionado te cocinás”, narra mientras cuenta su historia en la parte trasera de una lancha modelo RIV con la que se le permitió a LA NACION fotografiar el ARA Cordero tras su partida a tres millas de la costa mar adentro.
Él y el resto de la tripulación marchan a la velocidad máxima del ARA Cordero [12 nudos, o 22 km/h]. Lo que los espera es realizar controles de “presencia, permanencia y resistencia”, según explicó el capitán de navío, comandante de la División de Patrullado Marítimo, Martín Méndez. “Hay que monitorear y si se localizan buques en ese sector, se intenta identificar si hace un tránsito inocente [o sea que navega sin actividad económica] o si el pesquero tiene las artes de pesca desplegadas y se mueve a velocidad de pesca”.
Méndez detalla que en caso de identificar un navío pescando ilegalmente comienza un protocolo que consiste, en primer lugar, en tomar los datos del buque [número y nombre] para trazar su origen. Luego se da aviso al capitán de la nave trasgresora que se enviará una dotación de “visita, registro y captura”. Esta lo que hace es abordar el pesquero en busca de indicios de pesca ilegal. En algunos casos hay características externas que dan cuenta de esta acción, como hallar tinte negro en el casco tan solo al pasar la mano. Sin embargo, una vez a bordo, la dotación se presenta como “autoridad marítima nacional” y se hace un registro de la documentación, a la par de inspeccionar las bodegas de enfriado, donde si se detecta que el calamar pescado aún se dobla, es porque fue recogido alrededor de las últimas seis horas y no llegó a congelarse. Acto seguido, se traslada el navío hasta el puerto correspondiente más cercano.
El trabajo en altamar no solo le compete a la Armada, sino que hay un trabajo en conjunto con otras dependencias de las Fuerzas. Una de ellas es la Fuerza Aérea que realiza vuelos de reconocimiento sobre esa zona en busca de navíos en infracción. “Hay apoyo aéreo con vuelos de control del espacio marítimo que sirven para reforzar la permanencia, o un monitoreo de mayor velocidad. También los trabajos continúan desde tierra donde se lleva a cabo el seguimiento de las tareas, uno no sale a ver si encuentra algo al mar, ya lleva información precisa”, relata Méndez.
Este apoyo aéreo es una de las otras aristas que Defensa pretende potenciar en los próximos meses. En diálogo con LA NACION, Petri comentó que la intención es continuar con la llegada de los aviones P3 Orion que se estableció en octubre de 2023 bajo la administración anterior, pero que según el ministro, “no se estaban pagando”. El objetivo es recuperar la capacidad de exploración de largo alcance en la Zona Económica Exclusiva y tener mayor presencia en las áreas marítimas de interés y la Antártida Argentina, sobre todo en lo que respecta al control de los recursos vivos y no vivos y las líneas de comunicación marítimas.
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