Menos fondos para ambiente en el gobierno de Javier Milei: el presupuesto 2024 destinado a la subsecretaría se redujo un 65%

Fecha de Publicación: 01/06/2024
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


- El Presupuesto 2024 prevé una caída en las partidas ambientales, tanto en lo asignado para la Subsecretaría de Ambiente como para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
- De todos modos, la Ley de Bosques está desfinanciada desde hace años y, al menos, desde 2008, ningún gobierno (del kirchnerismo y de Cambiemos) cumplió con la meta presupuestaria establecida en la norma.
- Los fondos para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego aumentaron durante el mandato del Frente de Todos y fueron subejecutados en los primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza.

Entre diciembre de 2023 y lo que va de 2024, las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires y Corrientes, entre otras, sufrieron fuertes temporales e inundaciones que dejaron miles de familias evacuadas y daños materiales. El 25 de enero último, comenzó un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que afectó a 8 mil hectáreas. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
A pesar de la crisis ambiental y climática que atraviesa la Argentina, y que se materializa en un mayor número y frecuencia de inundaciones, incendios y sequías, la administración de Javier Milei (La Libertad Avanza -LLA-) dispuso menos fondos destinados al cuidado del ambiente, la protección de los bosques y el manejo del fuego, según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado en abril último.
Además, al inicio de la gestión de LLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se desjerarquizó y fue absorbido por el Ministerio del Interior. La cartera pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli.
¿Qué pasó con los presupuestos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los fondos para la conservación de los bosques en los primeros meses de 2024? ¿Qué ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos)? Te lo contamos en esta nota.

Menos presupuesto ambiental para 2024
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2024 no fue aprobado por el Congreso nacional, por lo que el Poder Ejecutivo prorrogó el presupuesto 2023 para el año vigente.
De acuerdo con un análisis de la FARN publicado en abril último, el presupuesto 2024 de la Subsecretaría de Ambiente presenta una leve caída en términos nominales, lo que implica una reducción en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) del 65,4%. “En otras palabras, se dispone de una tercera parte del presupuesto en comparación con el año pasado”, indica el informe.
En términos generales, lo destinado a Ambiente (es decir, considerando lo que se destina a este área en otras dependencias estatales, además de la subsecretaría específica) en el presupuesto nacional tuvo una caída del 28,9% en su participación en el presupuesto total en relación a 2023.
Por otra parte, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales tuvo un incremento nominal del 5,7%, lo que implicó una reducción en términos reales del 63,4%. Estas 2 partidas representan un 0,16% del presupuesto nacional total.
Es importante aclarar que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reasignar los fondos que fueron presupuestados originalmente, es decir, que puede pasar que los números destinados a estas partidas crezcan, se mantengan o se reduzcan para este año.
Este medio consultó a la Subsecretaría de Ambiente para saber si se aumentarán algunas de estas partidas, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no tuvo respuesta.
Durante un encuentro con la Red Argentina de Periodismo Científico, la subsecretaria Ana Lamas dijo que todavía no tenía una agenda de 4 años porque “hay muchas cosas para decidir aún”, como los créditos y la cooperación internacional, como los que el ex Ministerio tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se está reestructurando todo eso; hoy no podemos disponer de esos fondos como antes, porque el Ministerio de Economía los reestructura (sic), así que no podemos tener un plan de 4 años”, informó Lamas.
Si se mira para atrás, durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) las partidas para el ex Ministerio de Ambiente descendieron un 18% en términos reales entre 2022 y 2023, pero crecieron entre 2020 -primer año de su gestión- y 2023. Estas conclusiones surgen de los datos de ejecución presupuestaria analizados por Chequeado.

Una Ley de Bosques que sigue desfinanciada
Al mirar el detalle, uno de los puntos clave en relación al presupuesto ambiental suele girar en torno a la llamada Ley de Bosques. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -sancionada en 2007, durante el kirchnerismo- regula la restauración, la protección, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos.
La norma establece que las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”. Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos para financiar el cumplimiento de la ley.
De todas formas, esa meta no se cumpliría con los números vigentes del presupuesto. La FARN analizó que este fondo debería recibir por ley, para 2024, $ 164.200 millones. “Sin embargo, se observa que, a marzo de 2024, tiene programado solamente recibir $ 9.000 millones, 18 veces menos de los que corresponde por ley”, indica el análisis de la organización ambiental.
Esta partida también quedó congelada en términos nominales, lo cual implica una caída real del 65,4% para 2024, según los cálculos de FARN.
Según otro análisis de la ONG Fundación Vida Silvestre, lo asignado -hasta el momento- para el fondo representa, en 2024, un 10% de ese 0,3% del presupuesto nacional indicado en la ley.
De todos modos, la Ley de Bosques está desfinanciada desde hace años y, desde su sanción en 2007, ningún gobierno cumplió con la meta indicada. De acuerdo con la Fundación Vida Silvestre, en 2022 y 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, también se asignó un 10% de ese 0,3% de todo el presupuesto nacional indicado por ley. Entre 2019 y 2021 ese monto había sido incluso menor: un 4% de la meta indicada.
Durante la administración del Frente de Todos los fondos del Fobosques descendieron durante todos los años de esa gestión, con excepción de 2021.
Según explica la Fundación Vida Silvestre, esto afecta negativamente “tanto al control, monitoreo y vigilancia, como al fomento del uso sustentable y la restauración de los bosques”.
“La falta de financiamiento en la Ley de Bosques es un problema recurrente, una mala costumbre en la que han incurrido todos los gobiernos preexistentes. Lo que nosotros necesitamos es que se mejore no solo la disponibilidad de los fondos sino la implementación y el rendimiento por parte de las jurisdicciones, y que esto se articule con un buen set de indicadores de monitoreo del uso y la eficiencia en el uso de estos recursos”, explicó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, en diálogo con Chequeado.

Para el manejo del fuego, fondos subejecutados
En relación a los incendios, el programa más importante es el del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
En 2020, mediante la Ley 26.815, se creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, un fideicomiso que se nutre de aportes de la Tesorería General de la Nación y de la recaudación del 3 por mil de las alícuotas de los seguros (excluyendo los seguros de vida).
En relación a los recursos del Tesoro, el Presupuesto nacional incluye para este año una partida de $ 10.973 millones para gastos corrientes y otra de $ 14,4 millones para maquinarias y equipo para dotar al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, según indicó la FARN.
Además, el SNMF dispone de $ 12.101 millones, los cuales, según FARN, aún no fueron ejecutados.
En 2023, el presupuesto ejecutado del SNMF descendió en términos reales en relación a 2022 -según datos analizados por Chequeado-, pero el presupuesto ejecutado para esta partida aumentó más de un 300% (2020-2023) durante todo el gobierno de Fernández.
En relación a otras partidas vinculadas con el manejo del fuego, a marzo de 2024 únicamente se ejecutaron, de acuerdo con el informe, $ 275 millones de la actividad Manejo del Fuego -dentro del Programa de Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas de la Administración de Parques Nacionales-, que tiene asignados $ 1.626 millones.
“En líneas generales, hay una clara vocación por la eliminación de los fondos específicos, retrocediéndose décadas en materia normativa. La verdad es que cuando el Estado decide tener una política focalizada, esa política focalizada necesita también tener recursos asignados. Me parece que esto es una cuestión de enorme importancia ideológica que está en el trasfondo, que va más allá de una restricción presupuestaria”, señaló a Chequeado Juan Carlos Villalonga, ex diputado nacional por Cambiemos (2015-2019) y especialista en sustentabilidad y transición energética.
Los fondos son necesarios para afrontar los devastadores incendios que se producen en el país. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

La alarma de las organizaciones ambientales por la Ley Bases
El 30 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Todavía resta la aprobación por parte del Senado para que se convierta en ley, pero organizaciones ambientales advirtieron por los riesgos que podría implicar esta iniciativa para el ambiente.
En una carta a la Cámara alta, diversas organizaciones ambientalistas señalaron que el proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Además, advirtieron que la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de varios artículos (del 30 al 39) de la Ley de Bosques: “Dejaría de existir el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan y a los titulares de tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos, perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de información de las diferentes jurisdicciones”.
.

Cambio Climático. El INIDEP investiga posible impacto ambiental en el mar argentino

Fecha de Publicación: 01/06/2024
Fuente: Portal pescare.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Siguen adelante las investigaciones sobre el impacto ambiental que genera el cambio climático. Los estudios se realizaron en la Estación Permanente de Estudios Ambientales.
El Programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, llevó adelante la Campaña Nro. 168 en la Estación de Estudios Ambientales, la que se desarrolló a bordo del Buque de Investigación Pesquera Mar Argentino. Esta, es una nueva medición para tomar muestras y valores de como viene desarrollándose la serie temporal de registros que el Instituto posee y que viene trabajando desde hace más de 20 años. Recordemos, en junio del año pasado también se tomaron registros para el análisis de los valores ante posibles cambios por efecto del clima, en el mar.
La Estación Permanente es una serie de tiempo ecológica que está situada a 27 millas náuticas –unos 50 kilómetros- de la costa de Mar del Plata (38º 28’ S – 57º 41’ O).
La misma se encuentra en cercanías de la isobata de 50 metros en la transición entre aguas costeras y de plataforma media, hecho que le asigna características oceanográficas muy dinámicas y representativas.
Desde hace más de dos décadas, el Instituto lleva adelante estudios en este lugar, con el objetivo de comprender las variaciones naturales de aquellas que están influidas por el cambio climático.
Los objetivos principales que tiene la Estación Permanente de Estudios Ambientales son analizar la variación temporal de un ensamble de variables físicas, biogeoquímicas, de los componentes del plancton, (bacterio-, fito-, zoo, e ictio-plancton), además de diversos procesos como producción primaria y estadio nutricional de larvas, así como evaluar la acidificación oceánica y la contaminación por microplásticos.
El Dr. Ricardo Silva fue quien tuvo a cargo las actividades de la campaña, las que fueron planificadas para realizarse en el horario más conveniente como es el mediodía de la jornada, donde se llevaron adelante tareas en los perfiles en la columna de agua de temperatura, salinidad, fluorescencia in vivo y oxígeno disuelto con un CTD (Conductividad, temperatura y profundidad).
Mediante los estudios en distintas profundidades se recolectaron muestras de agua de mar con botellas “Niskin” para realizar el análisis de oxígeno disuelto, nutrientes, pH y alcalinidad total, salinidad, clorofila a, diversidad de pigmentos y absorción del material particulado.
Las mismas botellas, que permiten la toma de muestras de agua a la profundidad deseada ayudadas por su diseño vertical, también posibilitaron el análisis bacteriológico, abundancia y diversidad del fitoplancton, abundancia de microplásticos, determinación de isótopos estables en muestras de plancton y para estudios de la condición nutricional de larvas de anchoíta.
La campaña posibilitó además la realización de un barrido vertical con red de fitoplancton, y muestreo de zooplancton e ictioplancton con red Mini-Bongo abarcando así toda la diversidad del plancton marino.
Por lo general, la red de plancton de 75 μm, es una de las redes que se emplean para la evaluación de la comunidad del fitoplancton en ambientes marinos, con la cual a través del método estándar de colecta con esta red, se hace mediante un arrastre horizontal en la superficie del mar durante períodos que pueden ir hasta los 5 minutos a un máximo de 2 nudos de velocidad.
.

Las empresas mineras esperan más facilidades de inversión para aprovechar la suba de los precios internacionales

Fecha de Publicación: 28/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La minería está en medio de un contexto internacional de precios favorables, un aumento de demanda de los minerales y de proyectos avanzados en el país.
El debate que se dirime en el Congreso, sobre la ley Bases y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es medular para las empresas mineras, quienes explican que la nueva normativa les servirá para el despegue de nuevos proyectos. Las compañías, además, tienen cierta premura para contar con la nueva ley porque los precios internacionales de los metales están tocando nuevos récords.
El oro, por ejemplo, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre, alcanzó, hace pocos días, una nueva marca por encima de los US$ 2.450 por onza, mientras que la plata alcanzó máximos desde 2012, con un valor de US$ 32,5. Pero además, otros metales, como el platino o el cobre, también están registrando máximos. En el caso del cobre, subió más de un 25% en el año y rompió por primera vez la barrera de los U$S 11.000.
Según Marcelo Alvarez, CEO de la canadiense Barrick Gold que opera el yacimiento de oro y plata más grade del pais, Veladero, el mercado “esta muy volátil pero es posible que la tendencia hacia la suba del oro continúe por el contexto mundial, ya que es un mineral critico”, dijo.
Según el empresario, para la mina sanjuanina, "ahora el precio del oro es determinante para que continúe el proyecto debido al impacto de los altos costos que tenemos", comentó desde el stand que mantuvo Barrick en la reciente Expo Minera 2024 que se realizó en la ciudad de San Juan.
Desde su rol de vicepresidente de McEwen Copper, para el proyecto de cobre Los Azules, Michael Meding; también se refirió a la necesidad de la nueva legislación: "lograr el financiamiento para construir la mina va a ser complicado si la Argentina no cuenta con seguridad jurídica, estabilidad fiscal, impuestos competitivos y facilidad de importación", enumeró en uno de los paneles sobre la visión privada del cobre. El directivo compartió el panel con los referentes de otros proyectos cupríferos en marcha como Josemaría, Altar y Taca Taca.
Entre las novedades del sector figura la extensión e la vida últil del proyecto VVeladero hacia el 2034, con una inversión que va a implicar unos US$400 millones. Alvarez señala que inclusive se podría pensar en “muchos años más” si se dieran algunas condiciones como "que la Argentina logre mejorar su macroeconomía, establecer reglas que incentiven la inversión, una menor inflación, poder exportar e importar sin restricciones”, por ejemplo. Según la visión del empresario, la aprobación del RIGI, en este caso, no es determinante pero "si se aprueba ayudará a bajar los costos y habrá mas posibilidades" de expandir la duración de la mina, consideró.
Durante la exposición también los gobernadores de las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca, durante la firma de la Mesa Interprovincial del Cobre le reclamaron al Congreso la aprobación de los proyectos que se debaten sobre las garantías fiscales adicionales a la Ley de Inversiones Mineras. “Nos unimos para impulsar el desarrollo de la minería en nuestras provincias. El momento es ahora”, dijo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego
“El contexto internacional de precios favorables y el aumento de demanda del mineral y la disponibilidad de proyectos avanzados en nuestro territorio en comparación con la situación de los yacimientos en el mundo, nos abre una oportunidad para que Argentina se constituya como un productor mundial de cobre”, afirmaron los gobernadores mediante un carta firmada y difundida a la prensa.
Finalmente, en el cierre del evento que se extendió durante tres dias y agrupó a unas 30 empresas mineras y otras 300 vinculadas al sector, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, sumó su adhesión a la implementación de leyes más flexibles para los grandes capitales. “Hay una convicción muy fuerte de que la oportunidad de ir para adelante con la minería se presenta ahora y no sabemos si nuevamente se va a poder presentar en otro momento. Lo tenemos que aprovechar aquí y ahora".
.

Desarticularon una organización criminal que comercializaba aves exóticas a cientos de dólares

Fecha de Publicación: 25/05/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional


El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. La investigación se inició en el año 2021 a partir de una denuncia de venta irregular de animales exóticos en Whatsapp y Facebook, radicada ante el Departamento de Delitos Ambientales.
Este jueves, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal que estaba a cargo del comercio ilegal de aves exóticas y autóctonas y se rescataron una importante cantidad de especies, en operativos realizados en distintos puntos del país.
La investigación se inició en el año 2021 a partir de una denuncia de venta irregular de animales exóticos en Whatsapp y Facebook, radicada ante el Departamento de Delitos Ambientales.
Por ello, los detectives especializados en esta materia, con la intervención preliminar de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo de  Ramiro González, corroboraron la veracidad de la misma. Por ello, se derivó la causa al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Ernesto Kreplak, delegada a su vez la investigación a la Fiscalía Federal de esa localidad a cargo de Cecilia Incardona.
Al encomendarse nuevas medidas investigativas a dicha unidad especializada, se desplegó una amplia investigación, estableciendo una red de tráfico interprovincial cuyo objetivo era principalmente la comercialización ilegal de aves protegidas y exóticas.
Luego de las diversas pesquisas, se identificaron a los miembros de dicha banda, sus roles como también lugares de acopio y distribución, que incluían proveedores locales y hasta la figura de un administrador de grupos cerrados dedicados a conectar vendedores y compradores a cambio de comisiones, similar al sistema de empresas de venta ilegal por internet.
Con esa información obtenida, el juzgado interventor ordenó el allanamiento de 12 domicilios utilizados para el acopio y cría de estos animales. Durante el procedimiento se rescataron alrededor de 800 aves de distintas partes del mundo, las cuales la mayoría fueron clasificadas con la cooperación de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, como también de la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, señaladas como “especies protegidas” autóctonas, exóticas y en crítico peligro de extinción, originarias de distintas partes del mundo, desde América del Sur, Asia, África, y Oceanía, valuadas aproximadamente en 750 mil dólares.
Se destacan ejemplares como  “Guacamayo Jacinto", o “Guacamayo Azul” y “Cardenal Amarillo”, originario de América del Sur, incluidos en el Apéndice I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que los hace invaluables en términos monetarios en el mercado negro, entre otros ejemplares.
Los operativos se realizaron en Merlo, Almirante Brown, Isidro Casanova, Lanús, Remedios de Escalada, Ezeiza, San Nicolás de los Arroyos, en la ciudad de Rosario y en varios puntos de la provincia de San Juan. Además fueron notificadas diez personas y se secuestraron varios teléfonos celulares.
Cabe destacar que fueron verificadas situaciones de maltrato animal y actos de crueldad, en infracción a la ley sobre protección animal, en virtud de las condiciones deplorables por el hacinamiento y falta de higiene de los recintos en los que se las mantenía cautivas, parte de las aves rescatadas ya han sido trasladadas a refugios como el Ecoparque de la C.A.B.A. y Temaikén. Sin embargo, dada la inmensa cantidad de ejemplares, se continuará con las tareas de traslado en lo sucesivo hasta reubicar a los animales, rehabilitarlos y evaluar su reinserción a los hábitats naturales en la medida que su salud y madurez en la supervivencia se los permitan.
Los notificados junto a las aves rescatadas y elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por Infracción a la Ley sobre Conservación de la Fauna.
.

MAPBiomas Argentina | En 25 años, se perdieron 7,6 millones de hectáreas de vegetación natural, principalmente en el norte argentino

Fecha de Publicación: 24/05/2024
Fuente: Agentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


En los últimos 25 años, en Argentina se perdió 7,6 millones de hectáreas de vegetación natural que incluye tanto árboles, arbustos y pastizales, principalmente concentradas en el norte del país, en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Estos datos fueron revelados a partir de la colección 1 de mapas anuales de cobertura y uso del suelo entre 1998 y 2022, generados de forma gratuita y pública por MapaBiomas Argentina en su lanzamiento reciente.
La plataforma ofrece una visión inédita del territorio argentino en un contexto de vulnerabilidad climática vinculada a sequías e inundaciones en distintas regiones del país.
Reúne información sobre la cobertura y uso del suelo en el país, relevando áreas de vegetación natural leñosa, cuerpos de agua, pastizales, estepas, forestaciones y áreas de agricultura y pastura entre otros. Proporciona información esencial para la investigación y contribución al desarrollo sostenible del país.
Permitirá mejorar la gestión y monitoreo de los recursos naturales respaldando de manera sólida la planificación territorial y las estrategias de conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
La iniciativa es una colaboración de expertos y expertas en teledetección y recursos naturales de institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil que, mediante el procesamiento de imágenes satelitales, generaron esta primera colección de 25 mapas anuales con 15 clases de cobertura y uso del suelo. .
“La metodología de MapBiomas propone un trabajo cíclico, en cada colección existe un aprendizaje que es incorporado por el equipo para que los próximos mapas sean mejores a la vez de sumar nuevos desafíos”, afirmó Ana Eljall, Especialista en Gestión de la Información Socioambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Algunos de los datos extraídos de la Colección 1, «MapBiomas Argentina: Construyendo una red colaborativa para el mapeo de la cobertura y uso del suelo(1998-2022)», revelan que:
-  La vegetación natural representa un 70% del país y el 28% es leñosa cerrada y abierta (79 Mha). El componente leñoso incluye árboles y arbustos que pueden encontrarse distribuidos de forma más o menos concentrada en el paisaje.
-  ​La pérdida de Leñosas Cerradas se concentró en el norte del país, en las provincias de Santiago del Estero (2,1 Mha), Salta (1,5 Mha) y Chaco (870 mil ha).
-  Las clases de uso antrópico como la agricultura, la ganadería y plantaciones forestales cubren 55,5 Mha, equivalentes a dos veces la provincia de Buenos Aires.
-  Entre 1998 y 2022, la superficie agrícola aumentó 5,2 Mha y las pasturas 1,4 Mha; Mientras que las plantaciones forestales aumentaron un 37%.
-  ​El 97% de la Patagonia es vegetación natural y área sin vegetación (80,5 Mha). A nivel local podemos observar patrones interesantes como la desaparición del lago Colhue Huapi y la pérdida de bosques patagónicos.
«Dos de las principales novedades que trae MapBiomas como red en cada país miembro es, la generación de información sólida metodológicamente y disponible de forma gratuita y, el trabajo colectivo de profesionales de distintas instituciones cuyo compromiso es generar información por un bien común»; destaca Mayra Milkovic, secretaria de la Red Global MapBiomas.
En la región del Noroeste (NOA) – Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; el cambio más significativo fue la disminución de la clase leñosa cerrada en Santiago del Estero (2,1 Mha). Desde el año 1998, se ha perdido cerca del 10% de la vegetación natural de la región (3,6 Mha). Mientras tanto, la superficie del área agropecuaria aumentó un 16% (7,5 Mha).
En el Noreste (NEA) – Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones; la provincia con mayor aumento en la superficie agropecuaria fue Formosa destacándose el aumento en las pasturas. Las plantaciones forestales de Misiones aumentaron un 50% (100 mil ha). En términos de pérdida, Chaco perdió el 15% de su cobertura natural de Leñosa Cerrada mientras que en Corrientes la pérdida fue del 8% de sus pastizales (281 mil ha).
La región del CENTRO – Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; es la región en donde la mitad de su superficie (39 Mha) ya era de uso agropecuario al inicio del período analizado. Sin embargo, la mitad de la pérdida de pastizales del país, sucedió en esta región (300 mil ha). Otra pérdida importante de la región fue el 17% de la superficie ocupada por agua superficial (266 mil ha).
En CUYO – Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja; El cambio más destacado fue el incremento del área agropecuaria concentrada en los valles irrigados, creció un 28% (500 mil ha) en todo el período. En La Rioja, la superficie de plantaciones forestales aumentó 19 mil ha mientras que en San Luis la superficie de agricultura alcanzó las 136 mil ha).
La PATAGONIA – Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; es una región en la que gran parte de su extensión aún continúa cubierta por vegetación natural y áreas sin vegetación (80,5 Mha). Sin embargo, se perdieron 66 mil ha de superficie de hielo y nieve (8,2% de la región). A nivel local podemos observar patrones interesantes como la desaparición del lago Colhue Huapi y la pérdida de bosques patagónicos.
.

La gestión en Ambiente: una agenda inexistente, el mercado para regular la deforestación y la revisión del cambio climático

Fecha de Publicación: 23/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El secretario Daniel Scioli y la subsecretaria Ana Lamas recibieron a la Red Argentina de Periodismo Científico
Para el gobierno argentino, el cambio climático no es de origen humano; es más, no se debería hablar siquiera de “cambio climático”. “La posición del Presidente respecto del cambio climático es que no es cambio climático, sino que es impacto climático, alteraciones climáticas, variaciones climáticas”, definió la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, acompañada por el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, durante una charla con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico ayer por la tarde.
En su momento, el presidente Javier Milei había dicho que el cambio climático era un invento del socialismo, pero eso no constituye “una negación al tema”, abundó Lamas, “sino que (Milei) está enrolado con los científicos que creen que no está todo derivado de la acción antrópica [humana]. Por eso hablamos de variaciones o impactos, no del cambio climático. Pero de todos modos vamos a seguir con los compromisos internacionales que la Argentina firmó en su momento. Seguimos adelante e incluso vamos a tener una reunión del gabinete nacional de cambio climático, aunque no hay fecha aún”, dijo Lamas.
La afirmación oficial contradice la evidencia científica disponible y ratificada en numerosos informes de expertos y consensos como los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que la Argentina integra, así como diversos tratados firmados por el Estado nacional; por ejemplo, el Acuerdo de París, en el que –sin embargo y al contrario de lo que decidiera en su momento Donal Trump como presidente de los Estados Unidos– la Argentina piensa quedarse, según se afirmó también ayer. La explicación es que “si nosotros no nos ponemos a tiro con (la reducción de emisiones de) los gases de efecto invernadero, se nos cierran muchísimos mercados”, afirmó Lamas. Antes, Scioli había recordado la visita del exvicepresidente norteamericano Al Gore a Buenos Aires en 2009, cuando vino a presentar Una verdad incómoda, la película documental en la que se muestran precisamente detalles de la ciencia del cambio climático. Gore y los científicos del IPCC ganaron el premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo contra el negacionismo.
Durante el encuentro de ayer, Lamas –quien vuelve al lugar donde trabajó como directora hace más de tres décadas con la entonces secretaria María Julia Alsogaray– dijo que no tenía una agenda de cuatro años todavía al mando de la subsecretaría porque “hay muchas cosas para decidir aún”. Por ejemplo, respecto de los créditos y la cooperación internacional, como los que el exministerio tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se está reestructurando todo eso, hoy no podemos disponer de esos fondos como antes, porque el Ministerio de Economía los reestructura (sic), así que no podemos tener un plan de cuatro años”, informó Lamas.
Los funcionarios nacionales también dijeron que no se van a privatizar los parques nacionales ni otros organismos relacionados con el estudio y cuidado del ambiente. “Son suposiciones, elucubraciones, como cuando dicen que se va a vender [el complejo presidencial de] Chapadmalal”, dijo Scioli. “Cuando se termine de aprobar la Ley Bases, de una u otra manera se avanzará sobre los temas pendientes, se busca una optimización de fondos”, detalló al responder en particular por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). “No tenemos presupuesto para el Ianigla, que valoramos mucho, pero trabajamos con el presupuesto del año pasado, como todos”, admitió Lamas. Asimismo, deslizó: “Dudo mucho que desaparezca o lo privaticen”.

Explotación del mar
Por otro lado, Lamas y Scioli dijeron que la secretaría aprobará todos los pedidos de explotación del mar argentino a través de plataformas offshore, como la que planea y ejecuta la empresa estatal noruega Equinor. “Vamos a habilitar todos los proyectos offshore”, afirmó Lamas. “Queremos ser una máquina de facilitar procesos productivos”, afirmó Scioli en un momento. Respecto de la resistencia de algunas autoridades locales, como el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, quien en 2022 presentó un recurso de amparo para detener la exploración, Scioli indicó que es un error creer que la explotación petrolera choca con la idea turística de la ciudad: “A veces la información que va llegando no es buena, pero no hay interferencia [con el turismo], la plataforma de Río de Janeiro se ve a simple vista y no contamina, está probado, y las playas están llenas”, dijo el exgobernador bonaerense y exvicepresidente por el kirchnerismo.
Lamas, por su parte, agregó que cuando Montenegro se dio cuenta de la implicancia económica del proyecto cambió de opinión y “hasta el intendente de Necochea [Arturo Rojas, de Nueva Necochea, un partido vecinal] está preguntando por el offshore porque lo quiere por el rendimiento económico; es que, cuando se informan, cambian la posición”, remarcó la funcionaria, que es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. La licencia social no es eso, sino la audiencia pública, agregó respecto de las quejas y movilizaciones que se suceden en Mar del Plata en resistencia por los daños que provoca al ambiente la exploración.
Por último, se tocó el tema de la deforestación, en el que Argentina muestra una de las tasas más altas del mundo pese a la sanción de la Ley de Bosques en 2007, que nunca tuvo el presupuesto que la misma ley marcaba. Lamas sostuvo que “cada provincia hace su ordenamiento territorial como mejor le parezca, como Nación solo podemos hacer un ordenamiento estratégico y estamos pensando en hacerlo. Ahora cada una se mueve suelta, sin saber lo que hacen al lado”, dijo respecto del polémico reordenamiento territorial que hizo Chaco y que, según diversas organizaciones ambientales, viola la Ley de Bosques, cuya tutela corresponde a la subsecretaría de Lamas. Sin embargo, ella confía en que se solucionará sin mayor intervención. “El mismo mercado va a llevar a no deforestar: el reglamento de la Unión Europea es que, si deforestás, no te compran cuero ni soja. Por ahora Chaco puede hacer lo que quiere”, concluyó.
.

Mondino borró el compromiso ambiental 2030 de la web de Cancillería porque Vox la acusó de comunista

Fecha de Publicación: 23/05/2024
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional


Bajó el documento de la agenda ambiental de la página oficial. "La Agenda 2030 tiene objetivos muy buenos, el problema son las propuestas", se defendió Mondino.
 La gira de Milei por España para coronarse como líder mundial del conservadurismo internacional no solo generó una crisis diplomática sin precedentes con el gobierno de Pedro Sánchez sino también se ganó un tirón de orejas de Vox.
Según pudo saber LPO, el partido de ultraderecha española le cuestionó a Diana Mondino la inclusión de la Agenda 2030 en la plataforma de gobierno. Ante el reto, los libertarios dieron de baja de la página Argentina.gob el documento que llevaba la firma de Milei y su ministro de Justicia, Cúneo Libarona.
Quien se comunicó con legisladores argentinos fue la ex diputada de Vox, Malena Nevado, la portavoz en el Congreso español contra la Agenda 2030, quien le remarcó al gobierno de Milei la contradicción de defender la vida y a los agricultores y al mismo tiempo, estar a favor de esa agenda a la que consideran que forma parte del mundo globalista que dicen combatir.
Además, Nevado le dijo a la comitiva argentina que ya había medios europeos que comenzaron a preguntarse sobre este tema. En este marco, por miedo a quedar mal con Vox, el gobierno decidió bajar el documento de la página oficial:  "Esta página o el sitio no está disponible. Por favor revisá la dirección o volvé a ingresar más tarde", indica el link.
Frente a este nuevo escándalo, que repercutió en el grupo de WhatsApp libertario, la canciller Diana Mondino trató de dar una explicación: "En realidad los objetivos de terminar con la pobreza o lograr desarrollos sostenibles son muy buenos. El problema son las métodos o propuestas para lograrlo", dijo sobre la Agenda 2030.
Es que precisamente, lo que Vox cuestiona son los objetivos de desarrollo sostenible que se planteó la Asamblea de Naciones Unidas en 2015. Entre esas metas, se buscaba asegurar el desarrollo sostenible de todas las personas y todos los países, eliminar la pobreza y el hambre y asegurar la paz en el mundo.
Lo cierto es que la reprimenda de Vox generó malestar en algunos legisladores oficialistas: "cuando se armó el escándalo de aborto, dijeron que no estaba en agenda, cuando quisimos discutir la tenencia de armas, tampoco estaba en agenda. La dolarización, el cepo y dinamitar el Banco Central, tampoco está en agenda. ¿Cuál es nuestra agenda?", se preguntaron desde las filas libertarias.
.

Las 2 provincias de Argentina que quedarían bajo el agua en el año 2100, según un estudio

Fecha de Publicación: 22/05/2024
Fuente: MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


Un estudio publicado por científicos del Climate Central advierte que los terrenos elevados están desapareciendo a lo largo de las costas de todo el mundo y ningún país está a salvo…ni siquiera nosotros.
A medida que el nivel del mar sube, la tierra que alguna vez fue segura por estar encima de la línea de marea, hoy ya se encuentra en riesgo de inundaciones y expone a los residentes a amenazas cada vez mayores.
Los nuevos datos de elevación, mapas y análisis documentan cómo, para finales de este siglo, las zonas de riesgo en todo el mundo se extenderán varios kilómetros hacia el interior de los continentes, y el agua avanzaría sobre zonas donde hoy viven alrededor de 93 millones de personas.
Según la trayectoria actual de emisiones, que conduce a un calentamiento global de 3 °C, alrededor de 50 ciudades importantes de todo el mundo necesitarán montar defensas sin precedentes a nivel mundial o perderán la mayor parte de sus áreas pobladas debido al aumento incesante del nivel del mar.
Y en Argentina no estamos exentos del peligro. Según este informe, parte de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos podrían quedar bajo el nivel del mar para el año 2100 con un aumento de temperaturas global de 3 °C por encima de los valores preindustriales. Las zonas más afectadas dentro de 75 años serían los alrededores de los ríos Uruguay y Paraguay, así como también la costa del Río de la Plata y la Bahía de Samborombón.
El mapa interactivo y el informe presentado por Climate Central se basaron en modelos climáticos de última generación para simular el aumento del nivel del mar bajo diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.

Aumento del nivel del mar a causa de múltiples factores
“El calentamiento global ha elevado el nivel del mar alrededor de 20 centímetros desde 1880, y la tasa de aumento se está acelerando. El aumento del nivel del mar eleva drásticamente las probabilidades de que se produzcan inundaciones dañinas a causa de las marejadas ciclónicas”, advierte la investigación.
El carbono que ya se encuentra en nuestra atmósfera está calentando el planeta 1,1 °C, suficiente para que el nivel medio global del mar aumente alrededor de 1,9 metros en los próximos siglos, incluso sin agregar nuevas emisiones globales. Esto se debe a que los efectos del CO2 son prolongados y el gas permanece en la atmósfera durante siglos.
Según el informe Climate Change 2021: the Physical Science Basis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se espera que, hacia 2030, la temperatura media del planeta sea 1,5 ºC o 1,6 ºC mayor a la de los niveles de la era preindustrial en los cinco escenarios relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los niveles extremos del mar son provocados por la combinación de marejadas ciclónicas, mareas y olas, fenómenos que con el cambio climático se vuelven más frecuentes. Pero el informe detalla que aún sin un aumento en la recurrencia de estos fenómenos, se espera que el aumento del nivel del mar por sí solo provoque más inundaciones costeras y/o erosión. La causa es que el nivel de agua será cada vez más elevado debido al derretimiento del hielo y a la expansión del volumen del líquido por el aumento de las temperaturas globales.

¿Qué áreas se verían afectadas en Argentina?
En varios países, hacia finales de siglo, el riesgo de inundaciones costeras incrementará notablemente la cantidad y proporción de residentes expuestos a daños, interrupciones y pérdidas durante las tormentas y marejadas. Para mediados de siglo, el umbral de +1,5 ºC habrá quedado superado en todos los escenarios: los más optimistas señalan que se superará por 0,10 ºC y los más pesimistas, por 1,0 ºC.
Un aumento de 3 °C significa aguas por encima de los 6 metros, mientras con 4 °C, la situación sería catastrófica, con casi 9 metros de altura, de acuerdo con las proyecciones de la ONG estadounidense.
Las zonas más vulnerables de Buenos Aires serían:
- La costa atlántica: incluyendo zonas como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell.
- El Delta del Río de la Plata: afectando a partidos como Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Lanús y Quilmes.
- Las zonas bajas del Río Paraná: especialmente en el partido de Tigre.
En Entre Ríos, las áreas de mayor riesgo se encuentran en:
- Las costas del Río Uruguay: incluyendo ciudades como Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
- Las zonas bajas del Delta del Paraná: principalmente en los departamentos de Diamante, Victoria y Gualeguay.
A pesar de este panorama desalentador, el informe asegura que aún hay esperanza y que tenemos la oportunidad de cambiar este futuro. Cumplir con los objetivos más ambiciosos del Acuerdo Climático de París probablemente reducirá la exposición a aproximadamente la mitad, evitando que las naciones construyan defensas no probadas o deban abandonar megaciudades costeras.
.

¿Quiénes serán los “dueños” el agua? Los alcances del RIGI y una polémica que crece por el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 22/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El Régimen para grandes inversores que se discute en la ley bases omite cualquier referencia a la variable ambiental. Casi no hay castigos para los inversores en casos de contaminación o afectación de los ecosistema. Y anula la posibilidad de que las justicias locales objeten los emprendimientos, entre otras cosas.
¿De quién será el agua? ¿De las mineras o de los pueblos? ¿Para quién estará garantizado el recurso cuando vengan tiempos escasos? ¿Para los grandes inversores perforadores de la tierra o para las historias mínimas de las comunidades que habitan y defienden la naturaleza? Los alcances del llamado Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, ya popularizado como RIGI, son por ahora insondables. Pero están generando tanto debate como temores diversos. Si fuera aprobado, en el marco de la ley Bases que discute el Senado, ¿cuál sería el verdadero impacto sobre el Medio Ambiente y la gestión de los recursos naturales?
La gran mayoría de los activistas ambientales, científicos, ONGs y comunidades del interior han cerrado filas alrededor de la idea de que el RIGI tendrá un impacto ambiental severo, anulando competencias de control, posibilidades de participación ciudadana y creando un predominio de las corporaciones extractivas sobre el manejo de los insumos locales, entre otras cosas. Leen la posibilidad de una tierra desprotegida y no creen en una lluvia de esperanza promovida y materializada en inversiones.
“El RIGI echa por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes y aquellos potenciales que surgirán por efecto de la inversión. También descarta de plano las bondades de una gobernanza socioambiental virtuosa, una de las cuales es precisamente darle mayor sustentabilidad a las inversiones", advirtió días atrás el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydo. Pero la lista de cuestionadores de la ley es amplia. No solo abunda en opositores al Gobierno.
“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, dice Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA). Pero qué dice la letra chica.

Puntos críticos
Según el artículo 162 de la ley Bases, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) será de aplicación en todo el territorio nacional. Pretende brindar incentivos, certidumbre y un sistema de protección jurídica a los mega inversores nacionales y extranjeros. El gran terreno de aplicación del RIGI serán las provincias. El impacto absoluto y total será sobre los recursos naturales.
El monto mínimo de inversión para obtener los beneficios de este régimen es de 200 millones de dólares. Cuando se dice que este régimen tiene nombre y apellido es, entre otras cosas, porque detrás de su sanción lo que viene son los grandes proyectos mineros impulsados por provincias como San Juan y Catamarca.
La semana pasada, mientras en el Congreso la discusión por la ley bases se trababa y se alejaba de la posibilidad de que hubiera dictamen, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer un análisis pormenorizado sobre los alcances ambientales del proyecto. Uno de los apartados clave lleva como título “El peligro latente de confundir insumos con derechos y de renunciar a la regulación”.
El artículo 191 del proyecto de ley Bases dice que los proyectos adheridos al RIGI “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los proyectos sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda (…)”.
La pregunta que surge, frente a esto, es: ¿A los inversores no puede faltarles nada? ¿Se les debe garantizar todo por encima de las demandas prioritarias de los grupos poblacionales? “Si estuviéramos en presencia de un proyecto de mega minería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. El agua podría escasear en ese territorio, pero el abastecimiento de la población local se vería relegado como consecuencia de la aplicación del art. 191. Este escenario es inadmisible dado que vulnera derechos humanos”, dice Andrés Nápoli, desde FARN.
El RIGI favorecerá a mega proyectos de infraestructura, forestales, de hidrocarburos y mineros vinculados al cobre y litio, entre otros. Se trata de proyectos con altos impactos ambientales, ecosistémicos y sociales. Son emprendimientos que incrementan las chance de contaminación o incidente ambiental. Abundan los ejemplos en los que mineras fueran judicialmente cuestionadas y condenadas por derrames y en los que debieron frenar el proyecto hasta iniciar y demostrar procesos de remediación. El RIGI, dicen los expertos ambientales, relaja absolutamente todo.
“Omite cualquier referencia a la variable ambiental. No existe mención alguna a su sustentabilidad socioambiental. Los incentivos cesarán sólo por las siguientes causas: fin de la vida útil del proyecto, quiebra del agente inversor, baja voluntaria o sanción por infracción. Ninguna sanción se encuentra prevista por violar las normas ambientales. Los proyectos podrán mantener los beneficios del RIGI aunque contaminen ríos, suelos y acuíferos, destruyan glaciares o provoquen la extinción de una especie. Tampoco existe mención alguna a los pasivos ambientales que provocarán estos mega proyectos. Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, expresa Nápoli en concordancia con el comunicado de FARN.
Tal como publicó Clarín días atrás, son cinco los sectores que, principalmente, el Gobierno quiere que despeguen con el impulso de grandes capitales y ventajas impositivas, más libre disponibilidad de divisas y facilidades a 30 años. El régimen pone la lupa en energía, infraestructura, agro, minería y economía del conocimiento. En la industria el RIGI divide aguas o provoca una grieta. Fuentes de los sectores beneficiados coinciden en que parece "más generoso de lo que hubieran esperado". Eso es justamente lo que critican quienes reclaman modificiaciones por el "escenario extramadamente concesivo" que genera.

¿Y dónde está el juez local?
El artículo 219 del proyecto establece que todas las controversias que deriven del presente régimen, entre los estados nacional o locales y un inversor adherido al RIGI se resolverán, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas. Si la disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en sesenta días corridos, el inversor podrá someter el pleito a arbitrajes diversos en el plano internacional", diulyendo o anulando la gravitación natural e histórica de la justicia local.
"¿Qué sucedería si un municipio, una provincia o el Estado Nacional presentaran contra el inversor una demanda por daño ambiental y éste sometiera el conflicto a un arbitraje por considerar que afecta sus inversiones?", se preguntan desde FARN.
El artículo 30 de la Ley General del Ambiente, citado en numeros casos por la Corte Suprema, establece que, producido el daño ambiental, el Estado nacional, provincial y municipal se encuentran legitimados para reclamar la recomposición del ambiente dañado. "Evidentemente, un conflicto de esta especie debe ser dirimido por los tribunales argentinos y no por árbitros extranjeros", remarcan. Para los ambientalistas y expertos consultados, el RIGI opera como un mecanismo de defensa frente a la chance de daño ambiental. Está pensado como una cobertura prepaga para los grandes inversores. "El RIGI no contempla la variable ambiental en ninguno de sus capítulos a pesar de que los mega proyectos que busca promover provocan impactos ambientales directos e indirectos en ecosistemas y regiones enteras", cierra Nápoli. .
Finalmente, una preocupación extra es lo que pueda ocurrir además con muchas dependencias públicas de control existentes. La ley Bases también crea la posibilidad de que sean modificados o disueltos organismos como el Instituto Nacional de Glaciares (que hace inventario para certificar la minería) o el Servicio de Hidrografía naval o el Instituto Antártico Argentino o el Instituto del Agua. Sin estas oficinas de control, sin audiencias ciudadanas y finalmente sin la chance de que existen informes de impacto ambiental que pueden ser auditados por , el camino para un medio ambiente desprotegido y en retroceso parece estar allanado... si finalmente se sanciona la ley.
.

Lamentable: Murió el primer cóndor nacido en cautiverio, tras ingerir oveja envenenada

Fecha de Publicación: 21/05/2024
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Nacional - Río Negro


Yastay, el icónico cóndor andino de Córdoba, falleció víctima de envenenamiento por ingerir una oveja contaminada. El hecho enciende alarmas sobre el uso ilegal de cebos tóxicos y su impacto en la fauna nativa.
Yastay, el primer cóndor andino nacido en cautiverio en la provincia de Córdoba, ha fallecido trágicamente tras ingerir una oveja envenenada en la zona de Sierra Pailemán, Río Negro. Este hecho, que se suma a la preocupante cifra de cóndores muertos por la misma causa, pone en relieve la urgente necesidad de combatir el uso ilegal de cebos tóxicos, una grave amenaza para la biodiversidad y la salud pública.

Un símbolo de esperanza, víctima de la negligencia
Yastay, nacido en 2019 en la Reserva Tatú Carreta, representaba un hito en los esfuerzos de conservación del cóndor andino en Córdoba. Tras un cuidadoso proceso de aprendizaje, fue liberado en 2022 para surcar los cielos de la Patagonia. Sin embargo, su vuelo se vio trágicamente interrumpido por la ingesta de una oveja contaminada con Carbofuran, un agrotóxico prohibido en Argentina.

Un llamado a la acción urgente
El Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) ha denunciado este hecho como una "práctica aberrante" que pone en riesgo la supervivencia de una especie amenazada y afecta gravemente al ecosistema. La organización ha solicitado la intervención de las autoridades provinciales y nacionales para frenar el uso ilegal de cebos tóxicos y proteger a estas aves emblemáticas.
.

Scioli abrió la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medioambiente

Fecha de Publicación: 18/05/2024
Fuente: Subsecretaria de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


En el encuentro los representantes provinciales definieron los principales ejes de trabajo y eligieron nuevas autoridades.
Con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se inició la Asamblea Ordinaria n.° 109 del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, quien estuvo acompañada por Santiago Azulay, presidente saliente del organismo.
En ese marco, Scioli señaló: “Este no es un encuentro por el hecho en sí mismo sino que es una reunión de trabajo para identificar fundamentalmente las prioridades y también para honrar la responsabilidad que les ha dado cada gobernador en esta área, que en estos momentos sabemos que tiene un lugar central en la agenda internacional”. “Los desafíos que tenemos, por el impacto climático en este mundo tan cambiante, exigen que en un país como Argentina podamos tener políticas ambientales innovadoras, de vanguardia”, agregó.
Además, el funcionario expresó: “Espero que podamos coordinar esta agenda federal de visitas en cada una de las provincias con respuestas a todos los temas que en estos momentos sé que son preocupaciones muy grandes, porque tienen que ver con la salud, con la calidad de vida y con los sectores más vulnerables”.
Por su parte, Ana Lamas agradeció la participación de todas las provincias presentes ya que “nos encontramos en un periodo de transformación. Estamos reestructurando programas y cooperaciones para lograr mayores sinergias y eficiencias”. “Mantenemos nuestro compromiso con los programas internacionales para el beneficio de todos los argentinos, especialmente en áreas como desarrollo sostenible y bosques”, sumó la funcionaria.
Además, subrayó que “el desafío futuro radica en alinear nuestra legislación ambiental con estándares internacionales, para garantizar la competitividad de nuestros productos en los mercados globales, crear políticas públicas en entornos propicios y contribuir a los temas ambientales del G20”.
Entre los temas tratados, los representantes dialogaron sobre el estado de situación del Fondo Fiduciario de Bosques y sobre políticas vinculadas al impacto climático. Además, se eligieron nuevas autoridades consensuadas por unanimidad. El nuevo presidente es Martín Recaman, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; y Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, como vicepresidente. Asimismo fueron renovados los cargos de las diferentes comisiones.
Estuvieron presentes en esta primera asamblea las siguientes autoridades provinciales: por la provincia de Buenos Aires: Daniela Vilar, ministra de Ambiente y Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Natalia Persini, subsecretaría de Ambiente, Renzo Morosi Nicolotti, presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y Yanina Fasano, subgerenta operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales de APRA; por Catamarca:: Gustavo Báez, secretario de Energía; por Córdoba, Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular; por Corrientes: Mario Salvia, administrador general del instituto Correntino del Agua y el Ambiente; por Chaco: Hernán Halavacs, ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible y Mariano Moro, subsecretario de Ambiente; por Chubut: Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; por Entre Ríos: Rosa Hojman, secretaria de Ambiente; por Formosa: Hugo Bay, representante alterno, Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales y Calidad Ambiental; por Jujuy: María Inés Zigarán, ministra de Ambiente; por La Pampa: Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático; por La Rioja: Santiago Azulay, secretario de Ambiente; por Mendoza: Sebastían Melchor, subsecretario de Ambiente; por Misiones: Martín Recaman, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables; por Neuquén: Gladys Marchese, directora provincial de Gestión Legal; por Río Negro: María Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático; por Salta: Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por Santiago del Estero:Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente; por San Juan: Juan Federico Ríos, secretario de Ambiente; por Santa Fe: Enrique Estevez, ministro de Ambiente; por San Luis: Federico Cacace, secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por Santa Cruz: Sebastián Georgión, secretario de Estado de Ambiente; por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Andrea Bianchi, secretaria de Ambiente; por Tucumán: Alfredo Montalván, subsecretario de Medio Ambiente.
Participaron, además, Carlos González D'Alessandro, diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación; Lucas Figueras, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Por la Subsecretaría de Ambiente estuvieron Augusto Paz, director nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana; Viviana Zara, directora de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información; Federico Caeiro, director nacional de Recursos Naturales; Cristina Goyenechea, directora nacional de Cambio Climático; y Octavio Pérez Pardo, director de Bosques, entre otras autoridades.
.

Rusia encontró en la Antártida la mayor reserva de petróleo del mundo: 30 Vaca Muerta juntas

Fecha de Publicación: 16/05/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Antártida


Un buque informó el hallazgo de reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, equivalente a unas 10 veces la producción total del Mar del Norte en 50 años o 30 formaciones nuequinas.
Según reveló el diario británico The Telegraph, Rusia habría encontrado en aguas británicas de la Antártida las mayores reservas de petróleo de la historia, a pesar de que la explotación de hidrocarburos en la región está estrictamente prohibida, con excepción de actividades científicas autorizadas específicamente.
La información publicada hace tres días da cuenta que los buques de investigación rusos reportaron a Moscú el hallazgo de reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, equivalente a 10 veces la producción total del Mar del Norte en 50 años o 30 Vaca Muerta juntas, teniendo en cuenta que la formación neuquina ostenta reservas por unos 16.000 millones de barriles. Esta información fue presentada con pruebas contundentes la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental, de la Cámara de los Comunes (EAC), del Reino Unido.

Quién encontró petróleo en la Antártida
El hallazgo se produjo tras una serie de estudios realizados por el buque Alexander Karpinsky, operado por Rosgeo, una agencia rusa encargada de encontrar reservas minerales para explotación comercial alrededor del globo.
Constituida en 2011, Rosgeo aglutina a 63 empresas del sector que han descubierto más de 1.000 yacimientos importantes de gas, oro y otros recursos, decenas de ellos, en países de Asia, Europa, África y América Latina.
The Telegraph intentó comunicarse con directivos de Rosgeo, pero no respondieron las consultas.

¿En qué parte de la Antártida encontraron el petróleo?
Se encontró en el Territorio Antártico Británico (BAT, por su siglas en inglés), el más grande y más meridional de los 14 territorios de ultramar del Reino Unido, y el menos hospitalario, ya que el 99% está cubierto de hielo. Sin embargo, en el pasado prehistórico experimentó climas más cálidos, con una vegetación que potencialmente permitió la formación de depósitos de combustibles fósiles.
El BAT se extiende al noroeste desde el Polo Sur, abrazando la Península Antártica y el Mar de Weddell, históricamente conocido por ser el lugar donde se hundió el barco Endurance de Ernest Shackleton y que ahora alberga potencialmente vastas reservas de petróleo y gas.
La mayor parte del Territorio Antártico Británico está sujeta a reclamaciones competitivas de Argentina y Chile, que seguramente se intensificarán si las pruebas sísmicas de Rusia se demuestran mediante perforaciones posteriores, situación que por ahora está en duda. Además, todavía está pendiente el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas que lleva adelante el país en la ONU.
En este marco, la prensa británica recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores cofinancia el Servicio Antártico Británico, que cuenta con cinco estaciones logísticas y de investigación y 250 empleados, con el apoyo de la Royal Navy y el barco de investigación RSS David Attenborough, todos considerados de importancia no sólo para la ciencia según los ingleses, sino también para el mantenimiento de los reclamos del Reino Unido sobre la región y, en particular, sobre el archipiélago argentino.

La polémica que despertó el hallazgo de Rusia
Una de las polémicas que se abren tras el hallazgo es si Rusia y sus aliados son capaces de sostener los compromisos internacionales que protegen a la Antártida.
El Ministro para las Américas del Reino Unido, David Rutley, dijo la semana pasada a la CAO que su departamento había decidido confiar en las garantías rusas de que sólo estaba realizando investigaciones científicas, y agregó: "Rusia ha reafirmado recientemente su compromiso con los elementos clave del tratado".
Pero la CAO decidió cuestionar la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores de los intereses antárticos del Reino Unido tras conocer informes del Daily Maverick, una revista online sudafricana, que descubrió las actividades de Moscú después de que su barco de investigación atracara en Ciudad del Cabo.
Por este motivo, los expertos encendieron las alertas y advierten que confiar en que Rusia cumpla con sus obligaciones es ingenuo, como lo demuestra su invasión de Ucrania.
Klaus Dodds, profesor de geopolítica en el Royal Holloway College y experto en la Antártida, dijo al diario británico que las actividades de Rusia estaban mucho más cerca de la prospección de petróleo y gas que de la ciencia genuina. “El Tratado Antártico enfrenta nuevos desafíos, sobre todo por parte de Rusia, un actor de mala fe, y de una China cada vez más asertiva", afirmó.
"Rosgeo ha estado participando en estudios sísmicos y otros trabajos topográficos relacionados (…) Las actividades de Rusia deben entenderse como una decisión para socavar las normas asociadas con la investigación de estudios sísmicos y, en última instancia, un precursor de la futura extracción de recursos", completó Dodds.

¿Es posible modificar el Tratado Antártico y permitir la exploración de hidrocarburos?
La Antártida está protegida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe todos los desarrollos minerales o petroleros. En tanto que los intereses del Reino Unido son supervisados por el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, pero que últimamente fueron señalados de ignorar la crisis emergente. Es más, expertos advierten que la guerra con Ucrania y la rivalidad entre China y Estados Unidos son las mayores amenazas para el futuro de la Antártida.
Alan Hemmings, profesor y comandante de la estación británica de investigación antártica durante la Guerra de las Malvinas, admitió que las crecientes tensiones podrían destruir el Tratado que protegió al continente blanco del desarrollo petrolero. El Tratado se revisará en 2048, pero cualquier nación involucrada también puede abandonarlo cuando lo desee.
Hemmings, investigador de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y coautor del Manual sobre la política de la Antártida, añadió: “Nunca habrá un momento sensato para extraer hidrocarburos de la Antártida. Lo que nos hundirá a todos es cualquier intento de explotar los hidrocarburos de la Antártida".
La polémica que surge es que pareciera -según Telegraph- que justamente ese es el foco de las actividades rusas en este momento. "Estamos en medio de tensiones muy serias entre los estados occidentales y Rusia por Ucrania y entre Estados Unidos y China en relación con la hegemonía global", indicó el experto.

¿Qué dijeron las autoridades del Tratado Antártico?
El uruguayo Albert Lluberas Bonaba, secretario ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, con sede en Buenos Aires, dijo que estos temas se discutirían en la conferencia anual de la organización en la India, pero evitó hacer comentarios sobre las tensiones en torno a las actividades de Rusia.
La misión de la Secretaría es ayudar a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y al Comité para la Protección Ambiental (CEP) en el desempeño de sus funciones, con el objetivo de fortalecer el sistema del Tratado Antártico y garantizar que todas las actividades en la Antártida sean consistentes con los propósitos y principios del Tratado Antártico y su Protocolo sobre Protección Ambiental.
Al mismo tiempo, un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores británico expresó que el Reino Unido "está plenamente comprometido con el Tratado Antártico y su prohibición de la explotación comercial de minerales" y recordó que "el año pasado todas las Partes del Tratado Antártico reafirmaron su compromiso continuo de trabajar juntos bajo el marco acordado, que reserva la Antártida únicamente para uso científico".

¿Cuándo se vuelven a reunir los miembros del Tratado Antártico?
Ante semejante noticia, es probable que estas cuestiones lleguen a un punto crítico y de debate al fin de mayo, en la reunión anual de signatarios del Tratado Antártico en la India, donde seguramente Rusia será cuestionada por sus presuntos planes para extraer combustibles fósiles.
La 46° Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM 46) y la 26° reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CEP 26) se realizarán en la ciudad de Kochi, también conocida como Cochín, al suroeste indio en el estado de Kerala, del 20 al 30 de mayo de 2024. Hasta allí llegarán casi 400 delegados, para analizar unos 64 documentos de trabajo, 184 documentos informativos, 19 documentos de la Secretaría y 57 documentos de antecedentes.
.

Energía renovable: YPF Luz aumentó la generación verde y avanza con sus nuevos parques eólicos

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


El brazo eléctrico de la petrolera de bandera, YPF Luz, presentó otro buen balance de sus operaciones del primer trimestre de 2024, en el que se destacó un incremento en la generación de energía renovable y un salto en sus ingresos. Además, la firma anunció los avances de sus nuevos parques eólicos.
La empresa, que tiene un 26% de su capacidad instalada en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), generó un total de 505 GWh de energía verde en el primer trimestre del año. Esto equivale a un salto del 11,2% respecto a los 454 GWh del mismo período del año pasado.
Los datos son oficiales y se desprenden del último reporte oficial de Resultados de la compañía.
Según indicaron, el aumento en la generación se explica por la entrada en operación del parque solar Zonda y por la mejor performance del parque eólico Manantiales Behr. El proyecto chubutense alcanzó un factor de capacidad promedio de 74,74% en marzo, su segunda mejor marca, lo que impulsó la media trimestral a 62,4%.
En cuanto a los ingresos del trimestre, informaron que fueron de 120,3 millones de dólares, lo que equivale a un salto de casi el 10% interanual.  
“Principalmente, la incorporación de los ingresos por ventas de la Central Dock Sud y los correspondientes al parque solar Zonda, durante el segundo trimestre de 2023”, indicaron desde la firma.
Si bien la participación de YPF en el Mater fue del 26% en el primer trimestre del año, a nivel interanual registraron un descenso de casi el 15%. Informaron que la disminución se debe a la entrada en operación de otros proyectos renovables.  
De la mano de los nuevos proyectos eólicos que la empresa tiene en distintos estados de obra, estiman recuperar un 10% de participación en ese mercado.  
El último parque que estrenó la compañía energética fue la granja solar Zonda, al inicio del año pasado. En la actualidad la empresa tiene dos proyectos eólicos en construcción, de los cuales uno tiene Fecha de Operación Comercial (COD) para finales de este año.  
Se trata del parque General Lavalle, que se está construyendo en la provincia de Córdoba, y tendrá una capacidad instalada de 155 MW. Según reportó YPF, el proyecto tiene un 78% de avance de obra y un CapEx estimado de unos 262 millones de dólares. La fecha de puesta en marcha será durante el cuarto trimestre de este año.
Según precisaron, las obras civiles de sitio 1 y 2 finalizaron, y solo quedan pendientes trabajos menores. Además, se avanzó en el montaje electromecánico de la Estación Transformadora y el traslado de los componentes principales de aerogeneradores al sitio alcanzó un avance del 49%.
La obra que tiene en carpeta YPF Luz es el parque eólico Cementos de Avellaneda, que tendrá unos 63 MW de potencia instalada. El CapEx de este desarrollo es menor y rondará los 80 millones de dólares.
Este nuevo proyecto contará con tecnología de Nordex, y tendrá aerogeneradores de 7 MW de potencia nominal.  
Hasta la fecha, se avanzó con los contratos de tecnología y obra que están en marcha y antes de fin de mes comenzarán el inicio de actividades de obra. La inauguración de este proyecto está fijada para el primer semestre de 2026.  
.

Ley Bases: “El RIGI es un régimen de ocupación, atenta contra la protección ambiental”

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Andrés Nápoli, de FARN, desgrana los principales peligros de un mamotreto legal que de ser aprobado amenaza al ambiente y los propios cimientos del federalismo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sostiene que es absolutamente anticonstitucional.
La denominada Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, da por tierra con gran parte de la legislación existente referida a la protección del ambiente. Contra su posible consolidación como norma en el Senado advierte un amplio colectivo de organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales. “Atenta contra la protección ambiental y contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes”, sostienen en una carta enviada al cuerpo legislativo, “socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social”.
“El R.I.G.I. es un régimen de ocupación. Atenta contra el artículo 1 de la Constitución que dice que Argentina establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal. Esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”, sostiene Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un estado adentro de un estado
“El RIGI establece una plataforma distinta para aquellos que promuevan inversiones por encima de los 200 millones de dólares hasta los 1.000 millones destinada claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario. Estos grandes inversores no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, el más grave de todos diría yo, es que no se les va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. Ahí vienen de la mano, los regímenes de protección ambiental”, explica Nápoli.
“Es crear una legislación y un régimen especial, es como un régimen de ocupación. Lo que pasa es que atenta contra el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que en Argentina se establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal; esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”.
“Además, hay un elemento que es bastante más gravoso: es que toda ley que se le oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, por el régimen federal, deben ser adheridas por las provincias, si la provincia no las adhiere no las toma. En este caso se pasa por encima, se salta por encima de la Constitución, por eso muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional encubierta dentro de una ley”, concluye.
.

Ambiente y la Federación Argentina de Ingeniería Forestal analizaron el presente y futuro de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación a través de su director de Bosques, Octavio Pérez Pardo mantuvo un encuentro con representantes de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal con el objetivo de analizar distintas líneas de trabajo de interés común que lleva adelante la dirección. En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico, además de obtener una estadística sistematizada de buenas experiencias que puedan volcarse para futuros planes en el marco de dicha ley.
En relación con la valorización de los bosques, se abordó la posibilidad de incorporar a la Federación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Comisión de Bosques, el Departamento Forestal del INTA y la división de Economía, en un trabajo que determine los impactos ambientales medibles que lleven a un análisis integrado de la importancia de sostener inversiones en materia ambiental, social y económica que se traduzcan en beneficios para generar riqueza, impactos sociales positivos y sostenibilidad ambiental.
.

La lucha por el derecho ambiental

Fecha de Publicación: 11/05/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


¿Cómo serán el derecho y la justicia ambiental de los próximos años?
Eso se está decidiendo ahora, por medio de una puja doctrinaria que tiene como contendientes, por un lado, a la corriente “ecologista” y, por el otro, a quienes sostienen la compatibilización entre desarrollo socio-económico y protección ambiental (en adelante, la corriente “compatibilizadora”, cuyas ideas comparto). Para orientarnos, proponemos leer -o releer- el siguiente artículo https://abogados.com.ar/quien-es-quien-en-el-derecho-ambiental-2021/28557
La contienda entre compatibilizadores y ecologistas -que involucra también a la Agenda sobre Empresa y Derechos Humanos (DDHH)- no es académica, ya que se libra en los tribunales, en los procedimientos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en foros internacionales, en las comunidades y en el ciberespacio. La verdadera acción está en ese “territorio”, que funciona como un filtro que detecta la diferencia entre teoría y realidad; entre conocimiento fundamental y conocimiento cosmético; entre nitidez conceptual y exceso de abstracción.
Mientras tanto, en la “biblioteca”, la doctrina “expansiva” (representada por Néstor Cafferatta y sus discípulos) permanece mayoritaria gracias a su reconocida capacidad de producir réplicas casi idénticas de sí misma. Todo paradigma jurídico materializa, en un momento determinado, la idea sociopolítica dominante en la sociedad. La corriente arriba mencionada transita en paralelo con las ideas preferidas durante las últimas décadas por la mayoría de la sociedad argentina, cuyas características son el estado-centrismo, la desconfianza hacia la economía de mercado y la tolerancia al capitalismo clientelar. A falta de una dimensión generalista, la doctrina “expansiva” sostiene un derecho ambiental autorreferencial y cuasi-soberano, que es “mucho más que una especialidad” (1).    
El derecho es una cuestión práctica, no un amontonamiento de ríos de tinta, citas eruditas, notas al pie y frases en latín. Cuando un orden vetusto ya no convence resulta confrontado porque “el derecho es de los que luchan”. Lo que enseña el best seller La Lucha por el Derecho (1872), de Rudolph von Ihering, también se refleja en el presente del Derecho Ambiental argentino. Por eso, tomamos prestado para este trabajo el título elegido por el gran jurista alemán (con las adaptaciones del caso).
Fue a principios de ésta tercera década del siglo XXI cuando el credo “ecologista” -más elemental, pero más discernible- corrió a la doctrina “expansiva” de uno de los extremos del debate ambiental.  Aún prevalente desde el punto de vista cuantitativo, la doctrina “expansiva” hoy marcha por la “avenida del medio”: voluminosa, pero política y emotivamente menos gravitante. Sin perjuicio de lo anterior, “ecologistas” y “expansivos” cultivan importantes vínculos, y comparten la ética de “buenos y malos” que hemos criticado –por autocomplaciente- en otro artículo (2). La única diferencia fundamental que subsiste es que el credo “ecologista” rechaza abiertamente la Teoría del Desarrollo Sostenible y abraza la Teoría del Ecologismo Profundo, que postula “los límites del crecimiento”. Ésa es la última frontera que la doctrina “expansiva” no cruzó… hasta el momento (3).
Como dijimos, la doctrina “compatibilizadora” se ubica en el otro extremo del debate ambiental. Esta valora –no idealiza- la positividad del sector privado, especialmente la de aquel que es más representativo del mercado; así como también la positividad del Estado, pero no de “cualquier” Estado (4). Partiendo de una visión generalista, sostiene la autonomía relativa del derecho ambiental en el marco de la unidad del derecho, entendida ésta como subordinación a los principios constitucionales e interacción (inter-dependencia) con el resto del ordenamiento jurídico (casi siempre desde su posición de normativa de orden público).
Concluida la preeminencia de la doctrina “expansiva” (5), la “lucha por el derecho ambiental” es el enfrentamiento entre “compatibilizadores” y “ecologistas” por imponer el nuevo arquetipo dominante.

Los cuatro principios ordenadores del derecho ambiental
La doctrina “expansiva” desarrolló y la doctrina “ecologista” adoptó -con gran sentido de la oportunidad- una concepción del derecho ambiental que gira exclusivamente alrededor de dos de los principios ordenadores del derecho ambiental que establece la Constitución Nacional (CN): I) el Paradigma Ambiental establecido por los Arts. 41 y 43 de la CN y por la Ley General del Ambiente 25675 (LGA); y II) el Paradigma Social conformado principalmente por el Art. 75, incs. 17 y 23; y el Art. 14 bis, CN; así como por el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), con jerarquía constitucional en los términos del Art. 75, inc. 22, CN); y por el Acuerdo de Escazú sobre Ambiente y DDHH, ratificado por la ley nacional Nº 27566.
¿Es posible que gran parte de lo que se escribió y leímos sobre derecho ambiental durante las últimas dos décadas adolezca de omisiones fundamentales?
La respuesta es “sí”. Al calor de aquel abordaje “bipartito” se escribieron y publicaron innumerables libros, artículos y ponencias, pero lo cierto es que existen otros dos principios ordenadores del derecho ambiental que dicho abordaje subestima (doctrina expansiva) o rechaza (doctrina ecologista), a saber: III) el Paradigma Republicano, articulador de todos los demás, conformado por: a) la constelación de valores que conforman el estado de derecho (Arts. 14, 15, 16, 18, 19, 28, 33 CN); b) la  democracia republicana y representativa (Arts. 1, 5 y 6, CN); c) la inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN); y d) la supremacía de la Constitución (Art. 31, CN); y IV) el Paradigma del Desarrollo, establecido por: a) el Art. 41 CN, que señala que se debe propender a la “utilización racional” de los recursos naturales; b) el Art. 75, inc. 18 CN, que establece que el Congreso de la Nación proveerá lo conducente a la prosperidad del país, promoverá la industria, el establecimiento de nuevas industrias y las inversiones extranjeras (el Art. 125 CN reconoce potestades similares a las provincias); y c) el Art. 75, inc. 19 CN, que ordena “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo”.
En resumen: el Derecho Ambiental de la Constitución se apoya en estas “cuatro patas de la mesa”: I) El Paradigma Ambiental; II) El Paradigma Social; III) El Paradigma Republicano; y IV) El Paradigma del Desarrollo.
A fuerza de repeticiones y de citas endogámicas, los autores “expansivos” colocaron en la “biblioteca” su noción de un derecho ambiental “de circuito cerrado”, que se apoya en solo dos de las cuatro patas de la mesa. Esa concepción desnivelada influyó a un sector de la doctrina ambiental argentina, que desde entonces deambula alrededor de la “trampa de la especialidad” (6).  La corriente “ecologista” tomó como propia dicha concepción desnivelada y, apalancándose en ella a) postula “prohibir por las dudas”, en lugar de “regular estrictamente”; b) fusiona academia con activismo socio-ambiental; y c) procura arrimar la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados del derecho ambiental a la teoría del ecologismo profundo, para luego utilizarlos como “eslogan” en su activismo político y judicial (de esto último hablaremos en la segunda parte de este artículo) (7).   

¿De qué sorprenderse?
La corriente doctrinaria “compatibilizadora” tiene una concepción nivelada del derecho ambiental, es decir, apoyada sobre los cuatro Principios Ordenadores del Derecho Ambiental que establece la CN. Los autores “compatibilizadores” abogan por la armonización entre ellos y, por lo tanto, sostienen que es necesario “regular estrictamente y prohibir excepcionalmente”. Dicha posición responde a la teoría del desarrollo sostenible que, con sus luces y sus sombras, es la adoptada por nuestra CN; así como por la casi totalidad de las constituciones, los gobiernos y las organizaciones multilaterales del mundo.
El abordaje “bipartito” del derecho ambiental -propuesto por la doctrina “expansiva” y usufructuado por la doctrina “ecologista”- no convenció a la Justicia. Tanto es así, que éste nunca hizo pie más allá de la primera instancia.  
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reafirmó el Paradigma Republicano en el fallo «Coihue» (2022) (8) y el Paradigma del Desarrollo en los fallos «Salas» y «Telefónica Móviles» (9).  La Justicia hizo lo propio en varios fallos «Post-Escazú» (10). ¿De qué sorprenderse?  La CN conforma un sistema integrado por principios entrelazados entre sí: “La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema” (11).
Con apenas algo de formación generalista se advierte la gravitación del paradigma republicano y el paradigma del desarrollo en el derecho, la justicia y la política ambiental nacional.  Veamos algunos ejemplos:

A. El Paradigma del Desarrollo -que conlleva tanto la dimensión económica como su intersección con la dimensión social- califica la Sostenibilidad.  Tal como Siano puntualiza en un artículo que merece muchas relecturas: “No hay Desarrollo Sostenible si no hay Desarrollo” (12). En razón de eso, “… no debe buscarse oposición entre medio ambiente y desarrollo, sino complementariedad” (CSJN, Fallo “Salas”).  La CSJN resalta el vínculo del Paradigma del Desarrollo con el principio de equidad intergeneracional (Paradigma Ambiental): “La tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras” (CSJN, Fallo “Salas”).
B. En razón de lo dispuesto por su Art. 31 (Paradigma Republicano), la CN prevalece sobre las normas de rango inferior.  Pero eso no es todo: la CN -junto con todo el “bloque de legalidad” y los principios generales del derecho que constituyen su causa y fundamento- también está por encima de la invocación de cualquier “entidad” (nación, patria, pueblo, sector político, raza, etnia, clase social, deidad, etcétera), o “relato” (religión, ideología, cosmovisión, tradición, agenda particularista; etcétera).  Por ejemplo, si la invocación de la religión mayoritaria o la de una deidad como Viracocha se pusieran en entredicho con el estado de derecho, son esas invocaciones las que deben dar un paso al costado.
C. Con fundamento en la democracia representativa (Paradigma Republicano), ni las audiencias públicas, ni las consultas previas, ni los mecanismos de participación pública tienen ni podrían tener carácter “asambleario” ni legalmente vinculante, ya que las personas que participan no lo hacen en calidad de “representantes del pueblo”.
D. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 75, inc. 19, CN (Paradigma del Desarrollo), el derecho ambiental se vale del progreso científico y tecnológico para reducir el margen de conjeturas.  La “rigurosidad técnica” del derecho ambiental (13) se traduce en la vigencia de un modelo racional de prueba (mediciones, análisis, muestreos, modelos informáticos, estudios técnicos; monitoreos; estándares; etcétera), sin perjuicio del margen de apreciación propio de la sana crítica judicial y de la admisión de que no todo conocimiento es científico.
E. La CSJN reafirmó el derecho de propiedad (Paradigma Republicano) como una institución fundamental para el Derecho Ambiental en el fallo “Coihue”, al que la doctrina mayoritaria dedicó algunos comentarios poco entusiastas. Sin embargo, Esaín rompió filas con efusividad: “Los derechos individuales no deben ser sacrificados sino armonizados con la protección del entorno” … “al nivel más alto, el mensaje de la sentencia de la Corte es que nuestro modelo de desarrollo sostenible no consiente normativas que por proteger el ambiente impidan el desarrollo, las actividades productivas, la propiedad privada” … “el derecho al ambiente tampoco es absoluto, debe coordinarse, armonizarse” (14).
F. Pasado el ímpetu inicial, decayó rápidamente el intento por posicionar al Principio de No Regresión como una suerte de “contenido pétreo” impuesto por el derecho ambiental al resto del orden jurídico. Quedó muy claro que no constituye un impedimento de la variabilidad normativa cuando la misma se justifica en necesidades públicas, en avances técnicos y en el interés general; así como tampoco como un límite a la potestad estatal de preferir tal o cual curso de acción por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En el entendimiento de que el concepto ambiental de “regresión” no puede ser determinado en abstracto, el Principio de No Regresión permanece como el deber de justificar la causa y de desarrollar la motivación de cada ley o acto administrativo de alcance particular o general que modifique la normativa ambiental.

Los ejemplos arriba mencionados no hacen más que confirmar la autonomía relativa del derecho ambiental, al tiempo que desmienten su carácter autárquico y cuasi-soberano, idea cultivada por la doctrina “expansiva” y cosechada por la doctrina “ecologista”.
El difícil equilibrio entre desarrollo socioeconómico y protección ambiental exige que se acentúe el Paradigma Ambiental y el Paradigma Social, pero salvaguardando los demás Principios Ordenadores de la CN.

Conclusiones
En materia de interpretación, la CSJN señala que debe preferirse la que mejor concuerde con todos los principios consagrados por nuestra CN.
La falta de apego al universo de valores que conforman el Paradigma Republicano, la subestimación del Paradigma del Desarrollo y la desvirtuación del Paradigma Social condujeron a nuestro país a la imposibilidad de satisfacer siquiera las necesidades presentes (no hablemos de las de las futuras generaciones). Esto se comprueba en niveles nunca vistos de miseria, indigencia e improductividad: una gigantesca inequidad intergeneracional, una verdadera traición al espíritu del Art. 41, CN (15).
El Paradigma del Desarrollo no es el enemigo sino el aliado de la compasión y de los derechos sociales. La doctrina “compatibilizadora” remarca el Principio N° 5 de la Declaración de Río de 1992: “Erradicar la pobreza como requisito indispensable del Desarrollo Sostenible”. Dicho principio reafirma la línea iniciada por la Conferencia de Estocolmo de 1972, y se ve consagrado como ODS N° 1 (“Fin de la Pobreza”) en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, al tiempo que los ODS N° 8, 9, 10 y 12 lo retroalimentan (16).
Lorenzetti, quien a pesar de su cercanía académica no debe ser confundido con la doctrina “expansiva”, advirtió que el ecologismo “opone dialécticamente desarrollo versus preservación del medio ambiente” (17), a pesar de que -según la CN- no son ni podrían ser valores opuestos.  No en vano la CSJN destaca que “uno de los principios fundamentales en materia interpretativa consiste en lograr la coherencia y mutua compatibilidad de normas de igual jerarquía” (18).
No hay Sostenibilidad sin producción, sin trabajo y sin una cierta prosperidad material.  Sin Desarrollo, no hay equidad intergeneracional.  Sin progreso económico (Art. 75, inc. 19, CN) no hay desarrollo humano ni justicia social.
Dicho esto, el Paradigma del Desarrollo no es lo que fue décadas atrás.  Sin perjuicio de la aplicación del Principio de Progresividad (Art. 4, LGA), el mismo supone hoy la adhesión a la Agenda Climática.  El Paradigma del Desarrollo debe entenderse alineado con el Protocolo de Kyoto (Ley Nac. 25438) y el Acuerdo de París (Ley Nac. 27270), que dieron nuevo contenido al Principio de Sustentabilidad (Art. 4, LGA), y lo encauzan hacia su confluencia con el Paradigma Ambiental.  En la actualidad, el Paradigma del Desarrollo se define internacionalmente como aquel que está en consonancia con la Agenda de Descarbonización.  En nuestro país y en la mayoría del mundo es -a la fecha- una agenda de mercado (19) que se impone progresivamente desde las principales empresas a su cadena de valor; así como también desde el sector bancario, financiero, y asegurador, bajo el compromiso de financiar y asegurar proyectos en la medida de su alineamiento con el Acuerdo de París (20).
La Sostenibilidad se apoya en tres columnas: ambiental, social y económica, principio que se mantiene invariable a lo largo de todos los hitos convencionales que mencionamos.  Decir “ambiental, social y económica”, significa aludir al Paradigma Ambiental, al Paradigma Social y al Paradigma del Desarrollo, todos ellos articulados alrededor del Paradigma Republicano.
La CN y el derecho ambiental internacional son el escollo a vencer por parte del credo “ecologista” si de lo que se trata es de perpetuar el “no crecimiento”.    

Por Horacio J. Franco - Socio de Franco Abogados – Consultores Ambientales www.francoabogados.com.ar  

NOTAS
(1) Cafferatta, Néstor; Cuestiones actuales de Derecho Ambiental (obra colectiva); ED 2007, págs. 9 -11.
(2) Ver Franco, Horacio; Ecosistemas e Inversiones Privadas frente a la Responsabilidad del Estado por omisión; https://abogados.com.ar/ecosistemas-e-inversiones-privadas-frente-a-la-responsabilidad-del-estado-por-omision/32706 – 31/05/2023.
(3) Siano relata el esfuerzo de autores de las corrientes “ecologista” y “expansiva” (a las que llama colectivamente la doctrina “populista”) por “cancelar” el concepto de “Desarrollo Sostenible” mediante el sencillo recurso de borrar dicha terminología constitucional de su narrativa. Ver Título “g” en Siano, Juan M; Los sofismas del populismo ambiental argentino; EL DERECHO; ED-MVDCCCII-9; 09/2023.  Si la doctrina “expansiva” en bloque terminara de atravesar ese límite, su identidad perecería absorbida por el “ecologismo”.
(4) Ver Siano, Juan M. y Franco, Horacio; El Manifiesto Compatibilizador; https://abogados.com.ar/derecho-ambiental-el-manifiesto-compatibilizador/31208 – 08/09/2022.
(5) Analizaremos las causas que explican este fin de ciclo en la segunda parte de este artículo. La preeminencia de la doctrina “expansiva” ocurrió desde fines de 2002, cuando fue sancionada la Ley General del Ambiente 25675 (LGA), hasta aproximadamente 2021, cuando ubicamos -de manera tentativa- el impacto de dos eventos transformadores: A) el ascenso de hitos sociales como la Agenda sobre Empresa y DDHH; la Agenda sobre Pueblos Originarios; y el Acuerdo de Escazú; y B) la consolidación de la Agenda de Descarbonización como hito del mercado.
(6) La «trampa de la especialidad» es un concepto que aplica al pensamiento jurídico que se enfoca tanto en una parcela del conocimiento, que se torna insatisfactorio para gestionar profesionalmente la realidad en toda su amplitud, complejidad y diversidad.  Es mejor no quedar atrapados allí …  El antídoto consiste en constatar la unidad del derecho y tomar conciencia de que la formación generalista es ineludible como plataforma para el desarrollo exitoso de cualquier especialidad.
(7) Los conceptos jurídicos son “indeterminados” cuando están sujetos a interpretación, dado que sus alcances y límites no fueron establecidos de manera precisa.
(8) “Coihue SRL c/ Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”; CSJN 3162/2004 (40-C) / CS1 Originario, 18/11/2021).
(9) Ver Franco, Horacio; La Corte Suprema encarriló el Principio Precautorio Ambiental;  https://abogados.com.ar/la-corte-suprema-encarrilo-el-principio-precautorio-ambiental/30311 – 22/04/2022.
(10) Ver Sanz, Ignacio y Franco, Horacio; Se afirma la interpretación sensata del Acuerdo de Escazú;  https://abogados.com.ar/se-afirma-la-interpretacion-sensata-del-acuerdo-de-escazu/32434 – 14/04/2023.
(11) Linares Quintana, Segundo V.; Reglas para la Interpretación Constitucional; Plus Ultra; 1988; pág. 84.
(12) Ver Siano, Juan Martín; El Desarrollo Humano como objetivo de la Constitución Nacional y fundamento de la eficacia del Derecho Ambiental; EL DERECHO MMXMVI – 646; 19/05/2022.   
(13) Conf. Mosset Iturraspe, Jorge; Daño Ambiental; Tº I; Ed. Rubinzal Culzoni, 1999; pág. 21.
(14) Esaín, José A.; La Corte y los confines del Derecho Ambiental; LL 9/03/2022 pág. 6 y ss.
(15) Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA), en diciembre de 2024 la pobreza llegó a 57,4% de la población, el mayor valor en 20 años: casi 27 millones de pobres.
(16) Nº 8: Trabajo decente y crecimiento económico; Nº 9: Industria, Innovación e Infraestructura; Nº 10: Reducción de las Desigualdades; Nro 12: Producción Responsable y Consumo Responsable.  También se vinculan con el Desarrollo los ODS Nro 2: Hambre Cero, Nº 3: Salud y Bienestar; Nº 4: Educación de Calidad; Nº 6: Agua Limpia y Saneamiento; y Nº 7: Energía Asequible y No Contaminante.
(17) Lorenzetti, Ricardo; Las normas fundamentales de Derecho Privado; Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995.  Como miembro de la CSJN y como codificador, Lorenzetti contribuyó a frenar las iniciativas más próximas al “ecologismo” que fueron impulsadas por la doctrina “expansiva” (ver Nota al Pie N° 7).
(18) Fallos, 272:107.
(19) A la fecha, sólo en la Unión Europea (UE) y en algunos países (Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá), así como en varios estados de los EEUU (California, Nueva York, Massachusetts, Oregon, Washington), la Agenda de Descarbonización se impone también a través de metas legales obligatorias.
(20) Ver Inglese, José Luis y Franco, Horacio; Net Zero: la versión “hard” de la Sostenibilidad; Gerencia Ambiental; Ed. 295; https://gerencia-ambiental.com/295_abril2023/index.html#page=1 – Nº del 03/2023.
.