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Piden frenar urbanización en la cuenca del río Luján
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Piden el freno de obras en humedales
Fecha de Publicación: 04/06/2016
Fuente: El Civismo de Lujan
Provincia/Región: Buenos Aires
El planteo fue realizado a la jueza Arroyo Salgado, encargada de resolver una medida cautelar presentada por un fiscal en febrero. "Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones", expresaron.
Distintas organizaciones de la cuenca del río Luján realizaron una presentación ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Nº 1 de San Isidro, donde le reclaman que se expida a favor de una medida precautoria que exige el freno de toda obra en zonas de humedales. Tal solicitud fue planteada por el fiscal federal Fernando Domínguez en febrero pasado. Sin embargo, la magistrada todavía no tomó una resolución.
Por ese motivo, representantes de distintas organizaciones se hicieron presentes en la sede del Juzgado. En el texto acercado a Arroyo Salgado se le pide “la paralización precautoria de las obras de los barrios cerrados, clubes privados, construcción de infraestructura relacionada a actividades productivas y de toda obra de similares características sobre los cauces y llanuras de inundación del río Luján y de sus arroyos tributarios así como en el Delta del Paraná”.
Se destaca la adhesión al dictamen del fiscal Domínguez, aunque “sin buscar interceder en la labor de la señora juez”.
“Le informamos que hemos recurrido desde años atrás a los distintos organismos del Estado y en sus tres niveles, buscando evitar que el daño ambiental se concrete sobre bienes del dominio público natural, pero no hemos logrado hasta el momento respuestas positivas. Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones de vastos territorios, la destrucción de vitales reservas de agua dulce, con las consiguientes severas consecuencias socioeconómicas que todo ello implica”, argumentaron las organizaciones.
Recordaron que el fiscal “manifestó que las consecuencias que ya se han producido no son ocasionales, sino que se trata de un fenómeno recurrente y exponencialmente mayor que va creciendo en intensidad en la medida en que se insiste en este tipo de emprendimientos sobre humedales, con el consiguiente descalabro ecológico”.
Por otra parte, plantearon como posibilidad la concreción de “una violación de derechos humanos de incidencia colectiva debido a que la protección del ambiente resulta ser garantía de otros derechos humanos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la vida y a la salud”.
“Estas obras, independientemente de su finalidad, realizan dragados, perforación de napas de agua potable, elevación de terrenos (rellenos), endicamientos (terraplenados perimetrales), perfilado de la costa, cierre de desagües naturales, apertura de cursos de agua, desmonte de bosques y destrucción de humedales, que no sólo han afectado el ambiente en general, sino que han producido graves catástrofes y, en consecuencia, han provocado la pérdida de vidas humanas, puesto en riesgo la vida y la salud de miles de familias de manera reiterada y ocasionado incalculables daños a la propiedad pública y privada”, describieron.
También de acuerdo a la presentación del fiscal Domínguez, las organizaciones plantearon que “todos los expertos manifestaron la necesidad de que se paralicen las obras y se proceda a la recomposición del ecosistema convocando a equipos interdisciplinarios”.
Ante lo expuesto, los firmantes del escrito entregado a la jueza Arroyo Salgado insistieron en la solicitud de inmediata paralización de las obras ya mencionadas, “dado que en la medida que éstas avanzan, no sólo aumentan las causas de las terribles y reiteradas inundaciones, sino que también el daño ambiental generalizado afectará cada vez más a las principales fuentes de agua dulce de millones de argentinos, entre otros daños ambientales”.
Entre las organizaciones que adhirieron a la solicitud aparece la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, Inundaciones Nunca Más (espacio de Luján), las asociaciones SOS Hábitat de Mercedes, Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (Campana), Patrimonio Natural de Pilar, Ambientalista del Partido de Escobar, Ambientalista Los Talares (Maschwitz), el Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz (Escobar), la Fundación Biósfera y el Movimiento en Defensa de la Pacha – Punta Querandí (Tigre y Escobar), entre otros espacios.
También sumaron su apoyo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján y el Laboratorio de Zoología Agrícola de esa casa de altos estudios.
Jorge Svatón, integrantes de Vecinos en Defensa de Cardales y Río Luján, explicó a este medio que al momento de la presentación la jueza no se encontraba en su despacho: “Nos atendió un secretario. Nos dijo que estaban estudiando qué medidas iban a tomar, no fue claro en su respuesta. Le planteamos que no se puede estudiar algo mientras siguen produciéndose daños. Justamente una medida precautoria tiene la intención de frenar lo que se está haciendo para luego estudiar el tema. El problema es que esa acción precautoria el fiscal la pidió en febrero, ya pasaron varios meses y vemos que se sigue construyendo. Lo que hicimos también fue presentar una nota de pedido de audiencia con la jueza. Hubo una evasiva, no tuvimos una respuesta contundente, no nos dejó satisfecho”.
Svatón explicó que si bien algunos municipios decidieron frenar obras en zonas de humedales, los trabajos continúan en muchos otros espacios de la cuenca. Mencionó como ejemplo el caso de Escobar, donde el nuevo intendente ordenó frenar cambios en los márgenes del río, aunque el desarrollo de un parque industrial sigue su marcha.
En cuanto a las obras que comenzó a anunciar el gobierno provincial, como respuestas a las repeticiones de inundaciones, Svatón indicó que “la situación es grave porque están queriendo avanzar sin contemplar las etapas que una licitación requiere”.
“Hay algunas obras que están reñidas con nuestra concepción de no destruir más el río. Y no se toman las medidas que son prioritarias, por ejemplo detener estos rellenos. Se va a gastar dinero en obras pero por otro lado se está permitiendo seguir rellenando, algo que es una de las causas principales en el agravamiento de las inundaciones”, explicó.
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Fecha de Publicación: 04/06/2016
Fuente: El Civismo de Lujan
Provincia/Región: Buenos Aires
El planteo fue realizado a la jueza Arroyo Salgado, encargada de resolver una medida cautelar presentada por un fiscal en febrero. "Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones", expresaron.
Distintas organizaciones de la cuenca del río Luján realizaron una presentación ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Nº 1 de San Isidro, donde le reclaman que se expida a favor de una medida precautoria que exige el freno de toda obra en zonas de humedales. Tal solicitud fue planteada por el fiscal federal Fernando Domínguez en febrero pasado. Sin embargo, la magistrada todavía no tomó una resolución.
Por ese motivo, representantes de distintas organizaciones se hicieron presentes en la sede del Juzgado. En el texto acercado a Arroyo Salgado se le pide “la paralización precautoria de las obras de los barrios cerrados, clubes privados, construcción de infraestructura relacionada a actividades productivas y de toda obra de similares características sobre los cauces y llanuras de inundación del río Luján y de sus arroyos tributarios así como en el Delta del Paraná”.
Se destaca la adhesión al dictamen del fiscal Domínguez, aunque “sin buscar interceder en la labor de la señora juez”.
“Le informamos que hemos recurrido desde años atrás a los distintos organismos del Estado y en sus tres niveles, buscando evitar que el daño ambiental se concrete sobre bienes del dominio público natural, pero no hemos logrado hasta el momento respuestas positivas. Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones de vastos territorios, la destrucción de vitales reservas de agua dulce, con las consiguientes severas consecuencias socioeconómicas que todo ello implica”, argumentaron las organizaciones.
Recordaron que el fiscal “manifestó que las consecuencias que ya se han producido no son ocasionales, sino que se trata de un fenómeno recurrente y exponencialmente mayor que va creciendo en intensidad en la medida en que se insiste en este tipo de emprendimientos sobre humedales, con el consiguiente descalabro ecológico”.
Por otra parte, plantearon como posibilidad la concreción de “una violación de derechos humanos de incidencia colectiva debido a que la protección del ambiente resulta ser garantía de otros derechos humanos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la vida y a la salud”.
“Estas obras, independientemente de su finalidad, realizan dragados, perforación de napas de agua potable, elevación de terrenos (rellenos), endicamientos (terraplenados perimetrales), perfilado de la costa, cierre de desagües naturales, apertura de cursos de agua, desmonte de bosques y destrucción de humedales, que no sólo han afectado el ambiente en general, sino que han producido graves catástrofes y, en consecuencia, han provocado la pérdida de vidas humanas, puesto en riesgo la vida y la salud de miles de familias de manera reiterada y ocasionado incalculables daños a la propiedad pública y privada”, describieron.
También de acuerdo a la presentación del fiscal Domínguez, las organizaciones plantearon que “todos los expertos manifestaron la necesidad de que se paralicen las obras y se proceda a la recomposición del ecosistema convocando a equipos interdisciplinarios”.
Ante lo expuesto, los firmantes del escrito entregado a la jueza Arroyo Salgado insistieron en la solicitud de inmediata paralización de las obras ya mencionadas, “dado que en la medida que éstas avanzan, no sólo aumentan las causas de las terribles y reiteradas inundaciones, sino que también el daño ambiental generalizado afectará cada vez más a las principales fuentes de agua dulce de millones de argentinos, entre otros daños ambientales”.
Entre las organizaciones que adhirieron a la solicitud aparece la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, Inundaciones Nunca Más (espacio de Luján), las asociaciones SOS Hábitat de Mercedes, Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (Campana), Patrimonio Natural de Pilar, Ambientalista del Partido de Escobar, Ambientalista Los Talares (Maschwitz), el Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz (Escobar), la Fundación Biósfera y el Movimiento en Defensa de la Pacha – Punta Querandí (Tigre y Escobar), entre otros espacios.
También sumaron su apoyo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján y el Laboratorio de Zoología Agrícola de esa casa de altos estudios.
Jorge Svatón, integrantes de Vecinos en Defensa de Cardales y Río Luján, explicó a este medio que al momento de la presentación la jueza no se encontraba en su despacho: “Nos atendió un secretario. Nos dijo que estaban estudiando qué medidas iban a tomar, no fue claro en su respuesta. Le planteamos que no se puede estudiar algo mientras siguen produciéndose daños. Justamente una medida precautoria tiene la intención de frenar lo que se está haciendo para luego estudiar el tema. El problema es que esa acción precautoria el fiscal la pidió en febrero, ya pasaron varios meses y vemos que se sigue construyendo. Lo que hicimos también fue presentar una nota de pedido de audiencia con la jueza. Hubo una evasiva, no tuvimos una respuesta contundente, no nos dejó satisfecho”.
Svatón explicó que si bien algunos municipios decidieron frenar obras en zonas de humedales, los trabajos continúan en muchos otros espacios de la cuenca. Mencionó como ejemplo el caso de Escobar, donde el nuevo intendente ordenó frenar cambios en los márgenes del río, aunque el desarrollo de un parque industrial sigue su marcha.
En cuanto a las obras que comenzó a anunciar el gobierno provincial, como respuestas a las repeticiones de inundaciones, Svatón indicó que “la situación es grave porque están queriendo avanzar sin contemplar las etapas que una licitación requiere”.
“Hay algunas obras que están reñidas con nuestra concepción de no destruir más el río. Y no se toman las medidas que son prioritarias, por ejemplo detener estos rellenos. Se va a gastar dinero en obras pero por otro lado se está permitiendo seguir rellenando, algo que es una de las causas principales en el agravamiento de las inundaciones”, explicó.
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Sociedad pide por el tratamiento de la Ley de Humedales
Ambientalistas reclaman que el tratamiento de la ley que protege a los humedales
Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y cátedras universitarias ambientalistas reclamaron el "urgente tratamiento" del proyecto de Ley de Humedales y aseguraron que la falta de protección para esta áreas "impacta en la pérdida de calidad de vida para toda la población".
"Consideramos de vital importancia que el proyecto pueda ser sancionado dado que el vacío legal existente permite que estos ecosistemas vitales e irremplazables, para la población y la salud, se encuentren en vías de desaparición y degradación progresiva", señalaron las entidades a través de un documento conjunto.
Entre los firmantes del reclamo figuran la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA), el Taller Libre de Proyecto Social (UBA) y la Organización Vecinal Salvemos el Río Gualeguaychú.
El proyecto de Ley de Humedales es una iniciativa de presupuestos mínimos cuyo fin es establecer una regulación que proteja esos espacios a nivel nacional, facultando a cada provincia a legislar una protección mayor conforme sus necesidades.
La Cámara de Senadores había aprobado en 2014 un proyecto de ley que no fue tratado en Diputados, por lo que terminó perdiendo estado parlamentario en diciembre de 2015.
Dos meses después -y en una de sus primeras acciones de gobierno-, el presidente Mauricio Macri ratificó en febrero el apoyo del gobierno nacional a una Ley de protección de los Humedales, aunque nunca envió un proyecto formal al Congreso, explicó a Télam el diputado oficialista y dirigente ambientalista Juan Carlos Villalonga, quien mencionó como causa de ello a la "falta de acuerdo" entre algunos ministerios.
Ante la ausencia de un proyecto del Ejecutivo, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente del Senado aprobó en marzo pasado un pre dictamen a partir de la fusión de dos proyectos elaborados por las senadoras Teresa Luna (FpV, La Rioja) y María Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro), que hasta el momento no logró pasar al recinto para su debate y aprobación.
El pre dictamen contempla la definición establecida por la Convención Ramsar en 1971, que quedó incorporada a la legislación argentina mediante la ley N°23.919.
La Convención entiende a los humedales como "extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
La iniciativa "exige el uso racional y sustentable de los humedales a sabiendas de las necesidades de desarrollo económico imperante".
Al respecto, las organizaciones ambientalistas denunciaron que en la actualidad diversas "aéreas del litoral argentino se encuentran devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por actividades productivas intensivas e invasivas".
Aseguraron que "igual estado de situación aplica para el área que comprende el cauce del Ro Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas del Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de monocultivos, deforestación y construcción de diques".
"Es importante destacar que su protección no se refiere a meros intereses conservacionistas sino que responde a las importantísimas e irremplazables funciones ecosistémicas que los humedales proporcionan para la vida humana, convirtiéndolos es esenciales para la vida misma", afirmaron.
"Mitigar inundaciones y sequías, reservar agua dulce para consumo humano y animal, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, nunca deviene en pérdida y sólo involucra innumerables y valiosos beneficios ambientales, sociales y económicos", dijeron.
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Fecha de Publicación: 02/06/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y cátedras universitarias ambientalistas reclamaron el "urgente tratamiento" del proyecto de Ley de Humedales y aseguraron que la falta de protección para esta áreas "impacta en la pérdida de calidad de vida para toda la población".
"Consideramos de vital importancia que el proyecto pueda ser sancionado dado que el vacío legal existente permite que estos ecosistemas vitales e irremplazables, para la población y la salud, se encuentren en vías de desaparición y degradación progresiva", señalaron las entidades a través de un documento conjunto.
Entre los firmantes del reclamo figuran la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA), el Taller Libre de Proyecto Social (UBA) y la Organización Vecinal Salvemos el Río Gualeguaychú.
El proyecto de Ley de Humedales es una iniciativa de presupuestos mínimos cuyo fin es establecer una regulación que proteja esos espacios a nivel nacional, facultando a cada provincia a legislar una protección mayor conforme sus necesidades.
La Cámara de Senadores había aprobado en 2014 un proyecto de ley que no fue tratado en Diputados, por lo que terminó perdiendo estado parlamentario en diciembre de 2015.
Dos meses después -y en una de sus primeras acciones de gobierno-, el presidente Mauricio Macri ratificó en febrero el apoyo del gobierno nacional a una Ley de protección de los Humedales, aunque nunca envió un proyecto formal al Congreso, explicó a Télam el diputado oficialista y dirigente ambientalista Juan Carlos Villalonga, quien mencionó como causa de ello a la "falta de acuerdo" entre algunos ministerios.
Ante la ausencia de un proyecto del Ejecutivo, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente del Senado aprobó en marzo pasado un pre dictamen a partir de la fusión de dos proyectos elaborados por las senadoras Teresa Luna (FpV, La Rioja) y María Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro), que hasta el momento no logró pasar al recinto para su debate y aprobación.
El pre dictamen contempla la definición establecida por la Convención Ramsar en 1971, que quedó incorporada a la legislación argentina mediante la ley N°23.919.
La Convención entiende a los humedales como "extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
La iniciativa "exige el uso racional y sustentable de los humedales a sabiendas de las necesidades de desarrollo económico imperante".
Al respecto, las organizaciones ambientalistas denunciaron que en la actualidad diversas "aéreas del litoral argentino se encuentran devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por actividades productivas intensivas e invasivas".
Aseguraron que "igual estado de situación aplica para el área que comprende el cauce del Ro Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas del Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de monocultivos, deforestación y construcción de diques".
"Es importante destacar que su protección no se refiere a meros intereses conservacionistas sino que responde a las importantísimas e irremplazables funciones ecosistémicas que los humedales proporcionan para la vida humana, convirtiéndolos es esenciales para la vida misma", afirmaron.
"Mitigar inundaciones y sequías, reservar agua dulce para consumo humano y animal, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, nunca deviene en pérdida y sólo involucra innumerables y valiosos beneficios ambientales, sociales y económicos", dijeron.
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Duro análisis de Greenpeace sobre Macri en 100 días
Para Greenpeace, hasta ahora "el gobierno no dictó ninguna medida a favor del ambiente"
Fecha de Publicación: 21/03/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
La organización ecologista cuestionó que en los primeros meses de gestión, el presidente redujo retenciones a la soja y a la minería, y que estas medidas "son perjudiciales para bosques y glaciares".
Al cien días del inicio de la gestión del gobierno nacional, Greenpeace advirtió que el gobierno nacional "no dictó ninguna medida a favor del ambiente" y que la reducción de las retenciones a las exportaciones de soja y minerales "pone en riesgo a los bosques nativos y los glaciares".
“Lamentablemente, el gobierno ha desperdiciado la oportunidad de posicionar la política ambiental como un tema de Estado. No hay avances significativos en la aplicación de las leyes de Bosques y de Glaciares. A esto se suma que la baja de las retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las correspondientes a la minería, estimulan indirectamente los desmontes en el norte del país y la desprotección de los glaciares en la cordillera, respectivamente", señala en un comunicado la organización. Sostiene además que "estas decisiones del gobierno, combinadas con la devaluación de casi el 60 por ciento de la moneda, significan una mejora notable en la rentabilidad de dos actividades destructoras del ambiente".
"Se está estimulando a los productores sojeros a aumentar la presión sobre los bosques nativos para aumentar la superficie cultivable y a las empresas mineras a continuar su actividad extractiva a costa de nuestros glaciares”, advirtió Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina.
En enero de este año, Greenpeace se reunió con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y le entregó el petitorio “10 medidas para 100 días de gobierno”. El documento reclama el fortalecimiento de la Ley de Bosques, cumplimentar la Ley de Glaciares, promover la Ley de Humedales, un sistema de información ambiental, actuar sobre el impacto de los agroquímicos, políticas para la promoción de las energías renovables, promover la Ley de Basura Electrónica, cancelar la Central Térmica a Carbón de Río Turbio y las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz; y un fuerte impulso al saneamiento del Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 21/03/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
La organización ecologista cuestionó que en los primeros meses de gestión, el presidente redujo retenciones a la soja y a la minería, y que estas medidas "son perjudiciales para bosques y glaciares".
Al cien días del inicio de la gestión del gobierno nacional, Greenpeace advirtió que el gobierno nacional "no dictó ninguna medida a favor del ambiente" y que la reducción de las retenciones a las exportaciones de soja y minerales "pone en riesgo a los bosques nativos y los glaciares".
“Lamentablemente, el gobierno ha desperdiciado la oportunidad de posicionar la política ambiental como un tema de Estado. No hay avances significativos en la aplicación de las leyes de Bosques y de Glaciares. A esto se suma que la baja de las retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las correspondientes a la minería, estimulan indirectamente los desmontes en el norte del país y la desprotección de los glaciares en la cordillera, respectivamente", señala en un comunicado la organización. Sostiene además que "estas decisiones del gobierno, combinadas con la devaluación de casi el 60 por ciento de la moneda, significan una mejora notable en la rentabilidad de dos actividades destructoras del ambiente".
"Se está estimulando a los productores sojeros a aumentar la presión sobre los bosques nativos para aumentar la superficie cultivable y a las empresas mineras a continuar su actividad extractiva a costa de nuestros glaciares”, advirtió Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina.
En enero de este año, Greenpeace se reunió con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y le entregó el petitorio “10 medidas para 100 días de gobierno”. El documento reclama el fortalecimiento de la Ley de Bosques, cumplimentar la Ley de Glaciares, promover la Ley de Humedales, un sistema de información ambiental, actuar sobre el impacto de los agroquímicos, políticas para la promoción de las energías renovables, promover la Ley de Basura Electrónica, cancelar la Central Térmica a Carbón de Río Turbio y las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz; y un fuerte impulso al saneamiento del Riachuelo.
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Cuenca del Río Luján: convocan a los countries
Pilar: convocan a los countries para definir obras contra las inundaciones
Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La situación dramática que suelen vivir los vecinos de la cuenca del Río Luján fue uno de los temas más discutidos en época de elecciones. Fue el momento en el que se difundieron estudios sobre la acción negativa de los countries que canalizan los cursos de agua e impiden el normal escurrimiento del agua de lluvia hacia el río. En Pilar, la Comuna ya convocó por primera vez a los barrios cerrados del Distrito a discutir obras para paliar inundaciones.
“Con los diálogos hídricos estamos poniendo sobre la mesa responsabilidades compartidas, con soluciones científicas y técnicas, donde antes hubo inacción”, señala el jefe comunal, Nicolás Ducoté.
Pilará será el primer barrio cerrado que a partir de este lunes mantendrá reuniones con parte del equipo técnico del Municipio para trabajar en conjunto en la reducción del impacto de las inundaciones. Fue elegido para comenzar a experimentar estos trabajos por ser uno de los más afectados junto a Pinazo, Manantial, Los Grillos, San Jorge y Manzanares, Carabassa y Río Luján, entre otros.
“Todos podemos ser parte de este esfuerzo, que va a ayudar a reducir conflictos y mejorar la calidad de vida de mucha gente”, dice Javier Corcuera, secretario de Medio Ambiente de Pilar. Y agrega: “A Pilará lo hemos convocado por su ubicación geográfica. Al no estar en contacto en forma directa con el río Lujan, el equipo de hidrólogos e ingenieros hidráulicos que nos acompaña puede identificar con mayor facilidad algunas acciones a probar”.
Un estudio de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA determinó en 2015 que un 70% de los countries y nuevas urbanizaciones están establecidos sobre valles fluviales o cerca de ellos que son zonas inundables donde se canalizaron y limitaron los arroyos y cursos de agua, creando un paisaje foráneo que no tiene nada que ver con el original.
Desde el Municipio de Pilar, explican que al ser grandes extensiones, los countries en muchas oportunidades ocupan la planicie de inundación natural del Río Lujan. “Aproximadamente un 60% de los barrios cerrados que hay en Pilar elevaron artificialmente su nivel, o se rodean de elevaciones. Eso ha generado en más de un caso fuertes cambios locales en el nivel de agua sobre barrios vulnerables vecinos. Nuestra convocatoria apunta a compartir esfuerzos”, detalla Corcuera.
Cada caso se atenderá de forma particular, según las demandas que cada lugar posea. “Estamos haciendo un relevamiento para ver cómo es la situación particular de cada barrio. La gente no puede vivir así, buscamos una solución habitacional, Desarrollo Social evalúa una posible reubicación de las familias que viven en zonas inundables”, explica Analía Leguizamón, titular del sector de Servicios Públicos, quien además asegura que “en los últimos años la evolución de la infraestructura local ha sido incorrecta por poblar zonas que no son apropiadas, como los humedales” y hace referencia a las crecidas de 2015, donde “se registraron 1.200 evacuados en todo Pilar”.
En algunos sectores se pondrá énfasis en el mantenimiento adecuado de los cauces y la regulación de los caudales a través de la ampliación o implementación de reservorios, que son enormes piletas donde se almacena el agua de lluvia, se discutirán cambios funcionales, operativos y de manejo de compuertas, entre otras cuestiones.
Las soluciones irán desde la forestación a la ingeniería clásica. Un barrio cerrado como Pilará, que no ha polderizado, por ejemplo, es a veces afectado por las inundaciones junto a sus barrios abiertos vecinos. Para este country, se experimentarán algunas técnicas para que mitigar inundaciones dentro y fuera del predio. “Aceptamos la invitación a estos diálogos ya que somos conscientes de los impactos crecientes de los cambios climáticos”, sostiene Adolfo Díaz Alberdi, CEO de Pilará.
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Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La situación dramática que suelen vivir los vecinos de la cuenca del Río Luján fue uno de los temas más discutidos en época de elecciones. Fue el momento en el que se difundieron estudios sobre la acción negativa de los countries que canalizan los cursos de agua e impiden el normal escurrimiento del agua de lluvia hacia el río. En Pilar, la Comuna ya convocó por primera vez a los barrios cerrados del Distrito a discutir obras para paliar inundaciones.
“Con los diálogos hídricos estamos poniendo sobre la mesa responsabilidades compartidas, con soluciones científicas y técnicas, donde antes hubo inacción”, señala el jefe comunal, Nicolás Ducoté.
Pilará será el primer barrio cerrado que a partir de este lunes mantendrá reuniones con parte del equipo técnico del Municipio para trabajar en conjunto en la reducción del impacto de las inundaciones. Fue elegido para comenzar a experimentar estos trabajos por ser uno de los más afectados junto a Pinazo, Manantial, Los Grillos, San Jorge y Manzanares, Carabassa y Río Luján, entre otros.
“Todos podemos ser parte de este esfuerzo, que va a ayudar a reducir conflictos y mejorar la calidad de vida de mucha gente”, dice Javier Corcuera, secretario de Medio Ambiente de Pilar. Y agrega: “A Pilará lo hemos convocado por su ubicación geográfica. Al no estar en contacto en forma directa con el río Lujan, el equipo de hidrólogos e ingenieros hidráulicos que nos acompaña puede identificar con mayor facilidad algunas acciones a probar”.
Un estudio de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA determinó en 2015 que un 70% de los countries y nuevas urbanizaciones están establecidos sobre valles fluviales o cerca de ellos que son zonas inundables donde se canalizaron y limitaron los arroyos y cursos de agua, creando un paisaje foráneo que no tiene nada que ver con el original.
Desde el Municipio de Pilar, explican que al ser grandes extensiones, los countries en muchas oportunidades ocupan la planicie de inundación natural del Río Lujan. “Aproximadamente un 60% de los barrios cerrados que hay en Pilar elevaron artificialmente su nivel, o se rodean de elevaciones. Eso ha generado en más de un caso fuertes cambios locales en el nivel de agua sobre barrios vulnerables vecinos. Nuestra convocatoria apunta a compartir esfuerzos”, detalla Corcuera.
Cada caso se atenderá de forma particular, según las demandas que cada lugar posea. “Estamos haciendo un relevamiento para ver cómo es la situación particular de cada barrio. La gente no puede vivir así, buscamos una solución habitacional, Desarrollo Social evalúa una posible reubicación de las familias que viven en zonas inundables”, explica Analía Leguizamón, titular del sector de Servicios Públicos, quien además asegura que “en los últimos años la evolución de la infraestructura local ha sido incorrecta por poblar zonas que no son apropiadas, como los humedales” y hace referencia a las crecidas de 2015, donde “se registraron 1.200 evacuados en todo Pilar”.
En algunos sectores se pondrá énfasis en el mantenimiento adecuado de los cauces y la regulación de los caudales a través de la ampliación o implementación de reservorios, que son enormes piletas donde se almacena el agua de lluvia, se discutirán cambios funcionales, operativos y de manejo de compuertas, entre otras cuestiones.
Las soluciones irán desde la forestación a la ingeniería clásica. Un barrio cerrado como Pilará, que no ha polderizado, por ejemplo, es a veces afectado por las inundaciones junto a sus barrios abiertos vecinos. Para este country, se experimentarán algunas técnicas para que mitigar inundaciones dentro y fuera del predio. “Aceptamos la invitación a estos diálogos ya que somos conscientes de los impactos crecientes de los cambios climáticos”, sostiene Adolfo Díaz Alberdi, CEO de Pilará.
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Countries: piden frenar obras por las inundaciones
Un fiscal pide que frenen obras de countries para evitar inundaciones
Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Reclamó una medida cautelar para paralizar las obras que se realizan en el Delta y el Río Luján
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, disponga una medida cautelar para paralizar todas las obras que estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná. Argumenta que la proliferación de construcciones en esas zonas provoca inundaciones.
Según informó el sitio Fiscales.gob.ar la causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los peligros de esas obras para el medio ambiente. El expediente se fue ampliando a raíz de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron varias muertes, miles de evacuados, cortes de rutas y caminos y grandes pérdidas materiales. Domínguez recurrió a ambientalistas expertos para precisar que estos daños fueron consecuencia de las construcciones en las zonas anegadas. “La relación entre la afectación del medio ambiente –las inundaciones provocadas por la construcción de urbanizaciones cerradas en humedales- y la afectación de derecho a la salud de pobladores que habitan la cuenca del Río Luján y el delta del Paraná, resulta evidente”, aseguró Domínguez.
La causa comenzó en 2012 por una presentación del abogado Enrique Fereccio Altube en relación con el daño ambiental producido por el emprendimiento inmobiliario Colony Park en el Delta del Tigre. Tras cuatro años de investigación el fiscal Domínguez solicita ahora a Arroyo salgado la paralización inmediata de “toda obra que se lleve a cabo en los barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.
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Fecha de Publicación: 02/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Reclamó una medida cautelar para paralizar las obras que se realizan en el Delta y el Río Luján
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, disponga una medida cautelar para paralizar todas las obras que estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná. Argumenta que la proliferación de construcciones en esas zonas provoca inundaciones.
Según informó el sitio Fiscales.gob.ar la causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los peligros de esas obras para el medio ambiente. El expediente se fue ampliando a raíz de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron varias muertes, miles de evacuados, cortes de rutas y caminos y grandes pérdidas materiales. Domínguez recurrió a ambientalistas expertos para precisar que estos daños fueron consecuencia de las construcciones en las zonas anegadas. “La relación entre la afectación del medio ambiente –las inundaciones provocadas por la construcción de urbanizaciones cerradas en humedales- y la afectación de derecho a la salud de pobladores que habitan la cuenca del Río Luján y el delta del Paraná, resulta evidente”, aseguró Domínguez.
La causa comenzó en 2012 por una presentación del abogado Enrique Fereccio Altube en relación con el daño ambiental producido por el emprendimiento inmobiliario Colony Park en el Delta del Tigre. Tras cuatro años de investigación el fiscal Domínguez solicita ahora a Arroyo salgado la paralización inmediata de “toda obra que se lleve a cabo en los barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.
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Organismo interprovincial para preservar el Delta
Conformarán una cámara interprovincial para la preservación de humedales en la zona del Delta
Fecha de Publicación: 21/02/2016
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Litoral Argentino
A fines de enero, un área de 240 mil hectáreas del delta de Paraná fueron declaradas “Sitio Ramsar”, logrando así la protección internacional. En ese marco, la secretaria de Ambiente Provincial Belén Esteves junto al ministro de Ambiente de Santa Fe Jacinto Speranza, se reunieron para conformar una comisión interprovincial que defina acciones en el marco de la preservación de los humedales, según conoció DIARIOJUNIO.
Este jueves, luego de la declaración del Sitio Ramsar “Delta del Paraná”, en 238.000 has, de las islas de Diamante y Coronda, se dio comienzo a las actividades de gestión, con un acto en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná.
La Secretaria de Ambiente Provincial Belén Esteves, mencionó la trascendencia del tema “y felicitó a los equipos técnicos y científicos que lograron este importante reconocimiento internacional y lanzó la convocatoria para avanzar en la comisión interprovincial para la protección y el uso sustentable del humedal “.
Estuvo presente también su par, el ministro santafesino de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, y el ministro de Turismo entrerriano, Adrián Fuertes.
Esteves junto con el funcionario de Santa Fe reconocieron la importancia de la resolución de la Convención Internacional por los Humedales, que otorgan protección al área que rodea los Parques Nacionales Pre-Delta e Islas de Santa Fe, y se comprometieron a aportar sus equipos técnicos y recursos por el cumplimiento de los objetivos trazados.
Una Comisión Técnica Asesora biprovincial, se encargará de la producción de un Plan de Manejo para el área, y de canalizar todas las inquietudes de productores, científicos e interesados en la conservación de esta importante área, a partir de ahora con relevancia internacional.
Detalles de la jornada
Las 240 mil hectáreas de humedales del Delta del Paraná fueron declaradas en enero, de “protección internacional por la Convención de Ramsar”. Es el primer sitio interjurisdiccional, que será administrado por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y la Administración de Parques Nacionales
En este sentido este jueves, se reunieron la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, Belén Estévez y el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza, junto a otras autoridades y anunciaron la conformación de una comisión interprovincial para trabajar en conjunto.
“La designación del sitio Ramsar fue oficializada a fines de enero, con este reconocimiento internacional que son cerca de 140 mil hectáreas, lo que es una parte del delta de Paraná y que además tiene la característica de que es interjuridiccional porque lo compartimos con otra provincia, que es Santa Fe y que se suma como segundo sitio Ramsar que tiene la provincia, el primero es el yatay”, dijo Esteves.
“Por un lado vamos a generar actividades que tengan que ver con la concientización para la conservación de este sitio. Nosotros como gobierno provincial nos interesa especialmente preservar estos sistemas de humedales que son tan frágiles”, aseguró.
“Hoy hicimos el lanzamiento, esta convocatoria para la conformación de una comisión biprovincial, que establezca un plan de manejo en este lugar. Va a estar conformada por el gobierno de Santa Fe, el gobierno provincial, los gobiernos locales, el de Diamante, de Coronda. Está previsto que participen los mismos técnicos que participaron en todo este proceso para la designación, el Conicet y las universidades y nos interesa especialmente las organizaciones de la sociedad civil, porque son ellos quienes están en el lugar y nadie mejor que ellos sabe cómo avanzar en un plan de gestión para un uso adecuado de este lugar”, agregó la funcionaria entrerriana.
Por su parte, el ministro de turismo, Adrián Fuertes, dijo que su rol en la comisión es de “colaboración en el equipo técnico que se va a armar entre los dos gobiernos provinciales”. “Creemos que el turismo es un socio estratégico del medio ambiente, el turismo sustentable lleva adelante procesos de transformación, nosotros a través de nuestro ministerio ya estamos trabajando en el marco de la región centro desde hace un tiempo atrás, independiente de esta declaración Ramsar tan buena”, contó.
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Fecha de Publicación: 21/02/2016
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Litoral Argentino
A fines de enero, un área de 240 mil hectáreas del delta de Paraná fueron declaradas “Sitio Ramsar”, logrando así la protección internacional. En ese marco, la secretaria de Ambiente Provincial Belén Esteves junto al ministro de Ambiente de Santa Fe Jacinto Speranza, se reunieron para conformar una comisión interprovincial que defina acciones en el marco de la preservación de los humedales, según conoció DIARIOJUNIO.
Este jueves, luego de la declaración del Sitio Ramsar “Delta del Paraná”, en 238.000 has, de las islas de Diamante y Coronda, se dio comienzo a las actividades de gestión, con un acto en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná.
La Secretaria de Ambiente Provincial Belén Esteves, mencionó la trascendencia del tema “y felicitó a los equipos técnicos y científicos que lograron este importante reconocimiento internacional y lanzó la convocatoria para avanzar en la comisión interprovincial para la protección y el uso sustentable del humedal “.
Estuvo presente también su par, el ministro santafesino de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, y el ministro de Turismo entrerriano, Adrián Fuertes.
Esteves junto con el funcionario de Santa Fe reconocieron la importancia de la resolución de la Convención Internacional por los Humedales, que otorgan protección al área que rodea los Parques Nacionales Pre-Delta e Islas de Santa Fe, y se comprometieron a aportar sus equipos técnicos y recursos por el cumplimiento de los objetivos trazados.
Una Comisión Técnica Asesora biprovincial, se encargará de la producción de un Plan de Manejo para el área, y de canalizar todas las inquietudes de productores, científicos e interesados en la conservación de esta importante área, a partir de ahora con relevancia internacional.
Detalles de la jornada
Las 240 mil hectáreas de humedales del Delta del Paraná fueron declaradas en enero, de “protección internacional por la Convención de Ramsar”. Es el primer sitio interjurisdiccional, que será administrado por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y la Administración de Parques Nacionales
En este sentido este jueves, se reunieron la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, Belén Estévez y el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza, junto a otras autoridades y anunciaron la conformación de una comisión interprovincial para trabajar en conjunto.
“La designación del sitio Ramsar fue oficializada a fines de enero, con este reconocimiento internacional que son cerca de 140 mil hectáreas, lo que es una parte del delta de Paraná y que además tiene la característica de que es interjuridiccional porque lo compartimos con otra provincia, que es Santa Fe y que se suma como segundo sitio Ramsar que tiene la provincia, el primero es el yatay”, dijo Esteves.
“Por un lado vamos a generar actividades que tengan que ver con la concientización para la conservación de este sitio. Nosotros como gobierno provincial nos interesa especialmente preservar estos sistemas de humedales que son tan frágiles”, aseguró.
“Hoy hicimos el lanzamiento, esta convocatoria para la conformación de una comisión biprovincial, que establezca un plan de manejo en este lugar. Va a estar conformada por el gobierno de Santa Fe, el gobierno provincial, los gobiernos locales, el de Diamante, de Coronda. Está previsto que participen los mismos técnicos que participaron en todo este proceso para la designación, el Conicet y las universidades y nos interesa especialmente las organizaciones de la sociedad civil, porque son ellos quienes están en el lugar y nadie mejor que ellos sabe cómo avanzar en un plan de gestión para un uso adecuado de este lugar”, agregó la funcionaria entrerriana.
Por su parte, el ministro de turismo, Adrián Fuertes, dijo que su rol en la comisión es de “colaboración en el equipo técnico que se va a armar entre los dos gobiernos provinciales”. “Creemos que el turismo es un socio estratégico del medio ambiente, el turismo sustentable lleva adelante procesos de transformación, nosotros a través de nuestro ministerio ya estamos trabajando en el marco de la región centro desde hace un tiempo atrás, independiente de esta declaración Ramsar tan buena”, contó.
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Ley de humedales modificada no cumpliría con su espíritu
Ley de humedales: Las modificaciones del diputado Basterra atentan contra el espíritu de la norma
Fecha de Publicación: 02/11/2015
Fuente: EcoUrbano
Provincia/Región: Nacional
Necesitamos una ley de humedales ¿Por qué? Porque, entre sus principales funciones, estos ecosistemas actúan como esponjas que controlan las inundaciones, conservan agua de calidad y hace cientos de años que son hogar, farmacia y almacén de muchos pueblos originarios.
Este proyecto de ley existe y tiene media sanción de la Cámara de Senadores, pero hace más de un año que duerme en Diputados.
El pasado 23 de septiembre, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el formoseño Luis Basterra (FPV) planteó que, de aprobarse el texto original, se vería afectado el desarrollo económico de las provincias. Como solución propone modificar el proyecto de Ley de Humedales para que cada provincia decida su propia definición de humedales. Esto contradice completamente el concepto de ley nacional de presupuestos mínimos establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que supone un piso mínimo de protección común para todo el país. Es decir, que una provincia puede ser más inclusiva con las medidas de protección establecidas por una norma nacional, pero nunca menos.
En su propuesta se refleja la política de atropello a los pueblos originarios que el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, al cual representa Basterra, ha profundizado desde 1995. Un ejemplo es lo que ocurre en el Bañado de la Estrella, donde habitantes del pueblo originario Pilagá llevan 18 años de conflicto por la construcción de terraplenes en ese humedal, uno de los más grandes de América del Sur. Allí viven más de 20 comunidades originarias que sufrieron inundaciones y pérdidas de sus recursos alimentarios, producto de las obras autorizadas e impulsadas por el gobierno provincial, que las llevó a cabo sin el consentimiento de la población y en un claro atropello a su cultura. Puesto que el diputado Basterra dejó en claro que su desvelo son las consecuencias económicas, sería pertinente que explique cuál es el concepto de desarrollo que cree conveniente para los habitantes de su región.
Por lo visto, su propuesta es el continuo avance de la industria agropecuaria, intensiva en productos químicos, sin consideración por la calidad de vida de quienes viven en esos territorios (se puede encontrar más información sobre el conflicto del Bañado de la Estrella en este informe de Amnistía Internacional).
El 20% del territorio argentino está compuesto por humedales: hay bañados, turberas, mallines, de montaña, de agua dulce y salobre. Todos cumplen una función social y ambiental fundamental, como lo es la conservación de la calidad del agua.
En síntesis, es necesario que los diputados piensen en un desarrollo económico inclusivo e inteligente. Las políticas públicas deben dar solución a las crisis climática, económica y alimentaria que enfrentamos, no profundizarlas.
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Fecha de Publicación: 02/11/2015
Fuente: EcoUrbano
Provincia/Región: Nacional
Necesitamos una ley de humedales ¿Por qué? Porque, entre sus principales funciones, estos ecosistemas actúan como esponjas que controlan las inundaciones, conservan agua de calidad y hace cientos de años que son hogar, farmacia y almacén de muchos pueblos originarios.
Este proyecto de ley existe y tiene media sanción de la Cámara de Senadores, pero hace más de un año que duerme en Diputados.
El pasado 23 de septiembre, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el formoseño Luis Basterra (FPV) planteó que, de aprobarse el texto original, se vería afectado el desarrollo económico de las provincias. Como solución propone modificar el proyecto de Ley de Humedales para que cada provincia decida su propia definición de humedales. Esto contradice completamente el concepto de ley nacional de presupuestos mínimos establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que supone un piso mínimo de protección común para todo el país. Es decir, que una provincia puede ser más inclusiva con las medidas de protección establecidas por una norma nacional, pero nunca menos.
En su propuesta se refleja la política de atropello a los pueblos originarios que el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, al cual representa Basterra, ha profundizado desde 1995. Un ejemplo es lo que ocurre en el Bañado de la Estrella, donde habitantes del pueblo originario Pilagá llevan 18 años de conflicto por la construcción de terraplenes en ese humedal, uno de los más grandes de América del Sur. Allí viven más de 20 comunidades originarias que sufrieron inundaciones y pérdidas de sus recursos alimentarios, producto de las obras autorizadas e impulsadas por el gobierno provincial, que las llevó a cabo sin el consentimiento de la población y en un claro atropello a su cultura. Puesto que el diputado Basterra dejó en claro que su desvelo son las consecuencias económicas, sería pertinente que explique cuál es el concepto de desarrollo que cree conveniente para los habitantes de su región.
Por lo visto, su propuesta es el continuo avance de la industria agropecuaria, intensiva en productos químicos, sin consideración por la calidad de vida de quienes viven en esos territorios (se puede encontrar más información sobre el conflicto del Bañado de la Estrella en este informe de Amnistía Internacional).
El 20% del territorio argentino está compuesto por humedales: hay bañados, turberas, mallines, de montaña, de agua dulce y salobre. Todos cumplen una función social y ambiental fundamental, como lo es la conservación de la calidad del agua.
En síntesis, es necesario que los diputados piensen en un desarrollo económico inclusivo e inteligente. Las políticas públicas deben dar solución a las crisis climática, económica y alimentaria que enfrentamos, no profundizarlas.
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La Ley de Humedales nuevamente sin despacho
Diputados volvió a dejar afuera la Ley de Humedales y se acortan los tiempos parlamentarios
Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Una vez más, el oficialismo se negó a dar despacho en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la nación al proyecto de Ley de Humedales, que ayudaría a mitigar las inundaciones como las que hicieron estragos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Así, la iniciativa no pudo ser tratada en el recinto y, a principios de diciembre, perdería su estado parlamentario, registró AIM.
Pese a que, en noviembre de 2013, el texto obtuvo el apoyo unánime del Senado, el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales sigue estancado en diputados y muy próximo a perder estado parlamentario, ya que se cumplirán dos años desde su media sanción y su ingreso a la cámara baja.
Diversas organizaciones ambientales, entre las que se incluyen ONG’s entrerrianas, vienen exigiendo a la comisión de Recursos Naturales su tratamiento, sin resultados hasta el momento. El texto ya obtuvo dictamen de las comisiones de Intereses Marítimos y de Presupuesto, pero el diputado formoseño Luis Basterra (Frente para la Victoria), principal opositor a la norma, se encargó de impedir su tratamiento en Recursos Naturales. Con fuerte influencia en ese ámbito, Basterra exigió distintas condiciones como hacer consultas al Consejo Hídrico Federal (Cohife) y al Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), que preside el sciolista Hugo Bilbao. Después de un tiempo, el Cofema avaló el proyecto, pero el Cohife aún no. Las organizaciones sostienen que no hay razones para pedirle a esa entidad que lo avale y que el único motivo es seguir demorando el trámite.
El argumento del legislador kirchnerista es que la aprobación de este proyecto podría generar la judicialización de cuestiones ambientales y que necesita modificaciones para evitar esa situación, pero no hay que olvidarse que el texto estuvo dos años cajoneado y esto demoraría aún más el tratamiento.
En realidad, la sospecha es que el diputado formoseño teme que con la Ley de Humedales se frenen proyectos de infraestructura, urbanización y emprendimientos productivos que no cumplan con los controles que establece la normativa, que justamente tiene como fin que ese tipo de proyectos se realicen con determinados estándares para la conservación y uso racional de los humedales.
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Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Una vez más, el oficialismo se negó a dar despacho en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la nación al proyecto de Ley de Humedales, que ayudaría a mitigar las inundaciones como las que hicieron estragos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Así, la iniciativa no pudo ser tratada en el recinto y, a principios de diciembre, perdería su estado parlamentario, registró AIM.
Pese a que, en noviembre de 2013, el texto obtuvo el apoyo unánime del Senado, el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales sigue estancado en diputados y muy próximo a perder estado parlamentario, ya que se cumplirán dos años desde su media sanción y su ingreso a la cámara baja.
Diversas organizaciones ambientales, entre las que se incluyen ONG’s entrerrianas, vienen exigiendo a la comisión de Recursos Naturales su tratamiento, sin resultados hasta el momento. El texto ya obtuvo dictamen de las comisiones de Intereses Marítimos y de Presupuesto, pero el diputado formoseño Luis Basterra (Frente para la Victoria), principal opositor a la norma, se encargó de impedir su tratamiento en Recursos Naturales. Con fuerte influencia en ese ámbito, Basterra exigió distintas condiciones como hacer consultas al Consejo Hídrico Federal (Cohife) y al Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), que preside el sciolista Hugo Bilbao. Después de un tiempo, el Cofema avaló el proyecto, pero el Cohife aún no. Las organizaciones sostienen que no hay razones para pedirle a esa entidad que lo avale y que el único motivo es seguir demorando el trámite.
El argumento del legislador kirchnerista es que la aprobación de este proyecto podría generar la judicialización de cuestiones ambientales y que necesita modificaciones para evitar esa situación, pero no hay que olvidarse que el texto estuvo dos años cajoneado y esto demoraría aún más el tratamiento.
En realidad, la sospecha es que el diputado formoseño teme que con la Ley de Humedales se frenen proyectos de infraestructura, urbanización y emprendimientos productivos que no cumplan con los controles que establece la normativa, que justamente tiene como fin que ese tipo de proyectos se realicen con determinados estándares para la conservación y uso racional de los humedales.
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Dos años esperando la ley de humedales
La ley de humedales, en riesgo
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario.
En un año en que se registra un evento de El Niño muy poderoso, que ya está trayendo lluvias extraordinarias, la ley de humedales corre el riesgo de ahogarse en la Cámara de Diputados. Y esto es serio porque estos ecosistemas ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones, y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario. Aunque no hay un lobby sistemático en contra de la ley, hay provincias -como Corrientes y San Luis- que no quieren la interferencia del Estado nacional en este asunto que consideran propio.
Las organizaciones coinciden que la ley está lejos de ser perfecta y de ninguna manera impide el desarrollo en zonas bajas, aunque -por primera vez- se valoriza el tema de los servicios ambientales que prestan estos cuerpos de agua, como la regulación hídrica de un territorio, tanto absorbiendo excesos de lluvia como recargando acuíferos subterráneos. Los humedales también filtran contaminantes y almacenan carbono, entre otros efectos beneficiosos.
Pero los humedales son vulnerables porque al ser terrenos baratos (son bajos e inundables) la tentación de rellenarlos y de ocupar el territorio es enorme para los especuladores inmobiliarios.
En la Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5% del país y son altamente vulnerables al desarrollo urbano y al corrimiento de la frontera agrícola ganadera, como está sucediendo en el delta del Paraná y en la cuenca del Río Lujan-Reconquista, que ha sido castigada por severas inundaciones hace sólo unas semanas.
La ley es producto del trabajo de varias universidades en colaboración con organizaciones ambientales. Entre otras cosas, establece presupuestos mínimos para los humedales y propone la planificación ambiental del territorio como parte de estrategia de protección de estos espejos de agua, que suelen concentrar gran número de especies vegetales y animales.
"Los ambientes naturales son más elásticos para atenuar los efectos de los eventos climáticos", señaló Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre, al subrayar la importancia de estos ambientes en el contexto de El Niño y el aumento de la temperatura atmosférica por la transformación del clima. "Tener humedales en buen estado nos da más elasticidad frente al clima".
Por su lado, Cali Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Los Verdes, señaló la importancia que cumplen los humedales a la hora de mitigar inundaciones, por lo que urgió a que no pierda estado parlamentario la ley.
"Los humedales actúan como esponjas y ayudan a disminuir los efectos producidos por las fuertes lluvias, previniendo inundaciones. Hoy en día, estos ecosistemas son amenazados por proyectos inmobiliarios que convierten estas regiones en "tapones" que, en lugar de absorber, retienen el agua que baja por arroyos y ríos. La ley que los protege está trabada hace más de un año en la Cámara de Diputados, no podemos permitir que su aprobación se demore otro año", señaló Greenpeace en un comunicado.
Hasta ahora, la única comisión de la Cámara Baja que aprobó la norma fue la de Intereses Marítimos y Fluviales. Falta que la traten la de Recursos Naturales y de Presupuesto. Esta semana, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) instó a la aprobación de la medida.
Entre las organizaciones que respaldan la ley figura la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, entre otras.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario.
En un año en que se registra un evento de El Niño muy poderoso, que ya está trayendo lluvias extraordinarias, la ley de humedales corre el riesgo de ahogarse en la Cámara de Diputados. Y esto es serio porque estos ecosistemas ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones, y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario. Aunque no hay un lobby sistemático en contra de la ley, hay provincias -como Corrientes y San Luis- que no quieren la interferencia del Estado nacional en este asunto que consideran propio.
Las organizaciones coinciden que la ley está lejos de ser perfecta y de ninguna manera impide el desarrollo en zonas bajas, aunque -por primera vez- se valoriza el tema de los servicios ambientales que prestan estos cuerpos de agua, como la regulación hídrica de un territorio, tanto absorbiendo excesos de lluvia como recargando acuíferos subterráneos. Los humedales también filtran contaminantes y almacenan carbono, entre otros efectos beneficiosos.
Pero los humedales son vulnerables porque al ser terrenos baratos (son bajos e inundables) la tentación de rellenarlos y de ocupar el territorio es enorme para los especuladores inmobiliarios.
En la Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5% del país y son altamente vulnerables al desarrollo urbano y al corrimiento de la frontera agrícola ganadera, como está sucediendo en el delta del Paraná y en la cuenca del Río Lujan-Reconquista, que ha sido castigada por severas inundaciones hace sólo unas semanas.
La ley es producto del trabajo de varias universidades en colaboración con organizaciones ambientales. Entre otras cosas, establece presupuestos mínimos para los humedales y propone la planificación ambiental del territorio como parte de estrategia de protección de estos espejos de agua, que suelen concentrar gran número de especies vegetales y animales.
"Los ambientes naturales son más elásticos para atenuar los efectos de los eventos climáticos", señaló Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre, al subrayar la importancia de estos ambientes en el contexto de El Niño y el aumento de la temperatura atmosférica por la transformación del clima. "Tener humedales en buen estado nos da más elasticidad frente al clima".
Por su lado, Cali Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Los Verdes, señaló la importancia que cumplen los humedales a la hora de mitigar inundaciones, por lo que urgió a que no pierda estado parlamentario la ley.
"Los humedales actúan como esponjas y ayudan a disminuir los efectos producidos por las fuertes lluvias, previniendo inundaciones. Hoy en día, estos ecosistemas son amenazados por proyectos inmobiliarios que convierten estas regiones en "tapones" que, en lugar de absorber, retienen el agua que baja por arroyos y ríos. La ley que los protege está trabada hace más de un año en la Cámara de Diputados, no podemos permitir que su aprobación se demore otro año", señaló Greenpeace en un comunicado.
Hasta ahora, la única comisión de la Cámara Baja que aprobó la norma fue la de Intereses Marítimos y Fluviales. Falta que la traten la de Recursos Naturales y de Presupuesto. Esta semana, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) instó a la aprobación de la medida.
Entre las organizaciones que respaldan la ley figura la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, entre otras.
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El Frente Renovador hace negocios con humedales
Negocio en medio del humedal
Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Con el voto del Frente Renovador, el Concejo Deliberante autorizó la construcción de edificios de lujo en una zona de bañados naturales. El FpV se opuso y denunció que se trata de un negocio que agravará la situación en caso de inundaciones.
El Frente Renovador (FR) aprobó en el Concejo Deliberante de Tigre una excepción al código de zonificación para instalar un megaemprendimiento inmobiliario llamado Remeros Beach, Home Resort, en la localidad de Rincón de Milberg y con la única oposición del bloque del Frente para la Victoria (FpV). Desde este sector aseguraron que intentarán frenar el avance del proyecto con un recurso de amparo. El jefe del bloque del FpV, Federico Ugo, calificó la sesión como “vergonzosa” y relató que los concejales del FR “plantearon la construcción del complejo como una respuesta al gran déficit habitacional que enfrenta el distrito”.
El proyecto Remeros Beach es un complejo de 18 hectáreas que tiene en el medio una laguna de aguas cristalinas y arena blanca. La altura de los lujosos edificios de departamentos que rodean la laguna alcanza los 22 pisos. Estos valores son superiores a lo permitido por la normativa para la zona, que según Ugo es “de humedales, por lo que la construcción no podía llevarse a cabo a menos que el Concejo Deliberante aprobara la excepción a la norma, que se dio de forma automática y sin debate”.
Según el presidente del bloque del FpV, “el intendente ya aprobó la factibilidad del uso del suelo sin realizar ningún tipo de estudio de impacto ambiental”. Esta obra, que ya comenzó pese a que faltan instancias de aprobación, “afectará los bañados y humedales naturales de la zona, que absorben naturalmente el agua durante las inundaciones”. En lugar de zona de desagüe, Rincón de Milberg se convertirá, según Ugo, en “una muralla de cemento que impedirá la absorción del agua durante las lluvias y las sudestadas, por lo que complicará todavía más la problemática de las inundaciones que ya afectan a una gran porción del distrito”.
En el lugar, que está ubicado a la vera del Camino de los Remeros que conecta Tigre y Rincón de Milberg, “hace meses comenzaron los movimientos de la tierra del predio. Además, los departamentos ya se encuentran a la venta a través de la página web de la empresa Vizora Desarrollos Inmobiliarios”, contó a este diario Ugo.
Con la excepción al Código aprobada en el Concejo se autorizó a elevar la altura máxima de construcción, que era de 9 metros, para permitir el desarrollo de torres de hasta 22 pisos. Esto implica el cambio de categoría como apto para residencias.
“Una vez más, el Frente Renovador demuestra ser un resabio de la política de los ’90, aplicando proyectos de urbanismo neoliberal. Ellos confunden el progreso con estos emprendimientos inmobiliarios lujosos y exclusivos para unos pocos”, aseguró el jefe de bloque de concejales del FpV.
En la sesión, el FR argumentó que el proyecto ayudará a paliar el problema de déficit habitacional que hay en el distrito: “Tigre necesita viviendas, por eso vamos a aprobar esta ordenanza”, expresaron desde el massismo. “Es vergonzoso, este complejo está destinado a un estrato social de gran poder adquisitivo y no a aquellos que tienen verdaderos problemas habitacionales”, criticó Ugo y añadió que “desde el FPV no estamos en contra del progreso del distrito” pero este tipo de emprendimientos que “abundan en Tigre, llevan a la fragmentación urbana y refuerzan este modo injusto de gobernar que tiene el massismo”.
Además, agregó que en el distrito “tenemos miles de familias que sufren la falta de tierra, la falta de vivienda y ven crecer a sus hijos en asentamientos sin urbanizar. Noso- tros queremos un crecimiento con equilibrio y con igualdad”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Con el voto del Frente Renovador, el Concejo Deliberante autorizó la construcción de edificios de lujo en una zona de bañados naturales. El FpV se opuso y denunció que se trata de un negocio que agravará la situación en caso de inundaciones.
El Frente Renovador (FR) aprobó en el Concejo Deliberante de Tigre una excepción al código de zonificación para instalar un megaemprendimiento inmobiliario llamado Remeros Beach, Home Resort, en la localidad de Rincón de Milberg y con la única oposición del bloque del Frente para la Victoria (FpV). Desde este sector aseguraron que intentarán frenar el avance del proyecto con un recurso de amparo. El jefe del bloque del FpV, Federico Ugo, calificó la sesión como “vergonzosa” y relató que los concejales del FR “plantearon la construcción del complejo como una respuesta al gran déficit habitacional que enfrenta el distrito”.
El proyecto Remeros Beach es un complejo de 18 hectáreas que tiene en el medio una laguna de aguas cristalinas y arena blanca. La altura de los lujosos edificios de departamentos que rodean la laguna alcanza los 22 pisos. Estos valores son superiores a lo permitido por la normativa para la zona, que según Ugo es “de humedales, por lo que la construcción no podía llevarse a cabo a menos que el Concejo Deliberante aprobara la excepción a la norma, que se dio de forma automática y sin debate”.
Según el presidente del bloque del FpV, “el intendente ya aprobó la factibilidad del uso del suelo sin realizar ningún tipo de estudio de impacto ambiental”. Esta obra, que ya comenzó pese a que faltan instancias de aprobación, “afectará los bañados y humedales naturales de la zona, que absorben naturalmente el agua durante las inundaciones”. En lugar de zona de desagüe, Rincón de Milberg se convertirá, según Ugo, en “una muralla de cemento que impedirá la absorción del agua durante las lluvias y las sudestadas, por lo que complicará todavía más la problemática de las inundaciones que ya afectan a una gran porción del distrito”.
En el lugar, que está ubicado a la vera del Camino de los Remeros que conecta Tigre y Rincón de Milberg, “hace meses comenzaron los movimientos de la tierra del predio. Además, los departamentos ya se encuentran a la venta a través de la página web de la empresa Vizora Desarrollos Inmobiliarios”, contó a este diario Ugo.
Con la excepción al Código aprobada en el Concejo se autorizó a elevar la altura máxima de construcción, que era de 9 metros, para permitir el desarrollo de torres de hasta 22 pisos. Esto implica el cambio de categoría como apto para residencias.
“Una vez más, el Frente Renovador demuestra ser un resabio de la política de los ’90, aplicando proyectos de urbanismo neoliberal. Ellos confunden el progreso con estos emprendimientos inmobiliarios lujosos y exclusivos para unos pocos”, aseguró el jefe de bloque de concejales del FpV.
En la sesión, el FR argumentó que el proyecto ayudará a paliar el problema de déficit habitacional que hay en el distrito: “Tigre necesita viviendas, por eso vamos a aprobar esta ordenanza”, expresaron desde el massismo. “Es vergonzoso, este complejo está destinado a un estrato social de gran poder adquisitivo y no a aquellos que tienen verdaderos problemas habitacionales”, criticó Ugo y añadió que “desde el FPV no estamos en contra del progreso del distrito” pero este tipo de emprendimientos que “abundan en Tigre, llevan a la fragmentación urbana y refuerzan este modo injusto de gobernar que tiene el massismo”.
Además, agregó que en el distrito “tenemos miles de familias que sufren la falta de tierra, la falta de vivienda y ven crecer a sus hijos en asentamientos sin urbanizar. Noso- tros queremos un crecimiento con equilibrio y con igualdad”.
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