Advierten que la contaminación del aire por los incendios son "un aporte más al colapso sanitario"

Fecha de Publicación: 17/09/2020
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Ayer Rosario volvió a cubrirse de olor a humo. La Multisectorial por los Humedales alerta de las consecuencias para la salud de la contaminación del aire.
Ayer por la tarde, Rosario volvió a cubrirse de un fuerte olor a humo. Desde la Multisectorial por los Humedales advirtieron que los nuevos incendios son "un aporte más al colapso sanitario y ambiental que nos espera si nuestros gobernantes continúan en la inacción e incompetencia".
La tregua que parecía haber llegado luego de las lluvias de los primeros días del mes volvió a quebrarse ayer por la tarde, cuando en varios sectores de la ciudad y sus alrededores comenzó a sentirse el humo en el aire originado por las quemas de pastizales.
"En la zona de Rosario y alrededores hemos tenido picos de contaminación en estos últimos meses que superan cinco veces los niveles permitidos. Nos han llegado testimonios de gente de zona norte, noroeste y centro, así como también de Pueblo Esther y Villa Constitución, que no pueden respirar del fuerte olor a humo", señalaron desde la Multisectorial. A través de un comunicado, el colectivo advirtió que "estamos inmersos en una emergencia sanitaria y ambiental sin precedentes" y que los ecosistemas en la zona del Delta del Paraná se encuentran "en estado crítico".
"Ayer nos llegó el testimonio de una familia de un hombre, su esposa y tres hijos. Los dos estaban con síntomas de Covid y nos comentaban que el humo les hacía muy difícil respirar. Y la preocupación de ellos era que ninguno de los dos padres iba a poder atender a los tres hijos", contó a La Capital Fabián Coppiz, integrante de la Multisectorial. Ese fue unos de los tantos relatos que recibieron ayer frente a una nueva jornada con humo en Rosario.
Desde la Multisectorial por la Ley de Humedales junto a otras organizaciones presentaron un plan de contingencia ambiental ante la emergencia en el Delta del Paraná. Dentro del mismo se pide "la atención y el salvataje de la flora y fauna autóctona con el fin de preservar su vida y su continuidad"
"Por otro lado, los casos de Covid se incrementan y llegan reportes de personas exigiendo un inmediato cese del fuego frente a un escenario donde amigos y familiares han caído enfermos y sufren síntomas tales como fatiga, falta de aire y palpitaciones, síntomas que empeoran significativamente debido a la contaminación del aire. De acuerdo a la opinión de expertos, el humo agrava la sintomatología aún en casos leves, aumenta los síntomas como la tos y más importante aún la sensación de falta de aire, lo cual genera inquietud y temor llevando a un aumento en las consultas en un sistema sanitario saturado", señalan desde la Multisectorial.
"La realidad —agregó Coppiz— es que está en puerta el colapso sanitario y hay que seguir visibilizando también estas cuestiones, que también son prioridad a nivel salud".
Frente a este panorama, exigen que las autoridades que se ponga fin a los incendios "de forma urgente, arbitrando todos los recursos necesarios a la vista de que no hacerlo supone incrementar significativamente el riesgo de vida para todos los enfermos".
"Es urgente se identifiquen y penalicen los responsables, con una pena que tome en cuenta la criminalidad que supone iniciar un incendio de modo intencional y premeditado dentro del contexto que estamos atravesando", agregan.
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Continúan las reuniones del Comité de Emergencia Ambiental

Fecha de Publicación: 14/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Litoral Artentino


Las jurisdicciones informan el grado de avance en la implementación de acciones por los incendios en el delta del Paraná.
Mediante modalidad virtual, se realizó un nuevo encuentro del Comité de Emergencia Ambiental creado en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Administración de Parques Nacionales, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario, cada jurisdicción comunicó las acciones que lleva adelante para la prevención, el control y la cesación de los incendios irregulares en la región del delta del Paraná, bajo las bases del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) que lidera la cartera ambiental nacional.
De la reunión se destaca el compromiso con la estrategia de faros de conservación que impulsa el organismo que conduce Juan Cabandié. En ese sentido, la provincia de Entre Ríos anunció que aportará dos lugares importantes en el centro de las zonas afectadas por el fuego para instalar nuevos faros, ambos en el departamento Victoria, uno en el sur de Charigüé y otro a la altura de San Nicolás, ambos en el departamento entrerriano de Victoria.
Además, en el ámbito del Comité se conformaron tres grupos de trabajo específicos para cumplir con las medidas presentadas ante el Supremo Tribunal de Justicia: Comunicación, Planificación y Prevención y Combate al Fuego.
Como parte del orden del día, los representantes jurisdiccionales informaron las novedades y avances en la implementación de las once acciones consensuadas: declaración administrativa de emergencia ambiental; intensificación de la presencia de las fuerzas de seguridad; combate al fuego; información de alerta temprana; campaña comunicacional; creación de cortafuegos; Red de Faros de Conservación; control de ingresantes al valle fluvial del río Paraná, sector delta; elaboración de un plan sistemático de control; presentación de informes exhaustivo de cada jurisdicción; y Plan de Manejo del Fuego para el Delta.
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La UNER monitorea el ambiente en busca de plaguicidas

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Las facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, junto al INTA, implementan un plan de monitoreo en Oro Verde para detectar agrotóxicos en el ambiente.
A partir de una demanda del Municipio y la comunidad de Oro Verde, y a través de un proyecto de Estrategias de Articulación Territorial, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollan un Plan de Monitoreo Ambiental para esa localidad del Área Metropolitana de Paraná. El objetivo general consiste en diseñar e implementar un sistema de monitoreo que pueda continuar siendo aplicado por el municipio. En este sentido, se está comenzando a realizar tomas de muestras, que buscarán determinar la presencia y la concentración de contaminantes agrícolas en el ambiente: suelo, aire y aguas subterráneas.
El proyecto tiene una duración de 18 meses, es dirigido desde el Laboratorio de Química Ambiental “Ing. Hugo Barbagelata” de la FIUNER, y en sus fundamentos establece que en los últimos años “se presentaron cambios en los usos del suelo y en la fisonomía de la localidad, que fue pasando de ser una localidad rural a satélite de una gran urbe como Paraná, poniendo en tensión dos usos de la tierra: residencial y agropecuario”.
En 2019 un trabajo de tesis del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná analizó la presencia de glifosato y su principal metabolito ambiental, AMPA, en el aire de Oro Verde. El hallazgo generó preocupación en la población y el gobierno local solicitó asistencia a la FIUNER para el desarrollo de un plan, que consiste en monitorear no sólo el aire sino también del suelo y el agua, y evaluar la presencia y también la eventual concentración de agroquímicos.

Muestras
El equipo del proyecto diseñó un plan de muestreo y determinó tres puntos estratégicos: el centro y casco urbano más poblado; el sur, aproximadamente en la zona frente al INTA; y el área de El Triangular. Se realizarán protocolos de muestreo siguiendo normas internacionales y se redactarán tres protocolos: de agua subterránea, de suelos en espacios públicos y de aire en seco (partículas) y húmedo (lluvias). Para esto se utilizarán seis colectores de depositación atmosférica del INTA, se tomarán muestras de cinco pozos de agua subterránea y de suelo en cinco espacios de uso común, detallaron desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
El comienzo del monitoreo estaba previsto para marzo pero se atrasó por las dificultades del contexto de la pandemia y por la escasez de precipitaciones, ya que se necesita la presencia de lluvia para la siembra y aplicación de plaguicidas. El muestreo está dividido en tres etapas, acordes a los momentos de presiembra, siembra y cosecha. Ya se comenzó con la primera, según explicó el director del proyecto, Enrique Paravani, titular de la cátedra de Química General Inorgánica y director del Laboratorio de Química Ambiental.
Respecto de la posible contaminación ambiental, Paravani consideró que “es un llamado de atención. Es un tema pujante, pero hay que tener datos, analizarlos y a partir de ahí tomar medidas”. Por ello, “medir la presencia pero también la concentración de plaguicidas es importante, porque puede haber en algún momento pero con concentración mínima, que no tendría injerencia sobre la comunidad”, indicó Paravani. El proyecto, además, relevará no sólo la presencia y concentración de glifosato, “sino también de muchos residuos, para tener un panorama en todo el municipio”.
Los análisis fisicoquímicos de las muestras de suelos se realizarán en el Laboratorio de Suelos de la FCA-UNER; los de las muestras de agua en el Laboratorio de Química Ambiental de la FIUNER; y los de depositación atmosférica en el Laboratorio del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná. Además, se enviarán alícuotas de cada muestra al Laboratorio de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC) de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, que “cuenta con un equipo de última generación, que permite analizar más de 50 moléculas de los principales herbicidas, insecticidas y fungicidas”, destaca el proyecto.
Paravani advirtió el hecho de que Entre Ríos carezca de tecnología para hacer análisis de plaguicidas. “Hace tiempo venimos pidiendo y gestionando la adquisición de un equipo. Sale 600 mil dólares. Es un monto importante, pero para una provincia 30 o 40 millones de pesos no es tanto, teniendo en cuenta el potencial”, señaló.
Como etapa final, el proyecto elaborará un documento con los resultados, que se publicará en la página web del Municipio y se socializará en reuniones con autoridades comunales y con la comunidad en general. También se realizarán propuestas y recomendaciones para dar continuidad al sistema de monitoreo.
Además del director, el proyecto cuenta como co-directora con Carolina Sasal (INTA Paraná) y como integrantes con: Carolina Galetto, Mariana Bianchi y Gabriela Acosta por la FIUNER; Valeria Ormaechea y Silvana Spizzo por la FIUNER y la FCA-UNER; José Daniel Oszust, María Romina Befani y Carolina Elisabet Waigand por la FCA-UNER; Javier Fernández por la FIUNER y la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio; Mariela Seehaus, Emmanuel Gabioud, Natalia Van Opstal y Marcelo Wilson y Ana Wingeyer por el INTA Paraná.
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Botnia y su "lacayo": El gobierno uruguayo consiente todos los incumplimientos de la segunda pastera

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Maxima OnLine
Provincia/Región: Nacional


Vencieron los plazos y las prórrogas que tenía la corporación finlandesa para la presentar los proyectos de las plantas química y de tratamiento de efluentes, exigidos por la autorización ambiental otorgada para UPM 2 en 2019
UPM continúa sin pausa la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, con la incalificable admisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente frente a los sucesivos incumplimientos de las condiciones que le fueron exigidas a la corporación en el momento de otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) que permitía el inicio de las obras de la nueva mega planta. Desde marzo de este año, las autoridades ambientales tienen pendiente la sanción de una irrisoria multa, a pesar de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) calificó que  la empresa incurrió en una “infracción grave”.
Lo más insólito es que ciertos investigadores uruguayos que cuestionan el proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, consignan que hay una Finlandia “conmocionada” por la decisión de la corporación de cerrar una planta que ocupa a 450 trabajadores en aquel país, poniendo en un segundo plano lo que denominan "permisividad” del Gobierno uruguayo ante la arrogante postura posición de la empresa nórdica respecto a la futura planta de Pueblo Centenario. Y por supuesto, no escriben una palabra sobre el hecho de que Uruguay está incumpliendo una vez más, el Tratado del Río Uruguay por negarse –hasta ahora- a cumplir con su obligación de entregar toda la documentación del proyecto a nuestro país, para que Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) lo analice y se expida. Ciertas omisiones no son inocentes.
El 14 de mayo de 2019, la entonces Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, a través de la Resolución 690 extendió la APP, sujeta a una serie de condiciones y plazos para su cumplimiento, antes de que la planta entrara en operación. En tal sentido, se estableció que UPM disponía de ciento ochenta días para concretar las siguientes cuestiones pendientes:
- Definir la construcción de la Planta de Insumos químicos en la Zona Franca de pueblo Centenario (Kemira)
- Presentación de los proyectos de las Planta de Tratamiento de los Efluentes, del Sistema de Descarga de los mismos y en la zona de mezcla en el río
- Presentación del Plan General de Monitoreo de las condiciones ambientales y el Sitio de Disposición Final (SDF) de residuos en el interior de la Zona Franca.
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales, con los gestores de las distintas líneas de residuos, los procedimientos y previsiones para el suministro del flujo del río requerido por la planta para la dilución de efluentes (mínimo de 80 metros cúbicos por segundo) y para las situaciones de sequía extrema y para cuando la planta tenga que realizar paradas de mantenimiento.
- Plan de Monitoreo de Calidad del agua, suelo y biota a comenzar a instrumentarse desde 2020.
El 15 de noviembre de 2019, venció el plazo sin que UPM hubiera cumplido ninguna de estas cuestiones. La corporación solicitó 90 días de prórroga para la Planta Química, la estructura de descarga de los efluentes y la zona de mezcla en el río y, además, solicitó una prórroga de 180 días más para el SDF de residuos sólidos y de una semana para el Plan de Monitoreo de Calidad del agua, el suelo y la biota.
Los finlandeses tampoco cumplieron con las prórrogas que ellos mismos habían requerido.
El 14 de febrero de este año, técnicos del  División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, encabezados por Cecilia Maroñas, llegaron al obrador ubicado en Pueblo Centenario, para constatar los avances de las obras. Allí comprobaron in situ que, pese a haber comenzado los trabajos a mediados de octubre de 2019,  “el camino del Tala aún se encuentra en obra (…) el tramo comprendido entre la Ruta 5 y la vía férrea se encuentra muy deteriorado (…) el tramo restante entre la vía férrea hasta el acceso al predio tiene conformada la base pero resta realizar la capa de rodadura definitiva”. Habían pasado cuatro meses del inicio de las obras y UPM no pudo cumplir con el plazo de 60 días en los que estaba previsto reacondicionar el camino del Tala. Los encargados de las obras dijeron los inspectores de la DINAMA que la pavimentación estaría lista “a fines de marzo de 2020”.

LA RESOLUCIÓN QUE NO "EXISTE"
En la DINAMA, los técnicos de la División Emprendimientos de alta Complejidad pusieron de manifiesto el delictivo ocultamiento de información que hace constantemente el Gobierno de la República Oriental sobre todo lo atinente al proceso de autorización y construcción de la segunda planta de celulosa de UPM, lo cual quedaría reflejado en el Informe de fecha 17 de febrero pasado de la técnica Maroñas.
En ese documento de la DINAMA, se revela algo que aún no se conocía. El 10 de enero de 2020, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente emitió oficialmente un apercibimiento a UPM por los incumplimientos en los que venía incurriendo sistemáticamente. Sin embargo esa sanción, firmada por la entonces ministra De León, hasta el día de hoy no fue hecha pública. El instrumento administrativo en cuestión es la Resolución 45/2020, que no aparece en el registro de Normativa Publicada de la Presidencia uruguaya, está explícitamente mencionada en el Informe redactado por Cecilia Maroñas. Según el Gobierno uruguayo, esa resolución no es pública o es como si no existiera para ojos extraños. Pero existe.
Después que Maroñas firmara, el 18 de febrero, su Informe de “Propuesta de Sanción a UPM”, las empresas Cuecar S.A. y Blanvira S.A. –las fachadas que utiliza la corporación finlandesa para sus operaciones en Uruguay-  respondieron que la sanción que se les quería imponer era desproporcionada y, también, expresaron  que la infracción que estaban cometiendo era grave. Alegaron que no correspondía aplicar la multa y que “debería desestimarse o al menos disminuirse considerablemente el monto de la misma”.
El 11 de marzo de 2020, diez días después de la asunción de Lacalle Pou, el Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA desestimó las consideraciones de UPM al Informe de la técnica Maroñas, no aceptó nuevas prórrogas y ratificó su propuesta de sancionar a UPM por el incumplimiento en la reconstrucción y pavimentación del camino del Tala y propusieron aplicar a UPM una multa por “infracción grave” de 200 Unidades Reajustables, equivalentes a unos 6 mil dólares una cifra que, por lo irrisoria, exime de todo comentario. Cinco días después, el 16 de marzo, UPM solicitaba una nueva prórroga de 30 días para adjuntar el proyecto sobre la presunta construcción de la Planta Química de Kemira en Pueblo Centenario, mientras la petición de sanción a la corporación fue depositada en el anaquel de los expedientes cajoneados. Los acontecimientos, a esta altura, ya se asemejaban más a una broma siniestra.
El 13 de mayo de 2020, la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, hizo un balance de la marcha del proyecto de UPM y concluyó que el Plan de Monitoreo Ambiental estaba “incompleto”, que “sigue pendiente de presentación el Proyecto la Planta Química (…) no se ha presentado por parte de la empresa el Plan de Tratamiento y el Sistema de Dilución de los Efluentes” y, tampoco, “el SDF de residuos sólidos”. Pese a constatar semejantes incumplimientos, la DINAMA en lugar de denunciar la grave situación y exigir un plazo perentorio para que UPM se pusiera al día con sus obligaciones, solo indicó la mayor o menor “premura” en los casos pendientes.
A esa altura, ya estaban en funciones las nuevas autoridades de la DINAMA designadas por el gobierno de Lacalle Pou y el 26 de agosto asumía el primer ministro de Ambiente uruguayo, Adrián Peña. Desde entonces, sigue sin haber decisión sobre si UPM debe pagar o no los 6000 dólares de multa.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS
Mientras las autoridades uruguayas continúan otorgando prórrogas para favorecer que la corporación finlandesa no cumpla con lo que firmó, propone “multas” irrisorias, hay algunas otras cuestiones que son alarmantes.
La primera de ellas es la referida a la modificación del Digesto para el Uso y Aprovechamiento Integral del Río Uruguay, que fue aprobado por las Delegaciones argentina y uruguaya ante la CARU a finales de 2019 y que modificara diversos parámetros de control, para facilitar así que UPM disponga de total impunidad para contaminar dicho curso de agua.
Se sabe certeramente que en el piso 15° de la Cancillería Argentina, el equipo técnico de la Consejería Legal que encabeza Mario Oyarzábal ha recomendado rechazar varios aspectos de las reformas que aprobaron los ya ex delegados de Cambiemos y el Frente Amplio cuando estaban en la CARU. En estos análisis han participado, entre otros, la nueva Directora de Asuntos Ambientales Silvia Beatriz Vázquez, el Director de Tratados Internacionales, Gerardo Bompadre. Se sabe que también consultó la opinión de los por ahora, únicos vocales argentinos ante CARU: Rodolfo María Ojea Quintana y María Marta Insausti.
Es altamente probable que la Delegación de nuestro país que preside José Eduardo Lauritto, va a proponer dar marcha atrás con numerosos cambios introducidos en el Digesto, lo cual no será para nada sencillo, teniendo en cuenta que en el organismo binacional todo se resuelve por consenso.
Otro de los asuntos preocupantes en la CARU, ya lleva dos meses y sigue sin solución. El 3 de julio último, el Ingeniero Agrónomo Marco García fue “invitado” a renunciar como Secretario Técnico del organismo binacional. La Secretaría Técnica es la dependencia encargada de coordinar e instrumentar todos los planes de monitoreo que la CARU tiene sobre el río, incluido el Comité Científico que ingresa mensualmente con aviso previo a Botnia Fray Bentos. Tenía un contrato vigente de tres años, pero fue echado cuando apenas llevaba 15 meses de labor.
El tema tiene sus bemoles, porque el eyectado García –un explícito referente del Frente Amplio uruguayo- no recibió el mismo tratamiento que se ha adoptado respecto al poderoso Secretario Administrativo Marcos Di Giuseppe, puesto en ese cargo por el cambiemita Mauro Vazón y que ha sido confirmado en sus funciones por las nuevas autoridades argentinas en el organismo binacional. La Secretaría Administrativa es clave: maneja el presupuesto, las contrataciones de personal y gestiona las millonarias licitaciones en la CARU. Se da la circunstancia de que Vazón y su sucesor, Lauritto, son de Concepción del Uruguay y entre ambos hay estrechas relaciones.
Más allá de cualquier suspicacia, quizá se avecine una tormenta aún más peligrosa en torno a la CARU y que puede llegar a convertirse en una tempestad.
El Estado uruguayo, por ahora, ya ha transmitido a nuestro país su “negación” –término utilizado por las fuentes diplomáticas consultadas- a hacer entrega de toda la documentación del Proyecto UPM2 para que pueda ser evaluado por la CARU, de acuerdo a lo prescripto por el Estatuto del Río Uruguay, que rige en todos aquellos casos de emprendimientos que, por su envergadura, pueden afectar el curso de agua compartido.
Esta obligación de requerir o de ser requerido, es común tanto para Argentina como para Uruguay. Pero hay plazos establecidos para hacerlo. Cuando estalló el conflicto por la pastera que hoy funciona en Fray Bentos, nuestro país se durmió. Dejó extinguir los límites temporales previstos en el Estatuto para que el paisito respondiera. Hechos consumados que le dicen. Tan es así que tuvo que ser el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el que, en su fallo de 2010, condenara al vecino de enfrente por su negación a informar en tiempo y forma.
Independientemente de que siempre hay prestar mucha atención al significado de ciertas palabras que se suelen utilizar en el vidrioso lenguaje diplomático, lo cierto es que los responsables de la Cancillería de nuestro país y de la CARU mantienen, hasta el momento, un ominoso silencio.
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Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


Sin focos de incendio, no se registran focos de incendio en la zona del Delta, a propósito de la lluvia. La imagen satelital es de la NASA y fue tomada el viernes 18 de abril. Se observa la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos Aires y La Plata y el Sudeste del Uruguay. En rojo se señalan los focos de incendio de ese día.
Por primera vez en mucho tiempo, toda la margen santafesina del río Paraná está libre de fuego. Sólo la naturaleza pudo contener lo que el trabajo a destajo -de tantos brigadistas- no pudieron: las quemas en las islas entrerrianas.
Las lluvias de las últimas 96 horas han sido claves para poner fin al menos hasta el cierre de esta edición, al flagelo ambiental, que ya dañó 198 mil hectáreas en Santa Fe y en Entre Ríos, informó el portal Sin Mordaza.
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que ayer las precipitaciones estuvieron presentes en modo intermitente hasta la llegada de la noche durante gran parte de la provincia. Para hoy jueves, las lluvias cesarían y el cielo permanecería nublado a parcialmente nublado.
La lluvia de las últimas horas, consiguieron sofocar los focos más problemáticos del Delta, incluso hasta la desembocadura en el Río de la Plata.
De acuerdo al último registro de la Nasa sobre la zona, no hay focos de incendio en toda la margen santafesina del río Paraná, incluso no se aprecia ningún “puntito rojo” hasta la desembocadura del Río de la Plata.

Terraplenes, más peligroso que el fuego
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Fabián Maggi, explicó detalles sobre la causa judicial que sustancia la Justicia Federal por los incendios en islas del Delta y la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el posible lavado de activos en la construcción de 19 terraplenes en la zona del Delta de Victoria.
En declaraciones realizadas al programa de radio “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza de Paraná), Maggi confirmó que “en el Delta no preocupa no solamente la cuestión del fuego sino también la construcción de terraplenes que vuelve al humedal como si fuera una zona pampeana y eso genera una degradación ambiental en términos de los ecosistemas de los humedales”.
En ese contexto, mencionó que “hubo una intervención de la UIF en el marco de la causa penal que, por lo que sabemos, investiga exclusivamente la cuestión de los incendios, y el tema terraplenes es abordado en el fuero civil, a cargo de Daniel Alonso en el Juzgado Federal de Paraná, que está llevando adelante una acción donde se reclama el daño causado por los terraplenes y la recomposición de ese ambiente”.
Sobre este punto, indicó que “para muchos especialistas el tema de los terraplenes es una preocupación aun mayor que la de del fuego” y agregó que “en la zona de Victoria se detectaron 19, pero son muchos más que abarcan otros Departamentos de Entre Ríos y la extensión que tienen es muy grande y eso genera un impacto en una zona muy amplia del humedal”.
Explicitó que “se construyen con la idea de volver similar a la Pampa a la zona de islas para poder sembrar soja, hacer ganadería y tener un manejo durante todo el año evitando las épocas de crecida. Esto es una modificación del sistema, que se denomina antrópica –es decir, hecha por el ser humano- que no contempla el funcionamiento del ecosistema, sino que lo modifica, y eso es un daño ambiental, un daño en el patrimonio de toda la sociedad, y un daño en la naturaleza como sujeto de derecho”.
Respecto del accionar de la Justicia, el abogado sostuvo que “la medida cautelar está dictada, y vigente, por el Juzgado Federal, pero hay un notorio incumplimiento, porque circulando por la traza vial que une Rosario y Victoria se pueden ver las máquinas retroexcavadoras trabajando en los terraplenes”.
“Ante eso los ciudadanos nos preguntamos cómo puede ser que no se prohíba esa prohíba, no se detenga ni se secuestre la máquina, tal como ordenó el juez Alonso. Y eso es una responsabilidad de la Gendarmería, la policía de Entre Ríos y la Prefectura que tienen una orden concreta de evitar todo movimiento de suelo, y por eso surge la preocupación y la inquietud de la sociedad”, planteó.
De todos modos, mencionó que “en torno a eso se presentó el reclamo en el Juzgado Federal a cargo de Alonso, y se está a la espera de que se movilice porque hasta hace pocos días el juez no hacía lugar a las notificaciones electrónicas, que agilizaría todo, pero en los últimos días cambio de temperamento y entendió la necesidad de notificar vía correo electrónico”.
Por otra parte, sostuvo que la intervención de la UIF “es una cuestión muy novedosa dentro de los delitos ambientales”. “En el último plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se decidió trabajar sobre los delitos ambientales y al recibir esas recomendaciones el Estado argentino decidió intervenir en esta causa porque indudablemente estamos en presencia de un delito ambiental que genera beneficios económicos en quienes los ejecutan y al integrarlos al sistema financiero se produce lo que se denomina el lavado de activos, y por eso la UIF pidió el ingreso en esta causa penal”, explicó.
En cuanto a la causa judicial por los incendios, Maggi reiteró que “el juez Alonso tiene la parte civil de la investigación y el control de la parte penal” y consideró que “acá la actividad instructora y el Ministerio Público Fiscal debería tener un trabajo de mayor calidad”. Apuntó que “se identificó a muchas personas como supuestos responsables, pero vemos que algunos están fallecidos, otros son personas discapacitadas y otros hace muchos años que ni siquiera van a la isla, con lo cual habría que hacer un enfoque más detallado, una investigación más puntual y además entendemos que debe incorporarse la cuestión de los terraplenes en la causa penal”.
“Todas estas son falencias que notamos en la actividad del Ministerio Público Fiscal y lo estamos tratando de modificar. Estamos pensando en una serie de medidas que vamos a pedir y una serie de actuaciones por fuera del expediente para dale algo más sólido al trabajo que se está llevando adelante, en el sentido de la identificación de los responsables en términos penales”, sentenció. Al respecto, dijo que “es necesario que en la causa penal sean llevados a juicio los verdaderos responsables”.

Acceso a la tierra
En otro orden de temas, se refirió al proyecto que buscar imponer un Régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles de dominio público en islas y humedales, y sostuvo que “Entre Ríos tiene un protagonismo mucho mayor porque territorialmente es la que ocupa la mayor porción y también ahí desde hace años se verifican situaciones, al menos sospechosas, con tierras fiscales”.
Ejemplificó que “se han dado situaciones de tierras fiscales que en un principio fueron arrendadas y con el transcurso del tiempo fueron vendidas a precios que se presumen irrisorios y hoy se han transformado, de una manera un tanto cuestionable, en titulares de esas tierras”.
Por otra parte, dijo no tener “ninguna información concreta” sobre el proyecto para la instalación de granjas para la cría masiva de cerdos “pero no es difícil suponerlo por lo que han expuesto las autoridades respecto de estos megaproyectos que tienen una fuerte oposición de la sociedad por el riesgo ambiental que generan”.
“Según las explicaciones que ha dado la Cancillería están destinados a radicarse en zonas de producción de granos, con abundancia de agua y vías de comunicación, y esta zona cumple esos tres requisitos por lo cual podría pensarse que en algún lugar se podrían llegar a instalar”, concluyó.
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Cabandié cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por los incendios en las islas

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral Argentino


"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender", se quejó el ministro de Ambiente de la Nación.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por su actuación frente a las quemas de pastizales en el Delta del Paraná, y afirmó: "El juez federal Alonso no está actuando".
"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso no está actuando. Debe apresar urgente a los responsables del ecocidio. El lugar de cada uno de ellos es la cárcel", escribió el ministro a través de su cuenta de Twitter.
De esta manera, Cabandié se refirió al juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien a principios de julio determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas "con capacidad para alterar el medio ambiente". Pese a ello, las quemas en las islas continuaron durante estos meses.
Tal como publicó días atrás La Capital, en la Justicia Penal de Paraná se tramitan por lo menos seis denuncias contra los dueños de los campos donde se produjeron las quemas, pero además hay otra presentación en la fiscalía de Rosario; y otras cuatro causas civiles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenará unificar.
Ayer, Cabandié también se manifestó sobre el tema al afirmar que "el 95% de los incendios son intencionales" y que frente a ello "es fundamental que la Justicia federal aprese a los responsables".
El ministro estuvo ayer en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet, donde firmaron un acta para la implementación de un Faro de Conservación para el cuidado y conservación del Delta del Paraná, y la detección temprana, prevención y disuasión de incendios.
"El primero (de los faros) es en Puerto Gaboto, lo hemos inaugurado con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti hace 15 días. Este es el segundo, aspiramos a poder inaugurar en algunos días más el tercero, que va a ser en la isla Charigüé y el cuarto seguramente en Villa Constitución", dijo Cabandié. A mediados de mes, el ministro puso en marcha en Puerto Gaboto su proyecto para instalar siete Faros de Conservación para controlar, con guardaparques, los incendios en las islas. En un acto realizado en esa localidad se firmaron los acuerdos para comenzar esa tarea. Frente a Rosario también habrá un faro: será en la zona del Charigüé.
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Ambientalistas denuncian la pérdida “casi total” de la fauna de las islas por las quemas

Fecha de Publicación: 24/08/2020
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Litoral Argentino


“Aún no se toma dimensión del grado de daño que se está realizando al humedal y al futuro del planeta, porque las consecuencias de los incendios afectan a todo el ecosistema”, dijo a la agencia de noticias Télam Ivo Peruggino, representante de la reserva de animales silvestres Mundo Aparte.
De esta forma, ambientalistas de Rosario denunciaron una mortalidad “casi total” de la fauna autóctona de los humedales del Delta del Paraná, causada por las quemas del bosque nativo de las islas que “afectan a todo el ecosistema”.
“Estamos muy tristes porque la mortalidad en las islas es casi total y no podemos hacer demasiado. La situación es desesperante”, dijo a Télam, Ivo Peruggino, representante de la reserva de animales silvestres Mundo Aparte. Y aseguró: “Aún no se toma dimensión del grado de daño que se está realizando al humedal y al futuro del planeta porque las consecuencias de los incendios afectan a todo el ecosistema”.
Las quemas sin control que se realizan desde hace seis meses en la zona de islas del Delta del Paraná afectan con su humo a los ciudadanos de las localidades a la vera del río Paraná, en la traza Rosario-Victoria, pero la destrucción del medio ambiente que el fuego genera perjudica también a las especies que escapan de su hábitat natural.
Desde el comienzo de las quemas, explicó el especialista, comenzaron a registrarse apariciones de especies autóctonas de los humedales en sitios poblados, que “escapan de los incendios atontados y desesperados”.
El martes, en San Jerónimo del Sauce, ubicada a 200 kilómetros de Rosario, vecinos del lugar cazaron con trampas caseras unas 58 yararás de gran tamaño, que deambulaban por los campos cercanos al pueblo.
“Las yararás pudieron escapar, pero la mortalidad es casi total, sobre todo de reptiles, anfibios y mamíferos”, indicó. Peruggino, y aclaró que “no hay ni siquiera un censo de la fauna silvestre del humedal, y menos de la mortandad que es casi total”.
“Las únicas especies que pueden escapar son algunas aves, por eso en Rosario estamos empezando a ver muchas que son típicas del humedal que no estamos acostumbrados a ver en esta zona. Vemos las aves que se escaparon, pero hay que ser conscientes de que dejaron atrás sus nidos con sus pichones”, explicó.
En esa línea, Peruggino advirtió que “acá en la ciudad corren gran peligro, nuestra ONG está recibiendo aves que llegan a la ciudad y que la gente captura para devolverlas o que son atacadas por perros o gatos. Nos llegaron gallaretas, gallinetas overas, garzas moras, garzas brujas, tres chajás que en 20 años desde que existe el refugio no habían llegado”, enumeró. A su vez, indicó que “los reptiles están hibernando bajo tierra, entonces el fuego les pasa literalmente por arriba y por otro lado, son más lentos para escapar a las llamas por lo que estimamos que no se van a salvar. Si algún mamífero logra escapar y meterse en alguna madriguera, cuando esto pase va a encontrarse con su tierra arrasada, sin vegetación y sin alimento”, finalizó.
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La Corte Suprema ordenó constituir de manera urgente un comité de emergencia para frenar los incendios en el Delta

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Lo hizo al aceptar un amparo de una asociación civil contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y las municipalidades de Rosario y Victoria. Además convocó a la provincia de Buenos Aires
La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó hoy a la creación de un comité de emergencia ambiental que controle y ponga freno a los incendios que se registran en el Delta del Paraná. Dispuso que deberá informarse al tribunal en quince días sobre los avances de las medidas tomadas. La decisión involucra al Estado Nacional (a través de la cartera de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié), junto a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria.
El máximo tribunal se declaró competente en una una acción de amparo colectivo ambiental promovida por una asociación civil (“Equística Defensa del Medio Ambiente”) contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. A criterio de la Corte, existe prueba suficiente, de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.
El máximo tribunal además recordó que desde 2008 el Estado Nacional se había comprometido a un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” entre los cuales figuraba la problemática de los incendios.
Desde febrero, las quemas de pastizales en las islas del delta del Paraná, frente a la costa de Rosario, provocaron lo que los ambientalistas llaman un “ecocidio”. La magnitud del área destruida supera en tres veces la Capital Federal. Hace menos de una semana el humo por la quema llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. El 8 de agosto, cerca de 5.000 personas se movilizaron desde Rosario hasta la localidad entrerriana de Victoria a través del puente que une ambas ciudades para protestar contra las quemas de pastizales en las islas del delta del Paraná y en reclamo de una “urgente” de la Ley de Humedales.
Ahora, la Corte Suprema, con voto unánime, decidió hacer lugar al amparo y citar, además, a las autoridades a la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof para que, como medida cautelar, ese Estado provincial así como las provincias y municipios demandados constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental.
Según dispuso, ese comité deberá adoptar medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares, en la región del Delta del Paraná, utilizando para ello las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) de 2009. Y encomendó que en el plazo de 15 días corrido presenten al Tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.
Según los considerandos del fallo, existen suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. Se sostuvo que no se trata en el caso del juzgamiento de una quema aislada de pastizales sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
Según se destacó, el Delta del Paraná es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, es un ecosistema vulnerable que necesita protección. Se explicó además que el peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná, además de resultar también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario.
Concluyó en que existe prueba suficiente, y de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.
Por lo demás, recordó que esta situación no es novedosa, ya que en el año 2008 el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, se habían comprometido formalmente a la elaboración de un “Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP), entre cuyos objetivos se previó la necesidad de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios que afectaron diferentes zonas del Delta del Paraná, así como la promoción de procesos tendientes al logro de una armonización normativa al servicio de la conservación y desarrollo sostenible de ese territorio. En dicho plan, señaló el Tribunal, se previó la creación de un “Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la Región del Delta del Paraná”, ─constituido finalmente mediante la resolución SAyDS 675/2009─ como instancia de coordinación de las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos enunciados entre las provincias y municipios con competencia territorial en el área del Delta del Paraná. Sin embargo, puntualizó que en las actuales circunstancias resulta evidente que estas medidas no han logrado una solución perdurable en la zona.
Respecto de encuadramiento legal, la Corte afirmó que la cuestión planteada está contemplada en diversas normas jurídicas, cuya implicancia en el caso desarrolló: la ley 26.562 (control de actividades de quema); la ley 26.331 (protección de bosques nativos); la ley 26.815 (protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales); la ley 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR); la ley 24.295 (Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); y la ley 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global).
“El caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (artículos 2°, inciso k, y 4º, “principio de cooperación”, de la ley 25.675)”, se afirmó. “Los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia, en el caso, será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental, en cumplimiento de las leyes ambientales citadas”, se añadio.
En relación al peligro en la demora, la Corte afirmó la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente en la región del Delta del Paraná (con cita de las disposiciones pertinentes de la ley 25.675 y del Código Civil y Comercial de la Nación), ya que de la información aportada surge que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parece haber aumentado, con el consecuente impacto que esto tiene en el ambiente que se intenta proteger.
En suma, entendió que resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no sólo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire.
Finalmente, requirió al Estado Nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las Municipalidades de Rosario y Victoria, el informe que prevé el artículo 8° de la ley 16.986, el cual y deberá ser evacuado, en todos los casos, en el plazo de 30 (treinta) días corridos.

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Advierten que los incendios en humedales "son una tragedia" para flora y fauna de las islas del Delta

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Litoral Argentino


“El panorama es desolador, el fuego diezmó numerosa fauna del humedal. Se ha encontrado una innumerable cantidad de animales calcinados tras el incendio en las islas”, dijo a Télam un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca.
 Los incendios en los humedales del delta del Paraná, que ya afectaron a unas 90.000 hectáreas, constituyen una “verdadera tragedia” para la flora y fauna de las islas, y debido a la acción del fuego algunas áreas “tardarán años en recuperarse”, consideraron este lunes ambientalistas y ornitólogos.
Tras señalar que “es una verdadera tragedia” lo ocurrido con los incendios en el humedal, Pablo Cantador, un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca, dijo que en un recorrida efectuada por la zona afectada advirtió que existe “un gran porcentaje de islas quemadas”.
Comentó que hay áreas donde “el suelo quedó como un ladrillo por la temperatura, ahí el fuego quemó todo, hasta los microorganismos y semillas. Será muy difícil que algo vuelva a crecer en breve. Tardará años en recuperarse”.
Los incendios en los humedales del delta del Paraná, que ya afectaron a unas 90.000 hectáreas, constituyen una “verdadera tragedia” para la flora y fauna de las islas, y debido a la acción del fuego algunas áreas “tardarán años en recuperarse”, consideraron este lunes ambientalistas y ornitólogos.
Tras señalar que “es una verdadera tragedia” lo ocurrido con los incendios en el humedal, Pablo Cantador, un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca, dijo que en un recorrida efectuada por la zona afectada advirtió que existe “un gran porcentaje de islas quemadas”.
Comentó que hay áreas donde “el suelo quedó como un ladrillo por la temperatura, ahí el fuego quemó todo, hasta los microorganismos y semillas. Será muy difícil que algo vuelva a crecer en breve. Tardará años en recuperarse”.
“El fuego, cuando es nocturno, sorprende en sus refugios a las aves acuáticas como las gallinetas, que no se caracterizan por ser grandes voladores y como apenas pueden levantar vuelo, quedan presas de las llamas”, explicó Cantador.
Y afirmó que el humedal “es también recepción de aves que emigran. Ahora están migrando las que vienen de la Patagonia, y en esta primavera, llegarán las aves que proceden del norte y se encontrarán con un tercio de las islas del delta arrasadas”.
El director de Aves Argentinas, Hernán Casaña, en diálogo con Canal 3 de Rosario, agregó que el área incendiada “es el equivalente a dos ciudades de Buenos Aires” y que “es un ambiente que se perdió y no sabemos cuándo se recuperará”.
 Casaña expresó que "numerosas aves perecieron al tener sus nidos en los árboles, pero muchas especies tienen problemas de conservación, por lo cual el impacto será muy fuerte, y recuperar el ambiente perdido también será muy difícil”.
Tras apuntar que los incendios en los humedales “es una tragedia desde el punto de vista ambiental y de la salud humana”, el titular de Aves Argentinas, dijo que “estamos perdiendo recursos naturales a una velocidad inusitada”.
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