La universidad salteña no se pronuncia | Greenpeace apunta al ingeniero de la UNSa que habilitó desmontes en un barrio privado

Fecha de Publicación: 13/11/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


El organismo señaló que Pablo Campos, representante de la casa de estudios ante el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta, avanzó con un informe que permite desmontes a pesar de que el terreno del country está sobre un área protegida.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, apuntó contra el ingeniero Pablo Campos, quien firmó un peritaje que habilitó desmontes en la zona del country Los Maitines, en San Lorenzo, a pesar de que las tierras se encuentran en áreas protegidas.
Tal como informó CUARTO este jueves, Campos fue nombrado este año como uno de los representantes de la UNSa ante el Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta.
El ingeniero, que forma parte de la Facultad de Ciencias Naturales, firmó un peritaje que favorable para el desarrollo del barrio privado, pero omitía mencionar que el área está protegida como «Zona Amarilla», que prohíbe desmontes y urbanizaciones.
En su texto, Giardini asegura que «resulta más que evidente que el proyecto Los Maitines nunca debió ser aprobado, puesto que implica un desmonte para urbanización en área donde no está permitido».
El miembro de Greenpeace agrega que el proyecto del barrio cerrado apunta a una urbanización que implica desmontes y no un aprovechamiento sustentable ni un manejo forestal.
Agrega que el proyecto busca «reemplazar la selva por casas y calles».
Mientras tanto, las autoridades de la UNSa y la Facultad de Ciencias Naturales no se han pronunciado por este episodio.
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La Corte Suprema se mete en una demanda ambiental contra el Estado argentino y cuatro gobernaciones

Fecha de Publicación: 04/11/2023
Fuente: elDiarioar
Provincia/Región: Nacional


El máximo tribunal se declaró competente en el caso presentado por la organización ambientalista Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América, en peligro de extinción frente a la deforestación de los bosques nativos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los vocales del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía.  
La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada.  
El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.
 La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.  

El caso
La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.
La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.
La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.
La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.
La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.
 “Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.
“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.
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Prorrogaron una audiencia de desmonte hasta que esté el nuevo ordenamiento

Fecha de Publicación: 03/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, aseguró ayer que se aplicará el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN, que está próximo a conocerse) a las audiencias públicas de desmonte que se solicitaron este año.
“Con el de ahora”, respondió el funcionario provincial a la consulta de Salta/12 sobre cuál OTBN se aplicará a los pedidos de autorización de desmontes presentados este año. Mientras se avanza con el nuevo OTBN los cambios de uso de suelo se encuentran suspendidos.
El viernes último se publicó la resolución 258 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, por la cual se dispuso la prórroga de la audiencia pública en el marco del pedido de la firma “Río Horcones SA” para el desarrollo de una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar, y 399 hectáreas de protección y reserva, en la finca “Estancia Aragón”.
En sus considerandos, el instrumento legal indica que la solicitud de que se suspendan las audiencias hasta que esté listo el nuevo ordenamiento fue de representantes del Instituto de Investigaciones en Energías no Renovables (INENCO), el CONICET, la Universidad Nacional de Salta, INTA y el INAI, organismos que también tienen a sus representantes en el equipo técnico del Consejo Asesor del OTBN, cuya revisión está en sus instancias finales.
En la resolución se especifica que pidieron la suspensión “de todas las Audiencias Públicas convocadas por proyectos de cambio de uso de suelo en los bosques nativos de la Provincia de Salta hasta tanto se apruebe el nuevo mapa, fundando tal petición en que estas audiencias, suspendidas desde hace aproximadamente 18 meses por decisión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no se deberían reanudar habida cuenta de lo avanzado del proceso de revisión del mapa actualmente vigente. Si así se hiciera, se pondría en riesgo la credibilidad de todo el proceso”.
Aunque son más las audiencias públicas que se dieron a conocer por el Boletín Oficial, Aldazábal afirmó que dos particularmente se encuentran con proyectos sobre bosques nativos y por lo tanto, podrían ser incongruentes con la próxima actualización del OTBN.
Por estas razones se decidió prorrogar la audiencia pública para el 28 de noviembre para posibilitar que se la evalúe  según las definiciones que otorgue la base del OTBN actualizado, que estaría listo la semana que viene a más tardar. Así lo indicó el secretario de Ambiente. “Entonces deberán adecuarlo”, dijo al ser consultado sobre el hecho de que el procedimiento fue trazado sobre la base del OTBN vigente desde 2009, que se verá modificado con el del 2023.
En la resolución se indica además que Aldazábal no puede intervenir en las actuaciones dado que en su momento actuó como técnico responsable de este proyecto, antes de asumir al frente de la Secretaría.
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"En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"

Fecha de Publicación: 16/10/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.

—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la  deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios.  En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.

—¿Cuál es el control que realiza el  Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo.  Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.

—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.

—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial,  tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.  Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.

—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.

—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.

—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.

—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.  Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.

—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.

—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
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Chaco | Investigadores denunciaron graves irregularidades en el proceso del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 13/10/2023
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco


Más de cien investigadores e investigadoras del sistema científico nacional, incluyendo miembros del CONICET, universidades nacionales y el INTA, hacen un pedido de intervención urgente al Gobernador de Chaco Jorge Capitanich sobre las tres Audiencias convocadas para modificar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco por irregularidades en la convocatoria, “con violación de normativas provinciales, nacionales y acuerdos internacionales”.
Las audiencias públicas fueron llevadas adelante a fines de septiembre por el Ministerio de Producción con el objeto de reunir opiniones que sustenten cambios al OTBN aprobado por Decreto Provincial en el 2022.
Asimismo, la nueva propuesta de modificación del OTBN presentada durante estas audiencias incumple con casi todos los criterios de sustentabilidad y lineamientos establecidos por la Ley de Bosques N° 26.331 y el Consejo Federal de Medio Ambiente.
La discriminación de actores y sectores productivos y socio-ambientales representativos  del Chaco, el incumplimiento del Protocolo 169 de la OIT sobre consulta previa a comunidades indígenas y otras irregularidades son aspectos de extrema gravedad.
Este llamado ocurre luego de varias alertas previas emitidas por la comunidad científica y organizaciones civiles.
En 2022, mil científicos argentinos expresaron su profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos prevista en el Decreto N° 2157/22. Además, un grupo de científicos se reunió con legisladores provinciales para destacar los riesgos de este tipo de retrocesos en el patrimonio natural y la sostenibilidad del Chaco.
En 2023, se rechazó categóricamente un nuevo Proyecto que busca eliminar los bosques, incluso en áreas dentro de corredores biológicos de la provincia (Proyecto N°3258 del Diputado Bergia).
En sus últimos meses de gestión, los científicos hacen el último llamado a Capitanich. Piden que se evite una mayor extinción de la biodiversidad, los efectos extremos que impactaran por cambio climático a los chaqueños y la desertificación que traerá un Chaco sin bosques nativos.
Solicitan, por tanto, considerar inválidas las audiencias públicas realizadas con el fin de modificar el OTBN provincial y retomar el proceso de actualización conforme las normas y leyes vigentes, quedando disponibles para trabajar junto a los poderes del estado en pos de un verdadero desarrollo sustentable provincial y nacional.
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Denuncian el desmonte de 200 hectáreas en Luján: qué dijo el Gobierno

Fecha de Publicación: 10/10/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Fundación Cullunche denunció que se estaba procediendo a un desmonte en una superficie que se buscaba declarar como área protegida. Desde la Secretaría de Ambiente, dieron explicaciones.
Durante el viernes, la Fundación Cullunche, una ONG mendocina dedicada a la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente, compartió de manera pública un comunicado donde se denunciaba que se estaba produciendo un "atropello" contra el monte natural conocido como “El Jarillal”. Este lugar se encuentra ubicado sobre el margen de la ruta 7 entre Aguas del Pizarro y el cauce del Río Mendoza y abarca 200 hectáreas de oeste a este. Fuentes oficiales, aseguran que las obras se deben a la construcción de un Parque Solar en la zona.
En el comunicado, la ONG, aseguraba que desde hace varios años, diversos sectores ambientalistas y de la sociedad civil, llevan adelante la protección de dicho monte natural  porque lo consideran "único en su tipo por la cercanía a la ciudad, y por su gran aporte y servicio ecosistémico". Al mismo tiempo, el anuncio afirma que el desmonte se estaría llevando a cabo de manera "totalmente inconclusa" y "sin ningún tipo de sensibilidad a la época en la que todas las aves silvestres están haciendo sus nidos".
Si bien desde la Fundación Cullunche se manifiestan a favor de la construcción del Parque Solar, argumentan que no debería ser ese el lugar indicado para su realización. En este marco, se le exigió al gobierno provincial explicaciones al respecto, ya que anteriormente, se había presentado un proyecto para declarar esa zona como reserva natural. "No sabemos si se ha realizado el pertinente estudio de impacto ambiental, que muestren el procedimiento de aprobación de desmonte" exigieron en el comunicado.
La respuesta emitida por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza se publicó de manera online durante la tarde viernes y manifiesta que en la denuncia presentada por la Fundación Cullunche se realizan dos acusaciones que carecen de fundamentos técnicos y legales sobre la construcción que se está realizando en el área. "La primera es en referencia a la ubicación, objetando que se encuentra dentro los límites del Proyecto de Área Natural Protegida El Jarillal, presentado por la misma Fundación. La segunda acusación es sobre la necesidad de emisión de una Declaración de Impacto Ambiental para su construcción" menciona el comunicado emitido por la Secretaría y agrega que "ambas acusaciones son incorrectas, ya que el Parque Fotovoltaico se está construyendo fuera de los límites del Proyecto de Área Natural Protegida El Jarillal y que la obra ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental emitida".
De esta manera, en el comunicado, la cartera defiende el accionar en la zona y argumenta que toda intervención que pueda estar ejecutando la empresa Aconcagua Energía Renovable SA en el  proyecto del Parque Solar Fotovoltaico Lujan de Cuyo, se encuentra con todas las aprobaciones y permisos necesarios para su inicio de obra, el permiso de desmonte otorgado por la DRNR y además no hay superposición en el área denominada El Jarillal con el proyecto de parque solar.
A pesar de las declaraciones emitidas por el organismo oficial, en las últimas horas, la Fundación Cullunche emitió nuevos comunicados mediante su página de Facebook donde se comparten fotos que evidencian el avance de las construcciones del Parque Solar en la zona. "Lo que están haciendo no es ilegal pero es inmoral" afirman en el texto de la publicación y al mismo mencionan que "No tienen moral, ni ética ni respeto por el ambiente. Poner un parque solar no los hace verdes. Verde es la jarilla que están destruyendo y desmontando. La naturaleza no olvida ni perdona. Y nosotros, tampoco" argumentaron.
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Por qué la Argentina avanza hacia una posible catástrofe ambiental

Fecha de Publicación: 09/10/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


La falta de políticas adecuadas y de controles facilitan las prácticas ilegales que atentan contra el medio ambiente. Un informe revela la grave situación que enfrenta el país
Mientras los problemas urgentes concentran la atención de los políticos y la sociedad, la crisis ambiental que vive el mundo avanza en silencio. El cambio climático es consecuencia, en gran medida, del accionar del hombre y la falta de controles.
Hay motivos que tienen que ver con el desarrollo industrial inevitable que marcha a la par del crecimiento de la población en detrimento de los recursos naturales. Pero hay también una parte de ese accionar que es resultado de prácticas ilegales y falta de controles que provocan daños irreparables para el medio ambiente.
La Argentina no está ajena a esa problemática y se manifiesta en distintas áreas que la llevan hacia un colapso ecológico. Por ejemplo, la organización Greenpeace elaboró un informe que señala que en el norte del país se deforestaron 90.755 hectáreas  en lo que va de este año, un 21% más que en el mismo período de 2022. La sequía que afectó en los últimos años la región productiva del país es una muestra del efecto de estas prácticas.
La situación más grave se produjo en Chaco y Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales, ante la pasividad de los gobiernos locales.
“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estimó que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas.  El total es de 90.755 hectáreas, una superficie equivalente a 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el mismo período en 2022, fue de 74.698 hectáreas.
La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco - el segundo ecosistema forestal más grande del continente - es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa.
“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la consulta popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini
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Córdoba fue elegida para trabajar la reglamentación sobre libre de deforestación en la Unión Europea

Fecha de Publicación: 29/09/2023
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Nacional - Córdoba


Las Buenas Prácticas Agropecuarias y el Plan Provincial Agroforestal que ejecuta el Ministerio de Agricultura podrían ser parte de las ventajas comparativas frente a este nuevo reglamento.
Con la participación de representantes de numerosas entidades vinculadas al sector agropecuario y agroalimentario cordobés, se realizó el encuentro denominado "Diálogo de Innovación y Transformación sobre la nueva regulación libre de deforestación de la Unión Europea", que limita el intercambio comercial para aquellas materias primas y productos asociados que hayan sido generados en territorios con deforestación.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Agricultura, Marcos Blanda quien destacó diferentes acciones que desarrolla el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para fortalecer una producción cada vez más sostenible. Se sumó a la mesa el agregado agrícola de Alemania en Argentina, Hernan Intermann y Marnix Doorn, líder del Proyecto financiado por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania (BMEL).
"Córdoba fue elegida como una de las regiones para trabajar este intercambio y facilitar el intercambio comercial. Nuestra fortaleza es la profunda articulación del sector público con el privado en casi todos los sectores productivos, y las políticas públicas vinculadas a la innovación y a la sostenibilidad del modelo agrobioindustrial", dijo el secretario y aseguró que el programa provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias y el Plan Provincial Agroforestal son dos herramientas estratégicas que "nos permitirán superar las barreras que se puedan dar frente a esta nueva resolución, dado que nos pone un paso más allá de muchas regiones productivas".
Participaron el director de Fiscalización y Control, Gustavo Balbi, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, Jorge Dutto; el titular de Senasa, Gustavo Zabaleta; su par de la Bolsa de Cereales, Erardo Gallo, de la Fundación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, Gabriel Raedemaeker, entre otras autoridades sectoriales.
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Sancionaron a dos barrios privados por dañar el ambiente y la ecología del piedemonte

Fecha de Publicación: 28/09/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza multó a dos emprendimientos que realizaron desmontes y movimientos irregulares de suelo en la zona del piedemonte lasherino. Se trata de dos propietarios diferentes que fueron emplazados y obligados a paralizar sus obras en reiteradas oportunidades por el organismo gubernamental, cuyo titular es Humberto Mingorance.
Sin embargo, los dueños de los barrios desoyeron los pedidos oficiales y ahora deberán afrontar multas que se aproximan a los 2 millones de pesos y en ambos casos se evaluará si corresponde una denuncia penal por daños ambientales. Se trata de los desarrollos inmobiliarios Villa Adolfina y Lares del Challao.

Incumplimientos a la ley del ambiente
La Ley provincial Nº5961 es la normativa que establece la obligatoriedad de realizar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de todos aquellos proyectos o acciones cuyas consecuencias o efectos pueden causar modificaciones a las condiciones del equilibrio ecológico del Ambiente. Dicha normativa fue reglamentada mediante el Decreto Nº2109/94 y su ampliatorio Decreto Nº809/13.
Bajo esta ley, en Villa Adolfina Eco Country se determinaron dos incumplimientos clave. El primero es que carecen del informe de impacto ambiental. Y el segundo es que el emprendimiento está emplazado en una zona de riesgo "de media y alta peligrosidad, con cauces aluvionales – áreas de muy alta peligrosidad (color rojo) atravesando el terreno; todo ello implica la existencia de riesgo aluvional, encuadrando la zona en un área urbanizable/no urbanizable, lo que califica aún más la trascendencia de la infracción observada".
A pesar de ser advertidos sobre el tema, cuando se inspeccionó el lugar en mayo pasado ya había "obras de portal de acceso y SUM ejecutadas, apertura de caminos, replanteo y excavaciones en diversas parcelas y la presencia de maquinaria trabajando al momento de la inspección, realizando excavaciones y movimientos de suelos; asimismo se comprobó la afectación y degradación ambiental al eliminar flora nativa, realizar desmontes, afectar e invadir cauces aluvionales, entre otros impactos".
Con este historial de irregularidades, al Proyecto Villa Adolfina Eco Country, Matrícula Nº413.970/1, Nomenclatura 01-01-88-2300-470720-0000-3, propuesto por el Fideicomiso Villa Adolfina Country Hípico, se le impuso una multa que asciende a $1.012.000.
En el segundo caso, Lares de El Challao también se pueden contar un sinfín de idas y vueltas con el expediente. Pero tampoco el barrio cuenta con la declaración de impacto ambiental y también está emplazada en una zona aluvional peligrosa.

La palabra de Mingorance
“Seguimos llevando a cabo estrictos controles en todo el piedemonte mendocino, con el objetivo de desarrollar políticas de ordenamiento territorial que ayuden a mejorar el desarrollo de la zona de forma ordenada y fundamentalmente preservando el ambiente y la biodiversidad”, explicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
Ante los reiterados emplazamientos y paralizaciones impuestas por la Secretaría de Ambiente, dado al incumplimiento de las leyes vigentes, ambos propietarios anteriormente mencionados corren el riesgo de ser demandados penalmente por el Gobierno, ya que la Provincia cuenta con las facultades de recurrir a la Justicia para que intervenga el juzgado correspondiente, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 9414 “Pautas de Manejo y Disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza".
Los desarrolladores, y de conformidad con el artículo 150 de la Ley N° 9003, podrán recurrir los términos de la decisión oficial en el plazo de 15 días desde la notificación de la sanción.
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“Histórico”: Se firmó un acuerdo para evitar barreras paraarancelarias con la Unión Europea

Fecha de Publicación: 22/09/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Este miércoles se firmó un "acuerdo histórico" entre el Gobierno, la industria y el sector agropecuario para desarrollar una plataforma de trazabilidad de soja y carne bovina libres de deforestación.
Los objetivos del acuerdo incluyen capacitación para productores agrícolas y ganaderos para que puedan acceder a la plataforma; acceso gratuito para todos los productores argentinos; transparencia en la plataforma; la aceptación de la plataforma en mercados internacionales; y utilizar la identificación de libre de deforestación en toda campaña de posicionamiento de productos argentinos en el mundo.
En la rúbrica del acuerdo estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el presedente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el presidente del Consorcio Exportador de Carnes ABC, Mario Ravettino y el representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio.
La soja y la carne, los dos productos más importantes de la agroindustria argentina, una por volumen y otra por precio por tonelada, enfrentan una exigencia con plazo al 2025 desde la Unión Europea, el bloque comercial que más importa la harina de la oleaginosa y que pago los mejores precios por los cortes bovinos.
"Trabajaremos juntos para cumplir con estándares internacionales y promover la transparencia del sector", dijeron desde Ciara-Cec.
La semana pasada, durante el Congreso Internacional de Maíz, realizado en Paraná, Entre Ríos, Idígoras advirtió que mercados están entrando en una agenda de sustentabilidad, y empiezan a pedir información sobre el balance de carbono, emisiones netas, el consumo de agua por hectárea.
Y sobre todo, si los cultivos (por ahora soja y carne) se producen en una zona libre de deforestación. Pero destacó que también el maíz tendrá que certificarse próximamente.
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Tierra roja y desmontada: tala ilegal de árboles en Misiones

Fecha de Publicación: 20/09/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Misiones


El escenario de desmonte es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios, a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció un desmonte ilegal en Misiones. Fue el mes pasado en la comunidad indígena de Tacuapí Miní,a 230 kilómetros al norte de Posadas en Puerto Mado, municipio de Colonia Delicia. Los inspectores del Ministerio de Ecología que llegaron al territorio no pudieron identificar a los autores materiales. Se sospecha que se trata de empresas debido a la cantidad y el tamaño de las maquinarias utilizadas.
Desde la comunidad apuntan la intervención de la empresa Petrovalle, de la familia Closs, dueña de varias estaciones de YPF y también camiones de transporte de madera, entre otros negocios en las provincia. “Estamos preocupados porque han desmontado nuestro territorio", relata Francisco Silva, cacique de Tacuapí Miní e integrante de la UTT. El suelo de la comunidad está en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento de comunidades. En un recorrido por su territorio el 23 de agosto se encontraron aproximadamente 10 hectáreas con árboles talados, "los mas valiosos ya sacaron. Estamos reclamando que paren de destruir donde hay monte, en esta y otras comunidades de Misiones”, continuó Silva que escuchó en primera persona los ruidos de motosierras y maquinarias a la madrugada.
"Estamos en un momento crucial para nuestras comunidades y nuestro entorno, donde más que nunca debemos proteger la biodiversidad y el patrimonio natural. Es muy doloroso ver cómo este desmonte afecta de forma irreversible al ambiente donde habitamos y producimos”, agrega Miriam Samudio, delegada provincial UTT Misiones e integrante de Productores Independientes de Piray (PIP).

El monte es alimento
“Hoy nos encontramos con este panorama desolador y sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. El monte es una parte esencial de nuestra identidad y subsistencia, y esto es una condena a la desaparición para nuestro pueblo", explica Silva. “Es una comunidad de más de sesenta familias. Han arrasado con árboles nativos y frutales. Era una tristeza ver en el suelo todos esos árboles que tanto cuidaron, que le dan fruto, que le dan comida”, agrega Samudio.
La UTT en Misiones, dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), cuenta con 14 bases que nuclean 430 familias entre asociaciones de pequeños productores, cooperativas y cuatro comunidades indígenas. “Venimos trabajando como organización en el sentido de cómo planificar la producción de las familia dentro de sus chacras buscando, como primera meta, que no nos falte el pan. Pero también que podamos compartir el alimento a la mesa de las familias consumidoras a un precio justo y con producciones sin químicos, sanas”, explica Samudio. “Incluso en épocas de pandemia, nos organizamos con todo el protocolo para llevar más de 7000 mil kilos de alimento de puerta en puerta, en los barrios, con un micrófono diciendo: ¡Hola, llegó la soberanía alimentaria!”, relata.
“No es la primera vez que ocurre en las aldeas de los pueblos originarios. Hay varias que tuvieron ese problema con grandes empresas. Hay una ley que supuestamente ampara a las comunidades reconociendo sus tierras. Pero ante el desmonte nadie respeta”, explica Zamudio.

Políticas en retroceso
En su Informe Anual de Deforestación 2021, Greenpeace calculó a través de la comparación de imágenes satelitales que la deforestación en el norte de Argentina alcanzó las 110.180 hectáreas, lo que equivale a más de cinco veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Misiones ha sido un ejemplo de políticas ambientales y economía social, esa tendencia viene en retroceso ante el avance del extractivismo y la concentración económica.
“Las imágenes satelitales muestran que el desmonte no se detiene en Misiones y por lo tanto, el escenario que se profundiza es el de supresión de los bienes naturales imprescindibles para todas las formas de vida. El Corredor Verde, establecido por ley para conservar el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo, no existe más como tal. Está severamente fracturado”, señalaron una decena de organizaciones sociales y ambientales en un informe enviado al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
El gobierno de Misiones viene reclamando al Estado Nacional una deuda de 114.000 millones de pesos por los servicios ambientales, ya que la provincia es carbono negativo con un saldo positivo es de 2049 toneladas de dióxido carbono al año. Además, tiene bajo resguardo alrededor del 52 por ciento de la biodiversidad de Argentina.
Luego de casi una década (2004-2010) en que la tasa anual de deforestación por año se redujo de 18.800 a 6700 hectáreas, el proceso parece haberse revertido. El escenario de desmonte, explica el informe, es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios (como ocurrió en el verano de 2021), a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.
“La decisión de detener el desmonte y proteger las tierras de las comunidades originarias no solo es un acto de justicia, sino un paso fundamental hacia un futuro posible”, declara el comunicado emitido por la UTT.
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Desmonte y desertificación, el problema crónico que convierte rutas en una trampa mortal

Fecha de Publicación: 15/09/2023
Fuente: Cba24n
Provincia/Región: Córdoba - Nacional


El abogado especialista Darío Ávila acusó a la Provincia y a la Nación por respaldar el modelo agropecuario vigente. Además dijo que ni los gobiernos ni los productores cumplen con la reforestación que exigen las leyes.
Los accidentes múltiples y fatales ocurridos en las últimas horas en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en medio de fuertes tormentas de viento y tierra, reavivaron el debate sobre la problemática del desmonte y el cambio climático en curso.
La postal del accidente ocurrido este lunes en ruta 13, con el saldo de un muerto y numerosos heridos, recuerda a otros accidentes similares ocurridos en nuestra provincia y ponen la mirada en todas las medidas de prevención que se deberían tomar para evitar estos hechos.
Y, el problema más delicado está en el avance de la frontera agropecuaria, los desmontes y la paulatina desertificación de las superficies, según analizó en diálogo con Radio Universidad el abogado y ambientalista Darío Ávila. Él, no dudó en responsabilizar a los gobiernos y a los productores agropecuarios por la ampliación de la frontera agropecuaria y la falta de reforestación.
“En mi opinión, hay responsabilidad compartida, principalmente del Estado nacional y el Estado provincial que siguen apostando al modelo de producción agroindustrial, que implica un avance desmedido de la frontera agropecuaria y el uso intensivo de agrotóxicos”, expresó.
En ese sentido señaló: “No nos resulta ajeno que estas tormentas de tierra se hayan dado en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, pero también en la provincia de Santiago del Estero”.
El abogado dijo que si se siguen las estadísticas realizadas por el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Bosques, queda demostrado que los territorios de estas provincias “es el sector donde mayoritariamente se han llevado a cabo las tareas de desmonte y también de desmonte ilegal en zonas prohibidas”.
“Esto provoca el fenómeno del cambio del uso del suelo, es decir, donde antes había bosques ahora han sido reemplazados y hay monocultivo de soja, que tiene que ver con la falta de rotación de cultivos y el uso intensivo y esto claramente va produciendo una erosión de la superficie terrestre y esto termina en el fenómeno de la desertificación, que es cuando el suelo se muere a raíz del bombardeo químico por décadas por el uso de agrotóxicos”, explicó.
“Esto provoca la pérdida de fertilidad, pérdida de recursos hídricos, sumado a los desmontes, esto hace que nos encontremos con grandes superficies de suelos devastados”, sentenció.
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Sangre en el monte de Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 14/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El avance del agronegocio no se detiene en Santiago del Estero y brinda otra muestra de violencia extrema: un fallecido y al menos tres heridos de bala. El matrimonio Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala se alterna en el poder desde 2005, con políticas que apoyan el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre campesinos y pueblos indígenas.
El avance del desmonte, la avaricia de las empresas y la inacción del gobierno provincial convierten a Santiago del Estero en escenario frecuente de conflictos por la tierra. El martes pasado hubo un muerto y tres heridos de bala cuando un grupo de vecinos del departamento Figueroa —en el centro oeste santiagueño— se acercó a hablar con quien manejaba una máquina abriendo picadas (caminos) en el monte natural de algarrobos, vinales y chañares de la zona.
La situación, que era de diálogo entre los lugareños que defienden el territorio y los lugareños que trabajan para la empresa, terminó en un tiroteo cuando Edgardo Ledesma (el jefe del personal a cargo de las máquinas) llegó fuertemente armado e increpó a quienes pedían que se retiren las máquinas. El saldo de esa situación fue la muerte del propio Ledesma y tres heridos con bala de plomo. Por los hechos, que se están investigando, hay varios detenidos. La situación se produjo en San Roque, uno de los once parajes rurales de Figueroa.
Durante esta semana, quienes viven en el lugar y se oponen al avance del desmonte, recibieron amenazas de todo tipo. Desde el lugar donde ocurrió el conflicto, las familias piden presencial del Estado para resguardar su integridad.
Para llegar al paraje San Roque desde la capital de Santiago del Estero hay que viajar hacia el este 115 kilómetros, con destino a la localidad de Bandera Bajada, ubicada sobre la Ruta Provincial 2. Al costado del camino los cactus conviven con los algarrobos, que muchas veces crecen enroscados en sus troncos. El monte santiagueño es pura vida, aún con el calor, en tierras blancas o rojizas.
En Bandera Bajada hay que desviar por un camino de ripio y andar otros 50 kilómetros monte adentro, pasando por el dique Figueroa, construido sobre el río Salado. En 2011, con esa obra —inaugurada por el actual gobernador Gerardo Zamora— se anunció el abastecimiento de agua para las familias campesinas de la zona. Pero la promesa quedó estancada: hoy sólo sirve para el riego de los campos de grandes terratenientes. En la profundidad de la noche la ruta sólo se ilumina cuando pasa, de vez en cuando, algún auto o alguna moto. A los costados, sólo se ve la densidad del monte virgen.
Al llegar a la casa de una de las familias que participaron de los hechos del martes se percibe el temor. En la oscuridad se habla bajito, giran los mates y el repaso de lo ocurrido. Las personas que trabajan para los empresarios son vecinos del lugar y en cualquier momento alguien puede llegar a continuar lo que empezó en la semana. La luz de la casa ilumina la ronda y hay que esforzarse por adivinar en las penumbras la construcción de madera, el techo de paja, el patio de tierra.
Una mujer, que pide que no se cite su nombre por temor a las represalias, afirma: “Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias”. Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte". Y la mujer agrega: "Esto ya ha pasado antes, era obvio que iba a ocurrir de nuevo".
En el departamento Figueroa viven desde hace varias generaciones cien familias agricultoras y crianceras, sobre todo de caprinos. En los últimos años comenzaron a organizarse en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). También allí hay comunidades del Pueblo Tonokoté, cuyas tierras figuran dentro del relevamiento de tierras indígenas previsto por la Ley 26.160. La prórroga de esa ley impide el desalojo de las familias originarias. Sin embargo, empresas como Concept Nature Management S.A avanza con sus máquinas, con el aval del Gobierno y una red de cómplices locales que se encargan de conseguir los papeles de titularidad de las tierras para poder apropiarse de ellas.
Concept Nature está formada por socios argentinos y alemanes. En su propio sitio web anuncian que su objetivo es “desarrollar proyectos forestales y silvo-pastoriles en Argentina”. La firma opera en el sur de Misiones y en el departamento Figueroa de Santiago del Estero. En los hechos, pretende “reforestar” campos que ya están forestados, alambrar los campos y —en ese proceso— dejar sin su fuente de sustento a las familias que habitan en el lugar. Pero sin un nexo local, la entrada al territorio no es posible.
En ese punto es donde comienzan a trabajar personas como Edgardo Ledesma o Carlos Budán. Son “intermediarios” que se ocupan de rastrear a los anteriores dueños de los terrenos y comprarles los títulos de propiedad, que a su vez venden a firmas locales (como Santiago S.A. o Figueroa S.A.). Con esos papeles, los empresarios buscan legitimar su acción de desalojo de familias que hace cincuenta o cien años que habitan el lugar de manera pacífica, produciendo en el lugar y a las que el Estado no da respuestas para garantizarles las escrituras que les reconozcan formalmente sus derechos.
Pero además de ese artilugio legal, también apelan a la fuerza. Los lugareños contaron a este medio que el requisito para trabajar para las empresas intermediarias es “usar armas para defender los campos ante las comunidades”.
Las familias denunciaron en varias oportunidades ante la comisaría de Bandera Bajada que hay máquinas trabajando en los territorios indígenas. Sin embargo, esas denuncias —según ellas mismas comprobaron— nunca llegaron a la Fiscalía de Santiago del Estero. Señalan la responsabilidad del Gobierno en “dejar hacer”. El Comité de Emergencia, creado por el gobierno de Zamora para prevenir o intervenir en los conflictos de tierras, brilla por su ausencia.
En 2009 se organizó la comunidad Tonokoté de Santiago del Estero. El relevamiento de sus tierras llevó doce años y se contaron 37.000 mil hectáreas (parte de ellas, ubicadas en el departamento Figueroa). Si bien se hizo el relevamiento, no hay una política estatal de protección ante los privados. En todo caso, el Estado llega con represión. En 2022, la Policía de Santiago del Estero reprimió un corte de ruta que realizaban familias de esa comunidad en Bandera Bajada (departamento Figueroa).
Angélica Serrano, de la comunidad Tonokoté, cuenta: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad de nuestro pueblo. Tengo 45 años, soy nacida y criada aquí y aquí quiero morir, en mi comunidad. Produciendo y también transmitiendo nuestras luchas cotidianas”.
Sobre lo ocurrido en los últimos días en la comunidad de San Roque, Serrano recuerda que ese territorio es parte del relevamiento territorial indígena: “Este territorio también está relevado y hoy están peleando por su territorio, pero hay una empresa intentando despojarlos. Así ocurrió lo del martes, donde hubo un enfrentamiento entre los empleados de la empresa con los hermanos de las comunidades”.
Serrano afirma: “No queremos llegar a eso, queremos que el Estado reconozca el territorio para poder vivir y producir tranquilos nuestros alimentos, transmitiendo nuestros saberes y cuidando el monte, las plantas naturales, las hierbas medicinales, la miel silvestre y los animales que están en peligro de extinción”.
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Desmonte ilegal en Chaco: los infractores no cumplen con la restauración correspondiente

Fecha de Publicación: 05/09/2023
Fuente: Portal diariotag.com
Provincia/Región: Chaco


En multas por desmontes se recaudó más de 900 millones, pero los infractores no cumplen con la restauración
Se están realizando distintos operativos en el marco de la fiscalización forestal, sobre todo en los relacionado a desmontes, ya que este último año empezó a tener mucha relevancia lo que es la cuestión de los desmontes "ilegales", dijo el director de Bosque de la Provincia Emanuel Carrocino.
En relación a la cantidad de hectáreas desmontadas dijo "en el mes de junio en la provincia se tenía contabilizado unas 22.000 hectáreas de desmontes ilegales, en los cuales, a medida que van surgiendo, los vamos detectando a través de la utilización de las imágenes satelitales y después se hace el procedimiento correspondiente".
El operativo empieza con una detección y en la mayoría de los casos, como son campos cerrados y privados se pide una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.   
"Los procedimientos los seguimos realizando y con eso hasta el mes de julio tenemos contabilizado una recaudación casi de 950 millones de pesos en multas, monto que ya superó en los primeros siete meses todo lo que recaudamos el año pasado, que fue durante el 2022 unos casi 600 millones ", dijo Carrocino al tiempo que remarcó que: "En siete meses ya superamos ese monto y seguramente en lo que va del año por todas las multas pagadas y cheque en cartera  superaremos los 1.500, los 2.000 millones en multa de este año".
Recordó el Director de Bosques en los predios donde se detecta el desmonte ilegal se procede también al secuestro de las maquinarias que están trabajando, "en algunos casos pudimos lograr sacar la topadora del predio, otros casos se nos complican porque es todo un proceso el traslado de un carretón o la contratación de un carretón, por eso estamos procediendo a través de fiduciaria comprar un carretón para la institución".
Por otro lado, explicó que en el marco de estos operativos de fiscalización forestal están en proceso de aplicar el decreto 2039. "Es un decreto que firmó el gobernador, que está vigente desde el 14 de agosto, donde se duplican los valores de las multas, sobre todo en lo que son zonas amarillas y en tierras fiscales, los desmontes que se hacen en tierras fiscales".
En este sentido dijo Carrocino que "es importante que se penalice este tipo de cuestiones porque hoy no es un delito el desmonte es una contravención que tiene una multa administrativa que en este caso la aplicamos nosotros, que va hasta dos salarios mínimo vital y móvil por hectárea".
Asimismo, agregó: "Con este decreto se duplican, o sea, que un desmonte en zona amarilla sería cinco salarios. Nosotros, aparte de eso, aplicamos la cuestión de la restauración, pero lamentablemente hasta ahora no pudimos - salvo algunos sirvo pastoriles- la restauración, no pudimos lograr en los expedientes de desmonte por la vía administrativa la restauración, así que estamos trabajando con la fiscalía para lograrlo por la vía judicial", señaló.
Recordó el director de Bósques que "cuando se detecta un desmonte se aplican dos sanciones por un lado es la multa, que muchas veces la pagan, o la mayoría de las veces la están pagando", y después hay una cuestión de restauración que en la mayoría de los casos no la están cumpliendo. "Nosotros agotamos la instancia administrativa y la idea es pasar a Fiscalía de Estado para que ejerza a través de la justicia esa cuestión".
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Deforestación ilegal: 50.000 hectáreas de bosque fueron arrasados en el norte argentino en lo que va del año

Fecha de Publicación: 28/08/2023
Fuente: Portal primerplanoonline.com.ar
Provincia/Región: NOA - NEA


Esta problemática en la región chaqueña es realmente significativa: cuenta con una superficie de más de 60 millones de hectáreas y representa el 60 % del Gran Chaco de América, siendo después del Amazonas el segundo pulmón verde más importante del continente.
La deforestación ilegal en Argentina no se detiene. En el norte del país se han registrado pérdidas de bosques enteros. La provincia de Chaco evidenció la pérdida de 51.600 hectáreas de bosques debido a la deforestación intensiva en el primer semestre de 2023.
El problema de la deforestación proviene del sector privado, donde se destruyen áreas naturales y bosques completos para generar espacios donde se pueda disponer de suelo para la cría de ganado y la plantación de soja.
Los registros evidenciaron que ha habido un aumento en la tasa de deforestación en comparación con el año pasado: un 25% más que en el mismo período de 2022, cuando se deforestaron 41.332 hectáreas.
La mayoría de los desmontes son ilegales, lo cual agrava aún más la situación, ya que la deforestación sigue aumentando y se genera una destrucción continua del ambiente.
Organizaciones sociales y ecologistas llevaron a cabo relevamientos a través de imágenes satelitales, mediante las cuales se pudo registrar lo siguiente:
- Entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco fue de 24.522 hectáreas.
- Santiago del Estero registró 19.040 hectáreas deforestadas.
- En Formosa se registró 5.804 hectáreas deforestadas y en la provincia de Salta, 2.234 hectáreas.
Las consecuencias de la deforestación son múltiples, provoca desaparición de especies de flora y fauna, contribuye al aceleramiento del cambio climático, ocasiona inundaciones en zonas afectadas,  promueve la desertificación del ambiente y genera enfermedades en las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, hablar de problemas ambientales es sinónimo de problemáticas sociales. Los desmontes y la deforestación ilegal conllevan el  desalojo de comunidades indígenas y campesinas, la pérdida de fuentes de alimentos, y el uso de la naturaleza con fines medicinales.
La deforestación en la región chaqueña es una emergencia ambiental y  se debe actuar en consecuencia. A pesar de las normativas ambientales a nivel nacional y provincial, las topadoras siguen avanzando sin pausa, y las multas y sanciones ya no son suficientes para poner fin a este ecocidio.
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Convocaron a dos audiencias de desmonte sin tener listo el OTBN

Fecha de Publicación: 26/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es para concluir el procedimiento del cambio de uso de suelo (que implica muchas veces desmonte) en Rosario de la Frontera y Cafayate.
Entre el viernes y ayer se publicó en el Boletín Oficial de Salta la convocatoria a dos audiencias públicas para revisar el uso de tierras en los deparatamentos de Rosario de la Frontera y Cafayate, pese a que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) continúa sin ser actualizado oficialmente.
Fuentes de la Secretaría de Ambiente afirmaron que ambos procesos serán suspendidos dado que tras la publicación de ambas audiencias se pusieron en marcha acciones para tal fin. Sin embargo, no existe aún instrumento oficial que valide tal versión.
“Se suspendieron las audiencias hasta tanto tengamos el mapa definitivo”, dijeron desde Ambiente al sostener que de todas maneras los edictos debían llegar al organismo y desde allí la directiva era suspender el procedimiento.
Nadie supo responder con certeza cuál fue la situación que generó la convocatoria pese a faltar los mapas que indicarán cuáles son bosques nativos a proteger y cuáles las tierras destinadas a la producción.
La convocatoria a la primera audiencia fue publicada en el Boletín Oficial del viernes último y se trata de un pedido de autorización del “cambio de uso de suelo con fines de agricultura en una superficie de 114.5 hectáreas netas a habilitar y 51 hectáreas de protección en finca ‘La Rural’, inmueble matrícula N° 6.449”, de Cafayate. La convocatoria está prevista en este caso para el 22 de septiembre próximo, a las 10, en la escuela N° 4355 "María Luisa López", de la localidad de Tolombón, en donde se encuentra el predio en el que cual se prevé la producción. El expediente del proyecto se puede ver en “oficina de la empresa Establecimiento Bodega Tolombón SA”, y en la sede del Programa de Audiencias Públicas, en la calle Santiago de Estero 2245, 1o piso, Departamento 12, en días hábiles entre las 9 y las 14.
Cafayate, y otros departamentos de los Valles Calchaquíes, no fueron incorporados al OTBN que rigió hasta 2014, que, a falta de uno nuevo, hay quienes lo interpretan como “vigente” todavía. Sin embargo, se pudo conocer que en el actual mapa se prevé que los bosques nativos de esta región sean incorporados en su totalidad como zona roja, es decir, de total protección.
Sin embargo, una fuente de la repartición a cargo de ambiente en la municipalidad de Cafayate, desestimó que se con esta iniciativa de producción se pudiera afectar bosques nativos. “No hay bosques nativos en esa zona”, afirmó.
Este miércoles, en tanto, se publicó la convocatoria a otra audiencia pública, en este caso en Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia. En este caso la “autorización de Cambio de Uso de Suelo” se pide con el objetivo de habilitar tierras para ganadería en “una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar (una suerte de desmonte selectivo), y 399 hectáreas de protección y reserva, en finca ‘Estancia Aragón’, inmueble matrícula Nº 8.572”, de la firma Río Horcones SA. En este caso la audiencia está prevista para el próximo 5 de octubre, a las 11, en el Colegio secundario rural San Felipe, del paraje del mismo nombre. Quienes quieran ver el expediente y sean de la zona pueden dirigirse al establecimiento a solicitar el expediente o, en su defecto, en el programa de Audiencias Públicas.
En el caso de Rosario de la Frontera, el mapa del Ordenamiento lo indica como un departamento con parte de verde (en donde se puede desmontar) y parte de amarillo.

Mapa vencido y audiencias suspendidas
En noviembre de 2021 fue la última vez anterior que se conoció la convocatoria a audiencias públicas de desmonte. En aquel año se habían publicado casi una decena de convocatorias para la puesta en producción de 25 mil hectáreas.
En ese entonces, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, había afirmado que ninguno de los procedimientos expuestos en las audiencias públicas que involucren desmontes iba a contar con los certificados para iniciar los trabajos. Ello en tanto que el mapa de OTBN estaba (y sigue) desactualizado desde 2014 y se debía establecer en cuáles zonas producir y en cuáles no.
Aunque en las dos publicaciones aquí expuestas se indica que la convocatoria es realizada por “el Secretario de Ambiente”, las fuentes del organismo que fueron consultadas sostuvieron que las publicaciones surgen directamente desde el Programa de Audiencias Públicas y no pasan antes por la vista del titular del organismo, en este caso, Aldazábal.
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Aseguran que es efectivo duplicar multas por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/08/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Mientras se espera el nuevo OTBN, el gobierno intenta poner frenos al accionar de las topadoras en el Chaco. El subsecretario de Desarrollo Forestal del Chaco asegura que duplicar las multas económicas es una buena medida para frenar a los depredadores.
El ordenamiento territorial de los bosques nativos tiene en el decreto de finales de julio un nuevo capítulo en la extensa historia que aún no logra llegar al final de la trama que permitiría regularizar la actividad forestal en la provincia.
Hasta tanto se logre la adecuación del OTBN, es el decreto firmado el 27 de julio que establece, entre las medidas, el endurecimiento de las multas, la prohibición absoluta de los desmontes con cadenas y denuncias penales ante la quema de productos forestales.
La subsecretaría de Desarrollo Forestal añade "que también es importantes poner a consideración el ordenamiento, con la ejecución de los permisos, que es la forma administrativa que tienen un particular de cumplir con la ley".
La demora en la actualización le quita una herramienta que tiene el Estado "para poder controlar y monitorear los trabajos que se pueden realizar en territorio boscoso chaqueño", reconoció el funcionario en declaraciones al programa Agroperfiles Radio que se emite por FM Universidad Uncaus.
La necesidad de contar con la normativa nuevamente genera la diagramación de convocatorias a audiencias públicas "para poder salvar las observaciones y distintas opiniones y puntos de vista que existen posterior al decreto" para el OTBN que espera su validación en la Cámara de Diputados del Chaco.
"El objetivo es, culminada esa etapa, avanzar en la implementación final del ordenamiento y que se activen, de una vez por todas, los permisos", enfatizó Olivares.

Los procedimientos administrativos
En el proceso del Estado "existe un marco de procedimientos administrativos que se deben cumplir", tal como ocurre con las audiencias públicas que, como se sabe, no son vinculantes. Las fechas de inscripción para la participación se darán a conocer próximamente lo mismo que la data en la que se desarrollarán las convocatorias. "Posteriormente a las audiencias, con las conclusiones, haremos las adecuaciones que correspondan para que el ordenamiento esté aprobado y los permisos puedan aplicarse", detalló Olivares que sostiene que, a pesar de las demoras, "a lo largo del proceso existió un alto grado de consenso".

Diferencias Verdes
"Las diferencias existieron en las zonas donde deben manifestarse las categorías amarrilla y verde que, según el punto de vista técnico, el sector verde es donde pueda proyectarse el cambio de uso de suelo de una manera concreta en base a una planificación productiva que aproveche todo el potencial que existe en los suelos y represente un desarrollo para la agroindustria de la provincia", se explayó. En la otra perspectiva, "existen posturas que entienden que esa zona verde no debe ser manifestada en la totalidad que se propone mientras que otros directamente consideran que no debe existir el área verde, mientras que posturas diferentes entienden que debería ser el del 2009".
"El rol nuestro es poner al servicio de la comunidad toda la información técnica y que el ordenamiento territorial plasme una realidad objetiva, productiva pero también respetando los estándares y presupuestos mínimos ambientales vinculados con los bosques nativos", resumía el subsecretario de desarrollo forestal.

Tiempos de esperar
Los tiempos en los que el nuevo mapa forestal de la provincia esté listo no tienen certeza porque el procedimiento, "según lo que establecen los lineamientos nacionales, exigen dos etapas: la primera es la aprobación provincial y posteriormente la acreditación ante la autoridad nacional".
"El proceso de acreditación ante la Nación será mucho más rápido si se cumplen todos los puntos que establece la reglamentación, es decir que si la provincia ajusta el trabajo a ese marco o protocolos, el proceso será más rápido que si tenemos que corregir por los cuestionamientos que se puedan recibir a determinados ítems", remarca Olivares.

Las multas por desmontes ilegales, duplicadas
"En el mientras tanto y hasta que se concreten las audiencias públicas" para buscar el OTBN definitivo, el decreto firmado por Jorge Capitanich a finales de julio define medidas para evitar que los desmontes ilegales sigan normalizándose.
El documento establece "duplicar el valor máximo de las multas por hectárea en el caso de los trabajos ilegales, pasando de dos salarios mínimos a cuatro por hectárea". El mismo decreto duplica también los máximos en el caso de desmontes en zona amarilla o rojas y en predios fiscales.
Cabe señalar que esta medida surge a partir de dos reuniones hechas por el Grupo Agroperfiles con el gobernador, una en Sáenz Peña y otra en Pampa del Infierno con los principales actores de la foresto industria, donde se le informó que por día, con topadoras con cadenas se estaban desmontando en forma ilegal unas 1.000 hectáreas de bosques.
El desmonte con cadena consiste en trabajar con dos topadoras a la par que enganchan una cadena muy pesada. Eso va volteando y partiendo todo lo que queda entre las dos topadoras. El resultado es un desastre. Arboles partidos, otros arrancados, todo mezclado.
Un par de topadoras tiene una capacidad de depredación de unas 50 a 70 hectáreas por día. Los costos son aproximadamente 300 litros de gasoil por hectárea, es decir, menos de 200 dólares. Cuando se "barre" con todos los árboles, se quema todo –que está prohibido—e ingresan máquinas para sacar lo que queda de desperdicio, le explicaron al mandatario los productores forestales.
"El tercer punto es que incorpora como agravante de los montos de las multas la utilización de cadenas para que el desmote se realice de manera más rápida, arrasando en poco tiempo con mucha madera, provocando no solamente un daño ambiental sobre los bosques nativos sino también sobre el sector productivo foresto industrial que no tendrá la capacidad de aprovechar y procesar esa madera", refirió Luciano Olivares.

Aprovechamiento de la madera
La madera "dañada" que queda en el suelo también está contemplada en el decreto que busca restringir los desmontes pero, reconociendo que los trabajos ilegales existen, pretende permitir que sea aprovechada por el sector de la foresto industria.
"La madera que ya se dañó se intenta sea obligatoriamente utilizada por el propietario que tendrá que realizar contratos con los productores forestales para que aprovechen y retiren el material del lugar", menciona Olivares. En el caso de que, por la lectura de la imagen satelital, se verifiquen "indicios de que esa superficie pueda ser afectada por el fuego se harán las denuncias penales correspondientes", advierten.

Efectos positivos
El decreto, que tiene poco menos de un mes de vigencia, en el entendimiento del subsecretario de Desarrollo Forestal "tiene un efecto positivo". "Es positivo desde dos putnos de vista, el primero es el de la recaudación de la Dirección de Bosques en concepto de multas que se está incrementando, superándose en medio año lo del 2022, lo que implica que las sanciones están siendo aplicadas y son pagadas por los infractores", dice Luciano Olivares.
El otro punto mencionado por el funcionario provincial es que, "por los charlado con el sector foresto industrial, el propietario que generalmente es un empresario agrícola o ganadero, se acerca a los productores forestales para realizar los contratos y permitir la utilización y aprovechamiento de la madera".
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