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Las guías forestales dudosas en Misiones
07:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Sospechan de manejo turbio de las guías forestales para transportar el apeo ilegal de madera
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: Pirmera Edición
Provincia/Región: Misiones
El desmonte en el Norte misionero sumó una arista, ya que se cree que los dueños de las tierras acordarían con funcionarios provinciales para poder sacar la madera nativa sin ser molestados.
Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.
Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones.
Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.
Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal.
Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas.
De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero.
“Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.
Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.
Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.
“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.
Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.
Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas.
Un flagelo permanente
En enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito.
Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad.
Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.
En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18.
Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.
Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná.
Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
Piden informe al Ministerio
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”.
La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones”.
“La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega
Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.
La FARN también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: Pirmera Edición
Provincia/Región: Misiones
El desmonte en el Norte misionero sumó una arista, ya que se cree que los dueños de las tierras acordarían con funcionarios provinciales para poder sacar la madera nativa sin ser molestados.
Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.
Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones.
Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.
Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal.
Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas.
De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero.
“Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.
Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.
Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.
“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.
Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.
Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas.
Un flagelo permanente
En enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito.
Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad.
Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.
En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18.
Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.
Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná.
Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
Piden informe al Ministerio
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”.
La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones”.
“La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega
Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.
La FARN también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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Campesinos denuncian desmontes en el norte cordobes
Denuncian desmontes con agrotóxicos en el campo La Libertad
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Misiones: polémico apeo, lleva años de ilegalidad
Un acta demuestra que el apeo ilegal de madera en el Corredor Verde lleva años
Fecha de Publicación: 23/06/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Primera Edición accedió a un informe de patrulla donde queda evidenciado el desmonte en un predio privado sobre la ruta provincial 18. Desde entonces, el Ministerio de Ecología no publicó qué hizo ante semejante hecho.
Un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster, deja en evidencia que el apeo ilegal de madera nativa detectado hace un mes en un predio privado de la ruta provincial 18, al norte de Misiones, no es un hecho aislado sino que forma parte de una maniobra común y permanente realizada por algunos empresarios inescrupulosos, sumado al llamativo silencio de funcionarios del Ministerio de Ecología sobre las sanciones aplicadas, que deberían ser publicadas.
PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva al documento que informa una recorrida de rutina realizada el 17 de enero del año pasado junto con guardaparques del Parque Urugua-í para inspeccionar el apeo de varios árboles nativos “dentro de la zona buffer del Parque Foerster y a márgenes del arroyo el Verde, de los cuales se desconocía dicha autorización”.
“En el lugar se constatan dos planchadas (dos predios) con madera nativa, una con 19 y otra con 13 rollos, también se escuchó una máquina pesada trabajando”; se informó en el acta. Los guardaparques deciden retirarse y volver luego.
“El día 20 de enero de 2016 guardaparques y personal de control ingresan en la zona en cuestión, ya que las actividades que se estaban realizando no contaban con autorización. En el lugar se observan rollos de diferentes especies nativas depositados recientemente entre las malezas y en planchada. Se presenta el señor (…), propietario del lote, con el cual se dialoga, el mismo comenta que los señores González y Zapata, del Ministerio le habían autorizado el apeo de los árboles”, señala el documento oficial.
El informe está firmado por quien en ese momento era el jefe del Parque Foerster, el guardaparque Víctor Dos Santos. Un funcionario administrativo que trabaja en el Ministerio entregó de manera confidencial el documento a PRIMERA EDICIÓN y pidió protección de su identidad.
Aseguró que “hay algunos empleados que miran a un costado frente a las denuncias de apeo y los expedientes duermen en los cajones oficiales”. El informante dijo estar “cansado de ver los desmanejos en las oficinas de Posadas” y por eso decidió sacar el documento a la luz.
Para finalizar el “informe de patrulla”, el Jefe del Parque Foerster redactó que: “Al no contar en ese momento con documentación de autorización, se le realiza el secuestro de las maderas y de una máquina Pollak-B4, la cual operaba en el lugar. Labrándose así en detalle las actuaciones correspondientes”.
No se conocieron, en los meses posteriores, el lugar donde quedó depositada la madera ni la máquina secuestrada, como tampoco la sanción aplicada al empresario propietario del lote, lindante con un parque Provincial, en pleno Corredor Verde donde se supone que el control y el cuidado por parte del Ministerio de Ecología debería ser riguroso y extremo. La Dirección de Control Forestal y la Subsecretaría de Ecología deberían aclarar la situación.
La zona donde se produjo el apeo ilegal está situada cerca del Paraje Integración, a 37 kilómetros de Andresito, en el límite con el río San Antonio y con Brasil, sobre la ruta costera. Es el área boscosa de mayor conservación en toda la provincia y es muy común encontrar árboles de más de 120 años.
“Es una zona muy alta y es la última región donde se encuentran especies nativas en abundancia. Es el último refugio de selva virgen y lo están destruyendo”, relató un vecino de la zona.
Cada camión cargado de madera nativa, según estimaciones consultadas con especialistas del sector forestal, tiene un valor mínimo de unos 50 mil pesos, sin valor agregado, es decir rollos sin cortar.
En el caso de ser palo rosa, el valor es incalculable porque es muy escaso y además fue declarado monumento natural de la provincia de Misiones.
Graves hechos relacionados
Desde hace muchos años se escucha decir que “se están robando toda la madera del monte misionero”; “Que faltan controles, recursos y voluntad de controlar”; “Que es un negocio millonario y siempre hubo sospechas sobre funcionarios del Ministerio de Ecología y algunos intendentes que deberían cuidar lo que se están robando”. Además de críticas a los empresarios y propietarios de lotes privados que se prestan a esta actividad.
A continuación se describen cuatro hechos que llevan a sospechar la llamativa actuación de Ecología con lo que queda del monte misionero.
1 - Desmonte en la ruta 18, cerca de Dos Hermanas. Se produjo en un lote pegado al Parque Provincial Urugua-í, en pleno corredor Verde, propiedad privada que tendría 4.000 hectáreas. Las primeras averiguaciones daban cuenta de 400 hectáreas taladas pero el Ministerio luego informó que fueron 177 y que el desmonte no estaba autorizado, aunque hay versiones que apuntan contra dos funcionarios del área.
2 - Abaratamiento de una sanción. El Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el mes de marzo, durante un control efectuado en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná. Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
3 - La amenaza. El año pasado el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”, según consta en la nota.
4 - Incendio de un puesto. Extrañamente, a los dos meses del secuestro de madera y la máquina en inmediaciones del Parque Foerster, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad. Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
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Fecha de Publicación: 23/06/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Primera Edición accedió a un informe de patrulla donde queda evidenciado el desmonte en un predio privado sobre la ruta provincial 18. Desde entonces, el Ministerio de Ecología no publicó qué hizo ante semejante hecho.
Un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster, deja en evidencia que el apeo ilegal de madera nativa detectado hace un mes en un predio privado de la ruta provincial 18, al norte de Misiones, no es un hecho aislado sino que forma parte de una maniobra común y permanente realizada por algunos empresarios inescrupulosos, sumado al llamativo silencio de funcionarios del Ministerio de Ecología sobre las sanciones aplicadas, que deberían ser publicadas.
PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva al documento que informa una recorrida de rutina realizada el 17 de enero del año pasado junto con guardaparques del Parque Urugua-í para inspeccionar el apeo de varios árboles nativos “dentro de la zona buffer del Parque Foerster y a márgenes del arroyo el Verde, de los cuales se desconocía dicha autorización”.
“En el lugar se constatan dos planchadas (dos predios) con madera nativa, una con 19 y otra con 13 rollos, también se escuchó una máquina pesada trabajando”; se informó en el acta. Los guardaparques deciden retirarse y volver luego.
“El día 20 de enero de 2016 guardaparques y personal de control ingresan en la zona en cuestión, ya que las actividades que se estaban realizando no contaban con autorización. En el lugar se observan rollos de diferentes especies nativas depositados recientemente entre las malezas y en planchada. Se presenta el señor (…), propietario del lote, con el cual se dialoga, el mismo comenta que los señores González y Zapata, del Ministerio le habían autorizado el apeo de los árboles”, señala el documento oficial.
El informe está firmado por quien en ese momento era el jefe del Parque Foerster, el guardaparque Víctor Dos Santos. Un funcionario administrativo que trabaja en el Ministerio entregó de manera confidencial el documento a PRIMERA EDICIÓN y pidió protección de su identidad.
Aseguró que “hay algunos empleados que miran a un costado frente a las denuncias de apeo y los expedientes duermen en los cajones oficiales”. El informante dijo estar “cansado de ver los desmanejos en las oficinas de Posadas” y por eso decidió sacar el documento a la luz.
Para finalizar el “informe de patrulla”, el Jefe del Parque Foerster redactó que: “Al no contar en ese momento con documentación de autorización, se le realiza el secuestro de las maderas y de una máquina Pollak-B4, la cual operaba en el lugar. Labrándose así en detalle las actuaciones correspondientes”.
No se conocieron, en los meses posteriores, el lugar donde quedó depositada la madera ni la máquina secuestrada, como tampoco la sanción aplicada al empresario propietario del lote, lindante con un parque Provincial, en pleno Corredor Verde donde se supone que el control y el cuidado por parte del Ministerio de Ecología debería ser riguroso y extremo. La Dirección de Control Forestal y la Subsecretaría de Ecología deberían aclarar la situación.
La zona donde se produjo el apeo ilegal está situada cerca del Paraje Integración, a 37 kilómetros de Andresito, en el límite con el río San Antonio y con Brasil, sobre la ruta costera. Es el área boscosa de mayor conservación en toda la provincia y es muy común encontrar árboles de más de 120 años.
“Es una zona muy alta y es la última región donde se encuentran especies nativas en abundancia. Es el último refugio de selva virgen y lo están destruyendo”, relató un vecino de la zona.
Cada camión cargado de madera nativa, según estimaciones consultadas con especialistas del sector forestal, tiene un valor mínimo de unos 50 mil pesos, sin valor agregado, es decir rollos sin cortar.
En el caso de ser palo rosa, el valor es incalculable porque es muy escaso y además fue declarado monumento natural de la provincia de Misiones.
Graves hechos relacionados
Desde hace muchos años se escucha decir que “se están robando toda la madera del monte misionero”; “Que faltan controles, recursos y voluntad de controlar”; “Que es un negocio millonario y siempre hubo sospechas sobre funcionarios del Ministerio de Ecología y algunos intendentes que deberían cuidar lo que se están robando”. Además de críticas a los empresarios y propietarios de lotes privados que se prestan a esta actividad.
A continuación se describen cuatro hechos que llevan a sospechar la llamativa actuación de Ecología con lo que queda del monte misionero.
1 - Desmonte en la ruta 18, cerca de Dos Hermanas. Se produjo en un lote pegado al Parque Provincial Urugua-í, en pleno corredor Verde, propiedad privada que tendría 4.000 hectáreas. Las primeras averiguaciones daban cuenta de 400 hectáreas taladas pero el Ministerio luego informó que fueron 177 y que el desmonte no estaba autorizado, aunque hay versiones que apuntan contra dos funcionarios del área.
2 - Abaratamiento de una sanción. El Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el mes de marzo, durante un control efectuado en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná. Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
3 - La amenaza. El año pasado el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”, según consta en la nota.
4 - Incendio de un puesto. Extrañamente, a los dos meses del secuestro de madera y la máquina en inmediaciones del Parque Foerster, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad. Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
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Proponen plantación de exóticas para combustibles
Diputados proponen fomentar la plantación de especies exóticas para fabricar combustibles
Fecha de Publicación: 22/06/2017
Fuente: Surtidores
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de legisladores nacionales presentó un Proyecto que declara de interés nacional el desarrollo, industrialización y comercialización de especies vegetales nativas argentinas, que se constituyan en la materia prima de los procesos de fabricación de biocombustibles.
Los biocombustibles de segunda generación son los producidos a partir de la biomasa no comestible. Su uso es tema de debate, aunque en diversos países de América Latina con una producción aún incipiente, se observa una clara tendencia al crecimiento. Por ejemplo, en el estado de Chiapas se puso en marcha la primera flota de vehículos de servicio de transporte público que emplea biocombustible, el cual se obtiene principalmente a partir de plantas de Jatropa o piñón.
El Norte Grande Argentino posee una gran biodiversidad como resultado de la interacción de los diferentes microclimas, topografía, tipos de suelos y estructuras geológicas fundamentalmente. Lo que hace que sea un gran reservorio de especies con diferentes potencialidades, por lo cual este “banco de genes” es necesario estudiarlo y preservarlo. Las especies nativas como recursos naturales pueden constituir la base de las actividades productivas primarias y secundarias.
En este sentido, un grupo de diputados nacionales, presentó un Proyecto que apunta a la producción de combustibles líquidos a partir de biomasa, o sea “biocombustibles“, como alternativa a los combustibles producidos a partir de petróleo. “La República Argentina no debe ni puede ser la excepción. Esta dinámica tiene sobre todo dos razones: por un lado los precios del petróleo cada vez más altos y sujetos a la oscilación política mundial, y por el otro lado la promoción de los biocombustibles motivada principalmente por razones sociales, económicas, políticas y medioambientales”, explicaron.
Si bien en nuestro país aún son incipientes los registros de plantaciones que permitan facilitar las investigaciones que avalen una producción sostenible de biocombustibles de segunda generación, aseguran que “es responsabilidad del Estado encuadrarlos dentro de una política nacional que instale una matriz energética superadora”.
No obstante ello, la relevante disponibilidad de recursos dendroenergéticos en la Argentina, hacen que el desarrollo de equipos de alta eficiencia para uso rural y urbano de mediana envergadura, constituyan una excelente oportunidad para fabricantes y proveedores de servicios.
Por las razones expuestas, y por considerar que la Ley permitirá diversificar a las agroindustrias regionales con importantes beneficios socioeconómicos y ambientales, los parlamentarios solicitaron la aprobación del presente proyecto.
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Fecha de Publicación: 22/06/2017
Fuente: Surtidores
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de legisladores nacionales presentó un Proyecto que declara de interés nacional el desarrollo, industrialización y comercialización de especies vegetales nativas argentinas, que se constituyan en la materia prima de los procesos de fabricación de biocombustibles.
Los biocombustibles de segunda generación son los producidos a partir de la biomasa no comestible. Su uso es tema de debate, aunque en diversos países de América Latina con una producción aún incipiente, se observa una clara tendencia al crecimiento. Por ejemplo, en el estado de Chiapas se puso en marcha la primera flota de vehículos de servicio de transporte público que emplea biocombustible, el cual se obtiene principalmente a partir de plantas de Jatropa o piñón.
El Norte Grande Argentino posee una gran biodiversidad como resultado de la interacción de los diferentes microclimas, topografía, tipos de suelos y estructuras geológicas fundamentalmente. Lo que hace que sea un gran reservorio de especies con diferentes potencialidades, por lo cual este “banco de genes” es necesario estudiarlo y preservarlo. Las especies nativas como recursos naturales pueden constituir la base de las actividades productivas primarias y secundarias.
En este sentido, un grupo de diputados nacionales, presentó un Proyecto que apunta a la producción de combustibles líquidos a partir de biomasa, o sea “biocombustibles“, como alternativa a los combustibles producidos a partir de petróleo. “La República Argentina no debe ni puede ser la excepción. Esta dinámica tiene sobre todo dos razones: por un lado los precios del petróleo cada vez más altos y sujetos a la oscilación política mundial, y por el otro lado la promoción de los biocombustibles motivada principalmente por razones sociales, económicas, políticas y medioambientales”, explicaron.
Si bien en nuestro país aún son incipientes los registros de plantaciones que permitan facilitar las investigaciones que avalen una producción sostenible de biocombustibles de segunda generación, aseguran que “es responsabilidad del Estado encuadrarlos dentro de una política nacional que instale una matriz energética superadora”.
No obstante ello, la relevante disponibilidad de recursos dendroenergéticos en la Argentina, hacen que el desarrollo de equipos de alta eficiencia para uso rural y urbano de mediana envergadura, constituyan una excelente oportunidad para fabricantes y proveedores de servicios.
Por las razones expuestas, y por considerar que la Ley permitirá diversificar a las agroindustrias regionales con importantes beneficios socioeconómicos y ambientales, los parlamentarios solicitaron la aprobación del presente proyecto.
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Las claves para que las lluvias se vuelvan catástrofes
Monocultivo, desmonte y avance inmobiliario: claves para que las lluvias se vuelvan catástrofes
Fecha de Publicación: 15/06/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El desmonte, el uso discrecional del suelo y el avasallamiento urbano e inmobiliario sobre los humedales amplían en Argentina las posibilidades de que las lluvias se conviertan en catástrofes.
Científicos, funcionarios, organizaciones sociales y ambientalistas coinciden en que el monocultivo, el avance inmobiliario que modificó escurrimientos de agua naturales y la deforestación explican, en parte, el terrible impacto de las inundaciones sobre 11 provincias, donde -según proyecciones climáticas- seguirá lloviendo.
La queja compartida en ámbitos académicos, científicos y en organismos no gubernamentales es que "quienes gestionan provincias y municipios consultan a los especialistas sólo cuando se producen los desastres, para saber por qué ocurrieron, pero no antes, a la hora de tomar decisiones" que afectan el manejo del suelo, el diseño urbano o el curso de las aguas.
El país tiene unos 40 millones de hectáreas anegables y casi la mitad de esa superficie está localizada en la Pampa Húmeda, subrayó el director de Suelos del INTA, Miguel Taboada, quien vinculó esta circunstancia a que en el último cuarto de siglo se perdieron unas 12 millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas, sobre todo en el NOA y NEA.
Argentina perdió el 12% de sus zonas forestales entre el 2001 y el 2014, según un informe del año pasado del Banco Mundial, que detalló que "casi toda la deforestación ocurrió en el norte" del país y que en Santiago del Estero se dieron "los mayores niveles de desmonte en el mundo".
El estudio ubicó al país en el noveno puesto a nivel mundial entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, y advirtió que esa pérdida equivalía a la desaparición de "un bosque del tamaño de una cancha de fútbol" por minuto.
Según datos del Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2014 Argentina sufrió una brutal pérdida de bosques, equivalente al 8% del total deforestado en Sudamérica.
Los especialistas advirtieron que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos.
Si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales -reservorios de agua que evitan las inundaciones- las lluvias y el desborde de ríos seguirán siendo incontenibles.
El subsecretario de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Rozas Garay, resaltó que actualmente hay una mayor conciencia sobre la problemática ambiental, pero aceptó que llevará años mejorar las condiciones y que "no sólo faltan obras, sino también políticas sobre manejo de suelos".
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En ese lapso, se perdieron 7,6 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos (a razón de 300.000 hectáreas al año).
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja", aseguraron desde Greenpeace.
Para el INTA, "todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, en la velocidad y en la duración de los procesos de inundaciones".
Inés Camilloni, titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la UBA e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA), consideró que el "compromiso social" de los científicos debe estar dirigido a la "alfabetización sobre cambio climático".
En el libro "La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política", que Camilloni escribió junto a Vicente Barros, experto en climatología e investigador del Conicet, se reseñó que en las inundaciones del 2007 en Santa Fe -por ejemplo- y en la provincia de Buenos Aires, se dieron "situaciones anárquicas" en las que cada productor defendía sus tierras construyendo diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.
A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que recién fue reglamentada en 2009, luego de un insistente reclamo de organizaciones sociales y ambientalistas.
Si bien la norma puso algo de frenos al desmonte, ocho años después, los fondos asignados en el Presupuesto Nacional no alcanzan para la puesta en práctica total de la ley, según fue admitido por el propio Ministerio de Ambiente de la Nación, y todavía varias provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques.
A todo esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, aprobada con dificultad en el 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por el "rechazo de los sectores agroindustriales", denunció Nápoli.
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Fecha de Publicación: 15/06/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El desmonte, el uso discrecional del suelo y el avasallamiento urbano e inmobiliario sobre los humedales amplían en Argentina las posibilidades de que las lluvias se conviertan en catástrofes.
Científicos, funcionarios, organizaciones sociales y ambientalistas coinciden en que el monocultivo, el avance inmobiliario que modificó escurrimientos de agua naturales y la deforestación explican, en parte, el terrible impacto de las inundaciones sobre 11 provincias, donde -según proyecciones climáticas- seguirá lloviendo.
La queja compartida en ámbitos académicos, científicos y en organismos no gubernamentales es que "quienes gestionan provincias y municipios consultan a los especialistas sólo cuando se producen los desastres, para saber por qué ocurrieron, pero no antes, a la hora de tomar decisiones" que afectan el manejo del suelo, el diseño urbano o el curso de las aguas.
El país tiene unos 40 millones de hectáreas anegables y casi la mitad de esa superficie está localizada en la Pampa Húmeda, subrayó el director de Suelos del INTA, Miguel Taboada, quien vinculó esta circunstancia a que en el último cuarto de siglo se perdieron unas 12 millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas, sobre todo en el NOA y NEA.
Argentina perdió el 12% de sus zonas forestales entre el 2001 y el 2014, según un informe del año pasado del Banco Mundial, que detalló que "casi toda la deforestación ocurrió en el norte" del país y que en Santiago del Estero se dieron "los mayores niveles de desmonte en el mundo".
El estudio ubicó al país en el noveno puesto a nivel mundial entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, y advirtió que esa pérdida equivalía a la desaparición de "un bosque del tamaño de una cancha de fútbol" por minuto.
Según datos del Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2014 Argentina sufrió una brutal pérdida de bosques, equivalente al 8% del total deforestado en Sudamérica.
Los especialistas advirtieron que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos.
Si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales -reservorios de agua que evitan las inundaciones- las lluvias y el desborde de ríos seguirán siendo incontenibles.
El subsecretario de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Rozas Garay, resaltó que actualmente hay una mayor conciencia sobre la problemática ambiental, pero aceptó que llevará años mejorar las condiciones y que "no sólo faltan obras, sino también políticas sobre manejo de suelos".
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En ese lapso, se perdieron 7,6 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos (a razón de 300.000 hectáreas al año).
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja", aseguraron desde Greenpeace.
Para el INTA, "todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, en la velocidad y en la duración de los procesos de inundaciones".
Inés Camilloni, titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la UBA e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA), consideró que el "compromiso social" de los científicos debe estar dirigido a la "alfabetización sobre cambio climático".
En el libro "La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política", que Camilloni escribió junto a Vicente Barros, experto en climatología e investigador del Conicet, se reseñó que en las inundaciones del 2007 en Santa Fe -por ejemplo- y en la provincia de Buenos Aires, se dieron "situaciones anárquicas" en las que cada productor defendía sus tierras construyendo diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.
A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que recién fue reglamentada en 2009, luego de un insistente reclamo de organizaciones sociales y ambientalistas.
Si bien la norma puso algo de frenos al desmonte, ocho años después, los fondos asignados en el Presupuesto Nacional no alcanzan para la puesta en práctica total de la ley, según fue admitido por el propio Ministerio de Ambiente de la Nación, y todavía varias provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques.
A todo esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, aprobada con dificultad en el 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por el "rechazo de los sectores agroindustriales", denunció Nápoli.
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Desafíos climáticos nacionales
Lo que falta hacer frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El país tiene varios desafíos que enfrentar ante el cada vez más preocupante fenómeno del cambio climático, como resolver el problema de la contaminación de reservorios de aguas y suelos, detener la inquietante pérdida de bosques que afectan a distintas regiones y promover un manejo sustentable de los residuos.
En los últimos días, integrantes de la comunidad científica nacional alertaron sobre el impacto negativo que tienen los eventos climáticos extremos, como las intensas lluvias que cayeron en varias provincias donde se registraron desbordes de ríos y lagunas que dejaron pueblos enteros bajo el agua y que, en el caso del Chaco, obligaron a decretar la emergencia agropecuaria en diez departamentos de la zona este de la provincia. Esta semana, con motivo de conmemorarse el Día del Medioambiente, fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas en ocasión del inicio de la Conferencia de Estocolmo, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un informe que resume los principales desafíos que tiene el país en la materia. En este documento se advierte que solo el 12 por ciento del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua, según se desprende de un relevamiento realizado en 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias; también se observa que la mayoría de las ciudades del país no tiene monitoreos continuos de la calidad del aire, mientras que son 106 millones las hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Con respecto a la situación de los bosques, el informe señala que el país tiene 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos y que entre los años 1998 y 2015 se perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación, lo que revela la magnitud del problema. Por otro lado, el documento hace referencia a los humedales y observa que representan el 23 por ciento del territorio argentino siendo uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país. En el punto referido a la Antártida, explica que es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático, y que el aumento de la temperatura en ésa región del suelo argentino fue el más pronunciado de los últimos 50 años.
La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, de ahí la importancia de adoptar medidas concretas y urgentes para proteger la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación puso en marcha el Programa Extinción Cero, que tiene como meta conservar seis especies nativas que están en estado crítico; y también lanzó la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, para hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. En relación al manejo de residuos, se debe tener en cuenta que en nuestro país el promedio de generación de basura per cápita es de 1,02 kg, lo que representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. Para hacer frente al desafío que significa reducir el impacto de tan importante cantidad de residuos, se presentó el Programa Basura Cero, de la cartera de Ambiente, a través del cual se propone pasar del 61 por ciento de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 por ciento en el año 2019.
Se sabe también que el avance de la frontera agrícola tuvo un fuerte impacto en el ambiente de un país como el nuestro que tiene 35 millones de hectáreas cultivadas. Por esa razón, en 2016 se otorgó financiamiento para planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas. Este año, el Día Mundial del Medioambiente no tuvo motivos para festejar, ya que unas pocas horas antes de que comenzara esa jornada -el 5 de junio- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de su país de retirarse del Tratado de París, emblemático acuerdo firmado en 2015 en la capital francesa para luchar contra los efectos del calentamiento global, un fenómeno cada vez más preocupante y que se manifiesta en los eventos climáticos extremos. Debe señalarse que Argentina, cuya participación en las emisiones globales de gases de invernadero es de 0,7 por ciento, con un aumento promedio anual de 0,9 por ciento, ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paris, de manera que es de esperar que se profundicen las acciones para alcanzar los objetivos propuestos por la mayoría de las naciones en la cumbre del clima que se celebrara en la capital francesa.
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Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El país tiene varios desafíos que enfrentar ante el cada vez más preocupante fenómeno del cambio climático, como resolver el problema de la contaminación de reservorios de aguas y suelos, detener la inquietante pérdida de bosques que afectan a distintas regiones y promover un manejo sustentable de los residuos.
En los últimos días, integrantes de la comunidad científica nacional alertaron sobre el impacto negativo que tienen los eventos climáticos extremos, como las intensas lluvias que cayeron en varias provincias donde se registraron desbordes de ríos y lagunas que dejaron pueblos enteros bajo el agua y que, en el caso del Chaco, obligaron a decretar la emergencia agropecuaria en diez departamentos de la zona este de la provincia. Esta semana, con motivo de conmemorarse el Día del Medioambiente, fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas en ocasión del inicio de la Conferencia de Estocolmo, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un informe que resume los principales desafíos que tiene el país en la materia. En este documento se advierte que solo el 12 por ciento del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua, según se desprende de un relevamiento realizado en 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias; también se observa que la mayoría de las ciudades del país no tiene monitoreos continuos de la calidad del aire, mientras que son 106 millones las hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Con respecto a la situación de los bosques, el informe señala que el país tiene 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos y que entre los años 1998 y 2015 se perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación, lo que revela la magnitud del problema. Por otro lado, el documento hace referencia a los humedales y observa que representan el 23 por ciento del territorio argentino siendo uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país. En el punto referido a la Antártida, explica que es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático, y que el aumento de la temperatura en ésa región del suelo argentino fue el más pronunciado de los últimos 50 años.
La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, de ahí la importancia de adoptar medidas concretas y urgentes para proteger la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación puso en marcha el Programa Extinción Cero, que tiene como meta conservar seis especies nativas que están en estado crítico; y también lanzó la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, para hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. En relación al manejo de residuos, se debe tener en cuenta que en nuestro país el promedio de generación de basura per cápita es de 1,02 kg, lo que representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. Para hacer frente al desafío que significa reducir el impacto de tan importante cantidad de residuos, se presentó el Programa Basura Cero, de la cartera de Ambiente, a través del cual se propone pasar del 61 por ciento de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 por ciento en el año 2019.
Se sabe también que el avance de la frontera agrícola tuvo un fuerte impacto en el ambiente de un país como el nuestro que tiene 35 millones de hectáreas cultivadas. Por esa razón, en 2016 se otorgó financiamiento para planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas. Este año, el Día Mundial del Medioambiente no tuvo motivos para festejar, ya que unas pocas horas antes de que comenzara esa jornada -el 5 de junio- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de su país de retirarse del Tratado de París, emblemático acuerdo firmado en 2015 en la capital francesa para luchar contra los efectos del calentamiento global, un fenómeno cada vez más preocupante y que se manifiesta en los eventos climáticos extremos. Debe señalarse que Argentina, cuya participación en las emisiones globales de gases de invernadero es de 0,7 por ciento, con un aumento promedio anual de 0,9 por ciento, ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paris, de manera que es de esperar que se profundicen las acciones para alcanzar los objetivos propuestos por la mayoría de las naciones en la cumbre del clima que se celebrara en la capital francesa.
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ecosistemas,
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Misiones: preocupa desmonte en Corredor Verde
Desmonte no autorizado en pleno Corredor Verde
Fecha de Publicación: 10/06/2017
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
Los desmontes ilegales no solo deben sancionarse, si no principalmente deben evitarse. El compromiso público y privado será sin duda la mejor herramienta para alcanzar este objetivo común.
En los últimos días, diferentes versiones han circulado sobre la tala rasa de Selva Paranaense en pleno Corredor Verde, en el departamento Manuel Belgrano. Para no dejar lugar a confusiones: no sólo se trató de un desmonte no autorizado sino que es fundamental que se cumpla con lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en cuanto a medidas de remediación y restauración, y la incorporación de los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los hubiera), al registro nacional de infractores.
Tal como fuera publicado en el medio "El Paranaense", al ser alertados sobre la temática, desde Vida Silvestre solicitamos información, a las Subsecretarías de Ecología y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (MEyRNR), sobre la situación legal de un desmonte en proximidad del Parque Provincial Urugua-í. Previo a la respuesta oficial y, por comunicaciones extraoficiales con funcionarios del MEyRNR que no pertenecen a las áreas correspondientes a las autorizaciones de cambio de uso del suelo, se sospechaba que ese desmonte contaba con autorización.
Dos días después, recibimos comunicación oficial de las carteras ministeriales correspondientes sobre la situación de cambio de uso del suelo sobre una parcela privada de 177ha. A partir de la misma, podemos afirmar que éste desmonte no cuenta con autorización vigente, plan de aprovechamiento ni estudio de impacto ambiental. En dicha respuesta se nos informó además sobre la realización de una inspección en la zona, fechada el 11 de enero de 2017, en la que se determinó la suspensión de cualquier actividad que comprometa al bosque nativo de la zona. Dichas actuaciones dieron origen al sumario ambiental correspondiente para determinar las responsabilidades y las sanciones para los autores del desmonte, realizándose acciones de gabinete y a campo por parte de un equipo multidisciplinario para determinar y cuantificar la magnitud del daño ambiental ocasionado.
Casos como este nos demuestran la necesidad de acompañar al MEyRNR en la implementación de medidas de control y fiscalización. Desde Vida Silvestre buscamos colaborar en el proceso de evaluación del daño ecológico, del diseño de las medidas de remediación y restauración que eventualmente resultaran pertinentes al momento de determinar las sanciones correspondientes y en la comunicación de la resolución ejemplar con el fin de disuadir a posibles futuros infractores.
En este mismo sentido, solicitamos que, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los hubiera), del desmonte ilegal sean incorporados al registro nacional de infractores.
Por último, desde Vida Silvestre lamentamos la reproducción extemporánea de la nota ofrecida al medio digital “El Paranaense”. Esta situación pudo haber dado lugar a confusiones al no incorporar la nueva información que nuestra institución había recibido de la Autoridad de Aplicación Provincial.
Los desmontes ilegales no solo deben sancionarse, si no principalmente deben evitarse. El compromiso público y privado será sin duda la mejor herramienta para alcanzar este objetivo común.
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Fecha de Publicación: 10/06/2017
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
Los desmontes ilegales no solo deben sancionarse, si no principalmente deben evitarse. El compromiso público y privado será sin duda la mejor herramienta para alcanzar este objetivo común.
En los últimos días, diferentes versiones han circulado sobre la tala rasa de Selva Paranaense en pleno Corredor Verde, en el departamento Manuel Belgrano. Para no dejar lugar a confusiones: no sólo se trató de un desmonte no autorizado sino que es fundamental que se cumpla con lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en cuanto a medidas de remediación y restauración, y la incorporación de los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los hubiera), al registro nacional de infractores.
Tal como fuera publicado en el medio "El Paranaense", al ser alertados sobre la temática, desde Vida Silvestre solicitamos información, a las Subsecretarías de Ecología y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (MEyRNR), sobre la situación legal de un desmonte en proximidad del Parque Provincial Urugua-í. Previo a la respuesta oficial y, por comunicaciones extraoficiales con funcionarios del MEyRNR que no pertenecen a las áreas correspondientes a las autorizaciones de cambio de uso del suelo, se sospechaba que ese desmonte contaba con autorización.
Dos días después, recibimos comunicación oficial de las carteras ministeriales correspondientes sobre la situación de cambio de uso del suelo sobre una parcela privada de 177ha. A partir de la misma, podemos afirmar que éste desmonte no cuenta con autorización vigente, plan de aprovechamiento ni estudio de impacto ambiental. En dicha respuesta se nos informó además sobre la realización de una inspección en la zona, fechada el 11 de enero de 2017, en la que se determinó la suspensión de cualquier actividad que comprometa al bosque nativo de la zona. Dichas actuaciones dieron origen al sumario ambiental correspondiente para determinar las responsabilidades y las sanciones para los autores del desmonte, realizándose acciones de gabinete y a campo por parte de un equipo multidisciplinario para determinar y cuantificar la magnitud del daño ambiental ocasionado.
Casos como este nos demuestran la necesidad de acompañar al MEyRNR en la implementación de medidas de control y fiscalización. Desde Vida Silvestre buscamos colaborar en el proceso de evaluación del daño ecológico, del diseño de las medidas de remediación y restauración que eventualmente resultaran pertinentes al momento de determinar las sanciones correspondientes y en la comunicación de la resolución ejemplar con el fin de disuadir a posibles futuros infractores.
En este mismo sentido, solicitamos que, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los hubiera), del desmonte ilegal sean incorporados al registro nacional de infractores.
Por último, desde Vida Silvestre lamentamos la reproducción extemporánea de la nota ofrecida al medio digital “El Paranaense”. Esta situación pudo haber dado lugar a confusiones al no incorporar la nueva información que nuestra institución había recibido de la Autoridad de Aplicación Provincial.
Los desmontes ilegales no solo deben sancionarse, si no principalmente deben evitarse. El compromiso público y privado será sin duda la mejor herramienta para alcanzar este objetivo común.
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Córdoba: "desarrollista" condenado a remediar
Ordenan a GAMA y a la Provincia remediar desmonte
Fecha de Publicación: 08/06/2017
Fuente: CBA 24
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia de primera instancia consideró inconstitucional la habilitación del country "El Dorado" en San Antonio.
La empresa Gama deberá remediar el predio de San Antonio de Arredondo, en el que dispuso la construcción del country "El Dorado", por la destrucción del bosque nativo.
Así lo dispuso Viviana Rodríguez, jueza de Segunda Nominación de la ciudad de Carlos Paz, al considerar inconstitucional la autorización que emitió el Municipio de San Antonio en 2012.
Sobre los fundamentos de la Ley nacional Nº 26.391 y provincial Nº 9.814 la funcionaria judicial declaró a las 56 hectáreas como zona amarilla lo cual impide realizar desmontes.
Además la magistrada estableció un plazo de 180 días para concretar la reparación ambiental e involucró a la Provincia en los trabajos necesarios.
El dictamen judicial respondió al recurso de amparo que presentó la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) contra la firma privada, el municipio y el gobierno provincial.
Según el fallo de la jueza Rodríguez, la empresa deberá "recomponer el daño ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio, en un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Bosques de la Provincia de Córdoba”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2017
Fuente: CBA 24
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia de primera instancia consideró inconstitucional la habilitación del country "El Dorado" en San Antonio.
La empresa Gama deberá remediar el predio de San Antonio de Arredondo, en el que dispuso la construcción del country "El Dorado", por la destrucción del bosque nativo.
Así lo dispuso Viviana Rodríguez, jueza de Segunda Nominación de la ciudad de Carlos Paz, al considerar inconstitucional la autorización que emitió el Municipio de San Antonio en 2012.
Sobre los fundamentos de la Ley nacional Nº 26.391 y provincial Nº 9.814 la funcionaria judicial declaró a las 56 hectáreas como zona amarilla lo cual impide realizar desmontes.
Además la magistrada estableció un plazo de 180 días para concretar la reparación ambiental e involucró a la Provincia en los trabajos necesarios.
El dictamen judicial respondió al recurso de amparo que presentó la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) contra la firma privada, el municipio y el gobierno provincial.
Según el fallo de la jueza Rodríguez, la empresa deberá "recomponer el daño ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio, en un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Bosques de la Provincia de Córdoba”.
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Misiones: desmonte en Corredor Verde
Revuelo en Ecología por desmonte en Corredor Verde, sobre ruta 18
Fecha de Publicación: 04/06/2017
Fuente: El Diario de Misiones
Provincia/Región: Misiones
Un diputado opositor solicitó a los responsables que expliquen si el propietario cumplió los procedimientos legales. Sospecha por falta de Audiencia Pública.
Un verdadero revuelo se generó en el Ministerio de Ecología después de la publicación de PRIMERA EDICIÓN el domingo último, donde se reveló con fotos un gigantesco desmonte en una propiedad privada lindante con el Parque Provincial Urugua-í, sobre la ruta terrada número 18, en pleno Corredor Verde, cerca del paraje Dos Hermanas, entre la ruta 12 e Irigoyen.
Personal del Ministerio, de la Subsecretaría de Bosques y la Dirección de Asuntos Jurídicos, requirieron las carpetas de este proyecto para “revisar” el cumplimiento de los procedimientos administrativos que las leyes ambientales y los distintos organismos requieren.
Según fuentes del organismo, los responsables tendrían grandes problemas para explicar el hecho. También se dirigió una comitiva de funcionarios al lugar del desmonte para constatar “in situ” lo que sería una grave mancha en un área que debería estar protegida.
De acuerdo a la información obtenida por este Diario, el escándalo hasta podría terminar con el cargo del funcionario responsable que autorizó la tala rasa de 400 hectáreas con el propósito de crear un emprendimiento ganadero en la región. Lo más grave es que el proyecto tendría planes de crecer hasta diez veces más y llegar a una superficie talada de 4.000 hectáreas.
La tala rasa tiene la característica de que destruye toda la vegetación, al ras del suelo, y los desechos generalmente se queman. Suele utilizarse esta técnica para insertar otros cultivos como soja, en geografías como la Pampa Húmeda.
La zona de la tala, además de estar dentro del Corredor Verde, tiene la característica de tener abundante Palo Rosa, una especie declarada por Ley Monumento Natural de la Provincia.
El desmonte habría comenzado entre diciembre y los primeros días de enero. Hasta el momento alcanzaría las 400 hectáreas pero lo sospechoso es que recién en abril se habrían avalado las talas. Los pobladores cercanos admiten que “hace mucho tiempo no se observaba una tala rasa tan grande en la zona, debido a las leyes vigentes que son muy exigentes para este tipo de emprendimientos”.
De acuerdo a consultas con ingenieros vinculados a la forestación y funcionarios de las municipalidades cercanas, tratándose de una superficie tan extensa, se debió haber llamado a Audiencia Pública convocada mediante el Boletín Oficial de la Provincia.
Un profesional de la rama forestal explicó: “Cuando el desmonte es menor a 10 hectáreas, puede realizarse sin Estudio de Impacto Ambiental; cuando es entre 10 y 50 hectáreas, debe ser con Estudio de Impacto Ambiental sin la intervención de un biólogo; cuando se desmonta entre 50 y 100 se debe realizar el EIA con la intervención también de un biólogo; y en casos superiores a las 100 hectáreas se debe llamar a Audiencia Pública a través del Boletín Oficial”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2017
Fuente: El Diario de Misiones
Provincia/Región: Misiones
Un diputado opositor solicitó a los responsables que expliquen si el propietario cumplió los procedimientos legales. Sospecha por falta de Audiencia Pública.
Un verdadero revuelo se generó en el Ministerio de Ecología después de la publicación de PRIMERA EDICIÓN el domingo último, donde se reveló con fotos un gigantesco desmonte en una propiedad privada lindante con el Parque Provincial Urugua-í, sobre la ruta terrada número 18, en pleno Corredor Verde, cerca del paraje Dos Hermanas, entre la ruta 12 e Irigoyen.
Personal del Ministerio, de la Subsecretaría de Bosques y la Dirección de Asuntos Jurídicos, requirieron las carpetas de este proyecto para “revisar” el cumplimiento de los procedimientos administrativos que las leyes ambientales y los distintos organismos requieren.
Según fuentes del organismo, los responsables tendrían grandes problemas para explicar el hecho. También se dirigió una comitiva de funcionarios al lugar del desmonte para constatar “in situ” lo que sería una grave mancha en un área que debería estar protegida.
De acuerdo a la información obtenida por este Diario, el escándalo hasta podría terminar con el cargo del funcionario responsable que autorizó la tala rasa de 400 hectáreas con el propósito de crear un emprendimiento ganadero en la región. Lo más grave es que el proyecto tendría planes de crecer hasta diez veces más y llegar a una superficie talada de 4.000 hectáreas.
La tala rasa tiene la característica de que destruye toda la vegetación, al ras del suelo, y los desechos generalmente se queman. Suele utilizarse esta técnica para insertar otros cultivos como soja, en geografías como la Pampa Húmeda.
La zona de la tala, además de estar dentro del Corredor Verde, tiene la característica de tener abundante Palo Rosa, una especie declarada por Ley Monumento Natural de la Provincia.
El desmonte habría comenzado entre diciembre y los primeros días de enero. Hasta el momento alcanzaría las 400 hectáreas pero lo sospechoso es que recién en abril se habrían avalado las talas. Los pobladores cercanos admiten que “hace mucho tiempo no se observaba una tala rasa tan grande en la zona, debido a las leyes vigentes que son muy exigentes para este tipo de emprendimientos”.
De acuerdo a consultas con ingenieros vinculados a la forestación y funcionarios de las municipalidades cercanas, tratándose de una superficie tan extensa, se debió haber llamado a Audiencia Pública convocada mediante el Boletín Oficial de la Provincia.
Un profesional de la rama forestal explicó: “Cuando el desmonte es menor a 10 hectáreas, puede realizarse sin Estudio de Impacto Ambiental; cuando es entre 10 y 50 hectáreas, debe ser con Estudio de Impacto Ambiental sin la intervención de un biólogo; cuando se desmonta entre 50 y 100 se debe realizar el EIA con la intervención también de un biólogo; y en casos superiores a las 100 hectáreas se debe llamar a Audiencia Pública a través del Boletín Oficial”.
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Salta: los desmontes de Karlen en etapa crucial
La demanda millonaria contra Karlen por desmonte ilegal ingresó en una etapa decisiva
Fecha de Publicación: 02/06/2017
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
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Fecha de Publicación: 02/06/2017
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
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Preocupa desmonte cerca de un área protegida
Preocupa un extenso desmonte en el límite de un área protegida
Fecha de Publicación: 31/05/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Es en el Corredor Verde de la ruta provincial 18 y lindante con el Parque Provincial Urugua-í. Se desconoce si el Ministerio de Ecología ya tomó intervención del caso.
En pleno Corredor Verde, sobre la ruta provincial 18, lindante con el Parque Provincial Urugua-í, se está llevando a cabo un gigantesco desmonte que ya supera las 400 hectáreas y donde se pretende extender abarcando muchas hectáreas más. Varios productores de la zona y automovilistas que observaron el lugar alertaron de la situación.
Por el momento no se sabe si las autoridades de Ecología han tomado intervención pero la preocupación va en crecimiento, teniendo en cuenta que se trata de una zona extremadamente sensible para la biodiversidad de la selva misionera y que es una zona de nacientes de agua y arroyos.
Se trata de una propiedad privada situada sobre la ruta provincial 18 (que es terrada y corre en forma paralela a la ruta 17) a la cual se llega desde la ruta nacional 12 transitando unos 70 kilómetros por la mencionada ruta 18, en dirección a Dos Hermanas. La zona se caracteriza por su poca población, grandes extensiones de tierras privadas de selva y vegetación, algunas chacras de productores y aserraderos.
El desmonte habría comenzado entre diciembre y los primeros días de enero. Hasta el momento alcanzaría las 400 hectáreas pero los planes serían para multiplicar ese número por diez. Los propietarios tendrían planes para desmontar las cuatro mil hectáreas que adquirieron hace poco tiempo. El plan sería conformar un establecimiento de producción ganadera en toda esa región.
Los pobladores cercanos admiten que “hace mucho tiempo no se observaba una tala rasa tan grande en la zona, debido a las leyes vigentes que son muy exigentes para este tipo de emprendimientos”. De acuerdo a las recorridas por el lugar, no hay intención de reforestar ni producir otras especies.
La tala rasa destruye toda la vegetación y luego se quema. Hay zonas donde ya se ha plantado pasto que tendría por finalidad alimentar al ganado.
Los lugareños creen que los propietarios podrían tener “contactos políticos” porque “es muy difícil lograr permisos para un desmonte así de grande”, dijo un consultado.
Otro “punto gris” que debería responsabilizar al Ministerio de Ecología porque la zona está caracterizada por la presencia de Palo Rosa, una especie de árbol protegida que fue declarada Monumento Natural de la Provincia, mediante la Ley 2.380.
Según información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN consultando a pobladores de la zona, ingenieros vinculados a la forestación y personal de las municipalidades cercanas, tratándose de una superficie tan extensa, se debió haber llamado a Audiencia Pública convocada mediante el Boletín Oficial de la Provincia.
Un profesional de la rama forestal explicó que: “Cuando el desmonte es menor a 10 hectáreas, puede realizarse sin Estudio de Impacto Ambiental; cuando es entre 10 y 50 hectáreas, debe ser con Estudio de Impacto Ambiental sin la intervención de un biólogo; cuando se desmonta entre 50 y 100 se debe realizar el EIA con la intervención también de un biólogo; y en casos superiores a las 100 hectáreas se debe llamar a Audiencia Pública a través del Boletín Oficial”.
Procedimiento normal
De acuerdo a consultas realizadas con profesionales del rubro, un procedimiento legal para aprovechamiento forestal en propiedades privadas lindantes a un Parque debería contar con un pedido del propietario al Ministerio de Ecología para que se haga una inspección que debe ser conjunta entre la Dirección de Bosques (actualmente a cargo de María Elena Benitez y la Subsecretaría de Ecología (a cargo de Juan Manuel Díaz). Se debe considerar una faja ecológica de 50 metros entre el Parque y el lugar donde se aprovechará el monte.
Se debe requerir la solicitud de zonificación a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Juan Solari, que se otorga indicando en una superficie determinada, las características de la misma y que actividad puede realizarse allí: zona Roja: intangible; zona Amarilla se permite aprovechamiento pero no rozado, y zona Verde: se permite rozado.
Esto debe estar inspeccionado por amabas partes y se hace un informe en conjunto, un acta de constatación, una vez hecho esto, se debe evaluar la carpeta presentada por el propietario en el Ministerio considerando varios elementos: el Plan de Manejo, el Plan de Aprovechamiento, el pedido de inspección por parte del propietario y la inspección debe estar aprobada por Bosques y Subsecretaría de Ecología. A partir de esto, la Dirección de Bosques emite una disposición aprobando ese aprovechamiento.
Autoridad de aplicación
Según la página web del Ministerio de Ecología, es la Dirección General de Bosques Nativos la que tiene injerencia e incumbencia administrativa y legal sobre los bosques en general y los bosques nativos en particular.
Su área de actuación es la provincia de Misiones incluyendo todos sus biomas originales: la Selva Paranaense, tradicionalmente denominada Selva Misionera.
En estos biomas naturales originarios de la provincia de Misiones se desarrollan actividades productivas relacionadas al bosque nativo o Selva Misionera que abarcan toda la cadena forestal, desde la producción en viveros, corta y extracción, transporte, almacenamiento, transformación primaria y secundaria, hasta la elaboración de productos terminados de madera o con madera en las plantas industriales.
En toda esta cadena interviene la Dirección General de Bosques Nativos a los efectos de la evaluación, aprobación y aplicación de los diferentes planes de ordenamiento, manejo, corta; la instalación de industrias y posterior elaboración y transformación de madera, con diferentes etapas de evaluación y control en la cadena forestal.
Con todas estas facultades, queda claro que esta Dirección tuvo que haber intervenido y autorizado semejante desmonte. Más todavía cuando el plan sería llegar a las cuatro mil hectáreas.
Las normativas que se deben aplicar son Ley de Bosques Nº XVI Nº 7 -ex Ley Nº 854- a nivel provincial, la cual es homóloga a la Ley Nacional de Bosques Nº 13.273. Es desde esta ley donde parte la declaración de interés público de los bosques y que otorga al Estado directa injerencia en la actuación pública y privada sobre las masas boscosas.
A su vez son de aplicación habitual, normativa referente a la protección de los bosques y su promoción ecológica y económica mediante la Ley Provincial de Corredor Verde, cuya dependencia administrativa de este Ministerio es la Unidad Especial de Gestión Corredor Verde y trata en conjunto con la Dirección General de Bosques Nativos las actividades respectivas.
Por otra parte desde la Ley Nacional 26.331, este Ministerio a través de la Dirección General de Bosques Nativos ejerce su aplicación a los efectos de llevar adelante las políticas emergentes que permiten el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en un esquema divisorio de colores rojo, verde y amarillo con claras directrices de las actividades permitidas y restrictivas a nivel provincial.
Corredor Verde
El Corredor Verde de la Provincia de Misiones, es un corredor biológico, un cordón de Selva Paranaense que atraviesa el territorio de Misiones conocido como la “selva misionera” y que se intenta proteger por ser uno de los ecosistemas con una gran diversidad de especies vegetales y animales, que lo convierte en el ambiente natural más importante del país y uno de los principales del continente.
Abarca un mosaico de paisajes que incluye áreas protegidas, propiedades privadas de usos diversos, colonias agrícolas con variadas situaciones socioeconómicas, comunidades aborígenes y también áreas de conflictos de uso y tenencia de la tierra. Involucra a 22 municipios.
El Corredor Verde está integrado: al Norte, por los Parques Provinciales Yacuí, Urugua-í, y el Parque Nacional Iguazú; Al Este, la Reserva de Biosfera Yabotí y los Parques Provinciales Esmeralda y Moconá; Y al Sur, los Parques Provinciales Salto Encantado y el Valle del Cuña Pirú. Asegurando la conectividad también se está salvaguardando la provisión de aguas de las principales ciudades de la provincia dado que la mayoría de los arroyos nacen en ese sector y se crearía un marco adecuado para proteger el paisaje y que las comunidades originarias y rurales pudieran convivir con el mediante prácticas de ecodesarrollo.
Los objetivos del Corredor Verde son: generar condiciones favorables para la preservación de las masas selváticas; proteger las nacientes y las altas cuencas de los ríos y arroyos que constituyen el sistema hidrográfico de la provincia; prevenir el aislamiento progresivo de las áreas naturales protegidas, permitiendo así la continuidad de los procesos naturales de migración y desplazamientos estacionales de la fauna silvestre, y los relacionados con la dispersión y reposición natural de la flora silvestre de los bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 31/05/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Es en el Corredor Verde de la ruta provincial 18 y lindante con el Parque Provincial Urugua-í. Se desconoce si el Ministerio de Ecología ya tomó intervención del caso.
En pleno Corredor Verde, sobre la ruta provincial 18, lindante con el Parque Provincial Urugua-í, se está llevando a cabo un gigantesco desmonte que ya supera las 400 hectáreas y donde se pretende extender abarcando muchas hectáreas más. Varios productores de la zona y automovilistas que observaron el lugar alertaron de la situación.
Por el momento no se sabe si las autoridades de Ecología han tomado intervención pero la preocupación va en crecimiento, teniendo en cuenta que se trata de una zona extremadamente sensible para la biodiversidad de la selva misionera y que es una zona de nacientes de agua y arroyos.
Se trata de una propiedad privada situada sobre la ruta provincial 18 (que es terrada y corre en forma paralela a la ruta 17) a la cual se llega desde la ruta nacional 12 transitando unos 70 kilómetros por la mencionada ruta 18, en dirección a Dos Hermanas. La zona se caracteriza por su poca población, grandes extensiones de tierras privadas de selva y vegetación, algunas chacras de productores y aserraderos.
El desmonte habría comenzado entre diciembre y los primeros días de enero. Hasta el momento alcanzaría las 400 hectáreas pero los planes serían para multiplicar ese número por diez. Los propietarios tendrían planes para desmontar las cuatro mil hectáreas que adquirieron hace poco tiempo. El plan sería conformar un establecimiento de producción ganadera en toda esa región.
Los pobladores cercanos admiten que “hace mucho tiempo no se observaba una tala rasa tan grande en la zona, debido a las leyes vigentes que son muy exigentes para este tipo de emprendimientos”. De acuerdo a las recorridas por el lugar, no hay intención de reforestar ni producir otras especies.
La tala rasa destruye toda la vegetación y luego se quema. Hay zonas donde ya se ha plantado pasto que tendría por finalidad alimentar al ganado.
Los lugareños creen que los propietarios podrían tener “contactos políticos” porque “es muy difícil lograr permisos para un desmonte así de grande”, dijo un consultado.
Otro “punto gris” que debería responsabilizar al Ministerio de Ecología porque la zona está caracterizada por la presencia de Palo Rosa, una especie de árbol protegida que fue declarada Monumento Natural de la Provincia, mediante la Ley 2.380.
Según información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN consultando a pobladores de la zona, ingenieros vinculados a la forestación y personal de las municipalidades cercanas, tratándose de una superficie tan extensa, se debió haber llamado a Audiencia Pública convocada mediante el Boletín Oficial de la Provincia.
Un profesional de la rama forestal explicó que: “Cuando el desmonte es menor a 10 hectáreas, puede realizarse sin Estudio de Impacto Ambiental; cuando es entre 10 y 50 hectáreas, debe ser con Estudio de Impacto Ambiental sin la intervención de un biólogo; cuando se desmonta entre 50 y 100 se debe realizar el EIA con la intervención también de un biólogo; y en casos superiores a las 100 hectáreas se debe llamar a Audiencia Pública a través del Boletín Oficial”.
Procedimiento normal
De acuerdo a consultas realizadas con profesionales del rubro, un procedimiento legal para aprovechamiento forestal en propiedades privadas lindantes a un Parque debería contar con un pedido del propietario al Ministerio de Ecología para que se haga una inspección que debe ser conjunta entre la Dirección de Bosques (actualmente a cargo de María Elena Benitez y la Subsecretaría de Ecología (a cargo de Juan Manuel Díaz). Se debe considerar una faja ecológica de 50 metros entre el Parque y el lugar donde se aprovechará el monte.
Se debe requerir la solicitud de zonificación a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Juan Solari, que se otorga indicando en una superficie determinada, las características de la misma y que actividad puede realizarse allí: zona Roja: intangible; zona Amarilla se permite aprovechamiento pero no rozado, y zona Verde: se permite rozado.
Esto debe estar inspeccionado por amabas partes y se hace un informe en conjunto, un acta de constatación, una vez hecho esto, se debe evaluar la carpeta presentada por el propietario en el Ministerio considerando varios elementos: el Plan de Manejo, el Plan de Aprovechamiento, el pedido de inspección por parte del propietario y la inspección debe estar aprobada por Bosques y Subsecretaría de Ecología. A partir de esto, la Dirección de Bosques emite una disposición aprobando ese aprovechamiento.
Autoridad de aplicación
Según la página web del Ministerio de Ecología, es la Dirección General de Bosques Nativos la que tiene injerencia e incumbencia administrativa y legal sobre los bosques en general y los bosques nativos en particular.
Su área de actuación es la provincia de Misiones incluyendo todos sus biomas originales: la Selva Paranaense, tradicionalmente denominada Selva Misionera.
En estos biomas naturales originarios de la provincia de Misiones se desarrollan actividades productivas relacionadas al bosque nativo o Selva Misionera que abarcan toda la cadena forestal, desde la producción en viveros, corta y extracción, transporte, almacenamiento, transformación primaria y secundaria, hasta la elaboración de productos terminados de madera o con madera en las plantas industriales.
En toda esta cadena interviene la Dirección General de Bosques Nativos a los efectos de la evaluación, aprobación y aplicación de los diferentes planes de ordenamiento, manejo, corta; la instalación de industrias y posterior elaboración y transformación de madera, con diferentes etapas de evaluación y control en la cadena forestal.
Con todas estas facultades, queda claro que esta Dirección tuvo que haber intervenido y autorizado semejante desmonte. Más todavía cuando el plan sería llegar a las cuatro mil hectáreas.
Las normativas que se deben aplicar son Ley de Bosques Nº XVI Nº 7 -ex Ley Nº 854- a nivel provincial, la cual es homóloga a la Ley Nacional de Bosques Nº 13.273. Es desde esta ley donde parte la declaración de interés público de los bosques y que otorga al Estado directa injerencia en la actuación pública y privada sobre las masas boscosas.
A su vez son de aplicación habitual, normativa referente a la protección de los bosques y su promoción ecológica y económica mediante la Ley Provincial de Corredor Verde, cuya dependencia administrativa de este Ministerio es la Unidad Especial de Gestión Corredor Verde y trata en conjunto con la Dirección General de Bosques Nativos las actividades respectivas.
Por otra parte desde la Ley Nacional 26.331, este Ministerio a través de la Dirección General de Bosques Nativos ejerce su aplicación a los efectos de llevar adelante las políticas emergentes que permiten el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en un esquema divisorio de colores rojo, verde y amarillo con claras directrices de las actividades permitidas y restrictivas a nivel provincial.
Corredor Verde
El Corredor Verde de la Provincia de Misiones, es un corredor biológico, un cordón de Selva Paranaense que atraviesa el territorio de Misiones conocido como la “selva misionera” y que se intenta proteger por ser uno de los ecosistemas con una gran diversidad de especies vegetales y animales, que lo convierte en el ambiente natural más importante del país y uno de los principales del continente.
Abarca un mosaico de paisajes que incluye áreas protegidas, propiedades privadas de usos diversos, colonias agrícolas con variadas situaciones socioeconómicas, comunidades aborígenes y también áreas de conflictos de uso y tenencia de la tierra. Involucra a 22 municipios.
El Corredor Verde está integrado: al Norte, por los Parques Provinciales Yacuí, Urugua-í, y el Parque Nacional Iguazú; Al Este, la Reserva de Biosfera Yabotí y los Parques Provinciales Esmeralda y Moconá; Y al Sur, los Parques Provinciales Salto Encantado y el Valle del Cuña Pirú. Asegurando la conectividad también se está salvaguardando la provisión de aguas de las principales ciudades de la provincia dado que la mayoría de los arroyos nacen en ese sector y se crearía un marco adecuado para proteger el paisaje y que las comunidades originarias y rurales pudieran convivir con el mediante prácticas de ecodesarrollo.
Los objetivos del Corredor Verde son: generar condiciones favorables para la preservación de las masas selváticas; proteger las nacientes y las altas cuencas de los ríos y arroyos que constituyen el sistema hidrográfico de la provincia; prevenir el aislamiento progresivo de las áreas naturales protegidas, permitiendo así la continuidad de los procesos naturales de migración y desplazamientos estacionales de la fauna silvestre, y los relacionados con la dispersión y reposición natural de la flora silvestre de los bosques nativos.
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Córdoba: científicos rechazan herramienta de bosques
Bosques: investigadores cuestionan el método propuesto para cambiar el mapa
Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Malas señales en ríos misioneros
Las aguas marrones rojizas de ríos y arroyos exponen el deterioro del suelo y cuencas hídricas por la deforestación
Fecha de Publicación: 29/05/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde hace varias semanas que, después de las lluvias, llama la atención el color marrón rojizo más intenso que se observa en las aguas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.
Los lectores de Misiones Online comparten imágenes y plantean sus inquietudes, en algunos casos, opinan que se debe a los suelos rojos o lo consideran como un “atractivo” de la tierra colorada en contraste con los verdes de los bosques de la selva misionera.
Sin embargo, este “color rojizo” más intenso que se refleja en las aguas no sería una buena señal sobre el estado de los suelos de Misiones y las cuencas hídricas de la región, ya que el problema ambiental se arrastra por la deforestación progresiva que se registra en la provincia por las diversas actividades productivas, según explicó en una entrevista con ArgentinaForestal.com el ambientalista Rulo Bregagnolo, miembro de la Asociación Ecologista Cuñá Pirú.
AF: ¿Cuál es la explicación técnica y ambiental, por el cual después de las lluvias se observa este color de mayor intensidad rojiza en los arroyos y ríos de la provincia?
RB: Naturalmente, cuando caen las lluvias sobre el follaje en la selva, de los bosques, las gotas tardan mucho más para llegar al suelo, porque son amortiguadas por las mismas y su caída es más bien suave, se desliza sobre el suelo.
Ahora, al no estar ese follaje, las lluvias caen directamente al suelo y lo perforan, generando remoción y lavando el mismo, lo que se va aflojando.
Los suelos, a causa de la tala en suelos rojos profundos o no, aptos o no para cultivos, quedan al desnudo al hacerse en forma raza -que además de ser quemados los restos del desmonte- generan un empobrecimiento en el suelo.
Ese empobrecimiento, además de ser mineral, es del sustento vegetal propio: las raíces de los árboles, que son las que unen, sostienen al suelo. De esa manera, se genera un “lavado” del suelo y todo esto se transforma en sedimento, que va a parar a los arroyos y ríos.
AF: ¿Entonces los ríos “rojos” son una mala señal?
RB: Es muy mala señal. Cuando éramos chicos, hablamos de 35 años atrás, por ejemplo el Arroyo Cuña Pirú tardaba en cambiar de color a los tres o cuatro días, de igual manera el aumento del nivel (pero nunca antes fue ese rojo amarronado que se observa ahora)
Ese cambio de color se daba incluso con su cauce rodeado de selva protegida en buen estado (Parque Prov. Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú), no así su cuenca. Hoy, en apenas unas horas el arroyo sube el nivel y automáticamente se tiñe de rojo.
Es muy mala señal, además, porque esto a las claras demuestra que el tratamiento que se le está haciendo a la cuenca hídrica es incorrecto.
Todos los nutrientes de los suelos de la cuenca están siendo lavados y llevado por los cauces de los arroyos.
Se está transformando el suelo que antes tenía selva en pie a suelos agrícolas y ganaderos, con prácticas que deterioran el suelo sin dudas.
El nuevo invento genocida para la selva misionera es la ganadería bajo cubierta selvática, ya que las vacas nunca vivieron en la selva ni mucho menos el pasto crece bajo monte. Ni hablar de los tabacales en pendientes, mucho menos de las plantaciones de té que sí o sí las realizan en suelos desmontados, otra vez beneficiándose los grandes con el suelo de los chicos.
AF: ¿Esta situación se da por la falta de conciencia ambiental, es por desconocimiento o por irresponsabilidad?
RB: Para mí es suma de factores. Hoy por hoy nadie puede hablar de desconocimiento, cuando el conocimiento está al alcance de todos. Hay una enorme irresponsabilidad de parte de las autoridades ambientales en no hacer cumplir las leyes correspondientes y ante la falta de control, sin dudas.
Esta es una falta eterna que vienen cometiendo todos los gobernantes en mayor o menor medida.
Pero el otro gran irresponsable es el privado, que en el afán de lograr la mayor renta posible a la propiedad, termina explotando irracionalmente el suelo.
Insisto en este aspecto que la mayor responsabilidad en el privado la tienen los terratenientes, que mayormente transformaron el suelo para plantar pinos.
AF: ¿Y cuánto de esta situación considera es consecuencia de los desmontes cercanos a los cursos de agua?
RB: No soy especialista y tampoco dispongo de porcentajes. Pero no nos olvidemos que no todo es números. Vivir en la zona y conocerla me permite darme cuenta de que, por ejemplo, el Cuña Pirú, que nace apenas unos 5 km del Salto Encantado ya cae “rojomarrón” en el Parque y si “drenas” la cuenca el problema está claro con la transformación de suelo. Esto mismo se repite en los distintos arroyos y estos a la vez a los ríos principales como son el Paraná, Iguazú, Uruguay.
En Brasil nacen los tres ríos principales y el mayor deterioro sin dudas viene desde allí.
AF: ¿Cuál es la situación hídrica en Misiones, en cuanto a la calidad de agua o contaminación, etcétera?
RB: Me atrevo a decir que aún los ríos tienen buena salud, más allá de que se siguen arrojando efluentes de pasteras y petroquímicas, estás últimas en las cuencas brasileñas. Más allá del cóctel de agroquímicos que se sigue impregnando a los suelos que se va colando a los cursos de agua. Pero a este ritmo, no me caben dudas que el deterioro futuro será mayor y las consecuencias serán palpables.
AF: ¿Cuáles serán las consecuencias?
RB: La calidad del agua irá disminuyendo, comprometiendo a los Pueblos que toman el agua para potabilizarlas. La pesca irá disminuyendo y así ese atractivo turístico se perderá. Los suelos se irán deteriorando a tal punto que dejarán de ser productivos y la inyección de recursos económicos deberá ser mayor, hasta para potabilizar el agua.
Otra vez, los que pueden se salvarán primero, los que no…Dios los cuide. Nada profético, pero 2+2=4 también en la naturaleza.
AF: ¿Qué se puede o se debe hacer para frenar este escenario?
RB: Cumplir las leyes ambientales de Misiones y obviamente de los países limítrofes. Si no hay leyes, generarlas y cumplirlas. Reforestar lo más que se pueda las cuencas. Disminuir la superficie de cultivos intensivos, así como de ganadería intensiva.
Lo único que nos permitirá recuperar la calidad del Agua y de los suelos, es cambiar las prácticas agrícolas y reforestar con nativas todo espacio que se pueda. Entender, en el caso de Misiones, que dejar la selva en pie, además de saludable para nosotros los pobladores, es un gran negocio.
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Fecha de Publicación: 29/05/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde hace varias semanas que, después de las lluvias, llama la atención el color marrón rojizo más intenso que se observa en las aguas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.
Los lectores de Misiones Online comparten imágenes y plantean sus inquietudes, en algunos casos, opinan que se debe a los suelos rojos o lo consideran como un “atractivo” de la tierra colorada en contraste con los verdes de los bosques de la selva misionera.
Sin embargo, este “color rojizo” más intenso que se refleja en las aguas no sería una buena señal sobre el estado de los suelos de Misiones y las cuencas hídricas de la región, ya que el problema ambiental se arrastra por la deforestación progresiva que se registra en la provincia por las diversas actividades productivas, según explicó en una entrevista con ArgentinaForestal.com el ambientalista Rulo Bregagnolo, miembro de la Asociación Ecologista Cuñá Pirú.
AF: ¿Cuál es la explicación técnica y ambiental, por el cual después de las lluvias se observa este color de mayor intensidad rojiza en los arroyos y ríos de la provincia?
RB: Naturalmente, cuando caen las lluvias sobre el follaje en la selva, de los bosques, las gotas tardan mucho más para llegar al suelo, porque son amortiguadas por las mismas y su caída es más bien suave, se desliza sobre el suelo.
Ahora, al no estar ese follaje, las lluvias caen directamente al suelo y lo perforan, generando remoción y lavando el mismo, lo que se va aflojando.
Los suelos, a causa de la tala en suelos rojos profundos o no, aptos o no para cultivos, quedan al desnudo al hacerse en forma raza -que además de ser quemados los restos del desmonte- generan un empobrecimiento en el suelo.
Ese empobrecimiento, además de ser mineral, es del sustento vegetal propio: las raíces de los árboles, que son las que unen, sostienen al suelo. De esa manera, se genera un “lavado” del suelo y todo esto se transforma en sedimento, que va a parar a los arroyos y ríos.
AF: ¿Entonces los ríos “rojos” son una mala señal?
RB: Es muy mala señal. Cuando éramos chicos, hablamos de 35 años atrás, por ejemplo el Arroyo Cuña Pirú tardaba en cambiar de color a los tres o cuatro días, de igual manera el aumento del nivel (pero nunca antes fue ese rojo amarronado que se observa ahora)
Ese cambio de color se daba incluso con su cauce rodeado de selva protegida en buen estado (Parque Prov. Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú), no así su cuenca. Hoy, en apenas unas horas el arroyo sube el nivel y automáticamente se tiñe de rojo.
Es muy mala señal, además, porque esto a las claras demuestra que el tratamiento que se le está haciendo a la cuenca hídrica es incorrecto.
Todos los nutrientes de los suelos de la cuenca están siendo lavados y llevado por los cauces de los arroyos.
Se está transformando el suelo que antes tenía selva en pie a suelos agrícolas y ganaderos, con prácticas que deterioran el suelo sin dudas.
El nuevo invento genocida para la selva misionera es la ganadería bajo cubierta selvática, ya que las vacas nunca vivieron en la selva ni mucho menos el pasto crece bajo monte. Ni hablar de los tabacales en pendientes, mucho menos de las plantaciones de té que sí o sí las realizan en suelos desmontados, otra vez beneficiándose los grandes con el suelo de los chicos.
AF: ¿Esta situación se da por la falta de conciencia ambiental, es por desconocimiento o por irresponsabilidad?
RB: Para mí es suma de factores. Hoy por hoy nadie puede hablar de desconocimiento, cuando el conocimiento está al alcance de todos. Hay una enorme irresponsabilidad de parte de las autoridades ambientales en no hacer cumplir las leyes correspondientes y ante la falta de control, sin dudas.
Esta es una falta eterna que vienen cometiendo todos los gobernantes en mayor o menor medida.
Pero el otro gran irresponsable es el privado, que en el afán de lograr la mayor renta posible a la propiedad, termina explotando irracionalmente el suelo.
Insisto en este aspecto que la mayor responsabilidad en el privado la tienen los terratenientes, que mayormente transformaron el suelo para plantar pinos.
AF: ¿Y cuánto de esta situación considera es consecuencia de los desmontes cercanos a los cursos de agua?
RB: No soy especialista y tampoco dispongo de porcentajes. Pero no nos olvidemos que no todo es números. Vivir en la zona y conocerla me permite darme cuenta de que, por ejemplo, el Cuña Pirú, que nace apenas unos 5 km del Salto Encantado ya cae “rojomarrón” en el Parque y si “drenas” la cuenca el problema está claro con la transformación de suelo. Esto mismo se repite en los distintos arroyos y estos a la vez a los ríos principales como son el Paraná, Iguazú, Uruguay.
En Brasil nacen los tres ríos principales y el mayor deterioro sin dudas viene desde allí.
AF: ¿Cuál es la situación hídrica en Misiones, en cuanto a la calidad de agua o contaminación, etcétera?
RB: Me atrevo a decir que aún los ríos tienen buena salud, más allá de que se siguen arrojando efluentes de pasteras y petroquímicas, estás últimas en las cuencas brasileñas. Más allá del cóctel de agroquímicos que se sigue impregnando a los suelos que se va colando a los cursos de agua. Pero a este ritmo, no me caben dudas que el deterioro futuro será mayor y las consecuencias serán palpables.
AF: ¿Cuáles serán las consecuencias?
RB: La calidad del agua irá disminuyendo, comprometiendo a los Pueblos que toman el agua para potabilizarlas. La pesca irá disminuyendo y así ese atractivo turístico se perderá. Los suelos se irán deteriorando a tal punto que dejarán de ser productivos y la inyección de recursos económicos deberá ser mayor, hasta para potabilizar el agua.
Otra vez, los que pueden se salvarán primero, los que no…Dios los cuide. Nada profético, pero 2+2=4 también en la naturaleza.
AF: ¿Qué se puede o se debe hacer para frenar este escenario?
RB: Cumplir las leyes ambientales de Misiones y obviamente de los países limítrofes. Si no hay leyes, generarlas y cumplirlas. Reforestar lo más que se pueda las cuencas. Disminuir la superficie de cultivos intensivos, así como de ganadería intensiva.
Lo único que nos permitirá recuperar la calidad del Agua y de los suelos, es cambiar las prácticas agrícolas y reforestar con nativas todo espacio que se pueda. Entender, en el caso de Misiones, que dejar la selva en pie, además de saludable para nosotros los pobladores, es un gran negocio.
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Los famosos limones a EEUU, a base de desmonte
Limones amargos a EEUU: Greenpeace denuncia a Urtubey por el desmonte de 3 mil hectáreas de zonas protegidas
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
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Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
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Deforestación: ONU-REDD en Misiones evaluó las causas
La poca valoración de la sociedad sobre los bosques nativos sería una de las principales causa de la deforestación en Misiones
Fecha de Publicación: 16/05/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde el Programa ONU-REDD (Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero por Deforestación y Degradación evitada de la Organización de las Naciones Unidas), bajo la coordinación de Fernanda Alcobé y en forma conjunta con el equipo de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente de la Nación, se avanza en la provincia con diversas actividades que permitan evaluar el escenario factible para impulsar proyectos REDD para la conservación de la Selva Paranaense.
En abril se realizó en Eldorado un primer taller multisectorial para iniciar con los actores el diálogo en la región para la Selva Paranaense, ya que en la zona del Alto Paraná se concentra la mayor diversidad de emprendimientos y actividades vinculadas a la conservación y explotación de los bosques nativos, en forma directa e indirecta, ya sea desde el ámbito académico, técnico, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales.
“Los proyectos REDD se encuadran dentro de las acciones que tienen como principal objetivo contribuir a la mitigación de los efectos del calentamiento global, por ahora son proyectos voluntarios de incidencia y contabilidad nacional”, explicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com el ingeniero Juan Emilio Bragado, quien participó activamente del taller.
En ese contexto, Misiones tendría posibilidades de avanzar en la propuesta internacional con proyectos que pudieran instrumentarse en distintas zonas de la provincia como parte de la ecorregión del Bosque Atlántico. “Si bien se han realizado acciones tendientes a desarrollar un proyecto REDD en Misiones, de todos modos habrá que esperar contar con las definiciones técnicas que necesariamente surgirán una vez finalizada la Estrategia Nacional en REDD para terminar de elaborar cualquier proyecto en marcha, dado que es muy probable que la contabilidad de las reducciones sean aplicadas a nivel nacional no sub-nacional. De igual forma, al ser un sistema voluntario, es clave que el principal promotor de llevar adelante este iniciativa sea el Estado Provincial”, remarcó el profesional.
El taller realizado en Eldorado cerró con un documento con algunas conclusiones principales para identificar tanto las causales de la desforestación y degradación de los bosques en Misiones como cuáles serían las acciones necesarias de implementar para revertir estas causales.
Conclusiones principales
Tras una intensa jornada de trabajo en equipo, que fue supervisado por facilitadores de la Fundación Cambio Democrático, analizaron factores socio-culturales, productivos, económicos, demográficos, de planificación y político-institucionales, cerrando con un documento en el que plasmaron las siguientes conclusiones:
Factores Socio-culturales: la conclusión principal para esta causal por deforestación y degradación de los bosques en la provincia sería, según lo expuesto por los participantes, la baja valoración social que aún existe sobre el bosque nativo de una parte importante de la sociedad.
Para revertir este escenario, se coincidió en la necesidad de trabajar en acciones de difusión de bondades del bosque nativo, estableciendo políticas eficientes de promoción y divulgación. “Se recomienda realizar este proceso a través de las Universidades, conjuntamente con los organismos de aplicación, para que realicen una difusión direccionada a poner en valor el bosque nativo”.
Actividades productivas: este factor también es considerado una causal por deforestación y degradación de los bosques ante el aprovechamiento no sostenible del bosque nativo, la falta de incentivos y la falta de conocimiento de gestión aplicados en el terreno.
Para revertir esto, consideran necesario generar experiencias de manejo demostrativos, básicamente con el objetivo de cambiar las formas de manejo forestal que en la actualidad se aplica en Misiones. “Recomiendan un manejo con enfoque multidisciplinarios, no solo el enfoque maderable. Hay que realizar un manejo adaptativo. Hacer planes con monitoreo y retroalimentación, con una alianza estrategia con los profesionales para mejorar y adecuar los planes de manejo forestales, articulando un canal de intercambio permanente y eficiente de los conocimientos científicos y la gestión aplicada para profundizar en el conocimiento de la dinámica de nuestros bosques y su adaptabilidad a las alteraciones producidas por el manejo”, explicó el ingeniero Bragado.
Factores económicos: Otra causal por deforestación y degradación de los bosques en la provincia sería la baja rentabilidad del aprovechamiento sustentable de los bienes del bosque nativo y la ausencia de mercados para los servicios ambientales de los mismos.
Consideraron, entre las acciones para revertir estas causales, la necesidad de promover políticas que incluyan incentivos cuyo alcance estén en relación a los recursos necesarios para garantizar la conservación y restauración del Bosque Nativo. Por otra parte, habría que analizar los costos ambientales de las actividades no sustentables, para generar recursos que sean afectados a las actividades que sí lo sean sustentables.
Factores demográficos: Una alta tasa de crecimiento de la población que ocupa el territorio sin una planificación estratégica, sería una de las principales causales de deforestación.
Sobre este aspecto, en el documento concluyeron que “es necesario avanzar en una planificación estratégica a nivel municipal, y dentro de la misma, también a nivel de cuencas hidrográficas. Esa planificación tiene que ser consensuada y con marco legal. Por otra parte, hay que garantizar la seguridad jurídica sobre los propietarios de los bosques”.
Finalmente, en el documento emitido desde Nación observaron aspectos políticos-institucionales en relación a la degradación de los bosques nativos en Misiones
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Fecha de Publicación: 16/05/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde el Programa ONU-REDD (Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero por Deforestación y Degradación evitada de la Organización de las Naciones Unidas), bajo la coordinación de Fernanda Alcobé y en forma conjunta con el equipo de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente de la Nación, se avanza en la provincia con diversas actividades que permitan evaluar el escenario factible para impulsar proyectos REDD para la conservación de la Selva Paranaense.
En abril se realizó en Eldorado un primer taller multisectorial para iniciar con los actores el diálogo en la región para la Selva Paranaense, ya que en la zona del Alto Paraná se concentra la mayor diversidad de emprendimientos y actividades vinculadas a la conservación y explotación de los bosques nativos, en forma directa e indirecta, ya sea desde el ámbito académico, técnico, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales.
“Los proyectos REDD se encuadran dentro de las acciones que tienen como principal objetivo contribuir a la mitigación de los efectos del calentamiento global, por ahora son proyectos voluntarios de incidencia y contabilidad nacional”, explicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com el ingeniero Juan Emilio Bragado, quien participó activamente del taller.
En ese contexto, Misiones tendría posibilidades de avanzar en la propuesta internacional con proyectos que pudieran instrumentarse en distintas zonas de la provincia como parte de la ecorregión del Bosque Atlántico. “Si bien se han realizado acciones tendientes a desarrollar un proyecto REDD en Misiones, de todos modos habrá que esperar contar con las definiciones técnicas que necesariamente surgirán una vez finalizada la Estrategia Nacional en REDD para terminar de elaborar cualquier proyecto en marcha, dado que es muy probable que la contabilidad de las reducciones sean aplicadas a nivel nacional no sub-nacional. De igual forma, al ser un sistema voluntario, es clave que el principal promotor de llevar adelante este iniciativa sea el Estado Provincial”, remarcó el profesional.
El taller realizado en Eldorado cerró con un documento con algunas conclusiones principales para identificar tanto las causales de la desforestación y degradación de los bosques en Misiones como cuáles serían las acciones necesarias de implementar para revertir estas causales.
Conclusiones principales
Tras una intensa jornada de trabajo en equipo, que fue supervisado por facilitadores de la Fundación Cambio Democrático, analizaron factores socio-culturales, productivos, económicos, demográficos, de planificación y político-institucionales, cerrando con un documento en el que plasmaron las siguientes conclusiones:
Factores Socio-culturales: la conclusión principal para esta causal por deforestación y degradación de los bosques en la provincia sería, según lo expuesto por los participantes, la baja valoración social que aún existe sobre el bosque nativo de una parte importante de la sociedad.
Para revertir este escenario, se coincidió en la necesidad de trabajar en acciones de difusión de bondades del bosque nativo, estableciendo políticas eficientes de promoción y divulgación. “Se recomienda realizar este proceso a través de las Universidades, conjuntamente con los organismos de aplicación, para que realicen una difusión direccionada a poner en valor el bosque nativo”.
Actividades productivas: este factor también es considerado una causal por deforestación y degradación de los bosques ante el aprovechamiento no sostenible del bosque nativo, la falta de incentivos y la falta de conocimiento de gestión aplicados en el terreno.
Para revertir esto, consideran necesario generar experiencias de manejo demostrativos, básicamente con el objetivo de cambiar las formas de manejo forestal que en la actualidad se aplica en Misiones. “Recomiendan un manejo con enfoque multidisciplinarios, no solo el enfoque maderable. Hay que realizar un manejo adaptativo. Hacer planes con monitoreo y retroalimentación, con una alianza estrategia con los profesionales para mejorar y adecuar los planes de manejo forestales, articulando un canal de intercambio permanente y eficiente de los conocimientos científicos y la gestión aplicada para profundizar en el conocimiento de la dinámica de nuestros bosques y su adaptabilidad a las alteraciones producidas por el manejo”, explicó el ingeniero Bragado.
Factores económicos: Otra causal por deforestación y degradación de los bosques en la provincia sería la baja rentabilidad del aprovechamiento sustentable de los bienes del bosque nativo y la ausencia de mercados para los servicios ambientales de los mismos.
Consideraron, entre las acciones para revertir estas causales, la necesidad de promover políticas que incluyan incentivos cuyo alcance estén en relación a los recursos necesarios para garantizar la conservación y restauración del Bosque Nativo. Por otra parte, habría que analizar los costos ambientales de las actividades no sustentables, para generar recursos que sean afectados a las actividades que sí lo sean sustentables.
Factores demográficos: Una alta tasa de crecimiento de la población que ocupa el territorio sin una planificación estratégica, sería una de las principales causales de deforestación.
Sobre este aspecto, en el documento concluyeron que “es necesario avanzar en una planificación estratégica a nivel municipal, y dentro de la misma, también a nivel de cuencas hidrográficas. Esa planificación tiene que ser consensuada y con marco legal. Por otra parte, hay que garantizar la seguridad jurídica sobre los propietarios de los bosques”.
Finalmente, en el documento emitido desde Nación observaron aspectos políticos-institucionales en relación a la degradación de los bosques nativos en Misiones
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Originarios perdieron el 21% del chaco salteño
Determinan cuántas tierras perdieron las comunidades originarias
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Córdoba: denuncian a ex secretario de Ambiente
Denuncia contra ex secretario de Ambiente y empresarios por bosques nativos
Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: Día a Dïa
Provincia/Región: Córdoba
La coordinadora que defiende los bosques va contra un ex secretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto y cinco empresas beneficiadas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) presenta este lunes una denuncia penal contra tres funcionarios públicos provinciales y un abogado de la asociación ruralista Cartez por los supuestos delitos de incumpliento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en una serie de casos de autorizaciones de desmontes y explotaciones en áreas prohibidas.
La denuncia cuestiona el otorgamiento de autorizaciones administrativas por las que se aprobaron diversos “Planes de manejo sostenibles de bosques nativos", que se sostiene que está en franca violación a la ley provincial. La coordinadora denuncia cinco intervenciones concretas "sin haber respetado, observado, o cumplido cabalmente, con el procedimiento administrativo creado especialmente para el otorgamiento de las
mencionadas autorizaciones", dice la presentación.
"En solo 4 expedientes, se registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol y, en dos de los casos denunciados, Germán Pratto, entonces secretario de Ambiente de la Provincia, autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin: Área de suelo, Área de Bosque Nativo, el Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria - CTI-, Área de Fiscalización y Control y Área de Despacho, tal como lo exigen el marco procedimental", argumentan.
Los hechos denunciados se agravan, especialmente, por la falta de intervención del Área de Bosques, a la que le corresponde informar acerca de si el predio en cuestión recae sobre “zona roja” o “zona amarilla”, expidiéndose sobre la procedencia o no de la petición y por tratarse de predios de 2.716 y 5.169 hectáreas ubicados en el norte provincial, enfatizan los denunciantes.
"La mayor pérdida de bosque nativo se da en los departamentos del norte cordobés. Precisamente, en aquellos zonas donde se aprobaron la mayoría de los planes de manejo sostenibles de bosques nativos", remarca la coordinadora.
Los desmontes fueron realizados en el noroeste cordobés, región pretendida por el actual proyecto de Ley de Bosques, y donde actualmente se sostienen prácticas ilegales de desmontes con rolado, quema de árboles, desmonte químico por aire y tierra, afectando a 1000 familias involucradas en la actividad apícola de la región de Cruz del Eje y el departamento Ischilín.
Estas son las autorizaciones que denuncia la coordinadora:
- Con expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente se corresponde a Antonio Pérez “Centro Agropecuario SRL”, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, también en zonas rojas.
- Con expediente 0517020727 /2015 donde Héctor L. Bonaldi , referente de la empresa láctea Windy “Agropecuaria Doña María”, titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo, en zonas rojas, con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental.
- Con Expte N° 0517-009684/2007 quien presenta Miguel Ángel Mizzau, Gatopa S.A. de la localidad de Jesús María y autoriza la intervención selectiva de bajo impacto sobre una superficie de 300 hectáreas en una segunda etapa, y una superficie de 238 hectáreas en una segunda etapa, 8,5 hectáreas del estrato arbustivo es para caminos perimetrales (cortafuegos) y 1,5 hectáreas para corrales y aguadas, en un campo ubicado en el lugar denominado “El pensamiento”, pedanía Quilino, Departamento Ischilín”.
- Con Expte. N° 0517-010356/2007 Sres Carlos Alberto Arnaldo y Miguel Alejandro Arnaldo, a realizar picadas perimetrales y tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto en el campo de su propiedad ubicado en el lugar denominado Establecimiento “La Penca” Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco.
- Con Expte N° 0517-010231/2007 ARNALDO Ramón Alberto y ARNALDO Miguel Angel , y autorizo a realizar Tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto sobre una superficie de 221 hectáreas, como así también, a realizar picadas perimetrales en el Establecimiento “La Penca”, en el lugar denominado “Estancia Yacanto”, Pedanía Villa de María, Departamento Rio Seco.
En dos de los hechos, se pide que se investigue al exsecretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto, actual miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura. También se pide investigar al ingeniero forestal Néstor Cruz, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, al abogado Jorge A. Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y a su colega Raúl Carranza, “consultor ambiental”, ex-asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental .
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Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: Día a Dïa
Provincia/Región: Córdoba
La coordinadora que defiende los bosques va contra un ex secretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto y cinco empresas beneficiadas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) presenta este lunes una denuncia penal contra tres funcionarios públicos provinciales y un abogado de la asociación ruralista Cartez por los supuestos delitos de incumpliento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en una serie de casos de autorizaciones de desmontes y explotaciones en áreas prohibidas.
La denuncia cuestiona el otorgamiento de autorizaciones administrativas por las que se aprobaron diversos “Planes de manejo sostenibles de bosques nativos", que se sostiene que está en franca violación a la ley provincial. La coordinadora denuncia cinco intervenciones concretas "sin haber respetado, observado, o cumplido cabalmente, con el procedimiento administrativo creado especialmente para el otorgamiento de las
mencionadas autorizaciones", dice la presentación.
"En solo 4 expedientes, se registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol y, en dos de los casos denunciados, Germán Pratto, entonces secretario de Ambiente de la Provincia, autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin: Área de suelo, Área de Bosque Nativo, el Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria - CTI-, Área de Fiscalización y Control y Área de Despacho, tal como lo exigen el marco procedimental", argumentan.
Los hechos denunciados se agravan, especialmente, por la falta de intervención del Área de Bosques, a la que le corresponde informar acerca de si el predio en cuestión recae sobre “zona roja” o “zona amarilla”, expidiéndose sobre la procedencia o no de la petición y por tratarse de predios de 2.716 y 5.169 hectáreas ubicados en el norte provincial, enfatizan los denunciantes.
"La mayor pérdida de bosque nativo se da en los departamentos del norte cordobés. Precisamente, en aquellos zonas donde se aprobaron la mayoría de los planes de manejo sostenibles de bosques nativos", remarca la coordinadora.
Los desmontes fueron realizados en el noroeste cordobés, región pretendida por el actual proyecto de Ley de Bosques, y donde actualmente se sostienen prácticas ilegales de desmontes con rolado, quema de árboles, desmonte químico por aire y tierra, afectando a 1000 familias involucradas en la actividad apícola de la región de Cruz del Eje y el departamento Ischilín.
Estas son las autorizaciones que denuncia la coordinadora:
- Con expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente se corresponde a Antonio Pérez “Centro Agropecuario SRL”, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, también en zonas rojas.
- Con expediente 0517020727 /2015 donde Héctor L. Bonaldi , referente de la empresa láctea Windy “Agropecuaria Doña María”, titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo, en zonas rojas, con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental.
- Con Expte N° 0517-009684/2007 quien presenta Miguel Ángel Mizzau, Gatopa S.A. de la localidad de Jesús María y autoriza la intervención selectiva de bajo impacto sobre una superficie de 300 hectáreas en una segunda etapa, y una superficie de 238 hectáreas en una segunda etapa, 8,5 hectáreas del estrato arbustivo es para caminos perimetrales (cortafuegos) y 1,5 hectáreas para corrales y aguadas, en un campo ubicado en el lugar denominado “El pensamiento”, pedanía Quilino, Departamento Ischilín”.
- Con Expte. N° 0517-010356/2007 Sres Carlos Alberto Arnaldo y Miguel Alejandro Arnaldo, a realizar picadas perimetrales y tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto en el campo de su propiedad ubicado en el lugar denominado Establecimiento “La Penca” Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco.
- Con Expte N° 0517-010231/2007 ARNALDO Ramón Alberto y ARNALDO Miguel Angel , y autorizo a realizar Tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto sobre una superficie de 221 hectáreas, como así también, a realizar picadas perimetrales en el Establecimiento “La Penca”, en el lugar denominado “Estancia Yacanto”, Pedanía Villa de María, Departamento Rio Seco.
En dos de los hechos, se pide que se investigue al exsecretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto, actual miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura. También se pide investigar al ingeniero forestal Néstor Cruz, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, al abogado Jorge A. Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y a su colega Raúl Carranza, “consultor ambiental”, ex-asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental .
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