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Ocho medidas para prevenir las inundaciones
08:00 | 
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Inundaciones: las ocho medidas para prevenirlas a largo plazo
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Entre Ríos: 20 denuncias semanales por desmonte
Se reciben en promedio 20 denuncias semanales por tala de monte nativo
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo confirmaron desde la Dirección de Recursos Naturales. "Es algo muy difícil de parar", reconocen
Un promedio de 20 denuncias por semana dando cuenta del desmonte de bosques nativos en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos son las que recibe la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia, el área a cargo de la inspección y el control de una práctica que está penada por la ley. Suele suceder que esa cantidad de denuncias corresponden a tres o cuatro desmontes ocurridos en tierras consideradas fértiles o aptas para la producción de determinado emprendimiento. La situación no es nueva, e incluso el 20 de abril se hizo público un fallo judicial que condenó a la empresa Masnou por realizar desmonte en un establecimiento de Sauce de Luna, Departamento Federal, excediéndose en la superficie autorizada: el gobierno había concedido un permiso para tala 100 hectáreas, pero la firma agropecuaria desmontó 242. "Estamos labrando infracciones todas las semanas; tenemos hasta cinco denuncias por un mismo desmonte. Eso habla bien de la conciencia de la gente. Es algo muy difícil de parar porque desmontar en tierras que son fértiles te da una rentabilidad alta", aseguró el titular de la Dirección General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
Según datos oficiales se han llevado adelante desmontes en tierras que no tienen valor económico y que luego se abandonan después de la primera cosecha. Al trazar un diagnóstico de esta problemática, el funcionario remarcó que es una modalidad difícil de erradicar. "Hay productores que lo incorporan como parte de los gastos de labranza, incluyendo la multa que se cobra, las cuales se están aplicando permanentemente", planteó Ledesma en diálogo con UNO.
Las regiones con mejores suelos se pueden encontrar en el Departamento Villaguay, La Paz, y en el sur de la provincia, se reconoció desde la repartición. La tarea de fiscalización y control una vez que se reciben las denuncias está a cargo de dos equipos que se movilizan en forma terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría de Ambiente realiza un vuelo mensual con la finalidad de detectar mediante el sistema de GPS desmontes en diferentes puntos del territorio. "Se verifican alrededor de 20 desmontes vía aérea", detalló Ledesma.
"Es muy difícil que alguien desmonte y no lo tengamos registrado. Es algo que no se puede esconder, porque lo ves hoy o lo visualizás dentro de una semana. Porque disponemos de las imágenes satelitales", enfatizó.
Normativa
Son dos las leyes que establecen claramente la competencia del Estado en la regulación de sus recursos naturales y en la protección del medio ambiente. Una de ellas es la Ley provincial Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que quedó sancionada en febrero de 2014, pero que recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015. La siguiente tiene alcance nacional, la Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. "Atendemos el 100% de las denuncias que se reciben en la Dirección", sostuvo Ledesma. Señaló que las denuncias se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos: 0800-monte, o a las líneas de Recursos Naturales, (0343) 4207870, 4208876 y 4227398.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo confirmaron desde la Dirección de Recursos Naturales. "Es algo muy difícil de parar", reconocen
Un promedio de 20 denuncias por semana dando cuenta del desmonte de bosques nativos en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos son las que recibe la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia, el área a cargo de la inspección y el control de una práctica que está penada por la ley. Suele suceder que esa cantidad de denuncias corresponden a tres o cuatro desmontes ocurridos en tierras consideradas fértiles o aptas para la producción de determinado emprendimiento. La situación no es nueva, e incluso el 20 de abril se hizo público un fallo judicial que condenó a la empresa Masnou por realizar desmonte en un establecimiento de Sauce de Luna, Departamento Federal, excediéndose en la superficie autorizada: el gobierno había concedido un permiso para tala 100 hectáreas, pero la firma agropecuaria desmontó 242. "Estamos labrando infracciones todas las semanas; tenemos hasta cinco denuncias por un mismo desmonte. Eso habla bien de la conciencia de la gente. Es algo muy difícil de parar porque desmontar en tierras que son fértiles te da una rentabilidad alta", aseguró el titular de la Dirección General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
Según datos oficiales se han llevado adelante desmontes en tierras que no tienen valor económico y que luego se abandonan después de la primera cosecha. Al trazar un diagnóstico de esta problemática, el funcionario remarcó que es una modalidad difícil de erradicar. "Hay productores que lo incorporan como parte de los gastos de labranza, incluyendo la multa que se cobra, las cuales se están aplicando permanentemente", planteó Ledesma en diálogo con UNO.
Las regiones con mejores suelos se pueden encontrar en el Departamento Villaguay, La Paz, y en el sur de la provincia, se reconoció desde la repartición. La tarea de fiscalización y control una vez que se reciben las denuncias está a cargo de dos equipos que se movilizan en forma terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría de Ambiente realiza un vuelo mensual con la finalidad de detectar mediante el sistema de GPS desmontes en diferentes puntos del territorio. "Se verifican alrededor de 20 desmontes vía aérea", detalló Ledesma.
"Es muy difícil que alguien desmonte y no lo tengamos registrado. Es algo que no se puede esconder, porque lo ves hoy o lo visualizás dentro de una semana. Porque disponemos de las imágenes satelitales", enfatizó.
Normativa
Son dos las leyes que establecen claramente la competencia del Estado en la regulación de sus recursos naturales y en la protección del medio ambiente. Una de ellas es la Ley provincial Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que quedó sancionada en febrero de 2014, pero que recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015. La siguiente tiene alcance nacional, la Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. "Atendemos el 100% de las denuncias que se reciben en la Dirección", sostuvo Ledesma. Señaló que las denuncias se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos: 0800-monte, o a las líneas de Recursos Naturales, (0343) 4207870, 4208876 y 4227398.
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Desmonte en humedales, detienen dos personas
Detuvieron a dos hombres en Bernal por tala indiscriminada en humedales
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Radio FM Q
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de un operativo encabezado por la Municipalidad de Quilmes, detuvieron al conductor y el acompañante de un camión que se encontraban realizando desmontes por lo que se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Mediante un procedimiento, encabezado por Sebastián Barreiro, a cargo de la Dirección General de Promoción Ambiental dependiente de la secretaría de Medio Ambiente (interinamente a cargo de Guillermo Sanchez Sterli) junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Local, dieron con dos hombres que realizaban desmontes en humedales de Bernal.
En la zona de Espora y la Ribera, se pudo observar el faltante de árboles y que se encontraban para proseguir el desmonte. Luego se pudo observar que el camión trasladaba troncos.
En ese lugar fueron detenidos el conductor y el acompañante y se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Por otra parte, ya se iniciaron las investigaciones para dar con la empresa que sin autorización violó la ley vigente-
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Radio FM Q
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de un operativo encabezado por la Municipalidad de Quilmes, detuvieron al conductor y el acompañante de un camión que se encontraban realizando desmontes por lo que se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Mediante un procedimiento, encabezado por Sebastián Barreiro, a cargo de la Dirección General de Promoción Ambiental dependiente de la secretaría de Medio Ambiente (interinamente a cargo de Guillermo Sanchez Sterli) junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Local, dieron con dos hombres que realizaban desmontes en humedales de Bernal.
En la zona de Espora y la Ribera, se pudo observar el faltante de árboles y que se encontraban para proseguir el desmonte. Luego se pudo observar que el camión trasladaba troncos.
En ese lugar fueron detenidos el conductor y el acompañante y se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Por otra parte, ya se iniciaron las investigaciones para dar con la empresa que sin autorización violó la ley vigente-
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El agro y la deforestación con gran incidencia en el CC
El agro y la deforestación, los que más contribuyen al efecto invernadero
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Estos son los sectores que tienen mayor incidencia en las emisiones de gases en Argentina. Le siguen la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%). Los datos surgen del Informe del Estado del Ambiente. El documento también revela que sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes, y que corresponen a nueve provincias
Esta semana se dio a conocer una nueva edición del “Informe del Estado del Ambiente” en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El documento se había difundido por última vez en 2012.
El informe alerta por el cambio climático y precisa que los principales sectores que contribuyen en el país a las emisiones de gases de efecto invernadero son el agro y la deforestación (44%), la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%), y advierte sobre la contaminación del agua en el país, ya que se estima que sólo 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a mares, ríos o lagos.
El documento revela, además, que tan sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias, por lo que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pidió redoblar los esfuerzos por el cuidado del agua ya que “es un derecho humano”.
Números que alertan
Hasta 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques nativos por deforestación en el país, una tendencia que se redujo 16% en 2016, año que marcó la pérdida anual más baja de la última década, según el texto.
Al referirse a ese problema, el ministro comentó que la deforestación en el país “es muy preocupante” y que el objetivo es “llegar a la deforestación cero y fomentar la reforestación”, por lo que pidió el compromiso de las provincias para detectar a los infractores.
“Este informe es un punto de partida, queremos construir estadísticas ambientales confiables para poder trabajar”, aseveró el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien participó de la presentación.
El documento advierte que los humedales, que representan 23% del territorio nacional, son “uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” y estima que cada persona genera diariamente 1,02 kilos de residuos, lo que representa unas 45 toneladas por día en todo el país.
Consumo en aumento
El informe asegura que existe un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que reportó un incremento de 25% en dos décadas, mientras el petróleo representa 50% de la matriz energética contra menos de 8% de las energías renovables, porcentaje que se pretende aumentar a 20% para 2025.
Argentina ratificó su preocupación por el cambio climático al suscribir el histórico acuerdo mundial en 2015 en París, donde 195 naciones se comprometieron a reforzar las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento presentado señala que la participación de Argentina en las emisiones globales es de 0,7%, las cuales tuvieron un aumento de 0,9% anual desde 1990 hasta 2014, y advierte por la situación de la Antártida, por tratarse de “una de las regiones del planeta más sensibles” al cambio climático, donde el aumento de temperatura fue el más pronunciado en los últimos 50 años. El gobierno creó el año pasado el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y, el último lunes, presentó el Observatorio Nacional de Cambio Climático (ONCC), cuyo objetivo es acercar reportes detallados a cada intendente del país con el fin de prevenir desastres naturales.
“Los desafíos son enormes, pero hay que poner como prioridad el cuidado de la Tierra”, resaltó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quién aseveró que “es una tarea de cada persona, cada empresa, la humanidad toda” ser responsables en el uso de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Estos son los sectores que tienen mayor incidencia en las emisiones de gases en Argentina. Le siguen la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%). Los datos surgen del Informe del Estado del Ambiente. El documento también revela que sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes, y que corresponen a nueve provincias
Esta semana se dio a conocer una nueva edición del “Informe del Estado del Ambiente” en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El documento se había difundido por última vez en 2012.
El informe alerta por el cambio climático y precisa que los principales sectores que contribuyen en el país a las emisiones de gases de efecto invernadero son el agro y la deforestación (44%), la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%), y advierte sobre la contaminación del agua en el país, ya que se estima que sólo 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a mares, ríos o lagos.
El documento revela, además, que tan sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias, por lo que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pidió redoblar los esfuerzos por el cuidado del agua ya que “es un derecho humano”.
Números que alertan
Hasta 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques nativos por deforestación en el país, una tendencia que se redujo 16% en 2016, año que marcó la pérdida anual más baja de la última década, según el texto.
Al referirse a ese problema, el ministro comentó que la deforestación en el país “es muy preocupante” y que el objetivo es “llegar a la deforestación cero y fomentar la reforestación”, por lo que pidió el compromiso de las provincias para detectar a los infractores.
“Este informe es un punto de partida, queremos construir estadísticas ambientales confiables para poder trabajar”, aseveró el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien participó de la presentación.
El documento advierte que los humedales, que representan 23% del territorio nacional, son “uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” y estima que cada persona genera diariamente 1,02 kilos de residuos, lo que representa unas 45 toneladas por día en todo el país.
Consumo en aumento
El informe asegura que existe un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que reportó un incremento de 25% en dos décadas, mientras el petróleo representa 50% de la matriz energética contra menos de 8% de las energías renovables, porcentaje que se pretende aumentar a 20% para 2025.
Argentina ratificó su preocupación por el cambio climático al suscribir el histórico acuerdo mundial en 2015 en París, donde 195 naciones se comprometieron a reforzar las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento presentado señala que la participación de Argentina en las emisiones globales es de 0,7%, las cuales tuvieron un aumento de 0,9% anual desde 1990 hasta 2014, y advierte por la situación de la Antártida, por tratarse de “una de las regiones del planeta más sensibles” al cambio climático, donde el aumento de temperatura fue el más pronunciado en los últimos 50 años. El gobierno creó el año pasado el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y, el último lunes, presentó el Observatorio Nacional de Cambio Climático (ONCC), cuyo objetivo es acercar reportes detallados a cada intendente del país con el fin de prevenir desastres naturales.
“Los desafíos son enormes, pero hay que poner como prioridad el cuidado de la Tierra”, resaltó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quién aseveró que “es una tarea de cada persona, cada empresa, la humanidad toda” ser responsables en el uso de los recursos naturales.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Las inundaciones son manenaza, el desmonte el acelerador
Inundaciones, la mayor amenaza para la Argentina
Fecha de Publicación: 16/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El agua empezó a bajar en algunas de las zonas afectadas por las inundaciones. Quedaron los destrozos y la terrible sensación de comenzar desde cero. Pero las malas noticias no terminaron: es alto el peligro de que lluvias extremas y desbordes de ríos se repitan. "Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explica Catalina Ramírez, la especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial que el año pasado hizo un estudio sobre el tema.
Y continúa: "Sólo en la provincia de Buenos Aires en 2015 las precipitaciones afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron casi 6000 cabezas de ganado, lo que implicó una pérdida de 652 millones de dólares".
La experta indica que el 80% de la población del país vive en la planicie del Paraná y del Paraguay, y el resto se ubica generalmente cerca de los cursos de agua. "El crecimiento urbano desorganizado, luego el cambio del uso del suelo, zonas que antes eran bosques y cambian áreas agrícolas o el recambio por el monocultivo, sumado a los efectos del cambio climático hacen que los efectos de las precipitaciones más intensas se sientan cada vez más", agrega Ramírez.
Las inundaciones ribereñas suceden mayormente en el norte y centro de la Argentina, en especial a lo largo de la cuenca del río Paraná. "La deforestación en las cuencas altas, una infraestructura deficiente de drenaje en el área rural y mayores precipitaciones contribuyen a un riesgo acrecentado de sufrir inundaciones ribereñas. La superposición de mapas de deforestación y de inundaciones ribereñas pueden sugerir una correlación entre la distribución espacial de ambos fenómenos", se explica en el trabajo hecho por especialistas del organismo multilateral de crédito.
Según se consigna en el reporte, el costo de las inundaciones ribereñas representa el 49% del anual total por desastres naturales, mientras que el de las inundaciones urbanas significa otro 46%. El informe fue hecho el año pasado por un equipo de expertos en desarrollo sostenible, medio ambiente y recursos naturales. En total calcularon que los daños causados por el agua equivalen cada año al 0,7% del producto bruto interno (PBI).
El volumen de lluvias creció 20% entre 1961 y 2010, según las estimaciones, pero ese es sólo uno de los factores que afectan a la situación de las inundaciones.
Vicente Barros, investigador del Conicet y miembro del Panel Intergubernamental de Lucha contra el Cambio Climático, acaba de editar un libro junto a Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, dirigido a aquellas personas que deben tomar decisiones en el área. "El cambio climático es un factor dentro de otros factores que incluso son más dinámicos, más fuertes y más rápidos. La expansión de la frontera agropecuaria que obedece a los precios internacionales y a la demanda al mismo tiempo estuvo acompañada de un cambio de clima que favoreció esa expansión, pero eso trae consecuencias sobre los ecosistemas. No es que simplemente el cambio climático produce un daño, sino que es una interrelación", indica el científico.
En el trabajo del Banco Mundial se hace hincapié en el uso del suelo y la actividad agrícola: "Entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto, y se compara con una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el mundo. Durante ese mismo período, la Argentina se posicionó novena en la pérdida de cubierta forestal a escala global, y en la provincia de Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte en el mundo. Casi toda la deforestación (93%) ocurrió en el norte del país", indica.
En el informe hecho por la compañía proveedora de reaseguros y seguro Swiss Re, "El riesgo de inundación en Argentina", se sostiene que uno de cada tres argentinos vive en áreas altamente expuestas a inundaciones, llegando a un total de 14,2 millones de personas en todo el país. En el informe se advierte que, cada año, la economía podría perder alrededor del 0,15% del PBI por situaciones asociadas a inundaciones, y ubica a la Argentina en el top 10 de los países emergentes con mayores riesgos, entre Rusia, la India, Brasil y China.
En el libro La Argentina y el cambio climático. De la física a la política (Eudeba, 2016), Barros y Camilloni también se refieren a las acciones. "Las respuestas a las más frecuentes inundaciones se fueron concretando desde años, aunque aún faltan obras y principalmente, sistemas de respuestas que incluyan un amplio abanico de manejo previo, durante y después del episodio de la inundación."
En ese sentido, Carole Megevand, líder del Programa de Desarrollo Sustentable para la Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, agrega: "El factor del cambio climático va a amplificar lo que hemos visto en años pasados. Tenemos que estar preparados y tener sistemas que permitan monitorear y otros de prevención. Es fundamental fortalecer el de información para tener una reacción mucho más rápida", dice para referirse, por ejemplo, a la inversión en sistemas en líneas de monitoreo de ríos y a la mayor inversión en los servicios meteorológicos y de alerta.
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Fecha de Publicación: 16/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El agua empezó a bajar en algunas de las zonas afectadas por las inundaciones. Quedaron los destrozos y la terrible sensación de comenzar desde cero. Pero las malas noticias no terminaron: es alto el peligro de que lluvias extremas y desbordes de ríos se repitan. "Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explica Catalina Ramírez, la especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial que el año pasado hizo un estudio sobre el tema.
Y continúa: "Sólo en la provincia de Buenos Aires en 2015 las precipitaciones afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron casi 6000 cabezas de ganado, lo que implicó una pérdida de 652 millones de dólares".
La experta indica que el 80% de la población del país vive en la planicie del Paraná y del Paraguay, y el resto se ubica generalmente cerca de los cursos de agua. "El crecimiento urbano desorganizado, luego el cambio del uso del suelo, zonas que antes eran bosques y cambian áreas agrícolas o el recambio por el monocultivo, sumado a los efectos del cambio climático hacen que los efectos de las precipitaciones más intensas se sientan cada vez más", agrega Ramírez.
Las inundaciones ribereñas suceden mayormente en el norte y centro de la Argentina, en especial a lo largo de la cuenca del río Paraná. "La deforestación en las cuencas altas, una infraestructura deficiente de drenaje en el área rural y mayores precipitaciones contribuyen a un riesgo acrecentado de sufrir inundaciones ribereñas. La superposición de mapas de deforestación y de inundaciones ribereñas pueden sugerir una correlación entre la distribución espacial de ambos fenómenos", se explica en el trabajo hecho por especialistas del organismo multilateral de crédito.
Según se consigna en el reporte, el costo de las inundaciones ribereñas representa el 49% del anual total por desastres naturales, mientras que el de las inundaciones urbanas significa otro 46%. El informe fue hecho el año pasado por un equipo de expertos en desarrollo sostenible, medio ambiente y recursos naturales. En total calcularon que los daños causados por el agua equivalen cada año al 0,7% del producto bruto interno (PBI).
El volumen de lluvias creció 20% entre 1961 y 2010, según las estimaciones, pero ese es sólo uno de los factores que afectan a la situación de las inundaciones.
Vicente Barros, investigador del Conicet y miembro del Panel Intergubernamental de Lucha contra el Cambio Climático, acaba de editar un libro junto a Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, dirigido a aquellas personas que deben tomar decisiones en el área. "El cambio climático es un factor dentro de otros factores que incluso son más dinámicos, más fuertes y más rápidos. La expansión de la frontera agropecuaria que obedece a los precios internacionales y a la demanda al mismo tiempo estuvo acompañada de un cambio de clima que favoreció esa expansión, pero eso trae consecuencias sobre los ecosistemas. No es que simplemente el cambio climático produce un daño, sino que es una interrelación", indica el científico.
En el trabajo del Banco Mundial se hace hincapié en el uso del suelo y la actividad agrícola: "Entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto, y se compara con una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el mundo. Durante ese mismo período, la Argentina se posicionó novena en la pérdida de cubierta forestal a escala global, y en la provincia de Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte en el mundo. Casi toda la deforestación (93%) ocurrió en el norte del país", indica.
En el informe hecho por la compañía proveedora de reaseguros y seguro Swiss Re, "El riesgo de inundación en Argentina", se sostiene que uno de cada tres argentinos vive en áreas altamente expuestas a inundaciones, llegando a un total de 14,2 millones de personas en todo el país. En el informe se advierte que, cada año, la economía podría perder alrededor del 0,15% del PBI por situaciones asociadas a inundaciones, y ubica a la Argentina en el top 10 de los países emergentes con mayores riesgos, entre Rusia, la India, Brasil y China.
En el libro La Argentina y el cambio climático. De la física a la política (Eudeba, 2016), Barros y Camilloni también se refieren a las acciones. "Las respuestas a las más frecuentes inundaciones se fueron concretando desde años, aunque aún faltan obras y principalmente, sistemas de respuestas que incluyan un amplio abanico de manejo previo, durante y después del episodio de la inundación."
En ese sentido, Carole Megevand, líder del Programa de Desarrollo Sustentable para la Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, agrega: "El factor del cambio climático va a amplificar lo que hemos visto en años pasados. Tenemos que estar preparados y tener sistemas que permitan monitorear y otros de prevención. Es fundamental fortalecer el de información para tener una reacción mucho más rápida", dice para referirse, por ejemplo, a la inversión en sistemas en líneas de monitoreo de ríos y a la mayor inversión en los servicios meteorológicos y de alerta.
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La deforestación se paga
Las consecuencias nefastas de la deforestación
Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los antiguos griegos solían afirmar que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Seguramente, se quedaron cortos en la apreciación porque la historia muestra que los tropezones se repiten y en algunas sociedades, como la tucumana, pueden volverse crónicos. La depredación de la naturaleza trae consecuencias previsibles y muchas de ellas se convierten en catástrofes, como está sucediendo en varias poblaciones del sur de nuestra provincia, víctimas de inundaciones. Miles de pobladores, como los de La Madrid, han perdido todos sus bienes. Una de las principales causas de este desastre ambiental es la deforestación.
En la reciente reunión de delegados del NOA de la Pastoral Social, el obispo de Añatuya denunció que ya no quedan montes nativos. “En estado natural, la tierra absorbe 300 milímetros por hora, pero si se desmonta para ganadería, ese suelo sólo retendrá 100 milímetros en el mismo tiempo. Ahora si se siembra soja, como ocurre en el NOA, esos campos absorberán apenas 30 milímetros por hora, según los estudios del INTA”, dijo el sacerdote. Señaló que durante el encuentro se consideró también el daño que causan el uso de agroquímicos y la tala indiscriminada, sin tener en cuenta la aplicación de las leyes. “Las causas de todo esto ya no son invisibles, las vemos en las grandes inundaciones que provocan tanto sufrimiento a nuestros pueblos”, afirmó.
Cuando la deforestación es elevada, se erosiona el suelo y se altera la calidad del agua. Los bosques regulan el régimen hídrico, y cuanto más natural sea el ecosistema, más efectiva será esta función. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló que el agua y los bosques están íntimamente ligados, ya que los árboles filtran el agua, aumentan los niveles de humedad en el aire y la incorporan más profundamente en la tierra, evitando su evaporación. Advirtió que un territorio con menos del 25 % de cobertura vegetal corría grandes peligros ambientales.
En Tucumán, la tala indiscriminada se viene produciendo desde hace año. Por ejemplo, en noviembre de 2006, especialistas en medio ambiente dijeron que en la provincia había un millón de hectáreas degradadas. A ello había que sumarle que sólo el 18 % de la superficie del territorio estaba cubierto por bosques. Ese mes, pescadores de Concepción descubrieron que a la altura del lugar conocido como Remanso de Yacu Suto, en la reserva forestal de Santa Ana, cuadrillas de operarios estaban desmontando totalmente ese lugar; fueron alrededor de 250 hectáreas las desmontadas, según la denuncia efectuada. La deforestación afectó la fauna de la zona, compuesta por corzuelas, ocelotes, loros, chanchos del monte y pájaros.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, Tucumán perdió 22.171 hectáreas por desmonte. La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Nación señaló que entre 2006 y 2011, fueron arrasadas otras 25.333 hectáreas de bosques nativos, bosques en galería, bosques bajos, bosques abiertos y arbustales.
Tucumán cuenta con una herramienta importante que es la ley provincial N° 8.304 referida al “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, sancionada en junio de 2010 y reglamentada en 2013, pero al parecer no la aplica. La tala indiscriminada de nuestros bosques ocurre porque el Estado mira para otro lado y no castiga con todo rigor a los infractores. ¿Acaso la ineficiencia es tan grande o los intereses creados son importantes? Cuando ocurren inundaciones, ningún gobernante se hace cargo por las obras que se debieron haber hecho para evitar la catástrofe y no se hicieron. Seguramente, si nuestra clase dirigente perdiera todos sus bienes bajo el agua, sentiría en carne propia lo que están viviendo los inundados del sur de la provincia, y se ocuparía de preservar el medio ambiente, de hacer las obras públicas necesaria y de mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
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Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los antiguos griegos solían afirmar que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Seguramente, se quedaron cortos en la apreciación porque la historia muestra que los tropezones se repiten y en algunas sociedades, como la tucumana, pueden volverse crónicos. La depredación de la naturaleza trae consecuencias previsibles y muchas de ellas se convierten en catástrofes, como está sucediendo en varias poblaciones del sur de nuestra provincia, víctimas de inundaciones. Miles de pobladores, como los de La Madrid, han perdido todos sus bienes. Una de las principales causas de este desastre ambiental es la deforestación.
En la reciente reunión de delegados del NOA de la Pastoral Social, el obispo de Añatuya denunció que ya no quedan montes nativos. “En estado natural, la tierra absorbe 300 milímetros por hora, pero si se desmonta para ganadería, ese suelo sólo retendrá 100 milímetros en el mismo tiempo. Ahora si se siembra soja, como ocurre en el NOA, esos campos absorberán apenas 30 milímetros por hora, según los estudios del INTA”, dijo el sacerdote. Señaló que durante el encuentro se consideró también el daño que causan el uso de agroquímicos y la tala indiscriminada, sin tener en cuenta la aplicación de las leyes. “Las causas de todo esto ya no son invisibles, las vemos en las grandes inundaciones que provocan tanto sufrimiento a nuestros pueblos”, afirmó.
Cuando la deforestación es elevada, se erosiona el suelo y se altera la calidad del agua. Los bosques regulan el régimen hídrico, y cuanto más natural sea el ecosistema, más efectiva será esta función. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló que el agua y los bosques están íntimamente ligados, ya que los árboles filtran el agua, aumentan los niveles de humedad en el aire y la incorporan más profundamente en la tierra, evitando su evaporación. Advirtió que un territorio con menos del 25 % de cobertura vegetal corría grandes peligros ambientales.
En Tucumán, la tala indiscriminada se viene produciendo desde hace año. Por ejemplo, en noviembre de 2006, especialistas en medio ambiente dijeron que en la provincia había un millón de hectáreas degradadas. A ello había que sumarle que sólo el 18 % de la superficie del territorio estaba cubierto por bosques. Ese mes, pescadores de Concepción descubrieron que a la altura del lugar conocido como Remanso de Yacu Suto, en la reserva forestal de Santa Ana, cuadrillas de operarios estaban desmontando totalmente ese lugar; fueron alrededor de 250 hectáreas las desmontadas, según la denuncia efectuada. La deforestación afectó la fauna de la zona, compuesta por corzuelas, ocelotes, loros, chanchos del monte y pájaros.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, Tucumán perdió 22.171 hectáreas por desmonte. La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Nación señaló que entre 2006 y 2011, fueron arrasadas otras 25.333 hectáreas de bosques nativos, bosques en galería, bosques bajos, bosques abiertos y arbustales.
Tucumán cuenta con una herramienta importante que es la ley provincial N° 8.304 referida al “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, sancionada en junio de 2010 y reglamentada en 2013, pero al parecer no la aplica. La tala indiscriminada de nuestros bosques ocurre porque el Estado mira para otro lado y no castiga con todo rigor a los infractores. ¿Acaso la ineficiencia es tan grande o los intereses creados son importantes? Cuando ocurren inundaciones, ningún gobernante se hace cargo por las obras que se debieron haber hecho para evitar la catástrofe y no se hicieron. Seguramente, si nuestra clase dirigente perdiera todos sus bienes bajo el agua, sentiría en carne propia lo que están viviendo los inundados del sur de la provincia, y se ocuparía de preservar el medio ambiente, de hacer las obras públicas necesaria y de mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
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Inundaciones en Salta agravadas por el desmonte
Desmontes: la variable que agrava los temporales en Salta
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Un biólogo y un especialista en recursos naturales explican la relación entre la pérdida de los bosques nativos con las inundaciones que asolan el norte provincial.
Uno de los estudios más impactantes del INTA indica que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora. La tierra arrasada y compacta que deja el desmonte, poco y nada. El agua que sobra en la tierra es todo el monte perdido que no la puede tomar.
En septiembre de 2016, un informe del Banco Mundial señaló que entre 2001 y 2014 se perdió más del 12% de los bosques nativos de Argentina. Incluso después de que se promulgara la ley de Bosques, en 2007, una superficie de bosques equivalente a la provincia de Jujuy desapareció del paisaje, y todo sucedió en el NOA, la mayor parte en Santiago del Estero y Salta. El mismo informe indicó que las tasas más altas de deforestación de Sudamérica están en la región del chaco argentino, donde los bosques semiáridos son arrasados para habilitar el suelo fértil a la agricultura.
La catástrofe anunciada
La relación entre desmontes e inundaciones es directa, dice Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la UNSa, mientras explica de qué manera la pérdida de bosques nativos por desmontes o incendios se vincula con las inundaciones cada vez más graves en el norte de la provincia. "Cuando eliminas cobertura boscosa el suelo no retiene el agua. Lo que antes se absorbía, ahora se escurre y genera los problemas que estamos teniendo. Es muy difícil que la gente entienda que (las inundaciones) no son catástrofes. Esto se predijo a partir del reordenamiento territorial -indicado en la Ley de Bosques- pero hay pautas de manejo que no se respetan", agrega.
La manera de prevenir es, para el biólogo, con planificación, pero es pesimista en cuanto a las posibilidades reales de que esto suceda. "Hay muchos intereses en juego. Las asociaciones de productores agropecuarios presionan para que se liberen los permisos para desmontes y se hagan las recategorizaciones", dice, mientras los datos le dan la razón. Según datos publicados en el mismo estudio, entre enero y agosto de 2016, se desmontaron 60.188 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco para desarrollos agropecuarios. Un tercio se hizo de manera ilegal.
Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Conicet, coincide en el diagnóstico y agrega que las consecuencias de esa erosión por los desmontes se ven potenciadas por tratarse de lluvias tardías, que caen con mucha intensidad cuando los suelos ya están saturados de agua, como sucede hacia el final del verano. "En lo personal no tengo dudas de que las inundaciones fueron agravadas por la deforestación en las cuencas altas. De ahí a que se lo pueda demostrar, no es posible. Hay que ver las inundaciones en los últimos años y estudiarlo en particular. Muchas veces son lluvias que no son anómalas, pero al generarse mucha erosión superficial, laminar, la capa fértil del suelo se va con el agua, lo que produce además mucha erosión tipo cárcava, zanjones que atraviesan campos y los inutilizan porque generan cañadas nuevas. Hay procesos de compactación, el suelo se satura y colapsa, se pierde la estructura del suelo", agrega.
El desastre que viene
Además de las pérdidas materiales, humanas y ambientales, las inundaciones tienen efectos difíciles de predecir, como cambios en la composición de las especies y la proliferación de enfermedades, explica Derlindati. "No sabemos lo que puede pasar. Podés tener además a nivel local un aumento de la temperatura, porque si perdés bosque no solamente se deja de absorber humedad sino que tampoco se absorbe radiación, y la diferencia de temperatura es enorme con bosques o sin ellos", explica. "Antes todo el chaco salteño era una matriz continua con algunos sectores cultivados. Ahora es todo territorio de producción, con algunas partes de bosque, y al cambiar el paisaje cambia enormemente el sistema".
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Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Un biólogo y un especialista en recursos naturales explican la relación entre la pérdida de los bosques nativos con las inundaciones que asolan el norte provincial.
Uno de los estudios más impactantes del INTA indica que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora. La tierra arrasada y compacta que deja el desmonte, poco y nada. El agua que sobra en la tierra es todo el monte perdido que no la puede tomar.
En septiembre de 2016, un informe del Banco Mundial señaló que entre 2001 y 2014 se perdió más del 12% de los bosques nativos de Argentina. Incluso después de que se promulgara la ley de Bosques, en 2007, una superficie de bosques equivalente a la provincia de Jujuy desapareció del paisaje, y todo sucedió en el NOA, la mayor parte en Santiago del Estero y Salta. El mismo informe indicó que las tasas más altas de deforestación de Sudamérica están en la región del chaco argentino, donde los bosques semiáridos son arrasados para habilitar el suelo fértil a la agricultura.
La catástrofe anunciada
La relación entre desmontes e inundaciones es directa, dice Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la UNSa, mientras explica de qué manera la pérdida de bosques nativos por desmontes o incendios se vincula con las inundaciones cada vez más graves en el norte de la provincia. "Cuando eliminas cobertura boscosa el suelo no retiene el agua. Lo que antes se absorbía, ahora se escurre y genera los problemas que estamos teniendo. Es muy difícil que la gente entienda que (las inundaciones) no son catástrofes. Esto se predijo a partir del reordenamiento territorial -indicado en la Ley de Bosques- pero hay pautas de manejo que no se respetan", agrega.
La manera de prevenir es, para el biólogo, con planificación, pero es pesimista en cuanto a las posibilidades reales de que esto suceda. "Hay muchos intereses en juego. Las asociaciones de productores agropecuarios presionan para que se liberen los permisos para desmontes y se hagan las recategorizaciones", dice, mientras los datos le dan la razón. Según datos publicados en el mismo estudio, entre enero y agosto de 2016, se desmontaron 60.188 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco para desarrollos agropecuarios. Un tercio se hizo de manera ilegal.
Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Conicet, coincide en el diagnóstico y agrega que las consecuencias de esa erosión por los desmontes se ven potenciadas por tratarse de lluvias tardías, que caen con mucha intensidad cuando los suelos ya están saturados de agua, como sucede hacia el final del verano. "En lo personal no tengo dudas de que las inundaciones fueron agravadas por la deforestación en las cuencas altas. De ahí a que se lo pueda demostrar, no es posible. Hay que ver las inundaciones en los últimos años y estudiarlo en particular. Muchas veces son lluvias que no son anómalas, pero al generarse mucha erosión superficial, laminar, la capa fértil del suelo se va con el agua, lo que produce además mucha erosión tipo cárcava, zanjones que atraviesan campos y los inutilizan porque generan cañadas nuevas. Hay procesos de compactación, el suelo se satura y colapsa, se pierde la estructura del suelo", agrega.
El desastre que viene
Además de las pérdidas materiales, humanas y ambientales, las inundaciones tienen efectos difíciles de predecir, como cambios en la composición de las especies y la proliferación de enfermedades, explica Derlindati. "No sabemos lo que puede pasar. Podés tener además a nivel local un aumento de la temperatura, porque si perdés bosque no solamente se deja de absorber humedad sino que tampoco se absorbe radiación, y la diferencia de temperatura es enorme con bosques o sin ellos", explica. "Antes todo el chaco salteño era una matriz continua con algunos sectores cultivados. Ahora es todo territorio de producción, con algunas partes de bosque, y al cambiar el paisaje cambia enormemente el sistema".
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Ponen freno a obras públicas en Cordón Ecológico
Rechazan dar curso a obras públicas en Cordón Ecológico
Fecha de Publicación: 04/04/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Situación. El proyectista Édgar Montaño afirma que se busca viabilizar ejecución de 5 puentes. Instituciones en emergencia por riesgo de deforestación.
En proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que plantea permitir "obras de dominio público en el Cordón Ecológico", a través de la modificación de artículos de dos leyes: 2122, que declara Patrimonio Histórico y Natural el río Piraí y 2913 que se refiere al Parque Ecológico Metropolitano Piraí, fue rechazado por colectivos ambientalistas y por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi) que se declararon en emergencia. Alertan sobre posibles daños a la fauna y flora que existe en esta zona de protección que atraviesa los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno. Mientras tanto, el diputado proyectista, Édgar Montaño, justificó el planteamiento al indicar que busca viabilizar la construcción de al menos cinco puentes que ya tienen diseño final y la mayoría presupuesto asignado.
Hay 35% de deforestación. El director del Searpi, Luis Aguilera, indicó que pese a existir leyes de protección del cordón ecológico desde el 2006 a la fecha ya hay 35% de deforestación, aunque entre los árboles existentes aún hay algunos que tienen más de 80 años. En cuanto a la fauna señaló que viven más de 20 especies. Ante esto, indicó que hay más de 10 normativas nacionales, desde la Constitución Política del Estado (CPE), leyes y pasando por decretos que respaldan el Cordón Ecológico para garantizar su conservación. "Por leyes no nos aplazamos, en estas se deja muy claro la preservación del medio ambiente. Hay un gran grado de desconocimiento al querer generar una ley específica burlando otras para construir rascacielos y transformar esta ciudad sin protección a vientos, sin fauna y flora que nos enriquece. Eliminando nuestro ciclo hidrológico y con la presencia del cambio climático. El día de mañana será una ciudad enferma, vamos a tener conjuntivitis, rinitis y asma", aseveró. Anunciaron presentar el respaldo técnico y jurídico en contra.
Eliana Torrico, del Colectivo Árbol, indicó que se están movilizando pues el proyecto es muy general al aprobar obras de "dominio público". "Él puede querer solo puentes, pero mañana lo sacan y otras autoridades pueden interpretarlo de forma distinta", aseveró a tiempo de enfatizar que esa área está "blindada" por ley porque es una protección para la ciudad. El cambio en la artículo 3ro de la Ley 2913 se refiere a que en el Parque Ecológico Metropolitano Piraí y todas las riberas de los municipios se permite aprovechamiento para recreación, educación, investigación. Se pide agregar "y para obras de dominio público".
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Fecha de Publicación: 04/04/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Situación. El proyectista Édgar Montaño afirma que se busca viabilizar ejecución de 5 puentes. Instituciones en emergencia por riesgo de deforestación.
En proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que plantea permitir "obras de dominio público en el Cordón Ecológico", a través de la modificación de artículos de dos leyes: 2122, que declara Patrimonio Histórico y Natural el río Piraí y 2913 que se refiere al Parque Ecológico Metropolitano Piraí, fue rechazado por colectivos ambientalistas y por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi) que se declararon en emergencia. Alertan sobre posibles daños a la fauna y flora que existe en esta zona de protección que atraviesa los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno. Mientras tanto, el diputado proyectista, Édgar Montaño, justificó el planteamiento al indicar que busca viabilizar la construcción de al menos cinco puentes que ya tienen diseño final y la mayoría presupuesto asignado.
Hay 35% de deforestación. El director del Searpi, Luis Aguilera, indicó que pese a existir leyes de protección del cordón ecológico desde el 2006 a la fecha ya hay 35% de deforestación, aunque entre los árboles existentes aún hay algunos que tienen más de 80 años. En cuanto a la fauna señaló que viven más de 20 especies. Ante esto, indicó que hay más de 10 normativas nacionales, desde la Constitución Política del Estado (CPE), leyes y pasando por decretos que respaldan el Cordón Ecológico para garantizar su conservación. "Por leyes no nos aplazamos, en estas se deja muy claro la preservación del medio ambiente. Hay un gran grado de desconocimiento al querer generar una ley específica burlando otras para construir rascacielos y transformar esta ciudad sin protección a vientos, sin fauna y flora que nos enriquece. Eliminando nuestro ciclo hidrológico y con la presencia del cambio climático. El día de mañana será una ciudad enferma, vamos a tener conjuntivitis, rinitis y asma", aseveró. Anunciaron presentar el respaldo técnico y jurídico en contra.
Eliana Torrico, del Colectivo Árbol, indicó que se están movilizando pues el proyecto es muy general al aprobar obras de "dominio público". "Él puede querer solo puentes, pero mañana lo sacan y otras autoridades pueden interpretarlo de forma distinta", aseveró a tiempo de enfatizar que esa área está "blindada" por ley porque es una protección para la ciudad. El cambio en la artículo 3ro de la Ley 2913 se refiere a que en el Parque Ecológico Metropolitano Piraí y todas las riberas de los municipios se permite aprovechamiento para recreación, educación, investigación. Se pide agregar "y para obras de dominio público".
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Bergman defiende a Salta en cuanto a deforestación
“Salta, que venía bastante mal, no es la peor en deforestación", aseguró Sergio Bergman
Fecha de Publicación: 01/04/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta - Nacional
El ministro de Ambiente de la Nación se encuentra en la ciudad y dijo que “hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa” de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Ante los informes que advierten la alta tasa de deforestación en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, dijo: “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor”.
Así lo aseguró el funcionario durante su visita en la capital salteña. "Es más estamos preocupados porque a la hora de hacer un ranking hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa (de ordenamiento territorial de bosques nativos) ni con la rendición de fondos”, manifestó a la prensa.
El ministro también se refirió a las expectativas que hay en ciertos sectores económicos de ampliar las áreas productivas. Dijo que tiene claro que Salta recibe una gran presión sobre la extensión de la barrera agropecuaria, pero aseveró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar a Salta a que tenga un manejo sustentable de los bosques “porque no podemos permitir seguir deforestando”.
El funcionario aseguró que desde el gobierno nacional se busca la conservación de los bosques nativos. “Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo que hicimos antes no estaba bien pero que tenemos una modalidad de hacerlo mejor”, apuntó.
Asimismo, luego de una reunión con algunos intendentes de la provincia, detalló sobre la extensión de la red de cloacas a las localidades que aún no tienen. “Hay una transferencia de fondos del Ministerio de Interior desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de lo que es la coparticipación, son más de 3.000 millones de pesos que van a llegar en obras”, dijo.
Aunque inmediatamente después aclaró: “yo sé que la gente está a la expectativa porque hay una demora en el inicio de las obras, pero también es importante poder explicarlo; lo que se ha recibido de la gestión anterior no solo es el saqueo del Estado sino la imposibilidad de retomar de manera transparente las licitaciones de la obra pública, fue una acción de corrupción, tenemos gente procesada y esperamos que la justicia termine de mostrar quién tiene responsabilidad y culpabilidad”.
Por último, explicó que se reunió con algunos intendentes salteños y la dirigente del Pro en Salta, Bettina Romero, en la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), a fin de brindar “recursos técnicos” para que los municipios conformen consorcios y logren aplicar en el plan que busca erradicar los basurales a cielo abierto
“Para poder hacerlo hace falta fondos y estamos poniendo una agencia federal de gestión de residuos y un fondo de garantía para que los municipios, que no tienen capacidad propia de poder contratar empresas para hacer los cierres de los basurales, tengan apoyo financiero para hacerlo”, comentó el ministro, que además informo que este programa se financiará con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Fecha de Publicación: 01/04/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta - Nacional
El ministro de Ambiente de la Nación se encuentra en la ciudad y dijo que “hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa” de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Ante los informes que advierten la alta tasa de deforestación en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, dijo: “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor”.
Así lo aseguró el funcionario durante su visita en la capital salteña. "Es más estamos preocupados porque a la hora de hacer un ranking hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa (de ordenamiento territorial de bosques nativos) ni con la rendición de fondos”, manifestó a la prensa.
El ministro también se refirió a las expectativas que hay en ciertos sectores económicos de ampliar las áreas productivas. Dijo que tiene claro que Salta recibe una gran presión sobre la extensión de la barrera agropecuaria, pero aseveró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar a Salta a que tenga un manejo sustentable de los bosques “porque no podemos permitir seguir deforestando”.
El funcionario aseguró que desde el gobierno nacional se busca la conservación de los bosques nativos. “Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo que hicimos antes no estaba bien pero que tenemos una modalidad de hacerlo mejor”, apuntó.
Asimismo, luego de una reunión con algunos intendentes de la provincia, detalló sobre la extensión de la red de cloacas a las localidades que aún no tienen. “Hay una transferencia de fondos del Ministerio de Interior desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de lo que es la coparticipación, son más de 3.000 millones de pesos que van a llegar en obras”, dijo.
Aunque inmediatamente después aclaró: “yo sé que la gente está a la expectativa porque hay una demora en el inicio de las obras, pero también es importante poder explicarlo; lo que se ha recibido de la gestión anterior no solo es el saqueo del Estado sino la imposibilidad de retomar de manera transparente las licitaciones de la obra pública, fue una acción de corrupción, tenemos gente procesada y esperamos que la justicia termine de mostrar quién tiene responsabilidad y culpabilidad”.
Por último, explicó que se reunió con algunos intendentes salteños y la dirigente del Pro en Salta, Bettina Romero, en la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), a fin de brindar “recursos técnicos” para que los municipios conformen consorcios y logren aplicar en el plan que busca erradicar los basurales a cielo abierto
“Para poder hacerlo hace falta fondos y estamos poniendo una agencia federal de gestión de residuos y un fondo de garantía para que los municipios, que no tienen capacidad propia de poder contratar empresas para hacer los cierres de los basurales, tengan apoyo financiero para hacerlo”, comentó el ministro, que además informo que este programa se financiará con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Etiquetas:
Desmontes,
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Salta perdió el 40% de los servicios ecosistémicos
Comprueban que por desmontes disminuyó el 40% de los servicios ecosistémicos de Salta
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Pueblos Originarios llegan a la capital Jujeña para reclamar
Llega a la capital jujeña la Marcha de Pueblos Originarios que partió de La Quiaca
Fecha de Publicación: 25/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Luego de caminar desde el 16 de este mes, partiendo desde La Quiaca bajo el lema "Por el Derecho a la vida en los Territorios", la Marcha de Pueblos Originarios llegas hoy a la capital jujeña, donde en horas del mediodía realizará un acto en Plaza Belgrano.
Wily Subelza, integrante de una de las comunidades de la Puna contó en el inicio de la protesta que se marcha "por la amenaza continua de las mineras a cielo abierto, en el caso de la Minera Chinchilla, que va a contaminar la Laguna de Pozuelos; porque nuestros líderes continuamente están siendo hostigados por la policía y la justicia, por defender a nuestro pueblo”.
Agregó además que "las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y en la provincia Gerardo Morales, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que habíamos logrado que se reconocieran como el respeto de nuestros pueblos ancestrales. Los gobiernos están tratando de anular la vida de los pueblos indígenas al implementar políticas a favor de los grandes empresarios sin tenernos en cuenta”.
Las comunidades, tomarán partes este viernes de los actos por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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Fecha de Publicación: 25/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Luego de caminar desde el 16 de este mes, partiendo desde La Quiaca bajo el lema "Por el Derecho a la vida en los Territorios", la Marcha de Pueblos Originarios llegas hoy a la capital jujeña, donde en horas del mediodía realizará un acto en Plaza Belgrano.
Wily Subelza, integrante de una de las comunidades de la Puna contó en el inicio de la protesta que se marcha "por la amenaza continua de las mineras a cielo abierto, en el caso de la Minera Chinchilla, que va a contaminar la Laguna de Pozuelos; porque nuestros líderes continuamente están siendo hostigados por la policía y la justicia, por defender a nuestro pueblo”.
Agregó además que "las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y en la provincia Gerardo Morales, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que habíamos logrado que se reconocieran como el respeto de nuestros pueblos ancestrales. Los gobiernos están tratando de anular la vida de los pueblos indígenas al implementar políticas a favor de los grandes empresarios sin tenernos en cuenta”.
Las comunidades, tomarán partes este viernes de los actos por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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Bergman afirna que la deforestación bajó
Se redujo 16 % la deforestación en la Argentina durante 2016
Fecha de Publicación: 24/03/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Así lo confirmó el ministro de Ambiente Sergio Bergman, según datos que surgen del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016 realizado por la cartera que conduce. La superficie de pérdida de bosques anual es la más baja en los últimos 10 años.
“Queda mucho por hacer, pero es un paso adelante. Este Informe que hoy presentamos es producto de las políticas de Estado en materia ambiental que se vienen desarrollando y que vamos a seguir consolidando”, señaló Bergman.
Los datos anunciados por el ministro fueron realizados tras la culminación del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016, del que se desprende también que la reducción de la deforestación durante el año pasado representa 131.000 hectáreas desmontadas en el norte de Argentina. “En un año hemos logrado dos cosas muy importantes: tener cada vez más datos sobre el ambiente y que eso sea el punto de inicio para ir logrando más y mejores resultados”, sostuvo Bergman. “Solo con información clara y con la verdad podremos construir el camino sustentable para el crecimiento que necesita el país”, afirmó el ministro de Ambiente.
Otro de los datos que surge del Informe indica que el 42 % de la superficie deforestada en 2016 corresponde a las áreas de categoría II (amarillo) de los ordenamientos territoriales. “Para frenar estas situaciones, estamos reforzando el pedido a las jurisdicciones para que ejerzan el poder de policía”, manifestó Bergman.
Con respecto a la Ley de Bosques, el ministro celebró la gestión del Ejecutivo nacional que “por decisión del Jefe de Gabinete, en el mes de marzo de 2017 otorgó una partida adicional de 300 millones de pesos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, llevando el monto asignado a un total de 580 millones de pesos”.
Asimismo, en un trabajo de carácter federal, el titular de la cartera de Ambiente aseveró que “junto con el COFEMA, estamos trabajando en el saneamiento administrativo de la Ley para que los procesos de rendición de cuentas de las provincias se hagan en tiempo y forma y de manera transparente. Además, junto con la SIGEN estamos capacitando en este sentido a los responsables de las jurisdicciones”.
Por último, Bergman se refirió a la gestión de la cartera para fortalecer viveros forestales y recuperar áreas de bosques degradadas: “Lanzamos 6 experiencias de reforestación a nivel nacional e invertiremos 8 millones de pesos durante el 2017. Durante este mes de marzo, hemos firmado los acuerdos de implementación con 6 provincias e instituciones que desarrollarán el trabajo en el territorio”.
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Fecha de Publicación: 24/03/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Así lo confirmó el ministro de Ambiente Sergio Bergman, según datos que surgen del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016 realizado por la cartera que conduce. La superficie de pérdida de bosques anual es la más baja en los últimos 10 años.
“Queda mucho por hacer, pero es un paso adelante. Este Informe que hoy presentamos es producto de las políticas de Estado en materia ambiental que se vienen desarrollando y que vamos a seguir consolidando”, señaló Bergman.
Los datos anunciados por el ministro fueron realizados tras la culminación del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016, del que se desprende también que la reducción de la deforestación durante el año pasado representa 131.000 hectáreas desmontadas en el norte de Argentina. “En un año hemos logrado dos cosas muy importantes: tener cada vez más datos sobre el ambiente y que eso sea el punto de inicio para ir logrando más y mejores resultados”, sostuvo Bergman. “Solo con información clara y con la verdad podremos construir el camino sustentable para el crecimiento que necesita el país”, afirmó el ministro de Ambiente.
Otro de los datos que surge del Informe indica que el 42 % de la superficie deforestada en 2016 corresponde a las áreas de categoría II (amarillo) de los ordenamientos territoriales. “Para frenar estas situaciones, estamos reforzando el pedido a las jurisdicciones para que ejerzan el poder de policía”, manifestó Bergman.
Con respecto a la Ley de Bosques, el ministro celebró la gestión del Ejecutivo nacional que “por decisión del Jefe de Gabinete, en el mes de marzo de 2017 otorgó una partida adicional de 300 millones de pesos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, llevando el monto asignado a un total de 580 millones de pesos”.
Asimismo, en un trabajo de carácter federal, el titular de la cartera de Ambiente aseveró que “junto con el COFEMA, estamos trabajando en el saneamiento administrativo de la Ley para que los procesos de rendición de cuentas de las provincias se hagan en tiempo y forma y de manera transparente. Además, junto con la SIGEN estamos capacitando en este sentido a los responsables de las jurisdicciones”.
Por último, Bergman se refirió a la gestión de la cartera para fortalecer viveros forestales y recuperar áreas de bosques degradadas: “Lanzamos 6 experiencias de reforestación a nivel nacional e invertiremos 8 millones de pesos durante el 2017. Durante este mes de marzo, hemos firmado los acuerdos de implementación con 6 provincias e instituciones que desarrollarán el trabajo en el territorio”.
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Salta, líder en deforestación
La tasa de deforestación en Salta fue la más alta del mundo en los últimos años
Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se desmontaron 2,5% de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue 0,51% y la media mundial fue 0,20%.
En los últimos años, los bosques nativos de Salta mostraron gran interés, en especial en los sectores económicos, según demuestran diversos estudios de organizaciones no gubernamentales y científicas. Pero lejos de ser un dato positivo, esto reveló el gran avance de la frontera agropecuaria en pos de la deforestación y en detrimento del medio ambiente.
Según un estudio de investigadores de la provincia, en los últimos años la tasa de deforestación en la región del Chaco salteño fue la más alta del mundo. En Salta se desmontó el 2,5 % de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano en el mismo período fue del 0,51% y el promedio mundial fue 0,20%.
“Es decir que la tasa de deforestación anual en Salta supera en más de un 1000%” a la media global, indicó Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
De esta manera, Salta es la segunda provincia de la Argentina con mayor territorio desmontado después de Santiago del Estero, tal como lo muestran los siguientes gráficos realizados en base al informe de la ONG Global Forest Watch. Asimismo, se ubica entre las 15 regiones sudamericanas con mayor cantidad de desmonte.
En coincidencia con investigaciones locales, este informe también revela que en promedio se deforestaron 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron en la provincia (234.456 ha).
Ese fue el mismo año en el que se promulgó la Ley nacional de Bosques 26.331 -que regula la protección y el manejo de los bosques nativos-, luego de que un alud castigara a Tartagal. En su momento el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al hecho como un “desastre natural”. Seghezzo, al respecto, explicó que en estos casos existe una combinación de factores: a los periodos climáticos que siempre existieron, se le suma la desprotección de suelos por la deforestación, los factores climáticos extremos, las cuencas altas deforestadas y la urbanización de zonas que no debieron urbanizarse.
¿Por qué el fuerte crecimiento de desmonte en Salta?
El investigador científico dijo que la deforestación en la región se debe a varias razones. “Una de esas fue la incorporación de la soja transgénica a fines de los ´90, que se vende a alto precio y es uno de los commodities más solicitados en Asia y Europa. El otro punto es que el Chaco sudamericano, que se encuentra en la Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil, es una zona del mundo donde aún hay tierra por deforestar; este es el segundo territorio más grande después del Amazonas”, dijo. Por eso “es una zona muy tentadora para deforestar para fines agrícolas y ganaderos”, agregó.
En este desalentador avance de la frontera agropecuaria, Seghezzo responsabilizó a los gobiernos de los últimos años, por sus “políticas ambientales sumamente débiles a nivel nación y provincial que han confinado la zona del Chaco salteño y Santiago del Estero a los intereses empresariales”. Y además desplazaron a comunidades indígenas y familias criollas de la región como consecuencia de los desmontes, según resaltó.
“Ni siquiera la ley de bosque ni los fallos de la Corte de Justicia de 2009 de la nación pudieron detener el desmonte significativamente; hubo una pequeña merma, pero la tasa de desforestación anual sigue siendo superior al promedio mundial”, señaló el experto en Ciencias del Medio Ambiente.
La proyección en el futuro de los bosques nativos, según el investigador, no es más auspiciosa, dado que “hay mucha presión de sectores productivos para aumentar las zonas de deforestación”.
Otra de las organizaciones internacionales que también viene cuestionando la desprotección de los bosques en la región es Greenpeace, que en varias oportunidades denunció desmontes ilegales en Salta.
En julio de 2014, por ejemplo, denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120.000 hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, dijo en su oportunidad, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aquel año, una fuerte campaña gráfica y de intervención en espacios públicos, organizada por la ONG, mostraba a Urtubey en un inodoro que tenía inscripta la frase “ley de bosques”. Poco tiempo después, el mandatario derogó el decreto de recategorización de las zonas rojas y amarillas, dio marcha atrás a la instrumentación de un mecanismo que permitía ajustes a medida en el ordenamiento territorial de bosques nativos salteños, en contradicción a la Ley Nacional 26.331.
Al respecto, Seghezzo opinó: “en el caso de Salta si no hubiera sido por Greenpeace, hubiera sido peor”. Pero a la vez advirtió que, en esta labor por la protección de los bosques, “no es una batalla que estemos ganando”.
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Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se desmontaron 2,5% de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue 0,51% y la media mundial fue 0,20%.
En los últimos años, los bosques nativos de Salta mostraron gran interés, en especial en los sectores económicos, según demuestran diversos estudios de organizaciones no gubernamentales y científicas. Pero lejos de ser un dato positivo, esto reveló el gran avance de la frontera agropecuaria en pos de la deforestación y en detrimento del medio ambiente.
Según un estudio de investigadores de la provincia, en los últimos años la tasa de deforestación en la región del Chaco salteño fue la más alta del mundo. En Salta se desmontó el 2,5 % de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano en el mismo período fue del 0,51% y el promedio mundial fue 0,20%.
“Es decir que la tasa de deforestación anual en Salta supera en más de un 1000%” a la media global, indicó Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
De esta manera, Salta es la segunda provincia de la Argentina con mayor territorio desmontado después de Santiago del Estero, tal como lo muestran los siguientes gráficos realizados en base al informe de la ONG Global Forest Watch. Asimismo, se ubica entre las 15 regiones sudamericanas con mayor cantidad de desmonte.
En coincidencia con investigaciones locales, este informe también revela que en promedio se deforestaron 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron en la provincia (234.456 ha).
Ese fue el mismo año en el que se promulgó la Ley nacional de Bosques 26.331 -que regula la protección y el manejo de los bosques nativos-, luego de que un alud castigara a Tartagal. En su momento el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al hecho como un “desastre natural”. Seghezzo, al respecto, explicó que en estos casos existe una combinación de factores: a los periodos climáticos que siempre existieron, se le suma la desprotección de suelos por la deforestación, los factores climáticos extremos, las cuencas altas deforestadas y la urbanización de zonas que no debieron urbanizarse.
¿Por qué el fuerte crecimiento de desmonte en Salta?
El investigador científico dijo que la deforestación en la región se debe a varias razones. “Una de esas fue la incorporación de la soja transgénica a fines de los ´90, que se vende a alto precio y es uno de los commodities más solicitados en Asia y Europa. El otro punto es que el Chaco sudamericano, que se encuentra en la Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil, es una zona del mundo donde aún hay tierra por deforestar; este es el segundo territorio más grande después del Amazonas”, dijo. Por eso “es una zona muy tentadora para deforestar para fines agrícolas y ganaderos”, agregó.
En este desalentador avance de la frontera agropecuaria, Seghezzo responsabilizó a los gobiernos de los últimos años, por sus “políticas ambientales sumamente débiles a nivel nación y provincial que han confinado la zona del Chaco salteño y Santiago del Estero a los intereses empresariales”. Y además desplazaron a comunidades indígenas y familias criollas de la región como consecuencia de los desmontes, según resaltó.
“Ni siquiera la ley de bosque ni los fallos de la Corte de Justicia de 2009 de la nación pudieron detener el desmonte significativamente; hubo una pequeña merma, pero la tasa de desforestación anual sigue siendo superior al promedio mundial”, señaló el experto en Ciencias del Medio Ambiente.
La proyección en el futuro de los bosques nativos, según el investigador, no es más auspiciosa, dado que “hay mucha presión de sectores productivos para aumentar las zonas de deforestación”.
Otra de las organizaciones internacionales que también viene cuestionando la desprotección de los bosques en la región es Greenpeace, que en varias oportunidades denunció desmontes ilegales en Salta.
En julio de 2014, por ejemplo, denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120.000 hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, dijo en su oportunidad, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aquel año, una fuerte campaña gráfica y de intervención en espacios públicos, organizada por la ONG, mostraba a Urtubey en un inodoro que tenía inscripta la frase “ley de bosques”. Poco tiempo después, el mandatario derogó el decreto de recategorización de las zonas rojas y amarillas, dio marcha atrás a la instrumentación de un mecanismo que permitía ajustes a medida en el ordenamiento territorial de bosques nativos salteños, en contradicción a la Ley Nacional 26.331.
Al respecto, Seghezzo opinó: “en el caso de Salta si no hubiera sido por Greenpeace, hubiera sido peor”. Pero a la vez advirtió que, en esta labor por la protección de los bosques, “no es una batalla que estemos ganando”.
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Villa la Angostura: desmontan para una pista de motocross
Greenpeace denunció la deforestación para la pista de motocross en Villa la Angostura
Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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