Según Greenpeace, en 2022 se desmontaron más de 36 mil hectáreas en el Chaco

Fecha de Publicación: 06/02/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Así lo revela el informe anual de la organización, donde se indica la "ilegalidad" de los desmontes ya que "se encuentran suspendidos por la justicia chaqueña desde 2020".  
El informe anual 2022 que elabora Greenpeace Argentina sobre deforestación en el norte del país indica que en esta región el desmonte alcanzó a 112.545 hectáreas, de las cuales 38.492 pertenecen a Santiago del Estero; 36.159 hectáreas al Chaco; 22.664 hectáreas a Formosa y 15.230 hectáreas a Salta.
El documento apunta a la "ilegalidad de las 36.159 hectáreas deforestadas durante 2022 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos".
En ese sentido, la organización considera "muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 cuando, también ilegalmente, en la provincia de Chaco se perdieron 24.427 hectáreas de bosques nativos".
Además, califica como "grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido".
"Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos", destaca Greenpeace en su informe anual.
Para la organización ambientalista "Argentina se encuentra en emergencia forestal", ya que "según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2021 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa".
Indica así que "aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa". Sobre todo –marca- en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Más de 200 mil hectáreas en el Norte
En cuanto a los incendios forestales y rurales ocurridos durante 2022, los informes oficiales que recoge Greenpeace en su reporte destacan a Salta con cerca de 95.000 hectáreas y Jujuy con aproximadamente 25.000 hectáreas quemadas.
Así, en forma preliminar, indica que "la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas".
"Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios", advierte el informe.
En esa línea, agrega: "Estamos ante una emergencia climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades".
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama que, en forma urgente, se prohíban y penalicen tanto los desmontes como los incendios forestales.
 
Las principales causas de la pérdida de bosques
Según Greenpeace Argentina, las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
"Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática", agrega el informe.
Recuerda, además, que "la sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas".
"Tras quince años de implementación de la normativa, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales (Categorías I, Rojo y II, Amarillo)", resalta.
"Sin embargo –continúa-, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas clasificadas en la Categoría III, Verde, donde se permite solicitar permisos de desmonte".

Modificaciones
Por otra parte, Greenpeace sostiene que "algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte".
"Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, que según la reglamentación de la norma debe hacerse cada 5 años de manera participativa", acota el reporte.
En tanto, la organización alerta: "Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales".
Por último, se aclara que el presente informe "revela la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2022 en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta". "Es importante aclarar que no se incorporaron al relevamiento satelital las superficies de bosques nativos que fueron afectadas por incendios", concluye.

La afectación por incendios forestales
Según se desprende de los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.
Cabe aclarar que se considera incendio forestal al "fuego que se propaga libremente con efecto no deseado para la vegetación y sin estar sujeto a control humano. Cuando afecta zonas no boscosas ni aptas para la forestación, se incluye el término incendio rural, (…) afectando vegetación del tipo matorrales, arbustales y/o pastizales". Mientras que los incendios de interfase "se desarrollan en áreas contiguas urbanas-rurales o donde se entremezcla la vegetación con estructuras edilicias tales como viviendas, establecimientos agrícolas, etc".
En cuanto a las causas, se estima que "el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación".
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Desmontes en Salta | Comunidad Wichí de Misión Chaqueña sostiene el acampe en defensa de su territorio

Fecha de Publicación: 26/01/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña se congregaron en la zona denominada «La Picada» en la vera de la Ruta Nº 53 para evitar el avance de los desmontes y verse perjudicadas por ellos.
Desde el 2 de diciembre de 2022, la comunidad está acampando para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito, de Embarcación, en el norte de la provincia. Este territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2018 y es utilizado como medio de subsistencia para las comunidades.
Según informó Radio Nacional, los manifestantes denunciaron que un terrateniente habría adquirido parte del territorio a fines de noviembre de 2022, sin embargo, los miembros de AFIP averiguaron que no habría nada registrado hasta el momento.
La comunidad Wichí considera que estas tierras les pertenecen desde sus ancestros y no van a permitir que les despojen de ellas.
Lucy Gutiérrez, integrante de la Comunidad Misión Chaqueña, declaró: «Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental, por lo que no vamos a permitir que avancen».
Por su parte, el referente Balducho Villafuerte afirmó «Creemos nosotros que, por la historia, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
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La agroindustria argentina, frente al desafío de la ley de deforestación en Europa

Fecha de Publicación: 24/01/2023
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Los productos que quieran ingresar en Europa deberán demostrar que no provienen de campos deforestados. La normativa alcanza a producciones como soja, café, caucho y aceite de palma, entre otras
En 2023, la agroindustria argentina enfrentará un nuevo escenario a la hora de comercializar su producción. En diciembre, en Europa se aprobó una ley que prohibirá las importaciones de productos que provengan de deforestación. Este escenario plantea un desafío al complejo agroexportador argentino, responsable de generar el grueso de las divisas que ingresan a la economía.
En el bloque Mercosur empezaron a tomar nota de esta situación y de acuerdo a analistas de comercio internacional, una de las líneas de trabajo en Brasil será apuntar a la sustentabilidad en los procesos productivos, para acoplarse a esta nueva normativa.
La Fundación Vida Silvestre estudió este escenario y el impacto que tendrá en esta cadena de valor. “La nueva regulación significaría un desafío para el sector agroexportador argentino y la necesidad de redefinir sus modos de producción, para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones”, señalaron desde la entidad.
El informe de la fundación hizo zoom en dos producciones: soja y carne. En este punto, consideraron que un sistema de trazabilidad eficiente permitirá combinar información sobre el tipo de producción, el ecosistema donde se desarrolla y los impactos generados.
Con esta información, los cada vez más exigentes consumidores globales podrán rastrear el camino recorrido por un producto comercial desde su origen hasta su destino final e identificar los impactos sociales y ambientales de toda la cadena de suministros.
“Las nuevas tendencias sobre el consumo responsable y las exigencias tanto de los consumidores como de ciertos mercados empujan a los productores, las empresas y marcas globales a incluir nuevos lineamientos en materia de sustentabilidad”; señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Según la Unión Europea, la normativa garantizará que los bienes que ingresen a ese bloque regional no contribuyan a la deforestación. Aquellas empresas que mantengan negocios en el Viejo Continente, tendrán que realizar realizar controles estrictos si comercializan productos como aceite de palma, ganado vacuno, soja, café, cacao, madera y caucho.
Los operadores y comerciantes deberán demostrar que los productos están libres de deforestación, esto es producidos en tierras que no fueron deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
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Desmonte y falta de agua en comunidades indígenas de Salta

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Salta


La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.
Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, se ordenaron medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena. Sin embargo, los pueblos originarios piden políticas públicas para que se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria.
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Los desafíos ambientales de Argentina en 2023: frenar la deforestación y poner en marcha la lucha contra el cambio climático durante un año electoral

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


En 2023 Argentina vivirá las diferentes etapas de unos comicios donde se elegirán presidente de la Nación, gobernadores de varias provincias, intendentes [alcaldes] de miles de municipios y se renovará parcialmente el Congreso. Entre agosto y noviembre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, primera vuelta y, de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta, para decidir quién ocupará la Casa Rosada.
Este dato pone en contexto todo lo que puede suceder —o no suceder— en torno a los asuntos socioambientales del año que comienza. Las campañas electorales son particularmente largas en Argentina y tienden a concentrar todo el interés y los esfuerzos de la clase política, eclipsando cualquier otra iniciativa a largo y mediano plazo.
De esa manera, temas que deberían considerarse prioritarios corren riesgo de quedar aparcados al borde del camino. En esa lista se encuentran la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático presentado por Argentina en la COP27 de Egipto; la aprobación y ejecución de leyes que detengan el imparable deterioro de humedales y bosques, la creación de criterios para efectuar estudios de impacto ambiental de participación ciudadana en la ejecución de proyectos industriales; y la decisión sobre el manejo que tendrá la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria vital por la que circulan los principales productos de exportación del país.
Estas elecciones, además, llegan envueltas en un clima político y una situación económico-financiera complicada. Por un lado, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del oficialismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y anunció su renuncia a presentarse como candidata en las listas de su partido, lo cual altera aún más las discusiones internas, tanto en su sector político como en la principal oposición.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares obliga a recortes y ajustes presupuestarios que pueden aumentar unos índices de pobreza y marginalidad que ya afectan al 40 % de la población del país.
Este es el contexto que enmarca a algunos de los desafíos ambientales que tendrá Argentina en 2023 y que aquí presentamos.

1. Adaptarse y mitigar para sobrevivir
Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir de manera notoria en Argentina. Tres años de sequía, bajantes pronunciadas de los ríos, olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en el norte del país, tormentas de tierra de tonos apocalípticos, continuos incendios forestales e inundaciones periódicas componen un panorama que impulsa a tomar decisiones inmediatas.
“Hemos cuantificado lo que nos costaría ahora mismo alcanzar todos los objetivos expuestos en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que presentamos en la COP27. Serían 185 000 millones de dólares”, dice Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno nacional. En su conversación con Mongabay Latam también indica que “la inacción tendría un costo adicional. Viendo la virulencia de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, todo lo que no se invierta ahora se irá agravando y la cifra se irá encareciendo”.
El Plan es, sin duda, ambicioso y contempla más de 250 medidas. Entre las seis líneas estratégicas de trabajo que componen su núcleo central se incluyen la conservación de la biodiversidad; la gestión alimentaria, de los bosques, los residuos y las infraestructuras urbanas; y las transiciones en materia energética, productiva y de movilidad. A su vez, estas estrategias se complementan con enfoques que atraviesan temas de género, diversidad, salud, empleo y líneas instrumentales referidas a la financiación, investigación y desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones.
Si bien no se establecen resultados parciales que permitan conocer los avances en cada etapa del proceso, sus metas finales son cumplir con los compromisos adquiridos por el país: reducir a 349 Mt de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Cómo llegar a esos puntos y qué avances podrán apreciarse a finales de 2023 son los grandes interrogantes.
“Argentina tiene una enorme biocapacidad”, afirma Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien puntualiza: “Podemos colaborar con la transición energética global aportando gas natural (y planificando el cierre de su utilización en 2050); alimentar a una población creciente con modelos de producción agrícola y ganadera libre de deforestación; modificar la matriz energética del país hacia las energías renovables. Incluso, regenerar los suelos y la capacidad productiva de bosques, pastizales, humedales y de nuestro mar para aumentar nuestra resiliencia. Lo que debemos hacer es pasar de una vez por todas de los compromisos a la acción”.
Por supuesto, el Plan no está exento de críticas. “En un contexto global que requiere una transición en dirección contraria a los combustibles fósiles, resulta complejo entender cómo insertar la expansión de la frontera hidrocarburífera [que plantea el gobierno] en la transformación integral del sector energético”, señala Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde su posición, la secretaria Nicolini explica los motivos: “Soy la primera que firmaría producir energía solo con renovables, pero no podemos abrir 30 o 40 parques eólicos o importar miles de placas solares de la noche a la mañana. La transición energética necesita financiarse y el gas es un combustible fósil que a largo plazo no soluciona el problema pero, debido al papel que está teniendo en el mundo a corto y mediano plazo, es una herramienta funcional a esa transición”.
La funcionaria del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va más lejos: “Hoy Argentina importa gas y el que tenemos en el yacimiento de Vaca Muerta nos permitirá dejar de comprar y tener un saldo exportable. Queremos usar esos dólares para financiar las renovables y desarrollar el hidrógeno verde”.
La realidad indica que Argentina ha hecho muy poco para implementar planes de mitigación desde la firma del Acuerdo de París hasta la fecha. La matriz energética sigue dependiendo en más de un 80 % de los combustibles fósiles y el uso de la energía mantiene altos niveles de ineficiencia. Las dificultades políticas en un año electoral solo suman un obstáculo más.
“2023 tendría que ser el año en el que el sector político tome el cambio climático y la conservación de la biodiversidad como banderas centrales para atraer a los votantes que estén realmente preocupados y comprometidos con la naturaleza”, comenta Jaramillo, mientras que Nicolini aspira a activar todas las líneas estratégicas del Plan: “Me gustaría conseguir unos porcentajes de generación eléctrica a través de energías renovables cada vez más altos y reducir la emisión de GEI por causa de la deforestación, que es uno de los principales déficits que tenemos. Y que en diciembre [de 2023] podamos ver claramente que una política climática robusta tiene un impacto ambiental, económico, social y en términos de empleo. Sería la manera de comprobar que el desarrollo de un país es completamente compatible con la sostenibilidad”.

2. Aprobar varias leyes que son imprescindibles
El 2022 fue el décimo año que transcurrió sin que se llegara a sancionar la Ley de Humedales, tal vez la más emblemática de las normas ambientales que una y otra vez ve frustrada su sanción en el Congreso. En este caso, y luego de muchas discusiones y postergaciones, dos proyectos fueron aprobados por las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de estudiar el tema, pero las divergencias entre oficialismo y oposición impidieron que fueran tratados en el recinto y todo quedó postergado para el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1 de marzo. Las perspectivas, en todo caso, no resultan halagüeñas.
“Lo ideal hubiera sido tener la aprobación en Diputados y que en 2023 la discusión ya estuviera en el Senado. El año electoral acortará los tiempos y pondrá la mayor atención en la campaña”, se lamenta Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. Casi sin excepción, la ley encuentra teóricos apoyos a uno y otro lado del arco político, pero al mismo tiempo genera resistencias insalvables. Los intereses mineros, agropecuarios, forestales e inmobiliarios influyen y logran poner obstáculos que atraviesan las cuestiones ideológicas. “Me pregunto por qué les resulta tan inconveniente aprobar la ley cuando muchos puntos de los que se plantean deberían estar cumpliéndose a partir de las normas que tienen las provincias”, se cuestiona Enrique Derlindati, doctor en biología, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta.
El sistema federal que rige en la Argentina, que brinda a los 24 distritos provinciales amplias competencias en el uso y regulación de sus bienes y recursos naturales, se encuentra detrás de estas dificultades. Las disposiciones que surgen del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo brindan un marco jurídico general pero son implementadas, ejecutadas y controladas en cada distrito, y allí los objetivos y niveles de cumplimiento tienden a diluirse en función de necesidades, acuerdos o grises entramados locales.
“Cuando la potestad queda solo en manos de las provincias un gobernador puede decidir sustraer varios miles de hectáreas de un área protegida para transformarla en otra cosa”, aclara Derlindati. “El gobierno nacional hace sobreabuso de los artículos de la Constitución que otorgan a las provincias la explotación de los recursos que se encuentran dentro de sus límites”, explica Manuel Jaramillo, refiriéndose a la muy escasa o nula intervención del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones que toman las autoridades de los diferentes distritos, incluso cuando estas incumplen parcial o totalmente las leyes del Congreso Nacional.
Los sectores ambientalistas y el propio gobierno nacional impulsan que una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental también vea la luz en 2023. “Necesitamos una norma de este tipo para que todos los procesos de ejecución de un proyecto industrial sean transparentes y rigurosos”, manifiesta Nicolini. Y es que lo ocurrido en la represa Presidente Néstor Kirchner, una de las dos que se están construyendo sobre el río Santa Cruz en el extremo sur del país, así lo demuestra.
Los trabajos, que comenzaron en 2017, sufrieron varias interrupciones por procesos judiciales y falta de financiamiento, y continuaron avanzando con tareas menores pese a las denuncias de inconsistencia del informe de impacto ambiental presentado por la sociedad chino-argentina encargada de las obras. Un informe posterior del Instituto Nacional de Previsión Sísmica manifestó sus inseguridades respecto al lugar de emplazamiento de la represa, cercano a una falla geológica que atraviesa el río, y la aparición de una grieta de 20 metros en un muro de hormigón obligará a cambiar la ubicación. Teniendo en cuenta esta modificación, la coalición de ONG Río Santa Cruz Libre, demandante en la principal causa legal contra el proyecto, solicitó un pedido de reajuste del estudio de impacto ambiental. Hasta la fecha no obtuvo respuesta.
El caso anterior es solo una muestra de la urgencia de sancionar —y después implementar y hacer cumplir— las leyes ambientales que permitan controlar con mayor eficiencia los recursos naturales del país.

3. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
En enero de 2021 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la audiencia pública destinada a debatir el proyecto de edificación de dos nuevos barrios de torres residenciales junto al Río de la Plata. Este tipo de convocatorias, en la que puede participar libremente cualquier ciudadano, están contempladas en la Ley General del Ambiente aprobada en 2002. En teoría deben ser realizadas antes de que se autorice cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Sin embargo, no siempre ocurre así, y además, no son vinculantes. En esa ocasión participaron 2057 personas, de las cuales el 97 % se manifestó en contra. A pesar de esto, en diciembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó los nuevos barrios.
Casi simultáneamente, en julio, tuvo lugar una primera audiencia pública para debatir el proyecto de prospección de pozos de gas y petróleo en un área del mar argentino situada a unos 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, el principal centro de vacaciones del país. Hubo 373 intervenciones de las cuales 345 se mostraron contrarias al proyecto y solo 12 a favor. Seis meses más tarde, el gobierno nacional, de signo político contrario al que dirige los destinos en la capital del país, autorizaba las prospecciones. La coincidencia en desoír la voz popular es toda una muestra de que la grieta ideológica que divide el país se difumina cuando se trata de tomar decisiones que afectan el medio ambiente.
Casos semejantes se reproducen a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en relación a proyectos mineros, del agronegocio o inmobiliarios. Y se agravan en ámbitos rurales, donde los afectados son menos o pertenecen a comunidades indígenas. “Los gobiernos ni siquiera nos llaman cuando deben decidir la entrada de alguna empresa a nuestros territorios, llevan a cabo lo que quieren hacer sin ninguna consulta previa”, confirma Evis Millán, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza y activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir.
Las convocatorias para las audiencias suelen ser irregulares, ya sea porque se anuncian tarde, se realizan en lugares de difícil acceso para los pobladores, los interesados acuden sin haber recibido antes la información necesaria para conocer el asunto que se debate, o porque las audiencias no se traducen a las lenguas de los pueblos originarios en los casos donde están implicados.
El fondo de la cuestión se resume en dos palabras: “licencia social”, es decir, el aval de la mayoría de la sociedad para que una obra se lleve a cabo. “La destrucción del bosque chaqueño, por ejemplo, no la tiene. Los habitantes del monte, ya sean de pueblos originarios o campesinos criollos no son los que deforestan”, afirma Micaela Camino, bióloga, integrante de la plataforma Somos Monte y ganadora del Premio Whitley 2022.
Incrementar y mejorar la calidad de la participación ciudadana para fortalecer esa licencia social en cuestiones ambientales es otro de los desafíos del año. También en este punto existe una propuesta de ley para que en todo el país se unifique la forma de actuar en cuestiones concretas relacionadas con la utilización de recursos naturales. Fue presentada por el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo en 2021 y el punto más conflictivo para los intereses del poder económico y político es la posibilidad de que los resultados que se produzcan pasen a ser vinculantes. “No se le da a la participación ciudadana el lugar central que debería tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto extractivista”, explicó el legislador al presentar su propuesta. Hasta el momento, la idea fue archivada y nunca avanzó un solo centímetro.

4. Frenar la deforestación y apagar los incendios
“En la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no hemos planteado desmonte cero, pero sí un ordenamiento que de manera progresiva va en favor del ambiente”, dice Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Lo que ocurre con los bosques en ese distrito es posiblemente el mejor ejemplo de las tensiones que convierten a la deforestación en uno de los grandes dramas ambientales del país.
Solo en la región del Chaco argentino, que comprende cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco), se perdieron 80 938 hectáreas en 2019, 114 716 en 2020 y 110 180 en 2021. El 54 % de ellas de forma ilegal según los datos oficiales. En 2022 Soneira acepta la pérdida de otras 26 000 hectáreas en su distrito —la organización Greenpeace amplía ese número hasta las 47 000—, incluso pese a que una medida judicial prohíbe, desde octubre de 2020, los cambios de uso de suelo que impliquen reducir la masa boscosa.
Pendiente desde 2013, la actualización del OTBN chaqueño es centro de una discusión que lleva más de dos años y  ha ido en aumento de manera progresiva. Científicos, ONG y diferentes expresiones de la sociedad civil manifiestan su inconformidad con las propuestas oficiales, a las que califican de “regresivas”, ya que “blanquea los desmontes ilegales producidos sin sancionar económicamente a los propietarios ni obligarlos a restaurar esas áreas”, sostiene Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde el mundo empresarial, por el contrario, entienden que la última proposición de diciembre de 2022, mencionada por Soneira, es una marcha atrás que afectaría la producción y la economía: “Frena el desarrollo productivo y tendría consecuencias negativas para la provincia”, afirma un comunicado de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales.
En el resto del país son los incendios forestales los que concentran la atención pues, en los últimos años, han sido los promotores de pérdidas de zonas de bosques, pastizales y humedales, además de plantaciones de la industria forestal. “El 2022 ha sido un año muy crítico en esa materia”, admite Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.
Según los datos oficiales, incompletos aún para el 2022, las llamas consumieron 490 000 hectáreas en 2019; 1 167 985 en 2020; 326 000 en 2021; y hasta agosto de 2022 habían ardido otras 375 000, aunque otras mediciones de ONG ambientalistas, pero también de una entidad estatal como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablan de 800 000 solo en los incendios ocurridos en febrero en la provincia de Corrientes.
La lucha contra la deforestación y los incendios, en la que conviven las quemas voluntarias para provocar el rebrote de pastos tiernos para el ganado (por ejemplo, en las islas el Delta del río Paraná, una de las zonas más afectadas), la negligencia y los efectos de tres años continuos de sequía se encuentra, nuevamente, entre los grandes retos de Argentina para 2023.

5. Un rumbo claro para la Hidrovía
El río Paraná y su afluente del norte, el Paraguay, constituyen la ruta central de salida de los buques que transportan los granos y las carnes que conforman el 60 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la gestión presente y futura de la denominada Hidrovía se encuentra en estado provisional desde el 2020. Ese año caducó el contrato con la empresa que se ocupaba de las tareas de mantenimiento —dragado, balizamiento y señalización—, y del cobro de peajes a los más de 4500 buques que recorren el río.
Después de algunas idas y vueltas, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y le entregó a la Administración Nacional de Puertos la gestión de las tareas más técnicas. Lo que se espera para 2023 es que el Estado presente los pliegos de una segunda y definitiva licitación internacional (la primera quedó sin efecto) para resolver la situación. De las condiciones que se planteen dependerá en buena medida el futuro ambiental de un sitio especialmente sensible. En el contexto del cambio climático, el Paraná sufrió en 2021 la segunda bajante más severa de la historia y en las orillas e islas de los tramos medio e inferior del cauce se mantiene un alto nivel de estrés hídrico que alimenta los constantes y voraces incendios que se presentan en la zona.
“Habría que adecuar las vías navegables para optimizar la carga potencial transportada de los buques modernos de mayores dimensiones y calado”, proponía en su momento Daniel Nasini, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Necesitamos más profundidad y zonas de cruce”, afirman los actuales directivos del ente que reúne a las grandes industrias cerealeras nacionales y multinacionales que operan en las más de 80 terminales portuarias distribuidas a lo largo del río. El propósito: permitir la entrada de buques cuya capacidad de carga sea de hasta 70 mil toneladas en lugar de las actuales 48 mil. Sin embargo, este objetivo encuentra resistencias entre los defensores socioambientales.
“Cada sector busca su beneficio. Los armadores quieren reactivar la marina mercante y los astilleros; los patrones y capitanes de barcos pretenden una traza de doble vía para mejorar la seguridad… Nadie hace un balance ni incluye a los grupos sociales más desprotegidos; tampoco se preocupan por las cuestiones ambientales, que es donde recaen los mayores impactos”, opina Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales.
La contaminación que dejan los residuos que arrojan los barcos, el polvillo que desprenden los cereales durante el proceso de carga en los puertos, los desagües cloacales sin tratamiento previo de ciudades y pueblos al río y los efectos que el dragado permanente produce sobre los micoorganismos que habitan en el fondo de las aguas son solo algunos de los inconvenientes que se han ido creando en las orillas y en el lecho del río durante lo últimos 25 años, cuando comenzó su transformación en Hidrovía. Seis provincias tienen acceso directo al complejo Paraná-Paraguay y su participación en las discusiones le añaden complejidad a lo que vaya a determinarse.
Como en el resto de los temas, la política tendrá la última palabra. “Todo es un rompecabezas muy complejo que necesita de muchísimo trabajo, consenso y también de dejar el cinismo de lado”, resume Cecilia Nicolini. En un año electoral la tarea se antoja doblemente difícil.
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Familias wichís de Misión Chaqueña se oponen al desmonte de un territorio ancestral

Fecha de Publicación: 10/01/2023
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña de Salta, se congregaron en la zona denominada “La Picada” en la vera de la Ruta Nº 53 en defensa del territorio ancestral. Desde el 2 de diciembre la comunidad sostiene un acampe para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito de Embarcación.
La misma ha sido relevada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el año 2018, según indicó Lucy Gutiérrez, miembro de la Comunidad Misión Chaqueña en el diálogo con el portal Resumen Latinoamericano.
“Esos terrenos también están cerca de Carboncito, otra comunidad cercana a Misión Chaqueña que también la utilizan como medio de subsistencia, sacando de ellas animalitos para comer o pastar los animales como chivos y cerdos. Sacamos leña, varillas para hacer nuestros cercos, hacer sillas, mesas y artesanías. Esos territorios que lindan a ambas comunidades son territorios ancestrales, nuestros tatarabuelos y demás siempre anduvieron por esos montes, cazando, recolectando frutos, algarrobos, chañar, mistol y demás frutos. Nosotros continuamos con la misma forma de vida, sacamos provecho del monte sin dañarla”, sostuvo Gutiérrez.
Según denunciaron, el terrateniente Damián Ferrari habría comprado a fines de noviembre parte del territorio, sin embargo, según averiguaron los miembros en AFIP, no habría nada registrado hasta el momento.
“Nosotros nos enteramos hace poco, porque denunció a dos representantes nuestros y empezamos a movilizarnos por el tema de que había gente limpiando la zona. Haciendo la picada para luego postear y alumbrar”, señaló Gutiérrez
“Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental que no vamos a permitir que avancen” sentenció.
En este marco, el referente Balducho Villafuerte subrayó que “nosotros no aceptamos porque ancestralmente, históricamente estas tierras siempre han sido de nuestros ancestros. Creemos nosotros que, por la historia, ancestralmente, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
En este contexto, Lucy señaló que “necesitamos que la justicia actúe en pos de nuestros derechos como pueblos originarios aplicando las leyes que nos amparan. Que se respete los relevamientos territoriales, zonas de uso diario de nuestros hermanos”, e indicó que ya se realizó una denuncia comunitaria contra Ferrari el día 22 de diciembre, pero no hubo intervención de la fiscalía.
“Necesitamos apoyo del gobierno, de las instituciones que correspondan. Espero que haya instituciones que nos puedan apoyar. (…) Que el gobierno nos escuche y tome cartas en asunto” remarcó Villafuerte. Además, agregó que necesitan agua y víveres para resistir en el acampe, ya que “no podemos salir a trabajar”.
Por su parte, Marta Herrera, miembro de la comunidad indicó que como madre están acampando pacíficamente. “Nosotros pedimos a las autoridades nacionales que nos brinden su apoyo y alguna solución porque no tenemos respuestas y no queremos que pase a mayores, eso es lo que no queremos las madres que llegue a violencia. Esa es nuestra preocupación como madres, por eso pedimos una solución urgente”, sentenció Herrera, mientras que Gutiérrez finalizó “nos están cercando, ayúdenos a lograr parar estos atropellos”.
Nos llegaron amenazas a través de audios. No queremos que vengan a tomar posesión en nuestros territorios ancestrales. Quieren desmontar sin importarles las altas temperaturas, la falta de agua, el cultivo, la ganadería, los incendios, ¡sin importarles nuestras vidas!, señalaron con preocupación.
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Punilla, una autovía avanza y los bienes naturales peligran

Fecha de Publicación: 28/12/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


Si bien llovió un poco, no alcanza y la sequía es una problemática grave en Córdoba. El desmonte, de la mano del crecimiento poblacional impulsado por grandes desarrollos inmobiliarios y la escasez de lluvias conspiran para que la situación sea extrema. En esta nota, nos aproximamos a la realidad del Valle de Punilla, atravesada por la construcción de la autovía de montaña que complejiza el panorama.
Estuvo haciendo unos calores insoportables y entre la Scaloneta y la Abuela la la la la la, poco se dijo sobre lo que pasa con el agua y la gran crisis hídrica que atravesamos. En muchos lugares, no hay agua, los cortes son diarios y las megaobras no cesan en nuestras sierras. Prometen circulación veloz, pero no solo son despliegues millonarios, sino que borran el monte y, con esto, todos los recursos que nos brinda. Políticas que solo enriquecen a unos pocos, políticas que no son políticas.
Anoche llovió un montón, lxs vecinxs esperan grandes crecidas en la zona de Punilla y muchxs lo viven en alerta, porque las inundaciones son la otra cara de las sequías. El desmonte y los incendios, causas claras y siempre de la mano de nuevos loteos y grandes obras ingenieriles. Para entender esta realidad, conversamos con especialistas y vecinxs del valle, quienes nos ponen al tanto de cómo se vive en la zona y cuáles son las problemáticas urgentes a resolver.
Emilio Iosa es vecino del Valle de Punilla y médico. Magíster en salud pública y se dedica a la investigación en políticas sanitarias a nivel ambiental. “La situación de nuestra cuenca hídrica y en todas las cuencas hídricas de Córdoba es muy grave. La negación del cambio climático por parte del Gobierno de Córdoba es evidente. Se invierte en muchísimos recursos multimillonarios y se endeuda a la población en dólares para obras que no priorizan el desarrollo sostenible de las comunidades locales”, dice en comunicación con La tinta.
Explica que, en el deterioro del agua en Córdoba, hay un fuerte componente político, además de ecológico, ambiental y sanitario. Apunta al modelo de progreso cordobesista de los últimos 25 años que prioriza siempre obras de infraestructura que nada tienen que ver con el cuidado de los recursos hídricos ni con la salud de las personas.
“El agua no solo es fuente de vida y salud. En el caso del lago San Roque, el 70% de la población de Córdoba toma agua de ahí y, además, es el motor económico de la principal ciudad turística de la provincia y la región”, explica el investigador.
Apunta también al abandono por parte del Gobierno provincial de las obras de infraestructura necesaria para el saneamiento y que la situación es muy complicada en relación a la cantidad y calidad del agua. “El recurso está siendo cada vez más escaso y más impactado por los incendios y el cambio climático. La calidad del agua se ha empobrecido y deteriorado muchísimo”, afirma Iosa y agrega que, de momento, no existen indicios de que el Gobierno entienda esta realidad y tome cartas en el asunto de manera contundente. En cambio, “tuvieron la brillante idea de construir un acueducto interprovincial (Santa Fe-Córdoba) de 440 millones de dólares que pretende solucionar el problema del agua con una obra faraónica, trayendo agua del río Paraná, un río muy impactado por el cambio climático, por la deforestación del Amazonas, pero, sobre todo, por la llegada de agrotóxicos de toda la cuenca de Brasil y norte Argentino. Esa es la solución que brindan a la población”, cuenta con preocupación.
Eugenia Caraballo es vecina de la Comuna de San Roque e integra la Asamblea de Punilla que se convocaron para cuidar los bienes naturales y resistir en colectivo a las megaobras que se trazaron en la zona. Que la sequía es grave, ya lo sabemos y que se siente peor año a año, también. El problema es que no hay un horizonte que prometa mejoras. “El tema es que no hay políticas públicas acordes a contrarrestar esa situación. Por el contrario, lo que se hace empeora y profundiza la falta de agua y su calidad. Hace tiempo que circulan mapas satelitales de cómo se redujo el bosque nativo en nuestra provincia. Una de las cosas que vivimos año tras año son los incendios. Estos no solo son intencionales, sino que, desde el gobierno, no se hace nada para prevenirlos y se denuncia su complicidad en que sucedan. Luego, aparecen obras viales en zonas quemadas o negocios inmobiliarios”, detalla. Eugenia se refiere a las autovías que se construyen tanto en Punilla como en Paravachasca. Desde las asambleas ambientales, denuncian que ambas obras (que afectan a los ríos Anisacate y Yuspe) cuentan con estudios de impacto ambiental ineficaces, aprobados bajo la ilegalidad administrativa.
“La imposición de ambas autovías trajo la resistencia por parte de quienes habitamos los valles y la Justicia hace oídos sordos de manera cómplice. Luego de tocar todas las puertas y hacer los pasos correspondientes sin ser escuchados, nos quedó poner el cuerpo para proteger los territorios. Ante esto, el Gobierno nos envió las fuerzas represivas para quitarnos del medio y, hoy, tenemos más de 20 imputadxs por defender el agua y el derecho a un ambiente sano”, relata Caraballo.
En Bialet Massé, está La Aguadita, un gran espacio natural lleno de vertientes cuidadas por lxs vecinxs. Una plaza donde muchas familias comparten la tarde y donde se abastecen de agua fresca y sanita. Hoy, este lugar está en peligro, la autovía lo atravesaría.
Jésica Scoreancig es vecina del barrio Mirador del Lago y cuenta que sufren cortes de agua cada 4 o 5 días, y que, en zonas más altas, directamente no tienen agua. “Es alarmante la situación que se vive en esta zona y, sobre todo, más alarmante aún con la mala noticia de que la autovía atravesaría por La Aguadita y por el río Yuspe. Son fuentes de agua, vitales para poder vivir. Sin agua, no existen plantas ni árboles, no existe un ecosistema, no existe nada”, dice Jésica y cuenta que no solamente se abastecen de agua de ahí para limpiar y lavar, sino para tomar porque es muy rica al ser de vertiente. “Actualmente, no está funcionando una de las vertientes. Con el desmonte ocasionado por nuevos loteos, el piso queda árido y, cuando llueve, se tapan las vertientes. No tenemos a dónde acudir porque la Municipalidad no se hace cargo”, dice preocupada Jésica.
Adriana Arriaga es vecina de Cosquín y forma parte de la Asamblea Ambiental Cosquín. Nos cuenta la situación de su localidad y la preocupación que se vive ante el bajo caudal en los ríos y el inminente paso de la autovía sobre ellos.
“Emprendimientos como las autovías tienen mucha importancia para el Gobierno provincial. Hasta es conveniente que estén bajos los cursos de agua porque están trabajando en estas obras que tienen que pasar por encima de ríos incluso y lagos. Cuanto más bajos estén, más fácil para seguir con estas obras”, dice Adriana en tono de sospecha.
Lo que está faltando es presión en el agua corriente que llega a los hogares. La solución por parte del municipio es la misma que la de otras localidades de la zona e, incluso, de otros corredores como Sierras Chicas: cortes de agua en ciertos horarios del día o días de la semana, y baja presión. Esto ocasiona que no llegue el suministro a lugares altos ni sea suficiente para llenar tanques. A la par, el negociado del agua privada, es decir, las compras particulares de camiones de agua.
Este escenario se complica, según detalla Arriaga, ya que la gestión del servicio de agua no es óptima y no existe una planimetría planificada de la red de agua de la ciudad, además del mal estado de los caños que, en varios tramos, son inadecuados para transportar agua para el consumo. “El agua es insuficiente para las y los vecinos, mientras las empresas que hacen la autovía usan agua a mansalva. Les vemos sacar agua de los ríos, enormes cantidades de agua”, afirma Adriana y expresa la total preocupación por las consecuencias del trazado de la autovía que, lógicamente, contribuye a la deforestación de todos los recursos. Están acabando con la vegetación, esponja que protege el suelo y contribuye a retener el agua en las temporadas secas como la que vivimos en la actualidad. Con un bosque nativo vivo, el agua sigue fluyendo por cursos subterráneos, vertientes, arroyos y ríos. Esto podría dejar de pasar.
El río Yuspe nace allá, cerca de los Gigantes, y va bañando toda la zona en bajada, es increíblemente rico, mantiene en gran parte el ecosistema nativo. Es agüita fresca en las siestas de verano y, al unirse con el San Francisco, nace el río Cosquín. Caja de resonancia de tantas chacareras bailadas al ritmo del bombo y la guitarra. Amaneceres después de las peñas, besos bailarines, asaditos y mates. También guarda en sus orillas restos arqueológicos comechingones y anteriores, es decir, de la cultura ayampitín. Esta zona, que es pura perfección natural e histórica, hoy, peligra.
“Todo el sistema hídrico que la naturaleza fue creando a lo largo de siglos y que ha funcionado siempre está siendo alterado. Viene siendo alterado desde el siglo pasado, pero, sobre todo, en los veintipico años del siglo XXI de manera impresionante en todo Córdoba”, explica Adriana. Por su parte, Eugenia, de la Comuna de San Roque, agrega que han denunciado las voladuras en la zona de Molinari: “No solo que están volando la cuenca, sino que nos están contaminando aire, tierra y agua con los restos de explosivos que pudimos ver en sus propias cajas que hablan de que producen cáncer”.
Nada es casual, la autovía se traza por los ríos. Se construye como alternativa de circulación a rutas nacionales que ya existen. En vez de reacondicionarlas, se hacen megaobras que destruyen el entorno bajo la promesa de rápida circulación. Cuando lo que se necesita son políticas que cuiden de verdad los bienes naturales y controlen la expansión de los loteos.
Es necesario encontrar formas de vivir que estén en armonía con los lugares que habitamos.
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Gran Chaco: la deforestación avanza sobre un bastión clave de la biodiversidad argentina

Fecha de Publicación: 27/12/2022
Fuente: El País (España)
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un pequeño cambio propuesto en un ley ambiental provincial podría asestar un golpe mortal al segundo pulmón verde de Sudamérica. La gestión del bosque combina impunidad con genocidio ecológico
Mientras se realizaba la COP15 para proteger la pérdida global de biodiversidad y la Unión Europea establece obligaciones legales para dejar de comerciar productos relacionados con la destrucción de los bosques, en la provincia argentina de Chaco se discute un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que pone en riesgo lo poco que resta de lo que una vez fue el Gran Chaco, el segundo pulmón sudamericano más importante después de la Amazonía.
Argentina custodia una gran biodiversidad. Por eso fue un hito la denominada Ley de Bosques Nativos, creada hace 15 años para atender la crisis que atravesaban estos ecosistemas en el país. Desde el año 2000, el bosque —presente sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa y, en menor medida, en Salta y Santiago del Estero— ha perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal.
El OTBN chaqueño que entró en vigor en 2009 estableció tres categorías para las zonas forestales: Roja-I, para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Amarilla-II, de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Verde-III, de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
“El avance de la frontera económica sobre los bosques nativos se da hace décadas a través de la presión de tres sectores: el forestal maderero que extrae tanino, principalmente; el agroganadero que busca plantar soja, maíz y algodón; y el inmobiliario, que lotea los campos a través del Instituto de Colonización”, explica en entrevista a América Futura Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET).
La actualización del OTBN desató la polémica ya que busca habilitar cambios de usos de suelo de categoría Amarilla-II en los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín —en el norte de la provincia—, disminuyendo así los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300.000 hectáreas, superficie equivalente a la mancha urbana de ciudades como Lima o Madrid.
“Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal. El hecho de que en el nuevo mapa se pintaran estos espacios en blanco, como si los bosques nunca hubieran existido, permite pensar que tampoco existió la deforestación, por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurar algo que nunca existió”, señala.
Paradójicamente, el ministerio de Ambiente de Chaco no es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, sino que esta depende del ministerio de Producción. “Igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales”, comentó Tomás Camarasa, quien está al frente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del ministerio de Ambiente de la provincia.
A pesar de que el nuevo mapa regresivo fue elaborado por una mesa técnica en la que participaban principalmente actores del sector agro-forestal, con poca participación de los pueblos indígenas y sector científico, la movilización de ONGs como Somos Monte Chaco logró que de momento no haya fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la llamada “Ley de OTBN” en la legislatura provincial.

Parece calor, pero es desmonte
De norte a sur de la Argentina, la crisis climática se hace sentir en forma de desertificación en el Gran Chaco, olas de calor en el centro del país e incendios en Tierra del Fuego. Actualmente existe muy poca agua en el Río Bermejo que atraviesa la provincia de Chaco abasteciendo a distintos acuíferos, y la poca que resta se encuentra contaminada por la presencia de cianobacterias, otro efecto del cambio climático que ya produjo inundaciones que afectaron a localidades chaqueñas como Castelli a principio de año.
“Este año prácticamente no hubo un aporte de agua de deshielo hacia Chaco desde la sierra de Santa Victoria [en la zona norte de la provincia de Salta], que es donde nace el Río Bermejo, a causa de la poca formación de hielo por el calentamiento global”, comenta Camarasa. “Las cianobacterias son una consecuencia directa del cambio climático en la provincia, y vemos un panorama donde esto posiblemente siga en aumento. Tenemos que buscar la manera de reducir la deforestación para mitigar el impacto de la crisis climática en Chaco”.
Consultado respecto a las denuncias realizadas por parte de la sociedad civil y una reciente polémica en Twitter con Greenpeace a raíz del nuevo OTBN, el gobernador Jorge Capitanich contestó que “el gran déficit que tenemos hasta el momento para revertir esta situación es la falta de financiamiento y la falta de apoyo para conseguir esos fondos”. Y añade: “Pero creemos que estamos trabajando en la dirección correcta para consolidar alternativas que permitan proteger a los ambientes nativos con la gente adentro. Continuaremos trabajando para estar a la altura de este cambio de paradigma que entiende que ‘sin justicia ambiental no hay justicia social’, el cual es impulsado no solo desde los Gobiernos, sino principalmente de la sociedad civil y el territorio”.
Desde Buenos Aires, la directora ejecutiva de Greenpeace para región Andina, Natalia Machain, dijo que “los Gobiernos argentinos desde la década de 1990 hasta acá no tuvieron una política ambiental seria. Y hoy llegó el momento de reflexionar sobre eso. En Chaco desde 2007 a la fecha se perdieron medio millón de hectáreas, la mitad de forma ilegal e irregular. La propuesta actual del gobernador, Capitanich, consiste exactamente en eso: blanquear, perdonar todos los desmontes ilegales realizados y dar luz verde para el acabar con otro millón de hectáreas más”.

Servicios ecosistémicos o campos desiertos
El avance inmobiliario sobre el corredor biológico del Chaco seco genera “campos vencidos”, según los indígenas wichí, dado que se trata de una zona muy impredecible donde fallan los cultivos y las pasturas por falta de agua, por lo que las comunidades expulsadas del monte terminan segregadas en la periferia de los pueblos.
“La pérdida de especies de flora y fauna no solo afecta a comunidades originarias que dependen del bosque como su supermercado o farmacia. La ausencia del yaguareté, el pecarí quimilero y el tatú carreta y otras especies endémicas del Chaco y en riesgo de extinción, anula la posibilidad de un ecoturismo que atrae a visitantes de todo el planeta”, denuncia el investigador del CONICET.
El nuevo mapa propuesto para la actualización del OTBN contempla un polémico polígono denominado JUANA con espacios pintados de blanco, que para el investigador Mastrángelo es como si los bosques “nunca hubieran existido”. “Por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurarlo. Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal”.
Sin embargo, la ingeniera agrónoma Julieta Rojas del INTA y el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación explica que los suelos del oeste del Chaco sometidos a deforestación para uso agrícola pierden calidad física y química en un plazo muy corto de tiempo. “Principalmente carbono orgánico; se puede perder hasta en un 40%. Y es clave para mitigar el cambio climático y su pérdida acelera el calentamiento global y los procesos de desertificación. Por otro lado, los suelos deforestados se compactan respecto al monte nativo, disminuyendo así hasta cuatro veces la infiltración del suelo del monte, por lo que es más fácil que se produzcan inundaciones cuando llueve”.

Ir más allá de las ideologías estancadas
Para Mastrángelo existen actividades productivas compatibles con el mantenimiento del bosque que tienen un potencial enorme, pero nunca han recibido apoyo del Gobierno para que puedan ser llevadas a un nivel lo suficientemente beneficioso. “La apicultura, el ecoturismo y hasta la misma extracción forestal de determinadas maderas se pueden hacer de forma sostenible si se respetan los tiempos de regeneración, cosa que no hacen las empresas actualmente”, explica uno de los científicos que mejor conoce el problema socioambiental chaqueño.
Capitanich comenta que de aquí a 50 años visualiza un Chaco con plena recuperación de sus bosques nativos y ambientes degradados a través de la consolidación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como el proyecto Eco-Token que, si bien es incipiente, tiene potencial de modificar sustancialmente la matriz socio-productiva de la provincia, ya que a través de un sistema de trazabilidad con blockchain podría asegurar que fondos generados vayan directamente a impactar positivamente en las comunidades locales que protegen esos bosques.
El gobernador de Chaco explica que están discutiendo reformas para endurecer sanciones y controles, y que seguirán reclamando al Gobierno nacional por la integración total del fondo para la conservación y protección del ecosistema, según lo determina la ley nacional: “De cada 1.000 hectáreas de bosque que la ley nos obliga a proteger, solo se nos asignan los fondos correspondientes a 100 de ellas, y ello convierte a la ley en un instrumento legal de prácticamente imposible cumplimiento en las 900 hectáreas restantes”.
“Argentina está inserta en un mundo acelerado y en un planeta en colapso”, concluye Machain. “Necesita estar mejor parada para lo que se viene. Hay que dar un salto de calidad en nuestro debate. Sostener que la destrucción de la naturaleza nos hará menos pobres es un argumento enlatado y falaz, pero, más que nunca, antiético, y contrario a la realidad y las leyes. Es responsabilidad del propio Estado y sus funcionarios que se completen los fondos necesarios para la protección de los bosques”.
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Desmontes en Chaco: en el Conicet denuncian que quieren deforestar un corredor biológico

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Chaco


Advirtieron que el gobierno de Capitanich elevó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para eliminar la protección del Corredor Biológico del Chaco Húmedo.
En sensación térmica y materia medioambiental, Chaco arde. Greenpeace acaba de acusar al gobernador Jorge Capitanich de habilitar la deforestación de 1 millón de hectáreas de bosques nativos y de "perdonar" a quienes ya desmontaron.
Pero a esa polémica mayor por la discusión legislativa del decreto provincial 2157, que dispone un nuevo ordenamiento territorial para cumplir con la Ley de Bosques, ahora suma calor un grupo científicos del Conicet, que alertan sobre un nuevo proyecto que apunta a lo mismo: deforestar.
Es el Nº 3258 y fue presentado este martes por el diputado Juan José Bergia. Del Frente de Todos, es uno de los legisladores con más años de mandato en esa provincia.
La buena noticia para los 1.000 investigadores que en septiembre ya habían presentado una nota a Capitanich en la que expresaron la "más profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos" y se pusieron a disposición "para trabajar en conjunto por un avance en la conservación y el desarrollo sostenible", es que no hay fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la la llamada "Ley de OTBN". Al menos, hasta el año que viene.
¿Qué es OTBN? En el artículo 4° de la Ley 26.331 se define al Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como la norma que, basada en diez criterios de sustentabilidad ambiental, zonifica territorialmente los bosques nativos en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación. Pero el alerta, para los científicos, existe si siguen presentándose planes de desmonte.
"El nuevo proyecto propone eliminar la protección de los bosques del Corredor Biológico del Chaco Húmedo. Pretende ir hacia atrás en la conservación de los bosques y eliminarlos, aún en áreas que están dentro de corredores biológicos, claves para la conservación de la biodiversidad chaqueña y, como se demostró recientemente, para algunas especies en grave peligro de extinción, como el yaguareté", explica a Clarín Micaela Camino.
Es la bióloga, investigadora y conservacionista que en abril fue distinguida en Londres con un prestigioso premio conocido como el "Oscar Verde" por su trabajo para salvaguardar el bosque del Chaco seco.
¿Cómo es esta zona y por qué es importante? Los bosques de la región chaqueña regulan lo que en la jerga ambiental se llama "sistemas ecosistémicos clave": de ellos dependemos para la regulación del clima, para garantizar la perpetuidad (fertilidad) del suelo y la perpetuación de especies animales.
"Ya estamos viendo las consecuencias en el clima", advierte la ecóloga del Conicet.
Además, ahí viven familias campesinas, indígenas y criollas. Subsisten de la naturaleza y se verán forzados a desplazarse cuando avance el desmonte. Desde lo económico, asegura que "ni siquiera es bueno para el desarollo en el corto plazo". Porque, desde la Ciencia, "ese suelo no rinde".
El "negocio", alega, no sería para el crecimiento del país sino del "sector inmobiliario" y el agronegocio exportador. "Con este tipo de iniciativas, al pasar por el legislativo y no por el Ejecutivo, se puentea la Ley de Bosques. Y lo más grave es que se está dejando afuera a la sociedad, cuando lo mejor es incluirla en las decisiones que nos afectan a todos".
Ante la pregunta de por qué es tán importante esa nueva zona en disputa en realidad, la bióloga apunta a lo más general. "Todos los bosques del chaco en este momento los necesitamos para regularnos. Para empezar, los estamos perdiendo a una de las velocidades más rápidas del mundo".
Camino, al frente de esta lucha contra la deforestación, marca una salida: "Firmar un compromiso con el sector agroproductivo industrial exportador, que dice que necesita estas zonas, aunque hay un montón ya desmontadas donde se podría sembrar, para un ordenamiento de bosques nativos, donde se pueda delimitar 'acá se puede desmontar y acá no'. En caso contrario, si ya tenés un área protegida, no se puede ir en desmedro de esa protección".

La respuesta del Gobierno chaqueño
Marta Soneira es la ministra de Estado Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia del Chaco y dice a Clarín ?que "los científicos del Conicet tienen razón".
Es un proyecto que "carece de validez", dice, porque no cumple con los requerimientos de actualización técnicos ni la normativa vigente. Es que el Estado provincial (Ejecutivo) debe elevar la propuesta de ley.
"Desde el Ministerio de Ambiente hemos remitido a secretaria general de la provincia un proyecto progresivo en favor del ambiente que aumenta las áreas protegidas, garantiza los corredores de biodiversidad del Chaco seco y Chaco húmedo y define un área específica para la producción agrícola, además incorpora categoría amarilla con mayor monitoreo y restricción de los humedales y el impenetrable chaqueño", diferencia Soneira.
En el Chaco el órgano de aplicación de la ley de protección ambiental de bosques nativos es el Ministerio de Producción Industria y Empleo. El ministerio de ambiente no tiene poder fiscalizador.
"Estamos muy preocupados por el aumento y las tasas de desmonte actuales, pese a que en la provincia rige una medida judicial que no habilita los cambios de uso de suelo. Por eso, aunque no podamos fiscalizar, igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales", cierra.
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Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
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