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Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
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Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
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Desmonte en Córdoba para un canal ilegal en zona protegida
Desmonte de bosque nativo en Córdoba para construir un canal ilegal
Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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Fecha de Publicación: 25/10/2017
Fuente: Ecoportal
Provincia/Región: Córdoba
El desmonte se está produciendo de manera silenciosa e ilegal en zona protegida para desviar agua hacia la laguna Mar Chiquita.
No hay anuncios ni permisos sobre la obra. El canal tiene un ancho de veinte metros y atraviesa un bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina.
A pesar de que aún no se ha reglamentado una nueva Ley de Bosques, este bosque nativo se halla en el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la zonificación Roja, es decir que no se puede hacer allí ninguna intervención, y en el caso de que así sea, debe estar autorizada por el gobierno provincial.
La construcción de este canal afectaría gravemente la vegetación y la biodiversidad de el bosque nativo más grande de esa región cordobesa y que debería ser protegido. El bosque de Tinoco es una zona virgen donde la mano del hombre todavía no había accionado. Entre las especies que se pueden encontrar en el bosque se destacan el quebracho blanco, algarrobo, tala, sombrero de todo, piquillín y otros nativas.
Estudios hechos por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal han determinado que este bosque es el hábitat de una rica biodiversidad en donde viven gran variedad de especies vegetales y animales. Fundamentalmente se trata de una morada de por lo menos cien especies de aves. Se estudia postular al bosque de Tinoco como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), siguiendo los protocolos de Aves Argentinas.
El bosque nativo de Tinoco se halla en una transición entre el bosque espinal y el chaqueño. El ecosistema que allí se encuentra está amenazado en toda la provincia por el desmonte que produce la especulación inmobiliaria, la ganadería y el avance de la frontera sojera.
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Fiscal de Estado va contra el dueño de Manaos
Pedirán sanciones y expulsión del empresario que provocó desmontes de 19 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Desmontan area protegida de Neuquén
Por el desmonte se perdieron casi 4.000 metros cuadrados de barda en Neuquén
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Manaos sigue deforestando a Santiago del Estero
El dueño de Manaos, otra vez, en la mira por tierras
Fecha de Publicación: 29/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Investigan la toma ilegal de tierras y su desmonte, en los departamentos Moreno y Alberdi. En total serían 32 lotes.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado, con el fin de identificar actividades de desmontes y usurpaciones dentro de la provincia de Santiago del Estero, el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate encabezó un operativo en las localidades de Colonia Árbol Blanco (departamento Moreno) y Colonia Lote 19 (departamento Alberdi). El Dr. Raúl Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de Fiscalía de Estado, Dra. Andrea Olmedo; la directora de Tierras del Ministerio de Producción, Dra. Mónica González Bernal y el director general de Bosques, Ing. Víctor Rosales. En esta oportunidad se realizaron varias revisiones de las hectáreas, encontraron así usurpaciones y desmontes ilegales. En este sentido, recaudaron toda la información posible e implementaron acciones, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.
El fiscal Raúl Abate explicó: “Estamos verificando denuncias que nos han llegado de que un empresario estaría tomando, usurpando, adquiriendo de forma ilegítima lotes que son de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, hemos logrado constatar prácticamente doce lotes.
Falta todavía seguir constatando, creemos que en total deben ser 32 lotes que ha tomado este empresario. Han sido levantadas actas notariales que se trataría de una firma denominada Manaos y cuyo propietario sería Orlando Canido, quien estaría asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra. Lo que se ha podido comprobar hasta el momento, son alrededor de 19.000 hectáreas, casi 32 lotes que la Provincia tenía adjudicados a colonos y estos lotes ahora —en forma ilegítima— habían ido a parar en manos del empresario. Se han constatado desmontes, se han secuestrado dos topadoras, se han levantado imágenes fotográficas, también se han tomado videos, en todas estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, una producción importante. De todo esto va a tomar cartas la Justicia”, concluyó el fiscal, quien aseguró que seguirán las investigaciones.
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Fecha de Publicación: 29/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Investigan la toma ilegal de tierras y su desmonte, en los departamentos Moreno y Alberdi. En total serían 32 lotes.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado, con el fin de identificar actividades de desmontes y usurpaciones dentro de la provincia de Santiago del Estero, el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate encabezó un operativo en las localidades de Colonia Árbol Blanco (departamento Moreno) y Colonia Lote 19 (departamento Alberdi). El Dr. Raúl Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de Fiscalía de Estado, Dra. Andrea Olmedo; la directora de Tierras del Ministerio de Producción, Dra. Mónica González Bernal y el director general de Bosques, Ing. Víctor Rosales. En esta oportunidad se realizaron varias revisiones de las hectáreas, encontraron así usurpaciones y desmontes ilegales. En este sentido, recaudaron toda la información posible e implementaron acciones, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.
El fiscal Raúl Abate explicó: “Estamos verificando denuncias que nos han llegado de que un empresario estaría tomando, usurpando, adquiriendo de forma ilegítima lotes que son de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, hemos logrado constatar prácticamente doce lotes.
Falta todavía seguir constatando, creemos que en total deben ser 32 lotes que ha tomado este empresario. Han sido levantadas actas notariales que se trataría de una firma denominada Manaos y cuyo propietario sería Orlando Canido, quien estaría asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra. Lo que se ha podido comprobar hasta el momento, son alrededor de 19.000 hectáreas, casi 32 lotes que la Provincia tenía adjudicados a colonos y estos lotes ahora —en forma ilegítima— habían ido a parar en manos del empresario. Se han constatado desmontes, se han secuestrado dos topadoras, se han levantado imágenes fotográficas, también se han tomado videos, en todas estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, una producción importante. De todo esto va a tomar cartas la Justicia”, concluyó el fiscal, quien aseguró que seguirán las investigaciones.
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Cada vez menos fondos para los bosques en Nación
La poda de Cambiemos
Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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Fecha de Publicación: 22/09/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
Las asociaciones ambientalistas advirtieron que la alianza gobernante prevé un fuerte recorte del presupuesto para la conservación de bosques nativos, que se encuentran protegidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
Según denunció la ONG Vida Silvestre el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo le asigna apenas el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques, que ordena destinar el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. El año pasado, el Gobierno había destinado el 8 por ciento del total. “Estamos en una verdadera emergencia forestal: Argentina conserva el 27 por ciento de la superficie ocupada originalmente por bosques nativos”, advirtió la ONG.
La situación es compleja, sobre todo en las provincias del norte donde existe una creciente puja por la expansión de la frontera agrícola. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió que el Gobierno tomó una serie de medidas que hacen “un combo peligroso para nuestros bosques”.
“La primera fue una devolución de retenciones para productores de soja del norte, del 5 por ciento. Eso genera una presión en la frontera agrícola porque la primera amenaza es la soja, seguida de la ganadería. Están fomentando la desforestación indirectamente”, explicó a Página/12.
Con el recorte presupuestario, continuó Giardini, el principal riesgo es la falta de financiamiento para controles y la puesta en riesgo de los planes de manejo sustentable. “No están mandando plata a las provincias para que haya mayores controles (con menos dinero, menos controles) y para que quienes tengan bosques reciban un incentivo para no desforestar. Hay una tentación muy grande y el mensaje es que si ponen soja, van a ganar más plata seguro”, advirtió.
La perspectiva se agrava con el cajoneo de un proyecto de ley presentado el año pasado para aumentar las penas por delitos forestales. “Está parado por la diputada jujeña de Cambiemos María Gabriela Burgos. Esa ley pondría presos a todos los que desforestan ilegalmente. Hay que tener en cuenta que por lo menos la mitad de los desmontes son ilegales”, denunció Giardini.
A principios del Siglo XX, la Argentina tenía más de 100 millones de hectáreas de bosques y hoy le quedan apenas 30 millones. "El patrimonio forestal fue bastante maltratado y fue una política poco inteligente: se redujo en superficie y calidad. Hay provincias como Buenos Aires y Córdoba, que les quedan el 5 por ciento de la superficie que tenían de bosque. Cuando a uno le queda el 5 por ciento de un capital, lo que tiene que hacer es cuidarlo y hacer inversiones para cumplir con eso. La Ley de Bosques apunta a esa cuestión", explicó a Página/12 el museólogo, naturalista y docente, Claudio Bertonatti.
Para el especialista, el desafío "no es sólo cumplir con la Ley, sino crear nuevas áreas protegidas y crear corredores biológicos para aumentar su potencial. Lo que hizo durante años fue extraer lo mejor de esos bosques y dejar lo peor. Hay que trabajar mucho para restaurar superficies y calidades de los bosques".
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En Córdoba, las Universidades defienden los bosques
Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Denuncian 'cajoneo' de la Ley de Delitos Forestales
La diputada Burgos está cajoneando la Ley de Delitos Forestales
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Nulidad declarada por la CS de desmontes en Jujuy
La Corte Suprema declaró la nulidad de las autorizaciones de desmonte de bosques nativos en Jujuy por graves irregularidades en el proceso de estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Tierra del Fuego: pena de prisión para desmontadores
Van a prisión por talar 216 árboles en Parque Nacional Tierra del Fuego
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de un delito cometido en 2005. Tres hombres ingresaron sin permiso al parque y talaron 216 ejemplares de lenga y guindo para la apertura de una senda. Una condena por desmonte que busca concientizar a la sociedad sobre estas conductas ilegales.
La justicia nacional ratificó una condena por el delito de “daño agravado y usurpación” a tres hombres que talaron 216 árboles en un área protegida del Parque Nacional Tierra del Fuego. La Administración de Parques Nacionales indicó que esta es la “primera vez que se pena un desmonte de esas características”.
El delito había sido cometido entre abril y junio de 2005, cuando empleados de la empresa “Patagonia Spirit” ingresaron sin autorización a ese parque, removieron los mojones que demarcaban el límite del área protegida y talaron 216 árboles para la apertura de una senda de acceso desde la Ruta Nacional N° 3 hacia la Bahía San José.
El informe de peritaje realizado por la Dirección de Bosques en septiembre de ese mismo año reconoció “tres sectores en los que la picada penetró en el parque mediante el corte de ejemplares de lenga (Nothofagus pumilio) y guindo (Nothofagus betuloides)”, tanto adultos como jóvenes.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que en septiembre de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur condenara a Ricardo Bianciotto y Horacio Burgos a un año y tres meses de prisión, y a Orlando Rubén Mansilla Ruiz a un año.
“La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que esas conductas son ilegales, como especial, orientada a educar a quienes delinquieron para que no vuelvan a hacerlo“, indicó Parque Nacionales.
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de un delito cometido en 2005. Tres hombres ingresaron sin permiso al parque y talaron 216 ejemplares de lenga y guindo para la apertura de una senda. Una condena por desmonte que busca concientizar a la sociedad sobre estas conductas ilegales.
La justicia nacional ratificó una condena por el delito de “daño agravado y usurpación” a tres hombres que talaron 216 árboles en un área protegida del Parque Nacional Tierra del Fuego. La Administración de Parques Nacionales indicó que esta es la “primera vez que se pena un desmonte de esas características”.
El delito había sido cometido entre abril y junio de 2005, cuando empleados de la empresa “Patagonia Spirit” ingresaron sin autorización a ese parque, removieron los mojones que demarcaban el límite del área protegida y talaron 216 árboles para la apertura de una senda de acceso desde la Ruta Nacional N° 3 hacia la Bahía San José.
El informe de peritaje realizado por la Dirección de Bosques en septiembre de ese mismo año reconoció “tres sectores en los que la picada penetró en el parque mediante el corte de ejemplares de lenga (Nothofagus pumilio) y guindo (Nothofagus betuloides)”, tanto adultos como jóvenes.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que en septiembre de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur condenara a Ricardo Bianciotto y Horacio Burgos a un año y tres meses de prisión, y a Orlando Rubén Mansilla Ruiz a un año.
“La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que esas conductas son ilegales, como especial, orientada a educar a quienes delinquieron para que no vuelvan a hacerlo“, indicó Parque Nacionales.
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Zona protegida de Chaco sigue deforestándose
Se multiplican los desmontes en zona protegida del Chaco
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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El Gran Chaco Americano en desmonte
Detener el desmonte indiscriminado
Fecha de Publicación: 28/08/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: NOA
Un reciente trabajo de monitoreo realizado por expertos internacionales y representantes de la organización Guyra Paraguay, que promueve la protección de la diversidad biológica, comprobó que continúan las prácticas de deforestación sin control en amplias zonas de Argentina, Paraguay y Bolivia que forman parte de la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas, conocida como el Gran Chaco Americano.
Según el último informe publicado por Guyra Paraguay, en mayo pasado se detectaron significativos cambios en la cubierta natural de la región del Gran Chaco Americano, que sufrió cambio de usos en 18.278 hectáreas. Si bien en comparación con las 18.320 hectáreas afectadas en abril de este mismo año, se observó una disminución de hectáreas deforestadas, no deja de preocupar la tensión creciente que existe entre la necesidad de conservar los ecosistemas y el continuo avance de las actividades agropecuarias. Los ambientalistas paraguayos observan que a modo de comparación, esas 18.278 hectáreas desmontadas equivalen a un área de más de 1.6 veces la ciudad de Asunción y a más de 0.9 veces la ciudad de Buenos Aires. Según el reciente reporte de la organización, del total de hectáreas de bosques o tierras forestales que registraron cambio a otros usos en mayo pasado, Argentina registró el mayor porcentaje de deforestación con 38 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia con 35 por ciento y Paraguay con 27 por ciento. En el caso específico de Paraguay, el promedio de deforestación fue de 162 hectáreas por día, mientras que Argentina registró un promedio de 224 y Bolivia 204.
Vale recordar que el Gran Chaco Americano es la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas y la más grande de bosques secos de América del Sur. Abarca parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. En su gran extensión, de más 1.000.000 kilómetros cuadrados, se presenta una gran variedad de climas y relieves que dan origen a una amplia diversidad de ambientes.
De acuerdo con Guyra Paraguay, que desde hace siete años realiza tareas de monitoreos en el Gran Chaco Americano, el distrito de la región que mayor cambio de cobertura presentó en mayo de este año fue Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, con unas 4.848 hectáreas; mientras que en Argentina, la máxima se registró en Anta, en la provincia del Salta, con unas 1.714 hectáreas y en Bolivia, Charagua (Santa Cruz) obtuvo el área de cambio más extensa, con 4.751 hectáreas de cambio.
Pero en marzo pasado, la situación era aún más grave: Paraguay había registrado el mayor porcentaje de deforestación, con 56 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia, con 27 por ciento, y Argentina, con 17 por ciento. En cuanto a los distritos con mayores cambios en marzo de este año, Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, se mantuvo en el primer lugar de las áreas más afectadas con 5.863 hectáreas de cambio; mientras que en Argentina la máxima se registró en el Departamento Almirante Brown de la provincia del Chaco, con unas 1.340 hectáreas. En Bolivia, en tanto, la localidad de Pailón, en Santa Cruz, fue el área que registró el cambio más extenso con 4.046 hectáreas.
En nuestro país está vigente la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, también conocida como ley Bonasso, que estableció que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. La norma fijó categorías para los usos posibles de las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. De esa manera, se zonificó los bosques en zonas de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse (zona roja); zonas de alto o medio valor de conservación que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación (zona amarilla), y los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental (zona amarilla).
Es imprescindible que se respeten todas estas zonas, fundamentalmente las áreas rojas, como lo establece la ley. Es necesario consolidar un modelo de gestión de los recursos que sea sostenible, avanzando en la aplicación efectiva de la Ley nacional de Bosques Nativos.
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Fecha de Publicación: 28/08/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: NOA
Un reciente trabajo de monitoreo realizado por expertos internacionales y representantes de la organización Guyra Paraguay, que promueve la protección de la diversidad biológica, comprobó que continúan las prácticas de deforestación sin control en amplias zonas de Argentina, Paraguay y Bolivia que forman parte de la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas, conocida como el Gran Chaco Americano.
Según el último informe publicado por Guyra Paraguay, en mayo pasado se detectaron significativos cambios en la cubierta natural de la región del Gran Chaco Americano, que sufrió cambio de usos en 18.278 hectáreas. Si bien en comparación con las 18.320 hectáreas afectadas en abril de este mismo año, se observó una disminución de hectáreas deforestadas, no deja de preocupar la tensión creciente que existe entre la necesidad de conservar los ecosistemas y el continuo avance de las actividades agropecuarias. Los ambientalistas paraguayos observan que a modo de comparación, esas 18.278 hectáreas desmontadas equivalen a un área de más de 1.6 veces la ciudad de Asunción y a más de 0.9 veces la ciudad de Buenos Aires. Según el reciente reporte de la organización, del total de hectáreas de bosques o tierras forestales que registraron cambio a otros usos en mayo pasado, Argentina registró el mayor porcentaje de deforestación con 38 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia con 35 por ciento y Paraguay con 27 por ciento. En el caso específico de Paraguay, el promedio de deforestación fue de 162 hectáreas por día, mientras que Argentina registró un promedio de 224 y Bolivia 204.
Vale recordar que el Gran Chaco Americano es la región boscosa más extensa del continente después del Amazonas y la más grande de bosques secos de América del Sur. Abarca parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. En su gran extensión, de más 1.000.000 kilómetros cuadrados, se presenta una gran variedad de climas y relieves que dan origen a una amplia diversidad de ambientes.
De acuerdo con Guyra Paraguay, que desde hace siete años realiza tareas de monitoreos en el Gran Chaco Americano, el distrito de la región que mayor cambio de cobertura presentó en mayo de este año fue Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, con unas 4.848 hectáreas; mientras que en Argentina, la máxima se registró en Anta, en la provincia del Salta, con unas 1.714 hectáreas y en Bolivia, Charagua (Santa Cruz) obtuvo el área de cambio más extensa, con 4.751 hectáreas de cambio.
Pero en marzo pasado, la situación era aún más grave: Paraguay había registrado el mayor porcentaje de deforestación, con 56 por ciento de áreas de desmonte, seguido por Bolivia, con 27 por ciento, y Argentina, con 17 por ciento. En cuanto a los distritos con mayores cambios en marzo de este año, Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Alto Paraguay, se mantuvo en el primer lugar de las áreas más afectadas con 5.863 hectáreas de cambio; mientras que en Argentina la máxima se registró en el Departamento Almirante Brown de la provincia del Chaco, con unas 1.340 hectáreas. En Bolivia, en tanto, la localidad de Pailón, en Santa Cruz, fue el área que registró el cambio más extenso con 4.046 hectáreas.
En nuestro país está vigente la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, también conocida como ley Bonasso, que estableció que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. La norma fijó categorías para los usos posibles de las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. De esa manera, se zonificó los bosques en zonas de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse (zona roja); zonas de alto o medio valor de conservación que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación (zona amarilla), y los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental (zona amarilla).
Es imprescindible que se respeten todas estas zonas, fundamentalmente las áreas rojas, como lo establece la ley. Es necesario consolidar un modelo de gestión de los recursos que sea sostenible, avanzando en la aplicación efectiva de la Ley nacional de Bosques Nativos.
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Más desmonte en El Impenetrable
Denuncian un nuevo desmonte clandestino de mil hectáreas en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Según reveló el Centro Mandela se trata del grupo bonaerense Buratovich, cuyas actividades supuestamente irregulares fueron denunciadas en su oportunidad por integrantes del Foro por la Tierra y llevadas a la justicia penal por el expresidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich.
“El grupo económico de la familia Buratovich y asociados, que conformaron un complejo y activo conglomerado de sociedades comerciales vinculadas a partir de la empresa madre, establecida en Ruta 8, Km 176.5 de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, desmontó en zona protegida”, denuncia el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” del Chaco.
A través de un informe cedido a este portal, advierte que “a pesar de que el campo está ubicado en Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN, desmontaron más de 1000 hectáreas del total de la superficie del lote, que sería de 2.000 hectáreas”. “Fue intensa y rápida la deforestación”, aseguró. Describió, asimismo, que “en este predio trabajaron 9 grandes topadoras, marca Caterpillar D8, que fueron vistas el jueves 15 de junio y los días siguientes, en plena tarea de desmonte. Serían las mismas topadoras que desmontaron en el predio del Establecimiento “Las Rejas”, también ubicado en zona protegida según la Ley de Bosques”.
Según informa el Centro Mandela, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la Parcela 304, Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes. Se trata del Paraje Pampa Castro, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de J.J. Castelli. Desde Pampa del Infierno se llega al lugar por Picada 40 y desde J.J. Castelli por Malla Rubino. En el empalme entre la Picada 40 y la Picada YPF comienza el desmonte, que se puede ver desde la misma picada. El predio no cuenta con alambrado perimetral.
Tierra fiscal y desmonte clandestino
El informe también revela que “el Instituto de Colonización otorgó el título de propiedad del predio al adjudicatario, Omar Esperguín, sin que éste ejecutara las mejoras obligatorias. Luego el campo fue comprado por el grupo Buratovich. Frente a la Parcela 304, en donde ya se desmontó, el grupo económico compró otro campo, picada de por medio. Todo es Zona Amarilla”.
Apunta, además, que “en el blog de la Dirección de Bosques, año 2017, sólo aparece una solicitud de aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelos a nombre de José Antonio Buratovich. La Consulta realizada se extendió entre el 18 de mayo al 19 de junio. Lo grave es que no corresponde a la Parcela 304 de la Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes, por lo que el desmonte que se ejecutó en este predio sería ilegal, además de que el campo está ubicado en zona protegida”.
Desmonte exprés
Desde el Centro Mandela conjeturan que “probablemente vinculado con la clandestinidad, el desmonte se ejecutó entre los días 16 y 23 de junio de este año. Se deforestó en una semana. Es evidente que los dueños del campo no habrían cumplido con los pasos reglamentarios para obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Bosques. Tampoco se respetaron, por ser zona protegida, las restricciones legales que pesaban sobre el campo según la Ley de Bosques y el Mapa de Zonificación”.
Recalca, además, que “la ejecución del desmonte está comprobada por las imágenes satelitales secuenciadas” que acompañan el informe. En cada imagen se observa la fuente y la fecha. En las imágenes también se observa, en tonos rosados a morados, que los predios ubicados a la izquierda de la Parcela 304, es decir al oeste, son campos de la megaempresa sojera, girasolera y maicera “Manuel Santos de Uribelarrea” (MSU), que intensamente desmonta en la región para ampliar su propia frontera agrícola, a despecho o con el acompañamiento y complacencia de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques.
Otros desmontes
Al norte de la Parcela 304, picada de por medio, comenzaron otros desmontes. En las imágenes satelitales que siguen se reflejan cambios de color, de tono rosado, de forma rectangular. Alguna de estas parcelas también habrían sido comprada por el grupo Buratovich.
El grupo económico de la familia Buratovich y asociados impetuosamente expandió su propia frontera agropecuaria. Viene comprando campos con montes que luego deforestaron, ubicados entre Tres Isletas y Avia Terai. En 2007 el Centro Mandela investigó los desmontes ejecutados en los predios de este grupo económico que compró campos en los parajes Lote 20 Grande, Lote 20 Pampa Solís y Lote 20 Chico. Los resultados de la investigación fueron expuestos en terreno a miembros del Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo y de la Confederación Campesina, de Francia, cuando visitaron Chaco. Los franceses quedaron impactados no solo por los desmontes, sino también por la destrucción y quema de los restos forestales ejecutados por los empresarios.
Este grupo empresario familiar tiene representaciones y establecimientos en Charata y Pinedo, desde donde se hicieron fuertes a través de las relaciones trabadas con dirigentes políticos, funcionarios públicos y técnicos de probada eficacia para obtener resultados positivos en las actuaciones administrativas que frecuentemente realizan ante la Dirección de Bosques, en donde usufructúan los beneficios del tráfico de influencias.
Denuncia contra el grupo económico Buratovich
Cuando estuvo a cargo del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, dispuso que se formulara una denuncia ante el Fiscal de Investigación Penal Preliminar de turno, con el patrocinio letrado del abogado Adrián Maximiliano Gaitán. De acuerdo a las facultades que le otorgara el Decreto 075/07, había conformado una Comisión Revisora de las actuaciones administrativas del Instituto de Colonización producto de lo establecido por el Tribunal de Cuentas. Según los resultados de las auditorias llevadas a cabo por los fiscales de ese organismo, detectaron graves irregularidades en los trámites de los expedientes 106532/05, 113.804/73, 113.270/73, 1822/84, 113398/74, 0388/77.
Establecieron que “surgen conductas fraudulentas del análisis de las pruebas, y elementos de juicios incorporados a la causa, donde se evidencia un claro fraude en perjuicio del Estado Provincial, por las maniobras realizadas por los directivos de la empresa Conexa S.A., en asociación con los funcionarios intervinientes, enriqueciéndose ilícitamente con la irregular venta de tierras fiscales en perjuicio de la Administración Pública Provincial.”. La firma Conexa S.A. estaba integrada por Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich.
En la denuncia, además de Conexa S.A., se mencionó a las siguientes empresas: Cerco S.A., integrada por Nelly Mabel García de Buratovich; Palo Mataco S.A., de la que formaban parte Adolfo José Buratovich; Blanco Palomo S.A., integrada por Eduardo Antonio Buratovich; Guayaibi S.A., integrada por Ana Inés Buratovich; Adedan S.A., Eduardo Antonio Buratovich; Buratovich SACIA, cuyos socios eran Antonio Francisco Buratovich, Nélida Insaurralde y María Luisa Buratovich Cancelari; Buratovich Hnos Sacafyf, siendo los socios José Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich; Algarroba S.A., integrada por Adolfo José Buratovich; y, Fibagro S.A.
Se mencionó a los funcionarios que “intervinieran a lo largo del desarrollo de los expedientes”, cuyas responsabilidades fueron consideradas inexcusables por el denunciante, quién señaló como posibles autores a Jorge Guillermo Berry, de la administración general del Instituto de Colonización, a Ernesto Omar Nikisch, jefe de la delegación de J.J. Castelli, a Juan Francisco Alderete, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y luego gerente de Régimen de la Tierra, a Mario Oscar Portela, director de Asuntos Jurídicos, a Roberto Cogno, presidente del Instituto, y a Omar Enrique Rodríguez, actual presidente de Colonización.
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Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Según reveló el Centro Mandela se trata del grupo bonaerense Buratovich, cuyas actividades supuestamente irregulares fueron denunciadas en su oportunidad por integrantes del Foro por la Tierra y llevadas a la justicia penal por el expresidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich.
“El grupo económico de la familia Buratovich y asociados, que conformaron un complejo y activo conglomerado de sociedades comerciales vinculadas a partir de la empresa madre, establecida en Ruta 8, Km 176.5 de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, desmontó en zona protegida”, denuncia el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” del Chaco.
A través de un informe cedido a este portal, advierte que “a pesar de que el campo está ubicado en Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN, desmontaron más de 1000 hectáreas del total de la superficie del lote, que sería de 2.000 hectáreas”. “Fue intensa y rápida la deforestación”, aseguró. Describió, asimismo, que “en este predio trabajaron 9 grandes topadoras, marca Caterpillar D8, que fueron vistas el jueves 15 de junio y los días siguientes, en plena tarea de desmonte. Serían las mismas topadoras que desmontaron en el predio del Establecimiento “Las Rejas”, también ubicado en zona protegida según la Ley de Bosques”.
Según informa el Centro Mandela, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la Parcela 304, Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes. Se trata del Paraje Pampa Castro, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de J.J. Castelli. Desde Pampa del Infierno se llega al lugar por Picada 40 y desde J.J. Castelli por Malla Rubino. En el empalme entre la Picada 40 y la Picada YPF comienza el desmonte, que se puede ver desde la misma picada. El predio no cuenta con alambrado perimetral.
Tierra fiscal y desmonte clandestino
El informe también revela que “el Instituto de Colonización otorgó el título de propiedad del predio al adjudicatario, Omar Esperguín, sin que éste ejecutara las mejoras obligatorias. Luego el campo fue comprado por el grupo Buratovich. Frente a la Parcela 304, en donde ya se desmontó, el grupo económico compró otro campo, picada de por medio. Todo es Zona Amarilla”.
Apunta, además, que “en el blog de la Dirección de Bosques, año 2017, sólo aparece una solicitud de aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelos a nombre de José Antonio Buratovich. La Consulta realizada se extendió entre el 18 de mayo al 19 de junio. Lo grave es que no corresponde a la Parcela 304 de la Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes, por lo que el desmonte que se ejecutó en este predio sería ilegal, además de que el campo está ubicado en zona protegida”.
Desmonte exprés
Desde el Centro Mandela conjeturan que “probablemente vinculado con la clandestinidad, el desmonte se ejecutó entre los días 16 y 23 de junio de este año. Se deforestó en una semana. Es evidente que los dueños del campo no habrían cumplido con los pasos reglamentarios para obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Bosques. Tampoco se respetaron, por ser zona protegida, las restricciones legales que pesaban sobre el campo según la Ley de Bosques y el Mapa de Zonificación”.
Recalca, además, que “la ejecución del desmonte está comprobada por las imágenes satelitales secuenciadas” que acompañan el informe. En cada imagen se observa la fuente y la fecha. En las imágenes también se observa, en tonos rosados a morados, que los predios ubicados a la izquierda de la Parcela 304, es decir al oeste, son campos de la megaempresa sojera, girasolera y maicera “Manuel Santos de Uribelarrea” (MSU), que intensamente desmonta en la región para ampliar su propia frontera agrícola, a despecho o con el acompañamiento y complacencia de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques.
Otros desmontes
Al norte de la Parcela 304, picada de por medio, comenzaron otros desmontes. En las imágenes satelitales que siguen se reflejan cambios de color, de tono rosado, de forma rectangular. Alguna de estas parcelas también habrían sido comprada por el grupo Buratovich.
El grupo económico de la familia Buratovich y asociados impetuosamente expandió su propia frontera agropecuaria. Viene comprando campos con montes que luego deforestaron, ubicados entre Tres Isletas y Avia Terai. En 2007 el Centro Mandela investigó los desmontes ejecutados en los predios de este grupo económico que compró campos en los parajes Lote 20 Grande, Lote 20 Pampa Solís y Lote 20 Chico. Los resultados de la investigación fueron expuestos en terreno a miembros del Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo y de la Confederación Campesina, de Francia, cuando visitaron Chaco. Los franceses quedaron impactados no solo por los desmontes, sino también por la destrucción y quema de los restos forestales ejecutados por los empresarios.
Este grupo empresario familiar tiene representaciones y establecimientos en Charata y Pinedo, desde donde se hicieron fuertes a través de las relaciones trabadas con dirigentes políticos, funcionarios públicos y técnicos de probada eficacia para obtener resultados positivos en las actuaciones administrativas que frecuentemente realizan ante la Dirección de Bosques, en donde usufructúan los beneficios del tráfico de influencias.
Denuncia contra el grupo económico Buratovich
Cuando estuvo a cargo del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, dispuso que se formulara una denuncia ante el Fiscal de Investigación Penal Preliminar de turno, con el patrocinio letrado del abogado Adrián Maximiliano Gaitán. De acuerdo a las facultades que le otorgara el Decreto 075/07, había conformado una Comisión Revisora de las actuaciones administrativas del Instituto de Colonización producto de lo establecido por el Tribunal de Cuentas. Según los resultados de las auditorias llevadas a cabo por los fiscales de ese organismo, detectaron graves irregularidades en los trámites de los expedientes 106532/05, 113.804/73, 113.270/73, 1822/84, 113398/74, 0388/77.
Establecieron que “surgen conductas fraudulentas del análisis de las pruebas, y elementos de juicios incorporados a la causa, donde se evidencia un claro fraude en perjuicio del Estado Provincial, por las maniobras realizadas por los directivos de la empresa Conexa S.A., en asociación con los funcionarios intervinientes, enriqueciéndose ilícitamente con la irregular venta de tierras fiscales en perjuicio de la Administración Pública Provincial.”. La firma Conexa S.A. estaba integrada por Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich.
En la denuncia, además de Conexa S.A., se mencionó a las siguientes empresas: Cerco S.A., integrada por Nelly Mabel García de Buratovich; Palo Mataco S.A., de la que formaban parte Adolfo José Buratovich; Blanco Palomo S.A., integrada por Eduardo Antonio Buratovich; Guayaibi S.A., integrada por Ana Inés Buratovich; Adedan S.A., Eduardo Antonio Buratovich; Buratovich SACIA, cuyos socios eran Antonio Francisco Buratovich, Nélida Insaurralde y María Luisa Buratovich Cancelari; Buratovich Hnos Sacafyf, siendo los socios José Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich; Algarroba S.A., integrada por Adolfo José Buratovich; y, Fibagro S.A.
Se mencionó a los funcionarios que “intervinieran a lo largo del desarrollo de los expedientes”, cuyas responsabilidades fueron consideradas inexcusables por el denunciante, quién señaló como posibles autores a Jorge Guillermo Berry, de la administración general del Instituto de Colonización, a Ernesto Omar Nikisch, jefe de la delegación de J.J. Castelli, a Juan Francisco Alderete, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y luego gerente de Régimen de la Tierra, a Mario Oscar Portela, director de Asuntos Jurídicos, a Roberto Cogno, presidente del Instituto, y a Omar Enrique Rodríguez, actual presidente de Colonización.
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Sprite ¿cuándo vas a reforestar?
“¿Cuándo vas a reforestar?”
Fecha de Publicación: 11/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó ayer a la mañana una bandera de 20 metros cuadrados en el cruce de las avenidas Carlos Pellegrini y Roque Saenz Peña, frente al obelisco, con el texto: “Sprite ¿cuándo vas a reforestar?”. La intervención se realizó en el marco de la campaña de protección de Bosques en Argentina y la denuncia apuntó a Coca Cola Company por la compra de insumos a la empresa La Moraleja S.A., que con la connivencia del gobernador Juan Manuel Urtubey lleva desmontadas unas 3053 hectáreas de bosques en la provincia de Salta, algo prohibido desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007.
Los activistas treparon 30 metros hasta el borde de la enorme pantalla publicitaria, que suele iluminar la vereda y hasta al obelisco con el verde estridente de Sprite, para taparla con un cartel de un verde más pálido, con el dibujo de una topadora y árboles derribados. Greenpeace exige a la empresa de gaseosas que suspenda la relación comercial con el proveedor La Moraleja y que reforeste el predio desmontado ilegalmente. “Sprite dice ser una empresa sostenible, por eso queremos saber cuándo va a reforestar las 3 mil hectáreas de bosque que su proveedor desmontó ilegalmente en Salta”, aseguró el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini. El activista agregó que la empresa de gaseosas “debe actuar para que esta misma situación no pase en otras partes del mundo y adoptar una Política de Deforestación Cero como parte de su responsabilidad ambiental. Las empresas que destruyen bosques y los gobiernos que las autorizan deben hacerse cargo. Las cosas como son”.
En el informe “Desmonte S.A. El mapa del delito forestal en Argentina”, Greenpeace detalló el procedimiento que se siguió en la finca La Moraleja de Salta, “una estancia de 30 mil hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, adquirida en 1978 por empresarios españoles”. Esta empresa “es una de las principales proveedoras de jugo concentrado de limón de Coca Cola, con quienes tiene contrato por 20 años”, y “su objetivo es sumar 1000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años”.
El informe explica que en 2009 los bosques de la finca fueron clasificados en la categoría I-Rojo (es decir, protegidos), pero en 2013 un documento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable reveló que desde la prohibición hubo un “desmonte de aproximadamente 1872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado”. El litigio por ese terreno concluyó el 3 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Ambiente de la provincia dictó la resolución 837, que según el informe “autorizó a realizar un cambio de uso de suelo para agricultura en una superficie de 1180,97 hectáreas de desmonte total neto”.
Por último, el informe advierte que en 2016 un documento del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos reveló que, “hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144894 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo”.
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Fecha de Publicación: 11/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó ayer a la mañana una bandera de 20 metros cuadrados en el cruce de las avenidas Carlos Pellegrini y Roque Saenz Peña, frente al obelisco, con el texto: “Sprite ¿cuándo vas a reforestar?”. La intervención se realizó en el marco de la campaña de protección de Bosques en Argentina y la denuncia apuntó a Coca Cola Company por la compra de insumos a la empresa La Moraleja S.A., que con la connivencia del gobernador Juan Manuel Urtubey lleva desmontadas unas 3053 hectáreas de bosques en la provincia de Salta, algo prohibido desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007.
Los activistas treparon 30 metros hasta el borde de la enorme pantalla publicitaria, que suele iluminar la vereda y hasta al obelisco con el verde estridente de Sprite, para taparla con un cartel de un verde más pálido, con el dibujo de una topadora y árboles derribados. Greenpeace exige a la empresa de gaseosas que suspenda la relación comercial con el proveedor La Moraleja y que reforeste el predio desmontado ilegalmente. “Sprite dice ser una empresa sostenible, por eso queremos saber cuándo va a reforestar las 3 mil hectáreas de bosque que su proveedor desmontó ilegalmente en Salta”, aseguró el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini. El activista agregó que la empresa de gaseosas “debe actuar para que esta misma situación no pase en otras partes del mundo y adoptar una Política de Deforestación Cero como parte de su responsabilidad ambiental. Las empresas que destruyen bosques y los gobiernos que las autorizan deben hacerse cargo. Las cosas como son”.
En el informe “Desmonte S.A. El mapa del delito forestal en Argentina”, Greenpeace detalló el procedimiento que se siguió en la finca La Moraleja de Salta, “una estancia de 30 mil hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, adquirida en 1978 por empresarios españoles”. Esta empresa “es una de las principales proveedoras de jugo concentrado de limón de Coca Cola, con quienes tiene contrato por 20 años”, y “su objetivo es sumar 1000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años”.
El informe explica que en 2009 los bosques de la finca fueron clasificados en la categoría I-Rojo (es decir, protegidos), pero en 2013 un documento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable reveló que desde la prohibición hubo un “desmonte de aproximadamente 1872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado”. El litigio por ese terreno concluyó el 3 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Ambiente de la provincia dictó la resolución 837, que según el informe “autorizó a realizar un cambio de uso de suelo para agricultura en una superficie de 1180,97 hectáreas de desmonte total neto”.
Por último, el informe advierte que en 2016 un documento del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos reveló que, “hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144894 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo”.
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Terrible desmonte en territorio Chapa'í
En la comunidad Chapa'í de San Ignacio 'estamos devastados'
Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Desmonte en tierras mbya de San Ignacio
Crece el conflicto por desmonte y loteo en tierras mbya de San Ignacio
Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Una integrante de la comunidad Chapa'í denunció que ingresaron máquinas y tumbaron monte nativo. Hay polémica por una presunta cesión de tierras por parte del cacique. Intervino el Estado.
Esto ocurre pocos días después de que se conociera un caso similar en la aldea Tekoa Kokuereí, en el mismo municipio, donde "tumbaron" varias viviendas aborígenes, aunque el intendente Esteban Romero desmintió la denuncia y aseguró que la actuación se realizó por acuerdo entre privados y los aldeanos.
Ahora el pedido de ayuda para chapa'í salió de la misma comunidad, en la voz de Itatí Brizuela, la hija del cacique, que se viralizó a través de redes sociales.
“Estoy destrozada y muy preocupada por la comunidad. Desde el viernes estuvo trabajando gente de la Municipalidad, abrieron caminos, echaron árboles nativos, árboles frutales, nuestra medicina natural. Los chicos estaban tristes al ver como tiraban plantas de naranja, limones y palta. Estoy en un lugar donde no sé si mañana me van a venir a sacar con máquinas” dijo la integrante de la comunidad.
“Ya nos avisaron que van a sacar la iglesia, el salón y las casas donde viven mis hermanas. Les pido a mis hermanos de toda la provincia que vengan a ayudarnos, nos sentimos solos”, se lamentó Itatí.
El video motivó una convocatoria en Posadas para juntar firmas y presentar un petitorio al Gobierno, en particular, al Ministerio de Ecología.
A cambio de luz eléctrica y agua
Berenice Villalba Texeira, una de las personas autoconvocadas frente a la Casa de Gobierno, comentó a este Diario que el vienes ingresaron a la aldea Chapa’í con máquinas, para sacar árboles nativos y abrir caminos, para comenzar con un loteo de las tierras.
“Esto se debe a que años atrás el intendente firmó papeles con el cacique de ese momento, dando el aval para que ocupen las tierras a cambio de agua y luz eléctrica, cuando en realidad estos son derechos adquiridos. A raíz de aquello hoy sucede esto. Nos hemos autoconvocado para ayudar a los hermanos guaraníes. Realizamos una juntada de firmas para entregar el petitorio al Ministerio de Ecología, para exigir que se detengan las acciones sobre este territorio”, explicó.
Por su parte, Mariana Pizarro, artista y activista por los derechos de las mujeres, comentó a PRIMERA EDICIÓN que las 180 hectáreas donde se volvió a desatar el problema de tierras, son propiedad comunal y no debería haber ningún cambio en ese predio.
Pizarro hizo referencia a una versión que circuló por las redes sociales en la que se comenta que la cesión de tierras a la Municipalidad la hizo el propio cacique y padre de Itatí Brizuela, luego de un partido de fútbol.
“En caso que así haya sucedido, la firma que efectuó el padre de la denunciante es absolutamente irregular, por las circunstancias en las que se llevó a cabo”, opinó.
“La situación es muy compleja porque se aglutinan varios tipos de violencia: violencia política, económica, institucional y de género, porque es esta mujer la que denuncia que dentro de su propia familia surgió el problema. Las versiones que nosotros manejamos es que las 180 hectáreas fueron vendidas y loteadas. Queremos que se garantice la integridad de todos los miembros de la comunidad, el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 y que se resuelva la problemática de los títulos de propiedad. Ellos necesitan del monte de la misma forma que nosotros”, remarcó.
La activista entendió que “la lucha va a ser muy solitaria mientras el resto de la comunidad no entienda que los derechos ciudadanos implican responsabilidades ciudadanas, la cual es vigilar a los gobernantes elegidos para que cumplan las leyes y garanticen el bienestar de todos por igual”.
Avasallamiento por abandono
Integrantes del frente medioambiental Capuera, se hicieron presentes en la plaza 9 de Julio para acompañar la convocatoria que surgió tras la denuncia.
Eric Barney, miembro del grupo, explicó que acompañaron el reclamo en contra del avasallamiento a las comunidades indígenas.
“Esperamos que a través de la Ley 26.160, podamos evitar este tipo de ‘asalto’ a las comunidades aborígenes. Mientras tanto, las máquinas están tirando abajo árboles y demarcando intereses inmobiliarios en la zona. Es por eso que estamos con la urgencia de parar este atropello de los montes que afectan las tierras originarias de los paisanos”, subrayó.
En ese sentido, la antropóloga María Rosa Fogeler, también de Capuera, detalló que iban a solicitar al gobernador Hugo Passalacqua “que se involucre” y pare el accionar en el lugar.
“Nos movilizamos porque entendemos que ellos se encuentran muy solos como para canalizar el reclamo. Nos sumamos a otros ciudadanos y grupos comunes a reclamar a las autoridades que ellos tienen la competencia y la responsabilidad sobre esta situación y que cumplan su rol. Sabemos que están negociando por agua y luz, quedarse en tres hectáreas y entregar las 180 donde se están haciendo loteos y demarcando caminos, esa es la información que nosotros manejamos. Tenemos el pedido de ayuda de algunos de sus miembros. Ellos hoy no saben sobre qué partes van a avanzar las máquinas. Ya habían derribado árboles frutales y especies nativas. Se estarían violando leyes ambientales y de protección a las comunidades originarias”, opinó.
Ante la consulta de por qué con tanta legislación que protege a los aborígenes siempre sufren de los mismos problemas, Fogeler explicó: “Ocurre porque las comunidades están muy abandonadas, porque las instituciones que se tienen que ocupar no trabajan para fortalecerlas. Sin subestimarlos, creo que están en una situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de negociar con nadie”, remarcó.
“Deben hacer acatar la ley”
Diego Ciarmiello, referente de los guardaparques provinciales, dijo que la Ley 26.160 es una ley de emergencia que fue sancionada hace más de una década y fue postergada hasta el 2013.
“Esta legislación establecía que debían demarcarse los sitios de ocupación, uso y valoración de cada comunidad aborigen. En esos territorios la ley prohíbe la expulsión o cualquier tipo de intervención sobre la comunidad hasta tanto no se les entreguen títulos de propiedad a los integrantes. Esto no se ha cumplido, es la cuestión profunda del problema, el Gobierno debe hacer acatar la ley”, subrayó.
“Los fondos de la Nación llegaron pero se demarcaron muy pocas aldeas. Esto lo denunció el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) en 2013. El Estado debe ordenar parar las máquinas y resolver la situación de las comunidades guaraníes”.
Ciarmiello estimó que donde está ocurriendo el problema es un territorio que no está demarcado como dice la ley, y que pertenecerían al municipio. “Pero esto tampoco habilita que puedan ingresar a derribar monte nativo porque para ello previamente debería haber acciones administrativas ante el Ministerio de Ecología”.
La versión del cacique
En búsqueda de una voz oficial, este Diario pudo dialogar con Emanuel Torras, co-coordinador del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Comentó que tomaron conocimiento del caso y se comunicaron con el cacique. “Nos dijo que no pensó que iban tener tanta difusión las declaraciones de su hija y nos indicó que este miércoles se presentará en el Ministerio de DDHH junto a otros trece miembros del Consejo de Participación Indígena de la provincia (CPI), para explicar que la situación no es tan así como ella denunció”, indicó el funcionario.
La ley
Sancionada y promulgada en 2006, en su artículo 1º, la ley 26.160 establece: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”.
ARTÍCULO 2º. “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
El 21-10-2013 se prorrogó el plazo establecido hasta el 23 de noviembre de 2017.
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Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Una integrante de la comunidad Chapa'í denunció que ingresaron máquinas y tumbaron monte nativo. Hay polémica por una presunta cesión de tierras por parte del cacique. Intervino el Estado.
Esto ocurre pocos días después de que se conociera un caso similar en la aldea Tekoa Kokuereí, en el mismo municipio, donde "tumbaron" varias viviendas aborígenes, aunque el intendente Esteban Romero desmintió la denuncia y aseguró que la actuación se realizó por acuerdo entre privados y los aldeanos.
Ahora el pedido de ayuda para chapa'í salió de la misma comunidad, en la voz de Itatí Brizuela, la hija del cacique, que se viralizó a través de redes sociales.
“Estoy destrozada y muy preocupada por la comunidad. Desde el viernes estuvo trabajando gente de la Municipalidad, abrieron caminos, echaron árboles nativos, árboles frutales, nuestra medicina natural. Los chicos estaban tristes al ver como tiraban plantas de naranja, limones y palta. Estoy en un lugar donde no sé si mañana me van a venir a sacar con máquinas” dijo la integrante de la comunidad.
“Ya nos avisaron que van a sacar la iglesia, el salón y las casas donde viven mis hermanas. Les pido a mis hermanos de toda la provincia que vengan a ayudarnos, nos sentimos solos”, se lamentó Itatí.
El video motivó una convocatoria en Posadas para juntar firmas y presentar un petitorio al Gobierno, en particular, al Ministerio de Ecología.
A cambio de luz eléctrica y agua
Berenice Villalba Texeira, una de las personas autoconvocadas frente a la Casa de Gobierno, comentó a este Diario que el vienes ingresaron a la aldea Chapa’í con máquinas, para sacar árboles nativos y abrir caminos, para comenzar con un loteo de las tierras.
“Esto se debe a que años atrás el intendente firmó papeles con el cacique de ese momento, dando el aval para que ocupen las tierras a cambio de agua y luz eléctrica, cuando en realidad estos son derechos adquiridos. A raíz de aquello hoy sucede esto. Nos hemos autoconvocado para ayudar a los hermanos guaraníes. Realizamos una juntada de firmas para entregar el petitorio al Ministerio de Ecología, para exigir que se detengan las acciones sobre este territorio”, explicó.
Por su parte, Mariana Pizarro, artista y activista por los derechos de las mujeres, comentó a PRIMERA EDICIÓN que las 180 hectáreas donde se volvió a desatar el problema de tierras, son propiedad comunal y no debería haber ningún cambio en ese predio.
Pizarro hizo referencia a una versión que circuló por las redes sociales en la que se comenta que la cesión de tierras a la Municipalidad la hizo el propio cacique y padre de Itatí Brizuela, luego de un partido de fútbol.
“En caso que así haya sucedido, la firma que efectuó el padre de la denunciante es absolutamente irregular, por las circunstancias en las que se llevó a cabo”, opinó.
“La situación es muy compleja porque se aglutinan varios tipos de violencia: violencia política, económica, institucional y de género, porque es esta mujer la que denuncia que dentro de su propia familia surgió el problema. Las versiones que nosotros manejamos es que las 180 hectáreas fueron vendidas y loteadas. Queremos que se garantice la integridad de todos los miembros de la comunidad, el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 y que se resuelva la problemática de los títulos de propiedad. Ellos necesitan del monte de la misma forma que nosotros”, remarcó.
La activista entendió que “la lucha va a ser muy solitaria mientras el resto de la comunidad no entienda que los derechos ciudadanos implican responsabilidades ciudadanas, la cual es vigilar a los gobernantes elegidos para que cumplan las leyes y garanticen el bienestar de todos por igual”.
Avasallamiento por abandono
Integrantes del frente medioambiental Capuera, se hicieron presentes en la plaza 9 de Julio para acompañar la convocatoria que surgió tras la denuncia.
Eric Barney, miembro del grupo, explicó que acompañaron el reclamo en contra del avasallamiento a las comunidades indígenas.
“Esperamos que a través de la Ley 26.160, podamos evitar este tipo de ‘asalto’ a las comunidades aborígenes. Mientras tanto, las máquinas están tirando abajo árboles y demarcando intereses inmobiliarios en la zona. Es por eso que estamos con la urgencia de parar este atropello de los montes que afectan las tierras originarias de los paisanos”, subrayó.
En ese sentido, la antropóloga María Rosa Fogeler, también de Capuera, detalló que iban a solicitar al gobernador Hugo Passalacqua “que se involucre” y pare el accionar en el lugar.
“Nos movilizamos porque entendemos que ellos se encuentran muy solos como para canalizar el reclamo. Nos sumamos a otros ciudadanos y grupos comunes a reclamar a las autoridades que ellos tienen la competencia y la responsabilidad sobre esta situación y que cumplan su rol. Sabemos que están negociando por agua y luz, quedarse en tres hectáreas y entregar las 180 donde se están haciendo loteos y demarcando caminos, esa es la información que nosotros manejamos. Tenemos el pedido de ayuda de algunos de sus miembros. Ellos hoy no saben sobre qué partes van a avanzar las máquinas. Ya habían derribado árboles frutales y especies nativas. Se estarían violando leyes ambientales y de protección a las comunidades originarias”, opinó.
Ante la consulta de por qué con tanta legislación que protege a los aborígenes siempre sufren de los mismos problemas, Fogeler explicó: “Ocurre porque las comunidades están muy abandonadas, porque las instituciones que se tienen que ocupar no trabajan para fortalecerlas. Sin subestimarlos, creo que están en una situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de negociar con nadie”, remarcó.
“Deben hacer acatar la ley”
Diego Ciarmiello, referente de los guardaparques provinciales, dijo que la Ley 26.160 es una ley de emergencia que fue sancionada hace más de una década y fue postergada hasta el 2013.
“Esta legislación establecía que debían demarcarse los sitios de ocupación, uso y valoración de cada comunidad aborigen. En esos territorios la ley prohíbe la expulsión o cualquier tipo de intervención sobre la comunidad hasta tanto no se les entreguen títulos de propiedad a los integrantes. Esto no se ha cumplido, es la cuestión profunda del problema, el Gobierno debe hacer acatar la ley”, subrayó.
“Los fondos de la Nación llegaron pero se demarcaron muy pocas aldeas. Esto lo denunció el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) en 2013. El Estado debe ordenar parar las máquinas y resolver la situación de las comunidades guaraníes”.
Ciarmiello estimó que donde está ocurriendo el problema es un territorio que no está demarcado como dice la ley, y que pertenecerían al municipio. “Pero esto tampoco habilita que puedan ingresar a derribar monte nativo porque para ello previamente debería haber acciones administrativas ante el Ministerio de Ecología”.
La versión del cacique
En búsqueda de una voz oficial, este Diario pudo dialogar con Emanuel Torras, co-coordinador del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Comentó que tomaron conocimiento del caso y se comunicaron con el cacique. “Nos dijo que no pensó que iban tener tanta difusión las declaraciones de su hija y nos indicó que este miércoles se presentará en el Ministerio de DDHH junto a otros trece miembros del Consejo de Participación Indígena de la provincia (CPI), para explicar que la situación no es tan así como ella denunció”, indicó el funcionario.
La ley
Sancionada y promulgada en 2006, en su artículo 1º, la ley 26.160 establece: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”.
ARTÍCULO 2º. “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
El 21-10-2013 se prorrogó el plazo establecido hasta el 23 de noviembre de 2017.
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El Impenetrable sigue cayendo
Continua la deforestación ilegal en El Impenetrable: Mega-desmonte en el Establecimiento “Las Rejas”
Fecha de Publicación: 29/07/2017
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco
Dimos a conocer a la opinión pública, a través de los medios masivos de comunicación, que el 14 de julio pasado se ejecutaba un gran desmonte en zona prohibida, según el Mapa de Zonificación del OTBN. La deforestación, a tala raza, se realizó en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown. El campo está ubicado sobre la Picada 82 y la ruta Juana Azurduy, tres kilómetros antes del empalme entre ambos caminos. Es un punto estratégico en esta región. El lote tiene una superficie de 4800 hectáreas, aproximadamente.
En la primera nota señalamos que se habían topado 2.600 hectáreas, a pesar de que el predio está ubicado en zona protegida (Zona Amarilla), en la que no se puede desmontar. La investigación que realizó el Centro Mandela en terreno se inició el sábado 17 de junio de este año.
Un testimonio desolador
La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas. Luego de que el Centro Mandela terminara su investigación en terreno, el desmonte continuó. Pese a la difusión que tuve el documento por los medios de comunicación, guardaron un estruendoso silencio el Subsecretario de Recursos Naturales y el Director de Bosques, que entre bambalinas y a hurtadillas venían barajando la habilitación de futuras chacras en Suelos Clase V, que no son aptos para la agricultura, para lo cual debían otorgar permisos de desmontes en zonas protegidas.
Según un testimonio que hemos recibido, los días 13 y 14 de julio continuaba el desmonte en el Establecimiento “Las Rejas”. Literalmente, las expresiones de nuestra fuente que es totalmente inobjetable, fue “dos días escuchando las cadenas de las topadoras en el campo de Las Rejas. No pude ir a ver. No tuve la fuerza para ir a ver. El ruido constante era impactante”.
Funcionarios y desmontadores al descubierto
El seguimiento de este desmonte, a través de imágenes satelitales secuenciadas, corrobora todo lo que se informó a la opinión pública, aunque el formato .JPG no permite trabajar con zoom adecuado. A través de las imágenes se comprobó que en la mitad sur del campo de “Las Rejas” se desmontaron 1151 hectáreas, y en la mitad norte se desforestaron -a tala raza- 1614 hectáreas.
Imágenes satelitales de los desmontes en el establecimiento “Las Rejas” corresponden al año 2016. En cuanto al estado de la cobertura boscosa, se mantuvo sin alteraciones hasta comienzos del año 2017. A febrero de 2017, la superficie boscosa disminuyó un 40% de su total reflejado en la imagen del año anterior. Desde mayo de este año el saldo o remanente del monte es de un 10% aproximadamente.
Ubicación del campo
El campo desmontado está ubicado en un lugar estratégico de El Impenetrable. El ícono señala la ubicación geográfica del predio donde se desmontó. Por el mismo motivo de que el formato JPG no permite trabajar con zoom adecuado, la ubicación no es absolutamente exacta pero es suficiente para reflejar que se desforestó en zona protegida.
El plan para favorecer a un fuerte grupo económico
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Denuncia administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público, y se notifique al gobernador del Chaco para que tome intervención y actúe conforme esta previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
Grupo de empresas de la familia Andreoli
El mega-desmonte se produjo en el Establecimiento “Las Rejas”, propiedad de la familia Andreoli y asociados, que es un grupo potente y vigoroso que arrasa montes con mucho éxito a partir de relaciones trabadas con funcionarios públicos del área del Ministerio de la Producción. La figura insignia es Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado -en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE). Fue noticia por los manejos en materia de exportación.
Entre las empresas controladas figuran Andreoli Agro S.A., con base conocida en Ruta Nacional N° 16, Km 19, Resistencia-Chaco y Aromito S.A, con domicilio contractual en 9 de Julio N° 27 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Se suman las empresas Pampa Agrícola S.A, Foagro SA, Cuenca Del Salado S.A, Campos Oeste S.A, Las Lechuzas S.A, Malkarre S.A, Mario Andreoli SA; todas estas empresas declaran como único domicilio fiscal Suipacha 1380, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se agrega otra empresa, Cereales Don Luis S.A, con domicilio en Avenida Coronel Díaz 2142, Piso 23 de CABA.
Los asociados son Mario Andreoli, Florinda Andreoli, Silvana Elizabeth Andreoli, Nidia Anita Fiereder, Albina Zita Andreoli y Guillermo Abel Salaberry, que son socios cruzados en las distintas empresas mencionadas.
Todas las empresas, de una u otra manera, según sus contratos societarios se dedican a las actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado menor y mayor, explotación comercial, fruticultura, avicultura y tambo, hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportación. Actuan como acopiadora de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura. Compran, venden, importan, exportan e intervienen en, consignaciones, intermediaciones, distribuciones, representaciones, comisiones, mandatos y comercializaciones en todas sus formas de productos relacionados con la actividad agricologanadera. Arriendan campos o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y aves.
Otorgan préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, otorga fianzas y avales a terceros, y realizar operaciones financieras en general vinculadas con la actividad agrícologanadera. Se excluye expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público.
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Fecha de Publicación: 29/07/2017
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco
Dimos a conocer a la opinión pública, a través de los medios masivos de comunicación, que el 14 de julio pasado se ejecutaba un gran desmonte en zona prohibida, según el Mapa de Zonificación del OTBN. La deforestación, a tala raza, se realizó en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown. El campo está ubicado sobre la Picada 82 y la ruta Juana Azurduy, tres kilómetros antes del empalme entre ambos caminos. Es un punto estratégico en esta región. El lote tiene una superficie de 4800 hectáreas, aproximadamente.
En la primera nota señalamos que se habían topado 2.600 hectáreas, a pesar de que el predio está ubicado en zona protegida (Zona Amarilla), en la que no se puede desmontar. La investigación que realizó el Centro Mandela en terreno se inició el sábado 17 de junio de este año.
Un testimonio desolador
La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas. Luego de que el Centro Mandela terminara su investigación en terreno, el desmonte continuó. Pese a la difusión que tuve el documento por los medios de comunicación, guardaron un estruendoso silencio el Subsecretario de Recursos Naturales y el Director de Bosques, que entre bambalinas y a hurtadillas venían barajando la habilitación de futuras chacras en Suelos Clase V, que no son aptos para la agricultura, para lo cual debían otorgar permisos de desmontes en zonas protegidas.
Según un testimonio que hemos recibido, los días 13 y 14 de julio continuaba el desmonte en el Establecimiento “Las Rejas”. Literalmente, las expresiones de nuestra fuente que es totalmente inobjetable, fue “dos días escuchando las cadenas de las topadoras en el campo de Las Rejas. No pude ir a ver. No tuve la fuerza para ir a ver. El ruido constante era impactante”.
Funcionarios y desmontadores al descubierto
El seguimiento de este desmonte, a través de imágenes satelitales secuenciadas, corrobora todo lo que se informó a la opinión pública, aunque el formato .JPG no permite trabajar con zoom adecuado. A través de las imágenes se comprobó que en la mitad sur del campo de “Las Rejas” se desmontaron 1151 hectáreas, y en la mitad norte se desforestaron -a tala raza- 1614 hectáreas.
Imágenes satelitales de los desmontes en el establecimiento “Las Rejas” corresponden al año 2016. En cuanto al estado de la cobertura boscosa, se mantuvo sin alteraciones hasta comienzos del año 2017. A febrero de 2017, la superficie boscosa disminuyó un 40% de su total reflejado en la imagen del año anterior. Desde mayo de este año el saldo o remanente del monte es de un 10% aproximadamente.
Ubicación del campo
El campo desmontado está ubicado en un lugar estratégico de El Impenetrable. El ícono señala la ubicación geográfica del predio donde se desmontó. Por el mismo motivo de que el formato JPG no permite trabajar con zoom adecuado, la ubicación no es absolutamente exacta pero es suficiente para reflejar que se desforestó en zona protegida.
El plan para favorecer a un fuerte grupo económico
Los propietarios del campo Las Rejas obtuvieron un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, que fue autorizado por disposición PF0513/2016, Permiso 0531004547 otorgado por la nefasta Dirección de Bosques. A pesar de que el predio está ubicado en zona amarilla, en la que no se debe desmontar, Bosques autorizó que se desmontaran 2905 hectáreas. La empresa que desmontó fue MT Agroservicios y el técnico responsable es el ingeniero agrónomo Diego Kalbermatter.
En este campo ya se viene trabajando en actividades agrícolas a pesar de que mayoritariamente presenta Suelos clases V y VI, muy volátiles y frágiles, en donde no se deben habilitar chacras. El desmonte reciente se produjo hace pocas semanas. Las imágenes ilustran el desastre ambiental que han efectuado.
Denuncia administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público, y se notifique al gobernador del Chaco para que tome intervención y actúe conforme esta previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
Grupo de empresas de la familia Andreoli
El mega-desmonte se produjo en el Establecimiento “Las Rejas”, propiedad de la familia Andreoli y asociados, que es un grupo potente y vigoroso que arrasa montes con mucho éxito a partir de relaciones trabadas con funcionarios públicos del área del Ministerio de la Producción. La figura insignia es Claudio Andreoli, un exitoso empresario agropecuario de Chivilcoy, que figura entre los primeros grandes exportadores de trigo y maíz, fuertemente cuestionado -en su momento- por acaparar permisos de exportación (ROE). Fue noticia por los manejos en materia de exportación.
Entre las empresas controladas figuran Andreoli Agro S.A., con base conocida en Ruta Nacional N° 16, Km 19, Resistencia-Chaco y Aromito S.A, con domicilio contractual en 9 de Julio N° 27 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Se suman las empresas Pampa Agrícola S.A, Foagro SA, Cuenca Del Salado S.A, Campos Oeste S.A, Las Lechuzas S.A, Malkarre S.A, Mario Andreoli SA; todas estas empresas declaran como único domicilio fiscal Suipacha 1380, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se agrega otra empresa, Cereales Don Luis S.A, con domicilio en Avenida Coronel Díaz 2142, Piso 23 de CABA.
Los asociados son Mario Andreoli, Florinda Andreoli, Silvana Elizabeth Andreoli, Nidia Anita Fiereder, Albina Zita Andreoli y Guillermo Abel Salaberry, que son socios cruzados en las distintas empresas mencionadas.
Todas las empresas, de una u otra manera, según sus contratos societarios se dedican a las actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado menor y mayor, explotación comercial, fruticultura, avicultura y tambo, hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportación. Actuan como acopiadora de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura. Compran, venden, importan, exportan e intervienen en, consignaciones, intermediaciones, distribuciones, representaciones, comisiones, mandatos y comercializaciones en todas sus formas de productos relacionados con la actividad agricologanadera. Arriendan campos o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y aves.
Otorgan préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, otorga fianzas y avales a terceros, y realizar operaciones financieras en general vinculadas con la actividad agrícologanadera. Se excluye expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público.
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