Frenaron desmonte ilegal en Pampa del Infierno e incautaron maquinaria

Fecha de Publicación: 24/03/2023
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Policía Rural secuestró tres tractores y se iniciaron actuaciones legales por infracción al Régimen Forestal.
Este martes, los agentes de las secciones rurales de Pampa del Infierno y Pampa Guanaco encabezaron un operativo para frenar un desmonte ilegal en la zona.  
Según informó la Policía, durante la mañana, escucharon la maquinaria pesada en un monte a 10 kilómetros del centro de la localidad de Pampa del Infierno y, siguiendo el sonido, dieron con tres tractores que desforestaban un terreno.
Frenaron las máquinas y buscaron al responsable de la actividad, quien no tenía permiso alguno para realizar es tipo de trabajo en la zona.  
Finalmente, los agentes secuestraron los tres tractores y notificaron al responsable por la causa de “Supuesta Infracción al régimen Forestal”.
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Denuncian deforestación y descontrol en área protegida

Fecha de Publicación: 17/03/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Aseguran que se talan árboles que tienen 60, 70, 80 años, de palo amarillo y palo blanco, y que son retirados en camiones, sin ningún control.
En las últimas horas, la comisión del Club Enduro Orán radicó una denuncia por deforestación en el circuito que utilizan para realizar competiciones y carreras, ubicado en calle Arenales al final. Preocupa la tala indiscriminada, ya que se trata de un área protegida.
Según consta en la denuncia, el pasado 27 de febrero, mientras realizaban recorridos por el predio, observaron que personas desconocidas ingresaron al lugar y talaron árboles de la especie palo amarillo, cedro, lapacho; iguales daños observaron en el camino principal.
La comisión señala que "estos hechos ocurren desde hace varios años; que los causantes ingresaron tras cortar parte del alambrado perimetral, daños que todavía no fueron reparados".
Alejandro Basualdo, guía turístico de la ciudad de Orán, en dialogo con medios locales comentó la preocupación que viven por estos casos de tala indiscriminada en una zona reservada a pocos minutos de la ciudad norteña. "Hace poco tiempo sufrimos incendios forestales, perdimos más de 50.000 hectáreas de bosque y miles de especies", remarca
Basualdo explica que hace unos días pudieron observar que el sector que se otorgó al circuito de Enduro Orán, una zona de reserva, uno de los mejores del norte, "que lamentablemente al no tener control por parte del Estado, de Recursos Naturales, los depredadores hacen desastre".
Denunció que se están talando árboles que tienen 60, 70, 80 años, palo amarillo, palo blanco. Las imágenes son terribles, incluso fueron sacados con camiones sin que nadie se percate. "Es muy grave. La Provincia debería hacer un control más exhaustivo".
La denuncia fue radicada en la Policía por parte de directivos del CEO, y notificaron sobre la situación a Recursos Naturales, áreas protegidas, para que estén al tanto de lo que pasa.
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Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Perdida de biodiversidad en los departamentos de Orán y San Martín

Fecha de Publicación: 23/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Más de cien mil hectáreas vegetales resultaron degradadas por el fuego. Otras quince mil fueron definitivamente transformadas por permisos de desmonte.
El año 2022 fue excepcional en cuanto a incendios forestales en la provincia de Salta. La superficie vegetal afectada por el fuego, principalmente durante los meses de agosto y diciembre, superó las cien mil hectáreas.
Este cálculo se desprende de informes que regularmente elabora el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y se denominan “Reporte técnico de ocurrencia”. El conteo de hectáreas quemadas arrojó un total estimado de 100.682, que se ubicaron principalmente en el departamento Orán. En escala descendente, le siguieron las jurisdicciones de General San Martín, Metán, Capital y Chicoana. Los reportes consultados corresponden a octubre y diciembre que arrojaron resultados definitivos de hectáreas quemadas a medida que los incendios eran clasificados por el SNMF como extinguidos.
Solo en Salta, la superficie calculada según datos del SNMF durante el segundo semestre del año pasado, no se aleja demasiado de las 95.000 hectáreas calculadas por Greenpeace. La ONG las reportó en un informe publicado recientemente en el que analizó el proceso de deforestación en el norte argentino en 2022.
Ese proceso de pérdida de masa vegetal, particularmente de bosques y su biodiversidad, es un fenómeno en desarrollo que –en la perspectiva de la ONG- tiene dos grandes motores. Por un lado, el avance de la frontera agropecuaria para “ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa”, cita Greenpeace; por otro, los incendios forestales.
En Salta durante 2022, mayoritariamente en los departamentos de Orán y San Martín, el fuego degradó más de cien mil hectáreas, el combo se completó con alrededor de 15.230 hectáreas que obtuvieron permiso de desmonte también durante el año pasado. Ambas cifras elevan el total anual de cobertura vegetal degradada o totalmente transformada, a casi 116.000 hectáreas. Para encontrar un momento con una deforestación similar, hay que regresar al período comprendido entre 2007 y 2011.
El informe de Greenpeace para el norte argentino brindó algunas otras reflexiones puntuales. Primero, tras quince años de la implementación de la Ley de Bosques (26.331) sancionada a finales de 2007, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN). Detalló que esto tuvo un efecto sobre la cobertura vegetal y su biodiversidad, porque los OTBN prohibieron “los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales” al dividir la superficie en categorías (rojo, amarillo y verde). Sin embargo, en el caso de los ordenamientos de Salta y el Chaco, Greenpeace fue muy crítica: “fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”. Punto seguido, señaló que desde 2014 “se evidencia una disminución de la deforestación”, y agregó que “en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales”, un dato tangible en otra serie estadística.

Fuego y topadoras
En el informe de Greenpeace, el total calculado de hectáreas de bosques degradados producto del desmonte o el fuego, no discrimina según porcentaje de bosque nativo, arbustal, pastizal u otras coberturas vegetales. En cambio, ese dato sí aparece en la serie histórica disponible para consulta en datos abiertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
La información estadística abarca los años que van de 1995 hasta 2021 y para el caso puntual de la provincia de Salta arroja algunas conclusiones. Los años en que se perdió mayor cantidad de especies arbóreas nativas por efecto de los incendios forestales van de 1996 a 2010. Es un período que se superpone a los años en que se registraron mayor cantidad de permisos de desmonte en Salta (2007 a 2011). Desmontes e incendios comparten Orán y General San Martín, dos jurisdicciones del norte salteño que registraron una notoria extensión de la frontera agrícola en esos años, y que en 2022 padecieron los incendios más feroces.
“En forma preliminar, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas”, mencionó Greenpeace al final del informe. En el proceso, solamente Salta supera el 50 por ciento. “Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales, y los responsables rara vez son obligados a reforestar”, advirtió. Agregó también que “en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”. Para la ONG, la actual emergencia climática como de biodiversidad advierten que es gigantesca la presión antrópica del modelo socioeconómico sobre el entorno natural. Y en este caso, la provincia de Salta ocupó el primer puesto en el norte argentino. “Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, concluyó el informe.
Los incendios forestales en Salta durante el año pasado afectaron seriamente el área de la Biósfera de Yungas, también sus zonas de amortiguación. De hecho, a través de los reportes de  incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se pudo establecer que los incendios que comenzaron después del feriado de octubre de 2022 y que se ubicaron al oeste de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, implicaron la pérdida de 27.981 hectáreas dentro del área de reserva de Biósfera de Yungas. Cuando comenzaron los incendios en agosto de 2022, en la zona de Colonia Santa Rosa, las llamas consumieron 30.047 hectáreas, siempre dentro de la misma zona de reserva declarada por la UNESCO en 2002. Entre El Oculto e Isla de Cañas, por la ruta provincial 18, los incendios forestales degradaron 2375 hectáreas más de bosque nativo. En esa región se encuentran los ayllus de la Comunidad Kolla Tinkunaku, cuyos miembros de organizaron para combatir las llamas.
Fuera del área de Reserva de Biósfera siempre destacó un incendio que nunca fue reportado por las autoridades provinciales. Las consultas realizadas en aquel momento arrojaron que la ausencia de datos sobre esa masa ígnea en Ballivián se debió a que ese municipio del departamento San Martín no cuenta con un cuartel de bomberos. El área boscosa afectada por las llamas se extiende al norte del cruce de las rutas nacionales 50 y 34. Los incendios forestales fueron detectados por los satélites y del análisis de los reporte del SNMF se desprende que allí se quemaron -al menos-  25.285 hectáreas de bosques nativos.
El informe final de 2022 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recién estará disponible en mayo próximo. Seguramente arrojará más precisiones sobre la verdadera dimensión de la pérdida de bosque nativo en los incendios forestales en Salta en 2022.
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Continúa el conflicto por el desmonte en Córdoba

Fecha de Publicación: 20/02/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos junto a distintas organizaciones advierten que están destrozando el poco monte nativo que queda en esa provincia y que, además, el mismo está bajo alto cuidado de conservación porque queda menos del 3% de capital natural.
En la provincia de Córdoba, las topadoras están trabajando desde el 1° de agosto del año pasado en la construcción de ensanchamiento y mejoramiento del camino de Achiras Arriba, que llega hasta el departamento de San Javier. Pobladores, organizaciones sociales y políticas del lugar denuncian que están “destrozando el poco monte que queda; además, usurpan partes de terrenos y que destruyen alambrados de los vecinos”.
La fiscalía de Villa Dolores llamó a declarar este martes -en calidad de testigos- a distintos representantes sociales, políticos quienes denunciaron que la obra de Vialidad Provincial no cumple con los parámetros legales ni la debida aprobación ambiental.
Cuando empezó el conflicto también denunciaron hechos de violencia, personas que intentaron salvar algunos árboles molles fueron brutalmente golpeadas. Los agresores se movían en camionetas 4×4 blancas; todo quedó filmado y este diario tuvo acceso a los videos. Quienes denuncian aseguran que la respuesta que recibieron de Vialidad Provincial “es incompleta y sin el plano de la obra que correspond».

Reclamo de vecinos
“La obra continúa, ahora rellenaron con tierra, dejaron todo sin desagües”, se quejó Rosa, una vecina del lugar que mantuvo un diálogo con Tiempo. Siguió relatando que cuando llueve “no se puede pasar en auto ni caminando, es un sendero en el que debajo hay piedras”.
“Por todo esto tuvimos que acudir a la Municipalidad, le pedimos que enmiende el desastre que hicieron, pareciera hecho apropósito para que los mismos vecinos sean quienes pidan más asfalto”, sostuvo la mujer. La obra vial de ensanchamiento “va destruyendo el poco monte nativo que nos queda”.
“Esto nos perjudica a todos, porque se producen cambios climáticos negativos, muchísimo calor, lluvias ácidas que producen enfermedades en el cuerpo humano, animal y vegetal”, explicó la vecina que también es consultora ambientalista. Terminó diciendo que la Policía Ambiental “es cómplice de la destrucción, arrancaron muchos árboles chañares que eran muy jóvenes y molles que son más viejitos, hay árboles que no se pueden dañar porque están bajo alto control de conservación para el ambiente sano”.

Nuevo Encuentro Córdoba
El concejal del partido político Nuevo Encuentro Marcelo Bassani , contó a este diario que “este martes me tocó declarar en la fiscalía de Villa Dolores, en calidad de testigo, porque presentamos una denuncia por el tema de la obra vial en camino de Rodeo de Piedra, en San Javier”.
“La fiscalía está a cargo de Gastón Vagnola, la causa es 231/22, la denuncia fue realizada en la comisaría de Villa de las Rosas por el tema del camino Rodeo de Piedra que baja hacia el lado de San Javier”, detalló Bassani. Continuó recordando que “me tomaron declaración sobre cómo habían sucedido los hechos el 2 de agosto del año pasado cuando empezó todo”.
“Hasta el día de hoy las máquinas siguen trabajando”, señaló el concejal. También detalló que la  obra tiene “un plazo de 180 días y ya llevan 150 días trabajando”.
“El camino en la actualidad está intransitable, lo que hicieron fue limpiar a los costados, ensancharon hasta donde pudieron y destrozaron árboles”, aseguró Bassani. Siguió  aseverando que el lugar se ha transformado “en un guadal gigante de casi 4 kilómetro de extensión, cuando llueve sobre los colchones de tierra dificultan la libre circulación de las y los ciudadanos”.

Organización Guardianes del Monte
“Fui citado por la fiscalía de Villa Dolores para declarar y hacer una ampliación testimonial por la denuncia que hicimos por el mal desempeño de funcionarios públicos, por el desmonte incomunicado a la sociedad”, contó Luis María Jiménez, antropólogo y miembro de la organización Guardianes del Monte. Siguió recordando que todo está “relacionados a la obra vías del camino existente entre los parajes Rodeo de Piedra y Achira Arriba”.
“En este sentido, el Foro Ambiental Traslasierra línea fundadora, a fines del año pasado hizo una denuncia penal por el derribo de árboles que rodeaban este camino donde está la obra vial”, recordó el guardián del monte. Según  Vialidad Provincial de Córdoba “no se produjo ningún daño y no se sacaron árboles”, agregó.
“Pero nosotros hicimos un relevamiento con una biólogo estableciendo las edades y encontramos que muchos de los árboles que fueron sacados son centenarios -que pasan los 100 años de antigüedad- y no se los puede sacar”, explicó el antropólogo. Continuó relatando que “nosotros cuestionamos técnicamente que las autoridades locales no supervisan como corresponde la obra que está realizando vialidad”.
“La obra excede los 20 metros estipulados del ancho del camino y arrasaron con todo”, señaló Jiménez. Los árboles que debían quedar al costado de las banquinas “no fueron respetados en ninguna parte del tramo que va desde Rodeo de Piedra hasta Los Molles”, agregó.
“Esta modalidad de trabajo se pudo comprobar, en muchos casos exceden el ancho declarado y es el motivo por el cual realizamos una denuncia penal en la que investiga la fiscalía de Villa Dolores”, subrayó el guardián del monte. Por eso este martes “nos citaron a declarar a todos los firmantes de la denuncia, para ampliar y sumar documentación”, agregó.
“Por todo esto, el Foro Ambiental Traslasierra viene trabajando hace muchos años para que se respete el poco bosque nativo que nos queda en esta provincia y que es menor al 3%”, enumeró Jiménez. El desarrollo de esta obra vial “parece quedar por sobre el derecho constitucional a un ambiente sano, es lo que defendemos y presentamos ante la justicia para que resuelva”, finalizó.     
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A.Del Valle: desmonte destruyó fajas ecológicas en un tramo del A° Alegre

Fecha de Publicación: 18/02/2023
Fuente: Portal Misiones
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología de la Provincia intervino ante un desmonte detectado en  un lote privado conocido como “el barrio de los europeos”, situado en el acceso a Picada Libertad, lindante con el arroyo Alegre, en Aristóbulo del Valle. La situación fue advertida en principio por vecinos que administran un predio agroecológico situado al otro lado del arroyo.
Los funcionarios de Ecología pudieron apreciar que el desmonte contrapone abiertamente los términos de la LEY XVI – Nº 53 de protección de recursos hídricos, ya que se destruyó por completo hasta los bosques protectores del arroyo, denominados “fajas ecológicas”.
El desmonte se perpetró semanas atrás y arrasó con especies nativas fundamentales para la protección de un cauce de agua de suma importancia para los municipios de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, ya que es justamente el arroyo Alegre el que abastace del recurso vital para su potabilización y posterior consumo de la ciudadanía.
En el lugar desmontado, se prevé la ampliación de un predio de viviendas y una suerte de granja. El responsable del emprendimiento es el arquitecto mendocino Carlos Romeo.
Las fajas ecológicas, son las franjas de bosques nativos que interconectan a los bosques protectores y permiten, en forma conjunta, la formación de un sistema de defensa ecológica básica. Según la ley, las fajas ecológicas deben tener un ancho mínimo según el tamaño del predio. En este caso, el desmonte fue total y llega hasta el borde del arroyo.
“Resulta indignante la impunidad absoluta con la que destruyeron el monte, en tiempos en que la sequía vuelve urgente la necesidad de preservar el monte nativo y cuidar al máximo los recursos hídricos” manifestó uno de los vecinos del lugar.
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La justicia salteña avaló talas de bosques inconsultas

Fecha de Publicación: 14/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Dos años después de las quejas de ambientalistas sobre la resolución 333/20 de la Secretaría de Ambiente, se declaró inconstitucional solo el último párrafo de un artículo de la normativa que permitía desmontes de hasta 300 hectáreas.
Tras entender que el fallo de la Corte de Justicia de Salta avala la falta de audiencias públicas en las modificaciones de los bosques nativos, organizaciones civiles interpondrán un recurso extraordinario federal para lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 25 de septiembre de 2020 la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió la resolución 333, que permitía, en su artículo primero, que aquellos desmontes de hasta 300 hectáreas sean autorizados sin someterse a audiencia pública. En el cuarto, en tanto, se establecía que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), presentado por “planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril “, o sea tala de árboles o cría de ganado bajo monte, era suficiente para aprobar una actividad sin necesidad de ir a audiencia pública.
Las quejas del sector ambientalista y las observaciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Nación, obligaron a la modificación de estos artículos de la normativa.
En este contexto, el 18 de octubre de 2020 el secretario de Ambiente, José Aldazábal, firmó la resolución 411 en la que se modificaron solamente estos dos artículos de los diez que componen la resolución 333.
El primero dejó en claro que todo plan de cambio de uso de suelo (o desmonte), debía ser sometido a audiencia pública sin importar la extensión. En el artículo 4º, en tanto, se dejaba a criterio de Ambiente determinar qué proyectos de tala de árboles o de cría de ganado bajo monte debían ir a audiencia pública, tomando al EIAS como documento suficiente para aprobar el proyecto.

El amparo
En diciembre de 2020 un grupo de vecinos y asociaciones ambientalistas, entre ellas, las fundaciones Cebil, Mundo Verde y Planeta Jeva, y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentaron una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, contra la resolución 333/20 y su modificación por la resolución 411/20.
“Más de dos años más tarde, el 2 de febrero del corriente año, la Corte de Justicia de Salta se pronunció”, indicaron en un comunicado las entidades civiles representadas en el amparo por la abogada María Fernanda Guillén.
Se señala que una de las interpretaciones que hicieron los integrantes de la Corte salteña es que desmonte es una cosa, y otra la tala de árboles y cría de ganado bajo monte (a lo cual se llama formalmente Manejo Sostenible de Bosques Nativos). Además los jueces y juezas de Corte decidieron analizar solamente los dos artículos modificados por la resolución 411, y no el resto de los incisos de la resolución 333.
Los jueces del máximo tribunal salteño hicieron lugar parcialmente a la demanda al declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 4º, en el cual se deja abierta la posibilidad que el EIAS sea suficiente para permitir los manejos de bosques. Argumentaron que lo establecido no hace “la salvedad del tipo de proyecto involucrado”, y no aclara que “en aquellos planes que puedan generar impactos ambientales significativos no puede prescindirse de la audiencia pública”.

Los procesos inconsultos serán la regla
Los y las ambientalistas advirtieron que la vigencia de estas normas vulnera los mandatos constitucionales y la legislación nacional y provincial ambiental, pues entendieron que con este aval la “regla general es la eliminación de las audiencias públicas y, por excepción, su realización cuando exista un impacto ambiental significativo”.
Con este criterio sostuvieron que se logrará solamente el “avance silencioso y sin control popular sobre los bosques nativos, cuando en materia ambiental rigen principios preventivos, precautorios y restrictivos cuya lógica rige lo contrario a lo establecido en la Resolución 333/20”.
Indicaron que en la práctica, desde el gobierno provincial se mantiene una “complacencia ilegal” a “emprendimientos ecocidas”, que se dieron a conocer en “San Martín, Orán, Anta, San Lorenzo (Los Maitines) y Vaqueros, entre otros municipios”.
Añadieron que existe un “proceder oscuro y secretista del gobierno en el ordenamiento territorial” de bosques nativos (OTBN), “que excluye a los grupos legitimados, organizaciones y personas que bregan por información que no les es proporcionada o les es proporcionada en forma sesgada y parcial”.
A su entender, las consecuencias a la vista son los bruscos cambios climáticos, incendios forestales y sequía en el territorio de Salta, que “posee el infortunado récord de ser la provincia que más ha destruido sus bosques nativos y recursos naturales”.
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Desmontes e incendios en el norte. La pérdida de bosques nativos superaría las 200.000 hectáreas en 2022

Fecha de Publicación: 13/02/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Así surge de un informe de seguimiento de Greenpeace Argentina y se acerca a los datos preliminares del Ministerio de Ambiente de la Nación; la extensión dañada equivale a 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires
Con los desmontes y los incendios que el año pasado arrasaron bosques nativos protegidos en el norte, el país habría perdido más de 200.000 hectáreas de esos ecosistemas de alto valor en biodiversidad y equilibro ambiental, de acuerdo con un informe de Greenpeace Argentina.
Eso equivale a una superficie 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, según advierten desde la ONG, y sucede a 15 años de la sanción de la ley que garantiza su conservación y limita su uso.
Mientras que los incendios avanzaron sobre unas 120.000 hectáreas en Salta y Jujuy, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), los desmontes para el corrimiento de la frontera agropecuaria lo hicieron sobre 112.545 hectáreas en zonas protegidas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, que concentran la mayor parte (75%) de la deforestación en el territorio nacional.
“Si sumáramos el área afectada por incendios, preliminarmente se podría estimar que la pérdida de bosques por desmontes e incendios en el norte del país en 2022 superará las 200.000 hectáreas. Esto, si finalmente el dato oficial de los incendios se termina de confirmar con un ajuste de cuánto corresponde a bosques, pastizales y humedales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Coincidencias
Para el informe de este año, la organización recurrió a los datos del SNMF, a ajustar de acuerdo con la posibilidad o no de recuperación, pero que ya indican que gran parte de la zona incendiada es casi todo bosque ­–95.000 hectáreas en Salta y 25.000 en Jujuy en la selva de yungas–. Esto lo combinó con el análisis anual de los datos de desmonte generados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, con imágenes satelitales mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Aun cuando la estimación de Greenpeace Argentina de 112.545 hectáreas perdidas es un 6,5% mayor que el valor preliminar para 2022 de 105.616 hectáreas que está analizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la cartera a cargo de Juan Cabandié indicaron: “Los valores de superficie de pérdida de bosque nativo en las provincias incluidas en el análisis [de Greenpeace Argentina] son similares a las obtenidas por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) que gestiona este ministerio”.
A la vez, agregaron: “Coincidimos en la necesidad de incrementar las sanciones en los incumplimientos de la Ley N°26.331 [de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos] y en que la incorporación del delito penal por deforestación sería un avance en este sentido”.
La norma, de 2007, delega en las provincias la clasificación de sus bosques nativos, de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental y en tres categorías (roja, amarilla y verde) si se puede o no desmontar o modificar de alguna manera y, si es así, si se debe recuperar. Este ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) tienen que actualizarlo cada cinco años. De acuerdo con ese OTBN, en la mayoría de las zonas forestales (80%) de todo el país está prohibido el desmonte (categoría roja y amarilla).

Concentrados
El 75% de los desmontes para ampliar la frontera agropecuaria se concentra en las cuatro provincias del norte bajo monitoreo. “Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios”, precisa Greenpeace Argentina.
En los últimos 30 años, el seguimiento indica que se perdieron 8.000.000 de hectáreas de bosques. “La Argentina se encuentra en emergencia forestal”, ya había alertado Giardini en diálogo con LA NACIÓN hace cuatro años.
En el nuevo informe, que está disponible acá, los mapas, acompañados de fotografías, ubican la pérdida acumulada el año pasado: fueron 38.492 hectáreas en Santiago del Estero, 36.159 en Chaco, 22.664 en Formosa y 15.230 en Salta. En tanto, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fueron, respectivamente: 33.427, 32.442, 24.204 y 15.543. “Los datos finales de la superficie de pérdida de bosque nativo en 2022 -aclararon desde la cartera ambiental- surgirán del monitoreo anual que realiza la Dirección Nacional de Bosques, cuya metodología se aplica desde 1998 y permite la comparación entre años, que se encuentra en desarrollo”.
Los datos oficiales para el monitoreo de la pérdida de bosque nativo, según se explicó, surgen del SAT a través del procesamiento automatizado de imágenes satelitales cada 15 días que se obtienen de las misiones Sentinel y el Landsat 8. Las alertas generadas se validan y cruzan con los registros de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que se define por ley y registros nacionales.
“Se generan reportes que son enviados a cada provincia con las alertas y el requerimiento de información sobre la legalidad de cada evento de deforestación (si estaba autorizado o no, instrumento que autoriza el desmonte, número de expediente y medidas a tomar en caso de los eventos ilegales, entre otros datos)”, se detalló sobre cómo se controla la implementación de la norma que protege un ecosistema de alto valor para el país.

En riesgo
“En nuestros bosques nativos, hay varias especies en peligro en extinción y el equilibrio ambiental tiene que ver con el equilibrio de las especies. Cuando se pierde una, aparecen desequilibrios en el ecosistema y el bosque, como tal, es frágil. Hay alimentos, madera, medicinas que provienen de ahí y lo estamos destruyendo”, dijo Giardini, que recorrió las áreas deforestadas.
Recordó, a la vez, que la destrucción de los bosques contribuye con la crisis climática. “La Argentina está entre los países con niveles más altos de deforestación”, indicó. Además, estos ecosistemas funcionan como “esponjas naturales”, lo que ayuda a la regulación hídrica con la protección del suelo. Citó un estudio del INTA que demostró que una hectárea de bosque chaqueño absorbe 10 veces más lluvia que una hectárea con soja.
¿Se puede recuperar un área de bosque deforestada? Sí, de acuerdo con Giardini. Si no se interviene en el corto plazo, según continuó, el suelo sin nutrientes y expuesto a la erosión por el sol o la lluvia (hídrica) o la salinización, ya es difícil de recuperar.
“El bosque es más que árboles –insistió en diálogo con LA NACIÓN–. Es una conjunción también de plantas y arbustos en convivencia de una enorme variedad de especies animales. Su destrucción puede subir 2°C la temperatura local, más allá de la crisis climática global.”

Cuánto dinero se asigna a proteger los bosques
$6237 millones fue la asignación presupuestaria en 2022 a la Ley N°26.331. En 2019, había sido de $596 millones
$6944 millones en concepto de fondos y bienes es lo que la Nación le transfirió a las provincias este año. En 2019, había sido $264 millones
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Argentina impulsa la trazabilidad de la soja para garantizar deforestación cero

Fecha de Publicación: 08/02/2023
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Con mercados de exportación cada vez más exigentes como la Unión Europea y una presión social muy atenta a los criterios de sustentabilidad en la producción de alimentos, productores y comercializadores de soja de Argentina intentan avanzar hacia sistemas de trazabilidad del cultivo para garantizar que la producción provenga exclusivamente de campos libres de deforestación.
La soja es una de las mayores fuentes de proteína del sistema alimentario mundial, y tanto sus granos como sus subproductos se destinan mayoritariamente a la alimentación de animales. En Argentina es un cultivo clave y un enorme generador de divisas, ya que el país es el tercer mayor productor del mundo detrás de Estados Unidos y Brasil.
La historia de su cultivo data de principios del siglo XX, aunque su expansión ocurrió durante las últimas décadas. Mientras que en la campaña 1971/1972 se sembraron unas 80 000 hectáreas, ese número trepó a 2 millones diez años después (1981/1982), para alcanzar los 16 millones de hectáreas en 2007/2008 con precios record.
Esa expansión vino acompañada de un proceso intenso de cambio de uso del suelo que incluyó pérdida de bosques, especialmente en el bioma del Chaco argentino. Este ecosistema, el segundo más amplio de Sudamérica después del Amazonas, es uno de los 24 grandes “frentes de deforestación” a nivel global, de acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Según Greenpeace, el norte de Argentina perdió 110 000 de hectáreas de bosques en 2021. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la mitad de la deforestación en el país es ilegal: o se hace en zonas prohibidas o con “permisos flojos”.
En ese marco, avanzar con esquemas de trazabilidad que garanticen soja con deforestación cero, puede ser clave, sostiene: “El 10 % de la soja argentina viene del norte y allí hay que ver si su origen es ilegal o no. Es difícil de trazar, porque es una cadena larga y compleja y luego los puertos exportadores acumulan soja de diferentes procedencias”.

Mercados más exigentes
Sudamérica en general, y Argentina en particular, tendrán que avanzar con esquemas de trazabilidad para responder a las nuevas exigencias de Europa, uno de sus mercados de exportación. En diciembre, los legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre una normativa que intentará garantizar que todos los productos vendidos a su territorio no provengan de tierras deforestadas.
“Europa está avanzando rápido con restricciones de importaciones de productos que son hoy los grandes drivers de deforestación global: soja, carne, cacao y otros” dijo Giardini. “Si los países sudamericanos quieren mantener su modelo agroexportador, la deforestación es el principal tema a resolver en el corto plazo”, agregó.
Gustavo Idigoras es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (Ciara) y realiza el mismo diagnóstico: “Los mercados nos daban una oportunidad de desarrollar estos programas de trazabilidad como nicho de mercado, pero ya se está transformando en una condición de producción y de acceso a esos mercados y ese es un cambio trascendental”.
“Hasta ahora podíamos decidir si hacer algo o no, pero eso ya no va a existir. Si arranca Europa, siguen Estados Unidos y el Reino Unido, y atrás vienen China, India y casi todos los compradores”, agrega.
Ya existen en Argentina varias iniciativas para garantizar la trazabilidad del cultivo, tanto por parte de algunas empresas a nivel individual como otras con mirada más sectorial.
Un ejemplo a pequeña escala es el convenio entre Ucrop.it, una start-up con sede en Buenos Aires que hace seguimientos de cultivo mediante una aplicación, y la comercializadora de materias primas Viterra Argentina, que ofrece a los productores mejores precios si transparentan los datos de su producción desde la siembra hasta la cosecha en dicha aplicación.
Por otra parte, la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC), comercializadora y procesadora de soja, se comprometió a aumentar su porcentaje de producción de soja sostenible en Argentina.
En colaboración con productores locales, ha trabajado para mejorar la documentación para la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Para la temporada 2020-21, pudo certificar que 77 % de la soja procesada en el complejo General Lagos de Rosario -una de las mayores instalaciones de procesamiento de soja del mundo- era «sostenible», lo que definieron como soja producida en tierras que no han sido desmontadas al menos desde 2008.
A mayor escala, existen diferentes iniciativas de agricultura sustentable para el Gran Chaco financiadas por la Land Innovation Foundation (LIF), un fondo creado por la empresa global Cargill para buscar soluciones a la deforestación y medios de vida sostenibles.
“Nuestro objetivo es promover y apoyar soluciones innovadoras para lograr una cadena de abastecimiento de soja que sea libre de deforestación y carbono neutral”, dijo Carlos Quintela, el director de ese fondo. Cargill se ha enfrentado a reiteradas acusaciones de impulsar la deforestación y los incendios forestales, incluso en la región del Gran Chaco, como destacó un informe de 2018.
Uno de esos proyectos es desarrollado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea) y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) y busca avanzar hacia modelos agrícolas sustentables en todas sus dimensiones: la ambiental, la económica y la social.
El proyecto trabaja en estrecha colaboración con 100 pequeños y medianos agricultores que trabajan en 250 000 hectáreas en el Chaco, supervisando y promoviendo prácticas de intensificación sostenible que impulsen la producción en sus tierras actuales, así como la restauración de los suelos degradados.
Según explicó Federico Fritz, experto en desarrollo sustentable de CREA, esperan tener para 2024 una evaluación que les permita identificar los puntos más críticos en la producción de soja sustentable
Otro proyecto es el que lleva adelante ProYungas junto a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) en tres sitios pilotos en el Gran Chaco, que comenzó en mayo de este año y se extenderá durante 36 meses.
Entre sus objetivos están fortalecer la sinergia con las organizaciones territoriales y pasar a un desarrollo agrícola a escala del paisaje que integre los conceptos de producción y conservación.
“Buscamos una gestión del territorio pensado a la escala de paisaje, con un trabajo de medición de la huella de carbono de toda la cadena de la soja”, apuntó Sebastián Malizia, de ProYungas.

Nueva plataforma de monitoreo
El LIF también financia un ambicioso proyecto gestionado por la Ciara llamado VISEC, una plataforma de monitoreo unificado de la cadena de suministro de soja en Argentina que combina sistemas público y privado y busca poder trazar ese cultivo en áreas prioritarias de conservación en el Gran Chaco y, en última instancia, frenar la deforestación.
Lanzado en mayo de 2022, el sistema VISEC pretende reunir en una plataforma unificada los datos de seguimiento y verificación de toda la soja comercializada en Argentina, abarcando diversos parámetros y requisitos de sostenibilidad ambiental y social.
La iniciativa requerirá la participación y las contribuciones de toda la cadena de suministro, desde agricultores y comerciantes hasta las comunidades vecinas, con el objetivo de crear una base de datos transparente y de acceso público.
Para Idigoras, este programa es superador ya que va más allá de las iniciativas individuales de algunas empresas, para avanzar en un sello de deforestación cero para toda la cadena de la soja argentina.
“Ya llevamos tres años de trabajo en esta plataforma, hablamos con las entidades que representan a los 80 000 productores de soja argentina, corredores, acopiadores y cooperativas. Estamos convencidos que esto tiene que ser una acción colectiva consensuada”, dijo.
El desafío está en la implementación del sistema para cumplir lo que piden los mercados y dar “garantía real y efectiva” de trazabilidad y transparencia, sostiene Idigoras, quien apunta a lograr que todas las exportaciones de aceite, harina y porotos de soja sean 100 % libre de deforestación.
“El nivel de soja proveniente de deforestación ilegal es menor al 5% de la producción anual [en Argentina], bajo en relación a otros países. Queremos llegar al cero, por eso vamos a trabajar”, concluyó.
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Según Greenpeace, en 2022 se desmontaron más de 36 mil hectáreas en el Chaco

Fecha de Publicación: 06/02/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Así lo revela el informe anual de la organización, donde se indica la "ilegalidad" de los desmontes ya que "se encuentran suspendidos por la justicia chaqueña desde 2020".  
El informe anual 2022 que elabora Greenpeace Argentina sobre deforestación en el norte del país indica que en esta región el desmonte alcanzó a 112.545 hectáreas, de las cuales 38.492 pertenecen a Santiago del Estero; 36.159 hectáreas al Chaco; 22.664 hectáreas a Formosa y 15.230 hectáreas a Salta.
El documento apunta a la "ilegalidad de las 36.159 hectáreas deforestadas durante 2022 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos".
En ese sentido, la organización considera "muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 cuando, también ilegalmente, en la provincia de Chaco se perdieron 24.427 hectáreas de bosques nativos".
Además, califica como "grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido".
"Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos", destaca Greenpeace en su informe anual.
Para la organización ambientalista "Argentina se encuentra en emergencia forestal", ya que "según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2021 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa".
Indica así que "aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa". Sobre todo –marca- en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Más de 200 mil hectáreas en el Norte
En cuanto a los incendios forestales y rurales ocurridos durante 2022, los informes oficiales que recoge Greenpeace en su reporte destacan a Salta con cerca de 95.000 hectáreas y Jujuy con aproximadamente 25.000 hectáreas quemadas.
Así, en forma preliminar, indica que "la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas".
"Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios", advierte el informe.
En esa línea, agrega: "Estamos ante una emergencia climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades".
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama que, en forma urgente, se prohíban y penalicen tanto los desmontes como los incendios forestales.
 
Las principales causas de la pérdida de bosques
Según Greenpeace Argentina, las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
"Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática", agrega el informe.
Recuerda, además, que "la sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas".
"Tras quince años de implementación de la normativa, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales (Categorías I, Rojo y II, Amarillo)", resalta.
"Sin embargo –continúa-, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas clasificadas en la Categoría III, Verde, donde se permite solicitar permisos de desmonte".

Modificaciones
Por otra parte, Greenpeace sostiene que "algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte".
"Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, que según la reglamentación de la norma debe hacerse cada 5 años de manera participativa", acota el reporte.
En tanto, la organización alerta: "Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales".
Por último, se aclara que el presente informe "revela la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2022 en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta". "Es importante aclarar que no se incorporaron al relevamiento satelital las superficies de bosques nativos que fueron afectadas por incendios", concluye.

La afectación por incendios forestales
Según se desprende de los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.
Cabe aclarar que se considera incendio forestal al "fuego que se propaga libremente con efecto no deseado para la vegetación y sin estar sujeto a control humano. Cuando afecta zonas no boscosas ni aptas para la forestación, se incluye el término incendio rural, (…) afectando vegetación del tipo matorrales, arbustales y/o pastizales". Mientras que los incendios de interfase "se desarrollan en áreas contiguas urbanas-rurales o donde se entremezcla la vegetación con estructuras edilicias tales como viviendas, establecimientos agrícolas, etc".
En cuanto a las causas, se estima que "el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación".
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Desmontes en Salta | Comunidad Wichí de Misión Chaqueña sostiene el acampe en defensa de su territorio

Fecha de Publicación: 26/01/2023
Fuente: Salta a Diario
Provincia/Región: Salta


Más de 60 familias de la Comunidad Wichí de Misión Chaqueña se congregaron en la zona denominada «La Picada» en la vera de la Ruta Nº 53 para evitar el avance de los desmontes y verse perjudicadas por ellos.
Desde el 2 de diciembre de 2022, la comunidad está acampando para evitar el desmonte entre Misión Chaqueña y Carboncito, de Embarcación, en el norte de la provincia. Este territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2018 y es utilizado como medio de subsistencia para las comunidades.
Según informó Radio Nacional, los manifestantes denunciaron que un terrateniente habría adquirido parte del territorio a fines de noviembre de 2022, sin embargo, los miembros de AFIP averiguaron que no habría nada registrado hasta el momento.
La comunidad Wichí considera que estas tierras les pertenecen desde sus ancestros y no van a permitir que les despojen de ellas.
Lucy Gutiérrez, integrante de la Comunidad Misión Chaqueña, declaró: «Nos quieren dejar sin nuestro supermercado, es un genocidio y un terricidio ambiental, por lo que no vamos a permitir que avancen».
Por su parte, el referente Balducho Villafuerte afirmó «Creemos nosotros que, por la historia, tenemos todo el derecho de que estas tierras sean consideradas nuestras. Nosotros somos una población que crece y será para las generaciones venideras esto, y si no luchamos ellos no van a tener a donde vivir”.
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La agroindustria argentina, frente al desafío de la ley de deforestación en Europa

Fecha de Publicación: 24/01/2023
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Los productos que quieran ingresar en Europa deberán demostrar que no provienen de campos deforestados. La normativa alcanza a producciones como soja, café, caucho y aceite de palma, entre otras
En 2023, la agroindustria argentina enfrentará un nuevo escenario a la hora de comercializar su producción. En diciembre, en Europa se aprobó una ley que prohibirá las importaciones de productos que provengan de deforestación. Este escenario plantea un desafío al complejo agroexportador argentino, responsable de generar el grueso de las divisas que ingresan a la economía.
En el bloque Mercosur empezaron a tomar nota de esta situación y de acuerdo a analistas de comercio internacional, una de las líneas de trabajo en Brasil será apuntar a la sustentabilidad en los procesos productivos, para acoplarse a esta nueva normativa.
La Fundación Vida Silvestre estudió este escenario y el impacto que tendrá en esta cadena de valor. “La nueva regulación significaría un desafío para el sector agroexportador argentino y la necesidad de redefinir sus modos de producción, para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones”, señalaron desde la entidad.
El informe de la fundación hizo zoom en dos producciones: soja y carne. En este punto, consideraron que un sistema de trazabilidad eficiente permitirá combinar información sobre el tipo de producción, el ecosistema donde se desarrolla y los impactos generados.
Con esta información, los cada vez más exigentes consumidores globales podrán rastrear el camino recorrido por un producto comercial desde su origen hasta su destino final e identificar los impactos sociales y ambientales de toda la cadena de suministros.
“Las nuevas tendencias sobre el consumo responsable y las exigencias tanto de los consumidores como de ciertos mercados empujan a los productores, las empresas y marcas globales a incluir nuevos lineamientos en materia de sustentabilidad”; señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Según la Unión Europea, la normativa garantizará que los bienes que ingresen a ese bloque regional no contribuyan a la deforestación. Aquellas empresas que mantengan negocios en el Viejo Continente, tendrán que realizar realizar controles estrictos si comercializan productos como aceite de palma, ganado vacuno, soja, café, cacao, madera y caucho.
Los operadores y comerciantes deberán demostrar que los productos están libres de deforestación, esto es producidos en tierras que no fueron deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
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Desmonte y falta de agua en comunidades indígenas de Salta

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Salta


La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.
Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, se ordenaron medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena. Sin embargo, los pueblos originarios piden políticas públicas para que se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria.
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Los desafíos ambientales de Argentina en 2023: frenar la deforestación y poner en marcha la lucha contra el cambio climático durante un año electoral

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


En 2023 Argentina vivirá las diferentes etapas de unos comicios donde se elegirán presidente de la Nación, gobernadores de varias provincias, intendentes [alcaldes] de miles de municipios y se renovará parcialmente el Congreso. Entre agosto y noviembre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, primera vuelta y, de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta, para decidir quién ocupará la Casa Rosada.
Este dato pone en contexto todo lo que puede suceder —o no suceder— en torno a los asuntos socioambientales del año que comienza. Las campañas electorales son particularmente largas en Argentina y tienden a concentrar todo el interés y los esfuerzos de la clase política, eclipsando cualquier otra iniciativa a largo y mediano plazo.
De esa manera, temas que deberían considerarse prioritarios corren riesgo de quedar aparcados al borde del camino. En esa lista se encuentran la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático presentado por Argentina en la COP27 de Egipto; la aprobación y ejecución de leyes que detengan el imparable deterioro de humedales y bosques, la creación de criterios para efectuar estudios de impacto ambiental de participación ciudadana en la ejecución de proyectos industriales; y la decisión sobre el manejo que tendrá la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria vital por la que circulan los principales productos de exportación del país.
Estas elecciones, además, llegan envueltas en un clima político y una situación económico-financiera complicada. Por un lado, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del oficialismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y anunció su renuncia a presentarse como candidata en las listas de su partido, lo cual altera aún más las discusiones internas, tanto en su sector político como en la principal oposición.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares obliga a recortes y ajustes presupuestarios que pueden aumentar unos índices de pobreza y marginalidad que ya afectan al 40 % de la población del país.
Este es el contexto que enmarca a algunos de los desafíos ambientales que tendrá Argentina en 2023 y que aquí presentamos.

1. Adaptarse y mitigar para sobrevivir
Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir de manera notoria en Argentina. Tres años de sequía, bajantes pronunciadas de los ríos, olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en el norte del país, tormentas de tierra de tonos apocalípticos, continuos incendios forestales e inundaciones periódicas componen un panorama que impulsa a tomar decisiones inmediatas.
“Hemos cuantificado lo que nos costaría ahora mismo alcanzar todos los objetivos expuestos en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que presentamos en la COP27. Serían 185 000 millones de dólares”, dice Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno nacional. En su conversación con Mongabay Latam también indica que “la inacción tendría un costo adicional. Viendo la virulencia de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, todo lo que no se invierta ahora se irá agravando y la cifra se irá encareciendo”.
El Plan es, sin duda, ambicioso y contempla más de 250 medidas. Entre las seis líneas estratégicas de trabajo que componen su núcleo central se incluyen la conservación de la biodiversidad; la gestión alimentaria, de los bosques, los residuos y las infraestructuras urbanas; y las transiciones en materia energética, productiva y de movilidad. A su vez, estas estrategias se complementan con enfoques que atraviesan temas de género, diversidad, salud, empleo y líneas instrumentales referidas a la financiación, investigación y desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones.
Si bien no se establecen resultados parciales que permitan conocer los avances en cada etapa del proceso, sus metas finales son cumplir con los compromisos adquiridos por el país: reducir a 349 Mt de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Cómo llegar a esos puntos y qué avances podrán apreciarse a finales de 2023 son los grandes interrogantes.
“Argentina tiene una enorme biocapacidad”, afirma Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien puntualiza: “Podemos colaborar con la transición energética global aportando gas natural (y planificando el cierre de su utilización en 2050); alimentar a una población creciente con modelos de producción agrícola y ganadera libre de deforestación; modificar la matriz energética del país hacia las energías renovables. Incluso, regenerar los suelos y la capacidad productiva de bosques, pastizales, humedales y de nuestro mar para aumentar nuestra resiliencia. Lo que debemos hacer es pasar de una vez por todas de los compromisos a la acción”.
Por supuesto, el Plan no está exento de críticas. “En un contexto global que requiere una transición en dirección contraria a los combustibles fósiles, resulta complejo entender cómo insertar la expansión de la frontera hidrocarburífera [que plantea el gobierno] en la transformación integral del sector energético”, señala Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde su posición, la secretaria Nicolini explica los motivos: “Soy la primera que firmaría producir energía solo con renovables, pero no podemos abrir 30 o 40 parques eólicos o importar miles de placas solares de la noche a la mañana. La transición energética necesita financiarse y el gas es un combustible fósil que a largo plazo no soluciona el problema pero, debido al papel que está teniendo en el mundo a corto y mediano plazo, es una herramienta funcional a esa transición”.
La funcionaria del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va más lejos: “Hoy Argentina importa gas y el que tenemos en el yacimiento de Vaca Muerta nos permitirá dejar de comprar y tener un saldo exportable. Queremos usar esos dólares para financiar las renovables y desarrollar el hidrógeno verde”.
La realidad indica que Argentina ha hecho muy poco para implementar planes de mitigación desde la firma del Acuerdo de París hasta la fecha. La matriz energética sigue dependiendo en más de un 80 % de los combustibles fósiles y el uso de la energía mantiene altos niveles de ineficiencia. Las dificultades políticas en un año electoral solo suman un obstáculo más.
“2023 tendría que ser el año en el que el sector político tome el cambio climático y la conservación de la biodiversidad como banderas centrales para atraer a los votantes que estén realmente preocupados y comprometidos con la naturaleza”, comenta Jaramillo, mientras que Nicolini aspira a activar todas las líneas estratégicas del Plan: “Me gustaría conseguir unos porcentajes de generación eléctrica a través de energías renovables cada vez más altos y reducir la emisión de GEI por causa de la deforestación, que es uno de los principales déficits que tenemos. Y que en diciembre [de 2023] podamos ver claramente que una política climática robusta tiene un impacto ambiental, económico, social y en términos de empleo. Sería la manera de comprobar que el desarrollo de un país es completamente compatible con la sostenibilidad”.

2. Aprobar varias leyes que son imprescindibles
El 2022 fue el décimo año que transcurrió sin que se llegara a sancionar la Ley de Humedales, tal vez la más emblemática de las normas ambientales que una y otra vez ve frustrada su sanción en el Congreso. En este caso, y luego de muchas discusiones y postergaciones, dos proyectos fueron aprobados por las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de estudiar el tema, pero las divergencias entre oficialismo y oposición impidieron que fueran tratados en el recinto y todo quedó postergado para el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1 de marzo. Las perspectivas, en todo caso, no resultan halagüeñas.
“Lo ideal hubiera sido tener la aprobación en Diputados y que en 2023 la discusión ya estuviera en el Senado. El año electoral acortará los tiempos y pondrá la mayor atención en la campaña”, se lamenta Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. Casi sin excepción, la ley encuentra teóricos apoyos a uno y otro lado del arco político, pero al mismo tiempo genera resistencias insalvables. Los intereses mineros, agropecuarios, forestales e inmobiliarios influyen y logran poner obstáculos que atraviesan las cuestiones ideológicas. “Me pregunto por qué les resulta tan inconveniente aprobar la ley cuando muchos puntos de los que se plantean deberían estar cumpliéndose a partir de las normas que tienen las provincias”, se cuestiona Enrique Derlindati, doctor en biología, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta.
El sistema federal que rige en la Argentina, que brinda a los 24 distritos provinciales amplias competencias en el uso y regulación de sus bienes y recursos naturales, se encuentra detrás de estas dificultades. Las disposiciones que surgen del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo brindan un marco jurídico general pero son implementadas, ejecutadas y controladas en cada distrito, y allí los objetivos y niveles de cumplimiento tienden a diluirse en función de necesidades, acuerdos o grises entramados locales.
“Cuando la potestad queda solo en manos de las provincias un gobernador puede decidir sustraer varios miles de hectáreas de un área protegida para transformarla en otra cosa”, aclara Derlindati. “El gobierno nacional hace sobreabuso de los artículos de la Constitución que otorgan a las provincias la explotación de los recursos que se encuentran dentro de sus límites”, explica Manuel Jaramillo, refiriéndose a la muy escasa o nula intervención del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones que toman las autoridades de los diferentes distritos, incluso cuando estas incumplen parcial o totalmente las leyes del Congreso Nacional.
Los sectores ambientalistas y el propio gobierno nacional impulsan que una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental también vea la luz en 2023. “Necesitamos una norma de este tipo para que todos los procesos de ejecución de un proyecto industrial sean transparentes y rigurosos”, manifiesta Nicolini. Y es que lo ocurrido en la represa Presidente Néstor Kirchner, una de las dos que se están construyendo sobre el río Santa Cruz en el extremo sur del país, así lo demuestra.
Los trabajos, que comenzaron en 2017, sufrieron varias interrupciones por procesos judiciales y falta de financiamiento, y continuaron avanzando con tareas menores pese a las denuncias de inconsistencia del informe de impacto ambiental presentado por la sociedad chino-argentina encargada de las obras. Un informe posterior del Instituto Nacional de Previsión Sísmica manifestó sus inseguridades respecto al lugar de emplazamiento de la represa, cercano a una falla geológica que atraviesa el río, y la aparición de una grieta de 20 metros en un muro de hormigón obligará a cambiar la ubicación. Teniendo en cuenta esta modificación, la coalición de ONG Río Santa Cruz Libre, demandante en la principal causa legal contra el proyecto, solicitó un pedido de reajuste del estudio de impacto ambiental. Hasta la fecha no obtuvo respuesta.
El caso anterior es solo una muestra de la urgencia de sancionar —y después implementar y hacer cumplir— las leyes ambientales que permitan controlar con mayor eficiencia los recursos naturales del país.

3. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
En enero de 2021 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la audiencia pública destinada a debatir el proyecto de edificación de dos nuevos barrios de torres residenciales junto al Río de la Plata. Este tipo de convocatorias, en la que puede participar libremente cualquier ciudadano, están contempladas en la Ley General del Ambiente aprobada en 2002. En teoría deben ser realizadas antes de que se autorice cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Sin embargo, no siempre ocurre así, y además, no son vinculantes. En esa ocasión participaron 2057 personas, de las cuales el 97 % se manifestó en contra. A pesar de esto, en diciembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó los nuevos barrios.
Casi simultáneamente, en julio, tuvo lugar una primera audiencia pública para debatir el proyecto de prospección de pozos de gas y petróleo en un área del mar argentino situada a unos 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, el principal centro de vacaciones del país. Hubo 373 intervenciones de las cuales 345 se mostraron contrarias al proyecto y solo 12 a favor. Seis meses más tarde, el gobierno nacional, de signo político contrario al que dirige los destinos en la capital del país, autorizaba las prospecciones. La coincidencia en desoír la voz popular es toda una muestra de que la grieta ideológica que divide el país se difumina cuando se trata de tomar decisiones que afectan el medio ambiente.
Casos semejantes se reproducen a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en relación a proyectos mineros, del agronegocio o inmobiliarios. Y se agravan en ámbitos rurales, donde los afectados son menos o pertenecen a comunidades indígenas. “Los gobiernos ni siquiera nos llaman cuando deben decidir la entrada de alguna empresa a nuestros territorios, llevan a cabo lo que quieren hacer sin ninguna consulta previa”, confirma Evis Millán, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza y activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir.
Las convocatorias para las audiencias suelen ser irregulares, ya sea porque se anuncian tarde, se realizan en lugares de difícil acceso para los pobladores, los interesados acuden sin haber recibido antes la información necesaria para conocer el asunto que se debate, o porque las audiencias no se traducen a las lenguas de los pueblos originarios en los casos donde están implicados.
El fondo de la cuestión se resume en dos palabras: “licencia social”, es decir, el aval de la mayoría de la sociedad para que una obra se lleve a cabo. “La destrucción del bosque chaqueño, por ejemplo, no la tiene. Los habitantes del monte, ya sean de pueblos originarios o campesinos criollos no son los que deforestan”, afirma Micaela Camino, bióloga, integrante de la plataforma Somos Monte y ganadora del Premio Whitley 2022.
Incrementar y mejorar la calidad de la participación ciudadana para fortalecer esa licencia social en cuestiones ambientales es otro de los desafíos del año. También en este punto existe una propuesta de ley para que en todo el país se unifique la forma de actuar en cuestiones concretas relacionadas con la utilización de recursos naturales. Fue presentada por el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo en 2021 y el punto más conflictivo para los intereses del poder económico y político es la posibilidad de que los resultados que se produzcan pasen a ser vinculantes. “No se le da a la participación ciudadana el lugar central que debería tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto extractivista”, explicó el legislador al presentar su propuesta. Hasta el momento, la idea fue archivada y nunca avanzó un solo centímetro.

4. Frenar la deforestación y apagar los incendios
“En la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no hemos planteado desmonte cero, pero sí un ordenamiento que de manera progresiva va en favor del ambiente”, dice Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Lo que ocurre con los bosques en ese distrito es posiblemente el mejor ejemplo de las tensiones que convierten a la deforestación en uno de los grandes dramas ambientales del país.
Solo en la región del Chaco argentino, que comprende cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco), se perdieron 80 938 hectáreas en 2019, 114 716 en 2020 y 110 180 en 2021. El 54 % de ellas de forma ilegal según los datos oficiales. En 2022 Soneira acepta la pérdida de otras 26 000 hectáreas en su distrito —la organización Greenpeace amplía ese número hasta las 47 000—, incluso pese a que una medida judicial prohíbe, desde octubre de 2020, los cambios de uso de suelo que impliquen reducir la masa boscosa.
Pendiente desde 2013, la actualización del OTBN chaqueño es centro de una discusión que lleva más de dos años y  ha ido en aumento de manera progresiva. Científicos, ONG y diferentes expresiones de la sociedad civil manifiestan su inconformidad con las propuestas oficiales, a las que califican de “regresivas”, ya que “blanquea los desmontes ilegales producidos sin sancionar económicamente a los propietarios ni obligarlos a restaurar esas áreas”, sostiene Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde el mundo empresarial, por el contrario, entienden que la última proposición de diciembre de 2022, mencionada por Soneira, es una marcha atrás que afectaría la producción y la economía: “Frena el desarrollo productivo y tendría consecuencias negativas para la provincia”, afirma un comunicado de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales.
En el resto del país son los incendios forestales los que concentran la atención pues, en los últimos años, han sido los promotores de pérdidas de zonas de bosques, pastizales y humedales, además de plantaciones de la industria forestal. “El 2022 ha sido un año muy crítico en esa materia”, admite Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.
Según los datos oficiales, incompletos aún para el 2022, las llamas consumieron 490 000 hectáreas en 2019; 1 167 985 en 2020; 326 000 en 2021; y hasta agosto de 2022 habían ardido otras 375 000, aunque otras mediciones de ONG ambientalistas, pero también de una entidad estatal como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablan de 800 000 solo en los incendios ocurridos en febrero en la provincia de Corrientes.
La lucha contra la deforestación y los incendios, en la que conviven las quemas voluntarias para provocar el rebrote de pastos tiernos para el ganado (por ejemplo, en las islas el Delta del río Paraná, una de las zonas más afectadas), la negligencia y los efectos de tres años continuos de sequía se encuentra, nuevamente, entre los grandes retos de Argentina para 2023.

5. Un rumbo claro para la Hidrovía
El río Paraná y su afluente del norte, el Paraguay, constituyen la ruta central de salida de los buques que transportan los granos y las carnes que conforman el 60 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la gestión presente y futura de la denominada Hidrovía se encuentra en estado provisional desde el 2020. Ese año caducó el contrato con la empresa que se ocupaba de las tareas de mantenimiento —dragado, balizamiento y señalización—, y del cobro de peajes a los más de 4500 buques que recorren el río.
Después de algunas idas y vueltas, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y le entregó a la Administración Nacional de Puertos la gestión de las tareas más técnicas. Lo que se espera para 2023 es que el Estado presente los pliegos de una segunda y definitiva licitación internacional (la primera quedó sin efecto) para resolver la situación. De las condiciones que se planteen dependerá en buena medida el futuro ambiental de un sitio especialmente sensible. En el contexto del cambio climático, el Paraná sufrió en 2021 la segunda bajante más severa de la historia y en las orillas e islas de los tramos medio e inferior del cauce se mantiene un alto nivel de estrés hídrico que alimenta los constantes y voraces incendios que se presentan en la zona.
“Habría que adecuar las vías navegables para optimizar la carga potencial transportada de los buques modernos de mayores dimensiones y calado”, proponía en su momento Daniel Nasini, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Necesitamos más profundidad y zonas de cruce”, afirman los actuales directivos del ente que reúne a las grandes industrias cerealeras nacionales y multinacionales que operan en las más de 80 terminales portuarias distribuidas a lo largo del río. El propósito: permitir la entrada de buques cuya capacidad de carga sea de hasta 70 mil toneladas en lugar de las actuales 48 mil. Sin embargo, este objetivo encuentra resistencias entre los defensores socioambientales.
“Cada sector busca su beneficio. Los armadores quieren reactivar la marina mercante y los astilleros; los patrones y capitanes de barcos pretenden una traza de doble vía para mejorar la seguridad… Nadie hace un balance ni incluye a los grupos sociales más desprotegidos; tampoco se preocupan por las cuestiones ambientales, que es donde recaen los mayores impactos”, opina Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales.
La contaminación que dejan los residuos que arrojan los barcos, el polvillo que desprenden los cereales durante el proceso de carga en los puertos, los desagües cloacales sin tratamiento previo de ciudades y pueblos al río y los efectos que el dragado permanente produce sobre los micoorganismos que habitan en el fondo de las aguas son solo algunos de los inconvenientes que se han ido creando en las orillas y en el lecho del río durante lo últimos 25 años, cuando comenzó su transformación en Hidrovía. Seis provincias tienen acceso directo al complejo Paraná-Paraguay y su participación en las discusiones le añaden complejidad a lo que vaya a determinarse.
Como en el resto de los temas, la política tendrá la última palabra. “Todo es un rompecabezas muy complejo que necesita de muchísimo trabajo, consenso y también de dejar el cinismo de lado”, resume Cecilia Nicolini. En un año electoral la tarea se antoja doblemente difícil.
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