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Otras escuelas brutalmente fumigadas con agrotóxicos
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Eco Sitio |
Agrotóxicos sobre dos escuelas rurales
Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
El lunes los alumnos debieron dejar las escuelas por los efectos tóxicos de los insecticidas, que les irritaron los ojos y les causaron vómitos. Tras dos días sin clases, recién hoy retomaron las actividades. La fumigación incumple la ley provincial que establece un área de restricción mínima de 2 km entre la zona fumigada y los centros poblados.
Una avioneta fumigadora con agrotóxicos sobrevoló el lunes dos escuelas rurales en Exaltación de la Cruz y pulverizó insecticidas por encima de los techos de los establecimientos educativos, donde los chicos estaban teniendo clases. A pesar de que los maestros del lugar advirtieron en varias oportunidades sobre la aplicación ilegal a la jefatura distrital, la avioneta voló y fumigó desde la mañana hasta la tarde a 150 metros del predio en el que se ubican los colegios de Educación Primaria N° 4 y de Educación Secundaria Técnica N° 1. Por los efectos tóxicos de los insecticidas, que irritaron los ojos y causaron vómitos a algunos docentes y alumnos, las escuelas estuvieron cerradas dos días seguidos y recién hoy retomaron las actividades. “Niños niñas, jóvenes y trabajadoras/es de la educación han sido envenenadas/os, registrándose afecciones en vías respiratorias, irritación en ojos, vómitos y malestar general en varios/as de ellos/as”, denunciaron desde la Multisectorial contra el Agronegocio- la 41, que esta tarde realizará una asamblea para evaluar los pasos a seguir.
Un docente de la escuela N° 1, quien también es ingeniero agrónomo, advirtió el lunes por la mañana a las autoridades de la escuela que sintió un olor particular al ingresar al establecimiento, ubicado aproximadamente en el Km. 78 de la ruta nacional 8, en Parada Robles. Las clases continuaron, los directivos siguieron averiguando la causa del hedor, aunque alrededor del mediodía no necesitaron más pruebas para verificar lo que estaba pasando: vieron cómo un avión estaba desperdigando fitosanitarios a 150 metros de los establecimientos educativos. “Llamé por teléfono a la Jefatura Distrital y a la Policía Ecológica para dar aviso. Me dijeron que ya habían presentado una denuncia y que la Guardia Urbana estaba yendo para el lugar. Dijeron que estaba todo bien. Pero después volvimos a sentir el ruido de la avioneta pasado el mediodía”, contó a Página/12 el ingeniero Gonzalo Sánchez Correa.
En una segunda comunicación de las autoridades escolares, el municipio aclaró que ya habían dado con el dueño del campo y que le habían advertido sobre la ilegalidad de sus acciones, pero de acuerdo al testimonio del docente “en ese mismo momento la avioneta ya estaba justo por arriba de la escuela”. La Provincia no hizo nada para evitar la intoxicación, sólo llamó al poco tiempo para contar que aplicarán una multa al dueño del campo y quitarán la matrícula al piloto de la avioneta.a. “Hubo chicos con vómitos, una de las madres contó que fue a buscar a su nene y que vio a un compañerito y a la maestra con los ojos irritados, fue bastante grave”, relató por su parte Leonardo “Leo” Moreno, docente de la Técnica N° 1 y miembro de la multisectorial.
“La deriva de la pulverización llegó hasta las mismísimas aulas. Es decir, que los químicos que no quedaron en los campos, llovieron literalmente sobre las cabezas de quienes estaban en las instituciones y en los barrios aledaños”, alertó la Multisectorial en un comunicado, que puntualizó que el foco de la fumigación se concretó en un campo que se encuentra a menos de 300 metros de las escuelas, pero luego se acercó hacia los establecimientos educativos.
La pulverización de agrotóxicos incumple concretamente la ley provincial 1069, que establece un área de restricción mínima de 2 km entre la zona fumigada y los centros poblados, pero también viola la ordenanza municipal 101/12, que indica que se debe informar previamente a las instituciones educativas ante cada fumigación que se vaya a realizar.
El ingeniero Sánchez Correa evaluó que el veneno desperdigado fue un insecticida, el “más peligroso de los fitosanitarios”. ”Lo peor fue que para mi es una insecticida dentro de la gama de agroquímicos , los más fuertes porque los insectos son los que actúan por vía respiratoria, como nosotros”, explicó, al detallar que los síntomas que causan van desde intoxicaciones crónicas hasta agudas. “El insecticida está hecho para actuar por contacto o por aire, es decir por la dermis del insecto o por vía respiratoria, que también nos puede penetrar a nosotros”, puntualizó.
Uno de los grandes problemas que atraviesan las escuelas, de acuerdo a Moreno, es que no cuentan con protocolos de actuación para estos casos ni con un plan de Prevención de Riesgo. "No sé cómo habrán actuado los docentes porque no hay un protocolo en el caso de fumigación con agrotoxicos. La provincia lo deja a merced de cada institución y no todos lo sabemos", se quejó.
El caso tomó estado público por medio de la denuncia en Twitter del secretario general de Suteba , Roberto Baradel, quien apuntó contra la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de su reclamo por “Escuelas Seguras”. “¿No le importa a la gobernadora? Ah no, ahora entiendo, nombró como ministro de agroindustria a Leonardo Sarquís ex gerente de Monsanto”, denunció el dirigente sindical.
El ministerio de agroindustria provincial aclaró que presentó una denuncia contra el productor y la empresa fumigadora. Ambos fueron imputados y se resolvió clausurar el hangar en el que se alojaba la avioneta fumigadora.
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Buenos Aires, la más atractiva para las renovables
La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de atractivo para invertir en energías renovables
Fecha de Publicación: 14/03/2019
Fuente: Infobae
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Así se desprende de un índice elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación
¿Cómo se ubica cada provincia en el ranking de atractivo de energías renovables? Según el índice IPAR, desarrollado por Económicas de la UBA en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación, Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca cuentan con una mejor situación para atraer inversiones en materia de generación eléctrica a base de fuentes renovables de energía.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética (SSERyEE) de la Secretaría de Gobierno de Energía, Ministerio de Hacienda de la Nación, elaboró un índice para evaluar, en las distintas regiones del país, el potencial para atraer inversiones en el área de energías renovables.
Según los resultados del informe, las provincias de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca se posicionan en los primeros puestos del ranking para atraer nuevos proyectos y sus capitales asociados. Del lado opuesto, se ubican Formosa, La Pampa, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero, como las jurisdicciones en las cuales aún restan cosas por hacer en la materia.
Según Marcelo Corti, director ejecutivo del programa de colaboración académica que alcanzaron Económicas de la UBA y la SSERyEE para llevar a cabo el trabajo, que también contó con el aporte del Círculo de Políticas Ambientales (CPA): "El Índice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR) tiene el objetivo de proveer información relevante para el sector y convertirse en una referencia para la toma de decisiones de los ámbitos público y privado".
Juan Prioletta, director de Estudios Económicos y Regulatorios de la SSERyEE, agregó que "el proyecto surgió de la necesidad de sistematizar diferencias observables entre las provincias, no sólo en aspectos normativos sino también en la cantidad de proyectos presentados y adjudicados. La incógnita principal, habida cuenta de que estos proyectos requieren estabilidad y previsibilidad a largo plazo, radicaba en analizar el grado de sintonía de la regulación provincial con la nacional y la existencia de incentivos adicionales, así como el nivel de recurso energético renovable presente en cada jurisdicción. Al mismo tiempo se buscó entender si existían barreras o limitaciones para que se instalaran proyectos".
"Al avanzar en el trabajo conjunto con Económicas, el equipo fue verificando el potencial de este índice como una herramienta adicional para que cualquier actor, interesado en invertir o en desarrollar políticas públicas, pudiera tener una referencia sobre dónde empezar a mirar", indicó, y aseguró que hoy la Argentina es uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo: "Gracias a los avances alcanzados en los últimos años, el país logró posicionarse en el top ten de los más atractivos para inversiones en esta materia".
Argentina es hoy uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo
El índice IPAR, que contará con una periodicidad semestral, integra 27 variables que comprenden aspectos regulatorios, fiscales e institucionales a partir de la normativa vigente (leyes Nº 27.191 y 27.424), así como cuestiones tecnológicas, de aprovechamiento de los recursos energéticos y el desarrollo de infraestructura en cada jurisdicción.
"En esta primera edición del IPAR, el desafío más grande fue entender la instancia regulatoria, fiscal e institucional. Es decir, qué había hecho cada provincia en pos de implementar proyectos de energía renovable en su jurisdicción", explicó Corti, quien además es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo, de Económicas de la UBA. "La idea final consistió en combinar este eje de análisis con los aspectos más prácticos y de campo, como ser infraestructura, tecnología y recurso energético renovable, para determinar el atractivo de cada provincia de cara a los potenciales inversores", añadió.
Para realizar el IPAR, se combinaron dos subíndices que posicionaron a las provincias con relación a la Ley Nº 27.191, de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, y la Ley Nº 27.424, que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
La Ley Nº 27.191, que impone la meta de alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica nacional a base de fuentes renovables para el año 2025, se encuentra focalizada en los proyectos de generación de alta potencia, generalmente alejados de los centros de consumo, que producen energía para inyectar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El índice elaborado por Económicas para este segmento lo lideran Buenos Aires, Chubut, San Juan, Salta y Río Negro.
Estos proyectos consisten principalmente en grandes superficies de paneles solares o conjuntos de aerogeneradores, así como proyectos de generación a base de recursos biomásicos y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, realizados en el marco de las rondas del Programa RenovAr y el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que a la fecha registran inversiones en curso por más de USD 6.800 millones, distribuidas en 126 proyectos por un total de casi 4,6 gigavatios (GW).
Por otra parte, la Ley Nº 27.424, de Generación Distribuida abarca al 99% de los usuarios eléctricos del país que no forman parte del Mercado Eléctrico Mayorista (unos 16 millones de usuarios de tipo comercial, industrial y residencial), a quienes habilita para generar su propia energía de fuente renovable para autoconsumo, remunerando los eventuales excedentes que se inyecten a la red. Un dato que llama la atención en este segmento del indicador son las provincias que aún no adhirieron a la Ley nacional. Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Formosa, La Pampa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero se ubican entre los puestos 18 y 24, con cero puntos, sin haber registrado avances en este sentido.
Corti señaló: "En cierto modo es lógico que la Ciudad de Buenos Aires ocupe el anteúltimo puesto en términos de energía renovable de alta potencia porque no cuenta con los mismos recursos energéticos renovables que las provincias de San Juan, Jujuy, Buenos Aires o Salta, por ejemplo. Pero como contrapartida CABA sí cuenta con un gran potencial para desarrollar inversiones en el área de generación distribuida, aunque también tiene cero puntos en este subíndice, en mayor medida por la falta de institucionalización de sus políticas".
Prioletta explicó que el sector de alta potencia posee una trayectoria extendida, marcada por el programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables RenovAr, que está en marcha desde hace tres años y tiene cuatro rondas en su haber, una de ellas en curso. La Ley de Generación Distribuida, en cambio, sólo tiene un año de vida y requiere mayor involucramiento por parte de las autoridades regulatorias provinciales para su implementación.
"Dada su reciente reglamentación, esta Ley todavía no cuenta con un track-record de instalaciones. Sin embargo seis provincias ya se encuentran adheridas y en fase de implementación. Esta situación determinó que este subíndice, al menos en esta primera edición, no incluyera los aspectos relacionados con tecnologías, recursos e infraestructura de la Ley de Generación Distribuida", apuntó.
En relación al índice global IPAR (que integra los dos indicadores parciales anteriores), Corti advirtió que algunas provincias cuentan con recursos energéticos significativos como para avanzar en el desarrollo de energías renovables, pero aún no lo han hecho, como Formosa, La Pampa, Entre Ríos y Santiago del Estero.
"La Argentina tiene un gran potencial para crecer en materia de energías renovables. Si bien en los últimos años se registraron significativos e históricos avances, hay provincias que todavía deben asumir el desafío que nos propone esta nueva configuración energética, dado que resume el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental", dijo.
"Existe un conjunto de provincias en el cual está todo por hacerse y pueden ser consideradas terreno virgen para comenzar a transitar el camino hacia una matriz de generación más flexible y amigable con el ambiente. No obstante el índice se centra en mostrar en qué lugares hay más trabajo realizado al día de hoy para recibir inversiones, teniendo en cuenta las metas impuestas por la normativa vigente y la conveniencia, tanto ambiental como económica, del desarrollo de estos proyectos para el sistema en su conjunto", concluyó Prioletta.
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Intendente condenado a pagar multa por no proteger reserva
Sanción Ejemplar: El intendente de Mar Chiquita deberá pagar una multa por “no proteger” una reserva natural
Fecha de Publicación: 12/03/2019
Fuente: Todo Provincial
Provincia/Región: Buenos Aires
Con una sanción ejemplar, se sancionó económicamente al intendente del partido de Mar Chiquita, Carlos Ronda por “desproteger” la reserva natural albufera de su distrito. Permitiendo que los concejales de su partido aprueben una ordenanza que permitiría llevar adelante un Barrio Privado “Lagos del Mar”.
Según la resolución dictada por el Juez Salas a cargo del amparo, el jefe comunal de la ciudad bonaerense de Mar Chiquita, Carlos Ronda deberá pagar una multa de 3000 pesos por cada día de retardo hasta que no se llevan adelante acciones que importen el funcionamiento efectivo del comité de gestión de la reserva biosfera por medio de plenarias y el sometimiento de las acciones desplegadas – en la medida que involucren a la reserva de biosfera parque atlántico Mar Chiquita- a su conocimiento y decisión.
Desde la asamblea de vecinos que dicen “No a la urbanización del humedal”, exigen que el Intendente “cumpla con la orden judicial y adopte medidas urgentes tendientes a proteger la Reserva, evitar mayores daños y no efectuar acciones que vayan en contra de la misma como ser la sanción y promulgación de la Ord. 04/19 por la cual autorizó la ejecución del barrio”.
Además desde la asamblea “Salvemos nuestra albúferea” sostienen que “Ante el grave incumplimiento y desobediencia a la orden judicial en que está incurriendo el Intendente Carlos Ronda, se presentará la denuncia por desobediencia e incumplimiento de sus deberes de funcionario público, solicitando además se lo inhabilite para ocupar cargos públicos”.
Las consecuencias de querer hacer un barrio privado “Lagos del Mar” en medio de los humedales:
La Universidad Nacional de Mar del Plata indicó en un informe que el emprendimiento de urbanización denominado “Lagos del Mar” generará efectos negativos de diversa índole:
1) Aumento de riesgo de inundaciones por perturbación de los humedales (relleno, elevación de cotas, impermeabilización, compactación).
2) Eliminación, reducción y fragmentación del pastizal pampeano.
3) Alteración de la calidad y cantidad de aguas, tanto subterráneas como superficiales:
3.a.) Aumento de la eutrofización de las aguas superficiales de la laguna por ingreso de nutrientes. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre. 3.b.) Salinización de las aguas subterráneas por exceso de extracción del freático.
3.c.) Contaminación de aguas (superficiales y subterráneas) por distintos compuestos químicos.
4) Introducción de especies exóticas.
4.a.) Especies vegetales, 4.b.) Aumento de áreas disponibles para especies exóticas invasoras ya introducidas (gusano formador de “bochones” Ficopomatus enigmaticus) que reducen el cauce natural de la Albufera, aumentando las áreas inundables.
– En Marzo de 2018, el Juez actuante en la cautelar dispuso (entre otras cuestiones) que el Municipio efectúe el monitoreo de toda el área de Reserva para evaluar el impacto ambiental, trabajo que no ha realizado.
– El pasado martes 22 de enero de 2019 el Concejo Deliberante marchiquitense aprobó la Ordenanza que asigna zonificación extraurbana, “cosa que consideramos improcedente sin el informe y la Declaración de Impacto Ambiental que el Juez exige”, aclaran los vecinos.
Desde la Asamblea piden que se vete la ordenanza y a la gobernadora Vidal que analice los informes de las Universidades
“Es por ello que públicamente pedimos en Asamblea al Intendente Carlos Ronda que recapacite y vete la Ordenanza, y a la Sra. Gobernadora de nuestra Provincia que analice los informes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET sobre el predio, no convalide esta Ordenanza, deniegue la Declaración de Impacto Ambiental que extemporáneamente exigen los desarrolladores tras haber causado graves modificaciones al medio ambiente, con el fin salvaguardar “el Medio Ambiente” de un área natural protegida y a la población del Balneario Parque Mar Chiquita, dado que las modificaciones en el humedal impactan directamente sobre la capacidad de absorber el excedente hídrico, aumentando el riesgo de inundaciones”, expresaron en un comunicado anterior desde la asamblea.
“Consideramos un precedente nefasto la autorización de este tipo de emprendimientos inmobiliarios en áreas de Reserva Natural, porque abren la puerta para la multiplicación de los mismos en un espacio destinado a fin de preservar la biodiversidad y proteger ambientes de vital importancia para el desarrollo humano”, piden los vecinos de Mar Chiquita.
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Los residuos siguen sin solución en Buenos Aires
Aunque los rellenos colapsan, crece la basura que mandan los distritos del GBA
Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Subió 41,8 % en 7 años, más que el promedio de la población. Expertos dicen que faltan políticas de gestión y de prevención sostenidas. La Ciudad, Ituzaingó y Brandsen, las excepciones.
Pese a las esporádicas campañas de concientización, el problema de la basura sigue sin resolverse. Al contrario: según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se envían a rellenos sanitarios creció un 41,87% entre 2010 y 2017. Más que el promedio de la población. La tendencia es sostenida y se observa en 31 de 34 distritos que enviaron regularmente residuos a enterrar en el período analizado. Las tres excepciones son la Ciudad, Ituzaingó y Brandsen (ver mapa).
El estudio está basado en datos de la CEAMSE. Con casi 16 millones de habitantes, la zona genera 18.500 toneladas de residuos sólidospor día y un 96% va a rellenos sanitarios. El principal es el de José León Suárez, donde se entierran las de Capital y otros 35 municipios. El segundo, en González Catán, recibe las de La Matanza y un tercero, en Ensenada, aloja las de ese partido más la de La Plata, Brandsen, Magdalena y Berisso.
En algunos municipios, el aumento de la basura enviada a enterrar en siete años fue de 4% a 30%: Florencio Varela, Almirante Brown, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Morón, General San Martin, Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López. En otros, de 30% a 60%: Lomas de Zamora, Pilar, Escobar, Avellaneda, Magdalena, José C. Paz, Ensenada, Quilmes, Presidente Perón, Tigre, Berisso, Esteban Echeverría y La Matanza). En San Fernando, La Plata, Merlo y Berazategui, el crecimiento fue de 60% a 90%. Y en Ezeiza, General Rodríguez, San Miguel y Lanús se registró el pico: entre 90% y 150%.
“Las cifras muestran lo que pasa cuando no se toman medidas para disminuir la basura que generamos. No hay políticas de gestión de residuos sostenidas en el tiempo, pero tampoco de prevención”, afirma Consuelo Bilbao, una de las directoras del Círculo de Políticas Ambientales y autora del informe.
Los datos disponibles en el INDEC para 2018 –de enero a septiembre-, según información provista por la CEAMSE, evidencian que hubo un aumento de la disposición del 9% respecto del mismo período del año anterior. Si bien la recesión puede haber disminuido esta tendencia, es preocupante si se tiene en cuenta que el espacio disponible en el relleno de José León Suárez se agotará en cinco años, según la propia CEAMSE.
De los tres municipios que redujeron la cantidad de basura, sólo la Ciudad de Buenos Aires ofrece una disminución sostenida en el tiempo. Aunque es el distrito que más basura genera, entre 2010 y 2017, bajó un 47,22% el envío de residuos. Según el Gobierno porteño, en 2018, se registró una reducción de 29.258,6 toneladas. Esto, dicen, se logró por la inauguración en 2013 de una planta que trata los residuos áridos -escombros y restos de obra-, que permite reutilizar 2.500 de las 6.700 toneladas de basura que genera la Ciudad por día. También hay 300 puntos verdes, 2.500 contenedores verdes y dos plantas de procesamiento MRF (Material Recycling Facility).
“Aumentamos las bocas de captación y la capacidad de procesamiento. Así, logramos bajar un 53% la cantidad de toneladas que enterramos desde 2013, cuando empezó este proceso”, sostiene Eduardo Macchiavelli, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
A su vez, en los municipios del Conurbano y desde la Provincia de Buenos Aires indican que, en algunos casos, el aumento de las cifras registradas se debe a que los residuos que antes iban a basurales a cielo abierto ahora son enviados a los rellenos. “En general, un incremento sostenido del envío de residuos a la Ceamse indica una mejora de la gestión”, señala Javier Arguilla, director de residuos del Organismo Provincial para el Desa- rrollo Sostenible (OPDS), la autoridad ambiental bonaerense.
“Tratamos de formalizar cooperativas de recolectores y estandarizar los procesos de las plantas de reciclaje que tienen los municipios para poder contabilizar lo que se recupera en función del objetivo de reducir la disposición final”, agrega el funcionario. Pero por el momento, no hay cifras oficiales de tasas de recupero.
En Lanús, uno de los municipios con más crecimiento de envíos, afirman que recolectan entre 10 y 12 toneladas diarias de basura domiciliaria y que esa cifra no varió respecto de años anteriores. “Sí aumentó la cantidad de ramas o de escombros recolectados y eso se debe a que estamos combatiendo los basurales”, señala una fuente municipal.
En Ezeiza, donde la cantidad de residuos enviados a enterrar aumentó un 147%, la recolección fue estatizada. “El sistema está muy organizado y nos evitamos los conflictos con las empresas de recolección”, aseguran. Esto incluye la incorporación de los antiguos recolectores informales como monotributistas, para complementar la recolección primaria con camiones. Las autoridades municipales aseguran que la cantidad de basura enviada a enterrar indica la eficiencia del sistema. Por otro lado, hace un año y medio se inauguró un centro de disposición final de residuos dentro del mismo partido.
Lo cierto es que un incremento general del 40% -o del más del 100% en casos puntuales- parece muy grande como para explicarse únicamente por el “sinceramiento” de los residuos que antes se enviaban a basurales.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es crítico: “Los municipios no hacen ningún esfuerzo por minimizar la producción de residuos como lo establece la ley nacional -señala-. Cada tanto hay planes pilotos voluntaristas, pero no existen iniciativas concretas de parte de los partidos, así como tampoco a nivel nacional. Por otro lado, la Provincia falla en el control de los basurales”.
Para Nápoli, la falta de medidas tiene que ver con un objetivo a más largo plazo. “Han tomado una decisión, que es el camino hacia la incineración. Todo lo que tienen que hacer es no hacer nada hasta que se agoten los rellenos sanitarios”, advierte.
Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, si bien Nápoli reconoce que hubo una reducción sensible en el envío de basura, afirma que aún no se llegó a los parámetros establecidos por ley.
Una pregunta se impone: ¿qué hacer cuando ya no haya más lugar en los rellenos? La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que impulsan el tratamiento en plantas de termovaloración (Waste to Energy), donde se incineran los desechos. “Se genera energía a partir del vapor de la combustión y los gases se tratan para no dañar el medio ambiente. En Europa hay más de 400 plantas de este tipo en funcionamiento”, señala el ministro Macchiavelli.
Qué hacer con los envases: el 60% de los desechos
El 60% del volumen de basura enviada a los rellenos corresponde a packaging o envases. Desde el Círculo de Políticas Ambientales abogan por una ley basada en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor, que obligue a grandes empresas a hacerse cargo de aspectos económicos, legales y físicos de la gestión de los materiales envasados. “Si el fabricante de un bien de consumo masivo tiene que incluir entre sus costos el la basura que genera, va a tener mayor participación en su reducción y prevención. Hoy en Argentina a ese costo lo pagan los municipios”, explican. Legislación de ese tipo existe ya en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.
Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Subió 41,8 % en 7 años, más que el promedio de la población. Expertos dicen que faltan políticas de gestión y de prevención sostenidas. La Ciudad, Ituzaingó y Brandsen, las excepciones.
Pese a las esporádicas campañas de concientización, el problema de la basura sigue sin resolverse. Al contrario: según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se envían a rellenos sanitarios creció un 41,87% entre 2010 y 2017. Más que el promedio de la población. La tendencia es sostenida y se observa en 31 de 34 distritos que enviaron regularmente residuos a enterrar en el período analizado. Las tres excepciones son la Ciudad, Ituzaingó y Brandsen (ver mapa).
El estudio está basado en datos de la CEAMSE. Con casi 16 millones de habitantes, la zona genera 18.500 toneladas de residuos sólidospor día y un 96% va a rellenos sanitarios. El principal es el de José León Suárez, donde se entierran las de Capital y otros 35 municipios. El segundo, en González Catán, recibe las de La Matanza y un tercero, en Ensenada, aloja las de ese partido más la de La Plata, Brandsen, Magdalena y Berisso.
En algunos municipios, el aumento de la basura enviada a enterrar en siete años fue de 4% a 30%: Florencio Varela, Almirante Brown, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Morón, General San Martin, Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López. En otros, de 30% a 60%: Lomas de Zamora, Pilar, Escobar, Avellaneda, Magdalena, José C. Paz, Ensenada, Quilmes, Presidente Perón, Tigre, Berisso, Esteban Echeverría y La Matanza). En San Fernando, La Plata, Merlo y Berazategui, el crecimiento fue de 60% a 90%. Y en Ezeiza, General Rodríguez, San Miguel y Lanús se registró el pico: entre 90% y 150%.
“Las cifras muestran lo que pasa cuando no se toman medidas para disminuir la basura que generamos. No hay políticas de gestión de residuos sostenidas en el tiempo, pero tampoco de prevención”, afirma Consuelo Bilbao, una de las directoras del Círculo de Políticas Ambientales y autora del informe.
Los datos disponibles en el INDEC para 2018 –de enero a septiembre-, según información provista por la CEAMSE, evidencian que hubo un aumento de la disposición del 9% respecto del mismo período del año anterior. Si bien la recesión puede haber disminuido esta tendencia, es preocupante si se tiene en cuenta que el espacio disponible en el relleno de José León Suárez se agotará en cinco años, según la propia CEAMSE.
De los tres municipios que redujeron la cantidad de basura, sólo la Ciudad de Buenos Aires ofrece una disminución sostenida en el tiempo. Aunque es el distrito que más basura genera, entre 2010 y 2017, bajó un 47,22% el envío de residuos. Según el Gobierno porteño, en 2018, se registró una reducción de 29.258,6 toneladas. Esto, dicen, se logró por la inauguración en 2013 de una planta que trata los residuos áridos -escombros y restos de obra-, que permite reutilizar 2.500 de las 6.700 toneladas de basura que genera la Ciudad por día. También hay 300 puntos verdes, 2.500 contenedores verdes y dos plantas de procesamiento MRF (Material Recycling Facility).
“Aumentamos las bocas de captación y la capacidad de procesamiento. Así, logramos bajar un 53% la cantidad de toneladas que enterramos desde 2013, cuando empezó este proceso”, sostiene Eduardo Macchiavelli, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
A su vez, en los municipios del Conurbano y desde la Provincia de Buenos Aires indican que, en algunos casos, el aumento de las cifras registradas se debe a que los residuos que antes iban a basurales a cielo abierto ahora son enviados a los rellenos. “En general, un incremento sostenido del envío de residuos a la Ceamse indica una mejora de la gestión”, señala Javier Arguilla, director de residuos del Organismo Provincial para el Desa- rrollo Sostenible (OPDS), la autoridad ambiental bonaerense.
“Tratamos de formalizar cooperativas de recolectores y estandarizar los procesos de las plantas de reciclaje que tienen los municipios para poder contabilizar lo que se recupera en función del objetivo de reducir la disposición final”, agrega el funcionario. Pero por el momento, no hay cifras oficiales de tasas de recupero.
En Lanús, uno de los municipios con más crecimiento de envíos, afirman que recolectan entre 10 y 12 toneladas diarias de basura domiciliaria y que esa cifra no varió respecto de años anteriores. “Sí aumentó la cantidad de ramas o de escombros recolectados y eso se debe a que estamos combatiendo los basurales”, señala una fuente municipal.
En Ezeiza, donde la cantidad de residuos enviados a enterrar aumentó un 147%, la recolección fue estatizada. “El sistema está muy organizado y nos evitamos los conflictos con las empresas de recolección”, aseguran. Esto incluye la incorporación de los antiguos recolectores informales como monotributistas, para complementar la recolección primaria con camiones. Las autoridades municipales aseguran que la cantidad de basura enviada a enterrar indica la eficiencia del sistema. Por otro lado, hace un año y medio se inauguró un centro de disposición final de residuos dentro del mismo partido.
Lo cierto es que un incremento general del 40% -o del más del 100% en casos puntuales- parece muy grande como para explicarse únicamente por el “sinceramiento” de los residuos que antes se enviaban a basurales.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es crítico: “Los municipios no hacen ningún esfuerzo por minimizar la producción de residuos como lo establece la ley nacional -señala-. Cada tanto hay planes pilotos voluntaristas, pero no existen iniciativas concretas de parte de los partidos, así como tampoco a nivel nacional. Por otro lado, la Provincia falla en el control de los basurales”.
Para Nápoli, la falta de medidas tiene que ver con un objetivo a más largo plazo. “Han tomado una decisión, que es el camino hacia la incineración. Todo lo que tienen que hacer es no hacer nada hasta que se agoten los rellenos sanitarios”, advierte.
Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, si bien Nápoli reconoce que hubo una reducción sensible en el envío de basura, afirma que aún no se llegó a los parámetros establecidos por ley.
Una pregunta se impone: ¿qué hacer cuando ya no haya más lugar en los rellenos? La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que impulsan el tratamiento en plantas de termovaloración (Waste to Energy), donde se incineran los desechos. “Se genera energía a partir del vapor de la combustión y los gases se tratan para no dañar el medio ambiente. En Europa hay más de 400 plantas de este tipo en funcionamiento”, señala el ministro Macchiavelli.
Qué hacer con los envases: el 60% de los desechos
El 60% del volumen de basura enviada a los rellenos corresponde a packaging o envases. Desde el Círculo de Políticas Ambientales abogan por una ley basada en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor, que obligue a grandes empresas a hacerse cargo de aspectos económicos, legales y físicos de la gestión de los materiales envasados. “Si el fabricante de un bien de consumo masivo tiene que incluir entre sus costos el la basura que genera, va a tener mayor participación en su reducción y prevención. Hoy en Argentina a ese costo lo pagan los municipios”, explican. Legislación de ese tipo existe ya en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.
Marcha atrás con la aberrante resolución 246/18
El ministro de Agroindustria suspendió por un año la aplicación de la resolución sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: El Eco de Tandil
Provincia/Región: Buenos Aires
El pasado jueves, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia dio marcha atrás con la resolución 246/18 sobre fitosanitarios que entró en vigencia el 1 de enero del corriente año y a la que Tandil adhirió, que pretendía brindar un marco normativo actualizado a las demandas del presente ante la mora en la sanción de una ley de agroquímicos que reemplace a la actual, considerada obsoleta.
La normativa generó variadas controversias porque habilitaba la fumigación cerca de áreas urbanas y escuelas rurales, de acuerdo a determinadas condiciones meteorológicas, de toxicidad y equipos a utilizar.
El ministro Leonardo Sarquís, exgerente de Monsanto, rubricó la nueva resolución que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, que modifica el artículo 5 de la disposición anterior y establece la abstención total en cuanto a la realización de aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural.
Además, decidió suspender la vigencia de la Resolución 246/18 por el término de un año a fin de poder trabajar en forma precisa y detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los Municipios suscriptores del convenio de colaboración y asistencia que permita su implementación.
Cabe destacar que la legislación sancionada en la ciudad en abril de 2011 tiene un carácter restrictivo mayor que el que estipulaba la legislación bonaerense. La ordenanza local prohíbe dentro del Partido de Tandil la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios. En cuanto a los cursos de agua principales, la reglamentación local impide las fumigaciones a menos de 50 metros, e indica una distancia de aplicación para cursos de agua menores de dos veces el ancho del curso tomada desde la línea de ribera.
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Aeropuerto El Palomar y su grave impacto acústico
Preocupante informe de la Universidad de Nacional de General Sarmiento sobre el impacto acústico del aeropuerto El Palomar
Fecha de Publicación: 18/02/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El investigador del Conicet, Guillermo Jorge, realizó un trabajo sobre las consecuencias ambientales de los vuelos que realizan las low cost Flybondi y JetSmart en la terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense.
A un año de la puesta en funcionamiento de la base militar de El Palomar como aeropuerto comercial, explotado por las low cost Flybondi y JetSmart con la venia del gobierno nacional, las denuncias sobre contaminación ambiental ya son moneda corriente. A los cuestionamientos de los vecinos de los municipios linderos a la zona en cuestión, ahora se le sumó un nuevo informe de la Universidad de Nacional General Sarmiento (UNGS) que advierte sobre las consecuencias negativas de los vuelos.
El investigador independiente del Conicet y de la UNGS, Guillermo Jorge, tituló el trabajo como “Operaciones comerciales en el aeródromo de El Palomar: Proyecciones de impacto acústico y revisión crítica de informes”. Allí elabora una serie de observaciones a los informes realizados por Aeropuertos Argentina 2000 y se le agrega a la denuncia que ya existía donde se acusaba que estaba firmado por un profesional con una inscripción “falsificada e inexistente”.
En el relevamiento, asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por AA 200 “en cierta manera, minimizan o dejan entrever que la conversión de la base militar en un aeropuerto comercial de alto tránsito no tiene impacto apreciable sobre la población vecina”.
Más adelante, detalló que “este impacto tiene dos aristas fundamentales: la contaminación por emisiones gaseosas y la contaminación sonora”, y que “no se mencionan otros tipos de efectos sobre la población, no menos importantes, como los niveles incrementados de tránsito vehicular y peatonal, vibraciones, incremento de riesgo de accidentes, etcétera”.
En cuanto a la medición de la contaminación acústica, aclaró que en el país no existe una legislación específica pero que hay “ciertas normas nacionales y protocolos utilizados internacionalmente que pueden ser aplicados para la determinación del grado de impacto de la operación de un aeropuerto sobre la población vecina”.
A su vez, recordó que meses atrás se presentó un informe realizado por el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (UNTREF) y que hubo otro trabajo “crítico” respecto de los estudios presentados por AA2000, proveniente del Centro Atómico Bariloche. Este último, afirma que “de los 32 aeropuertos internacionales mencionados como ejemplos de aeropuertos en áreas urbanas, El Palomar está en el cuarto peor lugar, siendo uno de los que posee menor distancia entre cabeceras y población urbana”.
“Entre otras críticas también menciona la falta de planificación a largo plazo respecto a la cantidad de vuelos, en contraposición a las recomendaciones de la OACI, la falta de medidas de mitigación efectivas, y la falta de un cálculo de la cantidad de habitantes afectados por el ruido (incluso teniendo todas las herramientas para hacerlo)”, añadió.
En ese sentido, Jorge aseguró que en todos estos estudios “hay coincidencia de que ya se está produciendo impacto acústico con las operaciones existentes hacia finales de 2018. En el caso de los informes de AA2000 (y aprobados por la autoridad de control), el impacto se muestra inequívocamente en sus informes (Informe de Marzo) o se oculta (Informe de setiembre) utilizando mediciones con métricas diferentes a las que ellos mismos, en informes anteriores, consideran como las aplicables para determinar impacto acústico”.
A modo de conclusión, indicó que “en la actualidad El Palomar está teniendo una operación cercana o mayor a los 30 movimientos diarios, con lo que se desprende que el aeropuerto ya estaría por encima de su capacidad máxima de operaciones de bajo impacto, y las zonas vecinas a las cabeceras ya estarían sufriendo un impacto considerable debido al ruido aeronáutico”.
“Por otro lado informes del sector científico muestran resultados muy similares a los obtenidos en este informe, mostrando una actividad aeronáutica que ya estaría produciendo impacto acústico sobre la población vecina”, agregó.
Finalmente, solicitó que “es necesario que las autoridades de control de la actividad aeronáutica tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que el impacto acústico afecte a la población vecina al aeropuerto, limitando la actividad aeroportuaria, redefiniendo sus horarios y tomando medidas mitigatorias sobre los edificios de uso público”.
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Fecha de Publicación: 18/02/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El investigador del Conicet, Guillermo Jorge, realizó un trabajo sobre las consecuencias ambientales de los vuelos que realizan las low cost Flybondi y JetSmart en la terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense.
A un año de la puesta en funcionamiento de la base militar de El Palomar como aeropuerto comercial, explotado por las low cost Flybondi y JetSmart con la venia del gobierno nacional, las denuncias sobre contaminación ambiental ya son moneda corriente. A los cuestionamientos de los vecinos de los municipios linderos a la zona en cuestión, ahora se le sumó un nuevo informe de la Universidad de Nacional General Sarmiento (UNGS) que advierte sobre las consecuencias negativas de los vuelos.
El investigador independiente del Conicet y de la UNGS, Guillermo Jorge, tituló el trabajo como “Operaciones comerciales en el aeródromo de El Palomar: Proyecciones de impacto acústico y revisión crítica de informes”. Allí elabora una serie de observaciones a los informes realizados por Aeropuertos Argentina 2000 y se le agrega a la denuncia que ya existía donde se acusaba que estaba firmado por un profesional con una inscripción “falsificada e inexistente”.
En el relevamiento, asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por AA 200 “en cierta manera, minimizan o dejan entrever que la conversión de la base militar en un aeropuerto comercial de alto tránsito no tiene impacto apreciable sobre la población vecina”.
Más adelante, detalló que “este impacto tiene dos aristas fundamentales: la contaminación por emisiones gaseosas y la contaminación sonora”, y que “no se mencionan otros tipos de efectos sobre la población, no menos importantes, como los niveles incrementados de tránsito vehicular y peatonal, vibraciones, incremento de riesgo de accidentes, etcétera”.
En cuanto a la medición de la contaminación acústica, aclaró que en el país no existe una legislación específica pero que hay “ciertas normas nacionales y protocolos utilizados internacionalmente que pueden ser aplicados para la determinación del grado de impacto de la operación de un aeropuerto sobre la población vecina”.
A su vez, recordó que meses atrás se presentó un informe realizado por el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (UNTREF) y que hubo otro trabajo “crítico” respecto de los estudios presentados por AA2000, proveniente del Centro Atómico Bariloche. Este último, afirma que “de los 32 aeropuertos internacionales mencionados como ejemplos de aeropuertos en áreas urbanas, El Palomar está en el cuarto peor lugar, siendo uno de los que posee menor distancia entre cabeceras y población urbana”.
“Entre otras críticas también menciona la falta de planificación a largo plazo respecto a la cantidad de vuelos, en contraposición a las recomendaciones de la OACI, la falta de medidas de mitigación efectivas, y la falta de un cálculo de la cantidad de habitantes afectados por el ruido (incluso teniendo todas las herramientas para hacerlo)”, añadió.
En ese sentido, Jorge aseguró que en todos estos estudios “hay coincidencia de que ya se está produciendo impacto acústico con las operaciones existentes hacia finales de 2018. En el caso de los informes de AA2000 (y aprobados por la autoridad de control), el impacto se muestra inequívocamente en sus informes (Informe de Marzo) o se oculta (Informe de setiembre) utilizando mediciones con métricas diferentes a las que ellos mismos, en informes anteriores, consideran como las aplicables para determinar impacto acústico”.
A modo de conclusión, indicó que “en la actualidad El Palomar está teniendo una operación cercana o mayor a los 30 movimientos diarios, con lo que se desprende que el aeropuerto ya estaría por encima de su capacidad máxima de operaciones de bajo impacto, y las zonas vecinas a las cabeceras ya estarían sufriendo un impacto considerable debido al ruido aeronáutico”.
“Por otro lado informes del sector científico muestran resultados muy similares a los obtenidos en este informe, mostrando una actividad aeronáutica que ya estaría produciendo impacto acústico sobre la población vecina”, agregó.
Finalmente, solicitó que “es necesario que las autoridades de control de la actividad aeronáutica tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que el impacto acústico afecte a la población vecina al aeropuerto, limitando la actividad aeroportuaria, redefiniendo sus horarios y tomando medidas mitigatorias sobre los edificios de uso público”.
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Buque de Singapur provoca derrame en el Río de la Plata
Toman muestras para evaluar el impacto del derrame de combustible en el Río
Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
La embarcación había sido contratada por YPF pero según la petrolera estaba “fuera de contrato” desde hacía diez días
Inspectores del gobierno bonaerense junto con efectivos de la Prefectura Naval realizaron ayer una inspección ocular y tomaron muestran del agua en la zona donde un buque tanque provocó un derrame de combustible en el Río de La Plata, a la altura de la localidad de Berisso, informaron fuentes oficiales.
Fuentes de Prefectura Naval Argentina indicaron que “se trata de un derrame de fuel oil producido por un rebase en la maniobra de traspaso de tanque a tanque en el buque Straits Sky” que se hallaba fondeado en el Río de La Plata desde el pasado 12 de febrero.
El hecho se produjo anteayer a las 14.50 y la dimensión de la mancha que produjo el vuelco en la costa berissense ocupa unos 400 metros de longitud por 40 de ancho.
De igual modo, señalaron que el buque de bandera de la República de Singapur, permanecerá retenido hasta que “levante los pendientes”, y se compruebe la reparación de la deficiencia bajo la custodia del guardacostas “Bahía Blanca” de la Prefectura Naval Argentina.
Todavía se investigan las causas del derramen. Algunas fuentes explicaron que la perdida de hidrocarburo se habría producido por una avería en la embarcación que impactó en la zona de playa Bagliardi, a 4 millas del balneario La Balandra. Sin embargo otras fuentes señalaron que se habría tratado del resultado de una maniobra de limpieza de un tanque de la embarcación.
Si bien, como se dijo, la nave tiene bandera de Singapur, formaría parte de la flota de la firma National Shipping, firma que se dedica al transporte de hidrocarburos en todo el litoral y costa atlántica de la República Argentina. De hecho, en la página de la firma describen al Straits Sky como un “Buque Tanque de uso Fluvial y Operaciones de Bunker construido en el año 2009 de acuerdo los últimos estándares tecnológicos. Esta embarcación se encuentra apta para el transporte de productos derivados del petróleo. Frecuenta recorridos que alcanzan los puertos de Rada La Plata”.
Si bien trascendió que el buque había sido contratado por YPF, fuentes de la empresa remarcaron que “el barco estaba off hire (fuera de contrato) desde hacía diez días”, por lo que ya no prestaba servicios para la petrolera. Además se indicó que se encontraba en una zona situada fuera del puerto.
En tanto, desde la Autoridad del Agua bonaerense (ADA) iniciaron un operativo de relevamiento tras el derrame de hidrocarburos. El organismo informó que se dispuso un operativo a cargo de la Dirección de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos de la ADA, que busca determinar el grado de afectación que pudiera ocasionar el incidente. Se desarrolló una inspección ocular y toma de muestras de agua junto a Prefectura. “Tras el análisis del material recabado se determinará el potencial nivel de compromiso ambiental” indicaron desde el Organismo de Control y Preservación de los recursos hídricos provinciales.
Interviene el Juzgado Federal N 3 de Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.
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Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
La embarcación había sido contratada por YPF pero según la petrolera estaba “fuera de contrato” desde hacía diez días
Inspectores del gobierno bonaerense junto con efectivos de la Prefectura Naval realizaron ayer una inspección ocular y tomaron muestran del agua en la zona donde un buque tanque provocó un derrame de combustible en el Río de La Plata, a la altura de la localidad de Berisso, informaron fuentes oficiales.
Fuentes de Prefectura Naval Argentina indicaron que “se trata de un derrame de fuel oil producido por un rebase en la maniobra de traspaso de tanque a tanque en el buque Straits Sky” que se hallaba fondeado en el Río de La Plata desde el pasado 12 de febrero.
El hecho se produjo anteayer a las 14.50 y la dimensión de la mancha que produjo el vuelco en la costa berissense ocupa unos 400 metros de longitud por 40 de ancho.
De igual modo, señalaron que el buque de bandera de la República de Singapur, permanecerá retenido hasta que “levante los pendientes”, y se compruebe la reparación de la deficiencia bajo la custodia del guardacostas “Bahía Blanca” de la Prefectura Naval Argentina.
Todavía se investigan las causas del derramen. Algunas fuentes explicaron que la perdida de hidrocarburo se habría producido por una avería en la embarcación que impactó en la zona de playa Bagliardi, a 4 millas del balneario La Balandra. Sin embargo otras fuentes señalaron que se habría tratado del resultado de una maniobra de limpieza de un tanque de la embarcación.
Si bien, como se dijo, la nave tiene bandera de Singapur, formaría parte de la flota de la firma National Shipping, firma que se dedica al transporte de hidrocarburos en todo el litoral y costa atlántica de la República Argentina. De hecho, en la página de la firma describen al Straits Sky como un “Buque Tanque de uso Fluvial y Operaciones de Bunker construido en el año 2009 de acuerdo los últimos estándares tecnológicos. Esta embarcación se encuentra apta para el transporte de productos derivados del petróleo. Frecuenta recorridos que alcanzan los puertos de Rada La Plata”.
Si bien trascendió que el buque había sido contratado por YPF, fuentes de la empresa remarcaron que “el barco estaba off hire (fuera de contrato) desde hacía diez días”, por lo que ya no prestaba servicios para la petrolera. Además se indicó que se encontraba en una zona situada fuera del puerto.
En tanto, desde la Autoridad del Agua bonaerense (ADA) iniciaron un operativo de relevamiento tras el derrame de hidrocarburos. El organismo informó que se dispuso un operativo a cargo de la Dirección de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos de la ADA, que busca determinar el grado de afectación que pudiera ocasionar el incidente. Se desarrolló una inspección ocular y toma de muestras de agua junto a Prefectura. “Tras el análisis del material recabado se determinará el potencial nivel de compromiso ambiental” indicaron desde el Organismo de Control y Preservación de los recursos hídricos provinciales.
Interviene el Juzgado Federal N 3 de Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.
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Mercado Central: alarma los agroquímicos encontrados
Más de la mitad de la verdura que llega al Mercado Central queda descartada por exceso de agrotóxicos detectado en sus laboratorios
Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Las cifras son oficiales y alarmantes. Más del 60% de las verduras –y un porcentaje mayor en el caso de los cítricos– contiene restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos. Los laboratorios del Mercado Central detectan y quitan de circulación esa mercadería
Hace unos años un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón habían dado positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas.
Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos y en el caso de de las mandarinas presentaron remanentes de otros 16 pesticidas.
El 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla mostró restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo cuatro variedades dieron cero en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Por otro lado, expedientes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65,4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se constató la presencia de 21 agroquímicos, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar: seis principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas.
El escenario ya es alarmante y los técnicos de los laboratorios del Mercado Central sostienen que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron en un 5%, en una tendencia que se convirtió en creciente.
La situación es más grave aún si consideramos que varios millones de toneladas de frutas y hortalizas que son comercializadas en verdulerías de todo el país llegan directamente de la huerta sin pasar por controles del Mercado Central ni de ningún otro tipo de laboratorio. Veneno directo de la tierra a la mesa, sin pérdidas ni decomisos.
Es duro pero hay que decirlo: estamos en emergencia. Los organismos nacionales y provinciales que coordinan políticas sanitarias y ambientales deben mejorar y articular urgentemente mecanismos de emergencia que garanticen la seguridad alimentaria y ambiental de los argentinos.
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Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Las cifras son oficiales y alarmantes. Más del 60% de las verduras –y un porcentaje mayor en el caso de los cítricos– contiene restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos. Los laboratorios del Mercado Central detectan y quitan de circulación esa mercadería
Hace unos años un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón habían dado positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas.
Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos y en el caso de de las mandarinas presentaron remanentes de otros 16 pesticidas.
El 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla mostró restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo cuatro variedades dieron cero en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Por otro lado, expedientes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65,4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se constató la presencia de 21 agroquímicos, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar: seis principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas.
El escenario ya es alarmante y los técnicos de los laboratorios del Mercado Central sostienen que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron en un 5%, en una tendencia que se convirtió en creciente.
La situación es más grave aún si consideramos que varios millones de toneladas de frutas y hortalizas que son comercializadas en verdulerías de todo el país llegan directamente de la huerta sin pasar por controles del Mercado Central ni de ningún otro tipo de laboratorio. Veneno directo de la tierra a la mesa, sin pérdidas ni decomisos.
Es duro pero hay que decirlo: estamos en emergencia. Los organismos nacionales y provinciales que coordinan políticas sanitarias y ambientales deben mejorar y articular urgentemente mecanismos de emergencia que garanticen la seguridad alimentaria y ambiental de los argentinos.
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Pinamar se perfila como ejemplo a seguir en turismo
Pinamar: tras prohibir las pajitas de plástico, reciclan 5 toneladas de basura por día y usan paneles solares y agua de lluvia
Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La restricción comenzó esta temporada y se reemplazaron por sorbetes de cartón. Muchos paradores ya generan gran parte de los recursos eléctricos e hídricos que consumen.
"Me dijeron que es para cuidar el medio ambiente", dice el padre de familia mientras se sienta en la mesa del restorán de un parador y reparte sorbetes de cartón para los licuados de sus tres hijos. En la ventanilla en la que una casa de comidas rápidas recibe los pedidos de hamburguesas que se hacen desde el auto, la voz de un vendedor advierte: "No vas a recibir sorbetes con el pedido, es una nueva disposición municipal". Acodado en la barra de un boliche, con una cumbia de fondo, un chico le saca la pajita al fernet: "Le siento gusto al cartón así que tomo directo del vaso", dice. En un puesto playero en el que se escucha reggae y en el que un jugo exprimido cuesta 80 pesos, el pizarrón advierte: "No hay pajitas". Este es el primer verano en el que, por ordenanza municipal, en Pinamar no están permitidos los sorbetes, excepto que sean de cartón.
La de los sorbetes es una de las varias vías por las que esta ciudad, en la que los vasos también tienen que ser de cartón o de vidrio y en la que desde 2013 los negocios no reparten bolsas de plástico, busca hacer hincapié en su perfil sustentable. Pero no es la única vía: el verano pasado había 40 puntos en los que se recibían residuos separados entre lo que es reciclable y lo que no puede recuperarse, y este verano esas estaciones de recepción de residuos se expandieron a 100. Allí, locales y veraneantes dejan su basura. Así lo detalla Carlos Méndez, presidente de la cooperativa Reciclando Conciencia, que se ocupa de terminar de clasificar esos residuos y de recuperar todo lo que pueda reutilizarse.
Según estima Méndez, en todo el partido costero de Pinamar "se recuperan, en promedio, unas cinco toneladas diarias de material reciclable, entre vidrio, plástico, cartón y chatarra". Durante la temporada de verano, el volumen de residuos que van a parar a la planta de clasificación puede aumentar más de un 70 por ciento: "Se fue logrando que los turistas separen la basura, pero todavía cuesta que limpien los residuos antes de descartarlos".
Alcanza con una recorrida por la Avenida del Mar para ver que los contenedores de madera en los que hay que discriminar según el tipo de residuo se extienden por todo el frente marítimo pinamarense. Sin embargo, en esos días en los que la playa es el plan perfecto, de cielo despejado y sensación térmica ideal para el chapuzón, esos contenedores no siempre dan abasto. Esos días, las bolsas se acumulan alrededor de los grandes cajones de madera, y no falta el perro callejero que las abre a mordiscones y desparrama los residuos.
A las normativas municipales que van desde determinar la ubicación de los contenedores de basura clasificada hasta regular el tipo de vasos en los que se puede servir un jugo, y que establecieron que los paradores playeros renovaran sus estructuras edilicias con materiales desmontables y menos agresivos para el medio ambiente, se suman las iniciativas que distintos balnearios pusieron en marcha este verano para apostar a la sustentabilidad.
Uno de ellos es Kota Beach, en la zona de La Frontera: tiene, por ejemplo, dos tanques de 6.500 litros cada uno en los que se recolecta el agua de lluvia a través de canaletas. Esa es el agua que se usa para regar las plantas del parador y que abastece los tanques de los baños. "Alcanza para el 60 por ciento del uso de agua del parador", explica Jorge Kacef, gerente de Pinamar S.A., que concesiona el balneario. Cerca de la estructura central del parador, los paneles solares: "La energía que producen alcanza para toda la iluminación del balneario y para calentar el agua que va a los baños", agrega Kacef. Una vez por semana, un instructor reúne a los chicos que están en el parador y les da una charla sobre cuánto tardan en degradarse los residuos que quedan tirados en la playa y cómo conviene separar la basura. Con guantes y bolsas, esos chicos salen en grupo a limpiar la arena.
Algunos kilómetros más hacia el norte, entre Costa Esmeralda y Pinamar, el parador La Deriva también pone el acento en el medio ambiente. Hay, por ejemplo, veinte paneles solares que abastecen de energía a todo el balneario. "Acá hay caballos, no cuatriciclos", dice Carolina Fauve, vocera del lugar. En efecto, en un palenque playero unos diez caballos esperan a que algún turista se decida por una cabalgata en el medio del médano: cuesta 500 pesos. Un espacio en alguno de los camastros a la sombra, en cambio, es gratis. "Hay caminatas para limpiar la playa y un Eco-Museo en el que pueden verse fósiles y un recorrido por las distintas etapas geológicas de la zona", describe Fauve. Sobre la barra del restorán del parador, alineados, decenas de vasos de vidrio.
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Fecha de Publicación: 16/02/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La restricción comenzó esta temporada y se reemplazaron por sorbetes de cartón. Muchos paradores ya generan gran parte de los recursos eléctricos e hídricos que consumen.
"Me dijeron que es para cuidar el medio ambiente", dice el padre de familia mientras se sienta en la mesa del restorán de un parador y reparte sorbetes de cartón para los licuados de sus tres hijos. En la ventanilla en la que una casa de comidas rápidas recibe los pedidos de hamburguesas que se hacen desde el auto, la voz de un vendedor advierte: "No vas a recibir sorbetes con el pedido, es una nueva disposición municipal". Acodado en la barra de un boliche, con una cumbia de fondo, un chico le saca la pajita al fernet: "Le siento gusto al cartón así que tomo directo del vaso", dice. En un puesto playero en el que se escucha reggae y en el que un jugo exprimido cuesta 80 pesos, el pizarrón advierte: "No hay pajitas". Este es el primer verano en el que, por ordenanza municipal, en Pinamar no están permitidos los sorbetes, excepto que sean de cartón.
La de los sorbetes es una de las varias vías por las que esta ciudad, en la que los vasos también tienen que ser de cartón o de vidrio y en la que desde 2013 los negocios no reparten bolsas de plástico, busca hacer hincapié en su perfil sustentable. Pero no es la única vía: el verano pasado había 40 puntos en los que se recibían residuos separados entre lo que es reciclable y lo que no puede recuperarse, y este verano esas estaciones de recepción de residuos se expandieron a 100. Allí, locales y veraneantes dejan su basura. Así lo detalla Carlos Méndez, presidente de la cooperativa Reciclando Conciencia, que se ocupa de terminar de clasificar esos residuos y de recuperar todo lo que pueda reutilizarse.
Según estima Méndez, en todo el partido costero de Pinamar "se recuperan, en promedio, unas cinco toneladas diarias de material reciclable, entre vidrio, plástico, cartón y chatarra". Durante la temporada de verano, el volumen de residuos que van a parar a la planta de clasificación puede aumentar más de un 70 por ciento: "Se fue logrando que los turistas separen la basura, pero todavía cuesta que limpien los residuos antes de descartarlos".
Alcanza con una recorrida por la Avenida del Mar para ver que los contenedores de madera en los que hay que discriminar según el tipo de residuo se extienden por todo el frente marítimo pinamarense. Sin embargo, en esos días en los que la playa es el plan perfecto, de cielo despejado y sensación térmica ideal para el chapuzón, esos contenedores no siempre dan abasto. Esos días, las bolsas se acumulan alrededor de los grandes cajones de madera, y no falta el perro callejero que las abre a mordiscones y desparrama los residuos.
A las normativas municipales que van desde determinar la ubicación de los contenedores de basura clasificada hasta regular el tipo de vasos en los que se puede servir un jugo, y que establecieron que los paradores playeros renovaran sus estructuras edilicias con materiales desmontables y menos agresivos para el medio ambiente, se suman las iniciativas que distintos balnearios pusieron en marcha este verano para apostar a la sustentabilidad.
Uno de ellos es Kota Beach, en la zona de La Frontera: tiene, por ejemplo, dos tanques de 6.500 litros cada uno en los que se recolecta el agua de lluvia a través de canaletas. Esa es el agua que se usa para regar las plantas del parador y que abastece los tanques de los baños. "Alcanza para el 60 por ciento del uso de agua del parador", explica Jorge Kacef, gerente de Pinamar S.A., que concesiona el balneario. Cerca de la estructura central del parador, los paneles solares: "La energía que producen alcanza para toda la iluminación del balneario y para calentar el agua que va a los baños", agrega Kacef. Una vez por semana, un instructor reúne a los chicos que están en el parador y les da una charla sobre cuánto tardan en degradarse los residuos que quedan tirados en la playa y cómo conviene separar la basura. Con guantes y bolsas, esos chicos salen en grupo a limpiar la arena.
Algunos kilómetros más hacia el norte, entre Costa Esmeralda y Pinamar, el parador La Deriva también pone el acento en el medio ambiente. Hay, por ejemplo, veinte paneles solares que abastecen de energía a todo el balneario. "Acá hay caballos, no cuatriciclos", dice Carolina Fauve, vocera del lugar. En efecto, en un palenque playero unos diez caballos esperan a que algún turista se decida por una cabalgata en el medio del médano: cuesta 500 pesos. Un espacio en alguno de los camastros a la sombra, en cambio, es gratis. "Hay caminatas para limpiar la playa y un Eco-Museo en el que pueden verse fósiles y un recorrido por las distintas etapas geológicas de la zona", describe Fauve. Sobre la barra del restorán del parador, alineados, decenas de vasos de vidrio.
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Buenos Aires: suspenden tres canteras por daño ambiental
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios
Fecha de Publicación: 12/02/2019
Fuente: El Dia
Provincia/Región: Buenos Aires
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios los operativos, ayer, en altos de san lorenzo y villa elvira
Ya sea porque suelen convertirse en depósitos a cielo abierto de basura y de virtuales quemas, o porque su gran profundidad las ha convertido en lagunas que implican un riesgo permanente para la vida de los vecinos, las canteras de la Región, unas 70, llevan tiempo en la mira comunal. Y ayer, tras una serie de relevamientos y operativos de control, clausuraron tres predios ubicados en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, por distintas irregularidades que, según el Municipio, “ocasionaban daño ambiental en la zona”.
Según informaron fuentes comunales, las tareas las llevó adelante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Ecológica, tras verificar que los predios ubicados en 619 y 122 y en 615 y 122 de Villa Elvira, no contaban con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra.
Por otra parte, la cantera de Avenida 19 y 86 de Altos de San Lorenzo era utilizada para arrojar basura y quemar los residuos, provocando un foco de contaminación ambiental en la zona, se indicó.
El Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “los agentes especializados de la Dirección de Control Ambiental alertaron que ante la quema de residuos se podrían generar sustancias químicas contaminantes que afectarían el aire y el suelo, por eso se procedió a la clausura preventiva de dichos predios”.
“Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”, agregó.
Para denunciar irregularidades y malos manejos que ocasionen o pongan en riesgo el medio ambiente, los vecinos pueden contactarse con el área de Control Ambiental a través de la línea 147 del municipio.
Hay unas 70
En La Plata, como informó este diario en un reciente artículo, hay unas 70 canteras. Los enormes socavones se encuentran Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Villa Elisa, Villa Alba, Abasto, Aeropuerto, Frisón, Melchor Romero, Colonia Urquiza, El Peligro y Altos de San Lorenzo, entre otros. Algunas de esas canteras superan con holgura las diez hectáreas de superficie.
Las canteras suelen ser fuente de diferentes riesgos y los especialistas han señalado que, esto se debe, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente y la responsabilidad que eluden habitualmente tanto los propietarios de los predios como los canteristas, que una vez que culminan con la explotación de las cavas no aportan soluciones para su recuperación.
Como se ha indicado, los peligros y daños que originan las numerosas canteras existentes son tantos que en La Plata se decidió regular la actividad de esos predios en una ordenanza, la 9760 de 2004. Su texto determina que las empresas que realicen actividades extractivas de suelos deben rodear el predio con un alambrado olímpico, colocar carteles de alerta y tener custodia privada las 24 horas.
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Fecha de Publicación: 12/02/2019
Fuente: El Dia
Provincia/Región: Buenos Aires
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios los operativos, ayer, en altos de san lorenzo y villa elvira
Ya sea porque suelen convertirse en depósitos a cielo abierto de basura y de virtuales quemas, o porque su gran profundidad las ha convertido en lagunas que implican un riesgo permanente para la vida de los vecinos, las canteras de la Región, unas 70, llevan tiempo en la mira comunal. Y ayer, tras una serie de relevamientos y operativos de control, clausuraron tres predios ubicados en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, por distintas irregularidades que, según el Municipio, “ocasionaban daño ambiental en la zona”.
Según informaron fuentes comunales, las tareas las llevó adelante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Ecológica, tras verificar que los predios ubicados en 619 y 122 y en 615 y 122 de Villa Elvira, no contaban con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra.
Por otra parte, la cantera de Avenida 19 y 86 de Altos de San Lorenzo era utilizada para arrojar basura y quemar los residuos, provocando un foco de contaminación ambiental en la zona, se indicó.
El Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “los agentes especializados de la Dirección de Control Ambiental alertaron que ante la quema de residuos se podrían generar sustancias químicas contaminantes que afectarían el aire y el suelo, por eso se procedió a la clausura preventiva de dichos predios”.
“Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”, agregó.
Para denunciar irregularidades y malos manejos que ocasionen o pongan en riesgo el medio ambiente, los vecinos pueden contactarse con el área de Control Ambiental a través de la línea 147 del municipio.
Hay unas 70
En La Plata, como informó este diario en un reciente artículo, hay unas 70 canteras. Los enormes socavones se encuentran Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Villa Elisa, Villa Alba, Abasto, Aeropuerto, Frisón, Melchor Romero, Colonia Urquiza, El Peligro y Altos de San Lorenzo, entre otros. Algunas de esas canteras superan con holgura las diez hectáreas de superficie.
Las canteras suelen ser fuente de diferentes riesgos y los especialistas han señalado que, esto se debe, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente y la responsabilidad que eluden habitualmente tanto los propietarios de los predios como los canteristas, que una vez que culminan con la explotación de las cavas no aportan soluciones para su recuperación.
Como se ha indicado, los peligros y daños que originan las numerosas canteras existentes son tantos que en La Plata se decidió regular la actividad de esos predios en una ordenanza, la 9760 de 2004. Su texto determina que las empresas que realicen actividades extractivas de suelos deben rodear el predio con un alambrado olímpico, colocar carteles de alerta y tener custodia privada las 24 horas.
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El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Luminaria pública peligrosa
Advierten sobre posible contaminación con mercurio del alumbrado público en más de 30 municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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La fauna marina afectada por la acción del hombre
El 90% de la fauna marina asistida durante 2018 fue afectada directamente por la acción del hombre
Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 300 animales, entre mamíferos y reptiles marinos y aves, que fueron asistidos durante 2018 por la Fundación Mundo Marino evidenciaron algún tipo de afección vinculada directa o indirectamente a la interacción con el ser humano. Setenta y dos animales asistidos estaban desnutridos.
"El número sale del balance que desde sobre el registro total de animales hallados que requirieron asistencia profesional, o que, al ser hallados sin vida, se les tomaron muestras para analizar las causas de su deceso", detallan desde la entidad.
Uno de los relevamientos más preocupantes es la desnutrición registrada en 72 lobos marinos ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales que aparecieron en las costas con este tipo de cuadros.
"La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación.
La especie más afectada por el enmalle fue el delfín franciscana: 41 ejemplares fueron encontrados sin vida durante el año pasado.
Para estudiar en profundidad lo que pasa allí están realizando junto a la Universidad de Mar del Plata una investigación mediante el monitoreo satelital de esta especie que permita conocer las causas de este fenómeno.
Esa amenaza no es la única: el enmalle en redes de pesca activas o en redes fantasmas también son causantes de una gran mortandad de diferentes especies marinas en todo el mundo.
"A pesar de la colaboración de diferentes pescadores artesanales de la región que traen ellos mismos los animales enmallados en sus redes, durante 2018 se registraron 58 casos con consecuencias derivadas de enmalles. La especie más afectada fue el delfín franciscana de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida durante el año pasado. El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma", recuerdan.
Plástico y censo de la basura
Una tercera amenaza para la vida de los animales fue la interacción negativa con plástico. "Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación porque confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico", aclaró Karina Álvarez.
Además, agregó: "Un caso muy llamativo durante el 2018 fue el hallazgo de un Albatros Real del Sur con más de la mitad de su cuerpo empetrolado, un ave que prácticamente no tiene contacto con humanos por su zona de distribución. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió. Se cree que la causa de su muerte no fue el petróleo: en la necropsia los veterinarios encontraron un plástico del tamaño de un botón que obstruía su intestino".
La problemática de la contaminación por plástico también se vio reflejada en el censo regional de basura (realizado entre septiembre y octubre de 2018) en el que la mencionada fundación trabajó en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Surfrider, Fundación para la Asistencia y Recepción de Animales Marinos (FRAAM), Ecoparque Buenos Aires y Vida Silvestre.
En total 535 voluntarios censaron 81 hectáreas y registraron un total de 46.673 residuos no orgánicos, de los cuales el 82% estuvo constituido por plástico.
Según la ONU, 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas a los océanos cada año.
El 20% del plástico registrado estuvo conformado por "restos" plásticos, es decir, que podría provenir de bolsas, sorbetes o botellas, entre otros residuos del mismo material, pero que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en microplásticos.
"La iniciativa para este censo surgió a raíz de la problemática que representa el plástico para las tortugas marinas que habitan en nuestras costas", explicó Álvarez y añadió: "La acumulación de este material en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte".
Otros residuos abundantes encontrados durante el censo fueron las colillas de cigarrillo que representaron el 16% de los residuos totales detectados. Diversos estudios indican que cada una de éstos desechos puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Solamente en el ultimo censo se registraron más de 7.600 colillas.
Este residuo está compuesto principalmente por acetato de celulosa, un material no biodegradable encargado de absorber las sustancias tóxicas del humo de tabaco y que puede tardar hasta 10 años en descomponerse.
Los tipos de contaminantes que más se encuentran en nuestras costas son: plásticos (82%), papel y cartón (5%), vidrio (4,8%), residuos de construcción (3,4%), metales (2,5%), telas (1,5%) y otros (0,4%). Dentro del ítem plásticos los 6 contaminantes más abundantes son: restos de plástico (20%), colillas de cigarrillo (16%), restos de nylon (8,6%), bolsas plásticas (8,3%) , tapitas (6%) y botellas plásticas (5%).
Qué ocurre con los grandes cetáceos
Una situación preocupante durante 2018 fue el de los varamientos de grandes cetáceos. El primero ocurrió a mediados de agosto cuando una ballena jorobada quedó atrapada en una red de trasmallo en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, y afortunadamente tras el operativo de rescate se pudo reinsertar al cetáceo al mar.
Durante el último fin de semana de ese mes seis orcas quedaron varadas: dos en el Partido de la Costa (Nueva Atlantis), dos en el partido de Villa Gesell (zona del faro Querandí) y dos en Mar del Plata.
Una de las halladas en Nueva Atlantis y las de Mar del Plata pudieron ser reinsertadas por los esfuerzos de los conservacionistas. El resto de las orcas aparecieron muertas.
Finalmente, tanto al inicio como al final de septiembre la citada institución asistió dos varamientos: el primero se trató de un cachorro de ballena minke hallado en Punta Rasa que también pudo ser reinsertado; y el segundo, fue el operativo que devolvió al mar a la ballena jorobada encontrada en las playas de Mar del Tuyú.
“La acumulación de plástico en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte”.
"Campaña Playas Limpias" y la necesidad de concientización sobre la importancia de no arrojar basura
Durante la temporada de verano, el equipo de esa fundación realiza la Campaña "Playas Limpias" y distribuye bolsas de papel reciclado y biodegradables a los visitantes de distintas localidades del Partido de la Costa buscando que no dejen sus residuos en las playas. Además se les brinda gratuitamente las mismas bolsas a los vendedores de churros para que reemplacen las de nylon.
"Esta temporada será la cuarta edición que ya lleva distribuidas más de 700.000 bolsas desde que lanzaron la primera edición en 2016. La acción es acompañada de juegos lúdicos y charlas educativas donde se trata de explicar el efecto nocivo que la basura tiene en la fauna marina, ilustrando especialmente el impacto directo que tiene en los animales de la zona", informaron desde la fundación.
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Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 300 animales, entre mamíferos y reptiles marinos y aves, que fueron asistidos durante 2018 por la Fundación Mundo Marino evidenciaron algún tipo de afección vinculada directa o indirectamente a la interacción con el ser humano. Setenta y dos animales asistidos estaban desnutridos.
"El número sale del balance que desde sobre el registro total de animales hallados que requirieron asistencia profesional, o que, al ser hallados sin vida, se les tomaron muestras para analizar las causas de su deceso", detallan desde la entidad.
Uno de los relevamientos más preocupantes es la desnutrición registrada en 72 lobos marinos ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales que aparecieron en las costas con este tipo de cuadros.
"La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación.
La especie más afectada por el enmalle fue el delfín franciscana: 41 ejemplares fueron encontrados sin vida durante el año pasado.
Para estudiar en profundidad lo que pasa allí están realizando junto a la Universidad de Mar del Plata una investigación mediante el monitoreo satelital de esta especie que permita conocer las causas de este fenómeno.
Esa amenaza no es la única: el enmalle en redes de pesca activas o en redes fantasmas también son causantes de una gran mortandad de diferentes especies marinas en todo el mundo.
"A pesar de la colaboración de diferentes pescadores artesanales de la región que traen ellos mismos los animales enmallados en sus redes, durante 2018 se registraron 58 casos con consecuencias derivadas de enmalles. La especie más afectada fue el delfín franciscana de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida durante el año pasado. El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma", recuerdan.
Plástico y censo de la basura
Una tercera amenaza para la vida de los animales fue la interacción negativa con plástico. "Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación porque confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico", aclaró Karina Álvarez.
Además, agregó: "Un caso muy llamativo durante el 2018 fue el hallazgo de un Albatros Real del Sur con más de la mitad de su cuerpo empetrolado, un ave que prácticamente no tiene contacto con humanos por su zona de distribución. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió. Se cree que la causa de su muerte no fue el petróleo: en la necropsia los veterinarios encontraron un plástico del tamaño de un botón que obstruía su intestino".
La problemática de la contaminación por plástico también se vio reflejada en el censo regional de basura (realizado entre septiembre y octubre de 2018) en el que la mencionada fundación trabajó en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Surfrider, Fundación para la Asistencia y Recepción de Animales Marinos (FRAAM), Ecoparque Buenos Aires y Vida Silvestre.
En total 535 voluntarios censaron 81 hectáreas y registraron un total de 46.673 residuos no orgánicos, de los cuales el 82% estuvo constituido por plástico.
Según la ONU, 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas a los océanos cada año.
El 20% del plástico registrado estuvo conformado por "restos" plásticos, es decir, que podría provenir de bolsas, sorbetes o botellas, entre otros residuos del mismo material, pero que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en microplásticos.
"La iniciativa para este censo surgió a raíz de la problemática que representa el plástico para las tortugas marinas que habitan en nuestras costas", explicó Álvarez y añadió: "La acumulación de este material en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte".
Otros residuos abundantes encontrados durante el censo fueron las colillas de cigarrillo que representaron el 16% de los residuos totales detectados. Diversos estudios indican que cada una de éstos desechos puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Solamente en el ultimo censo se registraron más de 7.600 colillas.
Este residuo está compuesto principalmente por acetato de celulosa, un material no biodegradable encargado de absorber las sustancias tóxicas del humo de tabaco y que puede tardar hasta 10 años en descomponerse.
Los tipos de contaminantes que más se encuentran en nuestras costas son: plásticos (82%), papel y cartón (5%), vidrio (4,8%), residuos de construcción (3,4%), metales (2,5%), telas (1,5%) y otros (0,4%). Dentro del ítem plásticos los 6 contaminantes más abundantes son: restos de plástico (20%), colillas de cigarrillo (16%), restos de nylon (8,6%), bolsas plásticas (8,3%) , tapitas (6%) y botellas plásticas (5%).
Qué ocurre con los grandes cetáceos
Una situación preocupante durante 2018 fue el de los varamientos de grandes cetáceos. El primero ocurrió a mediados de agosto cuando una ballena jorobada quedó atrapada en una red de trasmallo en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, y afortunadamente tras el operativo de rescate se pudo reinsertar al cetáceo al mar.
Durante el último fin de semana de ese mes seis orcas quedaron varadas: dos en el Partido de la Costa (Nueva Atlantis), dos en el partido de Villa Gesell (zona del faro Querandí) y dos en Mar del Plata.
Una de las halladas en Nueva Atlantis y las de Mar del Plata pudieron ser reinsertadas por los esfuerzos de los conservacionistas. El resto de las orcas aparecieron muertas.
Finalmente, tanto al inicio como al final de septiembre la citada institución asistió dos varamientos: el primero se trató de un cachorro de ballena minke hallado en Punta Rasa que también pudo ser reinsertado; y el segundo, fue el operativo que devolvió al mar a la ballena jorobada encontrada en las playas de Mar del Tuyú.
“La acumulación de plástico en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte”.
"Campaña Playas Limpias" y la necesidad de concientización sobre la importancia de no arrojar basura
Durante la temporada de verano, el equipo de esa fundación realiza la Campaña "Playas Limpias" y distribuye bolsas de papel reciclado y biodegradables a los visitantes de distintas localidades del Partido de la Costa buscando que no dejen sus residuos en las playas. Además se les brinda gratuitamente las mismas bolsas a los vendedores de churros para que reemplacen las de nylon.
"Esta temporada será la cuarta edición que ya lleva distribuidas más de 700.000 bolsas desde que lanzaron la primera edición en 2016. La acción es acompañada de juegos lúdicos y charlas educativas donde se trata de explicar el efecto nocivo que la basura tiene en la fauna marina, ilustrando especialmente el impacto directo que tiene en los animales de la zona", informaron desde la fundación.
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560 ejemplares de loros habladores en un camión
Tráfico de fauna: Ambiente incautó más de 500 aves de un camión en la RN 9
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires
El operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; el vehículo de transporte de cargas provenía de Santiago del Estero.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), tomó intervención en un procedimiento que realizaba personal del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” en el marco del Operativo “Viaje Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los efectivos a cargo del control hallaron en el camión un total de 560 ejemplares de loros habladores dispuestos en cajas, que se mezclaban con la carga declarada de zapallos anko.
A partir del operativo instalado en el Km 225 de la RN 9, en proximidades al acceso de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, se procedió al control de un vehículo de transporte de cargas generales que venía de Santiago del Estero y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los efectivos que revisaban la carga consignada de 800 kg de zapallo anko dieron con 14 cajas de madera con red de alambre tejido, que contenían cada una 40 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva).
En total, el organismo de Ambiente logró recuperar 560 aves que no contaban con la documentación correspondiente que avalara la tenencia y el transporte por parte del conductor. En ese sentido, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman remarcó que “el trabajo que lleva adelante la Secretaría está orientado en la prevención y educación ambiental que busca disminuir la tenencia ilegal de animales, así como la lucha contra el tráfico de fauna”. “Nuestra prioridad es cuidar nuestros recursos naturales y, de esta manera, asegurar la salud humana preservando el ambiente”, afirmó el funcionario.
Los animales serán trasladados a un centro especializado para su revisión veterinaria y su rehabilitación.
Cabe señalar que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilícito más grande en el mundo. En Argentina, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a ser comercializados. De los que llegan a venderse en forma ilegal, 10 de cada 100 se recuperan y únicamente 5 % logra regresar a su hábitat.
La demanda de especies para mascotismo contribuye al comercio ilegal de animales. La Secretaría de Ambiente de la Nación es el órgano de aplicación de la Ley N.º 22421, que implementa la conservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires
El operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; el vehículo de transporte de cargas provenía de Santiago del Estero.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), tomó intervención en un procedimiento que realizaba personal del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” en el marco del Operativo “Viaje Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los efectivos a cargo del control hallaron en el camión un total de 560 ejemplares de loros habladores dispuestos en cajas, que se mezclaban con la carga declarada de zapallos anko.
A partir del operativo instalado en el Km 225 de la RN 9, en proximidades al acceso de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, se procedió al control de un vehículo de transporte de cargas generales que venía de Santiago del Estero y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los efectivos que revisaban la carga consignada de 800 kg de zapallo anko dieron con 14 cajas de madera con red de alambre tejido, que contenían cada una 40 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva).
En total, el organismo de Ambiente logró recuperar 560 aves que no contaban con la documentación correspondiente que avalara la tenencia y el transporte por parte del conductor. En ese sentido, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman remarcó que “el trabajo que lleva adelante la Secretaría está orientado en la prevención y educación ambiental que busca disminuir la tenencia ilegal de animales, así como la lucha contra el tráfico de fauna”. “Nuestra prioridad es cuidar nuestros recursos naturales y, de esta manera, asegurar la salud humana preservando el ambiente”, afirmó el funcionario.
Los animales serán trasladados a un centro especializado para su revisión veterinaria y su rehabilitación.
Cabe señalar que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilícito más grande en el mundo. En Argentina, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a ser comercializados. De los que llegan a venderse en forma ilegal, 10 de cada 100 se recuperan y únicamente 5 % logra regresar a su hábitat.
La demanda de especies para mascotismo contribuye al comercio ilegal de animales. La Secretaría de Ambiente de la Nación es el órgano de aplicación de la Ley N.º 22421, que implementa la conservación de la fauna silvestre.
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