Secuestraron casi 100 aves exóticas en cautiverio: las fotos 

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba


Los procedimientos se realizaron en cuatro viviendas de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Las especies permanecerán en la Reserva Tatú Carreta hasta poder ser liberadas.
Casi 100 aves exóticas en cautiverio fueron secuestradas tras distintos procedimientos que se realizaron en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.
Las especies fueron trasladadas hacia la Reserva Tatú Carreta, en la zona de Casa Grande, donde se rehabilitarán en cuarentena para luego, ser liberadas en su hábitat natural.
Los procedimientos se llevaron a cabo en cuatro domicilios de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Estuvieron a cargo de personal de Policía Ambiental y Patrulla Ambiental, informaron las fuentes.
Se secuestraron 94 aves de especies diferentes; así, se comprobó así la infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.
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Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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Lomas de Olmedo: La Justicia ordena medidas por el pozo petrolero fuera de control

Fecha de Publicación: 30/05/2025
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Tras la audiencia convocada por la fiscal María Sofía Fuentes, se exigió a la empresa President Petroleum un plan de contingencia inmediato. 
La Justicia ordenó ayer una serie de medidas urgentes para contener el grave daño ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo x-10 (LO-x10), operado por President Petroleum S.A., ubicado en el área de Puesto Guardián, en el noreste salteño. La decisión judicial surge a raíz de una audiencia convocada en el marco del Plan Piloto de Oralidad, solicitada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien interviene en la causa tras múltiples denuncias por derrames de hidrocarburos y emisiones de gases sin control.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y resolvió, entre otras medidas, intimar a la empresa a presentar un plan de contingencia inmediato, ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo, y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa, que fue debidamente notificada, no se presentó en la audiencia.
Entre las resoluciones más importantes dictadas por el juez se destacan:
- La presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
- La entrega de un diagnóstico de impacto ambiental en el corto plazo y un estudio de impacto ambiental y social en el mediano.
- La formulación inmediata de un plan de contingencia para contener el pozo y sus derrames, y la ampliación del perímetro cercado ante el riesgo de hundimiento del terreno, según advirtió el perito del CIF, José Luis Manzano.
- La designación de un nexo técnico con las autoridades, con canal de comunicación permanente.
- Todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta deberá constituir de inmediato un Comité de Crisis y presentar el contrato de concesión y sus antecedentes de los últimos 12 meses.
Todas estas medidas deben cumplirse en los plazos fijados bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La resolución judicial llega tras la creciente alarma ambiental por el pozo LO-x10. Según las denuncias de vecinos, el pozo está fuera de control desde 2023 y ha derramado hidrocarburos sobre suelos, cursos de agua, vegetación y ganado de la zona. Las erupciones se intensificaron en las últimas semanas, con imágenes viralizadas que evidencian columnas de gas y petróleo brotando violentamente del terreno.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar la situación. Afirmó que los derrames provocaron la muerte de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres. El impacto alcanzó napa freática, flora nativa y aguas superficiales contaminadas con espuma blanca y olor a gasolina.
Las críticas de los pobladores no solo apuntan a la empresa operadora, sino también a la pasividad de los organismos estatales competentes. El antecedente más temido es el del pozo Martínez de Tineo 14, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2010 y requirió más de seis años para su sellado definitivo tras un largo proceso judicial con YPF y otras operadoras.
El cuadro se agrava por la delicada situación económica de President Petroleum. En 2024, la compañía de capitales británicos se presentó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda de 61,3 millones de dólares. Esta falta de solvencia pone en duda su capacidad para afrontar los costos millonarios que implica el cierre técnico de un pozo descontrolado, que requiere equipos especializados, insumos y personal calificado.
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Vaca Muerta volvió a temblar: se registró un sismo cerca de una operación petrolera en Añelo

Fecha de Publicación: 30/05/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Un nuevo sismo fue registrado este martes a unos 35 kilómetros al norte de la localidad neuquina de Añelo, en plena zona de desarrollo de Vaca Muerta. El evento fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
Según informaron, el temblor tuvo una magnitud de 2,5 en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.
El epicentro se localizó muy cerca de un equipo de fractura hidráulica (fracking) operado por YPF S.A. en el área conocida como Aguada del Chañar, a tan solo 4 kilómetros de distancia, que exponen nuevamente la coincidencia espacial y temporal entre sismicidad inducida y fracking.

Ya son 14 los sismos registrados en Añelo, el corazón de Vaca Muerta este año
El pasado mes un sismo de magnitud 3.5 en la escala de Richter se registró la localidad de Añelo. El movimiento telúrico fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que también indicó que se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 102 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, 443 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa (La Pampa) y 80 kilómetros al noreste de Cutral Co.
Con este evento, ya suman 14 los sismos registrados en la región en lo que va del año.
Si bien es habitual que se registren movimientos menores, especialmente en zonas como Sauzal Bonito con magnitudes cercanas a 2.5, en febrero pasado esa misma localidad fue sacudida por un sismo de 3.9, el más fuerte del año hasta ahora.
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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Desbaratan un zoológico clandestino y liberan a animales en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente:  Portal MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires


Una gran cantidad de animales de distintas especies que se encontraban en cautiverio fueron rescatados de un zoológico clandestino en provincia.
La Policía Federal Argentina logró rescatar varios animales de diferentes especies que se encontraban en cautiverio en un zoológico clandestino en la provincia de Buenos Aires. En este, había animales de granja, monos, guacamayos, carpinchos y ciervos en distintas condiciones de extrema precariedad.
La operación se dio luego de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, relacionada al cuidado y preservación de fauna silvestre, donde personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina recuperó a nueve animales que estaban en cautiverio en un predio a cielo abierto en Buenos Aires.
Todo había comenzado en abril de este año, luego de que alguien denunciara que había animales en condiciones muy precarias de higiene y salud en una propiedad privada ubicada en Luján. Luego de realizar la investigación, descubrieron una estancia en Carlos Keen, donde se ofrecía al público un típico día de campo, con juegos infantiles, y se podía también recorrer la granja.
Luego de recibir la información, el Juzgado de Garantías 1°, a cargo de Marcelo Enrique Romero, ordenó el allanamiento de la estancia, donde descubrieron que, además de encontrarse con animales de granja, había un mono pincel, tres guacamayos, un carpincho, dos ciervos axis y dos ñandúes. Todos estos no solo se encuentran en peligro de extinción, sino que está prohibida su tenencia y están dentro de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre.
En esta finca, ubicada sobre el kilómetro 4,5 del camino provincial, no se contaba con la habilitación necesaria para funcionar como un zoológico y tampoco había documentación que respaldara la tenencia de estas especies.
Finalmente, la Fiscalía determinó que las especies permanezcan en el lugar, bajo carácter de "depositario judicial", hasta que el organismo correspondiente se presente en el lugar y retire a estas especies y las traslade a un lugar adecuado. Las mismas quedarán bajo resguardo de la Dirección de Flora y Fauna.
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Fuerte temporal en Santa Fe: un muerto, destrozos, evacuados, inundaciones y clases suspendidas

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Afectó principalmente a las localidades santafesinas de Vera y General Obligado. El alerta meteorológico rige hasta la noche. En Corrientes, Misiones y Chaco también rigen avisos por condiciones climáticas peligrosas para la vida.
A dos semanas del temporal que provocó víctimas fatales y desastres en infraestructura en las localidades bonaerenses de Campana y Zárate, una fuerte tormenta azotó  esta madrugada a la provincia de Santa Fe: según reportaron las autoridades, hay una persona fallecida, destrucciones materiales, evacuados, inundaciones y clases suspendidas en varias localidades producto de la abundante lluvia en pocas horas.
Un aviso meteorológico por "tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas" se mantiene desde las 16 de este lunes para las localidades de General Obligado y Vera, las más afectadas de la provincia santafesina, según la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
En rigor, la ciudad santafesina de Vera es la que se encuentra en una situación más crítica, ya que cayeron más de 400 mm de agua, un volumen que equivale al promedio histórico de meses en la región central del norte santafesino.
En el marco de esta situación extraordinaria, la Municipalidad de Vera decretó la emergencia hídrica y la junta de Protección Civil comenzó a coordinar la asistencia a sus habitantes.
En ese lugar, varios vecinos debieron ser evacuados ante las inundaciones por la fuerte precipitación. Asimismo, una mujer murió de un infarto al ver que su casa de inundaba, según contó su hijo a las autoridades policiales. Otras personas fueron hospitalizadas por ataques de pánico y hasta se registró una emergencia obstétrica que demandaba atención urgente, según describió La Capital de Santa Fe.
La intendenta de Vera, Paula Mitre, confirmó que la ciudad, ubicada a unos 500 kilómetros de Rosario, se convirtió en el escenario de una "catástrofe" debido a las abundantes precipitaciones.
Las imágenes de los estragos que provocó la tormenta en esas localidades de Santa Fe empezaron a circular por las redes sociales desde la madrugada de este martes. Lo que se ve son calles anegadas, autos que estaban estacionados en las calles sumergidos en el agua, y personas intentando cruzar a pie las correntadas de agua con algunas pertenencias o niños y mascotas a cuestas.
Los vecinos de los barrios de Martín Fierro y San Martín de Porres habrían sido los más afectados. El centro barrial de esta última zona es uno de los cuatro puntos de atención a quienes abandonaron sus hogares. El resto fue trasladado a los clubes Huracán, Ferro y Gimnasia.
En este contexto, desde la Municipalidad informaron que ya se encuentra en la ciudad “personal de la Secretaría de Protección Civil de la Provincia colaborando con la junta local”. Asimismo, se espera que, a primera hora hoy llegue a Vera “maquinaria y equipos de la Secretaría de Recursos Hídricos para ayudar ante la emergencia climática”.
Asimismo, en respuesta a la dramática situación que viven distintas localidades santafesinas, varias escuelas suspendieron las clases en todos sus niveles. Se dispuso también que los empleados municipales que no estén involucrados en las tareas de emergencia queden desafectados de sus funciones el martes.
La Municipalidad de Vera convocó a la Junta de Protección Civil local para coordinar las tareas de emergencia, y se estableció un Centro de Evacuados en el Club Gimnasia. Hasta la medianoche de este lunes, 28 personas habían sido evacuadas a este lugar. Además, se habilitó una línea telefónica (3483-490824) para asistir a las familias que requieran evacuación.
Además, una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reconquista, liderada por el jefe César Romano, se desplazó a la ciudad antes de la medianoche para brindar apoyo junto a otros cuarteles de la región.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, para lo que resta de este martes continuarán las tormentas fuertes hasta la noche en gran parte de la provincia santafesina. En la mañana todavía rige el alerta naranja, por lo que las autoridades piden que la gente no salga de sus casas. A las 08.44 de hoy emitieron un aviso a corto plazo para el noreste de la provincia de Santa Fe, gran parte del noroeste de Corrientes, y el sureste de Chaco.
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Fiscal federal solicitó a Prefectura muestras periódicas del río Uruguay

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.
Muestras del río Uruguay. La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Concepción del Uruguay, inició de oficio una investigación vinculada al proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la ribera oriental del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón. La iniciativa empresarial generó preocupación en ambas márgenes del río ante el hermetismo de las autoridades y la posible afectación al ambiente.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, explicó Minatta al medio El Entre Ríos, sobre los fundamentos de su actuación preliminar.
En este sentido, la Fiscalía solicitó información a organismos ambientales nacionales y provinciales. “Hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”, remarcó la fiscal, en referencia a la falta de documentación formal sobre el emprendimiento del lado uruguayo.

Muestras independientes y testimonios de vecinos: primeras medidas en marcha
Con el objetivo de obtener datos independientes que permitan monitorear la situación ambiental antes de que se avance con el emprendimiento, Minatta ordenó una serie de medidas. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, subrayó.
Al mismo tiempo, el equipo de la fiscalía comenzó a tomar declaraciones testimoniales de los vecinos de Colón, una de las localidades argentinas potencialmente más expuestas a los efectos de una eventual contaminación del río. Las medidas forman parte de una estrategia preventiva que busca sentar antecedentes y evitar que se repita lo ocurrido durante el conflicto por la pastera Botnia.
No obstante, la mayor dificultad hasta el momento es la falta de información oficial sobre el proyecto. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”, indicó Minatta.

Posibles delitos y consecuencias legales: la fiscal no descarta imputaciones
La fiscal federal explicó que, una vez que se disponga de información técnica concreta, se podrá avanzar en la evaluación de responsabilidades. Asesorada por especialistas en derecho ambiental y ecología, Minatta identificó riesgos que podrían derivarse del funcionamiento de la planta. “Se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”, advirtió.
En ese contexto, anticipó que podrían configurarse delitos ambientales en caso de comprobarse perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los delitos que se evalúan en forma preliminar incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”, figuras previstas en el Código Penal y en legislación ambiental argentina.
Asimismo, Minatta no descartó que haya funcionarios argentinos que “podrían ser imputados” en el caso de que se determine “algún incumplimiento de sus funciones”, por omitir acciones de control o gestión en defensa del medioambiente.
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El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
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Campesinos denuncian mortandad de animales por derrame de hidrocarburos

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pequeños productores sostienen que un pozo petrolero que operaba la empresa President Petroleum emana gases tóxicos, contamina las napas y está matando a animales domésticos y fauna y flora silvestre. Las denuncias datan de 2023 pero el alerta se disparó ahora porque el pozo se agrandó y despide mayor cantidad de hidrocarburos acompañados de un intenso ruido como de trueno.
Productores ganaderos de la finca El Estanque, en Lomas de Olmedo, a casi 70 kilómetros de la localidad de Pichanal en el norte de la provincia de Salta denuncian el daño ambiental y económico que viene provocando el derrame de petróleo y gases tóxicos que emanan de un pozo abandonado por la empresa President Petróleum SA.
La denuncia fue difundida por Greenpeace, que puso de resalto el daño ambiental que está provocando este derrame.
Si bien las emanaciones datan de 2018 y en 2023 se abrió una boca que expulsa hidrocarburos, la situación se agravó el pasado 19 de mayo porque "reventó" el pozo conocido como "Olmedo 10", de donde están emergiendo más líquido y gases con una fuerza que provoca un ruido como de trueno, lo que causa temor en los habitantes cercanos, quienes reclaman la intervención urgente de las áreas de Minería y Energía de la provincia.
Los pequeños productores cuya finca está siendo afectada por este derrame vienen denunciando formalmente este daño desde agosto del 2023, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas de remediación.
El productor Aureliano Reyes, que hace 40 años reside en esa zona, hizo constar en su denuncia que por 2018 se intensificó el olor a gas en la zona. En agosto de 2023 se abrieron cráteres que emanaban un líquido blanco acompañado de un fuerte ruido similar a una garrafa abierta. En esa época comenzaron a morir animales.
Reyes difundió un video en el que muestra como se enciende el líquido semejante a gas oil que vomitó una vaca que murió luego de agonizar 15 minutos. Ese animal había bebido poco antes, por eso los productores aseguran que el pozo está contaminando las napas.
Según aseguraron los campesinos, ya murieron unos 350 animales vacunos, además de otros animales domésticos como caballos, y fauna silvestre como zorros y aves de toda clase.
President Petroleum es subsidiaria de la empresa británica President Energy, que está instalada en Salta en en lugar conocido como "Dos Puntitas”, en el paraje La Estrella.
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Preocupa en Bigand el aumento de casos de cáncer y apuntan contra los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Los vecinos de la localidad del departamento de Caseros presentaron una nota para que se lleven a cabo estudios ambientales, alarmados por los diagnósticos en mujeres jóvenes
En los últimos meses, la comunidad de Bigand encendió sus alarmas ante el aumento de casos de mujeres jóvenes que padecían tumores o cáncer, algunos de ellos con desenlaces fatales. Preocupados por la situación, vecinos impulsaron un pedido de informe al gobierno provincial para que analice la situación que, según manifiestan, se debe a factores ambientales de contaminación por agroquímicos. En ese marco, recibieron a especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para interiorizarse en el tema.
A través del Samco local, el pasado 6 de mayo los vecinos elevaron la nota al Área de Epidemiología de la Provincia de Santa Fe tras registrar “numerosos casos de fallecimiento por cáncer, de mujeres jóvenes (de entre 30 y 50 años), así como también un aumento significativo de diagnósticos asociados a enfermedades tumorales”. Exponiendo datos de un informe epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR en 2013, solicitaron una evaluación “imprescindible e inmediata" sobre los “elementos medioambientales” que rodean a la comunidad y la adquisición de un tomógrafo que permita diagnósticos tempranos para el centro de salud de la comuna.
 Tomando conocimiento del tema, el gobierno provincial respondió mediante la Agencia de Control del Cáncer y confirmó a La Capital que “se procederá a analizar los datos disponibles en los registros provinciales para brindarles información validada sobre los indicadores epidemiológicos de Bigand vinculados al cáncer”.

Una movida de todo Bigand
Bigand es un pueblo tranquilo y ordenado, de casas bajas, con unos 7 mil habitantes y con una economía que tracciona en torno a una gran empresa alimenticia. Desde los bomberos hasta los comerciantes, todo el pueblo se enlistó detrás del pedido de informe.
El jefe comunal Alejandro Ruggieri, que concluye su mandato en junio, junto a los candidatos en las próximas elecciones, se unieron en el reclamo y participaron de la jornada que Damián Verzeñassi, director de Salud Socioambiental de la UNR, encabezó en el cuartel de Bomberos Voluntarios el pasado 16 de mayo a la cual asistieron un centenar de personas. “Nos alarmamos. Generaba mucha angustia que otra atraviese una enfermedad agresiva, terrible a nivel psicológico y físico”, contó a La Capital Bárbara Perucci, vecina del pueblo y firmante del petitorio.
En este marco, en Bigand comenzó a fortalecerse el grupo Unidas por una buena causa, un grupo de pacientes oncológicos que desde 2023 se reúne para acompañarse en el camino del tratamiento. “El director del Samco nos abrió las puertas ante la demanda que teníamos, nos interiorizamos y recordamos que tenemos el antecedente del campamento sanitario que hizo la UNR en 2013”, agregó Perucci.
La situación, para Perucci, “se agravó y queremos que se identifiquen los factores” por lo que presentaron la nota en el Samco local. La mujer también advirtió que, al notificarse del pedido, otras comunidades, como Bombal y Alcorta, se contactaron con el grupo de Bigand. “Estamos muy cerca todas y según el informe de la UNR es una de las zonas más expuestas a este tipo de factores ambientales, es decir, agroquímicos”, planteó.

Qué dice el informe de la UNR
En 2012, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, a través del Instituto de Salud Socioambiental, realizó un campamento sanitario en Bigand, una tarea que realizó en otras localidades hasta 2019. Luego por cuestiones de gestión, el programa se discontinuó.
En aquella oportunidad, el conjunto de los 40 campamentos determinó que en los pueblos donde al menos el 90% de la población vive a menos de 1.000 metros de lugares donde se utilizan agroquímicos “aumenta 2,5 veces el riesgo de morir por cáncer entre los 15 y 44 años, y que las mujeres tienen un 60% más de posibilidades de enfermarse de cáncer respecto de la media nacional”, aseguró el propio Verzeñassi a La Capital.
Según los datos recabados por el instituto, esos resultados se debían a un modelo de producción instalado en 1996 en el que se incorporan organismos transgénicos y agroquímicos, estimulantes para algunos tipos de cánceres. “Esto es una forma de expresar con nuestros cuerpos el daño del modelo productivo”, dijo Verzeñassi, y agregó que estas comunidades “están expuestas un 1.100% más a estos venenos, que antes no se usaban”.
Por otro lado, Verzeñassi hipotetizó que las mujeres sean más propensas a tener cáncer por la alteración más rápida del sistema endocrino que manifiestan naturalmente. Esto se debe a que los agroquímicos generan una alteración endocrina que fomentan la aparición de células cancerígenas.

Cambiar las formas de producción
Verzeñassi, que pensó que se iba a encontrar con una reunión en una sala, habló ante un cuartel de bomberos que desbordaba de vecinos e instó a pensar políticas públicas que acompañen a los productores de nuestra región a un proceso de transición que permita seguir trabajando la tierra “sin poner en riesgo la salud de los vecinos”.
“No estamos pidiendo que dejen de producir, estamos diciendo que hay que producir sin veneno y eso es posible y necesario”, planteó el experto.
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Crecen los eventos climáticos extremos, pero la política los ignora

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


A pesar de que fenómenos como inundaciones, olas de calor o sequías van en aumento, el ambiente y el clima están ausentes de la agenda en un año electoral
Según el sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el calentamiento global ya ha alcanzado aproximadamente 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales y se espera que llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2035 si no se toman medidas drásticas. Este aumento de temperatura está provocando aumentos en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y el derretimiento de glaciares, con consecuencias irreversibles para ecosistemas y comunidades humanas.
Esta situación se refleja en la Argentina en eventos recientes que aún resuenan en la opinión pública y continúan generando sufrimiento a las personas damnificadas. En 2022 la provincia de Corrientes perdió alrededor de 1 millón de hectáreas por los incendios forestales y rurales; durante el verano de 2025 se perdieron más de 50.000 hectáreas de bosques nativos en la Patagonia; en marzo de 2025 se precipitaron en Bahía Blanca más de 300 mm de lluvia en menos de 12 horas con consecuencias trágicas para la población; recientemente se repitió un evento de similares características en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires con precipitaciones de entre 400 y 300 mm en 20 horas. Todos estos eventos han generado pérdidas humanas, materiales y enormes costos al sector público y privado para la asistencia y recuperación de los daños generados.
Así cómo la ciencia ha anticipado la manifestación de estos eventos, también ha indicado claramente qué debemos hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran las manifestaciones del cambio climático y las consecuencias que vivimos cada vez con más intensidad, frecuencia y sufrimiento.
Reducir la quema de combustibles fósiles, promover el uso de las energías renovables y el uso racional y eficiente de la energía, frenar la deforestación y la conversión de los humedales y los pastizales naturales (generalmente realizadas para ampliar áreas agrícolas y ganaderas) han sido indicadas como medidas centrales para reducir la tendencia de aumento de la temperatura global y sus consecuencias. Sin embargo, la sociedad global ha reaccionado mal y tarde. Las medidas a realizar no han sido promovidas a la escala y en el tiempo apropiado.
El cambio climático está aquí, nos impacta, y sus efectos son claramente visibles. Es por ello que hay otro paquete de medidas sumamente necesarias, las de la Adaptación al Cambio Climático. En referencia a los eventos extremos que estamos sufriendo, toman relevancia los Sistemas de Alerta Temprana, su comunicación y la rápida puesta en marcha de las medidas preventivas. Las características extremas de los eventos suelen sobrepasar cualquier obra de infraestructura existente, no obstante, el mantenimiento y mejora de la infraestructura es sin duda otra política climática a implementarse.
En este aspecto es necesario reforzar la infraestructura verde y azul que se basa en el manejo de variables naturales y del ecosistema, por sobre la infraestructura gris que se basa en obras de ingeniería hidráulica o de construcciones materiales. En este aspecto es necesario reforzar lo que se conoce como Soluciones Basadas en Naturaleza, como la medida más apropiada para mejorar las condiciones de la biodiversidad, reducir el impacto del cambio climático y mejorar la calidad de vida de las personas.
Argentina ha iniciado un año con elecciones de medio término. La situación descripta tiene una alta vinculación con las variables económicas, sociales y ambientales del país. Lamentablemente el abordaje de una adecuada política climática y ambiental no forma parte de la campaña electoral. A la espera de que la clara evidencia de su importancia lleve a modificar el compromiso de la política pública, la Fundación Vida Silvestre Argentina refuerza su compromiso para colaborar y ser parte de la solución.

Por Manuel Jaramillo - Director general de Fundación Vida Silvestre Argentina
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Río Negro declaró monumento natural al huillín para frenar su extinción

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: Portal Bariloche2000
Provincia/Región: Río Negro


La Legislatura rionegrina aprobó en primera vuelta la declaración del huillín como monumento natural, prohibiendo toda actividad que lo afecte. La especie, en peligro de extinción, es clave para la salud de los ecosistemas acuáticos.
La Legislatura de Río Negro dio un paso clave en la protección de una de las especies más emblemáticas y vulnerables de la fauna patagónica: el huillín, también conocido como nutria de río o gato de agua. Con mayoría de votos,  se aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que lo declara monumento natural, una figura legal que implica fuertes restricciones para garantizar su supervivencia.
La iniciativa, impulsada por el legislador Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), prohíbe expresamente la captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio, transporte y comercialización de ejemplares de huillín, así como de sus productos o derivados. También queda vedada cualquier acción que impacte negativamente en su hábitat. Solo se exceptúan actividades científicas previamente autorizadas, con fines de conocimiento, protección o recuperación de la especie.
“Ha disminuido drásticamente su población en las últimas décadas”, alertó Frugoni durante el debate, y explicó que uno de los principales peligros actuales es la presencia del visón americano, una especie exótica invasora que depreda al huillín y compite con él por el alimento.
El huillín es un mamífero anfibio carnívoro, de hábitos nocturnos y excelente nadador gracias a su cuerpo hidrodinámico. Aunque depende del agua para alimentarse —se nutre de crustáceos y peces— también se desplaza con soltura por tierra firme. Puede pesar hasta 15 kilos y medir más de un metro de largo, incluyendo su distintiva cola, que le permite impulsarse al nadar. Sus descansaderos y madrigueras los construye en las costas, aprovechando cavidades, raíces expuestas y vegetación densa. Es un animal solitario, que se reproduce cada dos años.
Desde 1950 su caza está prohibida, debido al valor que alcanzaba su piel en el mercado. Sin embargo, la presión humana sobre su hábitat —a través de la contaminación, la basura costera, la presencia de perros y la alteración del paisaje— continuó reduciendo su número.
El Parque Nacional Nahuel Huapi considera al huillín una especie de especial valor dentro de su fauna silvestre y ha desarrollado un Proyecto de Conservación que se sostiene desde la década del 80. Esta iniciativa combina investigación científica, gestión ambiental y educación, con el objetivo de preservar a largo plazo esta especie clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
El huillín es un depredador tope en su ambiente: al controlar la población de peces y crustáceos, impide el desbalance en la cadena trófica y ayuda a mantener la biodiversidad. Su presencia, además, es un importante indicador biológico del estado de salud de los cuerpos de agua.
En este contexto, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), celebró el avance del proyecto y recordó que “los primeros indicios de protección surgieron hace años, con numerosas presentaciones tanto en la provincia como en el Senado de la Nación”. También aprovechó para destacar la necesidad de proteger a otras especies patagónicas, como el guanaco, las orcas y la ballena franca austral, para la cual propuso recientemente la creación de un observatorio.
La nueva normativa incorpora además la posibilidad de realizar denuncias o registros de avistajes de huillines mediante la línea 105 de emergencias ambientales de la Legislatura, con el objetivo de seguir monitoreando su situación en el territorio.
El proyecto deberá ser tratado en segunda vuelta para convertirse en ley, pero su aprobación inicial marca un hito en la lucha por la conservación de una especie que, por su belleza, rareza y rol ecológico, merece un lugar protegido en la memoria y el futuro de la Patagonia.
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La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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Denuncian ante la justicia la trama oculta detrás de «la mafia del desmonte» en Chaco

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Una investigación de la Asociación de Abogados Ambientalistas que incluyó cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar” en Chaco. Un entramado de alcance nacional con beneficiarios con nombre y apellido, así como funcionarios que colaboraron en su realización.
Una grave denuncia fue radicada este jueves en la Justicia federal. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó como prueba un informe interdisciplinario que revela la existencia de un sistema mafioso que desmonta ilegalmente el monte chaqueño argentino.
La causa FRE 3086/2024, conocida como «la Mafia del Desmonte en Chaco» y que se encuentra bajo estudio de la jueza federal Zunilda Niremperger con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini, recibió un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas por el equipo que construye un mapa y detalla con nombres y fechas, cómo funciona el entramado de corrupción en relación al desmonte ilegal.
Según publicó la Asociación en su comunicado, solicitó además nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

Un mapa de la mafia del desmonte chaqueño
En el comunicado, la Asociación explica que tras haber realizado cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, el informe denunciado ante la Justicia “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
De esta manera –sostienen– lejos de ser denuncias aisladas, conforman un sistema del cual surgen nombres y apellidos en cada eslabón de la cadena: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se entrecruzaban.
Asimismo, aclararon que el entramado no se limita a la provincia de Chaco sino que “la acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada”.
La Asociación acusa al actual senador nacional Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, de haber garantizado al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes: “a cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, la investigación aseguró que “el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”.
En este sentido, detallaron que en 2012, Bergia impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica: “y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el aprovechamiento de productos abatidos”.

Complicidad gubernamental y empresarial
Acorde al informe presentado, entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte.
El informe no escatima en señalar cuáles fueron las empresas más beneficiadas por el demonte ilegal: “el caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido”.

Qué empresas fueron beneficiadas
- MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
- CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
- TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
- Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
- Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

Connivencia del ex Ministro de la Producción
La Asociación denunció que el ex ministro de Producción de Chaco, Hernan Halavacs, gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”, detallaron.
Entre los eslabones gubernamentales que colaboraron con «la Mafia del Desmonte», la Asociación también señaló a los directores provinciales Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino: “de un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino”.

Permisos truchos
Según la Asociación, se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de «recategorización predial». Según comunicaron, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. “Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”, detallaron.

Las “autorizaciones especiales”
La Asociación señaló que uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales” ya que es central en la investigación penal federal.
“Refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de legalidad, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”, aseveraron.

La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado con el objetivo de compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
Según denunció la Asociación, la Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario: el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
“La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas –subrayaron–. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
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Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Salta


Lo anunció el secretario coordinador de Energía de Luis Caputo. Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028.
El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.
La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.
“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.
El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.
González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.
Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.
Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.
Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años
El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.
Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.
De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.
Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.
Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.
En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.
Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.
Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.
En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.
Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.
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