Acumar autoriza volvamiento de contaminantes
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Acumar autorizó a verter al Riachuelo siete sustancias contaminantes prohibidas desde hace años
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Entre Ríos: 20 denuncias semanales por desmonte
Se reciben en promedio 20 denuncias semanales por tala de monte nativo
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo confirmaron desde la Dirección de Recursos Naturales. "Es algo muy difícil de parar", reconocen
Un promedio de 20 denuncias por semana dando cuenta del desmonte de bosques nativos en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos son las que recibe la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia, el área a cargo de la inspección y el control de una práctica que está penada por la ley. Suele suceder que esa cantidad de denuncias corresponden a tres o cuatro desmontes ocurridos en tierras consideradas fértiles o aptas para la producción de determinado emprendimiento. La situación no es nueva, e incluso el 20 de abril se hizo público un fallo judicial que condenó a la empresa Masnou por realizar desmonte en un establecimiento de Sauce de Luna, Departamento Federal, excediéndose en la superficie autorizada: el gobierno había concedido un permiso para tala 100 hectáreas, pero la firma agropecuaria desmontó 242. "Estamos labrando infracciones todas las semanas; tenemos hasta cinco denuncias por un mismo desmonte. Eso habla bien de la conciencia de la gente. Es algo muy difícil de parar porque desmontar en tierras que son fértiles te da una rentabilidad alta", aseguró el titular de la Dirección General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
Según datos oficiales se han llevado adelante desmontes en tierras que no tienen valor económico y que luego se abandonan después de la primera cosecha. Al trazar un diagnóstico de esta problemática, el funcionario remarcó que es una modalidad difícil de erradicar. "Hay productores que lo incorporan como parte de los gastos de labranza, incluyendo la multa que se cobra, las cuales se están aplicando permanentemente", planteó Ledesma en diálogo con UNO.
Las regiones con mejores suelos se pueden encontrar en el Departamento Villaguay, La Paz, y en el sur de la provincia, se reconoció desde la repartición. La tarea de fiscalización y control una vez que se reciben las denuncias está a cargo de dos equipos que se movilizan en forma terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría de Ambiente realiza un vuelo mensual con la finalidad de detectar mediante el sistema de GPS desmontes en diferentes puntos del territorio. "Se verifican alrededor de 20 desmontes vía aérea", detalló Ledesma.
"Es muy difícil que alguien desmonte y no lo tengamos registrado. Es algo que no se puede esconder, porque lo ves hoy o lo visualizás dentro de una semana. Porque disponemos de las imágenes satelitales", enfatizó.
Normativa
Son dos las leyes que establecen claramente la competencia del Estado en la regulación de sus recursos naturales y en la protección del medio ambiente. Una de ellas es la Ley provincial Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que quedó sancionada en febrero de 2014, pero que recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015. La siguiente tiene alcance nacional, la Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. "Atendemos el 100% de las denuncias que se reciben en la Dirección", sostuvo Ledesma. Señaló que las denuncias se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos: 0800-monte, o a las líneas de Recursos Naturales, (0343) 4207870, 4208876 y 4227398.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo confirmaron desde la Dirección de Recursos Naturales. "Es algo muy difícil de parar", reconocen
Un promedio de 20 denuncias por semana dando cuenta del desmonte de bosques nativos en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos son las que recibe la Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia, el área a cargo de la inspección y el control de una práctica que está penada por la ley. Suele suceder que esa cantidad de denuncias corresponden a tres o cuatro desmontes ocurridos en tierras consideradas fértiles o aptas para la producción de determinado emprendimiento. La situación no es nueva, e incluso el 20 de abril se hizo público un fallo judicial que condenó a la empresa Masnou por realizar desmonte en un establecimiento de Sauce de Luna, Departamento Federal, excediéndose en la superficie autorizada: el gobierno había concedido un permiso para tala 100 hectáreas, pero la firma agropecuaria desmontó 242. "Estamos labrando infracciones todas las semanas; tenemos hasta cinco denuncias por un mismo desmonte. Eso habla bien de la conciencia de la gente. Es algo muy difícil de parar porque desmontar en tierras que son fértiles te da una rentabilidad alta", aseguró el titular de la Dirección General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
Según datos oficiales se han llevado adelante desmontes en tierras que no tienen valor económico y que luego se abandonan después de la primera cosecha. Al trazar un diagnóstico de esta problemática, el funcionario remarcó que es una modalidad difícil de erradicar. "Hay productores que lo incorporan como parte de los gastos de labranza, incluyendo la multa que se cobra, las cuales se están aplicando permanentemente", planteó Ledesma en diálogo con UNO.
Las regiones con mejores suelos se pueden encontrar en el Departamento Villaguay, La Paz, y en el sur de la provincia, se reconoció desde la repartición. La tarea de fiscalización y control una vez que se reciben las denuncias está a cargo de dos equipos que se movilizan en forma terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría de Ambiente realiza un vuelo mensual con la finalidad de detectar mediante el sistema de GPS desmontes en diferentes puntos del territorio. "Se verifican alrededor de 20 desmontes vía aérea", detalló Ledesma.
"Es muy difícil que alguien desmonte y no lo tengamos registrado. Es algo que no se puede esconder, porque lo ves hoy o lo visualizás dentro de una semana. Porque disponemos de las imágenes satelitales", enfatizó.
Normativa
Son dos las leyes que establecen claramente la competencia del Estado en la regulación de sus recursos naturales y en la protección del medio ambiente. Una de ellas es la Ley provincial Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que quedó sancionada en febrero de 2014, pero que recién fue reglamentada el 13 de mayo de 2015. La siguiente tiene alcance nacional, la Nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. "Atendemos el 100% de las denuncias que se reciben en la Dirección", sostuvo Ledesma. Señaló que las denuncias se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos: 0800-monte, o a las líneas de Recursos Naturales, (0343) 4207870, 4208876 y 4227398.
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El Zoo de Mendoza sigue su reconversión
En el Zoo de Mendoza siguen apurando la reconversión a ecoparque
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, antes de fin de año.
Aunque el traslado de la chimpancé Cecilia al santuario de Sorocaba, en Brasil, se llevó todos los flashes, en el Zoo de Mendoza siguen trabajando para la reconversión a ecoparque.
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, dejando de lado el exhibicionismo animal y dando lugar a las innovaciones tecnológicas, como pueden ser la realidad virtual y salas 3D.
"No podemos dar un porcentaje concreto porque realmente es mucho el trabajo que se está haciendo y el que queda por hacer. La idea, no con una fecha puesta, es que en el segundo semestre o a finales de año se pueda reabrir un sector como ecoparque reconvertido, o en un 85% o 90%", expresaron desde la Secretaría de Ambiente.
Lo que es seguro es que al momento de la reapertura no se verán animales como los que alguna vez pisaron el zoológico. Desde ahora se hará foco en la conservación y en la conciencia relacionada al medio ambiente como también a la flora y fauna mendocinas.
Para lograr eso, los ideólogos del proyecto piensan en la utilización de la tecnología, que remplazará a los animales de carne y hueso. Todavía restan definiciones pero dos opciones son la realidad virtual y las salas 3D, con las que, sobre todos los niños que visiten el paseo, puedan aprender sobre el medio ambiente y la importancia de que un animal viva en su hábitat y no en cautiverio.
No todos se van
Quedan todavía aproximadamente 2.000 animales en el Zoológico, y el objetivo es derivar a la mayoría de ellos a santuarios, reservas naturales o granjas escuelas.
"Los que no puedan ser trasladados quedarán en Mendoza pero en mejores condiciones, ya que la reconversión del paseo tiene esa premisa respecto a la infraestructura. Se está haciendo con prioridades para quienes más lo necesitan", afirmaron desde la Secretaría de Ambiente.
De los exóticos, entre los cuales se cuentan cuatro elefantes, once osos pardos, tres leones, dos hipopótamas y donde también hay tucanes, monos, pecaríes, búfalos y guacamayos, entre otros, la gran mayoría puede ser trasladada.
Respecto a los osos pardos, la idea es derivar a más de la mitad, mientras que los que queden acá por ser demasiado viejos tendrán un nuevo espacio ubicado en el alto, donde tendrán una mejor calidad de vida.
Los elefantes, en tanto, irán a un santuario brasileño con el que la Secretaría de Ambiente ya firmó un convenio.
En cuanto a los de corral, la Ley de Ecoparque aprueba la derivación a granjas educativas sin la necesidad de ser subastados, por lo que su destino está en dichos espacios.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, antes de fin de año.
Aunque el traslado de la chimpancé Cecilia al santuario de Sorocaba, en Brasil, se llevó todos los flashes, en el Zoo de Mendoza siguen trabajando para la reconversión a ecoparque.
Luego de las polémicas pero con la ley aprobada, la idea es que antes de fines de año se pueda abrir un sector del paseo que ya esté transformado, dejando de lado el exhibicionismo animal y dando lugar a las innovaciones tecnológicas, como pueden ser la realidad virtual y salas 3D.
"No podemos dar un porcentaje concreto porque realmente es mucho el trabajo que se está haciendo y el que queda por hacer. La idea, no con una fecha puesta, es que en el segundo semestre o a finales de año se pueda reabrir un sector como ecoparque reconvertido, o en un 85% o 90%", expresaron desde la Secretaría de Ambiente.
Lo que es seguro es que al momento de la reapertura no se verán animales como los que alguna vez pisaron el zoológico. Desde ahora se hará foco en la conservación y en la conciencia relacionada al medio ambiente como también a la flora y fauna mendocinas.
Para lograr eso, los ideólogos del proyecto piensan en la utilización de la tecnología, que remplazará a los animales de carne y hueso. Todavía restan definiciones pero dos opciones son la realidad virtual y las salas 3D, con las que, sobre todos los niños que visiten el paseo, puedan aprender sobre el medio ambiente y la importancia de que un animal viva en su hábitat y no en cautiverio.
No todos se van
Quedan todavía aproximadamente 2.000 animales en el Zoológico, y el objetivo es derivar a la mayoría de ellos a santuarios, reservas naturales o granjas escuelas.
"Los que no puedan ser trasladados quedarán en Mendoza pero en mejores condiciones, ya que la reconversión del paseo tiene esa premisa respecto a la infraestructura. Se está haciendo con prioridades para quienes más lo necesitan", afirmaron desde la Secretaría de Ambiente.
De los exóticos, entre los cuales se cuentan cuatro elefantes, once osos pardos, tres leones, dos hipopótamas y donde también hay tucanes, monos, pecaríes, búfalos y guacamayos, entre otros, la gran mayoría puede ser trasladada.
Respecto a los osos pardos, la idea es derivar a más de la mitad, mientras que los que queden acá por ser demasiado viejos tendrán un nuevo espacio ubicado en el alto, donde tendrán una mejor calidad de vida.
Los elefantes, en tanto, irán a un santuario brasileño con el que la Secretaría de Ambiente ya firmó un convenio.
En cuanto a los de corral, la Ley de Ecoparque aprueba la derivación a granjas educativas sin la necesidad de ser subastados, por lo que su destino está en dichos espacios.
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El "gran logro" de Uñac: "autocontrol minero", sin palabras
Efecto Uñac: Las mineras harán autocontrol de calidad
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Ugente 24
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, consiguió finalmente un mayor compromiso de las empresas mineras con el cuidado de las personas y el medio ambiente: los incidentes en la mina Veladero -hoy suspendida-, y el mix de reclamos y sanciones de Uñac aceleraron un plan que la cámara empresaria preparaba para 2018. Se trata de una iniciativa llamada TSM o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia: herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar con los estándares globales. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.
Florencia Lendoiro explicó, en el diario El Cronista Comercial, que las mineras ejecutarán en 2017 un programa que evaluaban para 2018: nadie quiere repetir la experiencia que ocurrió en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida.
La iniciativa de minería sustentable llamada TSM (Towards Sustainable Mining), ya se utiliza en Canadá y Finlandia.
Increíble que pensaran en implementarlo en 2018 en la Argentina, cuando desde febrero ya la tenían en vigencia, por ejemplo, en Botswana.
Pero desde diciembre 2016 el modelo estaba aplicándose en la Minera Candelaria, en la Región de Atacama (Chile).
Según explicó el gerente general de Administración del distrito minero Candelaria, Sergio Armstrong, la estrategia sustentable para el manejo del recurso hídrico que se diseñó aplicó el concepto Cero Descarga, que permite reutilizar en promedio más del 85% del agua usada en el proceso minero. Posteriormente fue implementado un proyecto para utilizar aguas tratadas y el tercer gran paso fue la puesta en marcha de la planta desalinizadora.
¿Cómo será en San Juan? Bueno, dependerá de lo que le presenten a Uñac, y éste acepte.
El TMS consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países.
Uñac sancionó a minera Barrick marcando el rumbo para que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros tomará la decisión de cambiar el rumbo de trabajo, recordó El Cronista, y agregó: "(...) el primer mandatario de la provincia, en la reunión que mantuvo con la cúpula de las empresas que tienen la explotación de emprendimiento minero, les exigió que recuperen la credibilidad y la confianza que perdieron de la comunidad, debido a la cantidad de errores cometidos y además impuso como prioridad el cuidado de cada uno de los habitantes de la provincia, en particular de las zonas afectadas por el incidente y del cuidado medioambiental."
Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estándar" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.
Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.
Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva ArMinera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Ugente 24
Provincia/Región: San Juan
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, consiguió finalmente un mayor compromiso de las empresas mineras con el cuidado de las personas y el medio ambiente: los incidentes en la mina Veladero -hoy suspendida-, y el mix de reclamos y sanciones de Uñac aceleraron un plan que la cámara empresaria preparaba para 2018. Se trata de una iniciativa llamada TSM o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia: herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar con los estándares globales. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.
Florencia Lendoiro explicó, en el diario El Cronista Comercial, que las mineras ejecutarán en 2017 un programa que evaluaban para 2018: nadie quiere repetir la experiencia que ocurrió en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida.
La iniciativa de minería sustentable llamada TSM (Towards Sustainable Mining), ya se utiliza en Canadá y Finlandia.
Increíble que pensaran en implementarlo en 2018 en la Argentina, cuando desde febrero ya la tenían en vigencia, por ejemplo, en Botswana.
Pero desde diciembre 2016 el modelo estaba aplicándose en la Minera Candelaria, en la Región de Atacama (Chile).
Según explicó el gerente general de Administración del distrito minero Candelaria, Sergio Armstrong, la estrategia sustentable para el manejo del recurso hídrico que se diseñó aplicó el concepto Cero Descarga, que permite reutilizar en promedio más del 85% del agua usada en el proceso minero. Posteriormente fue implementado un proyecto para utilizar aguas tratadas y el tercer gran paso fue la puesta en marcha de la planta desalinizadora.
¿Cómo será en San Juan? Bueno, dependerá de lo que le presenten a Uñac, y éste acepte.
El TMS consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países.
Uñac sancionó a minera Barrick marcando el rumbo para que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros tomará la decisión de cambiar el rumbo de trabajo, recordó El Cronista, y agregó: "(...) el primer mandatario de la provincia, en la reunión que mantuvo con la cúpula de las empresas que tienen la explotación de emprendimiento minero, les exigió que recuperen la credibilidad y la confianza que perdieron de la comunidad, debido a la cantidad de errores cometidos y además impuso como prioridad el cuidado de cada uno de los habitantes de la provincia, en particular de las zonas afectadas por el incidente y del cuidado medioambiental."
Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estándar" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.
Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.
Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva ArMinera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM.
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Traslado de guardaparques en Misiones sin avance
Nueva audiencia por el traslado de guardaparques, sin muchos avances
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia entre autoridades del Ministerio de Ecología de Misiones y representantes gremiales de los guardaparques provinciales enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La reunión tuvo lugar en el edificio de la cartera ambiental y por el gremio acompañaron a los defensores de la naturaleza su secretario general, César Fariña, y el asesor jurídico, Jorge Sabulanes, mientras que por Ecología se presentó el subsecretario Juan Manuel Díaz junto a otros funcionarios.
Sergio Ilchuk, Leonardo Rangel Olivera, Quike Cardozo, Javier Baez, Diego Ciarmiello y Santiago Belliti, fueron los guardaparques presentes.
El tema excluyente en esta instancia de diálogo fue nuevamente el reclamo que viene sosteniendo el sindicato de los estatales para que se deje sin efecto la resolución que ordenó el traslado de un conjunto de guardaparques que presta servicio en el Parque Moconá y otras áreas protegidas, "castigados" por oponerse al proyecto oficialista de abrir un camino en el Lote 8 de la Reserva Yabotí.
Tras los intercambios de posturas, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a encontrarse en la mesa de diálogo la próxima semana.
"Hubo avances en la comunicación, confiamos que de esta mesa de diálogo va a tener resultados positivos. Nosotros venimos pidiendo desde hace un tiempo y a través de vías administrativas pero también de manifestaciones, que estos guardaparques permanezcan en sus lugares de trabajo. Estamos dispuestos a sostener el diálogo con la condición de que no se descuente ni haya ningún tipo de sanción a ningún guardaparques, porque cada una de las medidas que se tomaron se hicieron bajo tutela gremial, fueron acciones sindicales. Hoy creemos que estamos en vía de resolver este conflicto", expresaron desde el sindicato al culminar la reunión.
Repercusión
La lucha que vienen sosteniendo los guardaparques ante los traslados compulsivos, en defensa del Parque Moconá y por lograr condiciones óptimas de trabajo tuvo una fuerte repercusión tanto en la provincia como a nivel nacional, debido al gran apoyo recibido tanto por organizaciones sociales como de parte de la ciudadanía en general, expresada en diversas manifestaciones.
En este contexto, esta lucha tendrá su espacio en la 43ª Feria Internacional del Libro, ya que desde ATE Nacional dispondrán de un espacio en el stand de la organización, para que los guardaparques puedan mostrar su problemática a través de una producción audiovisual realizada por la Agencia de Noticias ATE Misiones y Canal Abierto, que se estrenará en dicha actividad.
Será el próximo 3 de mayo a las 18:00 en el predio de La Rural, en Capital Federal.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia entre autoridades del Ministerio de Ecología de Misiones y representantes gremiales de los guardaparques provinciales enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La reunión tuvo lugar en el edificio de la cartera ambiental y por el gremio acompañaron a los defensores de la naturaleza su secretario general, César Fariña, y el asesor jurídico, Jorge Sabulanes, mientras que por Ecología se presentó el subsecretario Juan Manuel Díaz junto a otros funcionarios.
Sergio Ilchuk, Leonardo Rangel Olivera, Quike Cardozo, Javier Baez, Diego Ciarmiello y Santiago Belliti, fueron los guardaparques presentes.
El tema excluyente en esta instancia de diálogo fue nuevamente el reclamo que viene sosteniendo el sindicato de los estatales para que se deje sin efecto la resolución que ordenó el traslado de un conjunto de guardaparques que presta servicio en el Parque Moconá y otras áreas protegidas, "castigados" por oponerse al proyecto oficialista de abrir un camino en el Lote 8 de la Reserva Yabotí.
Tras los intercambios de posturas, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a encontrarse en la mesa de diálogo la próxima semana.
"Hubo avances en la comunicación, confiamos que de esta mesa de diálogo va a tener resultados positivos. Nosotros venimos pidiendo desde hace un tiempo y a través de vías administrativas pero también de manifestaciones, que estos guardaparques permanezcan en sus lugares de trabajo. Estamos dispuestos a sostener el diálogo con la condición de que no se descuente ni haya ningún tipo de sanción a ningún guardaparques, porque cada una de las medidas que se tomaron se hicieron bajo tutela gremial, fueron acciones sindicales. Hoy creemos que estamos en vía de resolver este conflicto", expresaron desde el sindicato al culminar la reunión.
Repercusión
La lucha que vienen sosteniendo los guardaparques ante los traslados compulsivos, en defensa del Parque Moconá y por lograr condiciones óptimas de trabajo tuvo una fuerte repercusión tanto en la provincia como a nivel nacional, debido al gran apoyo recibido tanto por organizaciones sociales como de parte de la ciudadanía en general, expresada en diversas manifestaciones.
En este contexto, esta lucha tendrá su espacio en la 43ª Feria Internacional del Libro, ya que desde ATE Nacional dispondrán de un espacio en el stand de la organización, para que los guardaparques puedan mostrar su problemática a través de una producción audiovisual realizada por la Agencia de Noticias ATE Misiones y Canal Abierto, que se estrenará en dicha actividad.
Será el próximo 3 de mayo a las 18:00 en el predio de La Rural, en Capital Federal.
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Córdoba: controversia por contaminación cloacal
Entre la desidia y la contaminación
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Entre Ríos se libera de la pesadilla del fracking
Entre Ríos se convirtió en la primera provincia en prohibir el fracking
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Entre Ríos
Es una técnica usada en la exploración petrolera, especialmente en los combustibles no convencionales.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad durante la noche del martes la ley que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en toda su extensión. Con esta iniciativa, la provincia es la primera en el país a convertirse definitivamente en territorio libre de fracking. La medida se tomó en un momento clave de la actividad minera: no solo por la posible práctica del fracking en el yacimiento de neuquino de Vaca Muerta, sino también porque las mineras decidieron adherir a estándares internacionales de calidad a partir de los tres derrames producidos por la canadiense Barrick en el país.
“Este logro es resultado de la lucha de varias organizaciones, asambleas y movimientos sociales. Principalmente el trabajo de la Asamblea Ciudadana de Concordia, del Foro Regional Contra el Fracking, el Movimiento Argentina sin Fracking y de la Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking.
Según Juan Pablo Olsson, integrante de Argentina sin Fracking. El trabajo también se extiende a la provincia de Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, donde se están discutiendo propuestas similares y la iniciativa debe ser replicada pronto. ”Esta aprobación debe ser un estímulo para una lucha mucho mayor, a nivel nacional y con el acompañamiento de otros países hermanos como Brasil, donde se ha prohibido el fracking en más de 300 ciudades, Uruguay, donde ya se prohibió en cinco departamentos, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, México y otros”.
“Si queremos evitar los efectos más devastadores del cambio climático, que se están haciendo evidentes tanto en Argentina como en toda la región, con inéditas inundaciones, tenemos que detener cualquier tipo de inversión en combustibles fósiles y llevar a cabo definitivamente una transición hacia una matriz energética 100% renovable”, concluyó el ambientalista.
El proyecto aprobado en Entre Ríos une dos propuestas, una escrita por la ex diputada María Emma Barragán (Expte. 20.834), y otra del poder Ejecutivo (Expte. 21.206), y prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo el fracking. Además, el proyecto destaca la importancia de la preservación del agua y el cuidado con el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande en el mundo.
El tema llegó a la legislatura provincial luego de que las acciones de las asambleas ambientales nucleadas en el Foro Regional contra el Fracking lograran que más de 30 concejos deliberantes establecieran la prohibición en sus localidades. La sesión llenó la sala de la Cámara de Representantes y la aprobación fue recibida con aplausos por los representantes de movimientos anti-fracking presentes. El despacho cuenta con la firma de diez diputados.
El mayor riesgo es cuando esta técnica se practica en lugares donde nunca hubo explotación petrolera. En las provincias como Santa Cruz, Neuquén o Chubut, donde ya hay explotación petrolera, las compañías se deshacen del agua utilizada para la actividad inyectándola en viejos yacimientos petroleros que están fuera de uso y esto es una técnica normal y segura.
Sin embargo, en otros lugares, como la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, o Misiones donde nunca hubo explotación petrolera, se perfora un pozo hasta encontrar una formación geológica que permita admitir el agua. Esta inyección de agua, por ejemplo, en EE.UU generó movimientos sísmicos, desplazamientos de placas geológicas, y hasta terremotos que perfectamente puede tirar abajo una casa.
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Entre Ríos
Es una técnica usada en la exploración petrolera, especialmente en los combustibles no convencionales.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad durante la noche del martes la ley que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en toda su extensión. Con esta iniciativa, la provincia es la primera en el país a convertirse definitivamente en territorio libre de fracking. La medida se tomó en un momento clave de la actividad minera: no solo por la posible práctica del fracking en el yacimiento de neuquino de Vaca Muerta, sino también porque las mineras decidieron adherir a estándares internacionales de calidad a partir de los tres derrames producidos por la canadiense Barrick en el país.
“Este logro es resultado de la lucha de varias organizaciones, asambleas y movimientos sociales. Principalmente el trabajo de la Asamblea Ciudadana de Concordia, del Foro Regional Contra el Fracking, el Movimiento Argentina sin Fracking y de la Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking.
Según Juan Pablo Olsson, integrante de Argentina sin Fracking. El trabajo también se extiende a la provincia de Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, donde se están discutiendo propuestas similares y la iniciativa debe ser replicada pronto. ”Esta aprobación debe ser un estímulo para una lucha mucho mayor, a nivel nacional y con el acompañamiento de otros países hermanos como Brasil, donde se ha prohibido el fracking en más de 300 ciudades, Uruguay, donde ya se prohibió en cinco departamentos, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, México y otros”.
“Si queremos evitar los efectos más devastadores del cambio climático, que se están haciendo evidentes tanto en Argentina como en toda la región, con inéditas inundaciones, tenemos que detener cualquier tipo de inversión en combustibles fósiles y llevar a cabo definitivamente una transición hacia una matriz energética 100% renovable”, concluyó el ambientalista.
El proyecto aprobado en Entre Ríos une dos propuestas, una escrita por la ex diputada María Emma Barragán (Expte. 20.834), y otra del poder Ejecutivo (Expte. 21.206), y prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo el fracking. Además, el proyecto destaca la importancia de la preservación del agua y el cuidado con el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande en el mundo.
El tema llegó a la legislatura provincial luego de que las acciones de las asambleas ambientales nucleadas en el Foro Regional contra el Fracking lograran que más de 30 concejos deliberantes establecieran la prohibición en sus localidades. La sesión llenó la sala de la Cámara de Representantes y la aprobación fue recibida con aplausos por los representantes de movimientos anti-fracking presentes. El despacho cuenta con la firma de diez diputados.
El mayor riesgo es cuando esta técnica se practica en lugares donde nunca hubo explotación petrolera. En las provincias como Santa Cruz, Neuquén o Chubut, donde ya hay explotación petrolera, las compañías se deshacen del agua utilizada para la actividad inyectándola en viejos yacimientos petroleros que están fuera de uso y esto es una técnica normal y segura.
Sin embargo, en otros lugares, como la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, o Misiones donde nunca hubo explotación petrolera, se perfora un pozo hasta encontrar una formación geológica que permita admitir el agua. Esta inyección de agua, por ejemplo, en EE.UU generó movimientos sísmicos, desplazamientos de placas geológicas, y hasta terremotos que perfectamente puede tirar abajo una casa.
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Desmonte en humedales, detienen dos personas
Detuvieron a dos hombres en Bernal por tala indiscriminada en humedales
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Radio FM Q
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de un operativo encabezado por la Municipalidad de Quilmes, detuvieron al conductor y el acompañante de un camión que se encontraban realizando desmontes por lo que se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Mediante un procedimiento, encabezado por Sebastián Barreiro, a cargo de la Dirección General de Promoción Ambiental dependiente de la secretaría de Medio Ambiente (interinamente a cargo de Guillermo Sanchez Sterli) junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Local, dieron con dos hombres que realizaban desmontes en humedales de Bernal.
En la zona de Espora y la Ribera, se pudo observar el faltante de árboles y que se encontraban para proseguir el desmonte. Luego se pudo observar que el camión trasladaba troncos.
En ese lugar fueron detenidos el conductor y el acompañante y se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Por otra parte, ya se iniciaron las investigaciones para dar con la empresa que sin autorización violó la ley vigente-
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Radio FM Q
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de un operativo encabezado por la Municipalidad de Quilmes, detuvieron al conductor y el acompañante de un camión que se encontraban realizando desmontes por lo que se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Mediante un procedimiento, encabezado por Sebastián Barreiro, a cargo de la Dirección General de Promoción Ambiental dependiente de la secretaría de Medio Ambiente (interinamente a cargo de Guillermo Sanchez Sterli) junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía Local, dieron con dos hombres que realizaban desmontes en humedales de Bernal.
En la zona de Espora y la Ribera, se pudo observar el faltante de árboles y que se encontraban para proseguir el desmonte. Luego se pudo observar que el camión trasladaba troncos.
En ese lugar fueron detenidos el conductor y el acompañante y se labraron actas por infracción a la ley nacional 26.331 de Conservación de los bosques nativos.
Por otra parte, ya se iniciaron las investigaciones para dar con la empresa que sin autorización violó la ley vigente-
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El problema de la erosión hídrica en varias provincias
El 43 por ciento de la superficie provincial sufre erosión hídrica
Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
La erosión hídrica afecta a casi la mitad del territorio santafesino.
Casi la mitad de la superficie de Santa Fe —el 43 por ciento— sufre un problema de erosión de origen hídrico como consecuencia de los cambios en el uso del suelo introducidos en los últimos años por el modelo agroindustrial pampeano, según consigna el informe "Estado del ambiente" edición 2016 presentado la semana pasada por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Esa investigación detalla que, en total, existen más de cinco millones de hectáreas (5.672.782 con exactitud) en la provincia afectadas por algún tipo de erosión hídrica, la gran mayoría (5.381.136 hectáreas) en un grado "ligero a moderado" mientras que el resto (291.646 hectáreas), padece este problema en forma "severa a grave".
A la hora de explicar por qué ocurre esto, desde esa cartera del gobierno nacional señalaron que en las regiones con tierras húmedas y subhúmedas, este fenómeno se debe a un cambio en el modelo productivo "traducido en una mayor agriculturización y un cambio de uso del suelo, con una menor rotación".
También alertaron sobre las graves consecuencias económicas, ambientales y sociales que provoca la degradación de los suelos, cuyo empobrecimiento no sólo se traduce en una disminución de la rentabilidad agropecuaria, si no también en procesos de "migración de la población, abandono de tierras y situaciones de pobreza y marginalidad".
Provincias más afectadas
La provincia que más padece la erosión hídrica de sus suelos es Entre Ríos, con el 50 por ciento de su superficie afectada, seguida por La Rioja (49 por ciento) y Formosa (46 por ciento). Santa Fe es la cuarta provincia de ese listado.
En realidad, se trata de un problema que repercute en buena parte del territorio nacional de la República Argentina. De acuerdo a lo que se desprende del informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, mientras que en 1956 había unos 34 millones de hectáreas en todo el país que estaban afectadas por algún fenómeno de erosión, esa cifra llegó el año pasado a los 105 millones.
"La creación de nuevos fertilizantes, el predominio de la siembra directa (90 por ciento del área sembrada), la presencia de la soja transgénica desde 1996, los maíces híbridos, la agricultura de precisión y el crecimiento de la agroindustria entre otros factores generaron problemas que aumentaron marcadamente dichos procesos a lo largo de los últimos 20 años", se explica en el trabajo.
Esta degradación de los suelos que padece "la mayoría del territorio argentino" provoca un desequilibrio territorial/ambiental que incluye "la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, suelos contaminados por agroquímicos, erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal y/o de la productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo hidrológico, con consecuencias negativas sobre la población".
Efectos sociales
El informe "Estado del ambiente" destaca que el cambio estructural sufrido por los sistemas agropecuarios de la pampa en las últimos dos décadas genera —además de la degradación del suelo—, falta de trabajo rural, concentración de la tierra, especulación inmobiliaria y problemas de salud o de mala alimentación asociados a este modelo agroindustrial.
"En gran parte de estas regiones se evidencia un profundo fenómeno social: el envejecimiento de la población rural originado por la migración de los jóvenes que, empujados por falta de oportunidades, buscan un desarrollo personal en otros lugares".
En ese punto se mencionan estadísticas censales que muestran que la fracción de la población que habita en las zonas rurales es ampliamente menor a la que vive en las áreas urbanas, con una tendencia creciente a la concentración en estas últimas.
Análisis sistemático
El informe del estado del ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas.
El estudio contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, el mar Argentino y la Antártida) y un marco jurídico ambiental.
5 millones de hectáreas afectadas en la provincia. Santa Fe es el cuarto territorio en el país por la magnitud de suelos con erosión hídrica.
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Fecha de Publicación: 28/04/2017
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
La erosión hídrica afecta a casi la mitad del territorio santafesino.
Casi la mitad de la superficie de Santa Fe —el 43 por ciento— sufre un problema de erosión de origen hídrico como consecuencia de los cambios en el uso del suelo introducidos en los últimos años por el modelo agroindustrial pampeano, según consigna el informe "Estado del ambiente" edición 2016 presentado la semana pasada por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Esa investigación detalla que, en total, existen más de cinco millones de hectáreas (5.672.782 con exactitud) en la provincia afectadas por algún tipo de erosión hídrica, la gran mayoría (5.381.136 hectáreas) en un grado "ligero a moderado" mientras que el resto (291.646 hectáreas), padece este problema en forma "severa a grave".
A la hora de explicar por qué ocurre esto, desde esa cartera del gobierno nacional señalaron que en las regiones con tierras húmedas y subhúmedas, este fenómeno se debe a un cambio en el modelo productivo "traducido en una mayor agriculturización y un cambio de uso del suelo, con una menor rotación".
También alertaron sobre las graves consecuencias económicas, ambientales y sociales que provoca la degradación de los suelos, cuyo empobrecimiento no sólo se traduce en una disminución de la rentabilidad agropecuaria, si no también en procesos de "migración de la población, abandono de tierras y situaciones de pobreza y marginalidad".
Provincias más afectadas
La provincia que más padece la erosión hídrica de sus suelos es Entre Ríos, con el 50 por ciento de su superficie afectada, seguida por La Rioja (49 por ciento) y Formosa (46 por ciento). Santa Fe es la cuarta provincia de ese listado.
En realidad, se trata de un problema que repercute en buena parte del territorio nacional de la República Argentina. De acuerdo a lo que se desprende del informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, mientras que en 1956 había unos 34 millones de hectáreas en todo el país que estaban afectadas por algún fenómeno de erosión, esa cifra llegó el año pasado a los 105 millones.
"La creación de nuevos fertilizantes, el predominio de la siembra directa (90 por ciento del área sembrada), la presencia de la soja transgénica desde 1996, los maíces híbridos, la agricultura de precisión y el crecimiento de la agroindustria entre otros factores generaron problemas que aumentaron marcadamente dichos procesos a lo largo de los últimos 20 años", se explica en el trabajo.
Esta degradación de los suelos que padece "la mayoría del territorio argentino" provoca un desequilibrio territorial/ambiental que incluye "la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, suelos contaminados por agroquímicos, erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal y/o de la productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo hidrológico, con consecuencias negativas sobre la población".
Efectos sociales
El informe "Estado del ambiente" destaca que el cambio estructural sufrido por los sistemas agropecuarios de la pampa en las últimos dos décadas genera —además de la degradación del suelo—, falta de trabajo rural, concentración de la tierra, especulación inmobiliaria y problemas de salud o de mala alimentación asociados a este modelo agroindustrial.
"En gran parte de estas regiones se evidencia un profundo fenómeno social: el envejecimiento de la población rural originado por la migración de los jóvenes que, empujados por falta de oportunidades, buscan un desarrollo personal en otros lugares".
En ese punto se mencionan estadísticas censales que muestran que la fracción de la población que habita en las zonas rurales es ampliamente menor a la que vive en las áreas urbanas, con una tendencia creciente a la concentración en estas últimas.
Análisis sistemático
El informe del estado del ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas.
El estudio contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, el mar Argentino y la Antártida) y un marco jurídico ambiental.
5 millones de hectáreas afectadas en la provincia. Santa Fe es el cuarto territorio en el país por la magnitud de suelos con erosión hídrica.
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El agro y la deforestación con gran incidencia en el CC
El agro y la deforestación, los que más contribuyen al efecto invernadero
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Estos son los sectores que tienen mayor incidencia en las emisiones de gases en Argentina. Le siguen la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%). Los datos surgen del Informe del Estado del Ambiente. El documento también revela que sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes, y que corresponen a nueve provincias
Esta semana se dio a conocer una nueva edición del “Informe del Estado del Ambiente” en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El documento se había difundido por última vez en 2012.
El informe alerta por el cambio climático y precisa que los principales sectores que contribuyen en el país a las emisiones de gases de efecto invernadero son el agro y la deforestación (44%), la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%), y advierte sobre la contaminación del agua en el país, ya que se estima que sólo 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a mares, ríos o lagos.
El documento revela, además, que tan sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias, por lo que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pidió redoblar los esfuerzos por el cuidado del agua ya que “es un derecho humano”.
Números que alertan
Hasta 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques nativos por deforestación en el país, una tendencia que se redujo 16% en 2016, año que marcó la pérdida anual más baja de la última década, según el texto.
Al referirse a ese problema, el ministro comentó que la deforestación en el país “es muy preocupante” y que el objetivo es “llegar a la deforestación cero y fomentar la reforestación”, por lo que pidió el compromiso de las provincias para detectar a los infractores.
“Este informe es un punto de partida, queremos construir estadísticas ambientales confiables para poder trabajar”, aseveró el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien participó de la presentación.
El documento advierte que los humedales, que representan 23% del territorio nacional, son “uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” y estima que cada persona genera diariamente 1,02 kilos de residuos, lo que representa unas 45 toneladas por día en todo el país.
Consumo en aumento
El informe asegura que existe un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que reportó un incremento de 25% en dos décadas, mientras el petróleo representa 50% de la matriz energética contra menos de 8% de las energías renovables, porcentaje que se pretende aumentar a 20% para 2025.
Argentina ratificó su preocupación por el cambio climático al suscribir el histórico acuerdo mundial en 2015 en París, donde 195 naciones se comprometieron a reforzar las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento presentado señala que la participación de Argentina en las emisiones globales es de 0,7%, las cuales tuvieron un aumento de 0,9% anual desde 1990 hasta 2014, y advierte por la situación de la Antártida, por tratarse de “una de las regiones del planeta más sensibles” al cambio climático, donde el aumento de temperatura fue el más pronunciado en los últimos 50 años. El gobierno creó el año pasado el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y, el último lunes, presentó el Observatorio Nacional de Cambio Climático (ONCC), cuyo objetivo es acercar reportes detallados a cada intendente del país con el fin de prevenir desastres naturales.
“Los desafíos son enormes, pero hay que poner como prioridad el cuidado de la Tierra”, resaltó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quién aseveró que “es una tarea de cada persona, cada empresa, la humanidad toda” ser responsables en el uso de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Estos son los sectores que tienen mayor incidencia en las emisiones de gases en Argentina. Le siguen la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%). Los datos surgen del Informe del Estado del Ambiente. El documento también revela que sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes, y que corresponen a nueve provincias
Esta semana se dio a conocer una nueva edición del “Informe del Estado del Ambiente” en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El documento se había difundido por última vez en 2012.
El informe alerta por el cambio climático y precisa que los principales sectores que contribuyen en el país a las emisiones de gases de efecto invernadero son el agro y la deforestación (44%), la energía (27%), el transporte (13%), la industria (12%) y los residuos (4%), y advierte sobre la contaminación del agua en el país, ya que se estima que sólo 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a mares, ríos o lagos.
El documento revela, además, que tan sólo hay 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias, por lo que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pidió redoblar los esfuerzos por el cuidado del agua ya que “es un derecho humano”.
Números que alertan
Hasta 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas de bosques nativos por deforestación en el país, una tendencia que se redujo 16% en 2016, año que marcó la pérdida anual más baja de la última década, según el texto.
Al referirse a ese problema, el ministro comentó que la deforestación en el país “es muy preocupante” y que el objetivo es “llegar a la deforestación cero y fomentar la reforestación”, por lo que pidió el compromiso de las provincias para detectar a los infractores.
“Este informe es un punto de partida, queremos construir estadísticas ambientales confiables para poder trabajar”, aseveró el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno, quien participó de la presentación.
El documento advierte que los humedales, que representan 23% del territorio nacional, son “uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” y estima que cada persona genera diariamente 1,02 kilos de residuos, lo que representa unas 45 toneladas por día en todo el país.
Consumo en aumento
El informe asegura que existe un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que reportó un incremento de 25% en dos décadas, mientras el petróleo representa 50% de la matriz energética contra menos de 8% de las energías renovables, porcentaje que se pretende aumentar a 20% para 2025.
Argentina ratificó su preocupación por el cambio climático al suscribir el histórico acuerdo mundial en 2015 en París, donde 195 naciones se comprometieron a reforzar las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento presentado señala que la participación de Argentina en las emisiones globales es de 0,7%, las cuales tuvieron un aumento de 0,9% anual desde 1990 hasta 2014, y advierte por la situación de la Antártida, por tratarse de “una de las regiones del planeta más sensibles” al cambio climático, donde el aumento de temperatura fue el más pronunciado en los últimos 50 años. El gobierno creó el año pasado el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y, el último lunes, presentó el Observatorio Nacional de Cambio Climático (ONCC), cuyo objetivo es acercar reportes detallados a cada intendente del país con el fin de prevenir desastres naturales.
“Los desafíos son enormes, pero hay que poner como prioridad el cuidado de la Tierra”, resaltó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quién aseveró que “es una tarea de cada persona, cada empresa, la humanidad toda” ser responsables en el uso de los recursos naturales.
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Conicet trabajará en Santa Fe sobre ecosistemas
Convenio de cooperación entre CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: CONICET
Provincia/Región: Santa Fe
Para continuar trabajando en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, tales como los proyectos Yacaré e Iguana.
En un acto realizado en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, ciudad de Esperanza (Santa Fe), el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dr. Alejandro Ceccatto, junto al Ministro de Medio Ambiente (MMA) de Santa Fe, lng. Jacinto Speranza, y el Director del ICIVET Litoral (UNL-CONICET), Dr. Hugo Ortega; firmaron un convenio específico de colaboración mutua para establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica.
Se establecen vínculos de cooperación para continuar con las acciones en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, cubrir las áreas de vacancia del conocimiento y aplicar nuevas metodologías para el mantenimiento de las poblaciones de animales silvestres.
El Dr. Ceccatto recordó que este convenio “formaliza actividades de cooperación que se vienen llevando a cabo con cierta historia” y agregó que es un “privilegio que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe nos reconozca como un socio importante en el trabajo de conservación de las cuestiones que hacen a la fauna silvestre, desarrollo sustentable y medio ambiente”.
Dentro de los objetivos específicos las partes acordaron que la sede de la Secretaría de Medio Ambiente del MMA y el ICIVET Litoral sean un ámbito de trabajo compartido para la concreción de estudios en el marco de proyectos y programas de investigación conjuntos relacionados con la fauna silvestre.
Por su parte, el Ing. Speranza destacó que este “nuevo convenio no solo refuerza lo que se venía haciendo sino que nos plantea nuevos desafíos; y en la cooperación entre organismos públicos, nos parece importante poder generar los mejores productos a favor de nuestra sociedad santafesina”.
Este acuerdo permitirá continuar la valiosa articulación entre las instituciones involucradas y los programas de conservación y manejo sustentable. Por ejemplo: los programas “Proyecto Yacaré” y “Proyecto Iguana”, que se desarrollan en el predio de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente provincial, son, además, objeto de numerosos estudios de investigadores del CONICET. Por ello, la mencionada Dirección pondrá a disposición laboratorios con equipamientos necesarios para la realización de estudios en la temática abordada. Por su parte, el CONICET aportará recursos humanos, equipamiento e insumos disponibles en el ICIVET Litoral para llevar adelante los ensayos necesarios; y disponiendo también de las publicaciones que realiza el equipo de trabajo del instituto.
En referencia al tema, el Dr. Ortega remarcó: “la importancia de la firma de este convenio es que reconoce el trabajo que se venía haciendo; reconoce y enmarca el trabajo de investigadores y becarios del instituto en la Estación Zoológica Experimental “Granja La Esmeralda”, lugar en donde se desarrollan los proyecto “Yacaré” e “Iguana”, junto a otros proyectos satélites.
Por todo ello, en el marco del convenio, se acuerda constituir un grupo integrado por representantes de ambas instituciones con el objetivo de coordinar las actividades, aprobar proyectos y supervisar las acciones.
Finalmente, Ceccatto agregó: “aquí no estamos haciendo una asistencia a la provincia sino enriqueciéndonos mutuamente. Además, la firma del convenio va en línea con la dirección que pretendemos en esta etapa del CONICET en la que buscamos complementar el éxito que la institución ha tenido en sus 59 años de vida, el éxito que ha tenido en su aporte al conocimiento universal, con una contribución concreta al sistema productivo y a la sociedad en general”.
Estuvieron presentes, además, Ulises Sedran, Director del CONICET Santa Fe; Pablo Collins, Vicedirector del CONICET Santa Fe; Juan Soria, Director de Vinculación Tecnológica del CONICET; Daniel Scacchi, Secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Alejandro Larriera, Subsecretario de Recursos Naturales del MMA; Humberto Occhi, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, junto a personal de ICIVET Litoral y CONICET Santa Fe.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: CONICET
Provincia/Región: Santa Fe
Para continuar trabajando en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, tales como los proyectos Yacaré e Iguana.
En un acto realizado en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, ciudad de Esperanza (Santa Fe), el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dr. Alejandro Ceccatto, junto al Ministro de Medio Ambiente (MMA) de Santa Fe, lng. Jacinto Speranza, y el Director del ICIVET Litoral (UNL-CONICET), Dr. Hugo Ortega; firmaron un convenio específico de colaboración mutua para establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica.
Se establecen vínculos de cooperación para continuar con las acciones en programas de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, cubrir las áreas de vacancia del conocimiento y aplicar nuevas metodologías para el mantenimiento de las poblaciones de animales silvestres.
El Dr. Ceccatto recordó que este convenio “formaliza actividades de cooperación que se vienen llevando a cabo con cierta historia” y agregó que es un “privilegio que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe nos reconozca como un socio importante en el trabajo de conservación de las cuestiones que hacen a la fauna silvestre, desarrollo sustentable y medio ambiente”.
Dentro de los objetivos específicos las partes acordaron que la sede de la Secretaría de Medio Ambiente del MMA y el ICIVET Litoral sean un ámbito de trabajo compartido para la concreción de estudios en el marco de proyectos y programas de investigación conjuntos relacionados con la fauna silvestre.
Por su parte, el Ing. Speranza destacó que este “nuevo convenio no solo refuerza lo que se venía haciendo sino que nos plantea nuevos desafíos; y en la cooperación entre organismos públicos, nos parece importante poder generar los mejores productos a favor de nuestra sociedad santafesina”.
Este acuerdo permitirá continuar la valiosa articulación entre las instituciones involucradas y los programas de conservación y manejo sustentable. Por ejemplo: los programas “Proyecto Yacaré” y “Proyecto Iguana”, que se desarrollan en el predio de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente provincial, son, además, objeto de numerosos estudios de investigadores del CONICET. Por ello, la mencionada Dirección pondrá a disposición laboratorios con equipamientos necesarios para la realización de estudios en la temática abordada. Por su parte, el CONICET aportará recursos humanos, equipamiento e insumos disponibles en el ICIVET Litoral para llevar adelante los ensayos necesarios; y disponiendo también de las publicaciones que realiza el equipo de trabajo del instituto.
En referencia al tema, el Dr. Ortega remarcó: “la importancia de la firma de este convenio es que reconoce el trabajo que se venía haciendo; reconoce y enmarca el trabajo de investigadores y becarios del instituto en la Estación Zoológica Experimental “Granja La Esmeralda”, lugar en donde se desarrollan los proyecto “Yacaré” e “Iguana”, junto a otros proyectos satélites.
Por todo ello, en el marco del convenio, se acuerda constituir un grupo integrado por representantes de ambas instituciones con el objetivo de coordinar las actividades, aprobar proyectos y supervisar las acciones.
Finalmente, Ceccatto agregó: “aquí no estamos haciendo una asistencia a la provincia sino enriqueciéndonos mutuamente. Además, la firma del convenio va en línea con la dirección que pretendemos en esta etapa del CONICET en la que buscamos complementar el éxito que la institución ha tenido en sus 59 años de vida, el éxito que ha tenido en su aporte al conocimiento universal, con una contribución concreta al sistema productivo y a la sociedad en general”.
Estuvieron presentes, además, Ulises Sedran, Director del CONICET Santa Fe; Pablo Collins, Vicedirector del CONICET Santa Fe; Juan Soria, Director de Vinculación Tecnológica del CONICET; Daniel Scacchi, Secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Alejandro Larriera, Subsecretario de Recursos Naturales del MMA; Humberto Occhi, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, junto a personal de ICIVET Litoral y CONICET Santa Fe.
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Misiones: capturan puma y termina en una reserva
Capturan y trasladan al puma en Parque Nacional Iguazú
Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Luego de reiterados avistajes durante los últimos meses, esta madrugada se llevó a cabo la captura del ejemplar de puma que frecuentaba el área de Uso Público Intensivo del Parque Nacional Iguazú.
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Del operativo formaron parte personal técnico y guardaparques del Área Protegida y de la Dirección Regional NEA y especialistas del Instituto de Biología Subtropical y del Ministerio de Ecología.
La decisión se resolvió en función del comportamiento habituado a la presencia humana mostrado por el animal y a la prioridad que sostiene la Administración de Parques Nacionales, en estos casos, orientada a garantizar la seguridad de las personas y se enmarca en el protocolo resultante del “Manejo de Animales Problemas en las Áreas Protegidas”, aprobado por la Resolución 136/2001.
Todos los paseos del Parque Nacional se encuentran funcionando con total normalidad, mientras que continuarán las tareas de control y monitoreo de fauna a través de cámaras trampa del Área Cataratas.
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Fecha de Publicación: 27/04/2017
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Luego de reiterados avistajes durante los últimos meses, esta madrugada se llevó a cabo la captura del ejemplar de puma que frecuentaba el área de Uso Público Intensivo del Parque Nacional Iguazú.
El animal, un macho joven de 44 kilos, se encuentra en perfecto estado y fue trasladado a una reserva de la localidad de Candelaria, Misiones, quedando bajo el cargo del Ministerio de Ecología de la Provincia.
Del operativo formaron parte personal técnico y guardaparques del Área Protegida y de la Dirección Regional NEA y especialistas del Instituto de Biología Subtropical y del Ministerio de Ecología.
La decisión se resolvió en función del comportamiento habituado a la presencia humana mostrado por el animal y a la prioridad que sostiene la Administración de Parques Nacionales, en estos casos, orientada a garantizar la seguridad de las personas y se enmarca en el protocolo resultante del “Manejo de Animales Problemas en las Áreas Protegidas”, aprobado por la Resolución 136/2001.
Todos los paseos del Parque Nacional se encuentran funcionando con total normalidad, mientras que continuarán las tareas de control y monitoreo de fauna a través de cámaras trampa del Área Cataratas.
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Agua y petróleo en viviendas, responsabilidad de YPF
Aflora petróleo y agua en una vivienda del Roque González
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
A partir del temporal comenzó a brotar petróleo y también agua en el patio de una casa ubicada a pocos metros de la avenida Polonia y del camino Roque González. El terreno quedó inaccesible y el damnificado radicó la denuncia en la subsecretaría municipal de Medio Ambiente. Resta que YPF concurra al lugar para evaluar la contingencia. El caso se suma al de una vivienda de la extensión del Máximo Abásolo donde se registró el mismo problema.
Hace más de tres años que Sergio Saldivia y su joven familia residen en el loteo privado denominado Los Tres Pinos-Roque González, que se encuentra a escasos metros del mencionado camino –clausurado luego del temporal- que une los barrios San Cayetano y Saavedra.
Desde el año 2000 que muchos habitantes levantaron sus casas en el sector, a menos de 100 metros de la locación petrolera "CH 947".
Lo llamativo de ese loteo cercano al pozo de la empresa YPF es que todos los residentes tienen título de propiedad. La habilitación de la urbanización fue supervisada por un agrimensor que tenía conocimiento de la presencia del pozo petrolero.
Respecto al derrame, Saldivia contó a El Patagónico que después de la primera lluvia intensa "se empezaron a levantar las napas y a aflorar petróleo". Primero, "se hizo como una greda y después comenzó a salir petróleo y agua que no pertenece a la línea nueva ni vieja de la red", describió.
Mientras el agua potable estuvo cortada por más de una semana como consecuencia del temporal "seguía aflorando petróleo y agua incansablemente", subrayó el dueño de casa.
El damnificado agregó que la pérdida de agua recorre numerosas cuadras y llegó hasta la extensión del Máximo Abásolo. Por esa razón, ayer había máquinas viales trabajando para derivar ese cauce que desciende del cerro donde se encuentra el camino Roque González.
Según Saldivia el agua pasa por debajo de su terreno. "Puede ser una cañería vieja o nueva pero la cooperativa no se quiso hacer cargo de ninguna forma. Ni mirar la cañería vieja que era perteneciente a YPF ni la nueva porque dicen que ellos no pueden meter mano en eso", afirmó.
El damnificado aseguró: "hemos llamado a la cooperativa, han venido los jefes y dijeron: ´no queremos arreglarla´". Ante la situación de contaminación, el dueño de la vivienda denunció el incidente ante la subsecretaría municipal de Medio Ambiente, quien labró un acta y "van a notificar a YPF que hay una pérdida por un caño inyector que tienen adentro del barrio y está a 100 metros".
El damnificado no sabe en qué condiciones se encuentra ese pozo petrolero, si está acto o abandonado. Sin embargo, Saldivia presume: "al ser inyector está fluyendo agua por intermedio del caño que tendría que estar vacío".
El derrame "me afectó muy mal porque me no puedo entrar el auto, es todo greda y si metes algo se encaja directamente. Es peligroso para caminar y es tóxico porque es contaminación ambiental. Está brotando por la tierra y va a matar a todos los árboles", los cuales estaban regados por el líquido amarillento.
La cartera de Medio Ambiente el viernes "iba a notificarle a YPF para que viniera a hacer los exámenes pertinentes de la sustancia que está saliendo a través de la tierra si llega a ser hidrocarburo, y del agua para ver si es de manantial o contaminada".
Para Saldivia la cañería que atraviesa su lote tiene que ser sacada o anularla. Después la operadora tendría que "arreglar el patio porque es impenetrable la entrada. Parece que la misma temperatura y presión de las napas rompieron el caño por debajo", analizó el denunciante.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
A partir del temporal comenzó a brotar petróleo y también agua en el patio de una casa ubicada a pocos metros de la avenida Polonia y del camino Roque González. El terreno quedó inaccesible y el damnificado radicó la denuncia en la subsecretaría municipal de Medio Ambiente. Resta que YPF concurra al lugar para evaluar la contingencia. El caso se suma al de una vivienda de la extensión del Máximo Abásolo donde se registró el mismo problema.
Hace más de tres años que Sergio Saldivia y su joven familia residen en el loteo privado denominado Los Tres Pinos-Roque González, que se encuentra a escasos metros del mencionado camino –clausurado luego del temporal- que une los barrios San Cayetano y Saavedra.
Desde el año 2000 que muchos habitantes levantaron sus casas en el sector, a menos de 100 metros de la locación petrolera "CH 947".
Lo llamativo de ese loteo cercano al pozo de la empresa YPF es que todos los residentes tienen título de propiedad. La habilitación de la urbanización fue supervisada por un agrimensor que tenía conocimiento de la presencia del pozo petrolero.
Respecto al derrame, Saldivia contó a El Patagónico que después de la primera lluvia intensa "se empezaron a levantar las napas y a aflorar petróleo". Primero, "se hizo como una greda y después comenzó a salir petróleo y agua que no pertenece a la línea nueva ni vieja de la red", describió.
Mientras el agua potable estuvo cortada por más de una semana como consecuencia del temporal "seguía aflorando petróleo y agua incansablemente", subrayó el dueño de casa.
El damnificado agregó que la pérdida de agua recorre numerosas cuadras y llegó hasta la extensión del Máximo Abásolo. Por esa razón, ayer había máquinas viales trabajando para derivar ese cauce que desciende del cerro donde se encuentra el camino Roque González.
Según Saldivia el agua pasa por debajo de su terreno. "Puede ser una cañería vieja o nueva pero la cooperativa no se quiso hacer cargo de ninguna forma. Ni mirar la cañería vieja que era perteneciente a YPF ni la nueva porque dicen que ellos no pueden meter mano en eso", afirmó.
El damnificado aseguró: "hemos llamado a la cooperativa, han venido los jefes y dijeron: ´no queremos arreglarla´". Ante la situación de contaminación, el dueño de la vivienda denunció el incidente ante la subsecretaría municipal de Medio Ambiente, quien labró un acta y "van a notificar a YPF que hay una pérdida por un caño inyector que tienen adentro del barrio y está a 100 metros".
El damnificado no sabe en qué condiciones se encuentra ese pozo petrolero, si está acto o abandonado. Sin embargo, Saldivia presume: "al ser inyector está fluyendo agua por intermedio del caño que tendría que estar vacío".
El derrame "me afectó muy mal porque me no puedo entrar el auto, es todo greda y si metes algo se encaja directamente. Es peligroso para caminar y es tóxico porque es contaminación ambiental. Está brotando por la tierra y va a matar a todos los árboles", los cuales estaban regados por el líquido amarillento.
La cartera de Medio Ambiente el viernes "iba a notificarle a YPF para que viniera a hacer los exámenes pertinentes de la sustancia que está saliendo a través de la tierra si llega a ser hidrocarburo, y del agua para ver si es de manantial o contaminada".
Para Saldivia la cañería que atraviesa su lote tiene que ser sacada o anularla. Después la operadora tendría que "arreglar el patio porque es impenetrable la entrada. Parece que la misma temperatura y presión de las napas rompieron el caño por debajo", analizó el denunciante.
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La ley antiminera de Mendoza declarada constitucional
La Corte ratificó la constitucionalidad de la ley antiminera
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los fallos por planteos de cinco empresas sostienen la prohibición de sustancias peligrosas. Fijan costas contra los que iniciaron la acción.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la decisión que había tomado en 2015 al rechazar un planteo de inconstitucionalidad hecho por empresas mineras. La ratificación se da en un contexto en el que el Ejecutivo aún analiza qué política minera llevar adelante.
La ratificación salió desde la sala segunda de la Suprema Corte, integrada por los jueces Mario Adaro, Alejandro Palermo y José Valerio. El tercero no firmó la sentencia por pedir antes una licencia y, si bien a priori suena la cercanía de Valerio con el gobernador Alfredo Cornejo, algunos entienden que no quiso meterse en un tema que incluyó ocho años de expedientes en los que él no participó mientras que Adaro y Palermo sí lo hicieron.
Larga ha sido la discusión por la minería en Mendoza. La actual gestión armó una Mesa de Diálogo Minero para analizar el tema pero todavía no presenta conclusiones. Mientras, grupos ambientalistas piden declarar como reserva natural a zonas donde antes se proyectaban inversiones mineras.
En medio de la discusión, la Suprema Corte ratificó la sentencia de 2015 que declaró constitucional la ley 7722 e impuso las costas del proceso a la parte vencida. En concreto, ahora son cinco sentencias por separado: Minera San Jorge, Minera del Oeste y otros, Minera Río de la Plata, Portal de Oro y Minera Agaucu.
Los documentos son bastante similares entre sí, prácticamente idénticos cuando se repasan las acciones alrededor de la causa. Aquí se señalan los planteos por los que las empresas criticaron la 7722 y las defensas de ella que hicieron en su momento el Gobierno, Fiscalía de Estado y el entonces procurador general, Rodolfo González.
De los cinco fallos, tres los argumenta Adaro y dos Palermo. Vale aclarar que la costumbre es que la declaración de argumentos rote entre los integrantes de la sala. También son similares pero difieren un poco en la redacción de “la solución del caso”.
Ocurre que los principales artículos objetados eran los tres primeros: la prohibición de sustancias peligrosas que se utilizan en procesos de minería metalífera, la adaptación de las empresas que ya tenían la titularidad de concesiones y la ratificación por ley de las declaraciones de impacto ambiental. Adaro repitió observaciones que hizo en 2015 sobre el 1 y el 3.
En el texto del primero figuran “cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares”. Para el juez, “debe tomarse como ‘tóxicas’, y en efecto peligrosas, a las tres sustancias explícitamente determinadas” y la constitucionalidad debe ser conforme a ese alcance.
Sobre el tercer punto, Adaro se pregunta si el análisis legislativo no estaría “extralimitándose e interfiriendo en la órbita propia de la función administrativa del Poder Ejecutivo”, ya que las declaraciones de impacto ambiental vienen de allí.
Palermo no hace mención a las sustancias tóxicas pero sí habla a favor de la ratificación legislativa. “Mediante tal recaudo de eficacia se persigue un control del acto administrativo en vistas a asegurar su legitimidad democrática y lograr un consenso social”, escribió.
Litigios desde 2007
El inicio del reclamo se remonta a junio de 2007, cuando se aprobó la 7722. Al poco tiempo, 13 empresas iniciaron acciones legales para declararla inconstitucional, principalmente porque, según su visión, prohibía toda actividad minera metalífera. Las causas se unificaron con la carátula “Minera Del Oeste SRL y ots. c/ Gobierno de la Provincia p/acción de inconstitucionalidad”.
Pasaron ocho años con muchos informes y reclamos ambientalistas, hasta que en diciembre de 2015 la Suprema Corte definió que la norma era acorde a la Constitución y las leyes nacionales. La votación fue unánime: 7 jueces a favor y ninguno en contra.
En los fundamentos de aquel entonces se hicieron consideraciones en torno al derecho a la vida, la protección del ambiente y derechos consagrados por la Constitución Nacional. Las empresas no quedaron conformes pero ahora, un año y medio después, esa decisión se ratifica.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los fallos por planteos de cinco empresas sostienen la prohibición de sustancias peligrosas. Fijan costas contra los que iniciaron la acción.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la decisión que había tomado en 2015 al rechazar un planteo de inconstitucionalidad hecho por empresas mineras. La ratificación se da en un contexto en el que el Ejecutivo aún analiza qué política minera llevar adelante.
La ratificación salió desde la sala segunda de la Suprema Corte, integrada por los jueces Mario Adaro, Alejandro Palermo y José Valerio. El tercero no firmó la sentencia por pedir antes una licencia y, si bien a priori suena la cercanía de Valerio con el gobernador Alfredo Cornejo, algunos entienden que no quiso meterse en un tema que incluyó ocho años de expedientes en los que él no participó mientras que Adaro y Palermo sí lo hicieron.
Larga ha sido la discusión por la minería en Mendoza. La actual gestión armó una Mesa de Diálogo Minero para analizar el tema pero todavía no presenta conclusiones. Mientras, grupos ambientalistas piden declarar como reserva natural a zonas donde antes se proyectaban inversiones mineras.
En medio de la discusión, la Suprema Corte ratificó la sentencia de 2015 que declaró constitucional la ley 7722 e impuso las costas del proceso a la parte vencida. En concreto, ahora son cinco sentencias por separado: Minera San Jorge, Minera del Oeste y otros, Minera Río de la Plata, Portal de Oro y Minera Agaucu.
Los documentos son bastante similares entre sí, prácticamente idénticos cuando se repasan las acciones alrededor de la causa. Aquí se señalan los planteos por los que las empresas criticaron la 7722 y las defensas de ella que hicieron en su momento el Gobierno, Fiscalía de Estado y el entonces procurador general, Rodolfo González.
De los cinco fallos, tres los argumenta Adaro y dos Palermo. Vale aclarar que la costumbre es que la declaración de argumentos rote entre los integrantes de la sala. También son similares pero difieren un poco en la redacción de “la solución del caso”.
Ocurre que los principales artículos objetados eran los tres primeros: la prohibición de sustancias peligrosas que se utilizan en procesos de minería metalífera, la adaptación de las empresas que ya tenían la titularidad de concesiones y la ratificación por ley de las declaraciones de impacto ambiental. Adaro repitió observaciones que hizo en 2015 sobre el 1 y el 3.
En el texto del primero figuran “cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares”. Para el juez, “debe tomarse como ‘tóxicas’, y en efecto peligrosas, a las tres sustancias explícitamente determinadas” y la constitucionalidad debe ser conforme a ese alcance.
Sobre el tercer punto, Adaro se pregunta si el análisis legislativo no estaría “extralimitándose e interfiriendo en la órbita propia de la función administrativa del Poder Ejecutivo”, ya que las declaraciones de impacto ambiental vienen de allí.
Palermo no hace mención a las sustancias tóxicas pero sí habla a favor de la ratificación legislativa. “Mediante tal recaudo de eficacia se persigue un control del acto administrativo en vistas a asegurar su legitimidad democrática y lograr un consenso social”, escribió.
Litigios desde 2007
El inicio del reclamo se remonta a junio de 2007, cuando se aprobó la 7722. Al poco tiempo, 13 empresas iniciaron acciones legales para declararla inconstitucional, principalmente porque, según su visión, prohibía toda actividad minera metalífera. Las causas se unificaron con la carátula “Minera Del Oeste SRL y ots. c/ Gobierno de la Provincia p/acción de inconstitucionalidad”.
Pasaron ocho años con muchos informes y reclamos ambientalistas, hasta que en diciembre de 2015 la Suprema Corte definió que la norma era acorde a la Constitución y las leyes nacionales. La votación fue unánime: 7 jueces a favor y ninguno en contra.
En los fundamentos de aquel entonces se hicieron consideraciones en torno al derecho a la vida, la protección del ambiente y derechos consagrados por la Constitución Nacional. Las empresas no quedaron conformes pero ahora, un año y medio después, esa decisión se ratifica.
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Reserva de Biosfera Laguna Blanca con minería?
Comunidades indígenas denuncian que una minera explora sin autorización una Reserva de Biósfera
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Tierras para el PN El Impenetrable en manos de Nación
La Nación tomó posesión de tierras destinadas al Parque Nacional El Impenetrable
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Chaco
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, y el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, firmaron el documento para la toma de posesión, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del predio de la ex Estancia La Fidelidad, en la provincia del Chaco, declarado Parque Nacional El Impenetrable por Ley 26.996 del Congreso Nacional. El documento fue firmado ante la presencia del escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, en un acto en el que también participó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El ministro Bergman destacó la cesión de las tierras de la ex estancia La Fidelidad por parte de la provincia del Chaco, en términos de la importancia del uso ambiental, para que adquiera status de protección y sea un parque nacional, tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri. “El jefe de Estado planteó también que vamos a trabajar para duplicar a 2019 la superficie de hectáreas protegidas. Hoy lo que se está haciendo es un trabajo articulado, provincia por provincia, para las cesiones de áreas para parques nacionales”, dijo el titular de la cartera de Ambiente.
La decisión del traspaso permitirá, tras años de demoras, la toma de posesión del Parque Nacional El Impenetrable para poder instalar de manera permanente un centro operativo que garantizará la conservación de la biodiversidad en el área protegida nacional más grande del norte argentino.
El acto se realizó en Casa Rosada, en donde también estuvieron presentes el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y representantes de Banco de Bosques, Wyss Foundation y Flora y Fauna.
Parque Nacional El Impenetrable
Creado por ley en octubre de 2014, sus aproximadas 130.000 hectáreas tienen valor especial por el buen estado de conservación de su flora y fauna y, además, el suficiente potencial como para convertirse en un importante atractivo turístico.
Hábitat natural de especies emblemáticas de la zona como el oso hormiguero, tapir, pecarí, tatú carreta y yaguareté, además de una enorme variedad de aves, es un área de gran relevancia para la conservación que permitirá investigar y resguardar el mayor remanente natural del bosque chaqueño.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Chaco
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, y el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, firmaron el documento para la toma de posesión, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del predio de la ex Estancia La Fidelidad, en la provincia del Chaco, declarado Parque Nacional El Impenetrable por Ley 26.996 del Congreso Nacional. El documento fue firmado ante la presencia del escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, en un acto en el que también participó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El ministro Bergman destacó la cesión de las tierras de la ex estancia La Fidelidad por parte de la provincia del Chaco, en términos de la importancia del uso ambiental, para que adquiera status de protección y sea un parque nacional, tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri. “El jefe de Estado planteó también que vamos a trabajar para duplicar a 2019 la superficie de hectáreas protegidas. Hoy lo que se está haciendo es un trabajo articulado, provincia por provincia, para las cesiones de áreas para parques nacionales”, dijo el titular de la cartera de Ambiente.
La decisión del traspaso permitirá, tras años de demoras, la toma de posesión del Parque Nacional El Impenetrable para poder instalar de manera permanente un centro operativo que garantizará la conservación de la biodiversidad en el área protegida nacional más grande del norte argentino.
El acto se realizó en Casa Rosada, en donde también estuvieron presentes el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y representantes de Banco de Bosques, Wyss Foundation y Flora y Fauna.
Parque Nacional El Impenetrable
Creado por ley en octubre de 2014, sus aproximadas 130.000 hectáreas tienen valor especial por el buen estado de conservación de su flora y fauna y, además, el suficiente potencial como para convertirse en un importante atractivo turístico.
Hábitat natural de especies emblemáticas de la zona como el oso hormiguero, tapir, pecarí, tatú carreta y yaguareté, además de una enorme variedad de aves, es un área de gran relevancia para la conservación que permitirá investigar y resguardar el mayor remanente natural del bosque chaqueño.
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Agroquímicos: “Ley Bertero” será historia en Santa Fe
Agroquímicos a foja cero
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El Ejecutivo no envió a Senadores el proyecto con media sanción en Diputados para modificar la Ley 11.273 y la iniciativa perdió estado parlamentario. Para la autora influyeron la falta de información y el temor infundido en la población.
Para reformar la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, habrá que empezar de nuevo. Esta semana la iniciativa que contaba com media sanción de la Cámara de Diputados tuvo su última chance de tratarse para su aprobación en Senadores. Esto no ocurrió porque el Poder Ejecutivo -pese a impulsarlo- decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa habrá perdido estado parlamentario cuando se retome la actividad legislativa, en un nuevo período ordinario de sesiones, a partir de Mayo. En cambio, seguirá en carrera el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libre de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.
La llamada “Ley Bertero”, proyecto ingresado en la Cámara Baja por la diputada Inés Bertero (FPCS) y elaborado en base al consenso de entidades públicas y privadas (INTA, SENASA, Ministerio de la Producción, UNL, aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas), introducía un novedoso mecanismo de control con la figura del veedor, rol que cumpliría un agrónomo en cada distrito para autorizar y fiscalizar pulverizaciones. Además -a diferencia de la legislación vigente- establecía una zona de 100 a 200 metros libre de químicos, donde debía promoverse la agroecología. Incluso el proceso de debate alrededor de este proyecto tuvo otros efectos, como la conformación de la Mesa del Arco Productivo, que luego derivo en la CoProVeSa (Comisión de Protección Vegetal Santafesina).
El miedo manda
En diálogo con Campolitoral, la diputada Bertero dio por sentada la caída parlamentaria de la iniciativa. “Hubo una solicitud (al Ejecutivo) para que se enviara el proyecto con media sanción de Diputados al Senado para su tratamiento; esto no a ocurrido, de modo que recién el 1º de mayo -cuando empiecen las sesiones ordinarias- podría tratarse, pero como ya es el segundo año parlamentario caducaría a fines de abril, de modo que habría que presentar nuevamente otro proyecto”.
Las declaraciones fueron formuladas el miércoles 19, en la víspera de la última sesión de extraordinarias prevista para el jueves 20. “Yo creo que es prácticamente imposible, estoy pensando más en pedir una entrevista con el Ministro de la Producción para ver cómo retomamos esta tarea; el proyecto está y siempre hay posibilidades de hacer modificaciones y volver a conversar con todos los sectores para iniciar nuevamente su tratamiento”.
Bertero consideró que “son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley”. Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con el tratamiento, relató que “hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios”. Esto, sumado a la falta de información “desde las esferas públicas” sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias, “ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población”. Por este motivo, consideró que falta “seguir dialogando” y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, “que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El Ejecutivo no envió a Senadores el proyecto con media sanción en Diputados para modificar la Ley 11.273 y la iniciativa perdió estado parlamentario. Para la autora influyeron la falta de información y el temor infundido en la población.
Para reformar la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, habrá que empezar de nuevo. Esta semana la iniciativa que contaba com media sanción de la Cámara de Diputados tuvo su última chance de tratarse para su aprobación en Senadores. Esto no ocurrió porque el Poder Ejecutivo -pese a impulsarlo- decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa habrá perdido estado parlamentario cuando se retome la actividad legislativa, en un nuevo período ordinario de sesiones, a partir de Mayo. En cambio, seguirá en carrera el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libre de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.
La llamada “Ley Bertero”, proyecto ingresado en la Cámara Baja por la diputada Inés Bertero (FPCS) y elaborado en base al consenso de entidades públicas y privadas (INTA, SENASA, Ministerio de la Producción, UNL, aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas), introducía un novedoso mecanismo de control con la figura del veedor, rol que cumpliría un agrónomo en cada distrito para autorizar y fiscalizar pulverizaciones. Además -a diferencia de la legislación vigente- establecía una zona de 100 a 200 metros libre de químicos, donde debía promoverse la agroecología. Incluso el proceso de debate alrededor de este proyecto tuvo otros efectos, como la conformación de la Mesa del Arco Productivo, que luego derivo en la CoProVeSa (Comisión de Protección Vegetal Santafesina).
El miedo manda
En diálogo con Campolitoral, la diputada Bertero dio por sentada la caída parlamentaria de la iniciativa. “Hubo una solicitud (al Ejecutivo) para que se enviara el proyecto con media sanción de Diputados al Senado para su tratamiento; esto no a ocurrido, de modo que recién el 1º de mayo -cuando empiecen las sesiones ordinarias- podría tratarse, pero como ya es el segundo año parlamentario caducaría a fines de abril, de modo que habría que presentar nuevamente otro proyecto”.
Las declaraciones fueron formuladas el miércoles 19, en la víspera de la última sesión de extraordinarias prevista para el jueves 20. “Yo creo que es prácticamente imposible, estoy pensando más en pedir una entrevista con el Ministro de la Producción para ver cómo retomamos esta tarea; el proyecto está y siempre hay posibilidades de hacer modificaciones y volver a conversar con todos los sectores para iniciar nuevamente su tratamiento”.
Bertero consideró que “son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley”. Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con el tratamiento, relató que “hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios”. Esto, sumado a la falta de información “desde las esferas públicas” sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias, “ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población”. Por este motivo, consideró que falta “seguir dialogando” y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, “que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad”.
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