Sali-Dulce: se reunió el comité de cuenca
09:30 | 
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El Comité de Cuenca se reunió con los equipos de Participación Social
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.
En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Empresario detenido por violar clausura en el Riachuelo
Detuvieron a un empresario por violar la clausura de una fábrica en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata del responsable de una firma de galvanoplastía ubicada en Lanús que incumplió el plan de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. El empresario fue indagado el martes. En tanto, las autoridades resolvieron la clausura total del establecimiento
Un empresario fue detenido el lunes por violar la clausura que le había impuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza", por el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó un plan de saneamiento integral de la zona afectada.
La detención fue ordenada por el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, luego de que personal de la ACUMAR y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constatara la violación de la clausura impuesta a la fábrica de galvanoplastía "Cordoba oscar florencio", de la localidad de Lanús.
El martes se cumplió con la indagatoria del empresario. Y los inspectores de ACUMAR dispusieron la clausura total del establecimiento, dedicado al niquelado y electrozincado de metales, según informó el Centro de Información Judicial.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata del responsable de una firma de galvanoplastía ubicada en Lanús que incumplió el plan de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. El empresario fue indagado el martes. En tanto, las autoridades resolvieron la clausura total del establecimiento Un empresario fue detenido el lunes por violar la clausura que le había impuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza", por el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó un plan de saneamiento integral de la zona afectada.
La detención fue ordenada por el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, luego de que personal de la ACUMAR y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constatara la violación de la clausura impuesta a la fábrica de galvanoplastía "Cordoba oscar florencio", de la localidad de Lanús.
El martes se cumplió con la indagatoria del empresario. Y los inspectores de ACUMAR dispusieron la clausura total del establecimiento, dedicado al niquelado y electrozincado de metales, según informó el Centro de Información Judicial.
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Analizan el impacto de los agroquímicos en Santa Fe
Relevamiento para ver el impacto de los agroquímicos en la salud
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La necesidad de determinar a ciencia cierta en esta ciudad el impacto de los agroquímicos en la salud de la población derivará en una suerte de relevamiento que realizará un grupo de estudiantes avanzados en las carreras de medicina y enfermería a partir de un convenio entre los Estados local y provincial y la UNR.
El trabajo, que se llevará adelante en la segunda quincena del próximo mes bajo la coordinación del docente y médico socio ambiental Damián Verzeñassi, permitirá trazar un mapa sobre las patologías que serían causados por el uso de agrotóxicos.
En Firmat, como el resto de las localidades de la zona cuya actividad económica gira alrededor del campo, crece la preocupación por los efectos no deseados de las fumigaciones a pesar de los controles establecidos a instancias de normativas que regulan las aplicaciones.
Desde hace tiempo se vienen reportando en la región enfermedades aparentemente relacionadas con esta cuestión aunque de compleja comprobación. El caso más sonado fue la experiencia traumática y fatal que le tocó vivir a un matrimonio de esta ciudad que perdió uno de los gemelos que estaba esperando, como publicó oportunamente LaCapital.
La sospecha médica de que el deceso se produjo por la influencia de agrotóxicos fue tal que el obstetra recomendó a la madre y su familia mudarse de la casa donde vivían, en cercanías de zonas sujetas a fumigación. La tarea prevista consiste en relevar hogares y la totalidad del área rural, lo que permitirá recoger datos que serán analizados y ordenados para ser transmitidos. El estudio comprenderá a más de 300 familias, lo que resultará una muestra representativa de la población firmatense, compuesta por 19 mil personas.
La secretaria de Salud de Firmat, Marta Vilar, sostuvo que "hay elementos ambientales, producto de la actividad del hombre, que son tóxicos. Si bien los innovaciones tecnológicas trajeron progreso, también tienen un efecto negativo que merece ser abordado para minimizar impactos en la población".
El estudio permitirá fijar si las frecuencias de ciertas enfermedades están relacionadas con las épocas de más fumigación, entre otros indicadores tendientes a definir estrategias para disminuir el riesgo de los agroquímicos. En Murphy se realizó recientemente un trabajo sobre el mismo tema cuyos resultados revelaron que las muertes por cáncer están por encima de la media provincial.
La funcionaria indicó que "cuando se presentan enfermedades alérgicas así como oncológicas o endocrinológica no podemos, en general, fijar un causa-efecto directa con una sola noxa". No obstante el relevamiento será una herramienta importante para intentar establecer si el uso de sustancias tóxicas produjo un aumento de patologías.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La necesidad de determinar a ciencia cierta en esta ciudad el impacto de los agroquímicos en la salud de la población derivará en una suerte de relevamiento que realizará un grupo de estudiantes avanzados en las carreras de medicina y enfermería a partir de un convenio entre los Estados local y provincial y la UNR.El trabajo, que se llevará adelante en la segunda quincena del próximo mes bajo la coordinación del docente y médico socio ambiental Damián Verzeñassi, permitirá trazar un mapa sobre las patologías que serían causados por el uso de agrotóxicos.
En Firmat, como el resto de las localidades de la zona cuya actividad económica gira alrededor del campo, crece la preocupación por los efectos no deseados de las fumigaciones a pesar de los controles establecidos a instancias de normativas que regulan las aplicaciones.
Desde hace tiempo se vienen reportando en la región enfermedades aparentemente relacionadas con esta cuestión aunque de compleja comprobación. El caso más sonado fue la experiencia traumática y fatal que le tocó vivir a un matrimonio de esta ciudad que perdió uno de los gemelos que estaba esperando, como publicó oportunamente LaCapital.
La sospecha médica de que el deceso se produjo por la influencia de agrotóxicos fue tal que el obstetra recomendó a la madre y su familia mudarse de la casa donde vivían, en cercanías de zonas sujetas a fumigación. La tarea prevista consiste en relevar hogares y la totalidad del área rural, lo que permitirá recoger datos que serán analizados y ordenados para ser transmitidos. El estudio comprenderá a más de 300 familias, lo que resultará una muestra representativa de la población firmatense, compuesta por 19 mil personas.
La secretaria de Salud de Firmat, Marta Vilar, sostuvo que "hay elementos ambientales, producto de la actividad del hombre, que son tóxicos. Si bien los innovaciones tecnológicas trajeron progreso, también tienen un efecto negativo que merece ser abordado para minimizar impactos en la población".
El estudio permitirá fijar si las frecuencias de ciertas enfermedades están relacionadas con las épocas de más fumigación, entre otros indicadores tendientes a definir estrategias para disminuir el riesgo de los agroquímicos. En Murphy se realizó recientemente un trabajo sobre el mismo tema cuyos resultados revelaron que las muertes por cáncer están por encima de la media provincial.
La funcionaria indicó que "cuando se presentan enfermedades alérgicas así como oncológicas o endocrinológica no podemos, en general, fijar un causa-efecto directa con una sola noxa". No obstante el relevamiento será una herramienta importante para intentar establecer si el uso de sustancias tóxicas produjo un aumento de patologías.
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ONGs no quieren incineración en el Riachuelo
Unánime rechazo a la incineración en la audiencia por la basura de la Cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Después de la presentación del Plan Maestro por parte del Director Técnico de ACUMAR, que hizo hincapié en la limpieza de basurales y los Ecopuntos como columna vertebral del Plan, se escucharon las opiniones del Defensor del Pueblo de la Nación, organizaciones sociales, vecinos, Diputados y Concejales. La mayoría de las exposiciones destinaron sus críticas a la etapa de disposición final, que tuvo una leve mención en la presentación de ACUMAR y argumentaron que la Incineración no será solución al entierro masivo de residuos y representará nuevos riesgos.
La organización Greenpeace manifestó que el supuesto cambió de paradigma del Plan Maestro, es sólo una apuesta a la separación mecánica y la “valorización” (combustión) de Residuos. “Se apunta a resolver la cuestión de los residuos apelando a tecnologías muchas veces “mágicas” que están en etapa experimental o que han demostrado su ineficiencia en diferentes lugares del mundo. Si bien se argumenta como la tendencia actual en Europa, de acuerdo a una reciente normativa se podría decir todo lo contrario. El Parlamento Europeo estableció que la financiación pública de la Unión Europea debe dar prioridad a las plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos y prohíbe gradualmente para el 2020, la incineración de residuos que pueden ser compostables o reciclabes” (1).
Asimismo, los ambientalistas señalaron la preocupación por los proyectos de incineración incluidos en el Plan Maestro y licitados por ENARSA para obtener energía de los Residuos provenientes de la Cuenca: El CARE en González Catan y el de Termovalorización Energética en el predio Norte III de CEAMSE. Ambos proyectos incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los residuos, como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos.
Frente al incumplimiento de leyes nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a la incineración, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Después de la presentación del Plan Maestro por parte del Director Técnico de ACUMAR, que hizo hincapié en la limpieza de basurales y los Ecopuntos como columna vertebral del Plan, se escucharon las opiniones del Defensor del Pueblo de la Nación, organizaciones sociales, vecinos, Diputados y Concejales. La mayoría de las exposiciones destinaron sus críticas a la etapa de disposición final, que tuvo una leve mención en la presentación de ACUMAR y argumentaron que la Incineración no será solución al entierro masivo de residuos y representará nuevos riesgos.
La organización Greenpeace manifestó que el supuesto cambió de paradigma del Plan Maestro, es sólo una apuesta a la separación mecánica y la “valorización” (combustión) de Residuos. “Se apunta a resolver la cuestión de los residuos apelando a tecnologías muchas veces “mágicas” que están en etapa experimental o que han demostrado su ineficiencia en diferentes lugares del mundo. Si bien se argumenta como la tendencia actual en Europa, de acuerdo a una reciente normativa se podría decir todo lo contrario. El Parlamento Europeo estableció que la financiación pública de la Unión Europea debe dar prioridad a las plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos y prohíbe gradualmente para el 2020, la incineración de residuos que pueden ser compostables o reciclabes” (1).
Asimismo, los ambientalistas señalaron la preocupación por los proyectos de incineración incluidos en el Plan Maestro y licitados por ENARSA para obtener energía de los Residuos provenientes de la Cuenca: El CARE en González Catan y el de Termovalorización Energética en el predio Norte III de CEAMSE. Ambos proyectos incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los residuos, como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos.
Frente al incumplimiento de leyes nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a la incineración, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
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Minería y represión van de la mano
El conflicto minero. Minería y represión van de la mano
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Exigen prisión para el cazador de un yaguareté
Piden prisión para quien mató al yaguareté Guacurarí
Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Durante las últimas tres semanas, cientos de voluntarios colocan afiches en todo el territorio de la provincia, exigiendo prisión para el cazador de un yaguareté que era monitoreado por científicos. Este yaguareté, conocido como Guacurarí, era estudiado por investigadores del Conicet a través de un sistema de seguimiento satelital, y fue muerto por cazadores furtivos en el interior del Parque provincial Urugua-í.
Gracias al dispositivo GPS que el felino tenía colocado fue posible encontrar sus restos (el sistema emite una señal cuando pasan muchas horas sin que el animal se mueva) ya que los cazadores intentaron destruirlo sin éxito.
A raíz de la gran difusión que tomó el caso por la gravedad del asunto, cientos de voluntarios están pegando afiches exigiendo que el responsable vaya preso, pues los rumores que circulan indican que hay pistas sobre los responsables. Así es como comercios, oficinas públicas, colegios y calles sostienen hoy el pedido de justicia para este yaguareté, emblema de la riqueza natural de Misiones, que se ha convertido en el símbolo de la protección de esta especie, de la que solamente quedan unos 40-50 ejemplares en la provincia donde otrora abundaban.
Desde la Red Yaguareté indicaron que se llevarán adelante una serie de acciones para exigir el enjuiciamiento y condena de los responsables. Paralelamente, una campaña del Ceiba y la FVSA recolectó cerca de 15.000 firmas para pedir al Ministerio de Ecología, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Nación, mayor protección para las áreas naturales protegidas y las especies en peligro de extinción
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Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Durante las últimas tres semanas, cientos de voluntarios colocan afiches en todo el territorio de la provincia, exigiendo prisión para el cazador de un yaguareté que era monitoreado por científicos. Este yaguareté, conocido como Guacurarí, era estudiado por investigadores del Conicet a través de un sistema de seguimiento satelital, y fue muerto por cazadores furtivos en el interior del Parque provincial Urugua-í.Gracias al dispositivo GPS que el felino tenía colocado fue posible encontrar sus restos (el sistema emite una señal cuando pasan muchas horas sin que el animal se mueva) ya que los cazadores intentaron destruirlo sin éxito.
A raíz de la gran difusión que tomó el caso por la gravedad del asunto, cientos de voluntarios están pegando afiches exigiendo que el responsable vaya preso, pues los rumores que circulan indican que hay pistas sobre los responsables. Así es como comercios, oficinas públicas, colegios y calles sostienen hoy el pedido de justicia para este yaguareté, emblema de la riqueza natural de Misiones, que se ha convertido en el símbolo de la protección de esta especie, de la que solamente quedan unos 40-50 ejemplares en la provincia donde otrora abundaban.
Desde la Red Yaguareté indicaron que se llevarán adelante una serie de acciones para exigir el enjuiciamiento y condena de los responsables. Paralelamente, una campaña del Ceiba y la FVSA recolectó cerca de 15.000 firmas para pedir al Ministerio de Ecología, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Nación, mayor protección para las áreas naturales protegidas y las especies en peligro de extinción
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Tierra del Fuego avanza en la ley de bosques
Cumplen el primer paso para implementar la ley de bosques
Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de la primera convocatoria para presentar planes de manejo y conservación de los bosques nativos de Tierra del Fuego. De esta manera, la provincia podrá acceder a fondos nacionales destinados para ese fin, contemplados por la Ley 26.331.
El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, abrió la convocatoria para la presentación de planes de manejo y conservación de bosques nativos.
Se trata de la primera convocatoria que realiza Tierra del Fuego tras la sanción de la Ley Provincial N° 869 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; condición necesaria para que la provincia acceda al Fondo para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, según lo establece la Ley Nacional 26.331.
Para esta convocatoria, se establece como prioridad y de interés para la provincia la presentación de planes que contemplen prácticas activas de conservación de bosques, como ser prevención de incendios, control de especies exóticas y herbívoras.
Además, se tendrán en cuenta los proyectos referidos a la restauración de bosques degradados; el manejo integral de ambientes rurales y sistemas silvopastoriles; usos múltiples del bosque, organización y administración de áreas de recreación; bosques urbanos; silvicultura sin retorno económico inmediato; obtención de productos forestales no madereros e implementación de buenas prácticas de manejo forestal y uso integral del recurso.
Los planes que se presenten deberán contar con la firma de un profesional universitario, de carrera de grado de cuatro años o más, con título habilitante e incumbencias debidamente acreditadas, y se podrán entregar hasta el 18 de junio.
Para consultar formularios, modalidades y contenidos mínimos de planes de manejo y conservación de bosques, los interesados podrán dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Bosques en Ushuaia (San Martín 1401 o Don Bosco 640) o bien a la delegación Tolhuin (Ángela Loig 251), en el horario de 9.00 a 16.00.
La sanción de la ley de bosques, en abril pasado, se dio sobre el límite del plazo que había establecido el Consejo Federal de Medio Ambiente en su última sesión de marzo.
En esa ocasión, el organismo nacional le había otorgado una prórroga al Gobierno fueguino para presentar el Ordenamiento de Bosques Nativos que vencía el 30 de marzo, permitiendo así que la provincia -junto a otras jurisdicciones cuya ley seguía pendiente de aprobación, pudieran ingresar en la distribución de fondos durante 2012.
Este año, el presupuesto de bosques nativos otorgado por la Nación pasó de 300 millones a 540 millones de pesos. Hasta marzo pasado, la provincia ya había perdido 24 millones de pesos al no haber sido aprobada la normativa, según estimaciones del Gobierno.
Con el cambio de autoridades en la Legislatura, el Ejecutivo fueguino, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, ingresó por tercer año consecutivo el proyecto de ley, que finalmente se sancionó el mes pasado.
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Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de la primera convocatoria para presentar planes de manejo y conservación de los bosques nativos de Tierra del Fuego. De esta manera, la provincia podrá acceder a fondos nacionales destinados para ese fin, contemplados por la Ley 26.331.
El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, abrió la convocatoria para la presentación de planes de manejo y conservación de bosques nativos.
Se trata de la primera convocatoria que realiza Tierra del Fuego tras la sanción de la Ley Provincial N° 869 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; condición necesaria para que la provincia acceda al Fondo para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, según lo establece la Ley Nacional 26.331.
Para esta convocatoria, se establece como prioridad y de interés para la provincia la presentación de planes que contemplen prácticas activas de conservación de bosques, como ser prevención de incendios, control de especies exóticas y herbívoras.
Además, se tendrán en cuenta los proyectos referidos a la restauración de bosques degradados; el manejo integral de ambientes rurales y sistemas silvopastoriles; usos múltiples del bosque, organización y administración de áreas de recreación; bosques urbanos; silvicultura sin retorno económico inmediato; obtención de productos forestales no madereros e implementación de buenas prácticas de manejo forestal y uso integral del recurso.
Los planes que se presenten deberán contar con la firma de un profesional universitario, de carrera de grado de cuatro años o más, con título habilitante e incumbencias debidamente acreditadas, y se podrán entregar hasta el 18 de junio.
Para consultar formularios, modalidades y contenidos mínimos de planes de manejo y conservación de bosques, los interesados podrán dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Bosques en Ushuaia (San Martín 1401 o Don Bosco 640) o bien a la delegación Tolhuin (Ángela Loig 251), en el horario de 9.00 a 16.00.
La sanción de la ley de bosques, en abril pasado, se dio sobre el límite del plazo que había establecido el Consejo Federal de Medio Ambiente en su última sesión de marzo.
En esa ocasión, el organismo nacional le había otorgado una prórroga al Gobierno fueguino para presentar el Ordenamiento de Bosques Nativos que vencía el 30 de marzo, permitiendo así que la provincia -junto a otras jurisdicciones cuya ley seguía pendiente de aprobación, pudieran ingresar en la distribución de fondos durante 2012.
Este año, el presupuesto de bosques nativos otorgado por la Nación pasó de 300 millones a 540 millones de pesos. Hasta marzo pasado, la provincia ya había perdido 24 millones de pesos al no haber sido aprobada la normativa, según estimaciones del Gobierno.
Con el cambio de autoridades en la Legislatura, el Ejecutivo fueguino, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, ingresó por tercer año consecutivo el proyecto de ley, que finalmente se sancionó el mes pasado.
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El Estado como guardían de la minería
El conflicto minero
Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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La contaminación que dejó YPF
Huellas de la contaminación petrolera
Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
En la localidad de Añelo, a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén, la Policía Federal y la Corte Suprema certificaron que los habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”.
Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.
La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.
Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.
Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.
Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.
En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.
En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.
En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
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Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
En la localidad de Añelo, a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén, la Policía Federal y la Corte Suprema certificaron que los habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”.
Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.
La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.
Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.
Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.
Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.
En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.
En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.
En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
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Nuevo round por los bosques en Chaco
Hoy, nuevo capítulo de la polémica por los desmontes chaqueños entre Greenpeace y el gobierno
Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Ante la grave denuncia efectuada por la organización ecologista Greenpeace, que en audiencia judicial entregó en Tribunales un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable “autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques”, según argumentaron oportunamente, hoy en el Hotel Gualok, a las 10, la Subsecretaria de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques, darán a conocer un informe con imágenes de la actual situación de los predios denunciados, en los cuales según adelantaron “existen serias falencias”, de acuerdo a los funcionarios provinciales.
Tras la audiencia convocada por la doctora Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, Greenpeace sostuvo que “las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas”.
En tanto según dijeron en forma preliminar las autoridades de Bosques, encabezadas por Miguel Angel López “esto es falso porque las fotos no son actuales y lo vamos a desmentir con argumentos que sobran”, prometió.
Algunas explicaciones
Desde Bosques aseguran que hasta el año 2006 estaba permitido desmontar y hacer aprovechamiento Silvopastoril con un límite máximo de 300 ha/año. En el año 2006 fueron suspendidas las habilitaciones de desmonte y los permisos de aprovechamiento Silvopastoril solo se otorgaban hasta un máximo de 300 ha/año. Esto fue así hasta que en el año 2010 se aprueba la nueva legislación.
“Las coordenadas con las que se individualiza cada imagen en la mayoría de los casos denunciados por Greenpeace –de acuerdo a lo que dice el ingeniero López- no se corresponden con la vertical, es decir, lo que se muestra no tiene su correlato en el punto sobre el terreno. Por esta razón, identificar los lotes cuestionados ha sido una tarea en algunos casos difícil.
A pesar de la inexactitud de los datos proporcionados se realizó una interpretación de a qué lotes se hacía referencia en las imágenes. Esta tarea se realizó por comparación de imágenes y teniendo en cuenta el estado del área circundante al punto, es decir, los lotes vecinos. Todo esto lo vamos a exponer en la conferencia de este lunes”, anunciaron en un comunicado emitido ayer.
Lo que dice Greenpeace
Entre otras cuestiones planteadas, Greenpeace, a través de Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización, dice que “luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”.
“Vamos a seguir monitoreando la región y hacer que se cumpla la Ley de Bosques. No vamos a permitir que ni una topadora desmonte en El Impenetrable. Es positivo que el gobernador haya reconocido la gravedad de la situación y suspendido los desmontes por 60 días para analizar la situación, pero esperamos que luego de la moratoria cumpla con la Ley de Bosques y los prohíba en forma definitiva”, afirmó Giardini.
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Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Ante la grave denuncia efectuada por la organización ecologista Greenpeace, que en audiencia judicial entregó en Tribunales un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable “autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques”, según argumentaron oportunamente, hoy en el Hotel Gualok, a las 10, la Subsecretaria de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques, darán a conocer un informe con imágenes de la actual situación de los predios denunciados, en los cuales según adelantaron “existen serias falencias”, de acuerdo a los funcionarios provinciales.
Tras la audiencia convocada por la doctora Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, Greenpeace sostuvo que “las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas”.
En tanto según dijeron en forma preliminar las autoridades de Bosques, encabezadas por Miguel Angel López “esto es falso porque las fotos no son actuales y lo vamos a desmentir con argumentos que sobran”, prometió.
Algunas explicaciones
Desde Bosques aseguran que hasta el año 2006 estaba permitido desmontar y hacer aprovechamiento Silvopastoril con un límite máximo de 300 ha/año. En el año 2006 fueron suspendidas las habilitaciones de desmonte y los permisos de aprovechamiento Silvopastoril solo se otorgaban hasta un máximo de 300 ha/año. Esto fue así hasta que en el año 2010 se aprueba la nueva legislación.
“Las coordenadas con las que se individualiza cada imagen en la mayoría de los casos denunciados por Greenpeace –de acuerdo a lo que dice el ingeniero López- no se corresponden con la vertical, es decir, lo que se muestra no tiene su correlato en el punto sobre el terreno. Por esta razón, identificar los lotes cuestionados ha sido una tarea en algunos casos difícil.
A pesar de la inexactitud de los datos proporcionados se realizó una interpretación de a qué lotes se hacía referencia en las imágenes. Esta tarea se realizó por comparación de imágenes y teniendo en cuenta el estado del área circundante al punto, es decir, los lotes vecinos. Todo esto lo vamos a exponer en la conferencia de este lunes”, anunciaron en un comunicado emitido ayer.
Lo que dice Greenpeace
Entre otras cuestiones planteadas, Greenpeace, a través de Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización, dice que “luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”.
“Vamos a seguir monitoreando la región y hacer que se cumpla la Ley de Bosques. No vamos a permitir que ni una topadora desmonte en El Impenetrable. Es positivo que el gobernador haya reconocido la gravedad de la situación y suspendido los desmontes por 60 días para analizar la situación, pero esperamos que luego de la moratoria cumpla con la Ley de Bosques y los prohíba en forma definitiva”, afirmó Giardini.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
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Desmontes,
ecosistemas,
política ambiental
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Posible existencia de PCB en Río Negro
Piden informes por PCB existente en Bariloche
Fecha de Publicación: 27/05/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La legisladora Magdalena Odarda denunció la existencia de transformadores con PCB (refrigerantes tóxicos de uso prohibido) en esta ciudad en un pedido de informes enviado a la secretaría de Medio Ambiente rionegrina para requerir precisiones sobre el tema. En el escrito elevado esta semana a la Legislatura, Odarda resumió la confirmación recibida de la Cooperativa de Electricidad Bariloche sobre la convocatoria a las empresas Ensi y Tiser para "la descontaminación" de transformadores existentes en la ciudad y preguntó qué intervención tiene la secretaría en el caso.
La legisladora sostuvo que la información requerida "respondería a muchos interrogantes que incomodan y generan incertidumbre a los vecinos barilochenses" al tiempo que preguntó "cuál es la razón por la que no se informó de esta situación en las respuestas a pedidos de informes anteriores". Además pidió que la repartición explique por qué considera que sólo en Sierra Grande se han depositado transformadores contaminados con PCB, cuando también los hay en Bariloche, consultó si se han depositado transformadores con PCB en otras ciudades y reclamó un listado de las cantidades depositadas, el tipo de tratamiento realizado en cada caso y las empresas responsables del procedimiento.
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Fecha de Publicación: 27/05/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La legisladora Magdalena Odarda denunció la existencia de transformadores con PCB (refrigerantes tóxicos de uso prohibido) en esta ciudad en un pedido de informes enviado a la secretaría de Medio Ambiente rionegrina para requerir precisiones sobre el tema. En el escrito elevado esta semana a la Legislatura, Odarda resumió la confirmación recibida de la Cooperativa de Electricidad Bariloche sobre la convocatoria a las empresas Ensi y Tiser para "la descontaminación" de transformadores existentes en la ciudad y preguntó qué intervención tiene la secretaría en el caso.
La legisladora sostuvo que la información requerida "respondería a muchos interrogantes que incomodan y generan incertidumbre a los vecinos barilochenses" al tiempo que preguntó "cuál es la razón por la que no se informó de esta situación en las respuestas a pedidos de informes anteriores". Además pidió que la repartición explique por qué considera que sólo en Sierra Grande se han depositado transformadores contaminados con PCB, cuando también los hay en Bariloche, consultó si se han depositado transformadores con PCB en otras ciudades y reclamó un listado de las cantidades depositadas, el tipo de tratamiento realizado en cada caso y las empresas responsables del procedimiento.
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La necesidad de alternativas para el Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Para el rescate de ese curso de agua se necesitan explorar alternativas que han resultado exitosas en otros países
Un reciente informe de un grupo de científicos de la Facultad de Agronomía de la UBA revela que, a pesar de los trabajos que se vienen realizando, no se ha logrado mejorar la calidad de las aguas contaminadas del Riachuelo, tal como lo demuestra el metódico examen de ese curso fluvial, realizado desde 1998 por especialistas de la cátedra de Química Analítica, a cargo de Alicia F. de Iorio.
El control periódico ha permitido verificar que no ha disminuido la presencia de altos niveles de metales pesados como el plomo y el cromo, así como de materia orgánica, en tanto que es nula la existencia de oxígeno, lo que configura un cuadro letal.
Una comprobación adicional obliga a repensar atentamente el camino por seguir para la depuración de las aguas, pues los trabajos que se vienen realizando no eliminan el sedimento altamente tóxico de su cauce. Ese sedimento puede cambiar de lugar sin destruirse y llegar al Río de la Plata, lo cual agravaría la carga contaminante que arrastra esa fuente principal del vital elemento que consumen 14 millones de habitantes de esa área geográfica.
Esta consideración permite apreciar algunas de las dificultades para decidir los próximos pasos de la gran tarea de purificar el sistema Matanza-Riachuelo.
Hay acuerdo en que es indispensable que cese de una vez de arrojarse carga tóxica a las aguas gravemente envenenadas. Esto implica nada menos que la reconversión de 810 industrias cuyos efluentes las contaminan en la actualidad. De ese conjunto fabril, sólo 100 pueden hacerlo a corto plazo, pero nada más que 50 tienen planificado cómo lo harán.
Un recurso aprobado es el de la fitorremediación, mediante el empleo de vegetales dotados de capacidad para retener o degradar las sustancias contaminantes, método eficaz, pero lento. En cambio, está en debate todavía el recurso de dragado, por los efectos negativos ya citados.
En todo este proceso, es indudable el beneficio de aprender de obras realizadas en otros ríos del mundo, pues la contaminación es un mal extendido que dañó, entre tantos otros, al Támesis, en Inglaterra; al Tajo, en España; al Ganges, en la India, y al Amarillo, en la China.
En todos los casos mencionados se siguieron caminos de depuración aleccionadores. Más cerca de nosotros, en Brasil, es de interés analizar lo encarado con el río Tieté, que, tras nacer limpio en las sierras costeras paulistas, se convertía en un curso lóbrego cuando se aproximaba a San Pablo.
Esa imagen se ha modificado, aunque todavía no se completó el proceso de recuperación, que comenzó con una original transmisión radial que movilizó a la población y atrajo a estudiantes, asociaciones, clubes y ONG. Año tras año esos grupos siguen mediante análisis los progresos que se van logrando en la depuración de las aguas y ven cada vez más cerca el día en que culminarán las tareas y lo celebrarán con regatas en un río Tieté otra vez limpio.
Por ello, decimos que es muy útil servirse de estos ejemplos para resolver dudas y dificultades, y contribuir así a la siempre postergada limpieza del Riachuelo. No es posible que los argentinos no podamos ver y disfrutar también en un futuro próximo de esas aguas ya purificadas.
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Fecha de Publicación: 27/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Para el rescate de ese curso de agua se necesitan explorar alternativas que han resultado exitosas en otros países
Un reciente informe de un grupo de científicos de la Facultad de Agronomía de la UBA revela que, a pesar de los trabajos que se vienen realizando, no se ha logrado mejorar la calidad de las aguas contaminadas del Riachuelo, tal como lo demuestra el metódico examen de ese curso fluvial, realizado desde 1998 por especialistas de la cátedra de Química Analítica, a cargo de Alicia F. de Iorio.
El control periódico ha permitido verificar que no ha disminuido la presencia de altos niveles de metales pesados como el plomo y el cromo, así como de materia orgánica, en tanto que es nula la existencia de oxígeno, lo que configura un cuadro letal.
Una comprobación adicional obliga a repensar atentamente el camino por seguir para la depuración de las aguas, pues los trabajos que se vienen realizando no eliminan el sedimento altamente tóxico de su cauce. Ese sedimento puede cambiar de lugar sin destruirse y llegar al Río de la Plata, lo cual agravaría la carga contaminante que arrastra esa fuente principal del vital elemento que consumen 14 millones de habitantes de esa área geográfica.
Esta consideración permite apreciar algunas de las dificultades para decidir los próximos pasos de la gran tarea de purificar el sistema Matanza-Riachuelo.
Hay acuerdo en que es indispensable que cese de una vez de arrojarse carga tóxica a las aguas gravemente envenenadas. Esto implica nada menos que la reconversión de 810 industrias cuyos efluentes las contaminan en la actualidad. De ese conjunto fabril, sólo 100 pueden hacerlo a corto plazo, pero nada más que 50 tienen planificado cómo lo harán.
Un recurso aprobado es el de la fitorremediación, mediante el empleo de vegetales dotados de capacidad para retener o degradar las sustancias contaminantes, método eficaz, pero lento. En cambio, está en debate todavía el recurso de dragado, por los efectos negativos ya citados.
En todo este proceso, es indudable el beneficio de aprender de obras realizadas en otros ríos del mundo, pues la contaminación es un mal extendido que dañó, entre tantos otros, al Támesis, en Inglaterra; al Tajo, en España; al Ganges, en la India, y al Amarillo, en la China.
En todos los casos mencionados se siguieron caminos de depuración aleccionadores. Más cerca de nosotros, en Brasil, es de interés analizar lo encarado con el río Tieté, que, tras nacer limpio en las sierras costeras paulistas, se convertía en un curso lóbrego cuando se aproximaba a San Pablo.
Esa imagen se ha modificado, aunque todavía no se completó el proceso de recuperación, que comenzó con una original transmisión radial que movilizó a la población y atrajo a estudiantes, asociaciones, clubes y ONG. Año tras año esos grupos siguen mediante análisis los progresos que se van logrando en la depuración de las aguas y ven cada vez más cerca el día en que culminarán las tareas y lo celebrarán con regatas en un río Tieté otra vez limpio.
Por ello, decimos que es muy útil servirse de estos ejemplos para resolver dudas y dificultades, y contribuir así a la siempre postergada limpieza del Riachuelo. No es posible que los argentinos no podamos ver y disfrutar también en un futuro próximo de esas aguas ya purificadas.
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Argentina es el noveno país más rico en biodiversidad
Argentina, el noveno país más rico
Fecha de Publicación: 26/05/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Argentina es el noveno país más rico cuando se habla de recursos naturales. Es decir que está en el grupo de los 10 países que totalizan más del 60% de la capacidad de la tierra de producir estos recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, China, Estados Unidos, Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y, por delante de la República Democrática del Congo. Así lo indica el último informe presentado por la World Wildlife Fund (WWF) Planeta Vivo 2012.
“Esto nos indica que, países como el nuestro, tienen una oportunidad interesante para lograr un verdadero desarrollo sustentable, si pusieran el foco en la adopción y el desarrollo local de tecnologías para la producción responsable, y en impulsar políticas que promuevan una base sostenible para nuestro desarrollo futuro”, indicó Diego Moreno, director general dela Fundación Vida Silvestre, capítulo local de la ONG ecologista internacional.
En el otro extremo, siempre según el informe, los 10 países con mayor huella ecológica son: Qatar, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Dinamarca, los Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Holanda e Irlanda.
La huella ecológica individual- que mide la demanda de cada persona sobre los recursos naturales- varía dependiendo del país de residencia, la cantidad de bienes y servicios que se consumen, los recursos utilizados y los residuos generados para proporcionar esos bienes y servicios.
Según el informe, si toda la humanidad viviera como un indonesio medio, por ejemplo, se utilizarían solo dos terceras partes de la biocapacidad del planeta. Si todos viviéramos como un argentino medio, la humanidad necesitaría más de medio planeta adicional, y si todos viviéramos como un residente medio de los Estados Unidos, se necesitarían un total de cuatro tierras para poder regenerar la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza.
“Los países con altos ingresos sostienen su nivel de vida gracias a la utilización de los recursos naturales de muchos países en desarrollo, basados en un modelo tradicional que no ha contemplado, hasta el momento, la conservación de la biodiversidad ni, en muchos casos, la equidad social en los países más pobres. Los números presentados en el informe son claros al respecto: la biodiversidad en los países de ingresos bajos disminuyó un 60% entre 1970 y 2008 mientras que, por lo contrario, se incrementó un 7% en los países de ingresos altos. Esto se debe a que estas naciones son capaces de comprar e importar recursos de los países de ingresos bajos. E, incluso, manejar inversiones importantes para asegurar la producción de bienes y servicios básicos como los alimentos”, indicó Moreno.
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Fecha de Publicación: 26/05/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Argentina es el noveno país más rico cuando se habla de recursos naturales. Es decir que está en el grupo de los 10 países que totalizan más del 60% de la capacidad de la tierra de producir estos recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, China, Estados Unidos, Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y, por delante de la República Democrática del Congo. Así lo indica el último informe presentado por la World Wildlife Fund (WWF) Planeta Vivo 2012.“Esto nos indica que, países como el nuestro, tienen una oportunidad interesante para lograr un verdadero desarrollo sustentable, si pusieran el foco en la adopción y el desarrollo local de tecnologías para la producción responsable, y en impulsar políticas que promuevan una base sostenible para nuestro desarrollo futuro”, indicó Diego Moreno, director general dela Fundación Vida Silvestre, capítulo local de la ONG ecologista internacional.
En el otro extremo, siempre según el informe, los 10 países con mayor huella ecológica son: Qatar, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Dinamarca, los Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Holanda e Irlanda.
La huella ecológica individual- que mide la demanda de cada persona sobre los recursos naturales- varía dependiendo del país de residencia, la cantidad de bienes y servicios que se consumen, los recursos utilizados y los residuos generados para proporcionar esos bienes y servicios.
Según el informe, si toda la humanidad viviera como un indonesio medio, por ejemplo, se utilizarían solo dos terceras partes de la biocapacidad del planeta. Si todos viviéramos como un argentino medio, la humanidad necesitaría más de medio planeta adicional, y si todos viviéramos como un residente medio de los Estados Unidos, se necesitarían un total de cuatro tierras para poder regenerar la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza.
“Los países con altos ingresos sostienen su nivel de vida gracias a la utilización de los recursos naturales de muchos países en desarrollo, basados en un modelo tradicional que no ha contemplado, hasta el momento, la conservación de la biodiversidad ni, en muchos casos, la equidad social en los países más pobres. Los números presentados en el informe son claros al respecto: la biodiversidad en los países de ingresos bajos disminuyó un 60% entre 1970 y 2008 mientras que, por lo contrario, se incrementó un 7% en los países de ingresos altos. Esto se debe a que estas naciones son capaces de comprar e importar recursos de los países de ingresos bajos. E, incluso, manejar inversiones importantes para asegurar la producción de bienes y servicios básicos como los alimentos”, indicó Moreno.
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Una audiencia pública del Acumar que no sirve
Polémica entre Greenpeace y ACUMAR por una audiencia pública en Cañuelas
Fecha de Publicación: 25/05/2012
Fuente: La información on line
Provincia/Región: Buenos Aires
La semana próxima se llevará a cabo en Cañuelas una audiencia pública convocada por ACUMAR para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo. Pero las entidades ambientalistas –entre ellas Greenpeace y el CELS- cuestionan el lugar elegido (alejado de la capital y el conurbano) y la falta de difusión de la convocatoria por parte de ACUMAR y los municipios. Hoy es el último día para inscribirse y participar.
Aunque prácticamente nadie lo sabe, el próximo martes 29 de mayo tendrá lugar en Cañuelas una importante audiencia pública convocada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR), en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
La audiencia se llevará a cabo a las 10 de la mañana, en el salón de fiestas ubicado en Brandsen 1380, y podrán participar tanto personas físicas como jurídicas. Sin embargo, hoy es el último día de plazo para inscribirse y poder tener acceso a la audiencia, como orador o en forma presencial.
La polémica surgió justamente porque las entidades ecologistas tácitamente acusan a ACUMAR y los municipios que integran la cuenca de limitar la participación, al no difundir la convocatoria, únicamente visible a través de la página web de la autoridad de la cuenca.
En el caso de Cañuelas, ni el gobierno municipal ni la oficina de ACUMAR dirigida por el Dr. Maximiliano Mazzanti brindaron información al respecto, pese a que dicha oficina es incluso uno de los únicos tres lugares habilitados para inscribirse en la audiencia.
En un comunicado difundido en su página web, la organización Greenpeace, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Vecinos de la Boca, se quejaron por la convocatoria.
En primer término, cuestionaron que Cañuelas haya sido elegida como sede de la audiencia, señalando que “no resulta de fácil acceso para aquellas personas que busquen participar, ya que carece de alternativas de transporte que faciliten su llegada”, y que el ACUMAR debió fundamentar el lugar de la elección de la sede, cosa que no hizo.
También dijeron que el plazo para inscribirse fue “sumamente exiguo”, y que no hubo una campaña de difusión, facilitación y promoción de la participación. “La convocatoria tampoco fue difundida por las páginas webs de los municipios de la Cuenca, del CEAMSE, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales no cuentan con ningún tipo de información al respecto”, afirma el comunicado, que agrega que dicha información tampoco fue difundida en el espacio televisivo que ACUMAR tiene en la tanda publicitaria de “Fútbol para Todos”.
Los organismos ambientalistas también criticaron que la inscripción sólo pudiera efectuarse en las sedes de ACUMAR de Capital, Cañuelas y Monte Grande, y no por medio de la web oficial.
Y pidieron a todos los interesados que hagan un esfuerzo por concurrir y participar de la audiencia, más allá de las dificultades expresadas: “Más allá de las observaciones planteadas (…) hemos impulsado desde hace más de 10 años la necesidad de generar instancias de participación para debatir. Por ello, creemos que resulta muy importante que la ciudadanía pueda hacer escuchar sus opiniones en todas las instancias en que se la requiera, más allá las falencias que en dicho proceso se puedan generar”, concluyeron.
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Fecha de Publicación: 25/05/2012
Fuente: La información on line
Provincia/Región: Buenos Aires
La semana próxima se llevará a cabo en Cañuelas una audiencia pública convocada por ACUMAR para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo. Pero las entidades ambientalistas –entre ellas Greenpeace y el CELS- cuestionan el lugar elegido (alejado de la capital y el conurbano) y la falta de difusión de la convocatoria por parte de ACUMAR y los municipios. Hoy es el último día para inscribirse y participar.
Aunque prácticamente nadie lo sabe, el próximo martes 29 de mayo tendrá lugar en Cañuelas una importante audiencia pública convocada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR), en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
La audiencia se llevará a cabo a las 10 de la mañana, en el salón de fiestas ubicado en Brandsen 1380, y podrán participar tanto personas físicas como jurídicas. Sin embargo, hoy es el último día de plazo para inscribirse y poder tener acceso a la audiencia, como orador o en forma presencial.
La polémica surgió justamente porque las entidades ecologistas tácitamente acusan a ACUMAR y los municipios que integran la cuenca de limitar la participación, al no difundir la convocatoria, únicamente visible a través de la página web de la autoridad de la cuenca.
En el caso de Cañuelas, ni el gobierno municipal ni la oficina de ACUMAR dirigida por el Dr. Maximiliano Mazzanti brindaron información al respecto, pese a que dicha oficina es incluso uno de los únicos tres lugares habilitados para inscribirse en la audiencia.
En un comunicado difundido en su página web, la organización Greenpeace, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Vecinos de la Boca, se quejaron por la convocatoria.
En primer término, cuestionaron que Cañuelas haya sido elegida como sede de la audiencia, señalando que “no resulta de fácil acceso para aquellas personas que busquen participar, ya que carece de alternativas de transporte que faciliten su llegada”, y que el ACUMAR debió fundamentar el lugar de la elección de la sede, cosa que no hizo.
También dijeron que el plazo para inscribirse fue “sumamente exiguo”, y que no hubo una campaña de difusión, facilitación y promoción de la participación. “La convocatoria tampoco fue difundida por las páginas webs de los municipios de la Cuenca, del CEAMSE, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales no cuentan con ningún tipo de información al respecto”, afirma el comunicado, que agrega que dicha información tampoco fue difundida en el espacio televisivo que ACUMAR tiene en la tanda publicitaria de “Fútbol para Todos”.
Los organismos ambientalistas también criticaron que la inscripción sólo pudiera efectuarse en las sedes de ACUMAR de Capital, Cañuelas y Monte Grande, y no por medio de la web oficial.
Y pidieron a todos los interesados que hagan un esfuerzo por concurrir y participar de la audiencia, más allá de las dificultades expresadas: “Más allá de las observaciones planteadas (…) hemos impulsado desde hace más de 10 años la necesidad de generar instancias de participación para debatir. Por ello, creemos que resulta muy importante que la ciudadanía pueda hacer escuchar sus opiniones en todas las instancias en que se la requiera, más allá las falencias que en dicho proceso se puedan generar”, concluyeron.
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La comunidad inspeccionará proyecto Agua Rica
Misión oficial y comunitaria inspeccionará proyecto Agua Rica
Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Una "Misión Oficial" con participación comunitaria se hará presente este próximo sábado 26 de mayo de 2012 en el yacimiento minero Agua Rica. Esta acción ciudadana concreta un proyecto generado en el marco de la multisectorial de Andalgalá ante el intendente Prof. Alejandro Páez. Los objetivos abarcan conocer y evaluar el avance del proyecto, observar y registrar científicamente las labores en desarrollo, verificar el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región y de la diversidad biológica y evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje.
Las asambleas El Algarrobo, Mujeres del Silencio, 15 de Febrero, Los Nuevos Defensores, Vecinos Autoconvocados por la Vida, partidos políticos y organizaciones gremiales acuerdan un programa de actuaciones que consideran "fundamental de dotar a la visita a la zona del yacimiento, del acompañamiento, participación y aval técnico, científico, legal, político y comunitario, que certifiquen un diagnóstico certero y absolutamente confiable de las situaciones observadas y relevadas in-situ, como un modo efectivo de reafirmar nuestros derechos territoriales comunitarios y de absoluta autonomía municipal, conferida expresamente por nuestra Carta Orgánica Municipal, órgano rector y máximo que rige los destinos de esta comunidad, confiriendo y reservando expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal, la potestad de ejercicio real del Poder de Policía en todo lo concerniente a la temática Ambiental; como así mismo a las funciones esenciales de: seguridad, higiene, salud de nuestra comunidad ( Capítulo V, artículos 22, 23, 26, 27, 29 y 31)."
La Comitiva está integrada por una delegación en representación de la Multisectorial Andalgalenes, integrantes de la organización Hermanos de la Tierra y Pro-Eco Grupo ecologista ( que coincide que son trabajadores de la UNT).
Siendo los Objetivos de la misión: 1- conocer y evaluar el avance del proyecto, conforme a la normativa existente emanada del Juzgado de Minas de la provincia y de la Secretaría de Estado de Minería, toda vez que se advierten graves contradicciones en los diferentes instrumentos sancionados oportunamente por estos organismos, que producen incertidumbre y fundado temor en la comunidad. 2- observar y registrar científicamente las labores y actividades en desarrollo por parte del proyecto, conforme a los antecedentes y estudios de base científicos existentes. 3- verificar la realidad y el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región, para una futura investigación de las violaciones que pueden afectar a dicho patrimonio, de acuerdo a la normativa provincial y nacional existentes y, fundamentalmente a los convenios internacionales ( 169 OIT; de la diversidad biológica y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios). 4- evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje, su entorno y biodiversidad y, su traslación a la valoración económica y social de los recursos naturales y culturales asociados al ambiente.
La misión oficial con participación comunitaria destaca el carácter no-confrontativo del viaje, por lo que se verá acompañada por vecinos que se trasladaran hasta el ingreso al territorio del yacimiento y se quedaran en vigilia hasta que retorne la comitiva.
De esta manera esta Multisectorial de Andalgalá se propone avanzar en la evaluación de los resultados de la visita a los fines de mejor orientar las acciones y medidas inmediatas a llevarse a cabo, ya sea de manera individual y/ o conjuntas, en especial que el municipio genere los instrumentos administrativos y/o legales que complemente la acción reivindicatoria y necesarias que resulten asumir en el futuro.
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Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Una "Misión Oficial" con participación comunitaria se hará presente este próximo sábado 26 de mayo de 2012 en el yacimiento minero Agua Rica. Esta acción ciudadana concreta un proyecto generado en el marco de la multisectorial de Andalgalá ante el intendente Prof. Alejandro Páez. Los objetivos abarcan conocer y evaluar el avance del proyecto, observar y registrar científicamente las labores en desarrollo, verificar el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región y de la diversidad biológica y evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje.Las asambleas El Algarrobo, Mujeres del Silencio, 15 de Febrero, Los Nuevos Defensores, Vecinos Autoconvocados por la Vida, partidos políticos y organizaciones gremiales acuerdan un programa de actuaciones que consideran "fundamental de dotar a la visita a la zona del yacimiento, del acompañamiento, participación y aval técnico, científico, legal, político y comunitario, que certifiquen un diagnóstico certero y absolutamente confiable de las situaciones observadas y relevadas in-situ, como un modo efectivo de reafirmar nuestros derechos territoriales comunitarios y de absoluta autonomía municipal, conferida expresamente por nuestra Carta Orgánica Municipal, órgano rector y máximo que rige los destinos de esta comunidad, confiriendo y reservando expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal, la potestad de ejercicio real del Poder de Policía en todo lo concerniente a la temática Ambiental; como así mismo a las funciones esenciales de: seguridad, higiene, salud de nuestra comunidad ( Capítulo V, artículos 22, 23, 26, 27, 29 y 31)."
La Comitiva está integrada por una delegación en representación de la Multisectorial Andalgalenes, integrantes de la organización Hermanos de la Tierra y Pro-Eco Grupo ecologista ( que coincide que son trabajadores de la UNT).
Siendo los Objetivos de la misión: 1- conocer y evaluar el avance del proyecto, conforme a la normativa existente emanada del Juzgado de Minas de la provincia y de la Secretaría de Estado de Minería, toda vez que se advierten graves contradicciones en los diferentes instrumentos sancionados oportunamente por estos organismos, que producen incertidumbre y fundado temor en la comunidad. 2- observar y registrar científicamente las labores y actividades en desarrollo por parte del proyecto, conforme a los antecedentes y estudios de base científicos existentes. 3- verificar la realidad y el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región, para una futura investigación de las violaciones que pueden afectar a dicho patrimonio, de acuerdo a la normativa provincial y nacional existentes y, fundamentalmente a los convenios internacionales ( 169 OIT; de la diversidad biológica y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios). 4- evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje, su entorno y biodiversidad y, su traslación a la valoración económica y social de los recursos naturales y culturales asociados al ambiente.
La misión oficial con participación comunitaria destaca el carácter no-confrontativo del viaje, por lo que se verá acompañada por vecinos que se trasladaran hasta el ingreso al territorio del yacimiento y se quedaran en vigilia hasta que retorne la comitiva.
De esta manera esta Multisectorial de Andalgalá se propone avanzar en la evaluación de los resultados de la visita a los fines de mejor orientar las acciones y medidas inmediatas a llevarse a cabo, ya sea de manera individual y/ o conjuntas, en especial que el municipio genere los instrumentos administrativos y/o legales que complemente la acción reivindicatoria y necesarias que resulten asumir en el futuro.
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Estudian limitar fumigaciones en la Región Centro
Estudian limitar fumigaciones con agroquímicos en la Región Centro
Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: fyo.com
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba - Entre Ríos
En la última Reunión de Parlamentarios de la Región Centro, que nuclea a representantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la utilización de agroquímicos fue uno de los temas centrales.
En dicho cónclave las provincias se pusieron de acuerdo en la necesidad de poner límites al uso de estas sustancias para las fumigaciones aéreas.
En Entre Ríos, la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados avanza a paso lento en el estudio de los proyectos referidos a la prohibición. Según declaró la titular del cuerpo, Estela Almirón (FPV), el tema es “prioritario”, sin embargo recién se están clasificando los expedientes para su evaluación.
La iniciativa, que busca evitar el impacto que la fumigación tiene sobre la salud de la población, es de autoría del diputado mandato cumplido Héctor de la Fuente y prohíbe las fumigaciones aéreas en la provincia. Su discusión ya convocó a varios sectores durante el año pasado.
En Santa Fe, el proyecto duerme en los cajones del Senado, lo que motivó que diversas ONGs ambientalistas reclamaran su tratamiento. La historia de su discusión comenzó en 2010, cuando Diputados le dio media sanción a un proyecto que establecía que no se podía fumigar a menos de 500 metros de los vecinos. Sin embargo, en el Senado perdió estado parlamentario por no haber sido tratado.
En noviembre de 2011 el senador Juan Carlos Zabalza (PS) volvió a presentar el proyecto que había caducado, con intenciones de conseguir un lugar en el recinto. Ahora, los ambientalistas piden que se trate y que, además se modifique su letra, para que la zona de prevención en toda la provincia alcance los 800 metros, tal como dispuso la justicia en casos anteriores.
En Córdoba, existe la Ley Nº 9164 a partir de la cual el Ministerio de Agricultura lleva el registro en el que se deben inscribir los expendedores y aplicadores aéreos de productos químicos de uso agropecuario. Asimismo, un proyecto impulsado por el legislador del Frente Cívico y Social Roberto Birri pretende ampliar las zonas de prohibición de 500 a 800 metros y también fija la prohibición a una distancia determinada sobre los cursos de agua.
Tan actual es la discusión en la provincia que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de Agricultura convocaron a un debate sobre el uso de productos fitosanitarios para el 15 de junio próximo en Villa María.
La reunión de la Región Centro, según El Enfiteuta, volvió a poner este tema en el epicentro, al igual que la necesidad de apurar su control, mientras crece el número de enfermedades y muertes que los científicos no dudan en asociar al uso de agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: fyo.com
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba - Entre Ríos
En la última Reunión de Parlamentarios de la Región Centro, que nuclea a representantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la utilización de agroquímicos fue uno de los temas centrales.
En dicho cónclave las provincias se pusieron de acuerdo en la necesidad de poner límites al uso de estas sustancias para las fumigaciones aéreas.
En Entre Ríos, la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados avanza a paso lento en el estudio de los proyectos referidos a la prohibición. Según declaró la titular del cuerpo, Estela Almirón (FPV), el tema es “prioritario”, sin embargo recién se están clasificando los expedientes para su evaluación.
La iniciativa, que busca evitar el impacto que la fumigación tiene sobre la salud de la población, es de autoría del diputado mandato cumplido Héctor de la Fuente y prohíbe las fumigaciones aéreas en la provincia. Su discusión ya convocó a varios sectores durante el año pasado.
En Santa Fe, el proyecto duerme en los cajones del Senado, lo que motivó que diversas ONGs ambientalistas reclamaran su tratamiento. La historia de su discusión comenzó en 2010, cuando Diputados le dio media sanción a un proyecto que establecía que no se podía fumigar a menos de 500 metros de los vecinos. Sin embargo, en el Senado perdió estado parlamentario por no haber sido tratado.
En noviembre de 2011 el senador Juan Carlos Zabalza (PS) volvió a presentar el proyecto que había caducado, con intenciones de conseguir un lugar en el recinto. Ahora, los ambientalistas piden que se trate y que, además se modifique su letra, para que la zona de prevención en toda la provincia alcance los 800 metros, tal como dispuso la justicia en casos anteriores.
En Córdoba, existe la Ley Nº 9164 a partir de la cual el Ministerio de Agricultura lleva el registro en el que se deben inscribir los expendedores y aplicadores aéreos de productos químicos de uso agropecuario. Asimismo, un proyecto impulsado por el legislador del Frente Cívico y Social Roberto Birri pretende ampliar las zonas de prohibición de 500 a 800 metros y también fija la prohibición a una distancia determinada sobre los cursos de agua.
Tan actual es la discusión en la provincia que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de Agricultura convocaron a un debate sobre el uso de productos fitosanitarios para el 15 de junio próximo en Villa María.
La reunión de la Región Centro, según El Enfiteuta, volvió a poner este tema en el epicentro, al igual que la necesidad de apurar su control, mientras crece el número de enfermedades y muertes que los científicos no dudan en asociar al uso de agroquímicos.
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El increíble pasivo ambiental de YFP
Para Maza, el pasivo ambiental de las petroleras llega a $100 millones
Fecha de Publicación: 23/05/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Pedirán a las empresas que difundan las inversiones ambientales año a año. Esperarán a que la nueva administración de YPF enfoque sus objetivos antes de pedirles esos mismos datos. “Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado”, advirtió Eduardo Maza.
Tras una reunión con las principales empresas petroleras que operan en la provincia, el ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Maza, evaluó que el monto para reparar el pasivo ambiental supera los 100 millones de pesos “entre PAE, Capsa, Enap y Tecpetrol”.
Sin embargo, estimó que esa cifra podría ser el doble. Espera que el número real se conozca en los cinco días que dieron como plazo a las compañías para que den a conocer las inversiones en materia ambiental de los últimos años con detalles. “El Estado tiene facultad de reclamar algún tipo de modalidad de remediación y, de no cumplir, se aplicarán las multas”, dijo en diálogo con Radio del Mar.
El funcionario añadió que esas multas deberán ser “altas y firmes” para que no se consideren como “permiso de contaminación”. Al obtener la información de las empresas, el organismo ambiental del gobierno de Martín Buzzi tendrá para el 31 de mayo un informe sobre los pasivos ambientales que deja el petróleo en la región.
“En Chubut hemos decidido hacer un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Petrominera para contratar a dos consultoras que estarán haciendo el trabajo en campo y con auditorías. Estamos día a día pidiendo información sobre los avances del trabajo y para el 31 de mayo tendremos un informe interesante en cuanto a una proyección de pasivos ambientales”, informó.
El ministro reconoció que existe un vacío legal muy grande en materia ambiental. “La gestión anterior jerarquizó el tema ambiental porque es real que la sociedad en su conjunto nos demanda mayores responsabilidades en cuanto a remediación para vivir en un ambiente sano”, aseguró.
En ese contexto, sostuvo que el gobierno de Buzzi tiene intenciones de concretar un relevamiento de los pasivos, identificar su ubicación y tipo de gravedad, y así iniciar inmediatamente los planes de remediación. Y agregó que la inversión de las empresas en ambiente ha sido insuficiente.
“Hoy (por ayer) nos juntamos con las operadoras PAE, Tecpetrol, Capsa, Enap Sipetrol y Sinopec y los días siguientes se intimará al resto (de las empresas) a presentar las inversiones”, advirtió.
Reconoció que el trabajo no llevará “un año sino 5 o tal vez 10 (años) pero la idea es tener inversiones ambientales en materia de prevención para sanear a todos los pasivos donde tendrá prioridad todo lo que esté en la zona urbana”.
En relación a YPF, que no estuvo contemplada entre las operadoras con las que se llevó a cabo la reunión, dijo: “estamos esperando un poco el reacomodamiento. Se va a sumar a esta iniciativa que planteamos desde el Ministerio”.
Manifestó que el saneamiento de pasivos tiene que ver con la adecuación de repositorios, con perforaciones, picadas, revegetaciones, disposición final de capacitores. “Con todas las cuestiones que requieren remediación con mucho suelo empetrolado”, agregó el ministro Maza.
“Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado con repositorios de larga data en lugares donde acumulaban el suelo y no se hacía la remediación para poder volver a lugar”, ilustró el titular de la cartera de Ambiente.
“En el tema de YPF en particular, por la magnitud de la actividad y porque en el corto plazo el tribunal de tasación deberá determinar el valor de expropiación; en algún momento si corresponde que se establezca para indemnizar con un quantum que tendrá activos y pasivos y se debe tener la información como corresponde. Se está haciendo por eso un trabajo de relevamiento del pasivo ambiental”, explicó.
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Fecha de Publicación: 23/05/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Pedirán a las empresas que difundan las inversiones ambientales año a año. Esperarán a que la nueva administración de YPF enfoque sus objetivos antes de pedirles esos mismos datos. “Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado”, advirtió Eduardo Maza.Tras una reunión con las principales empresas petroleras que operan en la provincia, el ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Maza, evaluó que el monto para reparar el pasivo ambiental supera los 100 millones de pesos “entre PAE, Capsa, Enap y Tecpetrol”.
Sin embargo, estimó que esa cifra podría ser el doble. Espera que el número real se conozca en los cinco días que dieron como plazo a las compañías para que den a conocer las inversiones en materia ambiental de los últimos años con detalles. “El Estado tiene facultad de reclamar algún tipo de modalidad de remediación y, de no cumplir, se aplicarán las multas”, dijo en diálogo con Radio del Mar.
El funcionario añadió que esas multas deberán ser “altas y firmes” para que no se consideren como “permiso de contaminación”. Al obtener la información de las empresas, el organismo ambiental del gobierno de Martín Buzzi tendrá para el 31 de mayo un informe sobre los pasivos ambientales que deja el petróleo en la región.
“En Chubut hemos decidido hacer un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Petrominera para contratar a dos consultoras que estarán haciendo el trabajo en campo y con auditorías. Estamos día a día pidiendo información sobre los avances del trabajo y para el 31 de mayo tendremos un informe interesante en cuanto a una proyección de pasivos ambientales”, informó.
El ministro reconoció que existe un vacío legal muy grande en materia ambiental. “La gestión anterior jerarquizó el tema ambiental porque es real que la sociedad en su conjunto nos demanda mayores responsabilidades en cuanto a remediación para vivir en un ambiente sano”, aseguró.
En ese contexto, sostuvo que el gobierno de Buzzi tiene intenciones de concretar un relevamiento de los pasivos, identificar su ubicación y tipo de gravedad, y así iniciar inmediatamente los planes de remediación. Y agregó que la inversión de las empresas en ambiente ha sido insuficiente.
“Hoy (por ayer) nos juntamos con las operadoras PAE, Tecpetrol, Capsa, Enap Sipetrol y Sinopec y los días siguientes se intimará al resto (de las empresas) a presentar las inversiones”, advirtió.
Reconoció que el trabajo no llevará “un año sino 5 o tal vez 10 (años) pero la idea es tener inversiones ambientales en materia de prevención para sanear a todos los pasivos donde tendrá prioridad todo lo que esté en la zona urbana”.
En relación a YPF, que no estuvo contemplada entre las operadoras con las que se llevó a cabo la reunión, dijo: “estamos esperando un poco el reacomodamiento. Se va a sumar a esta iniciativa que planteamos desde el Ministerio”.
Manifestó que el saneamiento de pasivos tiene que ver con la adecuación de repositorios, con perforaciones, picadas, revegetaciones, disposición final de capacitores. “Con todas las cuestiones que requieren remediación con mucho suelo empetrolado”, agregó el ministro Maza.
“Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado con repositorios de larga data en lugares donde acumulaban el suelo y no se hacía la remediación para poder volver a lugar”, ilustró el titular de la cartera de Ambiente.
“En el tema de YPF en particular, por la magnitud de la actividad y porque en el corto plazo el tribunal de tasación deberá determinar el valor de expropiación; en algún momento si corresponde que se establezca para indemnizar con un quantum que tendrá activos y pasivos y se debe tener la información como corresponde. Se está haciendo por eso un trabajo de relevamiento del pasivo ambiental”, explicó.
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Audiencia en Chaco por los desmontes
Greenpeace entregó a la Justicia y al Gobierno del Chaco imágenes de desmontes en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace participó de una audiencia en la que entregó a la Justicia y al Gobierno del Chaco un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable chaqueño, autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques.
De la audiencia convocada por la Dra. Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, participaron representantes de la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, de la Asociación Comunitaria de Comandancias Frías, de la Asociación Comunitaria de Nueva Población del Gobierno de la Provincia y del Instituto de Colonización, el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, y el coordinador del Centro Nelson Mandela. Los participantes brindaron información a la magistrada sobre los impactos de la deforestación en la provincia.
“Las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas. Luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El pasado 14 de mayo el gobierno provincial dictó una resolución mediante la cual suspendió por 60 días los aprovechamientos silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo). La misma fue el resultado de la reunión entre el Gobernador Jorge Capitanich y representantes de Greenpeace, luego de que la organización ambientalista bloqueara dos topadoras que estaban desmontando en El Impenetrable con permisos otorgados por la provincia que violan la normativa nacional.
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Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace participó de una audiencia en la que entregó a la Justicia y al Gobierno del Chaco un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable chaqueño, autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques. De la audiencia convocada por la Dra. Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, participaron representantes de la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, de la Asociación Comunitaria de Comandancias Frías, de la Asociación Comunitaria de Nueva Población del Gobierno de la Provincia y del Instituto de Colonización, el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, y el coordinador del Centro Nelson Mandela. Los participantes brindaron información a la magistrada sobre los impactos de la deforestación en la provincia.
“Las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas. Luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El pasado 14 de mayo el gobierno provincial dictó una resolución mediante la cual suspendió por 60 días los aprovechamientos silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo). La misma fue el resultado de la reunión entre el Gobernador Jorge Capitanich y representantes de Greenpeace, luego de que la organización ambientalista bloqueara dos topadoras que estaban desmontando en El Impenetrable con permisos otorgados por la provincia que violan la normativa nacional.
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Las fumigaciones en el Chaco denunciadas
Investigadora denuncia aborto en animales por fumigaciones y advierte alta contaminación
Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La doctora María del Carmen Seveso, profesional médico que desempeña sus tareas en el hospital 4 de junio de ésta ciudad, viene desarrollando una serie de investigaciones respecto al uso de plaguicidas en el medio ambiente local. En este contexto, adelantó como parte de ese informe, que existen casos concretos donde, por ejemplo, las vacas preñadas que son alcanzadas por los agroquímicos de los aviones fumigadores abortan, a la par que dijo que “cada vez hay más chicos con discapacidades que deben ser estudiadas para determinar si son por los plaguicidas”.
La profesión de la salud dijo que “hay enfermedades que se van mutando y creo que son por los efectos de los agroquímicos”. “Hay enfermedades que no respondían a los tratamientos habituales y empezamos a buscar y detectamos que era el contacto con campos sembrados y el uso de agroquímicos, sin prescindir de ellos nunca”, aseguró la profesional del hospital 4 de Junio de ésta ciudad.
Sostuvo que la cuestión relacionada a los biocidas, es un tema de Derechos Humanos fundamentalmente. Esto es una tecnología de poder que se ha hecho cargo de nuestro territorio, con biocidas desde la semilla que se fabrica y la semilla es transgénica, y podemos decir que el 80 o el 90% de la siembra que se realiza son con transgénicos, indicó. La semilla tiene introducida en su fabricación genes en su ADN, genes de otros seres vivos, incluso de seres humanos, de bacterias, de plantas y todas juntas, ni se conoce ni se tiene idea qué efecto va a producir utilizándolo como alimento, aunque sea alimento para ganado.
Explicó que esto perdura, produce mutaciones “y no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo cuando aparezcan y no sepamos cómo nos estaba pasando a nosotros con nuestro servicio que veíamos enfermedades conocidas, pero diferentes.
“Cada vez más niños discapacitados”
“La siembra de transgénicos requiere de esos chóteles, que juntos son más tóxicos que cada uno de ellos solos, se está utilizando en todo el territorio e incluso en nuestra ciudad, entonces nos preguntamos si hay investigaciones que demuestran que son muy graves para la genética humana, y estamos llenando los pueblos de niños discapacitados. Yo comentaba los otros días lo que veo que la comunidad se está movilizando para conseguir las combis para trasladar los niños discapacitados o hacer centros para que le hagan una escuela en el pueblo, y recuerdo que antes había una escuela común o me equivoco. Esto tiene que ver directamente con la mala utilización de estos productos. Ya que no hay forma de escapar, porque las casas y mismo las escuelas se encuentran lindantes a los sembradíos que son fumigados. Nadie está exento de esto en distintas patologías, tanto en humanos, como en animales, que no solo lo provoca el glifosato, los sistemas clorados, sino también la atracina que es muy tóxico”; afirmó la profesional.
“Las vacas abortan”
“El glifosato en determinados casos no anda, así que están implementando el 2-4D, las vacas a las pocas horas que pasa el avión abortan, y si eso pasa con los animales que pasará con los seres humanos. Nosotros estamos trabajando mucho con documentación de todo tipo, y esperamos tener respuesta a corto plazo, porque están queriendo sacar una Ley de Biocidas que es un chiste, si uno hace bien los cálculos, ahora el Gobierno les tiene que dar porque ellos arruinaron el clima y a su vez a la cosecha”; advirtió la doctora Seveso.
La facultativa puso como ejemplo que la localidad de Napenay “está rodeada de campos que se fumigan con agroquímicos de alto poder”, y que según consta en un trabajo de investigación, “los índices de mal formaciones y de personas afectadas por los agroquímicos son altas”, dijo.
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Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La doctora María del Carmen Seveso, profesional médico que desempeña sus tareas en el hospital 4 de junio de ésta ciudad, viene desarrollando una serie de investigaciones respecto al uso de plaguicidas en el medio ambiente local. En este contexto, adelantó como parte de ese informe, que existen casos concretos donde, por ejemplo, las vacas preñadas que son alcanzadas por los agroquímicos de los aviones fumigadores abortan, a la par que dijo que “cada vez hay más chicos con discapacidades que deben ser estudiadas para determinar si son por los plaguicidas”.La profesión de la salud dijo que “hay enfermedades que se van mutando y creo que son por los efectos de los agroquímicos”. “Hay enfermedades que no respondían a los tratamientos habituales y empezamos a buscar y detectamos que era el contacto con campos sembrados y el uso de agroquímicos, sin prescindir de ellos nunca”, aseguró la profesional del hospital 4 de Junio de ésta ciudad.
Sostuvo que la cuestión relacionada a los biocidas, es un tema de Derechos Humanos fundamentalmente. Esto es una tecnología de poder que se ha hecho cargo de nuestro territorio, con biocidas desde la semilla que se fabrica y la semilla es transgénica, y podemos decir que el 80 o el 90% de la siembra que se realiza son con transgénicos, indicó. La semilla tiene introducida en su fabricación genes en su ADN, genes de otros seres vivos, incluso de seres humanos, de bacterias, de plantas y todas juntas, ni se conoce ni se tiene idea qué efecto va a producir utilizándolo como alimento, aunque sea alimento para ganado.
Explicó que esto perdura, produce mutaciones “y no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo cuando aparezcan y no sepamos cómo nos estaba pasando a nosotros con nuestro servicio que veíamos enfermedades conocidas, pero diferentes.
“Cada vez más niños discapacitados”
“La siembra de transgénicos requiere de esos chóteles, que juntos son más tóxicos que cada uno de ellos solos, se está utilizando en todo el territorio e incluso en nuestra ciudad, entonces nos preguntamos si hay investigaciones que demuestran que son muy graves para la genética humana, y estamos llenando los pueblos de niños discapacitados. Yo comentaba los otros días lo que veo que la comunidad se está movilizando para conseguir las combis para trasladar los niños discapacitados o hacer centros para que le hagan una escuela en el pueblo, y recuerdo que antes había una escuela común o me equivoco. Esto tiene que ver directamente con la mala utilización de estos productos. Ya que no hay forma de escapar, porque las casas y mismo las escuelas se encuentran lindantes a los sembradíos que son fumigados. Nadie está exento de esto en distintas patologías, tanto en humanos, como en animales, que no solo lo provoca el glifosato, los sistemas clorados, sino también la atracina que es muy tóxico”; afirmó la profesional.
“Las vacas abortan”
“El glifosato en determinados casos no anda, así que están implementando el 2-4D, las vacas a las pocas horas que pasa el avión abortan, y si eso pasa con los animales que pasará con los seres humanos. Nosotros estamos trabajando mucho con documentación de todo tipo, y esperamos tener respuesta a corto plazo, porque están queriendo sacar una Ley de Biocidas que es un chiste, si uno hace bien los cálculos, ahora el Gobierno les tiene que dar porque ellos arruinaron el clima y a su vez a la cosecha”; advirtió la doctora Seveso.
La facultativa puso como ejemplo que la localidad de Napenay “está rodeada de campos que se fumigan con agroquímicos de alto poder”, y que según consta en un trabajo de investigación, “los índices de mal formaciones y de personas afectadas por los agroquímicos son altas”, dijo.
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Clima: se acentúan los temporales extremos
Habrá que acostumbrarse a eventos climáticos extremos
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El tornado que, con vientos de hasta 250 km/h, arrasó con parte del conurbano bonaerense y la Capital el 5 de abril pasado, las tormentas de gran magnitud como la del 1° de febrero, los recordados episodios de granizo de 2006 y 2010, y ahora las extensas inundaciones en el campo bonaerense luego de la fuerte sequía del verano plantean el interrogante de si de aquí en más tendremos que acostumbrarnos a este tipo de eventos climáticos extremos.
"No hay registros que permitan determinar si los episodios de granizo o de vientos severos son realmente cada vez más frecuentes, pero indirectamente uno podría pensar que sí, ya que hay una tendencia positiva en el centro y el este de la Argentina a que aumenten las tormentas severas, que pueden acompañarse de eventos intensos de viento y granizo", comentó a LA NACION Carolina Vera, directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Las evidencias proceden de la tesis doctoral de uno de los investigadores del CIMA, Federico Robledo, que analizó la variación de las lluvias más severas que se registraron en la Argentina en los últimos 50 años. "Evaluamos lo que se denomina acumulado de lluvia diaria extrema, que son 24 horas en las que llueve por encima de los 50 milímetros, y lo que observamos es que efectivamente está creciendo la intensidad de las lluvias", comentó Robledo.
Hace 50 años, 50 milímetros de agua en 24 horas era el promedio de una lluvia "extrema"; hoy el promedio está en 60 milímetros. "Pero no sólo está creciendo la intensidad, sino también la frecuencia de los eventos extremos", agregó Robledo. "Y aunque no tenemos registros de viento o granizo de tantos años, sabemos que un evento de precipitación extrema acumulada puede generar tormentas severas como las de principios de abril, con ráfagas de viento o granizo." "Es una hipótesis a confirmar: si, como hemos observado, se incrementa el acumulado diario de lluvia extrema, podría también evidenciarse un incremento del granizo y las ráfagas", agregó Robledo, investigador del Conicet y docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA.
Ciudades más vulnerables
"El desastre que puede generar un evento extremo no sólo depende de la naturaleza, sino también de factores como la vulnerabilidad y la exposición", señaló Carolina Vera, que participó de la elaboración del informe Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
"En general, el desarrollo urbano se viene dando sin una planificación del manejo de desastres -agregó Vera-. Cuando uno construye una obra de magnitud como un puente o un dique lo hace sobre estimaciones de cuál es la tormenta máxima probable, pero eso no suele tenerse en cuenta en el desarrollo de las ciudades, lo que deriva en asentamientos en lugares inundables, por ejemplo, aumentando la vulnerabilidad."
De verificarse la tendencia, ¿podría el aumento en la frecuencia de temporales como el del 5 de abril impactar en la forma en que se construye? "Es probable que si esto es una tendencia que se verifique haya alguna modificación, pero sólo alcanzará a las construcciones que ya hoy se realizan cumpliendo con todos los requerimientos, que no son las que se destruyeron el día del temporal", respondió Raúl Husni, director del Departamento de Construcciones y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
La irrupción de eventos climáticos no usuales en la Capital y el GBA está teniendo un impacto en las compañías aseguradoras, que en episodios como el granizo de 2006 y 2010 debieron enfrentar pagos millonarios por los daños ocasionados a vehículos y hogares. Esto probablemente se traduzca en el corto plazo en una adecuación de las pólizas a valores "más reales".
"Antes de 2006, las coberturas por granizo se daban en forma gratuita o directamente no se ofrecían. Pero después las tormentas generaron la necesidad de cubrir los daños ocasionados por el granizo, y hoy incluso hay publicidades de seguros relacionadas", comentó Hernán Aschendorf, gerente de líneas personales de Liberty Seguros.
"El impacto del cambio climático desafía a la industria a desarrollar o ampliar sus coberturas", comentó un vocero de la compañía Zurich, que agregó que "el seguro de hogar actualmente incluye la cobertura de huracán, vendaval, ciclón y tornado para cubrir los daños edilicios frente a un evento de tales características."
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Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El tornado que, con vientos de hasta 250 km/h, arrasó con parte del conurbano bonaerense y la Capital el 5 de abril pasado, las tormentas de gran magnitud como la del 1° de febrero, los recordados episodios de granizo de 2006 y 2010, y ahora las extensas inundaciones en el campo bonaerense luego de la fuerte sequía del verano plantean el interrogante de si de aquí en más tendremos que acostumbrarnos a este tipo de eventos climáticos extremos.
"No hay registros que permitan determinar si los episodios de granizo o de vientos severos son realmente cada vez más frecuentes, pero indirectamente uno podría pensar que sí, ya que hay una tendencia positiva en el centro y el este de la Argentina a que aumenten las tormentas severas, que pueden acompañarse de eventos intensos de viento y granizo", comentó a LA NACION Carolina Vera, directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Las evidencias proceden de la tesis doctoral de uno de los investigadores del CIMA, Federico Robledo, que analizó la variación de las lluvias más severas que se registraron en la Argentina en los últimos 50 años. "Evaluamos lo que se denomina acumulado de lluvia diaria extrema, que son 24 horas en las que llueve por encima de los 50 milímetros, y lo que observamos es que efectivamente está creciendo la intensidad de las lluvias", comentó Robledo.
Hace 50 años, 50 milímetros de agua en 24 horas era el promedio de una lluvia "extrema"; hoy el promedio está en 60 milímetros. "Pero no sólo está creciendo la intensidad, sino también la frecuencia de los eventos extremos", agregó Robledo. "Y aunque no tenemos registros de viento o granizo de tantos años, sabemos que un evento de precipitación extrema acumulada puede generar tormentas severas como las de principios de abril, con ráfagas de viento o granizo." "Es una hipótesis a confirmar: si, como hemos observado, se incrementa el acumulado diario de lluvia extrema, podría también evidenciarse un incremento del granizo y las ráfagas", agregó Robledo, investigador del Conicet y docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA.
Ciudades más vulnerables
"El desastre que puede generar un evento extremo no sólo depende de la naturaleza, sino también de factores como la vulnerabilidad y la exposición", señaló Carolina Vera, que participó de la elaboración del informe Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
"En general, el desarrollo urbano se viene dando sin una planificación del manejo de desastres -agregó Vera-. Cuando uno construye una obra de magnitud como un puente o un dique lo hace sobre estimaciones de cuál es la tormenta máxima probable, pero eso no suele tenerse en cuenta en el desarrollo de las ciudades, lo que deriva en asentamientos en lugares inundables, por ejemplo, aumentando la vulnerabilidad."
De verificarse la tendencia, ¿podría el aumento en la frecuencia de temporales como el del 5 de abril impactar en la forma en que se construye? "Es probable que si esto es una tendencia que se verifique haya alguna modificación, pero sólo alcanzará a las construcciones que ya hoy se realizan cumpliendo con todos los requerimientos, que no son las que se destruyeron el día del temporal", respondió Raúl Husni, director del Departamento de Construcciones y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
La irrupción de eventos climáticos no usuales en la Capital y el GBA está teniendo un impacto en las compañías aseguradoras, que en episodios como el granizo de 2006 y 2010 debieron enfrentar pagos millonarios por los daños ocasionados a vehículos y hogares. Esto probablemente se traduzca en el corto plazo en una adecuación de las pólizas a valores "más reales".
"Antes de 2006, las coberturas por granizo se daban en forma gratuita o directamente no se ofrecían. Pero después las tormentas generaron la necesidad de cubrir los daños ocasionados por el granizo, y hoy incluso hay publicidades de seguros relacionadas", comentó Hernán Aschendorf, gerente de líneas personales de Liberty Seguros.
"El impacto del cambio climático desafía a la industria a desarrollar o ampliar sus coberturas", comentó un vocero de la compañía Zurich, que agregó que "el seguro de hogar actualmente incluye la cobertura de huracán, vendaval, ciclón y tornado para cubrir los daños edilicios frente a un evento de tales características."
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Richuelo: el plan para los RSU tiene feo olor
Audiencia Pública por el Plan de Residuos para la Cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Greenpeace llama a los vecinos a participar de la Audiencia Pública para evaluar el Plan Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo, convocada por ACUMAR para el 29 de mayo a las 10 horas en la calle Brandsen Nº 1380, partido de Cañuelas. La inscripción es en Mesa General de Entradas de ACUMAR (Esmeralda N° 255, PB) hasta el 24 mayo.
ACUMAR convocó por orden judicial a una Audiencia Pública, con el fin de evaluar el Plan Maestro de Gestión Integral de RSU de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR). En el marco de dicho plan se incluyen diversas propuestas de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos provenientes de la Cuenca, entre las que se encuentra el proyecto de Incineración a desarrollarse en el predio Norte III denominado “Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos” y el Proyecto CARE “Centro Ambiental de Recomposición Energética” en Gonzalez Catán, ambos licitados por ENARSA.
Las propuestas de este plan se basan en gran medida en el tratamiento en destino de residuos sin separación previa e incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los RSU como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos. Lamentablemente, frente al incumplimiento de leyes que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a soluciones “mágicas”, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
Está reconocido internacionalmente que las plantas de incineración, presentadas como nuevas tecnologías o valorización energética, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente y afectan la salud de la población; compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios. Asimismo, la energía que puede recuperar un incinerador es mucho menor que la que puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos.
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Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Greenpeace llama a los vecinos a participar de la Audiencia Pública para evaluar el Plan Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo, convocada por ACUMAR para el 29 de mayo a las 10 horas en la calle Brandsen Nº 1380, partido de Cañuelas. La inscripción es en Mesa General de Entradas de ACUMAR (Esmeralda N° 255, PB) hasta el 24 mayo. ACUMAR convocó por orden judicial a una Audiencia Pública, con el fin de evaluar el Plan Maestro de Gestión Integral de RSU de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR). En el marco de dicho plan se incluyen diversas propuestas de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos provenientes de la Cuenca, entre las que se encuentra el proyecto de Incineración a desarrollarse en el predio Norte III denominado “Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos” y el Proyecto CARE “Centro Ambiental de Recomposición Energética” en Gonzalez Catán, ambos licitados por ENARSA.
Las propuestas de este plan se basan en gran medida en el tratamiento en destino de residuos sin separación previa e incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los RSU como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos. Lamentablemente, frente al incumplimiento de leyes que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a soluciones “mágicas”, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
Está reconocido internacionalmente que las plantas de incineración, presentadas como nuevas tecnologías o valorización energética, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente y afectan la salud de la población; compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios. Asimismo, la energía que puede recuperar un incinerador es mucho menor que la que puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos.
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La Rioja marchó contra la megaminería
Asambleas ciudadanas de la Provincia se manifestaron contra la megaminería
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
El aniversario de La Rioja fue el día elegido por las asambleas ciudadanas para movilizarse en rechazo de las políticas mineras del gobierno. Frente a la Legislatura dieron lectura a un crítico documento.
La convocatoria contó con una importante adhesión de ciudadanos que se concentró a las 8,30, en Ortiz de Ocampo y Carlos Menem (ex avenida Laprida), donde se esperó el arribo de "Los caminantes de la Vida" del Corte de Alto Carrizal, que salieron el jueves último recorriendo 240 kilómetros a pie. En ese punto de confluencia se unieron al resto de las asambleas antimineras de Campanas, Chañarmuyo, Chilecito, Vichigasta, Patquía, Castro Barros, Los Sauces, Villa Unión, Sanagasta y Capital para marchar juntos hasta la plaza 9 de Julio.
De la manifestación participaron el intendente de Famatina, Ismael Bodagaray; el cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, los diputados nacionales por la UCR, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria; integrantes de otros partido políticos como Izquierda Unida, Partido Comunista, Socialista y Partido Intransigente. Asimismo, se sumaron los sindicatos nucleados por la CTA de los Trabajadores que lidera Regelio De Leonardi, entre otros gremios y expresiones.
Marcharon por Ortiz de Ocampo, hasta el Tribunal Electoral de la Provincia, donde hicieron un repudio por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.989 que rige el proceso de revocatoria popular. Desde ahí, continuaron hasta Dalmacio Vélez, y en sentido contrario avanzaron hasta Legislatura donde hicieron un acto pacífico y dieron lectura a un documento con las reclamos de todas las asambleas.
Fue leído por los integrantes de la asamblea de Capital, Roque Silva y Andrés Cejas. Se denunció que "hoy 20 de mayo (por ayer) se cumplen 421 años, de la fundación de La Rioja al pie del Velasco por error. Ramírez de Velasco creyó estar al pie del Famatina, al pie del oro, parado en su codicia. Por eso, éste es un día de pesar y reflexión, ya que nos pone en la inevitable tarea de pensar en el genocidio de nuestros pueblos originarios, de su cultura y del magro registro que ha quedado de ellos en la memoria colectiva de este pueblo. Pero además, estamos frente a una "nueva instancia colonialista", que aún persiste, como antaño la codicia por el oro; a la que se suman el resto de los metales y minerales como el uranio y que incluye la devastación de los territorios, del agua, el ambiente; y con ellos la amenaza sobre la vida de nuestros pueblos".
Se pidió a los gobernantes paren con el plan de desarrollo minero y ratificaron que estas movilizaciones "son la expresión de un pueblo que ha decidido no dar licencia social al proyecto extractivo, contaminante y saqueador, en pleno ejercicio de sus derechos". Remarcaron que no están dispuestos "a acatar decisiones que jamás nos han consultado".
Según manifestaron "la megaminería en La Rioja compromete casi el 70 por ciento del territorio, según el Plan Estratégico Territorial (PET). Aunque hoy el Gobierno nacional aparente replantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años: Osisko, Shandong Gold, Minas Argentinas en la cordillera y las decenas de emprendimientos de uranio que tenemos en la provincia de La Rioja, se firmaron bajo el paquete legal que diseñaron Menem y Cavallo".
Asimismo, repudiaron la represión a los pueblos de Tinogasta, Andalgalá, Belén, y la persecución de los luchadores de todos los pueblos sometidos a los emprendimientos extractivos.
Tras la lectura del documento, finalizó el acto de la plaza 9 de Julio. Los manifestantes encabezados por el intendente Bordagaray y asambleístas de Famatina, se trasladaron hasta la plaza 25 de Mayo para sumarse al acto organizado por intendente Ricardo Quintela, pero no todos las personas que estuvieron en la plaza 9 de Julio acompañaron esa decisión y optaron por retirarse.
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Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
El aniversario de La Rioja fue el día elegido por las asambleas ciudadanas para movilizarse en rechazo de las políticas mineras del gobierno. Frente a la Legislatura dieron lectura a un crítico documento.La convocatoria contó con una importante adhesión de ciudadanos que se concentró a las 8,30, en Ortiz de Ocampo y Carlos Menem (ex avenida Laprida), donde se esperó el arribo de "Los caminantes de la Vida" del Corte de Alto Carrizal, que salieron el jueves último recorriendo 240 kilómetros a pie. En ese punto de confluencia se unieron al resto de las asambleas antimineras de Campanas, Chañarmuyo, Chilecito, Vichigasta, Patquía, Castro Barros, Los Sauces, Villa Unión, Sanagasta y Capital para marchar juntos hasta la plaza 9 de Julio.
De la manifestación participaron el intendente de Famatina, Ismael Bodagaray; el cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, los diputados nacionales por la UCR, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria; integrantes de otros partido políticos como Izquierda Unida, Partido Comunista, Socialista y Partido Intransigente. Asimismo, se sumaron los sindicatos nucleados por la CTA de los Trabajadores que lidera Regelio De Leonardi, entre otros gremios y expresiones.
Marcharon por Ortiz de Ocampo, hasta el Tribunal Electoral de la Provincia, donde hicieron un repudio por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.989 que rige el proceso de revocatoria popular. Desde ahí, continuaron hasta Dalmacio Vélez, y en sentido contrario avanzaron hasta Legislatura donde hicieron un acto pacífico y dieron lectura a un documento con las reclamos de todas las asambleas.
Fue leído por los integrantes de la asamblea de Capital, Roque Silva y Andrés Cejas. Se denunció que "hoy 20 de mayo (por ayer) se cumplen 421 años, de la fundación de La Rioja al pie del Velasco por error. Ramírez de Velasco creyó estar al pie del Famatina, al pie del oro, parado en su codicia. Por eso, éste es un día de pesar y reflexión, ya que nos pone en la inevitable tarea de pensar en el genocidio de nuestros pueblos originarios, de su cultura y del magro registro que ha quedado de ellos en la memoria colectiva de este pueblo. Pero además, estamos frente a una "nueva instancia colonialista", que aún persiste, como antaño la codicia por el oro; a la que se suman el resto de los metales y minerales como el uranio y que incluye la devastación de los territorios, del agua, el ambiente; y con ellos la amenaza sobre la vida de nuestros pueblos".
Se pidió a los gobernantes paren con el plan de desarrollo minero y ratificaron que estas movilizaciones "son la expresión de un pueblo que ha decidido no dar licencia social al proyecto extractivo, contaminante y saqueador, en pleno ejercicio de sus derechos". Remarcaron que no están dispuestos "a acatar decisiones que jamás nos han consultado".
Según manifestaron "la megaminería en La Rioja compromete casi el 70 por ciento del territorio, según el Plan Estratégico Territorial (PET). Aunque hoy el Gobierno nacional aparente replantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años: Osisko, Shandong Gold, Minas Argentinas en la cordillera y las decenas de emprendimientos de uranio que tenemos en la provincia de La Rioja, se firmaron bajo el paquete legal que diseñaron Menem y Cavallo".
Asimismo, repudiaron la represión a los pueblos de Tinogasta, Andalgalá, Belén, y la persecución de los luchadores de todos los pueblos sometidos a los emprendimientos extractivos.
Tras la lectura del documento, finalizó el acto de la plaza 9 de Julio. Los manifestantes encabezados por el intendente Bordagaray y asambleístas de Famatina, se trasladaron hasta la plaza 25 de Mayo para sumarse al acto organizado por intendente Ricardo Quintela, pero no todos las personas que estuvieron en la plaza 9 de Julio acompañaron esa decisión y optaron por retirarse.
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Argentina no quiere "economía verde"
Argentina le dirá 'No a la economía verde' en Río+20
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Ambiente sostienen que esta idea surge de los centros de poder y no está dirigida a los países en desarrollo. Argentina radicaliza su discurso y se acerca a Evo y Chávez.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La megarreunión de la Naciones Unidas tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a la agencia Télam.
Révora participó ayer del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Río+20”, en el que tuvieron parte varias agrupaciones políticas kirchneristas.
El jueves, en la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, se había expresado en la misma línea.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
Ese texto fue firmado por agrupaciones K como La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina, entre otras.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
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Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Ambiente sostienen que esta idea surge de los centros de poder y no está dirigida a los países en desarrollo. Argentina radicaliza su discurso y se acerca a Evo y Chávez.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La megarreunión de la Naciones Unidas tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a la agencia Télam.
Révora participó ayer del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Río+20”, en el que tuvieron parte varias agrupaciones políticas kirchneristas.
El jueves, en la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, se había expresado en la misma línea.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
Ese texto fue firmado por agrupaciones K como La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina, entre otras.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
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Sali-Dulce: Dos ingenios recibieron duras sanciones
Dos ingenios recibieron duras sanciones por parte de organismos de Tucumán
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corona recibió la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contengan vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a filtraciones.
Los ingenios La Corona y Santa Rosa recibieron duras sanciones por parte de organismos del gobierno de Tucumán, luego de haber detectado vuelcos de vinaza hacia la cuenca Salí Dulce e incumplir de esta manera uno de los puntos del acta acuerdo firmado entre los gobiernos de las dos provincias y la Defensoría del Pueblo, en el que la Secretaría de Ambiente de la Nación es garante.
La detección del vuelco fue dada a conocer esta semana por EL LIBERAL y el último viernes las autoridades de la vecina provincia cayeron con el peso en contra de los ingenios La Corona, que recibió una multa de dinero y la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contenga vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a que hubo una filtración.
La noticia fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, quien expresó respecto a Santa Rosa, que “ellos tenían prohibido iniciar la destilación hasta tanto solucionen y terminen de hacer el tratamiento de las piletas que, hasta ahora no lo hicieron, razón por la cual, ahora tienen veinte días más de suspensión amén de la multa económica que recibieron”.
Por su parte, a La Corona le prohibieron terminantemente la utilización de todas las piletas para el almacenamiento de vinaza. “Ellos dicen que tuvieron un problema accidental, producto de un temporal que generó una creciente, que entró el agua de lluvia y que a su vez arrastró a la vinaza”, describió.
Asimismo indicó que en el caso de La Corona “ellos ya tenían otro sistema para disponer la vinaza en otro lugar, lo único que tenían que hacer era taponar todos los canales que llevaban la vinaza a esta pileta y dejar habilitado el sistema de riego de campos salinos sódicos, que es adonde llevará la vinaza el ingenio para aplicar la película y hacer el mejoramiento de suelo”.
Consultado acerca de cómo fue recibida la noticia, Díaz Achával dijo “por un lado con la amargura de de saber que hubo un vuelco de vinaza en la cuenca y que eso pone de mal humor; pero por otro lado vemos de buen ánimo saber que el mecanismo de control que nos habíamos propuesto funciona”.
En cuanto al mecanismo de monitoreo, detalló que “nosotros detectamos una irregularidad, avisamos a Tucumán y ellos hicieron el trabajo fino: detectó la industria, le cayó el control, la multa y la sanción; así como la Secretaría de Ambiente de la Nación estuvo acompañando desde que nosotros dijimos aquí hay vinaza”.
Por último, contó con personal de la defensoría está capacitándose para realizar controles..
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Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corona recibió la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contengan vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a filtraciones.Los ingenios La Corona y Santa Rosa recibieron duras sanciones por parte de organismos del gobierno de Tucumán, luego de haber detectado vuelcos de vinaza hacia la cuenca Salí Dulce e incumplir de esta manera uno de los puntos del acta acuerdo firmado entre los gobiernos de las dos provincias y la Defensoría del Pueblo, en el que la Secretaría de Ambiente de la Nación es garante.
La detección del vuelco fue dada a conocer esta semana por EL LIBERAL y el último viernes las autoridades de la vecina provincia cayeron con el peso en contra de los ingenios La Corona, que recibió una multa de dinero y la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contenga vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a que hubo una filtración.
La noticia fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, quien expresó respecto a Santa Rosa, que “ellos tenían prohibido iniciar la destilación hasta tanto solucionen y terminen de hacer el tratamiento de las piletas que, hasta ahora no lo hicieron, razón por la cual, ahora tienen veinte días más de suspensión amén de la multa económica que recibieron”.
Por su parte, a La Corona le prohibieron terminantemente la utilización de todas las piletas para el almacenamiento de vinaza. “Ellos dicen que tuvieron un problema accidental, producto de un temporal que generó una creciente, que entró el agua de lluvia y que a su vez arrastró a la vinaza”, describió.
Asimismo indicó que en el caso de La Corona “ellos ya tenían otro sistema para disponer la vinaza en otro lugar, lo único que tenían que hacer era taponar todos los canales que llevaban la vinaza a esta pileta y dejar habilitado el sistema de riego de campos salinos sódicos, que es adonde llevará la vinaza el ingenio para aplicar la película y hacer el mejoramiento de suelo”.
Consultado acerca de cómo fue recibida la noticia, Díaz Achával dijo “por un lado con la amargura de de saber que hubo un vuelco de vinaza en la cuenca y que eso pone de mal humor; pero por otro lado vemos de buen ánimo saber que el mecanismo de control que nos habíamos propuesto funciona”.
En cuanto al mecanismo de monitoreo, detalló que “nosotros detectamos una irregularidad, avisamos a Tucumán y ellos hicieron el trabajo fino: detectó la industria, le cayó el control, la multa y la sanción; así como la Secretaría de Ambiente de la Nación estuvo acompañando desde que nosotros dijimos aquí hay vinaza”.
Por último, contó con personal de la defensoría está capacitándose para realizar controles..
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Que el árbol no nos tape la motosierra
Que el árbol no nos tape la motosierra
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.
La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.
El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.
El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.
Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.
Los invasores imperiales
La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.
Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.
Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.
Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.
No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.
“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.
Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.
Contexto incómodo
Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.
El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.
Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.
Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.
En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.
Caso por caso
Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.
El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?
Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.
“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (...) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.
Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.
Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.
Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.
En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.
Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.
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Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.
La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.
El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.
El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.
Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.
Los invasores imperiales
La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.
Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.
Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.
Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.
No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.
“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.
Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.
Contexto incómodo
Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.
El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.
Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.
Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.
En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.
Caso por caso
Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.
El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?
Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.
“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (...) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.
Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.
Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.
Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.
En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.
Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.
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