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Justicia tucumana, confirma procesamiento de empresario



Confirman procesamiento de empresario tucumano por cometer delitos ambientales

Fecha de Publicación
: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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La Pampa: piden que el glifosato se prohiba

Reclaman que se prohiba el glifosato en La Pampa

Fecha de Publicación
: 12/08/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa


Vecinos de Intendente Alvear, Rancul, Realico acompañado por vecinos de Santa Rosa harán entrega de un petitorio al gobernador de la Provincia de La Pampa, Carlos Verna solicitándole que en todo el ámbito de la Provincia se deje de usar ya el Glifosato como agroquimico en la producción agrícola y se deje de fumigar en todo el territorio provincial.
"En el pedido se le harán llegar a Verna más de 1000 firma que en su momento los vecinos de Intendente Alvear acompañaron el anteproyecto de ordenanza para la localidad de distancia mínimas en las fumigaciones", aseguraron.
El año pasado un tribunal el Tribunal de San Francisco, Estados Unidos, determinó que “el Glifosato produce cáncer” y condenó a la firma Monsanto a resarcir económicamente al jardinero Dewayne Johnson, con la suma de 289 millones de dólares al comprobarse que la enfermedad del trabajador está en relación a las etiquetas comerciales de Glifosato Round up y Ranger Pro, productos con los cuales cumplía sus tareas.
Ante esta noticia de alcance mundial, el Colectivo Sanitario La Pampa recordó que “hace un tiempo largo venimos trabajando y advirtiendo, tratando de que se tome conciencia de que el modelo productivo agrícola con el cual hoy se trabaja en nuestra provincia con el uso indiscriminado de este agroquimico trae consecuencias muy peligrosa para la salud de quienes trabajan con este producto y también a toda la población en general”.
“El lamentable dato que tiene como víctima a un trabajador norteamericano, debe hacernos reflexionar rápidamente a todos pero fundamentalmente a todas las autoridades provinciales ya sea el ejecutivo como el legislativo, lo mismo para los municipales, y a quienes usan estos pesticidas y a toda las poblaciones para que no permitan que los sigan envenenando”, detallaron.
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Caso Pelambres: la Policía Minera cuestionada

En la Justicia Federal pusieron la mira en la Policía Minera por la escombrera

Fecha de Publicación
: 10/08/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


El organismo oficial es el encargado del control en los proyectos de exploración y explotación de minerales.
De 2006 a 2012, la empresa Los Pelambres sacó unas 40 millones de toneladas de rocas de su mina en Chile y las arrojó en suelo calingastino, en el yacimiento de cobre que tiene bajo concesión la compañía Pachón SA. En la investigación por la construcción de la escombrera y su riesgo contaminante, en la Justicia Federal ahora pusieron la lupa en la Policía Minera. El fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo pidieron informes al Ministerio de Minería dado que quieren determinar si el organismo estaba al tanto de lo que ocurría, si sabían que se trataba de territorio argentino y si hicieron los controles en el emprendimiento que se encuentra en exploración. De lo que surja del análisis de la información, el representante del Ministerio Público o el magistrado definirán si se debe o no investigar a uno o más funcionarios de esa época por algún tipo de responsabilidad, negligencia u omisión en la tarea de verificación, explicaron fuentes vinculadas a la causa.
El dato surgió luego de que Rago Gallo indagara a tres exdirectivos de Pachón SA, que cumplieron funciones en la empresa mientras se armó la montaña de escombros (Ver recuadro). La sospecha contra los exjerarcas es que no hicieron nada para evitar que se construyera la escombrera dado que Los Pelambres estuvo depositando millones de toneladas de rocas en el área que tienen en concesión y bajo custodia. Desde Pachón presentaron la demanda contra la minera chilena en 2014 y un año después hicieron la denuncia. En la causa ya están imputados (y a la espera de la resolución de su situación procesal) ejecutivos de la minera chilena, que se encuentran bajo la lupa por el delito de contaminación. Estos son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina.
Como la investigación está abierta, tanto el juez como el fiscal pueden ampliarla hacia otros supuestos implicados. Las fuentes indicaron que Maldonado le solicitó medidas a Rago Gallo y que este le hizo lugar, entre las que se encuentran informes sobre la actuación de la Policía Minera durante el lapso en el que se armó la escombrera. Entre sus funciones, el organismo oficial ejerce el control sobre los trabajos de prospección, exploración, explotación y procesamientos de minerales. Los investigadores buscan establecer si hay o no responsables de algún accionar negligente o una omisión en el control. En ese punto, bucearán sobre qué chequeos se realizaron y dónde y si se conocía, por ejemplo, que la escombrera estaba en suelo argentino. Si encuentran alguna irregularidad, se formalizará recién una sospecha y una imputación contra uno o varios supuestos implicados. En cambio, si no hay nada y el accionar fue el correcto, no es necesaria ningún tipo de resolución dado que no habrá responsables y la causa seguirá tal cual está hasta el momento.

Retiro
Tras la orden judicial, la minera Los Pelambres ha sacado 13 millones de toneladas de rocas de las 40 millones que conformaban la escombrera. A ese ritmo, desde la empresa calculan terminar antes del plan presentado en la Justicia Federal.

Sanción
Por la escombrera, el Gobierno sanjuanino le aplicó a la empresa Pachón SA la sanción más dura que contempla el Código de Minería. La multa fue de 41.491.200 pesos por cuatro cargos, entre los que se encuentra la falta de protección ambiental.

Los descargos de exdirectivos de Pachón
Luis Enrique Lucero (exdirector titular de Pachón SA) y Julián Patricio Rooney (exvicepresidente) fueron los que completaron la ronda de indagatorias por la investigación de la construcción de la escombrera. Ambos explicaron que no tenían conocimiento sobre el depósito de los residuos, ya que ninguno trabajó en la zona, dijeron fuentes calificadas. Es que Lucero se encargaba de la parte administrativa y legal, mientras que Rooney lo hacía en el área contable.
La semana pasada, el juez Rago Gallo había interrogado al expresidente de la empresa, Xavier Luis Ochoa Paressini. El exgerente estaba al frente de Pachón cuando se dio el armado de la escombrera. Sin embargo, manifestó que no estaba claro el límite entre Argentina y Chile, por lo que no podía saber si los desechos estaban de un lado o de otro o dentro o fuera de la propiedad cuando se arrojaron.
Fuentes calificadas explicaron que los límites entre ambos países están establecidos desde el año 1900. Los tres están en la mira por el delito de contaminación. El que falta es Robert Frank Drabik, quien fue gerente y aún no puede ser localizado.
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Entre Ríos: manifiestación contra el decreto de fumigaciones



Repudiaron el decreto que regula fumigaciones

Fecha de Publicación
: 09/08/2019
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


Los cuestionamientos fueron dirigidos al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
Se realizó ayer en la Plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay una concentración contra el nuevo decreto del gobierno provincial que impone nuevas pautas para realizar fumigaciones en cercanías de escuelas rurales en Entre Ríos. En la movilización confluyeron diferentes organizaciones ambientales y educativas, entre ellas Paren de Fumigar las Escuelas y la seccional Agmer del Departamento Uruguay.
Una radio abierta abrió la jornada en la que se escucharon diferentes voces que manifestaron su preocupación por las nuevas condiciones que se fijaron para reglamentar la producción agrícola en la provincia.
Los cuestionamientos fueron dirigidos al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
Uno de los oradores sostuvo que la ley de Plaguicidas “no se cumplió jamás”. Y entre los déficits mencionó que no se reclamó la receta agronómica y el aviso con 48 horas de anticipación.
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Lorenzetti advirtió sobre la situación ambiental



Lorenzetti advirtió: “La situación es gravísima en materia ambiental”

Fecha de Publicación
: 08/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El ministro de la Corte Suprema alertó sobre la ausencia del tema en la actual campaña electoral y mundial: “Nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial”
Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia disertó el pasado sábado en un congreso internacional de daños organizado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y alertó sobre el hecho de que “la situación es gravísima en materia ambiental” pero que “no se la ve como un tema de agenda en las campañas políticas”.
Asimismo señaló que la cuestión ambiental “no se la ve como un tema de agenda, en las campañas políticas o en los discursos públicos, nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial” y agregó: “Básicamente el problema es también la conciencia social, porque -fíjense- estamos entrando en una campaña de elección de Presidente y nadie habla de esto, no es un tema y en ningún país del mundo hoy es un gran tema”.
Lorenzetti afirmó que es necesario “volver a poner en coordinación el funcionamiento del sistema económico, el social y el ambiental: hoy va cada uno por su lado y estamos destrozando los tres, y eso va a hacer que poco a poco las sociedades sean cada vez más difíciles, con lugares con crisis ambientales muy serias”.

La naturaleza, sujeto de derecho
Por ello, sostuvo que “la naturaleza es un sujeto de derecho -o un bien jurídico, depende de las distintas posiciones- y tiene que ser tutelado, es débil” ya que “cuando la naturaleza es escasa y débil se provocan conflictos”.
En ese sentido, planteó auditorio la importancia de aplicar en la Justicia el aspecto “intergeneracional” y justificó: “Estamos agotando muchísimos recursos” y es necesario “introducir a las generaciones futuras como sujetos de derecho en los procesos”.
“Así como hay un defensor del Pueblo, que haya un defensor de las generaciones futuras en los procesos, esto es una reforma también términos procesales y constitucionales”, indicó.

La situación en el mundo
“El tema ambiental es muy importante en todo el país y en el planeta porque la verdad es que hay mucha declaración sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero en la práctica no sucede lo mismo, hay mucho discurso pero después se hace lo contrario”, sostuvo el juez, a cargo del panel “Catástrofes ambientales y tragedias sociales” del congreso internacional de daños organizado en la UNNE.
Además, Lorenzetti destacó la declaración de constitucionalidad de la Ley de Glaciares por parte de la Corte Suprema de Justicia y destacó que “la situación es gravísima en materia ambiental”.
A ese respecto, se refirió a las catástrofes humanitarias que generan las alteraciones de la naturaleza y lo unió al derecho al señalar que “lo que se hace ahora es ver paso a paso antes de tomar una medida, cuáles son las consecuencias, y por eso la ley tiene dos principios, uno es la prevención y otro es la precaución: frente a la duda hay que proteger la naturaleza”.
En ese contexto, cabe recordar que, semanas atrás, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe titulado “Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente”, en el que alerta sobre diversas consecuencias del calentamiento global y prevé -para 2030- pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Ese cálculo es conservador, ya que se estimó un aumento promedio de la temperatura a escala mundial no superior a 1,5°C.
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Tucumán protegerá sus rapaces



Protegerán a las aves rapaces en el territorio provincial

Fecha de Publicación
: 06/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


Una resolución de Flora y Fauna regulará la habilitación de Cetrería a través de un registro provincial.
A raíz de la necesidad de reglamentar la actividad de cetrería como caza deportiva y control de poblaciones perjudiciales en la provincia, la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a través de la resolución Nº 143/2019 se regulará la Habilitación de Cetrería a través de un Registro provincial.
El objetivo de la medida es proteger a las aves rapaces en el ámbito provincial, teniendo en cuenta que la actividad de la cetrería consiste en la cría, cuidado y entrenamiento de aves rapaces para la cacería de presas silvestres en el medio natural.
De acuerdo a la resolución, esta disciplina es una actividad en crecimiento en nuestro país y puede utilizarse como una herramienta de control biológico de plagas, sin generar impactos negativos en el ambiente.

Combate de plagas
El rol de las aves rapaces autóctonas como depredadoras naturales es  fundamental para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, principalmente por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. Estas aves se alimentan principalmente de pequeños roedores y aves, como palomas y cotorras.
Siendo capaces de regular las poblaciones de especiales perjudiciales para la sociedad, que son vectores de enfermedades y en otros casos son consideradas plaga en los cultivos. Es el caso de roedores transmisores de hantavirosis, fiebre  hemorrágica, leptospirosis, salmonelosis, entre otras, y palomas y catas, transmisoras de histoplasmosis, criptococosis y  salmonelosis.

Registro de Cetreros
De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 6.292 se crea un Registro provincial de las actividades previstas a los fines de su control. La actividad será arancelada según lo dispone la normativa. Por tal motivo, se habilita la práctica de la cetrería sólo con fines deportivos y de control de especies perjudiciales.
Se establece un Registro de Cetreros, donde deberán inscribirse quienes practiquen esta actividad por medio de una Licencia de Cetrería. Consistente en un carnet emitido por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que habilita al cetrero a la práctica de la disciplina por el tiempo de validez de seis meses si es solicitada por primera  vez.  La primera renovación durará seis meses y renovaciones posteriores un año. La credencial será personal e intransferible.
También se dará un permiso temporal de centraría al cetrero no registrado en la provincia a realizar la actividad de caza deportiva y control de plagas. Y se registrará a cetreros no activos.
Los interesados podrán realizar consultas y serán asesorados en la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, ubicada en calle Córdoba 1039., informaron desde comunicaciontucuman.gob.ar.
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Bordet permite ahora fumigar cerca de escuelas



Reglamentaron los agroquímicos: habrá unidades de control cerca de escuelas y comunidades rurales

Fecha de Publicación
: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
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El Cofema sigue pidiendo fondos para los bosques



El Cofema solicitó que se integre la totalidad de los fondos de bosques en el presupuesto 2020 de la nación

Fecha de Publicación
: 02/08/2019
Fuente: Más Producción TV
Provincia/Región: Nacional


El día jueves 25 del corriente se realizó en Buenos Aires la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medioambiente en la que participó la Provincia de Misiones en la persona del Ministro de Ecología y R.N.R, Dr. Juan Manuel Díaz, y que dejó importantes definiciones en materia de gestión de los bosques nativos.
En primer lugar se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica para la provincia de Misiones la cantidad de pesos $18.787.120, los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.
No obstante ello, estos fondos no fueron depositados aún por el Ministerio de Hacienda de la Nacion en el Fideicomiso de Bosques y aún no están disponibles.
Asimismo se emitió una Resolución para apoyar las gestiones de la Secretaría de Ambiente de Nación, para que el Gobierno Nacional integre la totalidad del fondo nacional para requerimiento y conservación de los bosques nativos en el presupuesto 2020, conforme lo prevé el Art. 30 y 31 de la Ley 26.331, con un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de los productos agropecuarios.
Idéntico llamamiento se realizó para que el Congreso de la Nación, al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, integre la totalidad de dichas partidas.
Finamente se autorizó a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que realice la distribución de los fondos que capitalice por intereses del Fondo de Bosques.
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Aguas Bonaerense quiere seguir dando agua con arsénico



En Monte, el agua potable viene con arsénico

Fecha de Publicación
: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Variantes del 2,4D prohibidas

El Senasa prohíbe la comercialización y el uso del 2,4D

Fecha de Publicación
: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional


El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.

¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.

Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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La falta de licencia social de Vaca Muerta



Vaca Muerta: entre la licencia ambiental y la licencia social

Fecha de Publicación
: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia


Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Entre Ríos inicia el programa Producción Más Limpia

La Provincia lanzó un plan para disminuir el impacto ambiental de industrias

Fecha de Publicación
: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.

Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores



Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación
: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones



Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología

Fecha de Publicación
: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario. 
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.  
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.

Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un  reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso. 
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando.  En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.

"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes  analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas. 
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de  localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática. 
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.

Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la  Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.

Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio,  en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos. 
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .

La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Alertan por el nuevo Código Penal en cuestiones ambientales



"El nuevo Código Penal consagra la impunidad ambiental"

Fecha de Publicación
: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino - Rebelión
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones y expertos alertan por la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos. El proyecto de reforma pretende reemplazarla por una norma que obligue a probar la relación causal entre las empresas extractivistas que contaminan y las víctimas de ese delito.
Impunidad ambiental. Esa es la amenaza latente que, según alertan organizaciones y expertos, activaría la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno. Lo dijo con total claridad y contundencia el fiscal federal Gustavo Gómez, con jurisdicción en Catamarca y Tucumán, durante la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el 27 de junio pasado: "Una cosa es 'poner en peligro la salud del ambiente' y otra es probar que se causaron 'daños graves' al ambiente. Hasta hoy, el delito de contaminación ambiental tipificado en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de peligro abstracto. Eso quiere decir que el sólo hecho de volcar mercurio a un río es suficiente. No tengo que salir a buscar a un chico que haya tomado agua de ese río. El nuevo Código elimina este artículo y propone otro que obliga a probar la relación causal entre el contaminador y la víctima, lo que se llama "delito de resultado". Esta diferencia es lo más grave. Es como pedirme que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína".
El artículo 444 del proyecto de Reforma del Código Penal cambia diametralmente el enfoque de la tipificación del delito, penando a quien, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales que protegen el ambiente, "provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause daños graves al aire, el suelo o las aguas, o la flora o fauna".
La alarma ya se encendió entre las organizaciones que protegen el ambiente. Denuncian que el proyecto apunta a consolidar una herramienta jurídica que garantice la impunidad del extractivismo.
"Actualmente, la Ley de Residuos Peligrosos es bastante progresiva respecto a la protección del ambiente, porque alcanza con que se genere el peligro de un daño a la salud. No necesita muertos para que se conforme el delito. Basta con la posibilidad de que alguien pueda ser afectado en su salud. El gobierno quiere eliminar esto y propone una nueva ley en la que haya que probar el daño. En cuestiones ambientales no se puede aplicar el mismo criterio que en el Derecho Penal, donde hay una bala que mata a alguien. En medio ambiente son muchas las balas: la fábrica que arroja residuos, las antenas de celular, la contaminación del agua, del aire. ¿Cómo probás cuál fue la 'bala' que contaminó? Es una ley para que las fábricas, los fumigadores, las mineras queden eximidas de culpa", explica Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La presente normativa sobre residuos peligrosos entró en vigencia en 1992, durante la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Ambiente, en un contexto de presiones internacionales que, luego de la Cumbre de la Tierra realizada ese año en Río de Janeiro, impulsaba a alcanzar acuerdos básicos sobre protección ambiental. Dicha ley establece en su artículo 55 penas para quien, utilizando ese tipo de residuos, "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
La Comisión que diseñó el proyecto de reforma, presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, argumentó que la normativa existente tutela dos bienes jurídicos distintos: el ambiente y la salud pública. Y adujo que, con la reforma, se pasa a proteger "al ambiente en sí mismo", con eventuales agravantes si el hecho conllevara potencialmente una afectación a la salud humana.
Para Ávila Vázquez, de aprobarse la derogación de esa norma en el nuevo Código, se violaría "no sólo el principio de prevención en el Derecho Ambiental, sino también el principio de la no regresión ambiental, que establece que las legislaciones siempre tienen que ir por más protección y nunca retroceder en lo que ya se había establecido, nunca desandar el camino avanzado en la protección del ambiente y las poblaciones".
"¿Qué pasa cuando una ley del Congreso deroga artículos de delitos? –se preguntó Gómez– ¿Qué pasa con todas las causas penales en donde incluso se obtuvo condena? Se archivan. Estamos hablando de más de 120 expedientes que pasarían directamente al archivo".

A medida de las empresas
Otra preocupación que genera la propuesta oficial entre los ambientalistas apunta a la redacción del nuevo artículo, más precisamente, cuando habla de infringir "leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente".
"Esta ley –remarcó Gómez– le da competencia a las provincias para absolver a aquellos a quienes se les inicia una causa penal por contaminación. Todos sabemos las presiones a las que son sometidos los jueces y fiscales provinciales cuando de inversiones económicas se trata. Cualquier provincia va a poder elevar los niveles autorizados de contaminación y eso va a resultar en prueba imposible a la hora de imputar a los que contaminan".
En ese sentido, el fiscal recordó el caso de la minera La Alumbrera, en Catamarca. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la firma, como "partícipe primario" en la contaminación ambiental con metales pesados, y le trabó un embargo de 500 mil pesos (ver recuadro). La ley por la que se lo condena sería derogada. "Si se aprueba esta reforma, el que puede infringir la ley es un peón de campo, hasta un gerente, pero nunca el responsable va a ser el dueño o el CEO de una empresa", remarcó Gómez.
La actual normativa ha permitido, además, el inicio de causas judiciales y hasta condenas contra fumigadores en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
"La derogación de la ley actual es una petición de las compañías extractivistas, tan vinculadas al gobierno, y en especial, las del agronegocio, como Monsanto, enmarcadas dentro de estos delitos. Aplican agroquímicos, pero en la planta sólo queda el 20%, y el 80% restante va al ambiente –advierte Ávila–. Con el nuevo Código, las grandes empresas podrán contaminar impunemente".  

El ex CEO de La Alumbrera, el primer procesado
Julián Patricio Rooney es prácticamente un desconocido. Sin embargo, fue un hombre muy poderoso y quizás lo siga siendo: fue CEO de la minera La Alumbrera y miembro del comité ejecutivo de la empresa durante 17 años, entre 1996 y 2013. Precisamente por su gestión en ese proyecto, pionero en la megaminería a cielo abierto en la Argentina, está procesado por la justicia federal de Tucumán, que le trabó un embargo de medio millón de pesos por daños ambientales. El fallo del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia se convirtió en el primero del país en avanzar en contra de un alto ejecutivo de una empresa, en consonancia con la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos sancionada en 1991. Si se aprueba la modificación del Código Penal tal como está dispuesta, Rooney podría eludir su responsabilidad.
La resolución judicial se conoció a principios de mayo y fue apelada por la defensa de Rooney, a cargo de la abogada Roxana Piña. Ahora, el caso es analizado en la Cámara Federal. La causa lleva unos 20 años de instrucción y entró en un barro judicial que al día de hoy no tiene sentencia firme. Vale aclarar que en 2016 el Ejecutivo había sido sobreseído, pero tras la apelación del grupo ecologista Pro Eco, el expediente fue revisado y se solicitaron más medidas de prueba.
La investigación comenzó en 1999, buscando determinar si los residuos extraídos de las mina en Catamarca y tratados en una planta que la empresa tiene en Tucumán, podía generar contaminación de los cursos de agua y daños a la salud de las personas y al ambiente. La justicia estableció que el exCEO no podía desconocer esos peligros. De acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos, se consideró que estos delitos son de acción permanente, a pesar de que no se hubieran registrado daños concretos.
Según el fallo, Rooney tendría que "haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible".
Rooney también fue vicepresidente de Glencore Xstrata y hoy es socio de una consultora de pomposo nombre: Minería es Desarrollo.

El yaguareté fue a la Corte Suprema
Por primera vez, una especie (y no un ejemplar determinado) demanda por sus derechos. A través de una acción impulsada por Greenpeace y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el yaguareté, habitante de la ecorregión del Gran Chaco argentino, "presentó" este viernes un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y contra cuatro provincias (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero), la Administración de Parques Nacionales y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley de Protección de Bosques Nativos, y para que se "permita que dicha especie pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad de los últimos menos de 20 sujetos vulnerables". La medida reclama una política de "deforestación cero" en el hábitat del yaguareté.
En efecto, quedan como mucho 20 yaguaretés en la región chaqueña, además de unos 230 que habitan las yungas y la selva paranaense. "A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional, no se está protegiendo su territorio y esto pone en serio peligro su subsistencia", dice Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace Andino.
"Se estima que en la Argentina, en los últimos dos siglos, el territorio en el que vive quedó reducido a un 5% de la superficie original", explica Enrique Viale, titular de la entidad que nuclea a los abogados ambientalistas. "Se reconocen derechos a las empresas, que son entes abstractos, pero hasta ahora no se los reconocen a la Naturaleza y sus especies, que son reales, vivos y tangibles".
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Hostigaron, atropellaron y mataron un guanaco



Iniciaron acciones legales y multarán a los jóvenes que se filmaron atropellando un guanaco

Fecha de Publicación
: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


La Dirección General de Fauna intervino en el caso teniendo presente la  Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal.
El Gobierno de Santa Cruz  a través de la Dirección General de Fauna, comunicó, que ante los hechos de público conocimiento sobre el hostigamiento, atropellamiento y muerte con perros de ejemplares de guanaco publicado en redes sociales por los propios autores, de la localidad de Puerto San Julián, las denuncias pueden efectuarse en las delegaciones locales del CAP.
Además, desde el Consejo Agrario Provincial se informó que esos procederes se encuadran en infracciones a la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal, motivo por el cual se han iniciado las acciones legales que corresponde y se tramitan las multas con los valores actuales concernientes a cada infracción.
Las denuncias de este tenor se reciben en la siguiente dirección de email: faunacap@gmail.com y también pueden hacerse efectivas en las delegaciones del Consejo Agrario Provincial ubicadas en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz.

Se filmaron atropellando un guanaco y luego lo devoran dos perros
Ocurrió en San Julián, cuando jóvenes a bordo de un buggy cross persiguen al animal y lo atropellan. Luego, en otro video, se ve a dos canes atacando un guanaco. Subieron los videos a las redes y se produjo indignación.
Indignación en las redes sociales luego de que comience a circular un video en el cual un grupo de jóvenes se filmaron atropellando un guanaco en la costa de San Julián.
En la filmación, compartida por uno de los sujetos a través de Instagram, graban mientras persiguen de atrás al ya malherido guanaco y, entre risas, comienzan a cantar “este pasito se baila como tú quieres”, para luego uno incentivar al conductor a chocarlo.
Seguidamente, se ve al animal tirado en el piso, sin poder levantarse al tiempo que le llegue el agua del mar. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, se oye que uno de ellos canta.
Pero eso no fue todo, ya que en otro video que subió el mismo usuario, se ve a dos perros atacando salvajemente a un guanaco.
Viralizada la filmación, desde los grupos proteccionistas repudiaron el actuar de los jóvenes y piden que se aplique la Ley 14.346, donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
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Cierre de minas: oficialismo busca cerrar un proyecto de ley



El macrismo busca avanzar en un proyecto de ley para el cierre de minas

Fecha de Publicación
: 25/07/2019
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional


El primer objetivo es alcanzar consensos con los referentes del sector. Ademán, el Gobierno viene recibiendo aportes técnicos de entidades internacionales.
En Casa Rosada confían en lograr, de aquí a los próximos meses, alcanzar los consensos para presentar un proyecto de ley de cierre de minas. Para tal objetivo, vienen trabajando con referentes del sector y trabajando en lograr los instrumentos financieros para fondear los emprendimientos. 
Es por ello que en estos días, se avanzó en las discusiones acerca de las garantías financieras que se incorporarán al anteproyecto de ley. Este mismo está en fase de revisión y consultas.
Sánchez señaló también que la finalidad es: "Aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados
oportunamente".
Además, la funcionaria agregó: "Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.
Desde hace tiempo Sánchez participa de distintos encuentros acerca del tema y, de hecho, suele subir a sus redes sociales resúmenes de los mismos. El 10 de septiembre del año pasado se había referido a la importancia de esta actividad, incluso en materia económica: "El cierre de minas es una etapa mas en el ciclo de vida de los proyectos mineros. Otra oportunidad de generar empleo y tecnología al servicio del monitoreo y control post operaciones".
El desarrollo del borrador de esta se está nutriendo con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, desde la Secretaría de Política Minera avanzan también en la publicación de la “Guía de Recursos de Buenas Prácticas para el Cierre de Minas”.
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Riachuelo: extenderían la emergencia por cinco años

Buscan extender por cinco años la emergencia de la Cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación
: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo


La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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Demanda colectiva contra el glifosato

Denuncia: el paso a paso de la investigación contra el glifosato

Fecha de Publicación
: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional


La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Chaco: ONG se suma a la lucha judicial por los desmontes



Somos Monte se mete de lleno en la lucha judicial por los bosques nativos

Fecha de Publicación
: 20/07/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La organización se presentó como “Amigos del tribunal” en la causa que busca frenar los desmontes en zonas amarillas.
A través de un escrito presentado en el Juzgado Civil N° 21, a cargo de Julián Flores, la organización Somos Monte solicita participar como ‘Amigos del Tribunal‘ en la causa impulsada por el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, para frenar los desmontes en zonas amarillas.
La presentación solicita que se haga lugar a la acción de amparo del Defensor del Pueblo y se disponga la ‘prohibición absoluta‘ de autorización de cambio de uso de suelo, recategorización, desmonte en cualquiera de las tres categorías del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), sancionado por la Ley 1762-R; que en etapa de ejecución de sentencia se proceda a realizar el inventario del bosque nativo de la provincia; y que se proceda a organizar el proceso de actualización del OTBN ‘con control judicial y de los intervinientes en el presente proceso‘.
Pero además, Somos Monte pidió que ‘en función de la naturaleza de los derechos en juego, oportunamente, se convoque audiencia pública‘. Para la organización ambientalista, están dadas las condiciones para que se ‘declare la nulidad‘ de los permisos otorgados hasta la fecha para desmontes en zona amarilla -Categoría II- a escala predial vigentes por ‘no cumplir con las prescripciones de la ley 26.331‘.
En este sentido expuso que la Provincia del Chaco es una de las jurisdicciones que ‘más bosque nativo ha perdido‘, unas 72.536 hectáreas, de las cuales 40.756 fueron en zonas protegidas, tal como figura en el informe de la organización Greneenpeace llamado ‘Desmontes S.A Informe Final Chaco 2018‘ que da cuenta de que ‘entre enero y octubre de 2018 en la provincia de Chaco se desmontaron 31.372 hectáreas, de las cuales 13.571 eran de bosques protegidos‘.
‘Nos interesa poner de relieve que el desmonte del bosque nativo en la Provincia del Chaco es claramente un proceso: proceso social, económico, político, cultural que se agudiza a partir de los finales de la década del 90 del siglo pasado con la aprobación, introducción y consolidación del denominado modelo sojero‘, plantea el escrito presentado por Somos Monte.
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