Vaca Muerta: allanan dos empresas de tratamiento de residuos denunciadas por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 24/12/2020
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Neuquén

Según indicó el Ministerio Público Fiscal durante los operativos se secuestraron documentos y previo a eso se pidió informes a la subsecretaría de Ambiente de Neuquén.
La Justicia de Neuquén realizó ayer allanamientos en dos sedes de la empresa de tratamiento de residuos COMARSA tras una denuncia de contaminación ambiental por desechos petroleros. El operativo estuvo encabezado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y se realizó en las sedes que la empresa tiene en el Parque Industrial de la capital provincial y la de Añelo en Vaca Muerta.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los allanamientos, que comenzaron por la mañana y finalizaron a la tarde, fueron autorizados por una jueza de garantías y participaron el equipo de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales y personal de la Policía de Neuquén de las áreas de Criminalística y de Informática. Durante los operativos se secuestraron documentos y previo a eso la fiscalía requirió informes a la subsecretaría de Ambiente de la provincia referidos al funcionamiento de la empresa.
La investigación judicial comenzó tras recibir una denuncia de Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina la semana pasada en la que se expusieron dos situaciones contra la empresa COMARSA. Por un lado, el documento señala que la planta de tratamientos de residuos peligrosos que la firma tiene en el Parque Industrial de Neuquén no contaría con las medidas básicas para asegurar que no se contaminen el ambiente. Además, al estar ubicada a metros de barrios poblados expondría a los habitantes a una situación de riesgo para la salud.
Por otro lado, los denunciantes señalaron que la empresa habría acopiado residuos especiales sin tratamiento y los habría volcado al suelo, entre otros aspectos, lo cual generaría peligro tanto para la salud pública como para el ambiente en general. El documento presentado por los abogados tiene más de 160 carillas e incluye mapas, datos, fotos, imágenes satélites y detalles de las fraudulentas maniobras durante los últimos años.

«Son 24 Plazas de Mayo con residuos contaminantes«
Según la denuncia, la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Material (COMARSA) tiene dos plantas en Neuquén y la sumatoria de ambas da una superficie total de 46,5 hectáreas. «Es el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos que provocan daños al ambiente y a la salud», ejemplifica el documento presentado por los letrados. Además, el escrito explica que las plantas no tienen la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros (por ejemplo hornos de tratamiento térmico) por lo cual solo los juntan o mezclan con suelos no contaminados, lo que genera más cantidad de residuos peligrosos. «Esta práctica es conocida como ‘pastoneo’ y se considera ilegal», señalaron.
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Ambiente multó a siete personas por incendios forestales intencionales: la suma total es de $1.200.000

Fecha de Publicación: 24/12/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Los fuegos fueron detectados en un operativo en la zona Sur de la provincia, en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, aplicó $1.200.000 en multas por incendios forestales. Las sanciones fueron realizadas a siete personas que infringieron la Ley Provincial Nº 6.099 de prevención y lucha contra incendios en zonas rurales.
Durante el operativo realizado en la zona Sur de la Provincia, en los departamentos de General Alvear y San Rafael, se detectaron incendios intencionales para limpieza de campos e irregularidades en las picadas cortafuego perimetrales.
“No tendremos tolerancia con quienes no respeten la Ley y pongan en riesgo la vida de las personas como el Ambiente. Venimos impulsando una fuerte campaña de prevención de incendios y necesitamos que todos los mendocinos nos acompañen, ya que es un hecho que podemos evitar haciendo prevención y respetando las normativas vigentes”, expresó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.
Por su parte, el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, expresó: “La Dirección de Recursos Naturales Renovables es la que gradúa la multa a aplicarse teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, las consecuencias que haya causado al ambiente o a la propiedad de terceros, los peligros y daños potenciales a la seguridad física de otras personas, los antecedentes de infracciones ya cometidos y toda otra circunstancia relevante para la aplicación”.

Pirotecnia
De cara a las celebraciones de fin de año, el Gobierno ha solicitado a la población abstenerse de utilizar pirotecnia.
Cabe destacar que se encuentra prohibido en toda la provincia el uso y la venta de pirotecnia por lo que también se aplicarán fuertes multas a quién se detecte comprando, utilizando o comercializando este producto.
Otras de las razones por las que estos siniestros se generan es por el uso de fuego para comer asados en zonas no permitidas, la limpieza de acequias, canales y lotes.
Con respecto a la legislación que pena las acciones incendiarias, fuera de la Ley Nº 6.099 de prevención y lucha de incendios, que ponen en riesgo al ambiente y a las personas, el Código de Contravenciones establece multas entre $7.600 y $47.500 o arresto de 8 a 50 días para aquellos que, sin causar un incendio, encendieran fuego en zona urbana o rural en los caminos y en zonas de esparcimiento (públicas o privadas), en calles, acequias, puentes, banquinas o basurales, sea quemando hojas, ramas, madera, basura o cualquier otro material susceptible de ser incinerado, sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación.
El Código Penal prevé entre 3 y 20 años de prisión dependiendo de los daños ocasionados por incendios.
Está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, la limpieza de lotes, la quema de fincas abandonadas, la preparación de suelos para cultivos, la limpieza de banquinas, acequias y canales, las quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra.
Para denunciar estos siniestros, se puede ingresar al sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.mendoza.gov.ar/ambiente, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de lunes a viernes, de 8 a 13 o llamando al 911.
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Proponen para la Meseta un control de la minería por parte de pueblos originarios similar a la Puna

Fecha de Publicación: 23/12/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Un descendiente de coyas que forma parte de un grupo de proveedores de servicios mineros en el norte argentino, defendió la participación de pobladores originarios en el control de las actividades extractivas.
Y en el caso de Chubut, sostuvo que «la gente que vive en las grandes ciudades y que vive del Estado, que se pregunte de dónde viene su sueldo. Y que se pregunte cómo vamos a ayudar a la Argentina a salir adelante. Que propongan y recorran, que vayan a la Meseta».
Luis Vacazur, presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina, destacó el desarrollo de empresarios locales vinculados a la minería en la región y consideró que en la Meseta chubutense, de características geográficas parecidas, puede generarse una cadena de valor similar.
«No le tengan miedo a la minería. Las vacas en el campo consumen más agua que la minería. Entonces, si cuidamos el medio ambiente, todo se puede hacer», afirmó.
En diálogo con LU 17 Radio Golfo Nuevo, Vacazur dijo con respecto a las actividades mineras en la Puna que, «como originarios, decidimos ser parte del desarrollo, armar un plan de trabajo, consensuar con el Estado provincial, visitar al Estado nacional, preparar gente».
Consultado sobre las resistencias que se observan con respecto a la minería en Chubut, donde el Gobierno impulsa un proyecto de zonificación en la Meseta para poder desarrollar la actividad, Vacazur sostuvo que «en muchos lugares están preocupados por el medio ambiente, y todo tiene un impacto. Pero qué mejor que nosotros, los que somos de la región, para realizar controles».
«Eso es lo que está pasando en la Puna y así hemos crecido», subrayó.
Recordó que cuando comenzó la actividad minera «algunos caciques hablaban del agua y de la vida; a todos nos importa el agua y la vida y las generaciones futuras. Y sí, todo tiene un impacto, pero hay que ocuparse. Porque es fácil agarrar un celular o una computadora y criticar. Pero la minería genera desarrollo».
«Los celulares están ligados a la minería, todo está ligado a la actividad: un micrófono, medicamentos, construcción», dijo Vacazur.
Por otra parte, saliendo al cruce de expresiones que aluden al poco rédito que dejan las actividades extractivas en los lugares donde están los minerales, Vacazur las atribuyó a «ideas vinculadas a la vieja minería. Pero estamos en el siglo XXI».
Consideró asimismo que «el desarrollo va más allá de intereses personales. Debe haber un objetivo en común» y dijo que en la Puna «los caciques visitan los proyectos mineros y la Municipalidad local tiene una ingeniera que es secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, oriunda de la zona».
«¿Quiénes mejor que nosotros para controlar cómo trabaja una minera?», insistió finalmente.
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Atanor: informe científico reveló cifras alarmantes por contaminación

Fecha de Publicación: 21/12/2020
Fuente: El Norte
Provincia/Región: Buenos Aires


Se conoció el informe pericial del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad de la Plana (UNLP) y Conicet, como resultante del allanamiento seguido de toma de muestras de suelo y agua, tras varias denuncias por contaminación contra la fábrica de fertilizantes Atanor SCA. El laboratorio arrojó mediciones excesivas de elementos contaminantes como Atrazina, Trifluralina y Cipemetrina, destacados entre una lista de más de 52 plaguicidas encontrados.
En el marco de la causa contra la empresa Atanor SCA en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás por el incumplimiento de la Ley 24.051 (Manejo de Residuos Peligrosos), el laboratorio del CIM- CONICET (Centro de investigaciones del Medio Ambiente) recibió muestras sólidas y líquidas provenientes de suelos y freatímetros obtenidas por el Departamento de delitos ambientales de la Policía Federal Argentina el día 16 de Julio del año 2020, luego de que la Justicia Federal ordenara el allanamiento en las instalaciones e inmediaciones de la fábrica de fertilizantes.

Resultado
El trabajo requerido constó en cuantificar los plaguicidas e hidrocarburos totales de petróleo y parámetros generales en muestras sólidas y líquidas provenientes de la planta ATANOR- San Nicolás.
Las muestras fueron recibidas en el laboratorio CIM-CONICET el día 17 de Julio donde fueron abiertas en presencia de personal de la Policía Federal Argentina, el perito de parte de la empresa ATANOR, Dr. Mariano Gotelli, y por el CIM el Dr. Damián Marino, verificando condiciones de traslado, estado y numeración de los precintos según consta en el acta de muestreo y traslado al laboratorio CIM.
El Dr. Mariano Gotelli consideró: “Para la concentración de Atrazina, en las muestras líquidas relacionadas con efluentes, no se ha encontrado niveles permitidos para ‘vuelcos’ sobre aguas superficiales; sin embargo, las concentraciones cuantificadas superan niveles guía para protección de biota acuática en aguas superficiales y deberían realizarse estudios sobre el cuerpo de agua receptor a fin de evaluar el grado de impacto de este efluente líquido, que también son detectados en las muestras analizadas”.
Además, el director del laboratorio del Conicet evaluó: “Se recomienda evaluar estos resultados en función de su distribución espacial para relacionarlos con la topología de la industria y diagnosticar el posible alcance hacia otros compartimentos ambientales fuera del perímetro de la planta, para futuros estudios”.

Trascendencia
Fabián Maggi, abogado querellante por vecinos de Barrio Química y FOMEA (Foro Medioambiental de San Nicolás), explicó: “Ahora se cruzará el resultado científico con la interpretación legal. Vamos a demostrar la responsabilidad por el delito en el mal manejo de los residuos peligrosos. Y las implicancias en la salud de los vecinos de la fábrica”.En diálogo con EL NORTE, Maggi consideró: “Los análisis tienen valores exorbitantes. La medición de Atrazina, en los puntos de vuelco diario de efluentes de la fábrica, es porcentualmente 20 veces más alto que los valores de referencia. Esto demuestra que el producto que desechan cotidianamente es altamente contaminante”. En efecto, el curso del agua del río Paraná estaría siendo “excesivamente contaminada”. Además, la querella asegura que con estos índices se podría probar la denuncia por enterramiento clandestino de los residuos sólidos, “la cantidad de Cipermetrina arrojó un total de 22818,0 µg (microgramos). Para dar un ejemplo claro, un mosquito fumigador en el momento de la aplicación promedia un total de 50 µg. Esto coincide con los dichos de los exempleados que denunciaron que los obligaron a realizar esta tarea”, apuntó Maggi. “Vamos a pedir la indagatoria de los empresarios responsables, directores, gerentes y profesionales idóneos, como también de los funcionarios públicos que durante décadas lo ocultaron, la OPDS (Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires) y los funcionarios de la Autoridad del Agua, que nunca controlaron el efluente líquido de manera adecuada. Claramente, han omitido realizar un correcto análisis de Atrazina”, manifestó el abogado querellante.

Plaguicidas
La lista de plaguicidas analizados por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS/MS), tanto para las matrices sólidas como líquidas, se corresponden con los siguientes nombres: Imazapir, Imidacloprid, Acetamiprid, Imazetapir, Carbofuran, Pendimetalin, Thiodicarb, Saflufenacil, Sulfentrazona, Ametrina, Metribuzin, Diclosulam, Metsulfuron Me, Clorimuron, Clorpirifos Etil, Boscalid, Trifloxistrobin, Triticonazole, Piraclostrobin, Metconazole, Metalaxil, Difenoconazole, Imazapic, Fluorocloridona, Abamectina, Lambdacialotrina, Cipermetrina, Deltametrina, Permetrina, Diflubenzuron, Haloxifop metil, Paration, Malation, Azoxistrobina, Cyproconazol, Dimetoato, Acetocloro, Metolacloro, Atrazina, Atrazina-desetil, Atrazina-OH, Atrazina-desisopropil, Epoxiconazol, Tebuconazol, Piperonil butóxido, MCPA, 2,4-D, Dicamba, Sulfluramida, Fipronil y Trifluralina.
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Empresas de Vaca Muerta denunciadas por mal manejo de residuos contaminantes

Fecha de Publicación: 19/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal.
La Asociación de Abogados Ambientalistas denunciaron penalmente a las empresas que operan en Vaca Muerta por no tratar correctamente sus "residuos petroleros altamente contaminados". La denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal.
Los profesionales aseguran que los desechos petroleros, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están "acumulando a niveles escandalosamennte peligrosos en plantas de tratamiento que no funcionan o solo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no solo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo, contraviniendo las regulaciones ambientales, sino que además, funcionan en terrenos fiscales".
En la denuncia de la asociación, que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satelitales, se detalla que las dos plantas que Comarsa tiene en Neuquén abarcan una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente a 24 Plazas de Mayo, con residuos que provocan daños al ambiente y a la salud. "Entre ambas acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico", se agrega.
Según la denuncia, únicamente en la planta de Comarsa de Parque Industrial de Neuquén, "ubicado a 25 metros de viviendas, a solo 500 metros de un barrio poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad, hay acopiados 300.000 metros cúbicos de recortes de perforaciones, lo que equivale a 33 manzanas urbanas de un metro de altura.
Las empresas reciben millonarias sumas para el tratamiento de residuos que nunca tratan, luego consiguen que el Estado les ceda tierras fiscales para terminar disponiendo ilegalmente de los residuos peligrosos. Construyen piletas para acopiarlos, pero no los tratan, luego consiguen otra vez tierras fiscales para ampliarse y comienzan nuevamente. Nadie los controla", explicó Rafael Colombo, letrado de la asociación.
Los abogados aseguraron que las plantas no cuentan con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos de tratamiento térmico, por lo cual no hacen otra cosa que juntarlos, ya sea en piletones improvisados, construidos sin impermeabilización o mezclados con suelos no contaminados, generando más y más residuos peligrosos".
Para Colombo en toda esta situación hay complicidad entre empresas y Estado. "Los basurales petroleros de Vaca Muerta son el resultado de una serie de maniobras que forman parte de una asociación ilícita entre empresas y autoridades estatales en orden a crear y consolidar una comunidad de negociados millonarios, sacrificando territorios y poniendo en riesgo la salud humana de vecinos y comunidades", concluyó el abogado ambientalista.
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Minería en Chubut: el proyecto de zonificación para la meseta ya no se tratará este año y se especula con una sesión especial en febrero

Fecha de Publicación: 18/12/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


Ante la falta de consenso y de tiempo para ampliar el debate, sumado al escándalo suscitado en torno a denuncias de pago de coimas, diputados del oficialismo y de la oposición confirmaron a ADNSUR que ya no se reunirá la comisión de Recursos Naturales antes de las sesiones del 18 y el 22, por lo que los proyectos sobre minería quedarán para el año próximo.
La cuestión sobre la minería no se tratará en las dos sesiones pendientes de la Legislatura de Chubut porque no están dadas las condiciones, debido a la falta de tiempos para conseguir el consenso necesario, y además porque no está dado el contexto en medio de sospechas generadas en torno al posible pago de coimas, que ahora está investigando el Ministerio Público Fiscal.
Así lo afirmaron a ADNSUR diputados del bloque oficialista y de la oposición, quienes ya descartaron que haya posibilidades de que se vuelva a convocar a la comisión de Recursos Naturales para incluir modificaciones al proyecto 128/20 del Ejecutivo que busca habilitar la actividad minera en dos departamentos de la meseta.
Después de la conferencia de prensa brindada ayer por el gobernador Mariano Arcioni, en la que expresó que no iba a retirar el proyecto de la Legislatura pero a la vez instaba a los legisladores a tomarse todo el tiempo necesario para analizar el tema, en la Cámara de Diputados asumieron que ya no hay margen para buscar ese diálogo en tan pocos días, por lo que ya descartaron nuevas convocatorias a la comisión de Recursos Naturales, y no habrá dictamen antes de fin de año, mucho menos sobre la Iniciativa Popular, que hasta el momento no ha sido ni siquiera analizada.
Si el tema de la zonificación ya venía complicado para obtener la mayoría necesaria, tal como había anticipado ADNSUR hace dos semanas cuando adelantó la prórroga del período de sesiones, a esto se sumó el escándalo que se generó primero en torno al audio de la vicepresidenta primera de la Cámara, Leila Lloyd Jones, en el que afirma conocer sobre el pago de coimas a algunos de sus colegas por un monto de $ 10 millones; y por si fuera poco, la difusión del video de una cámara oculta al diputado del PRO, Sebastián López, en el que estaría hablando con representantes de una multinacional negociando un monto de dinero para hacer lobby a favor de la minería.
Estos dos hechos, que como ya informó esta agencia ahora están en manos del Ministerio Público Fiscal, enrarecieron todavía más el contexto de discusión del tema, y de ninguna manera aseguran las condiciones normales de tratamiento de un asunto tan delicado, en el que tiene puestos los ojos toda la opinión pública, no sólo de la provincia, porque la cuestión a rebotado incluso en medios nacionales.
Ante esta realidad, en el gobierno analizan por estas horas con diputados del oficialismo los pasos a seguir para obtener el apoyo necesario a la iniciativa. Una de las ideas que se está charlando en las oficinas de Fontana 50 pasa por modificar la estrategia y "socializar" el proyecto por toda la provincia a lo largo del verano, con la posibilidad de ampliar el debate en la comisión para incluir las modificaciones necesarias y buscar la posibilidad de una convocatoria a sesión especial en el mes de febrero, para tratar este tema y algún otro de urgencia.
Resta esperar ahora las reuniones de Labor Parlamentaria y el trabajo de comisiones para conocer el temario a tratar los días 18 y 22, ya que no parece haber tampoco el número de votos necesarios para que puedan tener tratamiento el Presupuesto 2021, así como tampoco la Agencia de Recaudación y el nuevo Endeudamiento en Letras a Dólar Linked, proyecto enviado hace más de un mes por el Ejecutivo para obtener fondos para el pago de salarios, pero que aún no cuenta con el apoyo de la oposición.
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Agroquímicos: condenan a un productor por la muerte de un niño

Fecha de Publicación: 17/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Corrientes


Un tribunal de la ciudad correntina de Goya condenó a tres años de prisión a un productor agropecuario por la muerte de un niño a causa de una intoxicación con agroquímicos, pero no irá a la cárcel porque la sentencia es bajo la condición de realizar un curso sobre manejo de fumigaciones.
Ricardo Prieto fue hallado responsable de la muerte del niño Nicolás Arévalo, de 4 años de edad, quien murió el 4 de abril de 2011 en la localidad correntina de Lavalle, corazón de la cuenca hortícola de la provincia y donde operarios al servicio del productor imputado fumigaron una plantación de tomate. Como consecuencia del contacto con los agroquímicos, tanto Nicolás Arévalo como su prima, Celeste Estévez de cinco años, sufrieron intoxicaciones severas.
El tribunal cumplió con el segundo juicio que se ordenó por el caso, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal. La sentencia impuso a Prieto la obligación de realizar capacitación en el uso de agrotóxicos.
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En 2011, personal a cargo del imputado fumigó un tendalero de tomates con las cortinas plásticas abiertas, sin supervisión, generando el escape de gases tóxicos que fueron inhalados por los niños víctimas de lo que el tribunal consideró una "conducta negligente".
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Escándalo en Chubut: una diputada denunció que sus pares recibieron coimas para aprobar una ley minera

Fecha de Publicación: 16/12/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut


En un escándalo sin precedentes en la Legislatura de Chubut, una diputada provincial acusó a sus pares a través de un audio que se viralizó en WhatsApp de recibir "10 millones de pesos" para la aprobación de la ley de zonificación minera que se debate en esta provincia.
Leila Lloyd Jones, legisladora por el Interbloque, afronta el repudio de la totalidad de sus pares -tanto integrantes de su propio sector como opositores y oficialistas al gobernador Mariano Arcioni-, y una investigación abierta por parte del procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena.
En el audio, se escucha a la diputada cuestionar la presencia de grupos promineros en la cuadra en la que se encuentra su vivienda particular. "Ya les dije a quienes me piden que les consiga laburo. Vayan a pedirle a los diputados que votan a favor de la minería, a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos para sus militantes ", aseguró Lloyd Jones en el audio supuestamente enviado a otro diputado dentro de un grupo de Whatsapp que integran también otros legisladores. "A ellos les pagaron las mineras", sostiene. Pero el audio provocó el rechazo de todo el arco de diputados de la Legislatura, incluidos los de su propio bloque.
En Chubut se debate una ley de zonificación que habilitaría la minería en dos departamentos de la Meseta de Chubut, en donde sí existe licencia social para el desarrollo de este proyecto. El domingo, en los actos oficiales por el Día del Petróleo en Comodoro Rivadavia, Arcioni volvió a defender el proyecto oficial asegurando que "no habrá minería en la cordillera" -en donde se encuentran los principales grupos opositores a esta actividad productiva-, se hará explotación sin cianuro y "no se tocará el rio Chubut".
 El debate en torno del proyecto de zonificación salda una cuenta pendiente en esta provincia desde hace 17 años, cuando la Ley 5001 prohibió la minería a cielo abierto pero otorgó un plazo de 180 días para definir, en un mapa de zonificación, en qué sectores de la provincia se podría avanzar con esta actividad. Sin embargo, este tiempo nunca se cumplió.
Diputados de todos los bloques anticiparon una andanada de presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal por el audio de la legisladora en un grupo de Whatsapp que comparte con el Interbloque, y en el que asegura que hubo coimas de la empresa minera de $ 10 millones. Al unísono, los diputados consideraron que la legisladora "ensució" a toda la Cámara. Ahora se analiza quitarle la Vicepresidencia 1° y algunos están buscando 18 votos necesarios para sancionarla.

Reacción legislativa
Leila Lloyd Jones es oriunda de Trelew y responde al intendente de esa localidad, Adrián Maderna, y al Interbloque que tiene como referente al actual vicegobernador, Ricardo Sastre.
Al menos los tres diputados sastristas -Xenia Gabella, Miguel Antín y Martiela Williams-, así como los trelewenses Ángel Chiquichano y Gabriela De Lucía, estarían haciendo una presentación colectiva contra Lloyd Jones. No se suman a ese grupo por el momento José Giménez, Zulema Andén y Rossana Artero, quienes completan el Interbloque.
 Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, habló sobre la polémica: "Me pareció escandaloso y no ha desmentido lo que salió en esos audios. En la reunión de Presupuesto y Haciendo que tuvo lugar este lunes se le preguntó a la diputada por sus dichos y ella no negó que sea su voz, y solo se limitó a decir que si la justicia la convocaba iba a dar las explicaciones que correspondían", dijo.
 Agregó que "horas después de eso, nos informaron que el procurador general Miquelarena inició de oficio una investigación y que le iban a solicitar a la diputada Loyd Jones que aclarara sus dichos". En relación al impacto institucional de los dichos de Loyd Jones, Pagliaroni consideró que "es una cuestión triste para el ámbito legislativo y para la político. Yo espero que se dirima esta cuestión en la justicia, que se arrepienta o ratifique sus dichos".
Roddy Ingram, diputado provincial por el bloque que responde al gobernador Arcioni, anticipó una presentación judicial. "Me sorprende, me llamó la atención y me molesta. Cuando uno habla, tiene que presentarse a la Justicia con las pruebas que tenga de esos diputados que cobraron 10 millones de pesos. Pero he hablado con distintos compañeros del bloque. No se de donde salió ese audio. Me llama la atención que los diputados hayan cobrado 10 milones de pesos como dice la diputada más contratos y favores", aseguró Ingram.
En tanto, el procurador Miquelarena le solicitó en una nota dirigida al vicegobernador Sastre- en carácter de presidente de la Legislatura - que confirme si es o no la voz de la diputada Lloyd Jones, la del audio de WhatsApp que se le atribuye y qué información tiene al respecto.
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Mendoza inició la demanda ante la Corte Suprema de la Nación por las regalías de Los Nihuiles que se comparten con La Pampa   

Fecha de Publicación: 15/12/2020
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza  - La Pampa


El gobernador, Rodolfo Suárez inició formalmente el proceso de demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cobro de regalías eléctricas del complejo Los Nihuiles, que actualmente comparte con La Pampa, así lo informó diario Los Andes. Mediante el decreto 1600/20, instruyó al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet; y al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que formulen dicha demanda al Poder Judicial.
La discusión central es por las regalías por generación eléctrica de todas las provincias por las que pasa un río o la provincia en la que existe la chance de embalsar el agua y generarla, lo que se conoce como “fuente”. En todas las represas del país cobra regalías sólo la provincia que posee la “fuente”. El único caso que no sucede así es en Los Nihuiles.
El planteo preciso, en este caso contra la Nación y es por las regalías eléctricas obtenidas a partir de la generación de Nihuil I, II y III, que Mendoza comparte con La Pampa en un 50% para cada una. Este decreto data de 1973 (gobierno de facto de Agustín Lanusse).
Sin dudas es un monto importante el que se está hablando en el cual Mendoza podría cobrar sobre todo por el pago retroactivo. En 2014 se hablaba de U$S 116 millones, pero actualizado a estos días sería considerablemente más alto.
Decreto N°: 1600 MENDOZA, 09 DE DICIEMBRE DE 2020: Que la norma mencionada establece ilegítimamente la distribución de las regalías hidroeléctricas del Complejo “Los Nihuiles” entre las Provincias de Mendoza y La Pampa en un 50% para cada una de ellas. Que la Provincia de Mendoza interpuso oportunamente un recurso de revocatoria contra el mencionado decreto y que el trámite del mismo se interrumpió por extravío del Expediente ME-SEE-AEE-SE Nº 66833/80, el cual no pudo ser reconstruido. Que ante ello, la Provincia interpuso demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que fue rechazada por entender que no se había agotado la instancia administrativa iniciada por la Provincia, ya que no había existido pronunciamiento por parte de la Nación ni tampoco se había operado la denegatoria tácita.
Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º – Instrúyase al Señor Asesor de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza y con la debida intervención del Señor Fiscal de Estado, formule demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, a fin de obtener judicialmente: i) la declaración de inconstitucionalidad y/o nulidad absoluta del Decreto Nº 1560/1973 del Poder Ejecutivo Nacional; ii) el pago retroactivo de las sumas dejadas de percibir por la Provincia de Mendoza en concepto de regalías en virtud de dicha norma, con más sus intereses legales hasta su efectiva cancelación.
Si bien en el Pacto Fiscal firmado entre los gobernadores y el presidente, Alberto Fernández, marcó que por un año no se avanzaría en demandas contra el Estado Nacional en materia de impuestos coparticipables, en Mendoza sí se puede iniciar esta demanda, porque se la excluyó del Pacto Fiscal. De hecho, fue un pedido explícito de la provincia justamente por esta causa en particular.

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Contaminación: condenan a tres años al empresario Mocarbel

Fecha de Publicación: 14/12/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Se estableció que con la contaminación vulneró el derecho a gozar de un ambiente sano. Se le impuso prisión condicional y una multa de 50.000 pesos
En un fallo considerado histórico, la Justicia Federal de Entre Ríos condenó a 3 años de prisión condicional al empresario Jorge Elías Mocarbel, por hallarlo penalmente responsable del delito encuadrado en el artículo 55 de la ley 24.051 vinculado con la contaminación ambiental. El adelanto de sentencia reviste mayor importancia porque se trata del primer fallo por daño ambiental, en un juicio oral, que se haya tramitado en el fuero federal de nuestro país. El anterior antecedente había sido una condena en Tucumán, pero en el marco de un abreviado. La audiencia se realizó ayer en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, a cargo de la jueza Lilia Carnero, y que contó con la presencia del condenado Mocarbel. Así llegó a su término un debate que se prolongó durante dos semanas, con la participación de varios testigos, en su mayoría convocados por los representantes del Ministerio Público Fiscal, José Candioti y Leandro Ardoy.
En el marco de la sentencia condenatoria, a Mocarbel se le impuso durante dos años del cumplimiento de un curso de concientización sobre medio ambiente, en base al planteo de la Fiscalía respecto a la vulneración constitucional de un ambiente sano. Además deberá pagar una multa de 50.000 pesos, se confirmó durante la audiencia.
La parte resolutiva del veredicto se leyó en pocos minutos, luego de la postergación que se había resuelto el jueves por una audiencia que se había fijado el mismo día. El caso que llegó a la órbita judicial luego de una publicación de UNO en su edición digital, en 2015, puso en crisis el funcionamiento de un proyecto productivo que se dedica a la elaboración de grasas y jabones, empleando subproductos de origen animal.
Según consta en el expediente judicial las primeras denuncias de los vecinos responsabilizan a Mocarbel por los olores nauseabundos, que llegaban incluso a la altura de la ruta 11. Con su planta en la zona rural de Aldea Brasilera, en el Departamento Diamante, la fábrica siempre estuvo en el ojo de la tormenta debido a presuntas irregularidades vinculadas con la falta de tratamiento de los residuos peligrosos.
La empresa había sido clausurada en 2008 por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, por el incumplimiento de normas ambientales como la incorporación de equipamiento para hacer sustentable su producción, más precisamente el tratamiento de sus efluentes líquidos.
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Contaminación ambiental peligrosa

Fecha de Publicación: 12/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La fiscalía federal de Santa Fe pidió la indagatoria de 26 empresarios de empresas y reclamó la clausura de varias de ellas.
El fiscal federal Walter Rodríguez imputó y pidió la declaración indagatoria de 26 empresarios y directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo por el supuesto delito de “contaminación ambiental peligrosa para la salud” y reclamó la “clausura preventiva” de varias de ellas. El artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos –que invocó el Ministerio Público- castiga a quienes “envenenan, adulteran o contaminan de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” y les aplica la misma pena que el artículo 200 del Código Penal, que reprime los hechos con cárcel de tres a diez años de prisión y multas de hasta 200.000 pesos.
El fiscal solicitó las indagatorias y las medidas cautelares al juez Marcelo Bailaque, quien ahora deberá decidir si ordena las “clausuras preventivas” y los interrogatorios. Bailaque subroga el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe que quedó vacante por la jubilación de su titular, Francisco Miño.
Los hechos imputados tienen origen en la actividad desarrollada por nueve empresas que operan en el Parque Industrial de Sauce Viejo, frente al Aeropuerto Metropolitano. Rodríguez inició la investigación en 2016, tras recibir una denuncia del derrame de “productos químicos provenientes del Parque Industrial de Sauce Viejo”, a las aguas del río Coronda, "sin tratamiento previo”, reveló una fuente con acceso a la causa.
Antes, vecinos del barrio Jorge Newbery, que es lindero al Parque Industrial y también está frente al Aeropuerto de Sauce Viejo, plantearon la “misma situación”, al denunciar la emanación de “fuertes olores” de la zona fabril y el “deterioro de los techos de sus viviendas” por la contaminación ambiental.
El desagüe que está bajo la lupa se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque Industrial y desemboca en el río Coronda. En las cercanías, -en el mismo ámbito del parque- opera la Central Termoeléctrica Brigadier López, con una potencia instalada de 280 megavatios, que fue construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri se la vendió a Central Puerto, propiedad de su amigo del alma, Nicolás Caputo, quien se mudó a Estados Unidos.
En la pesquisa, el fiscal Rodríguez convocó al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que tomó muestras de los efluentes del Parque Industrial, entre el 10 y 12 de diciembre de 2019. Las empresas sospechadas de contaminar fueron invitadas a participar del peritaje y ofrecer profesionales de su confianza para que controlaran la prueba.
En los estudios participaron también, la División Técnica de Protección Civil, la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, equipos científicos del Conicet y del Instituto Nacional de Limnología (INALI) y tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral: el Laboratorio Central, el Laboratorio de Química Analítica y Laboratorio de Microbiología, que dependen de la Facultad de Ingeniería Química.
“Los informes técnicos revelaron la existencia de elementos cuyas concentraciones fueron muy superiores a los permitidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario 831/93”. “La contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública, del agua y del ambiente a través de los residuos peligrosos aparece reflejada en el vertimiento de líquidos dirigidos al río Coronda y reviste un caso de competencia federal ante sus consecuencias inter jurisdiccionales –art. 7 de la Ley 25675–“, informó la Fiscalía.
“Los sucesos materia de imputación exceden a un individuo aislado y afecta a toda la comunidad que está en contacto con el medio ambiente, motivo por el cual fueron relevadas las zonas aledañas al Parque Industrial de Sauce Viejo, donde viven alrededor de 250 a 600 habitantes, número que resulta variable, debido a que en dicha zona se observan viviendas de fin de semana o casa quintas”.
“También se consideró el impacto potencial provocado por la proximidad de las instalaciones de toma de agua potable en Desvío Arijón –donde nace el acueducto a Rafaela- ubicada aguas abajo del lugar donde provienen los desagües cloacales e industriales arrojados por los establecimientos instalados en el Parque Industrial de Sauce Viejo”.
Ante esta situación, el fiscal solicitó la intervención del Ministerio de Ambiente de la Nación para recomponer "los daños causados por la contaminación ambiental” y aplique su “poder de policía ambiental”.
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Iniciativa popular en Río Negro contra la minería contaminante

Fecha de Publicación: 12/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La propuesta restringe totalmente la actividad a cielo abierto, subterráneo o lixiviación de metales y el uso de cianuro en procesos mineros.
Las asambleas del Curru Leufu presentaron a la Legislatura de Río Negro un proyecto de iniciativa popular que veda todo tipo de minería metalífera contaminante aun cuando no hay emprendimientos en forma inminente.
La propuesta tiene por objeto la prohibición de los mega emprendimientos mineros (de extracción de uranio, oro y otros metales mediante sustancias altamente contaminantes) para la preservación del ambiente y sus bienes comunes naturales, como así también la protección de la salud de la población en general.
Restringe totalmente la actividad a cielo abierto, subterráneo o lixiviación de metales (extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido), y el uso de cianuro en procesos mineros.
Argumenta daños ambientales como derrame de líquidos, filtraciones, incendios, accidentes con productos tóxicos, presencia de polvillo radioactivo en plantas en el caso del uranio, y que la megaminería requiere enormes volúmenes de agua.
Además, las organizaciones apuntan que las sustancias empleadas en la megaminería metalífera son tóxicas y cancerígenas.
Por otra parte, proponen ampliar la protección ambiental que establecía la derogada Ley N° 3.981 –que impedía la mega minería hasta 2011 en Río Negro- garantizando el cumplimiento de los principios precautorios de sustentabilidad y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional del Ambiente (N° 25.675) e ignorado por la vigente Ley provincial N° 4.738. Habilita a las empresas mineras a reanudar actividades en concesiones por la extracción de minerales de primera categoría como el oro.
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Chubut: se dilata debate sobre aval a minería por trabas en Parlamento

Fecha de Publicación: 11/12/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región:  Chubut


Una diputada que había dado apoyo a proyecto del oficialismo no se conectó a encuentro virtual y extendió plazos en comisión. Grupos a favor y en contra de minería escracharon a diputados.
El proyecto de Ley del Ejecutivo chubutense que impulsa la zonificación minera no se tratará hoy en la Legislatura. Finalmente, el oficialismo decidió prorrogar el período de sesiones ordinarias para intentar contar con los votos necesarios para poder aprobar un texto crucial para la provincia y de clara importancia para Nación.
Pese a que en un principio estaban dadas las condiciones para obtener el dictamen en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, el oficialismo se encontró en horas de la mañana de ayer con una traba que modificó los planes primarios. Según pudo saber Ámbito, el gobernador Mariano Arcioni y el vice Ricardo Sastre tenían pautado un encuentro virtual con los legisladores que se manifestaron por el sí. De la reunión participaría gran parte del oficialismo y algunos diputados opositores que ya habían adelantado su voto afirmativo. Sin embargo, la legisladora Tatiana Goic, del Frente de Todos, no se conectó y la mayoría necesaria entró en riesgo. Por lo que se decidió que la definición quede en Labor Parlamentaria ante las nuevas fechas extraordinarias.
En juego está el Proyecto Navidad, con una inversión de entre u$s1.000 millones y u$s1.300 millones en la zona de la meseta (estiman una producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo, y la generación de 2.500 puestos de empleo por año), a cargo de la canadiense Pan American Silver.
“Los antimineros son bravos. Uno tiene varios años en esto, pero hay mucha gente nueva que no se banca esta situación y tiene miedo de levantar la mano”, le aseguró un diputado local a este medio. En concreto, no todos los legisladores están manifestando su opinión de manera pública. Y las razones están claras. En los últimos días tanto aquellos que se manifestaron a favor como los que se inclinaron por la negativa sufrieron escraches.
La situación es compleja. En las últimas horas son varios los legisladores que sufrieron amenazas. Incluso Sastre, presidente de la Legislatura, recibió el hostigamiento de un grupo en contra del proyecto mientras estaba con su hijo de 10 años. Y grupos a favor de la minería se instalaron en inmediaciones de las casas de las diputadas Florencia Papaiani y Leyla Lloyd Jones y responsabilizaron indirectamente al gobernador por estas acciones.
“Lamentablemente hoy queda claro cómo se actúa en determinadas situaciones y cómo se mira para el otro lado en otras”, dijo Papaiani, vice del PJ. “Porque le digo no a la megaminería el señor gobernador me mandó todas estas personas a mi casa. Por más que me presionen yo digo No es No”, tuiteó Jones.
El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, repudió los escraches y dijo que “este tipo de prácticas está alejado de los estándares democráticos”. Por su parte, desde un sector de la oposición fueron claros ante este medio: “Un gobierno que no goza de la confianza de la ciudadanía vuelve a querer instalar un tema que genera reacciones populares inmediatas. Y lo hace porque la imposición proviene del Gobierno nacional,que no ha brindado auxilio financiero a Chubut, y que ni siquiera lo ha considerado en el presupuesto de obras nacionales. Estamos ante un proyecto inconsulto, armado a espaldas de la ciudadanía y puesto a discusión en una legislatura con 24 diputados de extracción peronista que debaten en esto su propia interna”.
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Los diputados de Chubut ante la zonificación minera: cómo se plantea la votación y hasta dónde influye Alberto Fernández

Fecha de Publicación: 08/12/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


El próximo jueves está prevista la última sesión del cronograma, y todas las miradas están puestas en el proyecto de zonificación para habilitar la minería en la meseta. ¿Cómo influyen las principales figuras de la política nacional y cuál es el escenario de fuerzas previo a una votación que pone en juego el futuro de la provincia? En esta nota, los detalles de los puntos en negociación, y la alternativa de prorrogar el período ordinario hasta fin de año.
El tema viene sobrevolando la agenda política hace 17 años, y después de todas las idas y vueltas, de iniciativas fracasadas y de opiniones cambiantes, llegó el momento para que la provincia del Chubut tome una definición en torno a dos proyectos reales y concretos: uno para habilitar la explotación minera a gran escala en dos departamentos de la meseta, y otro directamente para prohibir la actividad.
La responsabilidad está en manos de 27 diputados, pero primero depende de 9, porque la comisión de Recursos Naturales tiene que resolver el miércoles si el proyecto 128/20 obtiene dictamen para ser tratado el jueves 10. Los tiempos se acortan, los ánimos se crispan, y llega el momento de tomar una postura que en ningún caso será sencilla y que traerá consecuencias para todos, de un lado y del otro.
El abecé de la técnica legislativa marca que la posibilidad de sacar un despacho en mayoría de los miembros de la comisión en realidad está supeditada a si luego habrá un número suficiente para que la ley sea aprobada por el pleno de la Cámara. De nada le serviría a los impulsores de la propuesta tener un dictamen que después no logra los votos necesarios y termina siendo rechazado en el "recinto virtual". Por esa razón, en estas horas las negociaciones son intensas, los teléfonos arden, y circula un recuento parcial de votos que cambia minuto a minuto, en un resultado que a priori es ajustadísimo.
Lo primero a dejar en claro es que en este tema, como ocurre con muy pocos –por caso la legalización del aborto-, en la cabeza del legislador inciden no sólo las cuestiones partidarias, políticas o dogmáticas, sino también las posturas individuales, las intrafamiliares, y -sobre todo en una comunidad chica- la repercusión social. Y es así porque no hay otro asunto que genere ese nivel de interés de la opinión pública, que hace recordar la votación de la Resolución 125 hace más de una década en el Congreso, con un alto rating en vivo por TV, inédito en este tipo de casos.
Una cosa es, para un diputado, resolver una ley presupuestaria, o votar un préstamo -el día que se votó el endeudamiento por 650 millones de dólares pasó casi desapercibido para el común de la gente pero las consecuencias se sufrirán hasta 2030-, o tratar el pliego de un ministro de la Corte, todos temas importantes de Estado pero que no despiertan repercusión en el ciudadano común; y otra muy distinta es tratar un asunto que se discute en todas las mesas familiares y explota en la calle y en las redes sociales. Cambia el nivel de exposición, y eso se nota en los nervios de los legisladores, que en muy pocos casos se animan a atender un teléfono o responder un mensaje, y mucho menos a brindar una entrevista pública.
Por eso, analizar la relación de fuerzas en este tema en particular no es sencillo, porque los involucrados no quieren hablar, y son pocos los que se animan a dar una respuesta en off, siempre con el pedido de reserva de la fuente y de no exponer a aquellos que en muchos casos pueden sufrir escraches en sus domicilios y en otros hasta algún atentado, como dicen que le ocurrió a una diputada a la que le cortaron la energía de su casa el último jueves durante el desarrollo de la sesión. Mientras tanto, infinidad de listados con posibles resultados van de un lado a otro, y son permanentes los llamados para preguntar cómo vota tal o cual.
Hecha esta introducción, hay que decir que surgen dos escenarios posibles –hablando siempre de la zonificación, ya que la Iniciativa Popular no está en la agenda de los diputados de la comisión por ahora-: uno es que el tema llegue al recinto y se fuerce una votación con final incierto hasta último momento, con el riesgo de un fracaso que cierre la puerta a la minería por mucho tiempo, algo que es temido tanto por la Nación como por la Provincia. La otra alternativa es que se acceda a los planteos que exigen más tiempo para debatir el tema e introducir reformas, posponiendo el tratamiento este jueves.
Si ocurriera esto último, a su vez generaría otras dos opciones: uno sería esperar al período 2021 para dar un debate extenso, amplio y participativo; y otro, sería extender el período ordinario 20 días, con un margen mayor de negociación que pudiera mostrar un consenso más amplio de quienes proponen modificaciones al proyecto. Ésta última opción, que empezó a sonar en las últimas horas de parte de actores con una mirada no tan alejada del oficialismo, surge como la puerta de escapatoria a la encrucijada que significa apostar todo por el 10 de diciembre.

Cómo juega nación
Una de las definiciones brindadas por el gobernador Mariano Arcioni en la conferencia de prensa del último jueves, fue que en este tema no hay ningún tipo de presión del gobierno nacional. La realidad es que para el gobierno de Alberto Fernández, la inversión minera en la meseta es algo a nivel estratégico muy importante, y casi emblemático, porque podría ser el puntapié para desarrollar otros emprendimientos mineros en provincias como La Rioja y Mendoza. Así lo admite un importante vocero de Casa Rosada que habla con esta columna, y que reconoce que hay mucha expectativa puesta en el arribo de estos capitales privados a Chubut. Por ello, no es casual que actores como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, o el Secretario de Minería, Alberto Hensel, hayan salido a “jugar” a favor de la iniciativa de una manera tan clara.
Estos mismos voceros de Balcarce 50, reconocen de todos modos que más allá del marcado interés para que se habilite la minería, la aprobación del tema y la sanción de la ley es responsabilidad de los actores de la política local, de una dirigencia chubutense que observan como caótica y con referentes jugando cada uno su propio juego, sin una conducción clara. No están satisfechos en el entorno del Presidente con la manera en que el gobierno de Chubut manejó el tema, en cómo lo presentó a la sociedad y en la manera en que salió a tratar de obtener los votos que le faltan. Hay temor de que la estrategia sea fallida, y que esto pueda comprometer seriamente el éxito de la ley.
De hecho, hay una figura clave en todo el armado, que ha despertado una mezcla de enojo y desconcierto en el entorno de Alberto Fernández, y es el vicegobernador Ricardo Sastre. Una fuente inobjetable confesó que el Presidente, quien mantuvo una conversación con el madrynense hace unos días en la que obtuvo el compromiso de palabra de aportar lo máximo posible para la sanción de la ley, no sale de su asombro cuando le hacen llegar los tuits de voceros muy reconocidos del sastrismo que dan a entender que la ley no saldría gracias al compromiso ambiental de Sastre y sus diputados, que en realidad son los que impiden el avance del lobby minero. “No entendemos la estrategia de poner un huevo en cada canasta, con el Presidente no se juega”, fue una de las frases que se escuchó en las últimas horas en Buenos Aires.
Todo parece indicar que la postura que adopten los tres legisladores del sastrismo sobre este tema puede marcar a futuro de manera definitiva la relación del vicegobernador con la Nación. Hay que recordar que se trata de un dirigente con muchas aspiraciones, ya sea como posible candidato a senador en 2021 o como aspirante a la gobernación en 2023, siempre dentro del justicialismo. Por si hacía falta una muestra más de todo lo que está en juego en una votación de este tipo.

Grietas en el peronismo
Ahora bien, ¿cómo entender que si el gobierno nacional está muy interesado en el desarrollo minero, sus legisladores nacionales, así como la dirigencia de su partido y la mayoría de sus diputados provinciales se manifiesta en contra? Un ministro del gabinete de Arcioni dijo a esta columna una teoría que se escucha en Fontana 50, según la cual, “aquí se observa la interna de la alianza nacional, con Alberto a favor, pero Cristina operando en contra porque Chubut está identificada como una provincia del massismo”. Ese análisis explicaría para el gobierno local las razones por las cuales hay objeciones no sólo desde la política, sino también de referentes de organismos científicos nacionales, que en definitiva también son funcionarios.
Una mirada muy diferente expresó a esta agencia otro importante actor del Frente de Todos de Chubut con vínculos en la “mesa chica” nacional, quien se mofó de las “teorías conspirativas adolescentes”, como calificó a las versiones que se escuchan en Rawson. Dijo que en realidad “Cristina tiene una mirada pro minera de toda la vida, pero antes que nada, tiene una mirada política, y nos dice que no avalemos nada que tenga amplio rechazo popular”. Con esto, quiere decir que la mirada de la mayoría del peronismo local es que no se puede tratar este tema con el apuro que pretende el oficialismo: “tenés en contra al 80% de los intendentes, la mitad de la Legislatura, casi todos los legisladores nacionales, hay marchas multitudinarias no sólo en Esquel o Rawson, sino también en Comodoro. Tenés que ser muy obtuso para tratar de insistir igual”.
Según este calificado actor que tiene vínculos con dirigentes de mucho peso en el ámbito nacional, el Frente de Todos es heterogéneo, funciona como una alianza donde confluyen distintas miradas en la que todo es discutible, por lo que no hay “bajada de línea” en Chubut. “El problema es la manera en que lo manejó el gobierno de Arcioni, que no le dejó margen a la política”, argumenta esta fuente cristinista, y pone como ejemplo que la Ley de Medios llevó dos años de debate por todo el país hasta que estuvo madura, y en el caso de la Legalización del Aborto, hubo 60 audiencias a lo largo de un año, “en la que los diputados escucharon y luego tomaron su postura, pero nadie puede decir que no se debatió”.
A pesar de estas voces disonantes, otro ministro del gabinete chubutense que habló con esta columna, se mostró muy confiado en que va a haber al menos 14 votos para sacar la ley este jueves, y ante las objeciones del PJ y el bloque de diputados, dijo que “en Nación opinan que la dirigencia del peronismo acá es nefasta”. Consultado por las opiniones públicas de miembros del Frente de Todos, como Nancy González y Santiago Igón, en contra del proyecto, la respuesta fue que “ellos se están jugando las candidaturas de cara a 2021”.

Negociaciones de última hora
Por lo pronto, en la previa del “debate virtual” que se va cumplir en estos días, hay un tándem que hay que tener presente, porque puede llegar a ser decisivo, si se tiene en cuenta que la relación de fuerzas está muy pareja: Leúnda-Luque-Moyano-Taboada. Hablamos, claro está, del Vicejefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, el comodorense Julián Leúnda; del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; del dirigente del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano; y del referente de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, conductor de una diputada como es Tatiana Goic.
Es fluido el contacto entre estos actores por estas horas y es probable que de aquí salga un posicionamiento que puede torcer la balanza, ya que si bien pueden estar en juego apenas dos votos en la Legislatura, podría ser la diferencia entre que el bloque del PJ aporte una sola mano a que aporte 3, como esperan en Fontana 50. Claro que para eso ocurra, los voceros de estos dirigentes advierten que hará falta más tiempo y varias modificaciones al proyecto original.
La postura de Linares es tajante, pero la de Luque, según pudo saber ADNSUR de sus allegados, apuntaría a que el proyecto tenga más tiempo de debate de aquí a fin de año, con la posibilidad de una nueva sesión a fines de diciembre en la que se pueden contemplar una serie de reformas que serían bien vistas por el mismo Leúnda y también por el sector de Camioneros: los puntos centrales a retocar -además de la discusión en torno a un ingreso mayor de renta y una redacción más explícita y clara sobre los controles ambientales-, pasan por la incorporación expresa de Petrominera Chubut como socia en las ganancias en el orden de un 5 %, y beneficios concretos para el puerto de Comodoro Rivadavia, que en la ley no tiene nada asegurado y todo parece apuntar al muelle madrynense.

Lo que puede pasar
En el inicio del análisis hablamos de dos o tres escenarios para esta semana, en un contexto donde queda claro que no es fácil hacer un anticipo, ya que estas cuestiones suelen desencadenarse todas a último momento. Lo que sí queda a modo de resumen después de escuchar a los diferentes actores de todos los colores políticos, es que si el mandato de Nación -con el que coincide el mismo gobernador Arcioni según sus declaraciones-, es que la ley salga con el mayor consenso posible, no parece factible un tratamiento veloz en la comisión este miércoles para que salga en la sesión del jueves.
Las modificaciones pedidas por el intendente Luque en sintonía con algunos diputados, muestran que el proyecto aún necesita ser analizado a fondo, como se escuchó también desde Puerto Madryn en las oficinas del diputado del PRO, Sebastián López. Si bien un comunicado de la asamblea provincial de ese partido mostró una postura contraria al tratamiento, en el gobierno confían en que el legislador tenga “banca” de más arriba y que pueda acceder a dar su firma a un dictamen en la comisión, con la condición de que se incluyan reformas vinculadas a los ingresos por regalías y a los controles ambientales. En el caso de los dos diputados radicales, tanto Manuel Pagliaroni como Andrea Aguilera ya han fijado posición en contra, al expresar que en este contexto no están dadas las condiciones para aprobar la habilitación de la minería, en sintonía con la postura de la UCR a nivel provincial.
La sensación, después de tener un panorama con opiniones de protagonistas de distintas extracciones, es que no hay muchas chances de que el proyecto de zonificación sea aprobado con el texto original -si es que esa era la esperanza del oficialismo-, y que en todo caso, hace falta más tiempo para discutir reformas de fondo, con mayor participación de especialistas. Es una postura que cobra cada vez más fuerza, más allá de que hay otro grupo de diputados que ya adelantó que no votará la zonificación en ninguna de sus formas porque tiene una postura tomada en contra de la actividad minera, como los cordilleranos Rafael Williams, Carlos Mantegna y Zulema Andén, y las diputadas justicialistas Belén Baskovc y Mónica Saso. Un posicionamiento similar se escuchó en las últimas semanas de los diputados madernistas Leila Lloyd Jones y José Giménez. Y lo dicho, los dos diputados radicales no son tan tajantes respecto a la actividad, pero sí en cuanto al proyecto del gobierno.
Para este jueves, seguramente habrá un diputado ausente por cuestiones de salud, mientras que es probable que algún diputado oficialista se “desconecte” o pida abstenerse si el proyecto de zonificación llega al Orden del Día. De ser así, este jueves el proyecto 128 debería tratarse sobre un total de 25, por lo que un número de 13 legisladores podría ser suficiente para una mayoría, aunque hay quienes dudan desde el gobierno nacional y también en la órbita local, si es conveniente sacar una ley con mínimo apoyo que podría terminar siendo judicializada y frenada en los tribunales.
Será una semana corta por el feriado largo, pero no por eso menos intensa. El miércoles, en la comisión de Recursos Naturales, continuará la película del debate minero. En otras comisiones, hay varios temas pendientes para los que no alcanza el tiempo, y dos de ellos son el Presupuesto y la Ley Tributaria 2021, que podrían demandar más plazo. Sería la excusa para votar una prórroga del período de sesiones, que permita un “tiempo de descuento” hasta fin de año, en una provincia en crisis que discute, nada menos, cuál debe ser el camino hacia el futuro.
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ACUMAR: podrán denunciar vuelcos y derrames en el rio Matanza Riachuelo a través de la web

Fecha de Publicación: 08/12/2020
Fuente: Matanza Digital
Provincia/Región: Riachuelo


Los habitantes de los distritos de la Cuenca Matanza-Riachuelo podrán denunciar de manera virtual los vuelcos o derrames clandestinos que detecten en las aguas, informó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Quien identifique situaciones irregulares, vuelcos, la existencia de un basural o situaciones de riesgo ambiental podrán denunciarlo de manera virtual a través del formulario electrónico que se encuentra disponible en la página web: www.acumar.gob.ar/denuncias/
Según precisó en un comunicado Acumar, en todos los casos es necesario informar el motivo de la denuncia y es indispensable indicar la dirección exacta, con numeración, calles transversales, barrio, partido y localidad, sin excepción.
Una vez realizada la denuncia se le asignará un número de referencia que permitirá realizar el seguimiento correspondiente, y las autoridades remarcaron que es importante que el denunciante conserve esta información.
Acumar realiza rondas de supervisión de industrias en el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo, se realizan inspecciones de manera aleatoria y se atienden las denuncias que llegan a través de las diferentes vías.
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El Senado aprobó la Ley de Manejo del Fuego

Fecha de Publicación: 07/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Senado sancionó hoy una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. La oposición intentó evitar su sanción, en consonancia con las críticas formuladas previamente por la Mesa de Enlace.
La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del FdT por Corrientes Carlos "Camau" Espínola.
La oposición rechazó la norma por considerar que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, sean o no intencionales.
Como miembro informante, la senadora del FdT, Ana Almirón, informó que "Argentina ardió en llamas literalmente" y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que "más del 90 por ciento" de los incendios "se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido".
"Es sumamente urgente" una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, y rechazó las críticas de opositores que sostienen que se trata de medidas contrarias a los productores agropecuarios.
"No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente", proclamó.
En nombre de la oposición, la senadora de PRO Gladys González consideró que "no se puede ser hipócrita y ser ambientalista", afirmó que la ley "mezcla todo" (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.
Para González, cuando una "ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada" y consideró que hubo diputados que "no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente", en alusión a Máximo Kirchner.
"Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad", precisó.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, a su vez, opinó que el proyecto "es cero federal" e "inconstitucional", ya que afecta "el derecho de propiedad privada".
El senador Alfredo De Angeli, ex productor agropecuario, pidió que la propuesta vuelva a comisión, pero su iniciativa fue rechazada tras una votación.
"Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores", aseveró.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
Al tratarlo en comisión, los senadores aprobaron modificar la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies así como cualquier emprendimiento inmobiliario.
El artículo 22 bis establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio".
También se prohibirá durante ese lapso "la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".
La propuesta prevé no permitir, además, "la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".
En la iniciativa se establecen las mismas restricciones pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.
La oposición había adelantado su rechazo, en tanto que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias había postulado que el proyecto "pone en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país" e impone "restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad".
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La Justicia Federal prohibió el uso de agroquímicos en 250.000 hectáreas de islas del Paraná

Fecha de Publicación: 07/12/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Entre Ríos


El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó mediante una medida cautelar la "prohibición absoluta del uso de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza" para tareas agrícolas dentro de las 250.000 hectáreas que abarca el archipiélago de las Lechiguanas, informaron hoy fuentes judiciales.
A su vez, el magistrado ordenó la prohibición de "la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción, modificación o mantenimiento de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda".
La demanda para proteger esa vasta zona de humedales fue interpuesta por las asociaciones civiles Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental contra Fabio Ernesto Di Fonzo, Juan Pedro Nazar y la empresa de su propiedad, Mapuche SRL. que se dedica a la explotación agrícola y ganadera.
Las 250.000 hectáreas del archipiélago de las islas Lechiguanas están ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, delimitadas por el río Paraná.
"Celebramos que un territorio tan abarcativo de humedales y tan lleno de biodiversidad haya quedado libre de agroquímicos", dijo a Télam el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental, Fabian Maggi.
"La zona de la que hablamos fue primero incendiada, sembrada y luego fumigada, por eso decimos que la utilización de agroquímicos agrega otro factor de gravedad a los ataques que sufre ese ecosistema de islas", remarcó.
"El fallo tiene como signo distintivo que no establece distancias a respetar para la fumigación como es habitual, sino que prohíbe el uso de agroquímicos en todo el territorio de las islas Lechiguanas", señaló.
"Esto es inédito", consideró y explicó que "todos los fallos sobre el tema establecen distancias variadas respecto de poblaciones pero siempre permiten el uso de los agrotóxicos".
"Además, no hubo vecinos implicados en la demanda, no se denunció que tal persona es víctima de agrotóxicos, que respira ese aire contaminado o que lo tiene en la sangre, sino que la prohibición fue dictada por el juez pura y exclusivamente en torno a la protección del ecosistema y la naturaleza como ente de derecho propio", enfatizó.
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Ley de Humedales: el diputado Estévez lamentó que el proyecto no se haya incluido en extraordinarias

Fecha de Publicación: 05/12/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


"Pareciera que el gobierno no quiere que haya una ley de Humedales", dijo el legislador socialista, ya que el proyecto no fue incluido por el poder Ejecutivo en el decreto que convoca a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero
El diputado nacional Enrique Estévez lamentó que el Poder Ejecutivo no haya incluido en el decreto que convoca a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero el proyecto de ley de Humedales.
“Pareciera que el gobierno no quiere que haya una ley de Humedales”, señaló el legislador del Partido Socialista, tras recordar que “diez días atrás se había logrado un dictamen unificado en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales luego de meses de debate”.
En ese sentido, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe agregó: “Desde el socialismo presentamos nuestro proyecto de ley de Humedales, pero dejando de lado una mirada individual aportamos para que saliera un dictamen unificado, fruto del consenso, que tenga todas las miradas, porque estamos convencidos que hay que tratar este proyecto cuanto antes”.
“Esta legislación es otra deuda pendiente con el medio ambiente, en un contexto donde ni la Justicia ni los gobiernos nacional y provinciales toman cartas en el asunto”, remarcó Estévez.
“Necesitamos una legislación que asegure la conservación y protección de los humedales. Después va a ser tarde”, insistió.
“Debemos frenar urgente este ecocidio en nuestros humedales, porque resulta urgente pensar en una agenda verde y establecer políticas ambientales concretas para proteger nuestros recursos naturales de la especulación inmobiliaria o del sistema extractivista de producción”, completó el dirigente socialista.
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Santa Fe tiene ley ante el Cambio Climático

Fecha de Publicación: 05/12/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado. Aval de la ministra Gonnet, de las universidades públicas con asiento en la provincia y de varias Ongs que trabajan en la problemática. Una comisión y el consejo asesor deberán trabajar para elaborar y actualizar un plan de mitigación.
"¡Es Ley! Santa Fe es la primera provincia del país en contar con su Ley de #AcciónClimática. La normativa que regula la acción del @GobSantaFe, municipios y comunas para adaptar los territorios y mitigar los efectos del Cambio Climático". Fue en la noche del lunes el Twett de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet. El pronunciamiento en red fue a los pocos minutos que la Cámara de Diputados hiciera ley un proyecto que viene de la anterior composición del cuerpo y que fuera reformado por el Senado. En el medio, la participación de la propia ministra Gonnet, de las universidades públicas de la provincia y de fundaciones como Nueva Generación.
La sanción de la norma que establece el marco normativo provincial "para el enfrentamiento de los efectos adversos del Cambio Climático, con el alcance dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y las prescripciones de la Ley Nacional 27520 sobre "Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global", llegó a menos de tres horas del cierre del período Ordinario de sesiones. Si no se aprobaba en esa reunión, perdía estado parlamentario.
La carátula del proyecto tiene como autora a la radical Stella Maris Yacuzzi que terminó su mandato como diputada en diciembre del año pasado. En Diputados, el pedido de votarlo sobre tablas lo hizo el demoprogresista Gabriel Real quien también venía trabajando sobre la temática desde 2016. Dos bloques políticos se negaron a validar el tratamiento sobre tablas: Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia. Julián Galdeano y Nicolás Mayoraz marcaron que el Senado había aplicado numerosos cambios y que era necesario analizar detenidamente el proyecto, Después Mayoraz anunció que su bloque votó en contra.
La primera votación en Diputados fue el pasado 8 de octubre con los dictámenes de tres comisiones que trabajaron en base a los proyectos de Yacuzzi y de Real. En el Senado, hubo un trabajo de varias semanas donde se conjugaron iniciativas propias como la de Lisandro Enrico (UCR - General López), el mensaje del Poder Ejecutivo así como notas con iniciativas de las Universidades Nacional del Litoral y de Rosario y de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) que preside Diego Sueiras. Precisamente por gestión de la Fundación dos semanas atrás hubo un encuentro virtual entre senadores santafesinos y legisladores de California para compartir experiencias sobre las necesidades en la legislación ambiental. El Senado reformó el proyecto de Diputados, votó por unanimidad el texto y lo giró a Diputados que lo hizo ley.

Alcances
Los objetivos específicos de la ley son establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero; crear el Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que defina las estrategias provinciales más allá de las propuestas en la ley nacional; y, reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
La aplicación de la norma estará en manos del ministerio de Ambiente y Cambio Climático que coordinará la Comisión Provincial de Cambio Climático de carácter permanente, entre cuyas funciones estará articular entre la propia Administración Pública Provincial y sus distintas áreas de gobierno, políticas públicas relacionadas con la materia. Además habrá un consejo asesor con científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos interdisciplinarios del cambio climático; y, representantes de organizaciones ambientales, universidades, entidades académicas y empresariales, y centros de investigación públicos y privados.
La norma determina la obligación de conformar un plan provincial de  Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que deberá actualizarse en un plazo no mayor de cinco años.  El plan deberá contemplar, entre otras cosa, la utilización progresiva de energías renovables y la consecuente reducción gradual de emisiones de GEI, con plazos, metas concretas y escalonadas por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción del consumo, eficiencia y autosuficiencia energética y la utilización de energías compatibles con los ciclos de la naturaleza así como para desarrollar métodos y herramientas para evaluar los impactos, la vulnerabilidad, y permitir la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socio-económicos y sistemas ambientales de la provincia.

Claroscuros
El secretario de Articulación, Marcos Corach, fue uno de los primeros funcionarios del Poder Ejecutivo en opinar sobre la sanción de la ley de Presupuesto. "Que se haya votado la ley del presupuesto provincial es una buena noticia. Que se haya ninguneado en dicha ley al Plan Incluir es una mala. Un plan de 4.000 millones de pesos destinados a los barrios y las vecinas y vecinos más necesitados es un plan muy importante". Enseguida añadió que "Incluir es el plan que busca dar respuestas a los 365 municipios y comunas en base a un criterio de equidad del que el Plan Abre carecía. Podíamos discutirlo, mejorarlo y entre todos arribar al mejor plan posible. Pero desconocerlo así, rápidamente, no parece una buena decisión".

Postura oficial
Gonnet participó la semana pasada de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Diputados donde presentó el mensaje de Ley de Acción Climática Provincial que el gobierno provincial ingresó a la Legislatura para considerarlo con los proyectos de los proyectos de legisladores.
"Nuestro proyecto propone acción, territorio y transversalidad; y además tiene el objetivo de popularizar la temática", dijo Gonnet .
"La única forma de lograr una acción concreta, de mitigar los efectos y adaptar los territorios al cambio climático, es hacerlo entre todos; dándole un rol protagonista a las juventudes como lo impulsamos con la mesa que llevamos adelante desde el Ministerio desde hace unos meses, y contando con la participación de intendentes y presidentes comunales. En esta temática, la sociedad está avanzada por sobre el rol de la clase política; tenemos que estar a la altura de las demandas y entender que debemos avanzar fuertemente para resolver estas problemáticas porque, como lo vengo diciendo, la acción climática es ahora", agregó.
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