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Media sanción para la “Emergencia climática” en la Argentina
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El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara la “Emergencia climática” en la Argentina
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
También aprobó un proyecto que fija “obligaciones concretas” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Senado aprobó esta tarde y giró a la cámara de Diputados un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático, al tiempo que declaró la "Emergencia climática y ecológica" en el territorio argentino.
El proyecto "establece herramientas para que la Argentina se adapte al cambio climático y fija obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", precisó el senador Fernando "Pino" Solanas, impulsor de la iniciativa.
Por su parte, la declaración de "Emergencia climática y ecológica" en la Argentina fue propuesta por la agrupación "Jóvenes por el clima" y tras ser impulsada por Solanas, recibió el aval de la Cámara alta.
“La consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza y las condiciones climáticas son brutales. Hay una suerte de resistencia que no acepta que el cambio climático es la mayor amenaza que tiene hoy la humanidad. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas, dijo el legislador.
El aval del Senado se da luego de distintas movilizaciones de jóvenes para exigirle a los gobernantes "medidas concretas" de lucha contra el cambio climático. La más importante se dio en marzo, frente al Congreso: por primera vez de modo organizado, chicos y chicas de entre 13 y 25 años se movilizaron para reclamar medidas urgentes que eviten la destrucción del ambiente.
El proyecto aprobado por el Senado, en esa línea, busca establecer estrategias y medidas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas.
"Somos el 17° país en declarar la Emergencia Climática y Ecológica y el primero en Latinoamérica. Estoy muy emocionado porque hoy pudimos sacar estos dos proyectos con los cuales trabajamos muy intensamente", agregó Solanas.
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Denuncia en justicia para que no se usen ríos para el fracking
Piden no uso de ríos para el fracking
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Patagonia
Un ciudadano de Patagones presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma por el uso del agua de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado para realizar el proceso de fractura hidráulica. La acción es por la posible comisión del delito de contaminación de las cuencas.
Según informó el portal Agencia Digital de Noticias, el 13 de junio la Fiscalía Federal de Viedma recibió la denuncia de Elvio Mendioroz para investigar y llegar a una conclusión que podría ser, entre otras, una medida cautelar contra las empresas que trabajan en Río Negro y Neuquén, especialmente en Vaca Muerta.
«No estamos planteando frenar el fracking sino evitar que se haga con agua, con el agua de las cuencas de nuestros ríos», planteó Mendioroz en diálogo con la radio de FM El Rayo, de la ciudad de Viedma. «Agua por petróleo, no», sentenció el vecino, quien reflexionó que «el agua en esencia y prioridad es fuente de vida y para la vida, no más».
Mendioroz planteó que el uso del agua de ríos para fractura hidráulica afecta el principio de «incongruencia» que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El derrame de agua de producción ocurrido a fines de junio en el yacimiento mendocino de Cerro Mollar alcanzó los 4.000 litros, según confirmó el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El líquido llegó hasta el arroyo El Alamo, que es un cauce que no está conectado con el río Atuel, como se informó en primer término.
Jorge Fernández, jefe de Zona de Riego de Irrigación en Malargüe, fue quien brindó detalles sobre el incidente e informó que se aplicará una multa a la empresa Phoenix, operadora del yacimiento.
Fernández explicó que «cuando se extrae el petróleo, viene con cierta cantidad de agua, entonces a través de un proceso se separa esa agua, que es un resto que queda, se vuelve a inyectar al estrato del cual ha sido extraído, a través de unos pozos inyectores». El agua llega a los pozos inyectores a través de unas conducciones y en una de esas hubo una pinchadura que produjo un derrame estimado en aproximadamente 4 mil litros».
El líquido derramado llegó al arroyo El Manzano, que es afluente de El Alamo. «Para la actividad petrolera es un incidente de carácter medio por el volumen derramado, pero para nosotros, si bien no se puede determinar con exactitud cuánto de esos 4 mil litros llegaron hasta el arroyo, es una situación grave», indicó el inspector. Para despejar dudas, Fernández contestó que «el arroyo El Alamo no tiene nada que ver con el río Atuel, por eso la actuación sobre el incidente pertenece a la cuenca del río Malargüe».
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Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Patagonia
Un ciudadano de Patagones presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma por el uso del agua de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado para realizar el proceso de fractura hidráulica. La acción es por la posible comisión del delito de contaminación de las cuencas.
Según informó el portal Agencia Digital de Noticias, el 13 de junio la Fiscalía Federal de Viedma recibió la denuncia de Elvio Mendioroz para investigar y llegar a una conclusión que podría ser, entre otras, una medida cautelar contra las empresas que trabajan en Río Negro y Neuquén, especialmente en Vaca Muerta.
«No estamos planteando frenar el fracking sino evitar que se haga con agua, con el agua de las cuencas de nuestros ríos», planteó Mendioroz en diálogo con la radio de FM El Rayo, de la ciudad de Viedma. «Agua por petróleo, no», sentenció el vecino, quien reflexionó que «el agua en esencia y prioridad es fuente de vida y para la vida, no más».
Mendioroz planteó que el uso del agua de ríos para fractura hidráulica afecta el principio de «incongruencia» que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El derrame de agua de producción ocurrido a fines de junio en el yacimiento mendocino de Cerro Mollar alcanzó los 4.000 litros, según confirmó el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El líquido llegó hasta el arroyo El Alamo, que es un cauce que no está conectado con el río Atuel, como se informó en primer término.
Jorge Fernández, jefe de Zona de Riego de Irrigación en Malargüe, fue quien brindó detalles sobre el incidente e informó que se aplicará una multa a la empresa Phoenix, operadora del yacimiento.
Fernández explicó que «cuando se extrae el petróleo, viene con cierta cantidad de agua, entonces a través de un proceso se separa esa agua, que es un resto que queda, se vuelve a inyectar al estrato del cual ha sido extraído, a través de unos pozos inyectores». El agua llega a los pozos inyectores a través de unas conducciones y en una de esas hubo una pinchadura que produjo un derrame estimado en aproximadamente 4 mil litros».
El líquido derramado llegó al arroyo El Manzano, que es afluente de El Alamo. «Para la actividad petrolera es un incidente de carácter medio por el volumen derramado, pero para nosotros, si bien no se puede determinar con exactitud cuánto de esos 4 mil litros llegaron hasta el arroyo, es una situación grave», indicó el inspector. Para despejar dudas, Fernández contestó que «el arroyo El Alamo no tiene nada que ver con el río Atuel, por eso la actuación sobre el incidente pertenece a la cuenca del río Malargüe».
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Agroquímicos: alerta en Entre Ríos por modificación de norma
Bordet firmaría esta semana la nueva reglamentación para aplicar agrotóxicos
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El nuevo decreto que modificaría las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos alrededor de escuelas rurales, está listo para ser firmado por el gobernador Gustavo Bordet. Así lo adelantó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en una visita a Gualeguaychú. “Estamos a la espera de la firma del gobernador”, dijo a R2820.
Cabe recordar que el miércoles pasado, productores convocados por la Mesa de Enlace de Entre Ríos se movilizaron hasta el ingreso Túnel Subfluvial para reclamar "una medida superadora" por parte del Ejecutivo.
"En el nuevo decreto ha trabajado mucho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y también el ministerio de Economía a través del área de Producción. El secretario Álvaro Gabás fue quién estuvo trabajando en la letra de la nueva reglamentación y ha buscado apoyatura de las universidades, organismos tecnológicos y formados científicamente en el tema como INTA", sumó.
Al respecto, Rodríguez Signes informó: "El proyecto del nuevo decreto fue elaborado por mi persona, sobre la base de muchos informes que pedimos, de información recabada con datos científicos y entrevistas con profesionales del tema. Hicimos lo mejor que pudimos y, como todo decreto, llevará la firma del Gobernador y del ministro del área, en este caso, es el ministro de Economía Hugo Ballay porque la Secretaría de Producción depende de esa cartera".
También el fiscal de Estado ratificó que "esta semana el gobernador tendrá el decreto en su despacho seguro", aunque reconoció: "No sé si lo firmará inmediatamente". Luego agregó que las distancias son un "tema sensible y prefiero que el mandatario tenga primero la información como corresponde".
Rodríguez Signes confió que el criterio general del decreto "radica en intensificar los controles en el uso de los plaguicidas. Para establecer las distancias se tuvieron en cuenta todos los trabajos del INTA sobre las derivas y las distancias propuestas exceden las que están contenidas en las buenas prácticas agrícolas".
En paralelo, Romero recalcó que lo fundamental pasa por las medidas de control sobre las aplicaciones, el registro de las máquinas y empresas aplicadoras, los productos usados y sobre todo la emisión de las recetas agronómicas. "Los controles de parte del Estado provincial deben ser eficientes", expuso.
La ministra adelantó que "creo que el gobernador Gustavo Bordet estará firmando el decreto esta semana. Yo estuve la semana pasada interesada en la cuestión y me dijeron que estaba terminándose. Se esperaba un informe del Ministerio de Salud y la ministra Sonia Velázquez me dijo que ya estaba cumplimentado".
Cabe destacar que continúa vigente el fallo que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de distancia de las escuelas rurales, para las terrestres, y a menos de tres mil metros para las aéreas. Así lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) -en base al fallo del camarista Oscar Benedetto- declarando la nulidad del decreto 4407 previamente emitido por la Gobernación.
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Córdoba: empresas no quieren cumplir con normativa ambiental
El G-6 pide reabrir la discusión sobre la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Vaca Muerta: la justicia ordena informar el impacto
La Justicia ordenó a YPF informar sobre el impacto ambiental de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Cba24N
Provincia/Región: Neuquén
La Jueza Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal, hizo lugar a la acción presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y ordenó a YPF a que en el plazo de 30 días hábiles brinde la información de carácter ambiental vinculada a las actividades que dicha empresa ejecuta en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén.
La demanda se inició luego de que la fundación solicitara en dos oportunidades la información referida, en el marco de lo normado por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental, negándose la empresa a brindarla bajo el fundamento de que se encuentra alcanzada por la excepción que rige para las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.
En la sentencia, la Jueza destaca la importancia del derecho de acceso a la información pública, el que resulta trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática; y, sobre el derecho de acceso a la información ambiental en particular, sostiene que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la protección del medio ambiente, en su triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Cba24N
Provincia/Región: Neuquén
La Jueza Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal, hizo lugar a la acción presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y ordenó a YPF a que en el plazo de 30 días hábiles brinde la información de carácter ambiental vinculada a las actividades que dicha empresa ejecuta en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén.
La demanda se inició luego de que la fundación solicitara en dos oportunidades la información referida, en el marco de lo normado por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental, negándose la empresa a brindarla bajo el fundamento de que se encuentra alcanzada por la excepción que rige para las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.
En la sentencia, la Jueza destaca la importancia del derecho de acceso a la información pública, el que resulta trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática; y, sobre el derecho de acceso a la información ambiental en particular, sostiene que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la protección del medio ambiente, en su triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad.
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La Corte falló a favor de la conservación de humedales
La Corte frenó megaproyecto inmobiliario por cuestiones ambientales
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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Entre Ríos: agro movilizado por limitante a fumigaciones
Entre Ríos: 300 productores se movilizaron contra una restricción a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Unos 300 productores se concentraron hoy en el acceso al túnel Paraná-Santa Fe en reclamo por un fallo judicial que limita las aplicaciones de agroquímicos en Entre Ríos.
"La medida buscó visualizar el reclamo de cientos de productores que han quedado sin posibilidades de producir sus establecimientos debido a un fallo que excluye de aplicar agroquímicos en un radio de 1000 y 3000 metros (para aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente) alrededor de las escuelas rurales", dijo Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
La provincia tiene 1095 escuelas rurales y, según el dirigente, la restricción significa que solo para aplicaciones terrestres más de 300.000 hectáreas quedarán totalmente improductivas. "Buscamos que el Ejecutivo provincial saque un pronto decreto reglamentado distancias y se pueda trabajar como en cualquier otra provincia", indicó.
"Los tiempos biológicos del campo no son los mismos que los tiempos de la justicia y la política. Estamos convencidos que nos asiste la ciencia, la técnica, el INTA, el Sensasa, el informe de los cuatro Ministerios de la Nación (los exMinisterios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia avanzaron en un documento con recomendaciones para aplicar), la legislación comparada y el sentido común. En ningún lugar del mundo existen estas zonas de exclusión con semejantes distancias", remarcó el ruralista.
"El sector debe producir en forma sustentable, es decir sustentable económica, social y ambiental, y con estos fallos es imposible que así sea", agregó.
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La Pampa, Glifosato y casos juducializados
Glifosato prohibido: en Chubut sí, en La Pampa no
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Chubut se convirtió en la primera provincia que prohíbe oficialmente la venta, fabricación y utilización de glifosato. En La Pampa el Poder Judicial dejó un caso testigo de la contaminación en el olvido.
Hace tan solo algunos días, la provincia del sur argentino, a través de un decreto de su gobernador, Mariano Arcioni, promulgó la ley provincial que prohíbe el uso de ese agroquímico en todo su territorio. Más al norte, en la provincia de La Pampa un vecino de Guatraché, Héctor Rolando, ex diputado provincial del PJ y dos veces intendente, no encuentra eco en la Justicia para su denuncia contra el reelecto Intendente de Cambiemos Jorge Arrese, al que acusa de «utilizar de manera ilegal e irregular el herbicida Glifosato de Monsanto (Bayer) poniendo en riesgo la salud de la población».
La acusación apuntó a que la comuna «utiliza el pesticida en mochilas de fumigación del personal municipal sin barbijos ni control de dosis incumpliendo la ley provincial 1173». Sin embargo, la desidia judicial hace que los habitantes de La Pampa se enfrenten a diario a contratistas y productores por fumigaciones en áreas rurales y periurbanas. Aquí se sabe que hay innumerables proyectos de organizaciones intermedias a punto de ingresar a la Legislatura, que ahora se acelerarán.
Guatraché en la mira
En La Pampa el caso más sensible sucede en Guatraché y refiere a la salud de la esposa del litigante. En la denuncia se afirma que es de público conocimiento que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC sigla inglesa), que depende de la OMS, incorporó al glifosato en la lista de sustancias carcinógenas para humanos desde 2015.
La cónyuge de Rolando es atendida en un centro de salud santarroseño. Al iniciar la consulta médica, el profesional que la atendió le consultó si tenía contacto con pesticidas o glifosato. Le llamaban la atención las manchas aparecidas en un pulmón, las cuales podían advertirse gracias a las tomografías que le habían practicado a la paciente. El fiscal que interviene en la investigación, Juan Bautista Méndez, solicitó al Sanatorio Santa Rosa la historia clínica de la mujer, pero al parecer no avanzó más allá de eso.
En Argentina ya son doce los municipios que aprobaron ordenanzas que prohíben el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato -clave para el cultivo de soja transgénica- bajo sus jurisdicciones. El diputado provincial Darío Hernández presentó hace poco un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extendería dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Denuncias y desmentidas
En el expediente, caratulado «MPF c/Arrese, Sergio, Rolando Héctor (denunciante) s/investigación preliminar», el fiscal consultó al jefe comunal si en la localidad existía alguna ordenanza que regulara el uso de fertilizantes en el radio urbano y si la comuna había comprado el agroquímico (glifosato). Si esto era así, el fiscal pidió que se respondiera si se hizo por licitación privada y cuáles eran los datos del proveedor.
La presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Fantini, al igual que el intendente Arrese informaron al Ministerio Público Fiscal que no poseían ordenanza regulatoria del uso de glifosato en el radio urbano. Sin embargo, el 10 de mayo de 2013 el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 508/13, cuyo artículo 2º dice: «Queda prohibido en todo el ejido urbano, a partir de promulgación de ordenanza, circular, estacionar y depositar máquinas de fumigación, ya sea en espacios libres o cerrados cargados de agroquímicos».
En su artículo 4º, la norma explicita que «la fumigación terrestre solo está permitida a partir de los mil metros del límite del ejido urbano». Pero además, el 10 de agosto de 2006, Guatraché adhirió a la Ley 1914, Ambiental Provincial. En el expediente aparece la factura 868 del 3 de noviembre de 2017 de la firma Agronomía Guatraché donde surge que la comuna adquirió 40 bidones Glifosato Action Full y Glifosato Magnum Súper II.
Un TIP de otro país
El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) por intermedio del juez Pablo Balaguer no hizo lugar al recurso de apelación luego de que el juez achense Héctor Freigedo confirmara que Rolando no podía constituirse como querellante particular en la causa donde denunció el presunto uso ilegal y almacenamiento del agroquímico glifosato por parte del municipio guatrachense.
El magistrado de General Acha consideró que Rolando carecía de «legitimación» porque los delitos investigados tenían «como bienes jurídicos afectados a la salud pública y/o a la administración pública», por lo que el denunciante no revestía el carácter de ofendido penalmente. La defensa, en manos de Guillermo Galcerán, sostuvo que «si bien dichas figuras (penales) en ‘forma primordial’ protegen bienes jurídicos como la administración o salud pública, ello en modo alguno impide que esas mismas conductas investigadas afecten otros bienes jurídicos distintos pero también protegidos por el Código Penal; los que eventualmente facultaría la intervención del titular de ese bien jurídico como querellante particular».
Los hechos denunciados no solo afectan bienes sino la salud personal e integridad física del denunciante, por lo cual hay dos ofendidos penalmente por dicho delito. Balaguer, al rechazar la apelación, argumentó que la investigación aún no está formalizada, no existiendo calificación jurídica de los hechos investigados.
Insólitamente, el TIP falló además que, «más allá de los bienes jurídicos que se ven afectados por la calificación provisoria que podrían tener los hechos, no se reconoce que Rolando haya subsidiariamente visto vulnerado de forma directa y real alguno de sus derechos hasta este estado del proceso».
Realmente, en épocas donde tanto en el país y en el mundo estos casos son considerados de alta prioridad y celeridad para ser tratados, al parecer aquí deberán atravesar innumerables pasos jurídicos en medio de daños colaterales de alta gravedad para la salud de nuestros comprovincianos.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Chubut se convirtió en la primera provincia que prohíbe oficialmente la venta, fabricación y utilización de glifosato. En La Pampa el Poder Judicial dejó un caso testigo de la contaminación en el olvido.
Hace tan solo algunos días, la provincia del sur argentino, a través de un decreto de su gobernador, Mariano Arcioni, promulgó la ley provincial que prohíbe el uso de ese agroquímico en todo su territorio. Más al norte, en la provincia de La Pampa un vecino de Guatraché, Héctor Rolando, ex diputado provincial del PJ y dos veces intendente, no encuentra eco en la Justicia para su denuncia contra el reelecto Intendente de Cambiemos Jorge Arrese, al que acusa de «utilizar de manera ilegal e irregular el herbicida Glifosato de Monsanto (Bayer) poniendo en riesgo la salud de la población».
La acusación apuntó a que la comuna «utiliza el pesticida en mochilas de fumigación del personal municipal sin barbijos ni control de dosis incumpliendo la ley provincial 1173». Sin embargo, la desidia judicial hace que los habitantes de La Pampa se enfrenten a diario a contratistas y productores por fumigaciones en áreas rurales y periurbanas. Aquí se sabe que hay innumerables proyectos de organizaciones intermedias a punto de ingresar a la Legislatura, que ahora se acelerarán.
Guatraché en la mira
En La Pampa el caso más sensible sucede en Guatraché y refiere a la salud de la esposa del litigante. En la denuncia se afirma que es de público conocimiento que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC sigla inglesa), que depende de la OMS, incorporó al glifosato en la lista de sustancias carcinógenas para humanos desde 2015.
La cónyuge de Rolando es atendida en un centro de salud santarroseño. Al iniciar la consulta médica, el profesional que la atendió le consultó si tenía contacto con pesticidas o glifosato. Le llamaban la atención las manchas aparecidas en un pulmón, las cuales podían advertirse gracias a las tomografías que le habían practicado a la paciente. El fiscal que interviene en la investigación, Juan Bautista Méndez, solicitó al Sanatorio Santa Rosa la historia clínica de la mujer, pero al parecer no avanzó más allá de eso.
En Argentina ya son doce los municipios que aprobaron ordenanzas que prohíben el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato -clave para el cultivo de soja transgénica- bajo sus jurisdicciones. El diputado provincial Darío Hernández presentó hace poco un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extendería dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Denuncias y desmentidas
En el expediente, caratulado «MPF c/Arrese, Sergio, Rolando Héctor (denunciante) s/investigación preliminar», el fiscal consultó al jefe comunal si en la localidad existía alguna ordenanza que regulara el uso de fertilizantes en el radio urbano y si la comuna había comprado el agroquímico (glifosato). Si esto era así, el fiscal pidió que se respondiera si se hizo por licitación privada y cuáles eran los datos del proveedor.
La presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Fantini, al igual que el intendente Arrese informaron al Ministerio Público Fiscal que no poseían ordenanza regulatoria del uso de glifosato en el radio urbano. Sin embargo, el 10 de mayo de 2013 el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 508/13, cuyo artículo 2º dice: «Queda prohibido en todo el ejido urbano, a partir de promulgación de ordenanza, circular, estacionar y depositar máquinas de fumigación, ya sea en espacios libres o cerrados cargados de agroquímicos».
En su artículo 4º, la norma explicita que «la fumigación terrestre solo está permitida a partir de los mil metros del límite del ejido urbano». Pero además, el 10 de agosto de 2006, Guatraché adhirió a la Ley 1914, Ambiental Provincial. En el expediente aparece la factura 868 del 3 de noviembre de 2017 de la firma Agronomía Guatraché donde surge que la comuna adquirió 40 bidones Glifosato Action Full y Glifosato Magnum Súper II.
Un TIP de otro país
El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) por intermedio del juez Pablo Balaguer no hizo lugar al recurso de apelación luego de que el juez achense Héctor Freigedo confirmara que Rolando no podía constituirse como querellante particular en la causa donde denunció el presunto uso ilegal y almacenamiento del agroquímico glifosato por parte del municipio guatrachense.
El magistrado de General Acha consideró que Rolando carecía de «legitimación» porque los delitos investigados tenían «como bienes jurídicos afectados a la salud pública y/o a la administración pública», por lo que el denunciante no revestía el carácter de ofendido penalmente. La defensa, en manos de Guillermo Galcerán, sostuvo que «si bien dichas figuras (penales) en ‘forma primordial’ protegen bienes jurídicos como la administración o salud pública, ello en modo alguno impide que esas mismas conductas investigadas afecten otros bienes jurídicos distintos pero también protegidos por el Código Penal; los que eventualmente facultaría la intervención del titular de ese bien jurídico como querellante particular».
Los hechos denunciados no solo afectan bienes sino la salud personal e integridad física del denunciante, por lo cual hay dos ofendidos penalmente por dicho delito. Balaguer, al rechazar la apelación, argumentó que la investigación aún no está formalizada, no existiendo calificación jurídica de los hechos investigados.
Insólitamente, el TIP falló además que, «más allá de los bienes jurídicos que se ven afectados por la calificación provisoria que podrían tener los hechos, no se reconoce que Rolando haya subsidiariamente visto vulnerado de forma directa y real alguno de sus derechos hasta este estado del proceso».
Realmente, en épocas donde tanto en el país y en el mundo estos casos son considerados de alta prioridad y celeridad para ser tratados, al parecer aquí deberán atravesar innumerables pasos jurídicos en medio de daños colaterales de alta gravedad para la salud de nuestros comprovincianos.
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Cofema trabaja en la tipificación de los delitos ambientales
Avanza tratamiento de tipificación de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Glaciares: Hensel intenta tranquilizar a la Cámara Minera
Ley de Glaciares: Minería intenta llevar calma a las empresas
Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Entre Ríos: Cambiemos impulsa otro proyecto sobre pesticidas
Impulsan un proyecto de ley alternativo sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La iniciativa del bloque opositor ya tiene estado parlamentario. La norma provincial sería genérica y se complementaría con legislación municipal.
El bloque de senadores de Cambiemos presentó el lunes ante productores, en el salón de la parroquia San José de la ciudad de Crespo, un proyecto alternativo de ley de fitosanitarios. Con ello, la bancada opositora intenta aportar una solución al conflicto generado en torno a las fumigaciones con agroquímicos, que tuvo un punto de mayor virulencia por el rechazo de sectores productivos al fallo judicial que estableció que dichas aplicaciones no puedan realizarse a menos de 1.000 metros de las escuelas, si se trata de fumigación terrestre; y a no menos de 3.000 metros si la fumigación es aérea.
El encuentro fue convocado por entidades del sector agropecuario.
El proyecto fue presentado los senadores Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Francisco Morchio (Gualeguay), Beltrán Lora (Nogoyá), Raymundo Kisser (Paraná), Omar Schild (Diamante), Miguel Piana (Federación) y Roque Ferrari (Victoria).
En los fundamentos se indica que a raíz de que existen varios proyectos de ley que fueron tratados a lo largo de los últimos años, sin poder culminar con una sanción que regule la materia, “es necesario regular y acordar la sanción de una legislación sobre los fitosanitarios en Entre Ríos, con la premisa de cumplir con lo que establece la Constitución provincial de que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto todos los habitantes deben vivir en un ambiente sano y equilibrado”.
Premisas rectoras
Se establecen tres premisas que regulan la iniciativa: protección de la salud humana, protección de los recursos naturales y protección de la producción agrícola.
“A estos valores protegidos, se le suma la incorporación de dos principios rectores: 1) Integración de sistemas ecológicos y económicos; 2) Tratamiento responsable y equilibrado de los valores protegidos”, se indica en la propuesta.
Los legisladores recordaron que “entre los años 2016 y 2018 se trabajó en una comisión bicameral, compuesta por senadores y diputados de todos los bloques políticos y en función de ello se convocó a representantes de todos los sectores, públicos y privados, y se recibieron sus aportes, los cuales fueron debidamente analizados e integrados al anteproyecto de origen”, consignó APF.
“En función de ello, propiciamos que la norma provincial, contenga un marco de principios que sirvan de disposiciones generales tanto a la autoridad de aplicación como a los gobiernos municipales, para mediante su reglamentación, ordenanzas y decretos, ajustar la práctica de las actividades comprendidas en su regulación; lo suficientemente abierta para contemplar tanto las particularidades geográficas del territorio provincial, como el avasallante avance tecnológico cuya velocidad pone en riesgo de convertir en letra muerta o inservible cualquier disposición restrictiva o cerrada en la realidad actual”, se indicó.
Igualmente organismos del gobierno provincial trabajan en un nuevo decreto para regular la aplicación de plaguicidas, de acuerdo a lo que anticipó a mediados de junio el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
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Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La iniciativa del bloque opositor ya tiene estado parlamentario. La norma provincial sería genérica y se complementaría con legislación municipal.
El bloque de senadores de Cambiemos presentó el lunes ante productores, en el salón de la parroquia San José de la ciudad de Crespo, un proyecto alternativo de ley de fitosanitarios. Con ello, la bancada opositora intenta aportar una solución al conflicto generado en torno a las fumigaciones con agroquímicos, que tuvo un punto de mayor virulencia por el rechazo de sectores productivos al fallo judicial que estableció que dichas aplicaciones no puedan realizarse a menos de 1.000 metros de las escuelas, si se trata de fumigación terrestre; y a no menos de 3.000 metros si la fumigación es aérea.
El encuentro fue convocado por entidades del sector agropecuario.
El proyecto fue presentado los senadores Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Francisco Morchio (Gualeguay), Beltrán Lora (Nogoyá), Raymundo Kisser (Paraná), Omar Schild (Diamante), Miguel Piana (Federación) y Roque Ferrari (Victoria).
En los fundamentos se indica que a raíz de que existen varios proyectos de ley que fueron tratados a lo largo de los últimos años, sin poder culminar con una sanción que regule la materia, “es necesario regular y acordar la sanción de una legislación sobre los fitosanitarios en Entre Ríos, con la premisa de cumplir con lo que establece la Constitución provincial de que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto todos los habitantes deben vivir en un ambiente sano y equilibrado”.
Premisas rectoras
Se establecen tres premisas que regulan la iniciativa: protección de la salud humana, protección de los recursos naturales y protección de la producción agrícola.
“A estos valores protegidos, se le suma la incorporación de dos principios rectores: 1) Integración de sistemas ecológicos y económicos; 2) Tratamiento responsable y equilibrado de los valores protegidos”, se indica en la propuesta.
Los legisladores recordaron que “entre los años 2016 y 2018 se trabajó en una comisión bicameral, compuesta por senadores y diputados de todos los bloques políticos y en función de ello se convocó a representantes de todos los sectores, públicos y privados, y se recibieron sus aportes, los cuales fueron debidamente analizados e integrados al anteproyecto de origen”, consignó APF.
“En función de ello, propiciamos que la norma provincial, contenga un marco de principios que sirvan de disposiciones generales tanto a la autoridad de aplicación como a los gobiernos municipales, para mediante su reglamentación, ordenanzas y decretos, ajustar la práctica de las actividades comprendidas en su regulación; lo suficientemente abierta para contemplar tanto las particularidades geográficas del territorio provincial, como el avasallante avance tecnológico cuya velocidad pone en riesgo de convertir en letra muerta o inservible cualquier disposición restrictiva o cerrada en la realidad actual”, se indicó.
Igualmente organismos del gobierno provincial trabajan en un nuevo decreto para regular la aplicación de plaguicidas, de acuerdo a lo que anticipó a mediados de junio el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
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Chubut: Nación insiste con la minería
El macrismo insiste con la minería en Chubut
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobierno de Mauricio Macri tiene dos prioridades extractivas en el país: Vaca Muerta y la minería. No cesa en su intento de quebrar la vigencia de la legislación que prohíbe la minería en Chubut y sigue mostrando las "potencialidades" de los yacimientos Navidad y Suyai, además de los de uranio.
Mauricio Macri ofreció en Canadá la explotación minera del yacimiento Suyai (Esquel) y ahora aparece en catastro minero provincial según lo hizo público el sitio No a la Mina, que denunció que “solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”.
En la reciente publicación denominada “Agregan a Chubut al catastro minero unificado”, el No a la Mina denunció que “Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
Según informa el portal de noticias El Extremo Sur, allí aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y “comunidades de pueblos originarios”.
Quebrar la resistencia
La avanzada minera macrista se propone quebrar la resistencia minera chubutense, busca todos los resquicios posibles para gambetear la legislación que prohíbe la actividad en la provincia. Ya embistió de todas las maneras posibles para lograr algo de licencia social, pero hasta el momento no consiguió hacer avanzar ninguno de sus ambiciosos intentos.
La sociedad chubutense en su mayoría rechaza las explotaciones mineras en la provincia. El resquicio se abrió desde distintos sectores políticos. El gobernador Mariano Arcioni aparece a la cabeza de las estrategias que buscan una aprobación, pero buena parte de la oposición está en sintonía con el oficialismo.
El gobierno provincial aceptó el desembarco de funcionarios nacionales para impulsar la minería en la Meseta Central. Sin embargo, ese posicionamiento no resultaba rentable en materia electoral y los candidatos prefirieron guardar su coincidencia con el macrismo para evitar cualquier tipo de pérdida de votos.
El lobby pro minero sigue hiperactivo, pero se topó con la misma resistencia mayoritaria que en marzo de 2003 se le paró de manos a la avanzada minera.
Agazapado, violando las leyes que deniegan la minería en Chubut, y acompañando al empresariado que busca quebrantar la férrea voluntad popular -que desde Esquel se proyectó como un ejemplo de resistencia dentro y fuera del país- el macrismo sigue impulsando el desarrollo minero en la provincia. De allí que haya incluido los proyectos Navidad, Suyai y los de uranio en el catastro minero y mantenga la misma tesitura de prepotencia, como cuando los ofertó en la feria mundial de minería efectuada en Canadá el año pasado.
Nuevas estrategias y más recursos
“La avanzada megaminera del gobierno nacional se encuentra con el rechazo de las poblaciones que se verán afectadas. Es por ello que la cuestionada actividad debe repensarse continuamente y buscar estrategias para intentar doblegar las resistencias. Cada vez son más los recursos que las empresas destinan para buscar la necesaria licencia social, sin la cual pueden ver frustrados sus intentos de saqueo como ya han demostrado numerosos pueblos de Argentina y Latinoamérica”, sintetizó el artículo de No a la Mina.
Los ambientalistas expresaron que el macrismo sumó este año a la Argentina en la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI por sus siglas en inglés), que se autodefine como un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
La novedad es que el Estado Nacional se propone como garante de esta transparencia. Es por ello que tras la inclusión este año de nuestro país como miembro, la Secretaría de Minería lanzó el Catastro Minero Unificado, junto a la Oficina Anticorrupción. Se puede encontrar en el flamante sitio web del “Centro de Información Minera de Argentina” y ofrece datos sobre las empresas, los precios, los tratados internacionales, las leyes y los proyectos mineros.
“La información geográfica se ofrece cargada sobre una imagen satelital, en la que se pueden elegir las distintas capas con información de interés. Se puede tildar la opción del padrón de establecimientos mineros, así como discriminar los proyectos según su estado o bien por mineral. La Secretaría de Minería no discrimina en provincias mineras o aquellas que prohíben la actividad: Mendoza estuvo desde el comienzo y recientemente sumaron a la provincia del Chubut.
Así, por ejemplo, aparece el Proyecto Suyai (Cordón Esquel-Yamana Gold), el Proyecto Navidad (norte de la meseta chubutense-Pan American Silver) y cuatro proyectos de uranio. Estos proyectos, cuando se los busca según su estado, aparecen como en Evaluación Económica: solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”, denunció No a la Mina.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobierno de Mauricio Macri tiene dos prioridades extractivas en el país: Vaca Muerta y la minería. No cesa en su intento de quebrar la vigencia de la legislación que prohíbe la minería en Chubut y sigue mostrando las "potencialidades" de los yacimientos Navidad y Suyai, además de los de uranio.
Mauricio Macri ofreció en Canadá la explotación minera del yacimiento Suyai (Esquel) y ahora aparece en catastro minero provincial según lo hizo público el sitio No a la Mina, que denunció que “solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”.
En la reciente publicación denominada “Agregan a Chubut al catastro minero unificado”, el No a la Mina denunció que “Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
Según informa el portal de noticias El Extremo Sur, allí aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y “comunidades de pueblos originarios”.
Quebrar la resistencia
La avanzada minera macrista se propone quebrar la resistencia minera chubutense, busca todos los resquicios posibles para gambetear la legislación que prohíbe la actividad en la provincia. Ya embistió de todas las maneras posibles para lograr algo de licencia social, pero hasta el momento no consiguió hacer avanzar ninguno de sus ambiciosos intentos.
La sociedad chubutense en su mayoría rechaza las explotaciones mineras en la provincia. El resquicio se abrió desde distintos sectores políticos. El gobernador Mariano Arcioni aparece a la cabeza de las estrategias que buscan una aprobación, pero buena parte de la oposición está en sintonía con el oficialismo.
El gobierno provincial aceptó el desembarco de funcionarios nacionales para impulsar la minería en la Meseta Central. Sin embargo, ese posicionamiento no resultaba rentable en materia electoral y los candidatos prefirieron guardar su coincidencia con el macrismo para evitar cualquier tipo de pérdida de votos.
El lobby pro minero sigue hiperactivo, pero se topó con la misma resistencia mayoritaria que en marzo de 2003 se le paró de manos a la avanzada minera.
Agazapado, violando las leyes que deniegan la minería en Chubut, y acompañando al empresariado que busca quebrantar la férrea voluntad popular -que desde Esquel se proyectó como un ejemplo de resistencia dentro y fuera del país- el macrismo sigue impulsando el desarrollo minero en la provincia. De allí que haya incluido los proyectos Navidad, Suyai y los de uranio en el catastro minero y mantenga la misma tesitura de prepotencia, como cuando los ofertó en la feria mundial de minería efectuada en Canadá el año pasado.
Nuevas estrategias y más recursos
“La avanzada megaminera del gobierno nacional se encuentra con el rechazo de las poblaciones que se verán afectadas. Es por ello que la cuestionada actividad debe repensarse continuamente y buscar estrategias para intentar doblegar las resistencias. Cada vez son más los recursos que las empresas destinan para buscar la necesaria licencia social, sin la cual pueden ver frustrados sus intentos de saqueo como ya han demostrado numerosos pueblos de Argentina y Latinoamérica”, sintetizó el artículo de No a la Mina.
Los ambientalistas expresaron que el macrismo sumó este año a la Argentina en la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI por sus siglas en inglés), que se autodefine como un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
La novedad es que el Estado Nacional se propone como garante de esta transparencia. Es por ello que tras la inclusión este año de nuestro país como miembro, la Secretaría de Minería lanzó el Catastro Minero Unificado, junto a la Oficina Anticorrupción. Se puede encontrar en el flamante sitio web del “Centro de Información Minera de Argentina” y ofrece datos sobre las empresas, los precios, los tratados internacionales, las leyes y los proyectos mineros.
“La información geográfica se ofrece cargada sobre una imagen satelital, en la que se pueden elegir las distintas capas con información de interés. Se puede tildar la opción del padrón de establecimientos mineros, así como discriminar los proyectos según su estado o bien por mineral. La Secretaría de Minería no discrimina en provincias mineras o aquellas que prohíben la actividad: Mendoza estuvo desde el comienzo y recientemente sumaron a la provincia del Chubut.
Así, por ejemplo, aparece el Proyecto Suyai (Cordón Esquel-Yamana Gold), el Proyecto Navidad (norte de la meseta chubutense-Pan American Silver) y cuatro proyectos de uranio. Estos proyectos, cuando se los busca según su estado, aparecen como en Evaluación Económica: solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”, denunció No a la Mina.
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Entre Ríos: los productores vuelven a protestar
Productores de Entre Ríos vuelven a movilizarse por la prohibición de la aplicación de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos anunciaron una movilización para el próximo miércoles 10 de julio, a partir de las 9.30 hasta el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis en la ciudad de Paraná.
El motivo de la marcha es para que las autoridades provinciales y judiciales anulen la prohibición que rige para limitar el área de aplicación de productos fitosanitarios en las proximidades de establecimientos educativos ubicados en las áreas rurales.
En la actualidad está vigente el fallo de la justicia provincial que estableció prohibiciones a distancias de 3.000 y 1.000 metros para la utilización de agroquímicos mediante aplicaciones aéreas y terrestres, respectivamente.
Esta situación ha provocado el malestar de los productores entrerrianos, que afirman que no pueden sembrar más de 300 mil hectáreas en toda la provincia -al menos no con insumos químicos- como lo hacían hasta ahora.
Desde el sector productivo se indicó que la imposibilidad de utilizar este tipo de tecnología traba el desarrollo de producciones tales como cítricos, trigo, arroz, lechería, carne, forestación y avicultura, entre otras.
Productores en "Alerta y Movilización"
La realización de la movilización del próximo miércoles, que cuenta con el aval de las entidades que conforman la Mesa de Enlace provincial, fue aprobada durante una asamblea de productores de toda la provincia de Entre Ríos que se reunieron el pasado lunes en la localidad de Crespo.
Luego de casi cuatro horas de exposiciones y debates, los ruralistas dispusieron marchar por las rutas de toda la provincia hasta el acceso al Túnel que une las ciudades de Paraná con Santa Fe donde, sin realizar un corte de tránsito, entregarán volantes con el reclamo a los ciudadanos para concientizar sobre esta difícil situación que afecta a casi el 20% de las tierras productivas del territorio provincial.
Diferentes entidades del ruralismo de Entre Ríos desde hace semanas están en "estado de alerta y movilización" como parte de sus reclamos de una definición en la reglamentación requerida para cumplir con las de aplicaciones de fitosanitarios por parte de las autoridades provinciales, a cuenta de las limitaciones impuestas por vía de la Justicia de la mencionada provincia.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos anunciaron una movilización para el próximo miércoles 10 de julio, a partir de las 9.30 hasta el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis en la ciudad de Paraná.
El motivo de la marcha es para que las autoridades provinciales y judiciales anulen la prohibición que rige para limitar el área de aplicación de productos fitosanitarios en las proximidades de establecimientos educativos ubicados en las áreas rurales.
En la actualidad está vigente el fallo de la justicia provincial que estableció prohibiciones a distancias de 3.000 y 1.000 metros para la utilización de agroquímicos mediante aplicaciones aéreas y terrestres, respectivamente.
Esta situación ha provocado el malestar de los productores entrerrianos, que afirman que no pueden sembrar más de 300 mil hectáreas en toda la provincia -al menos no con insumos químicos- como lo hacían hasta ahora.
Desde el sector productivo se indicó que la imposibilidad de utilizar este tipo de tecnología traba el desarrollo de producciones tales como cítricos, trigo, arroz, lechería, carne, forestación y avicultura, entre otras.
Productores en "Alerta y Movilización"
La realización de la movilización del próximo miércoles, que cuenta con el aval de las entidades que conforman la Mesa de Enlace provincial, fue aprobada durante una asamblea de productores de toda la provincia de Entre Ríos que se reunieron el pasado lunes en la localidad de Crespo.
Luego de casi cuatro horas de exposiciones y debates, los ruralistas dispusieron marchar por las rutas de toda la provincia hasta el acceso al Túnel que une las ciudades de Paraná con Santa Fe donde, sin realizar un corte de tránsito, entregarán volantes con el reclamo a los ciudadanos para concientizar sobre esta difícil situación que afecta a casi el 20% de las tierras productivas del territorio provincial.
Diferentes entidades del ruralismo de Entre Ríos desde hace semanas están en "estado de alerta y movilización" como parte de sus reclamos de una definición en la reglamentación requerida para cumplir con las de aplicaciones de fitosanitarios por parte de las autoridades provinciales, a cuenta de las limitaciones impuestas por vía de la Justicia de la mencionada provincia.
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Indagatoria por contaminación de la papelera de La Plata
Indagarán a responsables de una papelera de La Plata acusados de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Corrientes: dos policías cazando ciervos de los pantanos
Corrientes: detienen a dos policías por cazar una especie en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 08/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Corrientes
Los dos hombres estaban acompañados por un tercer cazador y llevaban en sus vehículos tres ciervos de los pantanos, una especie declarada Monumento Natural de la provincia del noreste.
Tres cazadores, dos de ellos policías, fueron detenidos en el departamento correntino de General Paz por cazar ciervos de los pantanos, una especie protegida en peligro de extinción, confirmó hoy el director de Recursos Naturales de la provincia, Carlos Bacqué.
El funcionario brindó detalles del reciente operativo conjunto realizado por personal de Flora y Fauna, efectivos de la Policía provincial y de Gendarmería Nacional, en el que también secuestraron armas, vehículos y tres ciervos muertos.
"Es el resultado de un trabajo que veníamos haciendo desde hace rato, teníamos datos de que venía ocurriendo. No son cazadores, son delincuentes", dijo a Radio Dos.
Bacqué subrayó que "lo más grave es que las especies que fueron capturadas son ciervos de los pantanos, que están en extinción. No tiene nombre lo que hicieron", lamentó.
Los cazadores furtivos fueron visualizados en una zona rural cercana a Caá Catí y de ellos dos eran efectivos de la policía provincial y cumplían tareas en la ciudad de Corrientes.
"Vamos a iniciar un proceso penal. No me va a temblar el pulso para pedir para ellos la multa más alta que pueda aplicarse", afirmó el funcionario respecto a los detenidos, que anoche recuperaron la libertad.
Según detalló, presentaron "una denuncia penal, más el acta de infracción", por lo que la pena será "una suma muy importante de dinero?, que por la ley las multas puede llegar a "mil veces el sueldo más alto" en el área de Recursos Naturales.
"No me va a temblar el pulso en pedir esa multa más alta", aseveró Blacqué.
El ciervo de los pantanos es una especie en peligro en extinción declarada Monumento Natural de Corrientes mediante el decreto provincial 1.555/92, que declara veda total y permanente para su caza en toda su jurisdicción.
También está incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas contemplada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. de La Rioja.
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Fecha de Publicación: 08/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Corrientes
Los dos hombres estaban acompañados por un tercer cazador y llevaban en sus vehículos tres ciervos de los pantanos, una especie declarada Monumento Natural de la provincia del noreste.
Tres cazadores, dos de ellos policías, fueron detenidos en el departamento correntino de General Paz por cazar ciervos de los pantanos, una especie protegida en peligro de extinción, confirmó hoy el director de Recursos Naturales de la provincia, Carlos Bacqué.
El funcionario brindó detalles del reciente operativo conjunto realizado por personal de Flora y Fauna, efectivos de la Policía provincial y de Gendarmería Nacional, en el que también secuestraron armas, vehículos y tres ciervos muertos.
"Es el resultado de un trabajo que veníamos haciendo desde hace rato, teníamos datos de que venía ocurriendo. No son cazadores, son delincuentes", dijo a Radio Dos.
Bacqué subrayó que "lo más grave es que las especies que fueron capturadas son ciervos de los pantanos, que están en extinción. No tiene nombre lo que hicieron", lamentó.
Los cazadores furtivos fueron visualizados en una zona rural cercana a Caá Catí y de ellos dos eran efectivos de la policía provincial y cumplían tareas en la ciudad de Corrientes.
"Vamos a iniciar un proceso penal. No me va a temblar el pulso para pedir para ellos la multa más alta que pueda aplicarse", afirmó el funcionario respecto a los detenidos, que anoche recuperaron la libertad.
Según detalló, presentaron "una denuncia penal, más el acta de infracción", por lo que la pena será "una suma muy importante de dinero?, que por la ley las multas puede llegar a "mil veces el sueldo más alto" en el área de Recursos Naturales.
"No me va a temblar el pulso en pedir esa multa más alta", aseveró Blacqué.
El ciervo de los pantanos es una especie en peligro en extinción declarada Monumento Natural de Corrientes mediante el decreto provincial 1.555/92, que declara veda total y permanente para su caza en toda su jurisdicción.
También está incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas contemplada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. de La Rioja.
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Antenas: localidades no pueden ordenar traslados
Las comunas no pueden ordenar traslados de antenas celulares
Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Cuenca Salí-Dulce: indagatoria a directivos de empresas
Citarán a directivo y funcionarios por vuelcos cloacales en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revocó el sobreseimiento y ordenó la indagatoria del extitular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales, la querellante particular Elba Ledesma advirtió que la planta San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que se vuelcan al curso hídrico.
Ledesma que junto con el fiscal general federal Gustavo Gómez apeló la resolución en primera instancia que había favorecido a Calvo, señaló que el fallo de la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña cite a dar explicaciones ante la Justicia las actuales autoridades de la SAT y del ente controlador del servicio.
La mujer, vecina de la zona donde está la planta San Felipe de tratamiento de líquidos cloacales, apuntó que también la Cámara pide que se realice un nuevo relevamiento en los barrios colindantes por parte del Ministerio de Salud. También, que la Secretaría de Ambiente y la Gendarmería, realicen informes sobre los vuelcos que realiza la SAT en la cuenca.
Como se recordará, la Cámara Federal había revocado el fallo que sobreseyó a Calvo, extitular de la SAT, considerando que carecía de fundamentos. Al respecto, señaló en su fallo ya que no se tuvieron en cuenta los informes del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, que mostraban que los efluentes no cumplían con los parámetros legales del tratamiento debido.
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Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revocó el sobreseimiento y ordenó la indagatoria del extitular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales, la querellante particular Elba Ledesma advirtió que la planta San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que se vuelcan al curso hídrico.
Ledesma que junto con el fiscal general federal Gustavo Gómez apeló la resolución en primera instancia que había favorecido a Calvo, señaló que el fallo de la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña cite a dar explicaciones ante la Justicia las actuales autoridades de la SAT y del ente controlador del servicio.
La mujer, vecina de la zona donde está la planta San Felipe de tratamiento de líquidos cloacales, apuntó que también la Cámara pide que se realice un nuevo relevamiento en los barrios colindantes por parte del Ministerio de Salud. También, que la Secretaría de Ambiente y la Gendarmería, realicen informes sobre los vuelcos que realiza la SAT en la cuenca.
Como se recordará, la Cámara Federal había revocado el fallo que sobreseyó a Calvo, extitular de la SAT, considerando que carecía de fundamentos. Al respecto, señaló en su fallo ya que no se tuvieron en cuenta los informes del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, que mostraban que los efluentes no cumplían con los parámetros legales del tratamiento debido.
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Riachuelo: el gobierno reprobó el saneamiento
“El gobierno reprobó en la gestión por el saneamiento”
Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: Noticiario Sur
Provincia/Región: Riachuelo
Se ha convocado a una nueva audiencia por el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en esta oportunidad por ACUMAR. El contrapunto histórico se basó en la ausencia de funcionarios de peso en las instancias convocadas por la justicia. Hablamos con Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las audiencias que eran convocadas desde la Justicia tenían el objetivo que los funcionarios rindieran cuentas ante la corte y revisar planes específicos. “Esta audiencia no se sabe para qué es”, señala Nápoli. Adicionalmente, se hace en un contexto de campaña electoral en un “orden de bastardeo a las instituciones”. Las críticas que pueda recibir en esta consulta no van a cambiar el plan de saneamiento ya aprobado.
“La situación de este proceso demuestra que no está todo bien”, explica el referente. Esta es una política de Estado que se somete a una instancia electoral con la evaluación de un proceso sumamente deficitario. “Los organismos prefieren que se hable mal de estos procesos a que no se hable”, estima Nápoli.
A cuatro años de esta instancia donde la Corte Suprema de justicia de la Nación obligó a las diferentes administraciones el ordenamiento para el saneamiento cloacal del Riachuelo, y que hoy, es la única obra pública que el FMI no ha podido suspender. “Pese a esto el reprobado es bastante grande para esta gestión”, califica Nápoli, “un saneamiento como el de la Cuenca Matanza – Riachuelo no es solo una obra pública, es un proceso mucho más complejo”. Nápoli señala que hay falta de conocimiento, hay ignorancia y una notoria incapacidad de vincular procesos complejos, como la pobreza producto de deficitarias condiciones de salud, hábitat y contaminación que afectan la calidad de la salud de las personas sometidas a estas condiciones. Estos temas fructifican a largo plazo y las gestiones de turno no se hacen cargo del esfuerzo y la tarea necesaria.
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Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: Noticiario Sur
Provincia/Región: Riachuelo
Se ha convocado a una nueva audiencia por el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en esta oportunidad por ACUMAR. El contrapunto histórico se basó en la ausencia de funcionarios de peso en las instancias convocadas por la justicia. Hablamos con Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las audiencias que eran convocadas desde la Justicia tenían el objetivo que los funcionarios rindieran cuentas ante la corte y revisar planes específicos. “Esta audiencia no se sabe para qué es”, señala Nápoli. Adicionalmente, se hace en un contexto de campaña electoral en un “orden de bastardeo a las instituciones”. Las críticas que pueda recibir en esta consulta no van a cambiar el plan de saneamiento ya aprobado.
“La situación de este proceso demuestra que no está todo bien”, explica el referente. Esta es una política de Estado que se somete a una instancia electoral con la evaluación de un proceso sumamente deficitario. “Los organismos prefieren que se hable mal de estos procesos a que no se hable”, estima Nápoli.
A cuatro años de esta instancia donde la Corte Suprema de justicia de la Nación obligó a las diferentes administraciones el ordenamiento para el saneamiento cloacal del Riachuelo, y que hoy, es la única obra pública que el FMI no ha podido suspender. “Pese a esto el reprobado es bastante grande para esta gestión”, califica Nápoli, “un saneamiento como el de la Cuenca Matanza – Riachuelo no es solo una obra pública, es un proceso mucho más complejo”. Nápoli señala que hay falta de conocimiento, hay ignorancia y una notoria incapacidad de vincular procesos complejos, como la pobreza producto de deficitarias condiciones de salud, hábitat y contaminación que afectan la calidad de la salud de las personas sometidas a estas condiciones. Estos temas fructifican a largo plazo y las gestiones de turno no se hacen cargo del esfuerzo y la tarea necesaria.
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Desbaratan banda que traficaba animales en peligro
Bahía Blanca: descubren a una banda que se dedicada a comercializar animales en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 01/07/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay cuatro detenidos. Iban a comercializar tucanes, cardenales amarillos, rojos zorzales, búhos, lechuzas, loros norteños y brasileros, erizos africanos, loros varias especies y colores y calandrias, por medio millón de pesos. Mirá el video
Cuatro hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una banda dedicada a la comercialización clandestina de especies exóticas en extinción en múltiples allanamientos realizados en Bahía Blanca que dejaron como saldo el secuestro de 280 animales silvestres, informaron fuentes policiales.
La investigación y las detenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Casos Especiales, que depende de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, con el apoyo de Gendarmería Nacional.
De acuerdo a la pesquisa, se calcula que en el tráfico ilegal los animales secuestrados pueden costar aproximadamente medio millón de pesos.
Los apresados, que tienen 26, 27, 50 y 78 años, fueron atrapados tras varios operativos desarrollados en la ciudad de Bahía Blanca.
Según se informó, se incautaron 280 animales. Entre ellos se destacan Tucanes, Cardenales Amarillos, Rojos Zorzales, Búhos, Lechuzas, Loros Norteño y Brasileros, Erizos Africanos, Loros varias especies y colores y Calandrias.
“Muchos de ellos son exóticos y están en peligro de extinción. Además, algunos son traídos desde el exterior”, dijo un jefe policial que intervino en los procedimientos, quien agregó que “los animales y aves estaban en condiciones deplorables”.
Los investigadores allanaron dos domicilios, tras una denuncia anónima, donde los imputados tenían a los ejemplares en “cautiverio” antes de comercializarlos.
Interviene la UFI N° 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que abrió una causa por infracción a las leyes 22.421 y 14346 (Comercialización de especies exóticas en extinción).
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