Mostrando entradas con la etiqueta industrias - empresas - economía. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta industrias - empresas - economía. Mostrar todas las entradas
Empresa forestal apoya la conservación de ciervo
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Arauco apoya programa de conservación que logró aumentar la población del Ciervo de los Pantanos en la zona del Delta del Paraná
Fecha de Publicación: 03/04/2019
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional
La gran empresa forestal implementa variadas estrategias de conservación de biodiversidad en sus predios forestales, en un trabajo conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales, lo que permitió como resultado un aumento de la densidad poblacional de la especie muy por encima de las existencias en otras áreas del delta del Paraná. El Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus) es una especie de la fauna silvestre que, al igual que el yaguareté en el Norte del país, está en la categoría de “Vulnerable” o “Peligro de Extinción”.
El Ciervo de los Pantanos posee una suma de destacadas características a considerar: es el mayor cérvido de América, superando los 100 kilogramos y es considerada una “especie paraguas” para la conservación de un sitio de valor de conservación. “Son especies conexas con la conservación, ya que, protegiéndolas, se resguardan de forma indirecta a muchas otras especies que componen la comunidad de su hábitat”, explicaron responsables del programa de conservación en convivencia con las actividades productivas de Arauco Argentina.
El establecimiento Oasis, perteneciente a la empresa, es uno de los sitios en los cuales en la actualidad se registran y observa a esta especie en peligro de extinción en Argentina y declarada Monumento Natural (Ley N °12.209), máxima protección legal que la Provincia de Buenos Aires otorga a una especie silvestre.
“Arauco se suma a la iniciativa, en primer lugar, con la implementación de variadas estrategias de conservación de biodiversidad en sus predios forestales, que permitió como resultado un aumento de la densidad poblacional de la especie muy por encima de las existencias en otras áreas del delta del Paraná”, explicaron desde la compañía.
El trabajo de conservación incluiría iniciativas para desarrollar numerosos proyectos de investigación, entre los que se destaca el Proyecto Pantano, cuyo objetivo principal es sentar las bases de un plan de conservación para la especie.
“La información que se genera en el marco del Proyecto Pantano permite establecer protocolos de manejo forestal compatible con la conservación de la especie, definir corredores biológicos y actividades de restauración de vegetación, monitorear tendencias poblacionales y así diseñar estrategias de producción sostenible”, detallaron los responsable del proyecto.
Del Proyecto Pantano participan investigadores del Conicet y el INTA, ONGs ambientalistas, productores y empresas forestales, un ambicioso proyecto de investigación que pretende sentar las bases de un plan de conservación para la especie en el Delta del Paraná.
“Arauca”, un sello de conservación
En este contexto, desde la empresa forestal indicaron que la iniciativa permite por ejemplo, seguir el paso de “Arauca”, una ejemplar hallada en 2016. Desde entonces y gracias a un collar de rastreado satelital, se pudo recolectar importante información sobre la ecología espacial de la especie y sobre cómo es su interacción con la matriz forestal.
“Arauca nos enseñó cómo su especie percibe el hábitat dominado por forestaciones y qué peligros debe enfrentar en el entorno permitiendo así ampliar el compromiso con la protección de la especie. A tres años de que comenzó su seguimiento, Arauca se convirtió en un símbolo de lo que puede lograrse cuando la producción y la conservación van de la mano”, indicaron en la comunicación con la prensa desde la compañía.
Producción y conservación
Bernardo Hauri, subgerente de Sustentabilidad y Desarrollo de la compañía forestal señaló: “Podemos decir con gran orgullo, que en su mayoría, los Ciervos del Delta se hallan en los predios forestales, por lo cual, las iniciativas destinadas a su protección deben incluir necesariamente su interacción con las plantaciones. Sin duda, una clara validación para quienes creemos que se puede producir conservando”, consideró el directivo.
Sostuvo que la empresa está comprometida “en forma activa” con la preservación del Ciervo de los Pantanos, actuando también como agente comunicador de la importancia de la conservación para la comunidad, abriendo las puertas de sus predios, facilitando el monitoreo y estudio de los ejemplares de la especie y el control de la caza furtiva, siendo esto último, la mayor amenaza presente, indicó.
Para aunar esfuerzos y promover el desarrollo de la especie en la zona se conformó en el año 2012 el Comité Científico Técnico del Ciervo de los Pantanos, integrado por pobladores, productores, organismos públicos y privados, y otras instituciones de referencia en materia de conservación y producción como: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Fundación Temaikén, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Reserva de Biosfera Delta del Paraná (MAB-UNESCO -Municipio de San Fernando-, Municipio de Tigre, Dirección de Fauna Nación (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), Fundación de Historia Natural Félix de Azara, entre otras.
“Al formar parte del Comité Ciervo de los Pantanos, Arauco tiene la capacidad de implementar un protocolo de acción rápida ante la aparición de los animales heridos, enfermos o en situación de cautiverio, buscando siempre conseguir su reinserción en el hábitat natural”, explicaron.
En este marco, se estableció un corral de pre-suelta en un predio de la empresa. “Allí, los especialistas pueden observar a los ciervos recuperados en el hospital veterinario de la Fundación Temaikén durante un período previo a su liberación. Gracias a la existencia de este espacio, ya se han podido liberar 4 ejemplares: Yasí, Valiente, Alem y Primavera”, concluyeron muestra del principal éxito obtenido.
.
Fecha de Publicación: 03/04/2019
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional
La gran empresa forestal implementa variadas estrategias de conservación de biodiversidad en sus predios forestales, en un trabajo conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales, lo que permitió como resultado un aumento de la densidad poblacional de la especie muy por encima de las existencias en otras áreas del delta del Paraná. El Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus) es una especie de la fauna silvestre que, al igual que el yaguareté en el Norte del país, está en la categoría de “Vulnerable” o “Peligro de Extinción”.
El Ciervo de los Pantanos posee una suma de destacadas características a considerar: es el mayor cérvido de América, superando los 100 kilogramos y es considerada una “especie paraguas” para la conservación de un sitio de valor de conservación. “Son especies conexas con la conservación, ya que, protegiéndolas, se resguardan de forma indirecta a muchas otras especies que componen la comunidad de su hábitat”, explicaron responsables del programa de conservación en convivencia con las actividades productivas de Arauco Argentina.
El establecimiento Oasis, perteneciente a la empresa, es uno de los sitios en los cuales en la actualidad se registran y observa a esta especie en peligro de extinción en Argentina y declarada Monumento Natural (Ley N °12.209), máxima protección legal que la Provincia de Buenos Aires otorga a una especie silvestre.
“Arauco se suma a la iniciativa, en primer lugar, con la implementación de variadas estrategias de conservación de biodiversidad en sus predios forestales, que permitió como resultado un aumento de la densidad poblacional de la especie muy por encima de las existencias en otras áreas del delta del Paraná”, explicaron desde la compañía.
El trabajo de conservación incluiría iniciativas para desarrollar numerosos proyectos de investigación, entre los que se destaca el Proyecto Pantano, cuyo objetivo principal es sentar las bases de un plan de conservación para la especie.
“La información que se genera en el marco del Proyecto Pantano permite establecer protocolos de manejo forestal compatible con la conservación de la especie, definir corredores biológicos y actividades de restauración de vegetación, monitorear tendencias poblacionales y así diseñar estrategias de producción sostenible”, detallaron los responsable del proyecto.
Del Proyecto Pantano participan investigadores del Conicet y el INTA, ONGs ambientalistas, productores y empresas forestales, un ambicioso proyecto de investigación que pretende sentar las bases de un plan de conservación para la especie en el Delta del Paraná.
“Arauca”, un sello de conservación
En este contexto, desde la empresa forestal indicaron que la iniciativa permite por ejemplo, seguir el paso de “Arauca”, una ejemplar hallada en 2016. Desde entonces y gracias a un collar de rastreado satelital, se pudo recolectar importante información sobre la ecología espacial de la especie y sobre cómo es su interacción con la matriz forestal.
“Arauca nos enseñó cómo su especie percibe el hábitat dominado por forestaciones y qué peligros debe enfrentar en el entorno permitiendo así ampliar el compromiso con la protección de la especie. A tres años de que comenzó su seguimiento, Arauca se convirtió en un símbolo de lo que puede lograrse cuando la producción y la conservación van de la mano”, indicaron en la comunicación con la prensa desde la compañía.
Producción y conservación
Bernardo Hauri, subgerente de Sustentabilidad y Desarrollo de la compañía forestal señaló: “Podemos decir con gran orgullo, que en su mayoría, los Ciervos del Delta se hallan en los predios forestales, por lo cual, las iniciativas destinadas a su protección deben incluir necesariamente su interacción con las plantaciones. Sin duda, una clara validación para quienes creemos que se puede producir conservando”, consideró el directivo.
Sostuvo que la empresa está comprometida “en forma activa” con la preservación del Ciervo de los Pantanos, actuando también como agente comunicador de la importancia de la conservación para la comunidad, abriendo las puertas de sus predios, facilitando el monitoreo y estudio de los ejemplares de la especie y el control de la caza furtiva, siendo esto último, la mayor amenaza presente, indicó.
Para aunar esfuerzos y promover el desarrollo de la especie en la zona se conformó en el año 2012 el Comité Científico Técnico del Ciervo de los Pantanos, integrado por pobladores, productores, organismos públicos y privados, y otras instituciones de referencia en materia de conservación y producción como: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Fundación Temaikén, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Reserva de Biosfera Delta del Paraná (MAB-UNESCO -Municipio de San Fernando-, Municipio de Tigre, Dirección de Fauna Nación (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), Fundación de Historia Natural Félix de Azara, entre otras.
“Al formar parte del Comité Ciervo de los Pantanos, Arauco tiene la capacidad de implementar un protocolo de acción rápida ante la aparición de los animales heridos, enfermos o en situación de cautiverio, buscando siempre conseguir su reinserción en el hábitat natural”, explicaron.
En este marco, se estableció un corral de pre-suelta en un predio de la empresa. “Allí, los especialistas pueden observar a los ciervos recuperados en el hospital veterinario de la Fundación Temaikén durante un período previo a su liberación. Gracias a la existencia de este espacio, ya se han podido liberar 4 ejemplares: Yasí, Valiente, Alem y Primavera”, concluyeron muestra del principal éxito obtenido.
.
Vaca Muerta y la desigualdad analizada por científicos
La 'desigualdad' en Vaca Muerta, en la lupa de científicos
Fecha de Publicación: 02/04/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Conicet financiará a 70 investigadores de la UNCo para abordar un estudio durante cinco años.
La panorámica de la ciudad desde una torre de 100 metros de altura no se parece en nada a la vista en los barrios. En la cordillera, los que viven de la nieve, nada tienen que ver con ese Neuquén profundo y criancero. Y en las grandes ciudades, la industria petrolera generó una grieta donde la economía parece estar a esa medida.
La desigualdad en toda la zona de influencia de Vaca Muerta ya es materia de discusión entre investigadores y científicos del país. La hipótesis de los contrastes económicos, turísticos y urbanos tendrá ahora un respaldo científico.
Es que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) aprobó un proyecto de unos 70 investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), entre profesores y becarios, para el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs).
En el estudio se relevarán las disputas por el poder territorial, la resistencia de las organizaciones sociales y los mensajes publicitarios, entre otros abordajes tanto en Neuquén como en Río Negro.
El proyecto se titula “La (re) producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” y tendrá una duración de cinco años con un presupuesto de 5 millones de pesos.
La iniciativa quedó segunda el año pasado en los proyectos que financia el Conicet.
Las tres dimensiones
La hipótesis de la desigualdad está a la vista para muchos: los contrastes entre el desarrollo inmobiliario y los barrios periféricos, la migración de la economía a la extracción de gas y petróleo en detrimento de las demás, y un atractivo turístico enfocado hacia las zonas más ricas de las provincias.
La iniciativa teórica, que busca hacer un aporte en un momento caliente por el desarrollo de la economía a través de la industria de los hidrocarburos, es materia de discusión permanente en los ámbitos académicos, pero ahora se formalizó a través del Conicet.
La investigación tiene tres ejes territoriales definidos: la puja del uso de suelo residencial y agrícola en los valles de los ríos Limay y Neuquén; zonas turísticas que desarrollan su economía en conflicto con sus tradiciones culturales y los llamados “territorios de enclave”, donde hay tensiones entre la visión extractiva y la ambiental de la sociedad.
“Estas tres configuraciones territoriales son las más dinámicas de la región. Es un estudio exploratorio que tiene como objetivo generar un diagnóstico sobre el impacto que todas estas actividades tienen en la producción de la desigualdad. Lo vamos a hacer en términos interdisciplinarios”, explicó a LM Neuquén Joaquín Perren, doctor en Historia y responsable científico del proyecto en cuestión.
El estudio limitará su universo de investigación desde finales de la década de los 80 a la actualidad. Es decir, abarca desde las crisis sociales que tuvo Neuquén a finales de los 90 (Cutral Co) hasta el auge de Vaca Muerta a partir de 2012.
“El tema de la parte extractiva es específicamente neuquina, las otras dos son mixtas pero con predominancia en el territorio de Neuquén”, agregó el investigador.
El proyecto también tendrá un fuerte respaldo de otros estudios que durante años vienen realizando académicos de la región.
“Hay investigadores de la UNCo y del Conicet, y venimos peleando esto desde 2016”, concluyó.
.
Fecha de Publicación: 02/04/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Conicet financiará a 70 investigadores de la UNCo para abordar un estudio durante cinco años.
La panorámica de la ciudad desde una torre de 100 metros de altura no se parece en nada a la vista en los barrios. En la cordillera, los que viven de la nieve, nada tienen que ver con ese Neuquén profundo y criancero. Y en las grandes ciudades, la industria petrolera generó una grieta donde la economía parece estar a esa medida.
La desigualdad en toda la zona de influencia de Vaca Muerta ya es materia de discusión entre investigadores y científicos del país. La hipótesis de los contrastes económicos, turísticos y urbanos tendrá ahora un respaldo científico.
Es que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) aprobó un proyecto de unos 70 investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), entre profesores y becarios, para el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs).
En el estudio se relevarán las disputas por el poder territorial, la resistencia de las organizaciones sociales y los mensajes publicitarios, entre otros abordajes tanto en Neuquén como en Río Negro.
El proyecto se titula “La (re) producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” y tendrá una duración de cinco años con un presupuesto de 5 millones de pesos.
La iniciativa quedó segunda el año pasado en los proyectos que financia el Conicet.
Las tres dimensiones
La hipótesis de la desigualdad está a la vista para muchos: los contrastes entre el desarrollo inmobiliario y los barrios periféricos, la migración de la economía a la extracción de gas y petróleo en detrimento de las demás, y un atractivo turístico enfocado hacia las zonas más ricas de las provincias.
La iniciativa teórica, que busca hacer un aporte en un momento caliente por el desarrollo de la economía a través de la industria de los hidrocarburos, es materia de discusión permanente en los ámbitos académicos, pero ahora se formalizó a través del Conicet.
La investigación tiene tres ejes territoriales definidos: la puja del uso de suelo residencial y agrícola en los valles de los ríos Limay y Neuquén; zonas turísticas que desarrollan su economía en conflicto con sus tradiciones culturales y los llamados “territorios de enclave”, donde hay tensiones entre la visión extractiva y la ambiental de la sociedad.
“Estas tres configuraciones territoriales son las más dinámicas de la región. Es un estudio exploratorio que tiene como objetivo generar un diagnóstico sobre el impacto que todas estas actividades tienen en la producción de la desigualdad. Lo vamos a hacer en términos interdisciplinarios”, explicó a LM Neuquén Joaquín Perren, doctor en Historia y responsable científico del proyecto en cuestión.
El estudio limitará su universo de investigación desde finales de la década de los 80 a la actualidad. Es decir, abarca desde las crisis sociales que tuvo Neuquén a finales de los 90 (Cutral Co) hasta el auge de Vaca Muerta a partir de 2012.
“El tema de la parte extractiva es específicamente neuquina, las otras dos son mixtas pero con predominancia en el territorio de Neuquén”, agregó el investigador.
El proyecto también tendrá un fuerte respaldo de otros estudios que durante años vienen realizando académicos de la región.
“Hay investigadores de la UNCo y del Conicet, y venimos peleando esto desde 2016”, concluyó.
.
Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
.
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
.
Extrañas actividades de la Yamana Gold
El intendente González fustigó contra la minera Yamana Gold
Fecha de Publicación: 16/03/2019
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz
La llegada de vuelos privados al aeropuerto y las sospechas de algunos vecinos de que la firma que explota el Yacimiento Cerro Moro, ubicado a unos 80 km de Puerto Deseado, estaría sacando lingotes de oro, causó revuelo en la ciudad portuaria
En un acalorado discurso efectuado en el marco del inicio de las sesiones legislativas, el intendente Gustavo González le pidió a la minera “que deje de entrar por el patio trasero”, al
referirse a la seguidilla de vuelos privados con motivos, por el momento, desconocidos para la autoridades que efectuó la operadora a la localidad portuaria.
El mandatario no se anduvo con vueltas al señalar que Yamana Gold “le está faltando el respeto a la comunidad” al no brindar información sobre los vuelos privados que aterrizan en el aeropuerto local.
“Le pido a Yamana Gold que deje de entrar por el patio trasero de Puerto Deseado y empiece a entrar por la puerta grande. Ellos no nos pueden desconocer, les pedimos la mayor responsabilidad y que no nos falten el respeto, que tengan más acercamiento a la comunidad”, fustigó González.
Lingotes de oro
Cabe acotar que a través de las redes sociales numerosos vecinos aseguraron haber visto cómo se cargaban lingotes de oro en las aeronaves, aunque esto no pudo ser confirmado. Ayer, Crónica se comunicó con el gerente de Relaciones con la Comunidad de la empresa, Gastón Berardi, para saber el motivo de los vuelos, pero el funcionario no se encontraba en la localidad y dijo desconocer el motivo del enojo del mandatario municipal.
.
Fecha de Publicación: 16/03/2019
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz
La llegada de vuelos privados al aeropuerto y las sospechas de algunos vecinos de que la firma que explota el Yacimiento Cerro Moro, ubicado a unos 80 km de Puerto Deseado, estaría sacando lingotes de oro, causó revuelo en la ciudad portuaria
En un acalorado discurso efectuado en el marco del inicio de las sesiones legislativas, el intendente Gustavo González le pidió a la minera “que deje de entrar por el patio trasero”, al
referirse a la seguidilla de vuelos privados con motivos, por el momento, desconocidos para la autoridades que efectuó la operadora a la localidad portuaria.
El mandatario no se anduvo con vueltas al señalar que Yamana Gold “le está faltando el respeto a la comunidad” al no brindar información sobre los vuelos privados que aterrizan en el aeropuerto local.
“Le pido a Yamana Gold que deje de entrar por el patio trasero de Puerto Deseado y empiece a entrar por la puerta grande. Ellos no nos pueden desconocer, les pedimos la mayor responsabilidad y que no nos falten el respeto, que tengan más acercamiento a la comunidad”, fustigó González.
Lingotes de oro
Cabe acotar que a través de las redes sociales numerosos vecinos aseguraron haber visto cómo se cargaban lingotes de oro en las aeronaves, aunque esto no pudo ser confirmado. Ayer, Crónica se comunicó con el gerente de Relaciones con la Comunidad de la empresa, Gastón Berardi, para saber el motivo de los vuelos, pero el funcionario no se encontraba en la localidad y dijo desconocer el motivo del enojo del mandatario municipal.
.
Buenos Aires, la más atractiva para las renovables
La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de atractivo para invertir en energías renovables
Fecha de Publicación: 14/03/2019
Fuente: Infobae
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Así se desprende de un índice elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación
¿Cómo se ubica cada provincia en el ranking de atractivo de energías renovables? Según el índice IPAR, desarrollado por Económicas de la UBA en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación, Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca cuentan con una mejor situación para atraer inversiones en materia de generación eléctrica a base de fuentes renovables de energía.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética (SSERyEE) de la Secretaría de Gobierno de Energía, Ministerio de Hacienda de la Nación, elaboró un índice para evaluar, en las distintas regiones del país, el potencial para atraer inversiones en el área de energías renovables.
Según los resultados del informe, las provincias de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca se posicionan en los primeros puestos del ranking para atraer nuevos proyectos y sus capitales asociados. Del lado opuesto, se ubican Formosa, La Pampa, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero, como las jurisdicciones en las cuales aún restan cosas por hacer en la materia.
Según Marcelo Corti, director ejecutivo del programa de colaboración académica que alcanzaron Económicas de la UBA y la SSERyEE para llevar a cabo el trabajo, que también contó con el aporte del Círculo de Políticas Ambientales (CPA): "El Índice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR) tiene el objetivo de proveer información relevante para el sector y convertirse en una referencia para la toma de decisiones de los ámbitos público y privado".
Juan Prioletta, director de Estudios Económicos y Regulatorios de la SSERyEE, agregó que "el proyecto surgió de la necesidad de sistematizar diferencias observables entre las provincias, no sólo en aspectos normativos sino también en la cantidad de proyectos presentados y adjudicados. La incógnita principal, habida cuenta de que estos proyectos requieren estabilidad y previsibilidad a largo plazo, radicaba en analizar el grado de sintonía de la regulación provincial con la nacional y la existencia de incentivos adicionales, así como el nivel de recurso energético renovable presente en cada jurisdicción. Al mismo tiempo se buscó entender si existían barreras o limitaciones para que se instalaran proyectos".
"Al avanzar en el trabajo conjunto con Económicas, el equipo fue verificando el potencial de este índice como una herramienta adicional para que cualquier actor, interesado en invertir o en desarrollar políticas públicas, pudiera tener una referencia sobre dónde empezar a mirar", indicó, y aseguró que hoy la Argentina es uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo: "Gracias a los avances alcanzados en los últimos años, el país logró posicionarse en el top ten de los más atractivos para inversiones en esta materia".
Argentina es hoy uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo
El índice IPAR, que contará con una periodicidad semestral, integra 27 variables que comprenden aspectos regulatorios, fiscales e institucionales a partir de la normativa vigente (leyes Nº 27.191 y 27.424), así como cuestiones tecnológicas, de aprovechamiento de los recursos energéticos y el desarrollo de infraestructura en cada jurisdicción.
"En esta primera edición del IPAR, el desafío más grande fue entender la instancia regulatoria, fiscal e institucional. Es decir, qué había hecho cada provincia en pos de implementar proyectos de energía renovable en su jurisdicción", explicó Corti, quien además es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo, de Económicas de la UBA. "La idea final consistió en combinar este eje de análisis con los aspectos más prácticos y de campo, como ser infraestructura, tecnología y recurso energético renovable, para determinar el atractivo de cada provincia de cara a los potenciales inversores", añadió.
Para realizar el IPAR, se combinaron dos subíndices que posicionaron a las provincias con relación a la Ley Nº 27.191, de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, y la Ley Nº 27.424, que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
La Ley Nº 27.191, que impone la meta de alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica nacional a base de fuentes renovables para el año 2025, se encuentra focalizada en los proyectos de generación de alta potencia, generalmente alejados de los centros de consumo, que producen energía para inyectar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El índice elaborado por Económicas para este segmento lo lideran Buenos Aires, Chubut, San Juan, Salta y Río Negro.
Estos proyectos consisten principalmente en grandes superficies de paneles solares o conjuntos de aerogeneradores, así como proyectos de generación a base de recursos biomásicos y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, realizados en el marco de las rondas del Programa RenovAr y el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que a la fecha registran inversiones en curso por más de USD 6.800 millones, distribuidas en 126 proyectos por un total de casi 4,6 gigavatios (GW).
Por otra parte, la Ley Nº 27.424, de Generación Distribuida abarca al 99% de los usuarios eléctricos del país que no forman parte del Mercado Eléctrico Mayorista (unos 16 millones de usuarios de tipo comercial, industrial y residencial), a quienes habilita para generar su propia energía de fuente renovable para autoconsumo, remunerando los eventuales excedentes que se inyecten a la red. Un dato que llama la atención en este segmento del indicador son las provincias que aún no adhirieron a la Ley nacional. Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Formosa, La Pampa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero se ubican entre los puestos 18 y 24, con cero puntos, sin haber registrado avances en este sentido.
Corti señaló: "En cierto modo es lógico que la Ciudad de Buenos Aires ocupe el anteúltimo puesto en términos de energía renovable de alta potencia porque no cuenta con los mismos recursos energéticos renovables que las provincias de San Juan, Jujuy, Buenos Aires o Salta, por ejemplo. Pero como contrapartida CABA sí cuenta con un gran potencial para desarrollar inversiones en el área de generación distribuida, aunque también tiene cero puntos en este subíndice, en mayor medida por la falta de institucionalización de sus políticas".
Prioletta explicó que el sector de alta potencia posee una trayectoria extendida, marcada por el programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables RenovAr, que está en marcha desde hace tres años y tiene cuatro rondas en su haber, una de ellas en curso. La Ley de Generación Distribuida, en cambio, sólo tiene un año de vida y requiere mayor involucramiento por parte de las autoridades regulatorias provinciales para su implementación.
"Dada su reciente reglamentación, esta Ley todavía no cuenta con un track-record de instalaciones. Sin embargo seis provincias ya se encuentran adheridas y en fase de implementación. Esta situación determinó que este subíndice, al menos en esta primera edición, no incluyera los aspectos relacionados con tecnologías, recursos e infraestructura de la Ley de Generación Distribuida", apuntó.
En relación al índice global IPAR (que integra los dos indicadores parciales anteriores), Corti advirtió que algunas provincias cuentan con recursos energéticos significativos como para avanzar en el desarrollo de energías renovables, pero aún no lo han hecho, como Formosa, La Pampa, Entre Ríos y Santiago del Estero.
"La Argentina tiene un gran potencial para crecer en materia de energías renovables. Si bien en los últimos años se registraron significativos e históricos avances, hay provincias que todavía deben asumir el desafío que nos propone esta nueva configuración energética, dado que resume el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental", dijo.
"Existe un conjunto de provincias en el cual está todo por hacerse y pueden ser consideradas terreno virgen para comenzar a transitar el camino hacia una matriz de generación más flexible y amigable con el ambiente. No obstante el índice se centra en mostrar en qué lugares hay más trabajo realizado al día de hoy para recibir inversiones, teniendo en cuenta las metas impuestas por la normativa vigente y la conveniencia, tanto ambiental como económica, del desarrollo de estos proyectos para el sistema en su conjunto", concluyó Prioletta.
.
Anulan absoluciones por contaminación (nuevamente)
Por segunda vez, anulan absoluciones por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
.
Fecha de Publicación: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
.
La Liga bioenergética volverá a la carga
La Liga bioenergética trabaja para una nueva ley de biocombustibles
Fecha de Publicación: 01/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las provincias productoras buscan consolidar una ley que de continuidad a las políticas de fomento para el sector.
La Liga Bioenergética, conformada por varias Provincias productoras de biocombustibles, comenzó a trabajar en la redacción de un anteproyecto de Ley que promueva la continuidad y profundice las políticas de biocombustibles enmarcadas en la Ley 26.093, cuya caducidad será el 12 de mayo de 2021.
Sancionada el 19 de abril de 2006, la Ley 26.093 (y su normativa complementaria) estableció las mezclas mínimas obligatorias de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas respectivamente que se comercializan dentro del territorio nacional. Inicialmente, la mezcla se fijó en el 5% para todos los biocombustibles a partir del primero de enero de 2010. Luego esos porcentajes fueron incrementándose hasta llegar a los valores de hoy: 10% para biodiesel y 12% para bioetanol. En este último caso, se reparte en partes iguales entre el derivado de cereal y el de caña de azúcar.
Para avanzar con el referido anteproyecto de Ley, la Liga Bioenergética designará una comisión redactora que estará integrada por cinco miembros. En diálogo con Veronica Geese, Secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, persona que coordina la agenda de esa organiación, manifestó que “se está buscando que este anteproyecto tenga un gran consenso entre todos los actores”. Destacó que “se intentará afinar aspectos técnicos, cuestiones operativas e incorporar el biogás dentro del régimen.” La política de biocombustibles ha resultado estratégica para el país. Desde su implementación, ha permitido sustituir la importación de 9 mil millones de litros de gasoil y 5 millones de litros de nafta, lo que derivó en un ahorro de divisas por un valor superior a los U$S 6 mil millones. En este lapso, las exportaciones de biodiesel treparon a 15 millones de toneladas, registrando ingresos superiores a los U$S 13 mil millones.
La producción de biodiesel es un importante sostén para los precios de la soja y su harina -el principal producto de exportación argentino. Permite absorber el 30% de la producción de aceite y evitar que se destine a un mercado prácticamente saturado. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, siendo responsable del 50% del comercio mundial, donde la mitad de sus exportaciones tienen como destino a un único país, la India.
En el NOA, el bioetanol de caña se ha convertido en un importante sustento para su principal sector, minimizando la necesidad de exportar los excedentes de azúcar a precios por debajo de los costos de producción. Similar es el caso de las zonas donde se han instalado las refinerías de maíz. La mayor demanda del cereal ha llevado a que los precios se ubiquen muy por encima de la paridad de exportación, traduciéndose en ingresos adicionales a los productores locales.
La quita de subsidios que el Estado Nacional aplicó al gasoil utilizado en el transporte de pasajeros de corta distancia desde el 1 de enero de este año ha despertado el interés por el uso voluntario de biodiesel -más baratos que sus equivalentes fósiles. Aunque la reglamentación vigente no impide el uso de mayores cortes que los establecidos para las petroleras, existe un alto grado de confusión que dificulta su implementación. Sobre este punto había comenzado a trabajar el Exsecretario Iguacel antes de su renuncia. Mientras la falta de definición de parte de la cartera de Energía se dilata, siguen apareciendo pequeñas plantas marginales sin los mínimos requisitos de higiene y seguridad. Muchas de estas iniciativas han sufrido graves incidentes, algunos hasta con víctimas fatales con este tipo de iniciativas.
Con la idea de avanzar en materia de reglamentación, representantes de La Liga Bioenergética estarán participando en marzo de una misión institucional a Brasil donde buscarán conocer en detalle la implementación del programa RenovaBio (ver una política de estado en favor de los biocombustibles en Brasil). Brasil es líder en el uso de biocombustibles en transporte, con una participación por encima del 45% de etanol en el mercado de la gasolina y del 10 % de biodiesel en el de gasoil. Habiendo introducido este biocombustible varios años más tarde que Argentina, hoy cuenta con un corte del 10%, que llegará al 15% en 2023.
El camino para instalar los biocombustibles no fue nada fácil, recuerda Claudio Molina, uno de los principales colaboradores en la redacción de la Ley 26.093. “Llevó varios años de trabajo alcanzar el consenso de todos los actores interesados, pero finalmente se logró la sanción de dicha Ley con un altísimo grado de aprobación legislativa, en un hecho histórico.” De lograr consensos dependerá el futuro de un complejo que en poco más de 10 años instaló 57 plantas - de las cuales más de 40 son pymes de capitales nacionales - en 10 provincias argentinas.
.
Fecha de Publicación: 01/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las provincias productoras buscan consolidar una ley que de continuidad a las políticas de fomento para el sector.
La Liga Bioenergética, conformada por varias Provincias productoras de biocombustibles, comenzó a trabajar en la redacción de un anteproyecto de Ley que promueva la continuidad y profundice las políticas de biocombustibles enmarcadas en la Ley 26.093, cuya caducidad será el 12 de mayo de 2021.
Sancionada el 19 de abril de 2006, la Ley 26.093 (y su normativa complementaria) estableció las mezclas mínimas obligatorias de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas respectivamente que se comercializan dentro del territorio nacional. Inicialmente, la mezcla se fijó en el 5% para todos los biocombustibles a partir del primero de enero de 2010. Luego esos porcentajes fueron incrementándose hasta llegar a los valores de hoy: 10% para biodiesel y 12% para bioetanol. En este último caso, se reparte en partes iguales entre el derivado de cereal y el de caña de azúcar.
Para avanzar con el referido anteproyecto de Ley, la Liga Bioenergética designará una comisión redactora que estará integrada por cinco miembros. En diálogo con Veronica Geese, Secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, persona que coordina la agenda de esa organiación, manifestó que “se está buscando que este anteproyecto tenga un gran consenso entre todos los actores”. Destacó que “se intentará afinar aspectos técnicos, cuestiones operativas e incorporar el biogás dentro del régimen.” La política de biocombustibles ha resultado estratégica para el país. Desde su implementación, ha permitido sustituir la importación de 9 mil millones de litros de gasoil y 5 millones de litros de nafta, lo que derivó en un ahorro de divisas por un valor superior a los U$S 6 mil millones. En este lapso, las exportaciones de biodiesel treparon a 15 millones de toneladas, registrando ingresos superiores a los U$S 13 mil millones.
La producción de biodiesel es un importante sostén para los precios de la soja y su harina -el principal producto de exportación argentino. Permite absorber el 30% de la producción de aceite y evitar que se destine a un mercado prácticamente saturado. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, siendo responsable del 50% del comercio mundial, donde la mitad de sus exportaciones tienen como destino a un único país, la India.
En el NOA, el bioetanol de caña se ha convertido en un importante sustento para su principal sector, minimizando la necesidad de exportar los excedentes de azúcar a precios por debajo de los costos de producción. Similar es el caso de las zonas donde se han instalado las refinerías de maíz. La mayor demanda del cereal ha llevado a que los precios se ubiquen muy por encima de la paridad de exportación, traduciéndose en ingresos adicionales a los productores locales.
La quita de subsidios que el Estado Nacional aplicó al gasoil utilizado en el transporte de pasajeros de corta distancia desde el 1 de enero de este año ha despertado el interés por el uso voluntario de biodiesel -más baratos que sus equivalentes fósiles. Aunque la reglamentación vigente no impide el uso de mayores cortes que los establecidos para las petroleras, existe un alto grado de confusión que dificulta su implementación. Sobre este punto había comenzado a trabajar el Exsecretario Iguacel antes de su renuncia. Mientras la falta de definición de parte de la cartera de Energía se dilata, siguen apareciendo pequeñas plantas marginales sin los mínimos requisitos de higiene y seguridad. Muchas de estas iniciativas han sufrido graves incidentes, algunos hasta con víctimas fatales con este tipo de iniciativas.
Con la idea de avanzar en materia de reglamentación, representantes de La Liga Bioenergética estarán participando en marzo de una misión institucional a Brasil donde buscarán conocer en detalle la implementación del programa RenovaBio (ver una política de estado en favor de los biocombustibles en Brasil). Brasil es líder en el uso de biocombustibles en transporte, con una participación por encima del 45% de etanol en el mercado de la gasolina y del 10 % de biodiesel en el de gasoil. Habiendo introducido este biocombustible varios años más tarde que Argentina, hoy cuenta con un corte del 10%, que llegará al 15% en 2023.
El camino para instalar los biocombustibles no fue nada fácil, recuerda Claudio Molina, uno de los principales colaboradores en la redacción de la Ley 26.093. “Llevó varios años de trabajo alcanzar el consenso de todos los actores interesados, pero finalmente se logró la sanción de dicha Ley con un altísimo grado de aprobación legislativa, en un hecho histórico.” De lograr consensos dependerá el futuro de un complejo que en poco más de 10 años instaló 57 plantas - de las cuales más de 40 son pymes de capitales nacionales - en 10 provincias argentinas.
.
El problema de la vinaza con posible solución
Con potasio, quieren poner fin al drama de la vinaza
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
.
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
.
Enojo por el corte de biocombustibles
Biocombustibles: Lamentan la decisión del Gobierno de no elevar el corte obligatorio
Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: surtidores.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Desde la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, no hubo sorpresa alguna acerca de la confirmación del Secretario de Energía de mantener el porcentaje de mezcla de componentes vegetales en el gasoil y en las naftas
Tras el anuncio del reemplazante de Javier Iguacel a dirigentes de CECHA durante una reunión mantenida la semana pasada, Claudio Molina el Director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, explicó que “a mi entender, las Cámaras que nuclean la actividad pudieron haber malinterpretado cierta intención oficial de promover un mayor uso voluntario de biocombustibles, con lo que corresponde a un aumento del corte obligatorio previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093”.
El especialista opinó que el argumento que esgrime el gobierno está vinculado a no aumentar el costo fiscal asociado al programa de biocombustible actual, restricción derivada del acuerdo del país con el FMI. “Si bien fui recibido por el Secretario y su Jefe de Asesores Patricio Pinnel el pasado 23 de enero de una manera extremadamente cordial, a priori quedó descartado que se vaya a decidir algo distinto en estos temas, al menos a cortísimo plazo”.
Consideró que la única hipótesis que puede alimentar la posibilidad que se modifiquen los cortes obligatorios en los hidrocarburos, está relacionado con un cambio de orientación de parte del Ministro de Economía Nicolás Dujovne, autorizando tan importante decisión, “pero creo que esto al menos este año, no ocurrirá, hecho que lamento, porque considero que sería muy positivo aumentar el contenido de biocombustibles en el gasoil y la nafta”, expresó.
Por otra parte, refiriéndose a ciertas noticias que se difundieron en medios del interior del país que sobre la existencia de emprendimientos particulares emparentados con la producción y abastecimiento propio de flotas de colectivos del Biodiesel al 100 por ciento, Molina llamó a tener prudencia cuando se hacen comparaciones de precios relativos y gasoil mineral, ya que se debe tomar en cuenta rigurosamente el universo de elementos de costos que deben formar parte de una sana comparación.
“La producción de biodiesel en pequeña escala efectuada en plantas no habilitadas por la Secretaría de Energía, es muy riesgosa. Normalmente en estos casos no se certifica el cumplimiento de normas de calidad, seguridad y medio ambiente”, dijo el directivo de la AABH quien se mostró contrario a la “producción marginal”.
Justificó sus dichos en que “el autoconsumo es una figura prevista en la reglamentación de la ley de biocombustibles 26.093 para los productores y cooperativas de productores agropecuarios, no para cualquier agente económico y debe desarrollarse cumplirse con la normativa en curso”.
Finalmente agregó que la cuestión de seguridad no es menor, porque hay una historia de diversos siniestros ocurridos a lo largo del tiempo con instalaciones no habilitadas.
“Corresponde la habilitación municipal, provincial pero también la nacional de la Secretaría de Energía. No se puede obviar ésta última y por lo tanto, mientras no exista, es una planta marginal”, sentenció.
.
Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: surtidores.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Desde la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, no hubo sorpresa alguna acerca de la confirmación del Secretario de Energía de mantener el porcentaje de mezcla de componentes vegetales en el gasoil y en las naftas
Tras el anuncio del reemplazante de Javier Iguacel a dirigentes de CECHA durante una reunión mantenida la semana pasada, Claudio Molina el Director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, explicó que “a mi entender, las Cámaras que nuclean la actividad pudieron haber malinterpretado cierta intención oficial de promover un mayor uso voluntario de biocombustibles, con lo que corresponde a un aumento del corte obligatorio previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093”.
El especialista opinó que el argumento que esgrime el gobierno está vinculado a no aumentar el costo fiscal asociado al programa de biocombustible actual, restricción derivada del acuerdo del país con el FMI. “Si bien fui recibido por el Secretario y su Jefe de Asesores Patricio Pinnel el pasado 23 de enero de una manera extremadamente cordial, a priori quedó descartado que se vaya a decidir algo distinto en estos temas, al menos a cortísimo plazo”.
Consideró que la única hipótesis que puede alimentar la posibilidad que se modifiquen los cortes obligatorios en los hidrocarburos, está relacionado con un cambio de orientación de parte del Ministro de Economía Nicolás Dujovne, autorizando tan importante decisión, “pero creo que esto al menos este año, no ocurrirá, hecho que lamento, porque considero que sería muy positivo aumentar el contenido de biocombustibles en el gasoil y la nafta”, expresó.
Por otra parte, refiriéndose a ciertas noticias que se difundieron en medios del interior del país que sobre la existencia de emprendimientos particulares emparentados con la producción y abastecimiento propio de flotas de colectivos del Biodiesel al 100 por ciento, Molina llamó a tener prudencia cuando se hacen comparaciones de precios relativos y gasoil mineral, ya que se debe tomar en cuenta rigurosamente el universo de elementos de costos que deben formar parte de una sana comparación.
“La producción de biodiesel en pequeña escala efectuada en plantas no habilitadas por la Secretaría de Energía, es muy riesgosa. Normalmente en estos casos no se certifica el cumplimiento de normas de calidad, seguridad y medio ambiente”, dijo el directivo de la AABH quien se mostró contrario a la “producción marginal”.
Justificó sus dichos en que “el autoconsumo es una figura prevista en la reglamentación de la ley de biocombustibles 26.093 para los productores y cooperativas de productores agropecuarios, no para cualquier agente económico y debe desarrollarse cumplirse con la normativa en curso”.
Finalmente agregó que la cuestión de seguridad no es menor, porque hay una historia de diversos siniestros ocurridos a lo largo del tiempo con instalaciones no habilitadas.
“Corresponde la habilitación municipal, provincial pero también la nacional de la Secretaría de Energía. No se puede obviar ésta última y por lo tanto, mientras no exista, es una planta marginal”, sentenció.
.
Biocombustible sin sanciones para la UE
Europa oficializó la compra de biodiésel argentino sin aranceles extra
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La Unión Europea publicó el listado de empresas que podrán enviar el biocombustible sin recibir sanciones, siempre que cumplan con un precio mínimo establecido.
A través de su Boletín Oficial, la Unión Europea (UE) confirmó este martes el regreso del biodiésel argentino a ese mercado, libre de aranceles extra, aunque siempre que cumpla con un precio mínimo establecido.
Según publicó la agencia Reuters, ocho empresas productoras de biodiésel fueron autorizadas a exportar el biocombustible sin abonar los aranceles de entre 25 y 33,4 por ciento que la Comisión Europa impuso como sanción el año pasado, porque considera que en Argentina se subsidia indirectamente a la industria por medio de las retenciones diferenciadas.
Se trata de Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y Cofco International Argentina, las firmas que concentran casi la totalidad del combustible a base de aceite de soja que se produce y exporta en Argentina.
Según aclaró a fines de enero el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, la exportación de biodiésel ya paga un arancel del 6,5 por ciento y la medida lo que hace es eliminar el porcentaje extra que Europa había establecido como sanción.
Precio mínimo
Como se mencionó, la UE aceptó acabar con sus reclamos en contra del biodiésel argentino, siempre que las empresas cumplan con vender el combustible a un precio fijado.
El mismo no se conoce pero, según Reuters, estaría vinculado a datos del valor promedio mensual del grano de soja publicado por la Secretaría de Agroindustria, en el que se refleja el peso de los derechos de exportación y que está basado en el precio de cierre del mercado de futuros de Chicago.
El conflicto comenzó en 2012 cuando la Comisión Europea comenzó a investigar las importaciones de biodiésel de Argentina y de Indonesia, tras un pedido de productores de biocombustibles del bloque.
Al año siguiente, Europa aplicó aranceles al producto nacional por presunto dumping, una medida que tuvo que rever en 2018 tras perder la disputa que Argentina planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque no dudó en aplicar luego estos aranceles que ahora se quitan.
.
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La Unión Europea publicó el listado de empresas que podrán enviar el biocombustible sin recibir sanciones, siempre que cumplan con un precio mínimo establecido.
A través de su Boletín Oficial, la Unión Europea (UE) confirmó este martes el regreso del biodiésel argentino a ese mercado, libre de aranceles extra, aunque siempre que cumpla con un precio mínimo establecido.
Según publicó la agencia Reuters, ocho empresas productoras de biodiésel fueron autorizadas a exportar el biocombustible sin abonar los aranceles de entre 25 y 33,4 por ciento que la Comisión Europa impuso como sanción el año pasado, porque considera que en Argentina se subsidia indirectamente a la industria por medio de las retenciones diferenciadas.
Se trata de Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y Cofco International Argentina, las firmas que concentran casi la totalidad del combustible a base de aceite de soja que se produce y exporta en Argentina.
Según aclaró a fines de enero el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, la exportación de biodiésel ya paga un arancel del 6,5 por ciento y la medida lo que hace es eliminar el porcentaje extra que Europa había establecido como sanción.
Precio mínimo
Como se mencionó, la UE aceptó acabar con sus reclamos en contra del biodiésel argentino, siempre que las empresas cumplan con vender el combustible a un precio fijado.
El mismo no se conoce pero, según Reuters, estaría vinculado a datos del valor promedio mensual del grano de soja publicado por la Secretaría de Agroindustria, en el que se refleja el peso de los derechos de exportación y que está basado en el precio de cierre del mercado de futuros de Chicago.
El conflicto comenzó en 2012 cuando la Comisión Europea comenzó a investigar las importaciones de biodiésel de Argentina y de Indonesia, tras un pedido de productores de biocombustibles del bloque.
Al año siguiente, Europa aplicó aranceles al producto nacional por presunto dumping, una medida que tuvo que rever en 2018 tras perder la disputa que Argentina planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque no dudó en aplicar luego estos aranceles que ahora se quitan.
.
Aeropuerto El Palomar y su grave impacto acústico
Preocupante informe de la Universidad de Nacional de General Sarmiento sobre el impacto acústico del aeropuerto El Palomar
Fecha de Publicación: 18/02/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El investigador del Conicet, Guillermo Jorge, realizó un trabajo sobre las consecuencias ambientales de los vuelos que realizan las low cost Flybondi y JetSmart en la terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense.
A un año de la puesta en funcionamiento de la base militar de El Palomar como aeropuerto comercial, explotado por las low cost Flybondi y JetSmart con la venia del gobierno nacional, las denuncias sobre contaminación ambiental ya son moneda corriente. A los cuestionamientos de los vecinos de los municipios linderos a la zona en cuestión, ahora se le sumó un nuevo informe de la Universidad de Nacional General Sarmiento (UNGS) que advierte sobre las consecuencias negativas de los vuelos.
El investigador independiente del Conicet y de la UNGS, Guillermo Jorge, tituló el trabajo como “Operaciones comerciales en el aeródromo de El Palomar: Proyecciones de impacto acústico y revisión crítica de informes”. Allí elabora una serie de observaciones a los informes realizados por Aeropuertos Argentina 2000 y se le agrega a la denuncia que ya existía donde se acusaba que estaba firmado por un profesional con una inscripción “falsificada e inexistente”.
En el relevamiento, asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por AA 200 “en cierta manera, minimizan o dejan entrever que la conversión de la base militar en un aeropuerto comercial de alto tránsito no tiene impacto apreciable sobre la población vecina”.
Más adelante, detalló que “este impacto tiene dos aristas fundamentales: la contaminación por emisiones gaseosas y la contaminación sonora”, y que “no se mencionan otros tipos de efectos sobre la población, no menos importantes, como los niveles incrementados de tránsito vehicular y peatonal, vibraciones, incremento de riesgo de accidentes, etcétera”.
En cuanto a la medición de la contaminación acústica, aclaró que en el país no existe una legislación específica pero que hay “ciertas normas nacionales y protocolos utilizados internacionalmente que pueden ser aplicados para la determinación del grado de impacto de la operación de un aeropuerto sobre la población vecina”.
A su vez, recordó que meses atrás se presentó un informe realizado por el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (UNTREF) y que hubo otro trabajo “crítico” respecto de los estudios presentados por AA2000, proveniente del Centro Atómico Bariloche. Este último, afirma que “de los 32 aeropuertos internacionales mencionados como ejemplos de aeropuertos en áreas urbanas, El Palomar está en el cuarto peor lugar, siendo uno de los que posee menor distancia entre cabeceras y población urbana”.
“Entre otras críticas también menciona la falta de planificación a largo plazo respecto a la cantidad de vuelos, en contraposición a las recomendaciones de la OACI, la falta de medidas de mitigación efectivas, y la falta de un cálculo de la cantidad de habitantes afectados por el ruido (incluso teniendo todas las herramientas para hacerlo)”, añadió.
En ese sentido, Jorge aseguró que en todos estos estudios “hay coincidencia de que ya se está produciendo impacto acústico con las operaciones existentes hacia finales de 2018. En el caso de los informes de AA2000 (y aprobados por la autoridad de control), el impacto se muestra inequívocamente en sus informes (Informe de Marzo) o se oculta (Informe de setiembre) utilizando mediciones con métricas diferentes a las que ellos mismos, en informes anteriores, consideran como las aplicables para determinar impacto acústico”.
A modo de conclusión, indicó que “en la actualidad El Palomar está teniendo una operación cercana o mayor a los 30 movimientos diarios, con lo que se desprende que el aeropuerto ya estaría por encima de su capacidad máxima de operaciones de bajo impacto, y las zonas vecinas a las cabeceras ya estarían sufriendo un impacto considerable debido al ruido aeronáutico”.
“Por otro lado informes del sector científico muestran resultados muy similares a los obtenidos en este informe, mostrando una actividad aeronáutica que ya estaría produciendo impacto acústico sobre la población vecina”, agregó.
Finalmente, solicitó que “es necesario que las autoridades de control de la actividad aeronáutica tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que el impacto acústico afecte a la población vecina al aeropuerto, limitando la actividad aeroportuaria, redefiniendo sus horarios y tomando medidas mitigatorias sobre los edificios de uso público”.
.
Fecha de Publicación: 18/02/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El investigador del Conicet, Guillermo Jorge, realizó un trabajo sobre las consecuencias ambientales de los vuelos que realizan las low cost Flybondi y JetSmart en la terminal aérea ubicada en el oeste del conurbano bonaerense.
A un año de la puesta en funcionamiento de la base militar de El Palomar como aeropuerto comercial, explotado por las low cost Flybondi y JetSmart con la venia del gobierno nacional, las denuncias sobre contaminación ambiental ya son moneda corriente. A los cuestionamientos de los vecinos de los municipios linderos a la zona en cuestión, ahora se le sumó un nuevo informe de la Universidad de Nacional General Sarmiento (UNGS) que advierte sobre las consecuencias negativas de los vuelos.
El investigador independiente del Conicet y de la UNGS, Guillermo Jorge, tituló el trabajo como “Operaciones comerciales en el aeródromo de El Palomar: Proyecciones de impacto acústico y revisión crítica de informes”. Allí elabora una serie de observaciones a los informes realizados por Aeropuertos Argentina 2000 y se le agrega a la denuncia que ya existía donde se acusaba que estaba firmado por un profesional con una inscripción “falsificada e inexistente”.
En el relevamiento, asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por AA 200 “en cierta manera, minimizan o dejan entrever que la conversión de la base militar en un aeropuerto comercial de alto tránsito no tiene impacto apreciable sobre la población vecina”.
Más adelante, detalló que “este impacto tiene dos aristas fundamentales: la contaminación por emisiones gaseosas y la contaminación sonora”, y que “no se mencionan otros tipos de efectos sobre la población, no menos importantes, como los niveles incrementados de tránsito vehicular y peatonal, vibraciones, incremento de riesgo de accidentes, etcétera”.
En cuanto a la medición de la contaminación acústica, aclaró que en el país no existe una legislación específica pero que hay “ciertas normas nacionales y protocolos utilizados internacionalmente que pueden ser aplicados para la determinación del grado de impacto de la operación de un aeropuerto sobre la población vecina”.
A su vez, recordó que meses atrás se presentó un informe realizado por el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (UNTREF) y que hubo otro trabajo “crítico” respecto de los estudios presentados por AA2000, proveniente del Centro Atómico Bariloche. Este último, afirma que “de los 32 aeropuertos internacionales mencionados como ejemplos de aeropuertos en áreas urbanas, El Palomar está en el cuarto peor lugar, siendo uno de los que posee menor distancia entre cabeceras y población urbana”.
“Entre otras críticas también menciona la falta de planificación a largo plazo respecto a la cantidad de vuelos, en contraposición a las recomendaciones de la OACI, la falta de medidas de mitigación efectivas, y la falta de un cálculo de la cantidad de habitantes afectados por el ruido (incluso teniendo todas las herramientas para hacerlo)”, añadió.
En ese sentido, Jorge aseguró que en todos estos estudios “hay coincidencia de que ya se está produciendo impacto acústico con las operaciones existentes hacia finales de 2018. En el caso de los informes de AA2000 (y aprobados por la autoridad de control), el impacto se muestra inequívocamente en sus informes (Informe de Marzo) o se oculta (Informe de setiembre) utilizando mediciones con métricas diferentes a las que ellos mismos, en informes anteriores, consideran como las aplicables para determinar impacto acústico”.
A modo de conclusión, indicó que “en la actualidad El Palomar está teniendo una operación cercana o mayor a los 30 movimientos diarios, con lo que se desprende que el aeropuerto ya estaría por encima de su capacidad máxima de operaciones de bajo impacto, y las zonas vecinas a las cabeceras ya estarían sufriendo un impacto considerable debido al ruido aeronáutico”.
“Por otro lado informes del sector científico muestran resultados muy similares a los obtenidos en este informe, mostrando una actividad aeronáutica que ya estaría produciendo impacto acústico sobre la población vecina”, agregó.
Finalmente, solicitó que “es necesario que las autoridades de control de la actividad aeronáutica tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que el impacto acústico afecte a la población vecina al aeropuerto, limitando la actividad aeroportuaria, redefiniendo sus horarios y tomando medidas mitigatorias sobre los edificios de uso público”.
.
Entre Ríos: empresa vinculada a Bergman denunciada
Bergman se desligó de las denuncias por contaminación en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Aim Digital
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, señalado como padrino de una cooperativa que contamina en Entre Ríos se desligó de las denuncias en su contra alegando que “son políticas”. El funcionario evitó dar respuestas concretas a AIM sobre la contaminación, desmontes y fumigaciones que hacen las fundaciones Raíces y Kosher.
Para evitar hacerse cargo de las denuncias por contaminación que vinculan al ministro de Ambiente, el funcionario dijo a esta Agencia que “son hechos individuales de una sola persona que financia un partido”.
“Hay que preguntarle a toda la comunidad”, aseguró -incómodo- el ministro, quien evitó hablar de las actas que constan en la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que exponen crudamente el desastre ambiental que generan las fundaciones (financiadas por Fundación Judaica de Bergman) en Colonia Avigdor, una localidad del departamento La Paz ubicada a 200 kilómetros de Paraná.
Precisamente, los activistas advierten que se vierten residuos tóxicos por parte de la industria láctea perteneciente a la Fundación Raíces, ubicada en Colonia Avigdor, a un arroyo, cuyo curso de agua corre a unos pocos metros de las viviendas de vecinos de la localidad, viviendas que se encuentran ubicadas frente a la industria.
En ese marco, la empresa apadrinada por el ministro no inició el estudio de impacto ambiental determinado por las Leyes vigentes, según establece el Decreto 497709, según se informó desde la secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
En ese marco, se realizaron inspecciones en las instalaciones y la provincia corroboró que la entidad no cumple con las condiciones adecuadas para su funcionamiento, por lo que se la intimó a realizar las obras necesarias y relocalizar el vertido de desechos, pero hasta la fecha la entidad no concretó lo que se le exigió.
.
La multinacional Swift fue intimada por el Acumar
Riesgo ambiental: Intimamos a la firma Swift
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La cámara de toma de muestras, los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.. Deberán presentar planos y adecuar todo en 5 días.
Una cuadrilla de inspectores de la Patrulla Ambiental realizaron este viernes 8 de febrero por la mañana una fiscalización -con toma de muestra de efluentes- en la planta de la firma alimenticia Swift, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.
Durante la inspección surgieron algunas cuestiones que llamaron la atención de los agentes, principalmente, en relación al estado de las instalaciones de tratamiento de los efluentes. Tanto la cámara de toma de muestras, como los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.
Además de la recorrida y la inspección ocular, uno de los equipos se avocó a tomar muestras de los efluentes líquidos de la planta, que serán llevados a laboratorio para determinar la composición de los mismos.
Más allá del resultado que arrojen estos análisis, ACUMAR intimó a la empresa a presentar planos del sector de tratamiento, tanto de conductos internos como de piletones y lagunas externas. La firma deberá acondicionar la cámara de toma de muestras y presentar además un proyecto para perimetrar el sector de lagunas que se encuentra fuera del predio, cercano a un barrio y sin ningún tipo de delimitación o contención para evitar posibles accidentes y/o intrusiones.
De la inspección participaron también promotores de salud que acudieron para corroborar el estado de la planta frente a reiteradas denuncias “por olores” que realizaban los vecinos y que afectaban la salud de la población.
.
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La cámara de toma de muestras, los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.. Deberán presentar planos y adecuar todo en 5 días.
Una cuadrilla de inspectores de la Patrulla Ambiental realizaron este viernes 8 de febrero por la mañana una fiscalización -con toma de muestra de efluentes- en la planta de la firma alimenticia Swift, ubicada en Pontevedra, partido de Merlo.
Durante la inspección surgieron algunas cuestiones que llamaron la atención de los agentes, principalmente, en relación al estado de las instalaciones de tratamiento de los efluentes. Tanto la cámara de toma de muestras, como los piletones de decantación y las lagunas estaban en estado casi de abandono, con poca o nula contención y mantenimiento.
Además de la recorrida y la inspección ocular, uno de los equipos se avocó a tomar muestras de los efluentes líquidos de la planta, que serán llevados a laboratorio para determinar la composición de los mismos.
Más allá del resultado que arrojen estos análisis, ACUMAR intimó a la empresa a presentar planos del sector de tratamiento, tanto de conductos internos como de piletones y lagunas externas. La firma deberá acondicionar la cámara de toma de muestras y presentar además un proyecto para perimetrar el sector de lagunas que se encuentra fuera del predio, cercano a un barrio y sin ningún tipo de delimitación o contención para evitar posibles accidentes y/o intrusiones.
De la inspección participaron también promotores de salud que acudieron para corroborar el estado de la planta frente a reiteradas denuncias “por olores” que realizaban los vecinos y que afectaban la salud de la población.
.
Riachuelo y la eterna carga ambiental
El Riachuelo, la contaminación imparable y más de 5 millones de personas en riesgo
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Cada día recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas. Hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. La salud de los pobladores, el plomo en la sangre de los niños y qué hace falta para sanear la Cuenca
La historia es vieja. Nadie la resuelve en su totalidad. Demuestra la fragmentación de poderes entre la Justicia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran cantidad de municipios.
Hablamos de la Cuenca del Riachuelo, una cloaca abierta, una vergüenza argentina que muchas veces nos dejó sin argumento cuando, por ejemplo, se evidenciaron las protestas en el país contra las plantas de elaboración de papel frente al Uruguay. Tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre 2.000 kilómetros cuadrados.
Su permanente contaminación afecta a 5 millones y medio de habitantes, entre los cuales casi 4 de cada 10 no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día, históricamente hablando, el Riachuelo recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas de las fábricas instaladas en su orillas. En toda la Cuenca hay 13.000 establecimientos industriales.De ese total, 1397 han sido declarados agentes contaminantes.
A esos afluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Si se sigue la opinión de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas se pongan de acuerdo y no se peleen entre sí, un tercio del caudal intoxicador proviene de descargas industriales. Aseguraron en ACUMAR que de las industrias contaminantes 412 fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso.
En esa misma Cuenca hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido, usada por 13 villas de emergencia en la parte baja del río.
En Villa Inflamable, es el caso, los niños tienen 5 veces más plomo que lo aceptable.
El plomo enferma a quien lo padece, atrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte.
Eso no es todo. En muestras recogidas en la zona se detectó en laboratorios especializados en el exterior la presencia de nonifenol, que va destruyendo el sistema reproductivo y la hormona estrógeno. También se encontraron rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT. Se comprobó la presencia de elementos que afectan el cerebro y los riñones, otro que se ensaña con los riñones y el hígado.
Daños a la salud de tal magnitud que se asemeja a una guerra, con gente afectada de por vida, sin solución de continuidad.
La campaña por la limpieza urgente del Riachuelo se inició a comienzos se la década del 90. La solventó APOC, la asociación del personal de Organismos de Control, por sus propias investigaciones y la acción de asociaciones vecinales. APOC demostró entonces que con solo 50 millones de dólares Inglaterra había podido limpiar a fondo y para siempre el río Támesis, muy contaminado.
La extinta María Julia Alsogaray, alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem, dijo con omnipotencia, que en un corto tiempo ella haría que se revirtiera el problema. No pasó nada. Fue una promesa tirada al viento.
El asunto fue tan relevante que llegó a la Corte Suprema quien ordenó la limpieza de la Cuenca sin resultado alguno: nadie obedeció. Como la acción no depende de un solo ente sino de varios (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y municipios, como ya dijimos) no había manera de unir criterios, presupuestos y conveniencias políticas. Un antiguo drama que es el desentendimiento argentino.
En un segundo tiempo, la Corte Suprema de Justicia decidió, en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional s/daños y perjuicios", condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a ejecutar de una vez por todas un programa de saneamiento sobre la aguas del Riachuelo y alrededores del mismo.
La contienda tuvo su origen en el año 2006 cuando 17 damnificados promovieron demanda contra los poderes constituidos y contra 44 empresas. La Corte especificó un programa de acción que obligaba a codificar la partidas presupuestarios y asignar a la Auditoría General de la Nación la realización de un control permanente de la asignación de recursos y de ejecución presupuestaria.
Actuó ACUMAR a lo largo del tiempo pero los resultados dejan mucho que desear. Un grupo de ONGs acusó, precisamente a ACUMAR, de ser "incapaz" de limpiar el Riachuelo. Pedían enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa.
Si bien ACUMAR organizó un encuentro con especialistas de Alemania, Colombia, España, Corea del Sur, Ecuador , Estados Unidos, Italia y Brasil donde se debatió sobre sanidad ambiental, las ONGs combativas cuestionaron la "falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia" y reprobaron "el desempeño de ACUMAR por su vaciamiento". Exigieron trasparentar el funcionamiento de
ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, advirtió que el recorte presupuestario para cumplir el objetivo es muy evidente. En cuanto a la atención medica faltan personal y recursos. El Hospital Argerich está colapsado y los centros de salud de la zona no tienen capacidad. Las afecciones que más se registran en la zona -señaló Alberti- son las alergias en la piel y en las vías respiratorias. Lo recalcan los médicos de la zona y las farmacias.
La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.
En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre según todos los organismos y representaciones oficiales.
Y se aclaró : "El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastorno en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en la forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y la memoria, graves dolores en el cuerpo, cambios drásticos de humor". El padecimiento crónico es el "saturnismo".
Hay especialistas quienes aseguran que en tres años y un presupuesto de 300 millones de dólares para su limpieza total el Riachuelo pasaría a "ser apto para el desarrollo de actividades recreativas pasiva y de vida acuática". ¿ Sueños de una noche de verano ?
.
Mendoza: cuestionan uso de suelo para fabricar ladrillos
Mendoza sigue descuidando el ambiente
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Para que el desarrollo productivo de la provincia sea armónico, es imprescindible cuidar el medio ambiente.
La provincia tiene una historia de mitos vinculados al ambiente por los cuales aparecen miles de definiciones maravillosas acerca de la importancia de su cuidado, pero en la vida diaria seguimos con prácticas que lo dañan cada día más ante la mirada impasible de las autoridades y de los propios mendocinos.
Vivimos hablando del cuidado del agua, nuestro recurso escaso, y aún seguimos vendiendo el agua por metro cuadrado en las zonas urbanas y por horas de turno de riesgo, el sector agrícola. En ningún caso la vendemos por litro, que es lo que corresponde a un recurso escaso. Lógicamente, como no existe esa convicción, nunca se hicieron las inversiones necesarias y así después nos quejamos de que tenemos el mayor consumo per cápita del país. Lo mismo ocurre con el cuidado de los árboles, pues tenemos una arboleda ciudadana muy antigua y sin registros de su estado de salubridad ni control de las frecuencias de riego por los canales naturales, que son las acequias. Pero mientras tanto se hacen talas indiscriminadas y es mucho más peligroso cuando se verifican en zonas donde corresponde a vegetación autóctona.
Hay que recordar que los árboles son los que permiten vivir sanamente en Mendoza por su valioso aporte al ambiente. Un caso paradigmático de nuestra desidia en el cuidado del ambiente es la fabricación de ladrillos. Para su fabricación se usa tierra de lo que fueron fincas fértiles para luego armar los hornos y cocinarlos quemando árboles o arbustos previamente talados, que nadie controla de dónde han salido. Es una paradoja, castigamos al que hace asado con jarilla pero miramos a otro lado a los que hacen talas para cocinar ladrillos. Como se ve, la construcción de una casa basada en ladrillos implica un doble daño ecológico, ya que se destruye tierra fértil que luego se cocina apelando a la tala indiscriminada de árboles arbustos, pero todos lo ven como natural y a nadie le perturba la conciencia el daño producido. Es necesario comenzar a tomar conciencia pero, también, establecer normas claras para evitar daños.
Las zonas actuales de fabricación de ladrillos en El Borbollón y El Algarrobal están asentada sobre antiguas fincas dedicadas a la horticultura que ya no sirven más para uso agrícola pues hay propiedades en las que se cavado hasta un metro de profundidad generando un desequilibrio que va a dañar a todas fincas de la región, cuya recuperación llevará muchos años. Pero nadie hace nada con la excusa de defender puestos de trabajo, pero esta actividad ya no es compatible con la subsistencia del inestable ecosistema del oasis cuya población aumentó y superó las previsiones que justificaron permitir este negocio. Mendoza debería dejar de lado la construcción con ladrillos, algo que ya se hace en edificios e incluso en algunas construcciones donde se usan placas de hormigón y divisiones interiores con panelería. Mendoza, hasta por cuestiones sísmicas, debería adoptar sistemas constructivos livianos, muchos de los cuales ya tiene autorización por haberse probado sus aptitudes antisísmicas.
El puntapié debería darlo el IPV en la construcción de nuevos barrios adoptando este tipo de sistemas que, además, acortan los tiempos para la finalización y entrega de las unidades de vivienda. Pero indudablemente hace falta una normativa que sea obligatoria en toda la provincia que debe partir de la prohibición de fabricar ladrillos tradicionales en el territorio provincial, dejando espacio para ciertas unidades cerámicas o de material. La provincia debe adoptar normas constructivas modernas y para eso hay muchos ejemplos que se pueden seguir de lo que ya se está aplicado en el mundo, como el Pacto Solar de Brasil, que estableció la obligatoriedad de alimentar con energía solar los nuevos edificios. Algunas iniciativas privadas ya han comenzado a incursionar en nuestra provincia pero hay que darle mayor impulso. La modernidad también implica cuidar el hábitat.
.
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Para que el desarrollo productivo de la provincia sea armónico, es imprescindible cuidar el medio ambiente.
La provincia tiene una historia de mitos vinculados al ambiente por los cuales aparecen miles de definiciones maravillosas acerca de la importancia de su cuidado, pero en la vida diaria seguimos con prácticas que lo dañan cada día más ante la mirada impasible de las autoridades y de los propios mendocinos.
Vivimos hablando del cuidado del agua, nuestro recurso escaso, y aún seguimos vendiendo el agua por metro cuadrado en las zonas urbanas y por horas de turno de riesgo, el sector agrícola. En ningún caso la vendemos por litro, que es lo que corresponde a un recurso escaso. Lógicamente, como no existe esa convicción, nunca se hicieron las inversiones necesarias y así después nos quejamos de que tenemos el mayor consumo per cápita del país. Lo mismo ocurre con el cuidado de los árboles, pues tenemos una arboleda ciudadana muy antigua y sin registros de su estado de salubridad ni control de las frecuencias de riego por los canales naturales, que son las acequias. Pero mientras tanto se hacen talas indiscriminadas y es mucho más peligroso cuando se verifican en zonas donde corresponde a vegetación autóctona.
Hay que recordar que los árboles son los que permiten vivir sanamente en Mendoza por su valioso aporte al ambiente. Un caso paradigmático de nuestra desidia en el cuidado del ambiente es la fabricación de ladrillos. Para su fabricación se usa tierra de lo que fueron fincas fértiles para luego armar los hornos y cocinarlos quemando árboles o arbustos previamente talados, que nadie controla de dónde han salido. Es una paradoja, castigamos al que hace asado con jarilla pero miramos a otro lado a los que hacen talas para cocinar ladrillos. Como se ve, la construcción de una casa basada en ladrillos implica un doble daño ecológico, ya que se destruye tierra fértil que luego se cocina apelando a la tala indiscriminada de árboles arbustos, pero todos lo ven como natural y a nadie le perturba la conciencia el daño producido. Es necesario comenzar a tomar conciencia pero, también, establecer normas claras para evitar daños.
Las zonas actuales de fabricación de ladrillos en El Borbollón y El Algarrobal están asentada sobre antiguas fincas dedicadas a la horticultura que ya no sirven más para uso agrícola pues hay propiedades en las que se cavado hasta un metro de profundidad generando un desequilibrio que va a dañar a todas fincas de la región, cuya recuperación llevará muchos años. Pero nadie hace nada con la excusa de defender puestos de trabajo, pero esta actividad ya no es compatible con la subsistencia del inestable ecosistema del oasis cuya población aumentó y superó las previsiones que justificaron permitir este negocio. Mendoza debería dejar de lado la construcción con ladrillos, algo que ya se hace en edificios e incluso en algunas construcciones donde se usan placas de hormigón y divisiones interiores con panelería. Mendoza, hasta por cuestiones sísmicas, debería adoptar sistemas constructivos livianos, muchos de los cuales ya tiene autorización por haberse probado sus aptitudes antisísmicas.
El puntapié debería darlo el IPV en la construcción de nuevos barrios adoptando este tipo de sistemas que, además, acortan los tiempos para la finalización y entrega de las unidades de vivienda. Pero indudablemente hace falta una normativa que sea obligatoria en toda la provincia que debe partir de la prohibición de fabricar ladrillos tradicionales en el territorio provincial, dejando espacio para ciertas unidades cerámicas o de material. La provincia debe adoptar normas constructivas modernas y para eso hay muchos ejemplos que se pueden seguir de lo que ya se está aplicado en el mundo, como el Pacto Solar de Brasil, que estableció la obligatoriedad de alimentar con energía solar los nuevos edificios. Algunas iniciativas privadas ya han comenzado a incursionar en nuestra provincia pero hay que darle mayor impulso. La modernidad también implica cuidar el hábitat.
.
Biodiésel abierto para el mercado europeo
Biodiésel: la reapertura hacia el mercado europeo podría generar divisas a la Argentina por casi 1.000 millones de dólares
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
.
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
.
Cambiaron las reglas económicas de Vaca Muerta
Techint haría juicio por baja de subsidios en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
.
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
.
El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
.
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
.
El Impenetrable cae por empresas que no son del Chaco
Desmontes en El Impenetrable: la mayoría de empresas beneficiadas no son del Chaco
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
.
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
.
Etiquetas:
bosques nativos,
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
industrias - empresas - economía
|
0
comentarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios