Deforestación en el Chaco argentino: una medida legal intentó paralizarla pero solo duró tres días

Fecha de Publicación: 31/10/2020
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Chaco

En el Gran Chaco Argentino, la deforestación no se detiene y los intentos por frenarla a veces solo duran tres días. El viernes 16 de octubre, y ante una demanda presentada por la organización civil Conciencia Solidaria, dos juezas del fuero contencioso administrativo dictaron una medida cautelar que suspendía los permisos de deforestación y cambio de uso de suelo en todo el territorio provincial. El lunes 19, sin embargo, otro juez, en este caso del fuero civil y comercial, emitía a su vez una medida contraria, judicialmente denominada “anticautelar”. Estas dos decisiones han desatado una batalla legal de la que depende la conservación de un sector importante del segundo bosque más grande de Sudamérica.
El eje de la cuestión: la controvertida ley 26.331 o Ley de Bosques. En ella se establece que cada jurisdicción del país debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que es obligatorio revisar cada cinco años. Dicho ordenamiento categoriza las áreas boscosas según su importancia ecosistémica en zonas rojas (prohibición absoluta de deforestación), amarillas (autorizaciones parciales y sujetas a condiciones muy precisas) y verdes (se permite la deforestación con permiso de la autoridad competente).
En el caso concreto del Chaco, el ordenamiento territorial de bosques se efectuó en 2009 y estableció la existencia, en ese momento, de 4 926 602 hectáreas de bosque nativo (el 49,45 por ciento de la superficie provincial). De ellas, el 62,93 por ciento correspondía a zona amarilla; el 31,09 por ciento a zona verde; y apenas el 6 por ciento se encontraba en zona roja. El problema es que desde entonces no se realizaron, como manda la ley, las revisiones a las categorías —roja, amarilla y verde— que hubiesen correspondido ser efectuadas en 2014 y 2019.
“Esta irregularidad tiene un efecto práctico sobre el bosque”, señala Ricardo Tiddi, físico investigador e integrante de las organizaciones civiles Somos Monte y Conciencia Solidaria. “Desde 2014 se conceden permisos de cambio de uso de suelo —como la Administración denomina al desmonte o deforestación— según las condiciones que había en 2009”, explica Tiddi. “Hoy, una década después, los cambios climáticos y la pérdida de monte ocurrida en este tiempo han modificado la mirada y, seguramente, bosques que en su momento fueron incluidos en zona verde ahora lo estarían en amarilla o roja”.
Por esta razón, el 16 de octubre, las juezas Natalia Prato y Silvia Varas firmaron la medida cautelar que ordena a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal local la “inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre de 2014 y hasta el presente”. También ordena que se suspendan los trámites de otorgamiento de permisos para dichas actividades, al tiempo que se le solicita a la citada dependencia la información sobre todos los permisos emitidos desde 2010 hasta la fecha y se le otorga un plazo de cinco días para entregarla.

Entre la polémica y las dudas
Nora Giménez, una de las abogadas que representan a Conciencia Solidaria en la demanda, precisa que lo que buscan saber es si el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco, vencido desde 2014, permitía seguir emitiendo permisos. Y a esto sumarle quiénes fueron los beneficiados durante este tiempo. “Hace dos años que venimos pidiéndole al Estado pero no nos respondieron ninguno de los cinco escritos que presentamos, aunque sí aprovecharon para seguir desmontando”, precisa la abogada.
La difusión de esta noticia provocó la reacción inmediata de los sectores dedicados a la actividad forestal en la provincia del Chaco. “Una parte de la medida se presta a confusión y ha generado temor entre los productores”, dice Mario Bejarano, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, entidad que funciona como nexo entre los productores forestales y las instituciones públicas. El representante del Consejo sostiene que “como el origen está en la falta de actualización del OTBN, puede pensarse que la suspensión de permisos no sería solo de cinco días sino que cabría extenderla hasta que se produzca esa actualización [del Ordenamiento]. La Justicia debió aclarar este punto”.
La forestal fue, posiblemente, la primera actividad comercial que tuvo lugar en el Chaco, incluso mucho antes que el territorio fuera declarado provincia y recibiera su nombre actual. A principios del siglo XX, la empresa británica con ese mismo nombre —La Forestal— arrasó alrededor de 2 000 000 de hectáreas de bosques en un área que incluía zonas que hoy corresponden a Santa Fe y Santiago del Estero. Su principal “víctima” fue el quebracho colorado (Schinopsis balansae), árbol del cual se extrae el tanino. La empresa poseía cinco fábricas de tanino en la región.
Desde entonces, la industria ha mantenido su importancia (Chaco ocupa el primer puesto del rubro en el país), y aunque ya no es la principal actividad comercial, las cifras de producción anual marcan su peso en la economía local. De hecho, el trabajo en el bosque y en aserraderos y fábricas fue uno de los pocos que pudo continuar durante los largos meses de pandemia.
En 2019, unos 600 permisos otorgados por la Dirección de Bosques se tradujeron en 350 000 toneladas de rollos y 500 000 toneladas de leña que, a su vez, originaron 40 000 toneladas de tanino, 160 000 de carbón y 15 millones de piezas de muebles y aberturas, acorde a los datos de la citada dependencia. Según el Consejo Profesional, la extracción de madera ronda las dos millones de toneladas al año y el volumen comercial supera los 20 millones de dólares. “Pero además, entre los obrajes y la industria se da empleo a unas 25 000 personas”, informa Mario Bejarano. Ricardo Tiddi pone en dudas la certeza de estos números: “Hemos pedido varias veces las guías que se les dan a los camiones para comparar la extracción real con la que aparece en los permisos. Nunca nos dieron ese dato. La realidad es que la Dirección de Bosques no sabe realmente la cantidad de árboles que se cortan ni de dónde se extrae la madera”.

El Estado apoya a la industria
La medida cautelar despertó alegría entre quienes defienden la necesidad de detener la constante pérdida de bosque que padece la provincia —25 700 hectáreas en 2018; 19 000 en 2019; más de 8000 en el transcurso de este año—; y pánico entre quienes participan del negocio maderero.
Estos últimos se apresuraron en acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco, incluso antes de recibir la notificación oficial del juzgado, y el Estado respondió con celeridad. “La actividad forestal no es desmonte, se trata de un error conceptual muy común”, expresa en diálogo con Mongabay Latam Luciano Olivares, máximo responsable de esa dependencia, antes de abundar en la encendida defensa de la actividad: “Las industrias forestales son las primeras interesadas en que los bosques se mantengan en pie. Es una producción agropecuaria que adquiere valor agregado en los aserraderos y las fábricas de tanino y carbón, paga sus impuestos, cumple con la ley y ofrece puestos de trabajo a los chaqueños”.
La causa fue puesta en manos de Jorge Mladen Sinkovich, juez del fuero civil y comercial. El magistrado dictó en 72 horas una medida “contra cualquier resolución judicial y/o de cualquier otra índole (…) que alteren o restrinjan la ejecución de planes, permisos, guías de tránsito de productos forestales e industriales, o el avance de permisos o autorizaciones otorgadas que se encuentren en ejecución (…), o que produzcan la interrupción o suspensión de la producción y la industria forestal”.

Apelaciones y críticas
La decisión levantó revuelo en el ámbito judicial porque deja en una especie de limbo la legalidad de continuar o no con las tareas en el bosque. Una medida no anula la otra, pero le brinda a los productores forestales una herramienta para continuar realizándolas. “De todos modos, la cautelar paraliza la actividad de la Dirección de Bosques, no la forestal”, enfatiza la bióloga Micaela Camino, integrante de la asociación civil Somos Monte, una de las que forma parte de Conciencia Solidaria. “Hubo mucho movimiento popular respecto a este tema y entiendo que el Gobierno debería cuidarse de otorgar permisos hasta tanto se llegue a una definición”, sostiene Nora Giménez.
Las consecuencias de ambas medidas ya están teniendo respuestas en los juzgados. El viernes 23 de octubre, Conciencia Solidaria apeló la medida del juez Sinkovich. Del otro lado, el subsecretario Luciano Olivares confirma que el Estado hará lo mismo con la cautelar decretada por las juezas Prato y Varas, “porque sin el manejo de los permisos se le estaría prohibiendo al Estado su facultad y obligación de gestión y control de los bosques”.
La letrada Giménez, en todo caso, subraya que “el objetivo de la anticautelar es, sobre todo, impedir el envío de información, porque con ella saldría a la luz el incumplimiento de la Ley de Bosques y la consiguiente responsabilidad ambiental del Estado”. Ricardo Tiddi va más allá: “Lo que quedaría al descubierto es la disparidad entre las cifras públicas que brinda la Dirección de Bosques y las que se obtienen al observar las imágenes satelitales. Los datos no coinciden con los de los planes que ellos autorizan”. Micaela Camino concluye: “No sabemos cuál es esa información tan sensible que nos ocultan, si son los nombres de los dueños de los campos o lo que han hecho en ellos. Pero harían bien en darla porque la imaginación siempre es peor que la realidad”.
El nudo principal, en todo caso, demorará en resolverse. “La revisión del OTBN tendría que haberse hecho en su momento”, acepta Mario Bejarano. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales cree que lo ocurrido en los últimos días puede cambiar el pensamiento en ese sentido: “El productor no se preocupa de las cuestiones técnicas, pero a partir de lo sucedido y al ver que el incumplimiento puede motivar una parálisis del sector es posible que se genere un movimiento para ponerse al día”.
La batalla legal promete ser tan ardua como la de declaraciones en los medios y las calles. La deforestación en el Chaco continúa en el ojo del huracán, a merced de los intereses, las presiones y los vientos.
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Desmontes: un estudio de la FAUBA analiza los vínculos políticos y económicos con la tala ilegal

Fecha de Publicación: 29/10/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional

Expertos aseguran que estos puntos influyen en la medida y la forma en la práctica de la deforestación, principalmente en Santiago del Estero, Salta y Chaco.
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) sobre el desmonte ilegal encontró que el capital económico y los vínculos políticos influyen en la medida y la forma en que se produce la tala ilícita.
En este sentido, un artículo firmado por Sebastián M. Tamashiro para Sobre La Tierra revela que hay un vínculo entre las características de quienes deforestan y la magnitud de la deforestación.
Luego de la sanción de la Ley de Bosques en 2007 se redujeron los desmontes a nivel nacional, pero en ciertas provincias se siguen perdiendo ecosistemas boscosos a gran velocidad. Santiago del Estero, Salta y Chaco, son ejemplos donde entre 2009 y 2016 se deforestaron de manera ilegal 750.000 hectáreas, equivalentes a 36 veces la superficie de CABA.
“La Ley de Bosques se sancionó en el año 2007 para reducir los desmontes en la Argentina. Si bien se logró en términos generales, se siguen perdiendo bosques a un ritmo muy preocupante. La normativa autoriza la deforestación en determinadas zonas y la prohíbe en otras. En este marco, los desmontes ilegales representan una gran proporción de la deforestación total en ciertas regiones del país, como en el Chaco Seco Argentino”, destacó Daniel Blum a partir de su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, dirigida por Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y bajo la tutoría de Sebastián Aguiar, docente de las cátedras de Ecología y Dasonomía de la Facultad.
Blum estudió 89 casos de deforestación ilegal que implicaron la pérdida de casi 150.000 hectáreas de bosque nativo.
Para su investigación, utilizó información de boletines oficiales de las provincias involucradas, documentos de las direcciones de bosques provinciales y de la Auditoría General de la Nación, denuncias e informes de ONG, noticias periodísticas que reportaron desmontes ilegales y entrevistas a informantes clave.
Entre los principales resultados de la investigación, se encontró una relación estrecha entre las deforestaciones y la posición social, económica y política de los propietarios de las fincas afectadas, a lo que se denominó “poder”.
“Definimos este concepto a partir de tres variables: el capital económico, el vínculo con funcionarios públicos y el origen geográfico del agente. Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes. El poder de quien desmonta ilegalmente tiene más influencia en cómo y cuánto se deforesta que las condiciones agroclimáticas de la zona”, resaltó Blum.
“Muchos trabajos científicos sobre las fronteras agropecuarias del mundo asumen que el productor avanza sobre bosques que tienen las mejores condiciones agronómicas para maximizar los rindes”, afirmó Mastrangelo, quien también es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y agregó: “Sin embargo, la realidad es más compleja. Por ejemplo, en el Gran Chaco se deforestan superficies con suelos pobres y pocas lluvias para especular en el mercado inmobiliario. Los actores más poderosos compran tierras, las deforestan y esperan a que aumente su valor para venderla. Una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque”.
Desde hace décadas, los bosques del Chaco Seco se encuentran bajo una gran presión debido al avance de la actividad agropecuaria. Según informa el estudio, en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, alrededor del 50% de los desmontes entre 2009 y 2016 fueron ilegales.
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Dictamen favorable de comisión de Diputados al proyecto para proteger suelos y bosques

Fecha de Publicación: 28/10/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional

El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió este lunes dictamen favorable sobre el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar que se realicen en estos predios emprendimientos inmobiliarios o especulativos.
El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa del titular del bloque oficialista.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso, abogó por la aprobación de la ley porque "hace varios meses hay incendios donde se han quemado 900 mil hectáreas y en el 95% son el resultado de la acción humana"
En este contexto, es "necesaria una respuesta desde el conjunto de las fuerzas políticas, no solo por los incendios sino por los desmontes para proteger nuestro ecosistema", sostuvo.
"Muchas veces los fuegos anteceden a un negocio. No queremos que el fuego sea un negocio en la Argentina. Queremos llegar antes del fuego porque vamos a tener problemas con el agua potable por culpa de los incendios intencionales", afirmó Grosso.
El diputado aludió al dtamen en minoría al considerar que "Juntos por el Cambio se pone otra vez del lado de los negocios y no del lado de la salud de la sociedad y de la protección del planeta".
La iniciativa determina que, por el término de 60 años, no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
De esta manera, no se podrán usar los bosques o territorios para otros emprendimientos inmobiliarios. La sanción de la ley era respaldada desde las redes sociales con el hashtag "Ley de Fuego ya".
La vicepresidenta de la comisión, la radical Brenda Austín, dijo compartir "la intención y la preocupación expresada por muchos diputados del oficialismo de que tenemos que trabajar fuertemente en este tema, pero hay una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando".
"Con esta ley no se da mayor protección a los bosques, sino todo lo contrario. Dan menor protección porque modifican un artículo de la ley de Manejo del Fuego, de 2017, que estableció una protección a perpetuidad de esos bosques", agregó al justificar el rechazo al proyecto.
La diputada del Frente de Todos Daniela Vilar aseguró, al explicar los detalles del proyecto, que es necesario aprobarlo para que las tierras incendiadas no tengan "como destino emprendimientos inmobiliarios o especulativos".
"Lo más importante es evitar que esas tierras se puedan utilizar con otro fin. Es importante pensar en el futuro de nuestros pibes y pibas, nosotros estamos legislando con este proyecto también para ellos y ellas", agregó.
El diputado de Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón señaló que "hay dos cosas que nos deben quedar en claro: que es un problema ambiental y muy lejos es un problema económico, por lo cual se tienen que tomar medidas fuertes"
La diputada oficialista Gabriela Cerrutti marcó la necesidad de "cambiar las leyes y la cosmovisión. El que siente que esta ley lo está castigando es quien quiere seguir prendiendo fuego los suelos para sus negocios sin sufrir consecuencias", agregó.
La radical Josefina Mendoza señaló que "el proyecto no crea mayor protección ambiental, sino que la disminuye, por ejemplo, en lo relativo a bosques nativos".
"Se prohíbe el uso del suelo por 60 años en caso de incendios en bosques nativos, cuando la ley de bosques nativos lo prohíbe a perpetuidad, con lo cual estaríamos retrocediendo en lo relativo" a esas plantaciones, añadió.

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Dos propuestas para proteger bosques nativos, nominadas en el NASA Space Apps Challenge

Fecha de Publicación: 24/10/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba

En Córdoba se organizó, a principios de octubre, por cuarta vez, el hackaton más grande del mundo. Más de 26.000 personas participaron desde diferentes ciudades de todo el planeta y la ciudad volvió a formar parte de este evento, gracias a la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba.
En esta edición, una de las propuestas seleccionadas para avanzar en las siguientes instancias se llama “IA en foco”, que consiste en el desarrollo de una aplicación para predecir el comportamiento de los incendios forestales, aprovechando los datos de satélites geoestacionarios, los de satélites ambientales de órbita polar y otros conjuntos de datos abiertos, siendo capaces de predecir minuto a minuto, por siete días, la conducta del fuego con base en los datos obtenidos. De esta forma podrían generarse mejores tácticas para la mitigación de los incendios.
La otra propuesta, llamada “Bosque disperso”, consiste en una aplicación con el objetivo de generar y fomentar conocimiento colaborativo y a su vez monitorear el desarrollo de la biodiversidad de los bosques nativos. La aplicación también ofrecería una interfaz educativa para compartir información sobre la valoración de las especies nativas y aprovecharía tecnologías como la información satelital.
Finalmente, el proyecto favorito del público fue “Connectivity”, que propone comunicar el proyecto Artemis mediante el lenguaje artístico.

El hackaton en modo virtual
El NASA Space Apps se organiza de manera simultánea en varias ciudades del mundo, durante tres días. En esta ocasión, debido a la pandemia, la jornada se realizó de manera virtual. En Córdoba se inscribieron más de 140 participantes, quienes debatieron, compartieron conocimientos y propusieron soluciones a diferentes desafíos planteados por la NASA.
La sede cordobesa del SpaceApps, además, brindó varias charlas virtuales que ayudaron a los grupos a prepararse para esta experiencia e incorporar nuevas herramientas para la presentación de ideas.
En las instancias que siguen, el jurado del evento deberá evaluar todos los proyectos seleccionados para decidir entre ellos al equipo ganador, que podrá viajar a la NASA a presenciar un lanzamiento.
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La Provincia quitó las audiencias públicas para tala y desmontes selectivos

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

La normativa se basa en una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331. Aunque el gobierno afirmó que lo establecido no va en contra de las leyes ambientales, especialistas afirman que sí.
El secretario de Ambiente de Salta, Jorge Aldazábal, emitió una resolución que flexibiliza los controles a los desmontes y obstaculiza la publicidad de actos que degradan del ambiente.
Al hacer una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331, el funcionario enmarcó al manejo silvo pastoril (desmonte selectivo para producir ganadería bajo monte), o el “aprovechamiento forestal” (tala de madera), como de “baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social”.
La resolución 333 firmada por Aldazábal se sirve de una interpretación de la Ley Nacional N° 26.331 que sostiene que “la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”, pero que ese estudio será pertinente solo para aquel “manejo sostenible” que cause “impactos ambientales significativos”.
Para Aldazábal, “en idéntico sentido a lo expresado en el artículo 22 de la Ley Nº 26.331, el decreto Nº 2.785/09 en sus artículos 12 y 15 define el procedimiento a seguir, según se trate de Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, respectivamente. Esto es la exigencia de presentación de un estudio de impacto ambiental y social (EIAS) para los comúnmente llamados desmontes, y para los "aprovechamientos forestales, deberá presentarse una Declaración Jurada de Aptitud ambiental en los términos del artículo 45º de la Ley Provincial Nº 7.070”.
En el cuerpo de la resolución no queda claro a qué se refiere con “Planes de Manejo de Bosques Nativos con modalidad Silvopastoril, y/o cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo”, aunque sí termina por flexibilizar la posibilidad de hacerlos sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental y social, cuando se trata de “planes” de hasta 1500 hectáreas.

La retroactividad conveniente
Según la Ley de Ambiente de la provincia N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública. Por años se criticó esta disposición dado que en muchos casos los titulares registrales solicitaban permismos sucesivos de desmontes tomando unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de los impactos ambientales de esas actividades.
Con la nueva resolución, cuando se trate de desmontes incluso sobre superficies de estas dimensiones, se deberá presentar el EIAS e ir a una audiencia pública. Quedan exceptuados de ello quienes ya fueron autorizados a los desmontes antes de la publicación de esta resolución.
Por el contrario, para quienes ya elevaron planes de “manejo de bosque presentados en sus dos modalidades, aprovechamiento forestal y silvopastoril”, se le aplicará la nueva normativa. Para Aldazábal la aplicación de la resolución de manera retroactiva “no encuentra impedimentos”.
Más allá de los vericuetos legales, sucede que en realidad estos proyectos de manejo de bosque y de aprovechamiento forestal debían hasta ahora ser sometidos a audiencias públicas. Pero a partir de la resolución 333, Aldazábal podrá “determinar la necesidad o no” de hacer las audiencias según su criterio. Y se agrega, “para el caso de los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril y que se hubiera presentado EIAS para su tramitación, se tendrá por válido y suficiente, en lo pertinente, dicho documento para su aprobación”.
Aunque la lectura de la resolución permite interpretar una flexibilización de los controles y procesos para desmontar en la segunda provincia que más masa de bosque nativo perdió en la última década, Aldazábal lo negó. Pues en parte de la resolución se indica que “la autoridad de aplicación ambiental provincial (…) tiene la facultad de definir mayores exigencias respecto de los requisitos que deberán observarse al momento de la presentación de los distintos planes de manejo, en el entendimiento de que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos lo que hace es fijar un marco protectorio mínimo respecto del cual se podrá normar, sin poder ser más permisivo que lo allí establecido”.

El antecedente Urtubey
La interpretación que hacen las actuales autoridades provinciales cuando se trata de ampliar la frontera agropecuaria cuenta con antecedentes. El más claro tiene que ver con dos decretos que en 2011 permitieron que se desmonten zonas categorizadas como rojas o amarillas, o I y II, o de alta o moderada conservación, que no podían ser intervenidas por las topadoras. Estas “recategorizaciones” como se dio en llamar, tenían como excusas el hecho de que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) se refería a porciones globales de tierras y no al detalle de que, para el gobierno de Juan Manuel Urtubey, tenían algunas zonas que eran pasibles de desmonte.
Como sucede con la resolución de Aldazábal, el gobierno se escudaba en términos legales que luego fueron dados por tierra desde el Ministerio de Ambiente de la Nación durante 2018. Pese a ello, las zonas recategorizadas continúan siendo desmontadas bajo el pretexto de la “seguridad jurídica” de quienes fueron autorizados a hacerlo bajo esta forzada interpretación normativa.
El aprovechamiento forestal (que implica la tala de madera) y el llamado manejo silvopastoril o “bajo monte”, que implica un desmonte selectivo, incluso trae conflictos entre las comunidades que viven en esas zonas y los titulares registrales. Pero a partir de esta resolución, y al no solicitar audiencia, se desconoce cómo se darán a conocer estas actividades.
Pasa que incluso con la realización de las audiencias públicas, en muchas ocasiones las comunidades de pueblos originarios ni siquiera se podían hacer escuchar. Con esta nueva disposición, solo se podrían enterar cuando quienes talan madera o crían ganado aparezcan en el lugar a concretar el desmonte.
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La Justicia suspendió todos los permisos de desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Chaco suspendió todos los permisos de desmontes y cambios de uso de suelo en la provincia al hacer lugar a una medida cautelar, que fue presentada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”.
El fallo, con fecha de este viernes 16 de octubre de 2020, lleva la firma de las juezas Silvia Geraldine Varas y Natalia Prato. Abarca a las categorías de conservación rojo, amarillo y verde, a excepción de planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques.
Así mismo, la Justicia solicitó la entrega de un informe, en el plazo de cinco días, detallado sobre la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, con los datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo. Como también notificarlos fehacientemente de la medida ordenada.
Desde la organización Somos Monte celebraron la medida judicial y recordaron: “El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pilar fundamental de la Ley de Bosques, se encuentra vencido en Chaco desde el 2014 y las autoridades no fueron capaces de organizar el proceso participativo para actualizarlo, con lo cual todos los permisos se encuentran hoy en un estado de discutida legalidad desde el punto de vista legal”.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL FALLO
I. Hacer lugar a la medida cautelar innovativa peticionada, y ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Subsecretaría de Recursos Naturales, del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco:
1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente;
2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc.-, recategorizaciones o actividad alguna, vinculadas a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre;
3) Informe en el plazo de cinco (05) días la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo), II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, debiéndose detallar: datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo.
4) Notificar fehacientemente de la medida ordenada a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar su cumplimiento. Bajo apercibimiento de correr vista al Fiscal en turno por las responsabilidades penales, administrativas, civiles y ambientales que correspondan.
II.- Una vez cumplimentado lo ordenado en el Pto. I, 3), SOLICITAR la colaboración de los Juzgados de Paz y Faltas de las jurisdicciones correspondientes, la inspección y verificación del estado de ejecución de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. suspendidos por la presente medida.
III.- Previa caución juratoria que deberá prestar la apoderada de la accionante.
IV.- Regístrese, notificar conforme Anexo a la Resolución N  162/19 del Superior Tribunal de Justicia -Reglamentación de las notificaciones electrónicas-.


El sector forestal de la provincia preocupado por la suspensión de permisos de desmontes

Carpinteros, muebleros, aserraderos, motosierristas, ladrilleros, pymes y empresas productores de carbón y tanino, que conforman el sector forestal chaqueño manifestaron su preocupación por una nueva orden judicial que ordena “la inmediata suspensión del sector forestal en todo el territorio provincial”.
Se trata de una sentencia cautelar dictada por la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa del Poder Judicial que ordena “suspender todos los permisos forestales otorgados desde el año 2014 a la fecha”. También resuelve que la provincia debe interrumpir la evaluación de aquellos que se encuentren en trámite.
Esta sentencia implica que la Dirección de Bosques suspenderá los permisos otorgados y no continuará con la evaluación de permisos en trámites, lo que impedirá a productores de toda la provincia ejecutar trabajos de aprovechamiento, silvopastoril y cambio de uso de suelo, que son necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
A raíz de la misma, los productores manifestaron que se verán "impedidos de solicitar la emisión de guías de productos forestales por lo que no podrán comercializar sus productos y abastecer a las industrias del tanino, del carbón, carpinterias, y del aserrado en general”.
La sentencia, según señalaron desde el sector, “no diferencia entre grandes, pequeños o medianos productores. Todos estamos afectados por la prohibición”. Al mismo tiempo, recordaron que “alrededor de 20 mil chaqueños y sus familias de manera directa se verán afectados por esta medida al no poder circular con su producción primaria o industrial. Se interrumpirán procesos de exportación y de industria vitales para nuestra economía provincial y nacional”.
En esa línea, los integrantes del sector forestal solicitan a las autoridades provinciales, judiciales y legislativas “que intervengan en el caso y se garantice la producción y el trabajo del sector forestal y los sectores afectados indirectos”.
Calificaron, además, a la mencionada decisión judicial de “arbitraria” y aseveraron que “el sector forestal no es desmonte, el sector forestal es trabajo, industria, valor agregado, es el sostén de miles de fuentes de trabajo, especialmente en el interior provincial”.
Piden que se revea la decisión judicial y “no se paralice una actividad tan importante para los chaqueños y chaqueñas”.
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Nación afirmó que el actual modelo agropecuario es insostenible

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Sequías e inundaciones, tensiones y desarraigo de los territorios por la falta de regularización de tenencia de tierras fueron algunos de los aspectos señalados en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de Nación.
En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331. De ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a Salta, entre otras provincias. Así surge del informe que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ante el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Salta representó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%, mientras que en Chaco fue el 14% y en Formosa el 13%.
La Ley 26.331 (iniciativa que nació a raíz de la situación los ex lotes fiscales salteños 32 y 33), habría sido uno de los factores que colaboró para que en que el país disminuyera la pérdida de bosques. Según el informe, del 0,94% de deforestación de bosques nativos que se registró en 2007 (año en el que se sancionó la ley), se pasó a un 0,34% en 2015. La tasa subió un poco durante el macrismo, cuando pasó al 0,42%. De todas maneras, la tasa de deforestación sigue siendo una de las más altas de Sudamérica, ubicada detrás del Amazonas.
Si bien la Ley de Bosques indica que en zonas rojas y amarillas (o categorías I y II) no se debe desmontar, tanto en Salta como en Chaco se autorizaron las llamadas "recategorizaciones”. Es así que áreas rojas y amarillas fueron habilitadas para el paso de las topadoras, lo cual implicó que entre las dos provincias se permitiera el desmonte de 88.990 hectáreas asignadas la categoría I y 33.675 hectáreas de la categoría II.
Hubo quejas y marchas atrás, pero al menos en Salta los desmontes en zonas recategorizadas continuaron porque, antes de irse, el gobernador Juan Manuel Urtubey lo permitió, y su sucesor, Gustavo Sáenz, no lo cuestionó.

Un modelo insostenible
El informe del Ministerio de Ambiente de la Nación afirma que entre 2010 y 2017 en el país se incorporaron a la actividad agropecuaria 4,5 millones de hectáreas, lo cual implica una tasa de crecimiento agropecuario de 640.000 hectáreas anuales. Pero en esos 7 años se abandonaron 2,8 millones de hectáreas para uso agropecuario.
“Este indicador brinda una dimensión de la superficie de desmontes donde no se puede sostener una actividad agrícola en el tiempo”, asegura el informe, y estima que ese período se perdieron 400 mil hectáreas de uso agropecuario por año. Esto es una señal “de la aplicación de prácticas agropecuarias no sostenibles, que por avanzar en áreas con limitantes naturales para ese uso (con mayores riesgos ante contexto de cambio climático), no logran sostener el uso agropecuario, teniendo que abandonar tierras y buscar nuevas”, completa el documento.
El informe de la cartera ambiental nacional también hace referencia al problema del agua: “Se calcula que un bosque puede contener más de 60 millones de litros de agua por hectárea. Por el contrario, si se reemplaza un bosque del Chaco seco por un cultivo de soja, la cantidad de agua retenida en la biomasa vegetal viva es de unos 3 millones de litros de agua por hectárea”.
“El consumo de agua (evapotranspiración) del bosque regula la percolación profunda, con el consecuente efecto de evitar el ascenso de napas, lo que provoca inundaciones y salinización de suelos, que en casos extremos ha llevado a la pérdida de miles de hectáreas de tierras productivas, como en el caso de Australia (…) este tipo de procesos están generándose por ejemplo en el Chaco Salteño a partir del reemplazo de bosque por agricultura de secano”, concluye.

La tierra, para vivir o para negociar
En más de una oportunidad, Salta/12 dio cuenta de la cantidad de conflictos que se generan en la región chaqueña por la falta de regularización de la tierra, ya sea de comunidades indígenas o criollas, con los llamados “titulares registrales”. Esos conflictos tienen que ver con la idiosincrasia de cada comunidad, su visión sobre la tierra y el uso que hace de ella.
“Buena parte de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en detrimento de un beneficio social”, sostiene el informe de Ambiente, y añade que la Ley de Bosques “tiende en definitiva a compensar, reparar y equilibrar estos desequilibrios que se dan en el plano social, ambiental y económico”. Se trata de un aspecto que, al menos hasta ahora, no se logró visibilizar en las zonas más conflictivas del chaco salteño.
Una posible explicación, según el informe, es que la expansión de la agricultura en la región chaqueña del país se vio facilitada “por la liquidez de capital generado principalmente por los altos precios agrícolas y la rentabilidad de la soja”. La tierra que antes se usaba como “respaldo financiero”, pasó a ser objeto de “inversión productiva”. “Se formaron así empresas que compraban tierras con bosques, las ‘desarrollaban’ (o sea, hacían desmonte y habilitación para agricultura y ganadería), y luego las vendían a precios sustancialmente mayores”, indica el documento.
Y agrega que, con estas intervenciones, el valor de la tierra implica una negociación favorable. “Por ejemplo, en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares, siendo el costo de desmonte de 1.200 dólares”. No por nada hay avisos que promocionan la venta de tierras desmontadas.
“Gran parte de estas tierras se encuentran bajo tenencia precaria, ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades criollas o por ser parte de territorios indígenas. Si bien en algunas provincias existen instituciones específicas que disponen de registros de las ocupaciones de tierras y de la identidad de sus ocupantes, en otras jurisdicciones las ocupaciones –tanto de criollos como de pueblos indígenas– no han sido documentadas”, afirma el documento.
Pese a la existencia de la Ley n° 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias, el porceso de regularización “no ha sido completado aún y por lo tanto existen todavía numerosas comunidades a las que no se ha asignado todavía la propiedad”, advierte el Ministerio de Ambiente.
Esto desencadenó “fuertes conflictos entre los ocupantes y quienes disponen de los títulos de propiedad. Los conflictos por la tierra se profundizan ya que los procesos de regularización de los títulos son trámites complejos y no contemplan las condiciones de aislamiento y pobreza que caracteriza a las familias que habitan en esas tierras con bosques”.

El Banco Mundial mira pero no ve
Del informe más amplio del Ministerio de Ambiente de la Nación surge que, según un artículo publicado por el Banco Mundial (BM) en 2014, Argentina es uno de los quince países más afectado por las inundaciones, que en el año 2012 le costaron 3.400 millones de dólares en daños materiales, lo que equivale al 0,7 % del PBI.
“Si a esto se suma que casi ocho de cada diez argentinos viven en la cuenca del Paraná (4 millones de kilómetros cuadrados de superficie), podemos concluir que las inundaciones representan el desastre natural que afecta al mayor porcentaje de población del país (BM, 2014)”.
En 2016, en un nuevo informe el BM consideró que “una comparación visual entre la distribución espacial de la deforestación y los eventos de inundaciones sugiere que las mayores inundaciones ribereñas ocurren en regiones deforestadas e indicó que los escurrimientos de agua provocados por la deforestación provocan una acumulación de mayor volumen y ritmo más acelerado aguas abajo”.
Pese a las evidencias estudiadas, “tanto el BM como el discurso predominante en la política y las empresas relacionadas a la producción agropecuaria apuntan a que, para solucionar el problema recurrente de inundaciones, hay que mejorar la información hidrometeorológica, aumentar la inversión en obras de drenaje y expandir los seguros de riesgo climático (BM 2014).
Esto no tiene en cuenta una de las principales causas del problema que es el sistema productivo dominante, que ha llevado a un irresponsable cambio de uso del suelo a través de la deforestación y el reemplazo de sistemas productivos más eficientes en la regulación hídrica por el de la monocultura agrícola”, indicó el informe de la cartera a cargo de Juan Cabandié.
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¿Por qué avanza la deforestación en el Chaco argentino?

Fecha de Publicación: 14/10/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Norte Argentino

La deforestación avanza sin freno en el Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de Sudamérica, incluso durante la pandemia de COVID-19. Solo en el primer mes de cuarentena (entre marzo y abril de 2020), este ecosistema perdió más de 6500 hectáreas de bosque.
Este daño es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina se ubica el 60 % del ecosistema del Gran Chaco. Según un informe reciente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, el 80 % de la pérdida de bosque nativo a nivel nacional se concentró en este bosque.

Esto significa que el Chaco argentino perdió unas 5 millones de hectáreas en los últimos veinte años.

Solo el 4 % de las 60 millones de hectáreas que ocupa este ecosistema está catalogado como área protegida. Esta falta de protección ambiental ha permitido que la frontera agrícola y ganadera se expanda a niveles inimaginables, que se fragmente el hábitat de las especies y que muchas de ellas queden aisladas por la falta de corredores biológicos que las conecten.
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Denuncian un desmonte silencioso en territorios en disputa

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La denuncia es de la comunidad Honat Le Les, de Embarcación, que disputa tierra con el titular registral en un monte nativo que quedó rodeado de desmontes.
Miembros de la comunidad del Pueblo Wichí Honhat Le Les (Hijos de la Tierra, en wichí) denunciaron que el titular registral del lugar envió personas a colocar postes para empezar a alambrar el territorio donde viven 115 familias.
La afirmación vino de parte de la niyat (cacica) de la comunidad, Julia Gómez, quien indicó a Salta/12 que “los blancos” que ingresan al territorio a sacar madera presentan permisos, con papeles que denotan autorizaciones extendidas por la Agropecuaria Suipacha SA.
La comunidad ya cuenta con su relevamiento enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, en una carpeta técnica que involucra 3.400 hectáreas de territorio comunitario. Por otra parte, la finca está reconocida como “Tres Pozos” en la Dirección de Inmuebles de la Provincia, cuyos titulares registrales son de apellido Ortega Velarde.
Hace unos años, en el programa Salta Produce que se emite por Radio Nacional Salta, Jorge Ortega Velarde afirmó que las tierras son suyas desde 1972, cuando las compró a los anteriores titulares registrales. “Vivo la mitad del año en Embarcación”, sostuvo en aquella oportunidad en que afirmó que había un “atropello al Código Civil y a la propiedad” con el relevamiento de la propiedad ancestral indígena.
“Desde la Estación de Embarcación al este hay 2000 intrusos. Nunca nos metimos con ellos para nada. Y han construido su casa y han ido avanzando”, afirmó además. En sus especulaciones, aseguró que “a mí me dicen ‘esto es droga’”, sin explicar a qué se refería con esa expresión.
La comunidad, en tanto, afirma que vive ancestralmente en esas tierras que, según indicó Leonardo Pantoja, referente de Misión Chaqueña (otra comunidad de Embarcación), es el único monte que queda “en medio de las plantaciones de soja y poroto”. El territorio de Honhat Le Les o Finca Tres Pozos (según quien la nombre), se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en dirección al río Bermejo.

El uso del monte
“El monte para nosotros es el mercado, el hospital, el corralón y hasta el Ingenio, porque nos da la miel”, dijo Lucio Palavecino, fiscalizador general de la comunidad. Sin embargo, con este tipo de acciones que implican la tala de madera se termina por generar una suerte de desmonte silencioso que va degradando la zona.
Gómez envió fotos exhibiendo la notificación que muestran “los blancos” que sacan los rollos y troncos de madera de la comunidad. “Con la presente, la firma Agropecuaria Suipacha SA autoriza al señor… extraerá quincenalmente trocillo de los predios de la finca tres pozos, pertenecientes a la misma”, se puede leer. En el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) figura que la mencionada empresa está constituida por los Ortega Velarde y tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las imágenes enviadas por Gómez, en tanto, se muestran camiones que recurrentemente entran a la zona a sacar árboles del monte en disputa.

Con distinta vara
Hace unos meses la Policía secuestró madera, carbón y artesanías hechas en madera a integrantes de la comunidad. Pues desde la Institución se sostenía que no tenían permiso alguno para esa extracción, por lo que dejaron lo secuestrado en las comisarías. “Nosotros sacamos para sobrevivir en carritos chicos”, dijo Gómez a Salta/12. Afirmó que por el contrario, no sucede nada cuando la acción es llevada adelante por quienes son autorizados por Agropecuaria y que extraen madera en cantidad considerable, como se ve en algunas fotografías.
Gómez añadió que quienes fueron a machetear en el territorio, enviados en principio por Ortega Velarde, para plantar los postes y alambrar, fueron acompañados y protegidos por la Policía. Una vez que las autoridades de la comunidad decidieron parar los trabajos, la Policía les indicó que iban a dar intervención a la Fiscalía para que “los notifiquen”.
El reclamo de ésta como de otras comunidades es que se continúe con la etapa que venía después del relevamiento de las tierras que reclaman como territorio comunitario. Esto es, la entrega del territorio. Del otro lado, los titulares registrales reclaman la propiedad de tierras que compraron y asentaron como suyas en los papeles, aunque las hubieran comprado con ocupantes. En medio de la cuarentena, la situación se complica porque pese a que para los originarios ni el desmonte ni los alambrados deberían ocurrir, continúan sin mayores restricciones.
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Incendios sin control: 10 claves sobre por qué se nos quema Córdoba

Fecha de Publicación: 08/10/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba



1. 2020, el peor: superará a 2009
En la memoria del fuego, este año está a punto de quedar como el peor que recuerde Córdoba. En los últimos 20, desde que se lleva registro ordenado, sólo 2009 superaba hasta días atrás en superficie quemada a este 2020, al que le quedan tres meses (con pronósticos de lluvias por debajo del promedio histórico).
Datos del Instituto Gulich (Conae y UNC), con imágenes satelitales, mostraban al jueves pasado 191 mil hectáreas quemadas en el año, sólo en el área serrana. Sin embargo, la cifra aumentará al sumar el avance de múltiples focos hasta hoy. Además, para el total provincial, debe sumarse la relevante cifra de incendios ocurridos en zonas llanas (campos agropecuarios). La cifra final provincial de 2020 es muy probable que ya supere a la de 2009. Para la zona serrana, seguro que ya es el incendio más grave.
En las últimas dos décadas, sólo sobrepasaron las 100 mil hectáreas quemadas los años 2003 (144.900 hectáreas), 2009 (226.800 hectáreas), 2010 (104.600 hectáreas) y 2013 (151.800 hectáreas).

2. ¿Es el clima la gran explicación?
Los especialistas marcan que es el factor central que explica que más focos iniciados escapen de control. Córdoba se ubica, por razones climáticas y geográficas, entre los lugares del mundo con mayor riesgo de incendios. Tiene varios meses casi sin lluvias, que dejan pastizales y forestaciones secas tras las heladas de invierno. Si la humedad es inferior al 10 por ciento, se suman vientos y la temperatura asciende, y pueden generarse “incendios explosivos” de avances muy agresivos. Esas condiciones se dieron en 2009, en 2013 y en 2020.
Pero no hay modo de cerrar la explicación sólo con el clima. La chispa inicial, antes de que se descontrole, suele tener rostro humano. En la mayoría de los inicios, se presume que hay intención o negligencia de personas.
Además, incide que hay cada vez más gente viviendo o transitando en zonas de alto riesgo, como la serrana. Eso genera más focos y más complicaciones para abordarlos, por la existencia de más viviendas e infraestructura. Es lo que los bomberos llaman “incendios de interfase”.

3. Más del 90 por ciento, provocados
Si en algo hay coincidencia, es en que más del 90 por ciento de los focos se inicia por acciones humanas. Por negligencia o por intención manifiesta. También tallan los piromaníacos. Pero a la Justicia le cuesta probarlo. En cinco años (de 2014 a 2019), apenas 25 causas judiciales fueron iniciadas y hubo sólo dos condenas firmes, aunque se generan cientos de focos de riesgo cada año.
Los bomberos insisten en que otro origen recurrente son las quemas en basurales municipales o clandestinos. Y no son pocos los casos en que la caída de cables de energía provoca la chispa inicial. Entre las causas “naturales”, la más citada es el impacto de rayos, pero con mayor incidencia en verano, cuando ocurren las tormentas eléctricas.
Probar el inicio intencional resulta complejo. Pero, sin sanciones a la vista, parece facilitarse la repitencia de los hechos, voluntarios o negligentes.

4. ¿Incide el cambio climático?
En el mundo se habla de eso. Los especialistas coinciden en que ya se percibe un nuevo tipo de incendios forestales, acentuados por el calentamiento global: les llaman “la quinta generación”. El cambio climático genera sequías más acentuadas y prolongadas, además de jornadas de calor más intenso. En ciertas áreas geográficas del planeta (Córdoba incluida), influye en los fenómenos del fuego. Se observan focos cada vez más agresivos, cuyo control escapa hasta en los países mejor preparados.
Los expertos cordobeses ya advierten, por ejemplo, que la temporada de riesgo, que antes iba de mayo a octubre, se prolonga cada vez más hacia el verano, y llega a diciembre y a enero con focos.
En realidad, Córdoba tuvo fuegos desde siempre: forman parte de su naturaleza. Pero el cambio en el clima representa un agravante que plantea desafíos adicionales.

5. ¿Puede variar el uso del suelo tras el fuego?
La ley de bosques nativos prohíbe expresamente que cualquier sitio catalogado en el mapa de ordenamiento territorial vigente como zona roja o amarilla pueda cambiar de uso, por más que haya sido arrasado por las llamas.
Organizaciones ambientalistas apuntan que parte de la intencionalidad de los inicios se explicaría con los que buscan variar las condiciones para dar otro destino a esas tierras. La ley no lo habilita, pero hay razonables dudas de si los controles para hacerla cumplir alcanzan.
La discusión se saldaría si se precisara la ley; si se hiciera un mapeo georreferenciado, preciso y público, que delimitara sin dudas esos espacios, y si además cada municipio estableciera por ordenanza lo que no puede tener otro uso en su jurisdicción. De ese modo, se le quitaría sentido a esa posibilidad de cambio y a esa controversia siempre abierta.

6. ¿Hay recursos para cuarteles de bomberos?
Entre 2004 y 2017, el Plan Provincial de Manejo del Fuego se financió con un impuesto, creado con ese fin, cobrado con la facturación de energía. En 2017, el Gobierno resolvió eliminarlo y lo reemplazó con recursos del presupuesto general. Ese año, aquel tributo habría recaudado 90 millones de pesos. En 2018, el fondo asignado fue de 180 millones. En 2019, se destinaron 274 millones de pesos. Y para 2020 se fijó un presupuesto de 370 millones. ¿Adónde va? La mayor parte, a los casi 190 cuarteles de bomberos voluntarios.
En 2020, cada cuartel debería recibir unos 690 mil pesos: eso suma 127 millones en total. Además, se pagan “becas”, de 14.300 pesos por mes, a 390 bomberos de los 62 cuarteles de zonas de riesgo (las Sierras y el noroeste), que, a cambio, deben realizar tareas cotidianas y ser la patrulla de salida rápida. Ese aporte representa 69 millones anuales. Córdoba tiene unos 4.500 bomberos voluntarios activos, en más de 180 cuarteles.
Otro punto es el aporte a la obra social Apross, para los bomberos y sus familias sin cobertura social: son unos 3.500 beneficiarios, que implican 140 millones de pesos anuales. Entre esos tres ítems, se va el 90 por ciento del presupuesto global asignado. El resto es para equipamiento, operativos por incendios y otros gastos.
Los tres aviones hidrantes que hoy mantiene operativos la Provincia tienen presupuesto y salarios de sus pilotos pagados con otras partidas de la Dirección de Aeronáutica.
Los cuarteles de bomberos, además, reciben por año un subsidio de la Nación. Para 2020, está estipulado en 2,7 millones de pesos para cada uno. Sobrevive una discusión, desde hace años, sobre si todos los cuarteles deben cobrar por igual (como ocurre), sin importar el tamaño ni la demanda de tareas de cada uno.

7. Las discusiones que siguen abiertas
Cada año de graves incendios, reaparecen los debates sobre lo que se debiera mejorar para evitarlos (en el antes), para combatirlos de mejor manera (en el durante) y para atenuar sus impactos (en el después). Hay coincidencia en que lo mejor que hace Córdoba es el ataque al fuego, una vez que está avanzando, por la experiencia, el esfuerzo y el equipamiento de sus bomberos y por la asistencia creciente de los aviones hidrantes.
Más discusión generan el antes y el después. En la prevención, asoman, por ejemplo, controversias sobre el sistema de alerta temprana (por caso, que se hayan desactivado los puestos de bomberos “vigía”). También, sobre si generar o no “calles” que impidan la continuidad tan extendida de la masa vegetal combustible (sobre todo de pastizales), sin interrupciones ni accesos para el ataque. Se discute sobre cómo “manejar” la masa combustible seca (sin tocar bosques) en los meses previos a los de riesgo. Otro punto es sobre la razonabilidad de crear una brigada de bomberos profesionalizada (rentada) para el primer abordaje. Y se renuevan planteos sobre las campañas de concientización y educación, sobre todo en zonas clave.Siempre regresa, además, la controversia sobre el control del uso de suelo para evitar especulaciones sobre cambios tras un sitio quemado.
Y nunca quedan resueltos los criterios de restauración de sitios afectados, sobre todo de áreas marcadaa como zona roja o amarilla de bosque nativo: hace décadas que no se logran generar equipos entre el Estado y las unidades académicas que estudian esos impactos, para un abordaje consensuado y sostenido.

8. Los impactos, cuando el fuego se apaga
Los efectos negativos son múltiples. Es obvio el económico, para los propietarios de las tierras arrasadas, en infraestructura, en calidad del suelo, en pérdida de ganado y a veces hasta de inmuebles. El Estado también pierde con los enormes gastos que demandan los operativos ante incendios y por la restauración de la infraestructura. Los cuarteles de bomberos destinan fondos y exponen sus equipos.
En lo ambiental, el impacto se agiganta. Si el fuego avanza sobre bosques nativos, daña lo muy poco que ya queda, sea en montes maduros o en sitios que, sin quemas, podrían haber recuperado esa condición. El efecto se percibe además en la degradación y erosión de suelos y en la pérdida de biodiversidad (fauna y flora). La menor masa vegetal resultante, así como su combustión, inciden en el cambio climático.
Además, la pérdida de montes, de pastizales y de suelos de montaña afecta el balance hídrico de Córdoba: es en las Sierras donde “nace” el agua que necesita esta provincia. Sin suelos ni vegetación que la contenga, se aceleran las crecidas e inundaciones en verano, y se resiente la reserva de agua el resto del año. Cada incendio serrano, además, provoca que las cenizas terminen como sedimentos que contaminan ríos y embalses.

9. ¿Seis incendios por día?
Un estudio de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) determinó una asombrosa ocurrencia promedio de 6,5 focos de fuego por día en Córdoba. Entre julio y septiembre, suelen ser decenas por jornada. Esa investigación de 2007 sobre mapas de calor detectó en 15 años el inicio de 35.366 focos. Nada indica que ese ritmo haya variado en la última década.
Por cierto, sólo una minoría termina en incendios de magnitud. Pero el dato muestra el riesgo latente que representan para Córdoba. Cientos de esos focos por año requieren movilizar a más de un cuartel de bomberos. Varias decenas involucran aviones y costosos refuerzos operativos.
La clave para evitar que un fuego se torne descontrolado radica en la alerta temprana y en la reacción rápida. Pero ese tiempo depende mucho de las condiciones meteorológicas y del lugar del siniestro.
En la zona llana, los fuegos rurales suelen quemar restos de cultivos secos, lo que afecta la calidad de esos suelos agrícolas. En las Sierras y en el noroeste, con mayor forestación, se reportan mayores impactos ambientales y superiores dificultades para sofocarlos.
Las forestaciones implantadas suelen ser menos ignífugas que las nativas: es el caso de los pinares, que cuando arden representan un avance incontenible si se presentan en lotes escasos de limpieza y de raleo.

10. En 15 años, un millón de hectáreas
El impacto ambiental y económico cobra mayor dimensión al observar el efecto acumulativo a través de los años. Sobre todo, además, porque se da una notable repitencia de focos de fuego en los mismos sitios. En el balance ambiental e hídrico, esa acumulación toma forma de tragedia.
Para graficarlo, alcanza una cifra: en 15 años, se quemó más de un millón de hectáreas en Córdoba. Para tomar dimensión: todo el territorio provincial suma 16 millones de hectáreas.
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Córdoba, con pronóstico desolador

Fecha de Publicación: 07/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba


Habrá mayores crecidas de ríos e inundaciones, contaminación del agua para consumo y pérdida de economías campesinas.
Crecidas e inundaciones, escasez y contaminación del agua para consumo, pérdida de economías campesinas y sus alimentos asociados, y una mayor vulnerabilidad para la salud colectiva son algunas de las problemáticas que ya se vislumbran en los territorios afectados por los incendios en Córdoba. “Se está destruyendo el ciclo del agua para que unos pocos hagan negocios”, advierte, por ejemplo, el geógrafo Joaquín Deón.

Tras el fuego, exceso y escasez hídrica
Córdoba padeció graves crecidas de ríos e inundaciones en los últimos años, con el antecedente de 2015 como huella más dramática. Los incendios, que según el instituto Gulich alcanzaron esta temporada a 146 mil hectáreas, tienen relación directa con esos fenómenos. El geógrafo Joaquín Deón (Conicet) explica que “de siete macro-cuencas que tiene la provincia, cinco se han quemado en casi un cuarenta por ciento”. Según los primeros análisis, por ejemplo la del río Suquía, del embalse hacia abajo se quemó en más de 65 por ciento, y en la del río Cruz del Eje se afectó prácticamente en su totalidad. Otro tanto ocurrió en Traslasierra, y en los ríos Cuarto y Quinto.
“Cuando se queman las cuencas, y encima durante varios años seguidos como viene pasando, vienen las primeras lluvias y se genera una escorrentía superficial muy fuerte hacia los cauces, estos se colma tan de cenizas y de sedimentos, y el agua se vuelva intomable”, apunta Deón. Por otra parte, y en base a la experiencia reciente, “las inundaciones llevan a que haya mayor cantidad de agua presente en los cauces, mayor velocidad de arrastre, y mayor nivel de destrucción, con los costos en vidas humanas que eso tiene”. El investigador enfatiza que derivado de la destrucción de ecosistemas, “Córdoba alteró la periodicidad de las crecidas”. Si históricamente se daban cada 32 años, después eso ocurrió cada 14 años, luego cada siete, y pasamos a tener en 2008, 2012, 2014, 2015 y 2016. “Las cuencas están tan dañadas que las inundaciones son cada vez más frecuentes”.
El geógrafo remarca que además, “el arrastre de las crecidas hace que el agua no quede en el subsuelo, y la disponibilidad en las cuencas bajas sea cada vez menor”. Un problema que se evidencia en los diversos proyectos en trámite para trasvasar agua entre diversas cuencas, incluso para traer agua desde otras provincias. “Las comunidades locales están teniendo que buscar agua en lugares cada vez más lejanos con obras costosísimas, cuando lo necesario es cuidar las cuencas serranas”. Deón sostiene que “con los incendios, el camino del agua que hacen las cuencas, con los bosques nativos de esponja, se destruye y se está convirtiendo en un tobogán producto del negocio de unos pocos”, en referencia a proyectos inmobiliarios, mineros, agrícolas y megaturísticos.

El monte es salud y arraigo
Las comunidades que enfrentan por estas horas los incendios sostienen que proteger el bienestar de los territorios es cuidar la salud colectiva. “A corto plazo es fácil ver que los incendios repercuten en la salud. Muchas de las especies que crecen en el bosque son alimento y medicina aún hoy para familias que viven en esas zonas”, señala Natalia De Luca, ingeniera forestal, especializada en flora nativa. Pero también con todo el territorio que se quemó, “se pierde para los urbanos la oportunidad de que se fortalezca una alimentación agroecológica basada en todo el potencial de frutos que tiene el monte”.
Desde Charbonier, el apicultor Rodolfo Zabaleta lamenta: “Para la actividad apícola de monte se perdió todo; toda esta región incendiada es donde está la flora para las abejas”. En simultáneo, se pierde “la apicultura como actividad ecológica clave por la polinización que aportan las abejas, y por otro, como actividad económica de familias campesinas que quedan condenadas al desarraigo”. “Acá habitan miles de familias que tienen economías integradas, que cosechan algarroba, tienen huerta, colectan plantas aromáticas, tienen pequeñas granjas, y sin el monte ya no tienen futuro posible”.
En otra línea, De Luca describe el vínculo entre situaciones que suelen ser analizadas de forma aislada, como son los calores extremos, la pérdida de humedad, la predisposición a nuevos incendios, y diversas afecciones sanitarias. “Los sistemas boscosos regulan la amplitud térmica, la velocidad del viento y equilibran la hidrología”. Todo esto deviene en “si tenemos más vientos huracanados, fenómenos climáticos extremos, sequías, con más predisposición a incendios, de un lado, e inundaciones, de otro, y todo lo que eso va implicando en la salud de las comunidades”.
Problemáticas como la voladura de suelos, con la suspensión de materia particulada en el aire o la ruptura de equilibrios que pueden devenir en plagas son consecuencias directas de la pérdida de los bosques. “En un ambiente degradado las personas estamos expuestas de forma creciente a nuevas enfermedades, y nuestros cuerpos al mismo tiempo están en peores condiciones para hacerle frente, que es justamentelo que hoy pasa con la pandemia”, concluye De Luca.
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Desastre ambiental: son 13 las provincias afectadas por incendios forestales

Fecha de Publicación: 06/10/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En once provincias del centro y norte del país -Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Misiones y Chaco- aún se registran "focos activos".
Según el último reporte oficial del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) los incendios forestales sin control ya afectan a 13 provincias del país y causan un desastre ambiental sin precedentes.
 En once provincias del centro y norte del país -Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Misiones y Chaco- aún se registran "focos activos".
Las autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente informaron que se está trabajando con las provincias "para que puedan fortalecer sus estructuras de manejo del fuego" y se destacó que la presencia nacional se mantendrá "hasta que haga falta" ya que "ese es el compromiso asumido".
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, insistió “en la necesidad de tipificar el desmonte como un delito penal y prohibir que las tierras quemadas puedan ser utilizadas en 60 años".
Asimismo desde su cartera consideran "urgente la adecuada implementación de la ley de Manejo de Fuego, asignándole un presupuesto acorde a las funciones asignadas al Sistema Federal de Manejo de Fuego".
"El 95 % de los fuegos son intencionales. Las condiciones de sequía prolongada no colaboran, es un problema agregado. Es un llamado a reflexionar sobre qué estamos haciendo con el planeta y que necesitamos generar cambios domésticos, productivos", concluyen las fuentes.
En este sentido, desde el Gobierno nacional se asiste con aviones y el despliegue de brigadistas en diferentes provincias del país, a fin de contener los incendios desatados en los últimos días.
Entre las acciones del Gobierno nacional se destaca el envío a Córdoba de siete aviones -cinco en el mes de agosto y otros dos en septiembre- y el despliegue de 70 brigadistas nacionales que llegaron a la provincia para ponerse a disposición del Gobierno de de Juan Schiaretti.
Según precisa un informe oficial, a la provincia de San Luis se envió un avión hidrante y 80 brigadistas que se movilizan desde distintos puntos del país, en tanto que a Tucumán fue enviado otro avión hidrante y una brigada de la Policía Federal Argentina (PFA), a Jujuy otras dos aeronaves del SNMF y a Corrientes, una.
En tanto, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos llegaron dos aviones hidrantes y un avión vigía del SNMF, un helicóptero, 14 brigadistas forestales de la PFA y 22 brigadistas nacionales.
Ayer, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a los jefes de los bloques provinciales, presentó un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales, para evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.
La iniciativa diseñada por Kirchner fue firmada por los titulares de los interbloques Federal, Eduardo Bucca; y de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramon; y los presidentes de los bloques de Consenso Federal,Graciela Camaño; del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; y de Juntos Somos Rio Negro, Luis Di Giacomo.
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Incendios en Córdoba: declaran alerta roja por el avance del fuego y se suman bomberos de Entre Ríos y Santa Fe

Fecha de Publicación: 03/10/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Córdoba


Llegarán a la provincia esta mañana. Los bomberos trabajaron en la madrugada contra múltiples focos.
Los incendios en Córdoba no ceden y el Gobierno declaró el alerta roja por el avance del fuego. Los bomberos trabajaron contra las llamas en la madrugada de este viernes y se espera para las próximas horas la llegada a la provincia de 64 brigadistas forestales enviados por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Detalla el diario La Voz que en la zona de Las Chacras, en proximidades de La Paz, personal de ocho cuarteles de bomberos trabajó contra un frente de 900 metros de llamas. Y que algo similar sucedió en otros lugares como Río de los Sauces, Villa El Chacay, Las Albahacas y Huerta Vieja.
También se lucha intensamente contra el fuego en las localidades de Alta Gracia, La Paisanita, Falda del Carmen y Potrerillo de Larreta, donde persisten algunos focos muy inestables con altas temperaturas. Los bomberos además debieron atender un incendio en Calamuchita, sobre Villa Berna, en el interior de una forestación.
Además están afectadas las cercanías de Tanti, sobre Cerro Blanco; el norte de Punilla, en Carpintería y en el departamento Cruz del Eje; la proximidad de Estancia La Candelaria; Río La Población; Agua Colorada y Chacras Viejas.
Mientras se realizaba el recambio de personal para continuar los trabajos este viernes, estaban preparados para despegar diez aviones hidrantes y dos helicópteros, que ejecutarán, señala La Voz, acciones de acuerdo a las indicaciones del avión vigía.
Los 64 brigadistas forestales que envía el Ministerio de Ambiente de la Nación llegarían a la provincia durante la mañana de este viernes, jornada en la que el titular de esa cartera, Juan Cabandié, recorrerá zonas afectadas.
También se sumarán en las próximas horas bomberos que llegarán desde Entre Ríos y Santa Fe, por pedido del titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha.
Según el último reporte del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), en la provincia la situación es crítica en La Cumbre, Villa Giardino, La Falda, Huerta, en la zona de Punilla; en Bosque Alegre, Santa María; y en Alpa Corral, Las Albacas y El Chacay, en Río Cuarto. Además, hay focos contenidos en Calamuchita, Alta Gracia y La Paisanita (Alta Gracia), en Falda del Carmen y en Alpa Corral (Río Cuarto).
Además de Córdoba, otras 10 provincias tienen focos activos y en total son 13 las afectadas por los incendios. Es que aun se registran focos activos en Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Misiones y Chaco
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Bosques Nativos: el Proyecto de Presupuesto Nacional solo contempla un 4,8% de lo que le correspondería a la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 02/10/2020
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde Fundación Vida Silvestre Argentina expresaron su preocupación por los montos asignados a la protección de los Bosques Nativos en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2021 que fue presentado para el tratamiento por el Poder Ejecutivo de la Nación en el Congreso. Desde su implementación en 2009, la ley de Bosques ha recibido menos del 10% del presupuesto que le correspondería.
A pesar de que el proyecto duplica numéricamente la parida de fondos planteados en el año anterior para la protección de los bosques de la Argentina, representa menos del 5% de lo que corresponde según establece la Ley 26.331. Desde su implementación en 2009, la ley de Bosques ha recibido menos del 10% del presupuesto que le correspondería.
El “Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2021” que está siendo presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación en el Congreso de la Nación determina, en el Artículo 18, que se asignan al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, en virtud de lo establecido por el Artículo 31 de la Ley N° 26.331, un monto de Pesos Mil Doscientos Doce Millones Cuatrocientos Quince Mil ($ 1.212.415.000) y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de Pesos Veinticinco Millones ($ 25.000.000).
Sin embargo, desde Fundación Vida Silvestre Argentina advirtieron que “este monto estipulado corresponde apenas al 4,80% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley”.
La Ley N° 26.331 (comúnmente conocida como Ley de Bosques) “es clara”. En su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0.3% del presupuesto nacional. Ese 0,3% para 2021 debiera ser de 25.184 millones de pesos, una cifra muy superior a los 1.212 millones estipulados en este proyecto.
“El Fondo también debiera recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”, remarcaron desde la ONG ambiental.
“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Sin el adecuado estímulo financiero previsto por la Ley de Bosques las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia”, manifestaron en un documento de prensa al que accedió ArgentinaForestal.com
Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación” explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
La efectiva implementación de la Ley de Bosques Nativos constituye una herramienta indispensable dado que los bosques proveen servicios ecosistémicos al ser reguladores hídricos y reserva de carbono, entre otros, contribuyendo a la adaptación y mitigación del cambio climático. Además la plena aplicación de la Ley de Bosques contribuye para que Argentina honre sus compromisos internacionales asumidos como el Acuerdo de París (2015).
Los más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, declaradas por la sumatoria de las provincias argentinas en sus leyes de ordenamiento territorial de bosques nativos no pueden cuidarse con un presupuesto de 1.212 millones de pesos al año. En definitiva, estamos pensando que 25 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo (dos pesos por mes por hectárea).
Desde su implementación en 2009, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo, y recibió mucho menos del 10% del presupuesto que les correspondería en todo ese período. “Lamentablemente este reclamo lo venimos repitiendo hace ya 10 años cada vez que se presenta el proyecto de presupuesto, remarcó Jaramillo.
Entre 2010 y 2020 los bosques recibieron 4.073 millones de pesos en vez de los 57.219 millones que le correspondía. Apenas el 7,11% de lo estipulado por la ley. El proyecto de Presupuesto 2021 mantiene y acentúa esta tendencia asignando apenas el 4,80% de los 25.100 millones de pesos que le correspondería.
“Es fundamental que el reclamo por nuestros bosques sea escuchado y que éstos puedan contar por primera vez con el presupuesto que la ley estipula. Una de las cosas que ha enseñado el COVID-19 es que más que nunca que necesitamos un planeta sano para que nosotros podamos estar sanos también, sin embargo, nuestros bosques no reflejan en su presupuesto una situación de aprendizaje en este sentido”, expresa Jaramillo.
Además de la necesidad presupuestaria, desde Vida Silvestre sostienen que se debe lograr que se incrementen y respeten las zonas rojas donde la tala de nuestros bosques nativos restantes está estrictamente prohibida, para cumplir la meta internacional de proteger el 17% de nuestros bosques que son fuente de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
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Ya van más de 400 mil hectáreas incendiadas desde que comenzó el año

Fecha de Publicación: 30/09/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Según datos del Servicio Nacional de manejo del fuego, Entre Ríos es la provincia más afectada. Le sigue Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.
Desde que comenzó este 2020, los focos de incendios en la Argentina, no cesan. Este lunes 28 de septiembre se celebra el Día Nacional de la conciencia ambiental, desde #EcoPerfil compartimos el estado de las diez provincias que más vienen sufriendo los efectos del fuego, desde inicios de enero hasta hoy, según datos del Servicio Nacional de manejo del fuego. En total, ya hay 434975 hectáreas afectadas en toda la nación.

Entre Ríos
En primer lugar, se encuentra la provincia de Entre Ríos. Según los incendios reportados, desde comienzos de año hasta mediados de septiembre, ya perdieron 165.108 hectáreas, producto de los incendios. Lamentablemente, es muy amplia la diferencia de esta provincia en relación con las otras.

Córdoba
Estos días, no cesan de aparecer en las redes cociales las imágenes de Córdoba que es la segunda provincia más comprometida con 48.410 hectáreas prendidas fuego. A este panorama, se suma que ya son dos los fallecidos que estaban ayudando en el marco de los incendios forestales. Ellos son Cristobal Varela y José Roble, dueño del restaurante "Parada 5", de Villa Carlos Paz, como consecuencia de inhalar monóxido de carbono mientras desmalezaba campos para tratar de evitar que el fuego de los incendios forestales llegara al poblado de Las Jarillas.

Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero
Con 39 focos de incendio, Río Negro ya lleva 35.527 hectáreas incendiadas. Santa Fe tiene 28.950 y sus focos están relacionados con la zona del Delta en Entre Ríos. "Esto es un ecocidio. Quedan cenizas. Eliminamos la mayor parte de los reptiles que estaban. Ratones, nutrias, carpinchos, que se refugian en el humedal durante el invierno, están muertos. Esta columna vertebral verde no puede tolerar siete meses de incendios de esta magnitud. El Estado tiene que destinar recursos a la protección del ambiente. Los ministerios provinciales tienen que se fuertes y con recursos”, explica el ecologista santafesino César Massi. A las provincias mencionadas, les sigue Santiago del Estero con 26791.

Chaco
Si bien está en sexto lugar, en agosto, Chaco se destacó por el incremento exponencial de los focos de calor, devenidos en incendios, que dañaron distintas áreas de la provincia. Desde que comenzó el año, se reportaron 23.203 hectáreas afectadas.
La mitad de esos focos, se dieron en los últimos meses. Desde la subsecretaría de Protección Civil, se informó que desde finales de julio se registra un aumento sostenido de focos de incendio en todo el territorio provincial, totalizando 11 mil en un mes. Mario Sandoval (Subsecretario de Protección Civil) declara que en agosto la situación empeoró, y se llegaron a contabilizar 2900 focos en un solo día. Los focos muestran una tendencia exponencial a la tarde, y presentan distintas causas según la zona.
Según distingue Sandoval, por un lado muchos focos de incendio corresponden a prácticas de quema controlada, propias de las actividades agropecuarias: como la quema para limpieza del rastrojo de los cultivos, mientras que en las regiones ganaderas del sur de Chaco, existen focos asociados a las prácticas de quema de pastizales para el rebrote de los mismos previo al ingreso del ganado. Sin embargo, de acuerdo al análisis del subsecretario de Protección Civil, existieron denuncias de incendios intencionales, provocados particularmente en áreas urbanas, donde se visualizaron quemas de residuos u ocupación ilegal de tierras.
Desde la organización Somos Monte/, /Dardo Tiddi/aclaró que /el 99,9% de los incendios son causados por ser humano, y la casi todalidad son intencionales, la sequia simplemente amplifica algo que cada año se da. Los productores, sea los grande que los pequeños, utilizan las llamas para renovar el pasto para el ganado o para ganar nuevos terrenos donde hacer agricultura. Es una costumbre muy dificil de desarraigar, que normalmente no es tan visible pero que en años secos como este se vuelve un problema muy grave para toda la ciudadania. El fuego en algunos casos viene utilizado incluso para limpiar las banquinas a la vera de las rutas provinciales o nacionales, entrando luego a los campos y descontrolandose. Pero es claro que cada incendio tiene una persona que lo empezó, no caen relampagos desde el cielo y los que empezaron accidentalmente son muy pocos estadisticamente.

Catamarca, Formosa y Neuquén
Catamarca, con 20.801, Formosa con 15.459 y por último, Neuquén con 15.409 son las tres provincias que completan el listado de diez más afectadas.
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