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Senasa prohibió cinco agroquímicos



Prohíben la fabricación y venta de cinco plaguicidas riesgosos para la salud

Fecha de Publicación
: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.

Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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La Pampa, desmanejo de agroquímicos y la misma respuesta

Moralejo descartó una prohibición total en el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 10/10/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa


El ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo Moralejo, descartó la posibilidad de avanzar en una prohibición total del uso de agroquímicos en el territorio pampeano y, en cambio, indicó que se pretende hacer “un mejor uso”.
Las declaraciones se producen luego de que desde el Colectivo Sanitario le entregaran un petitorio en el que reclaman poner fin a las fumigaciones.
Moralejo dijo que desde el Gobierno se trabaja en la modificación de la reglamentación del uso de agroquímicos para lograr un mejor uso y una mayor concientización por parte de los productores, expendedores y empresas fumigadoras.
En ese sentido comentó que “la intención es que se usen como corresponde, respetando la legislación nacional y la provincial. Nosotros consideramos que es un insumo dentro del manejo de los campos. No estamos en una posición fundamentalista de decir ‘esto no va’, sino decimos que se debe hacer un uso adecuado, buscando aquellos productos que no tienen impacto adverso con la sociedad y el ambiente”.
“Es un compromiso del Gobierno pampeano cuidar la salud de los pampeanos. Para ello trabajamos con el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio de Ingenieros Agrónomos para dar seguridad y que la actividad agrícola que se realiza en La Pampa no ofrezca riesgos en la salud de los habitantes, ni la contaminación del ambiente”, explicó.
Agregó que “la ley existe, estamos viendo cómo modificarla, pero fundamentalmente que se cumplan las legislaciones vigentes. Vamos a profundizar algunos aspectos que llevarán a un cambio en la ley. También debe existir una concientización en los municipios, tener ordenanzas correspondientes en lo que hace a las pulverizaciones periurbanas; hace falta más concientización, los municipios son responsables en pulverizaciones periurbanas y nosotros que todo el equipamiento esté en estado adecuado”.
Sostuvo también que “se trabaja en la recuperación de bidones que fueron utilizados con agroquímicos. La idea es que no queden en los campos, que sean reciclados, es un compromiso social trabajar en este sentido”
“Queremos brindar la seguridad adecuada pues nuestra provincia es productora de agroalimentos; nosotros queremos proteger a nuestra industria agroalimentaria para que estas materias primas no tengan residuos y puedan perder competitividad en los diferentes mercados”, concluyó Moralejo.
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Apelan el fallo que protege las escuelas de fumigaciones



La Provincia apeló el fallo que prohíbe fumigar a mil metros de escuelas rurales

Fecha de Publicación
: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Entre Ríos: prohiben fumigar cerca de escuelas rurales



Fallo inédito: la Justicia prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas rurales

Fecha de Publicación
: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental

Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental

Fecha de Publicación
: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.

Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.

Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte



Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte

Fecha de Publicación
: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos  - Nacional


La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Funcionario de La Pampa admite problemas con agroquímicos



"Tenemos problemas graves por mal uso de agroquímicos"

Fecha de Publicación
: 21/09/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa


El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que "hay que tener mucho cuidado con el uso de agroquímicos". "Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales", admitió.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, participó el fin de semana del acto inaugural de la 63º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial organizada por la Asociación Rural de Realicó. En ese marco, se refirió a la utilización de agroquímicos que están haciendo los productores agropecuarios para intensificar sus cosechas y mejorar los rindes.
Reveló que hay "trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas".
"Creemos también que toda la agricultura debe eficientizarse y en ese camino hay que tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Tenemos problemas graves porque por mal o exceso de uso afecta los recursos naturales, teniendo trazas de contaminación en nuestras napas de agua subterráneas. Será necesario de aquí en más analizar qué medidas tomaremos con el fin de que no sigamos contaminando los recursos naturales”, aseguró.
Recordó que "la innovación es una herramienta permanente en estos tiempos, por eso queremos dejar asentado aquí la defensa del INTA, del SENASA, del CONICET y del INTI, porque son las que nos generan tecnología para poder producir y competir. Modelos sobran, hace poco en Marcos Juárez se sacó una soja más resistente al glifosato. Cuando no tengamos tecnología no vamos a tener innovaciones, y cuando no hay innovación llegarán los productos foráneos que habrá que pagar la patente para poder utilizarlos. Creo que debe existir una férrea defensa de nuestro sistema de investigación y desarrollo, ese compromiso los debemos asumir todos, me hubiera gustado que en su discurso hubiera una mención a estas instituciones que hicieron grandes al campo, porque permitieron que con tecnología argentina se pudiera ser competitivo a nivel internacional”, señaló.

Exposición
El funcionario provincial, que también recorrió los distintos stands y participó del almuerzo, transmitió en su discurso el saludo del gobernador, Carlos Verna, e inmediatamente identificó al sector, “que trabaja por la economía provincial, por su desarrollo, generando materia prima para que el segmento agroindustrial pueda desarrollarse desde La Pampa”.
Moralejo destacó a los organizadores de la tradicional muestra por el trabajo, dedicación, esfuerzo, “para llevar adelante una exposición relevante en cantidad y calidad de stand”. En ese contexto, reconoció que gran parte de ese trabajo organizativo pudo ser posible merced al nivel de “conducción y compromiso” de parte de los mismos.
Valorizó el trabajo de los cabañeros, “porque en la última década pasaron de hacer encierres muy pequeños de animales a hoy, con una realidad que nos muestra un encierre importantísimo. Eso es bueno y merece el reconocimiento del acompañamiento desde el año 2005 cuando lanzamos el Plan Ganadero Provincial, con el objetivo de mejorar la ganadería pampeana, tanto en cantidad como en calidad de su genética”.
El ministro se afirmó en datos estadísticos que señalan que en el año 2005 había 21 cabañas registradas en la provincia, mientras que en la actualidad existen 56, “creciendo, invirtiendo y saliendo fuera de la provincia, logrando importantes premios como el que obtuvo recientemente en Huinca Renancó una cabaña de General Acha”.

Pedidos
Continuando con sus palabras, Moralejo fue claro al sostener la necesidad de que se termine la comercialización de la media res, “porque eso va a mejorar la eficiencia e integración de la misma logrando tener mejores precios. Eso lo debemos impulsar desde los gobiernos provinciales con el acompañamiento de las asociaciones agropecuarias, porque estoy seguro que se va a traducir en un 10 o 15 % más del valor de la carne”.
“Vivimos tiempos saludables en lo que es agricultura, más ahora porque se sembró con un dólar a 20 pesos y se está vendiendo con un dólar de 40, aquellos que reservaron bolsones hicieron diferencias importantes”, dijo.
Moralejo se mostró convencido de que las retenciones “son una herramienta no adecuada, no hay ninguna parte del mundo donde se apliquen retenciones a la exportación, de lo que fuere".
“Estamos pasando tiempos complejos, tiempos en los cuales hubo un mal diagnóstico cuando asumió este nuevo gobierno. Hoy vemos que tenemos problemas que se deberían haber encarado de otras formas desde el inicio y se nos ha complicado. No importa que haya una herencia, si la hubo tuvo que haberse diagnosticado y definido los proyectos económicos y productivos para cada una de las regiones del país y para cada uno de los sectores de la sociedad. No estar inmersos en esta crisis que hoy muchos argentinos la están padeciendo mal. Sabemos que tenemos que acompañar, pero también sabemos que tenemos que poner las personas idóneas en los lugares que tienen que estar. La producción en Argentina no se arregla con financistas, se arregla con economistas comprometidos con la producción y con el pueblo argentino, eso es lo que estamos pidiendo y lo que defiende nuestro gobernador. Él no pelea, defiende los intereses de todos los sectores de la sociedad pampeana, lo ha demostrado con la defensa de los ríos pampeanos” afirmó.
“Debemos pensar en un programa abarcativo para todos y a su vez inclusivo, no estamos en un país donde algunos se salven y otros no, queremos que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y generen trabajo, ese ha sido y es nuestro objetivo, vemos como nuestra provincia se está abriendo a los mercados internacionales, es una de las únicas formas para crecer y desarrollar en el tiempo una sociedad que incluya a todos, para eso trabajamos”, concluyó.
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Despiden docente que se opone a las fumigaciones rurales

Denuncian que echaron a docente por su oposición a fumigaciones

Fecha de Publicación
: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.

Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.

Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.

Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.

Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Agroquímicos sin control en Río Negro



Agroquímicos sin control, un riesgo para la salud en Valle Medio

Fecha de Publicación
: 09/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Técnicos y funcionarios del área ambiental proponen crear un depósito de estos residuos contaminantes en la zona, ya que hoy existe un desmanejo en los envases por parte de los productores.
El correcto uso de agroquímicos y el posterior descarte de los envases utilizados sigue siendo una tarea pendiente. Si bien en Río Negro, existe una ley, aprobada hace 30 años, no se está aplicando por la falta de organismos que la ejecuten, por lo que muchos productores y profesionales agrícolas se muestran preocupados por lo que consideran una situación de desmanejo y descontrol de estos productos.
Aunque la aplicación de nuevas técnicas, principalmente en la fruticultura, ha hecho que se baje la cantidad de aplicaciones de productos químicos en los montes, en la horticultura, una actividad creciente en la zona, se mantiene su uso intensivo.
En el caso particular del Valle Medio, la ingeniera agrónoma Nazarena Sternone, realizó hace poco una propuesta para crear un centro regional de acopio de envases. Allí señala que “en el Valle Medio del Río Negro los envases vacíos de agroquímicos abandonados en el campo constituyen un verdadero riesgo para la salud humana y ambiental. Generalmente los envases vacíos quedan abandonados en las chacras o aún peor en cursos de agua, se entierran, queman o se lavan para su posterior reutilización. Ninguna de estas prácticas es recomendada. Por esta razón, para mitigar el riesgo ambiental que estas prácticas habituales constituyen, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, se vienen llevando adelante sucesivas campañas de recolección de envases vacíos de agroquímicos, previamente tratados con la técnica del triple lavado, para su posterior reciclado. La técnica del triple lavado asegura prácticamente un 100 % de la remoción del líquido remanente”.
Indicó –además– que “la Chacra Experimental de Luis Beltrán acompaña esta campaña actuando como Centro de Acopio Transitorio de dichos envases. Nos parece conveniente y apropiado poder contar en el predio de la chacra con instalaciones adecuadas y que cumplan con los requisitos básicos para la recepción de los bolsones” explica.
Más adelante, agrega que “se pretende en el marco de la campaña realizar en la región capacitaciones a productores y usuarios de los agroquímicos sobre medidas de seguridad, técnica del triple lavado e inutilización de envases vacíos”.
La posibilidad de contar con un sitio de estas características en Lamarque vendría a ordenar el acopio de envases de agroquímicos en la comarca.
En la última campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos en la provincia, se juntaron un total de 7 toneladas de residuos. Sin embargo , no hay controles sobre el manejo y uso de estos productos. Tras la desaparición de organismos que se encargaban de la aplicación de la ley provincial 2175, no hay entidades que se hayan encargado del tema.
Por caso, desde Medio Ambiente de la provincia no se dieron respuestas concretas a una serie de preguntas de este medio sobre cómo es actualmente el escenario de manejo de agroquímicos. Por otra parte, se señala que el organismo gubernamental actualmente sólo inspecciona los depósitos de envases. Pero no existen medidas de control sobre la utilización irregular de los agroquímicos en la provincia.

Modernización
Un comerciante de este tipo de productos de la zona del Valle Medio al ser consultado señaló “para horticultura lo que más se vende son los herbicidas. La fruticultura cada vez más va usando menos agroquímicos, porque va más hacia el sistema de feromonas de confusión sexual” que no son químicos. De este modo, los especialistas señalan que las aplicaciones en el monte de frutales han disminuido en la última década de manera considerable. Se pasó de un promedio de 8 a 10 aplicaciones a alrededor de sólo 2 ó 3.
Diana Fernández, técnica de la sede del INTA en Valle Medio asegura que hoy “no hay quien regule. Nosotros sólo damos las capacitaciones: decimos y explicamos la técnica del triple lavado, cómo deben ser los depósitos, el uso, todo lo que es la protección. Eso es lo que nosotros hacemos en las capacitaciones básicas con los pequeños productores y en los colegios para concientizar a los chicos”. Pero también desde los distintos ámbitos consultados por este medio se menciona que existe, sobre todo en los productores hortícolas, un alto grado de informalidad.
Se aplican productos sólo por la recomendación de otros productores y no de especialistas. O no se toman en cuenta las medidas de protección para la aplicación o para deshacerse de los envases. (ver infografía)

¿Cuánto se usa?
Por otra parte, es difícil establecer la cantidad de químicos que se utilizan en la zona.
Por ejemplo, la cantidad de productores totales en Valle Medio es y ha sido una materia pendiente sobre todo del estado provincial, dado que no se han realizado censos en la zona.
A pesar de ello desde la Agencia de Extensión del INTA del Valle Medio se dieron a conocer algunos detalles como la cantidad de hectáreas en producción: en nogales 450 hectáreas de vid 82, de pepita –manzana y pera– 2.200 hectáreas, y fruta de carozo unas 250 hectáreas.
Por otra parte, se indica que otras producciones como el tomate alcanzan las 500 hectáreas en producción.
En el caso de la horticultura cabe mencionar, como número de referencia que entre las ferias de Choele Choel, Beltrán y Lamarque participan alrededor de 50 productores.
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Murió Fabián Tomasi, simbolo de lucha contra los agrotóxicos



Murió Fabián Tomasi, víctima de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 08/09/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El exfumigador padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. Fue el ejemplo de las consecuencias del uso de glifosato en los campos.
El exfumigador Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso, luego de no haber podido sobreponerse a una neumonía que provocó su internación hace cinco días.
Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso, según consignó el medio local Uno Entre Ríos.
El exbanderillero fue el protagonista del libro Envenenados del periodista y escritor Patricio Eleisegui, tras el cual se hizo conocido a nivel mundial por la lucha contra los agrotóxicos.
El exfumigador había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas –entre las que había glifosato–, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua, y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja.
"Era verano, trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban", relató el hombre en una entrevista.
Despedida. El autor del libro que cuenta la historia de Tomasi expresó sus condolencias en Twitter y calificó al hombre como un "símbolo de la lucha contra las fumigaciones".
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Justicia de Santa Fe ordena control de agrotóxicos en verduras

La justicia ordenó que se controlen agroquímicos en frutas y verduras  

Fecha de Publicación
: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
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Santa Fe se sumó a la ola del anti-glifosato



Otro revés para el glifosato: ahora Santa Fe vetó el uso y comercialización del herbicida que creó Monsanto

Fecha de Publicación
: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe


El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.

Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.

Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
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Juez y parte para autorizar el glifosato

Juez y parte del glifosato

Fecha de Publicación
: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires


Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
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Abejas en riesgo por agroquímicos, impactante informe



Abejas en riesgo: el 90% de las colmenas ubicadas en zonas agroindustriales presentan contaminación por agroquímicos

Fecha de Publicación
: 31/08/2018
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Así surge de un estudio realizado por investigadores de Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advierten que es necesario que el gobierno tome medidas preventivas para evitar que las colmenas comiencen a "desaparecer".
A través de un estudio que lleva más de seis años en curso, un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitiera una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medici, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a los productos argentinos, lo que representó una crisis porque más del 98% de la miel de abeja que se produce en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el país y se consumió en el mercado interno", explicó a 0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la investigación científica que le permitieron realizar su tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los organismos polinizadores para generar aproximadamente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas son las que producen casi el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de 10 años los apicultores de Estados Unidos y de distintas regiones de Europa vienen denunciando la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la preservación de las abejas cumple un papel fundamental para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre problemas de características similares a los de Estados Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas muertas en el exterior de la piquera (abertura de la colmena) o directamente no volvían a la colmena luego de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por ciento de la población en unas pocas semanas.
Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM) del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnológico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combinás distintas familias de plaguicidas", explicó la científica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando contacto con todos los agroquímicos que se están aplicando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolectan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras patologías porque su sistema inmunológico se ve afectado. Además, ingresan las sustancias a la colmena contaminando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenientes de zonas agroindustruales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del total de las muestras analizadas, el 88% presentó residuos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agroquímico más frecuente.
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los valores hallados de estos productos en miel están por debajo de los límites máximos permitidos por la Unión Europea, se pudo utilizar este parámetro para identificar las provincias de mayor riesgo para la actividad apícola, porque la presencia de estos productos en la colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe una desaparición de colmenas como en otras zonas del país donde muchos apilcutores lo están relacionando con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil y los neonicotinoides".
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Decenas de papers contra el glifosato



Una recopilación de pruebas

Fecha de Publicación
: 23/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


Se llama Antología toxicológica del glifosato y es una respuesta a la defensa que hicieran del herbicida las empresas que lo producen y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Más de 100 de los trabajos son de universidades públicas.
“No hay pruebas de que el glifosato sea nocivo”, repiten una y otra vez los defensores del agro transgénico en referencia al herbicida más utilizado del mundo. “Es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Una reciente recopilación de investigaciones científicas, Antología toxicológica del glifosato, da cuenta de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta del químico y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
“Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación y resúmenes de congresos que han sido objeto de publicación en revistas científicas. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos”, explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet, cuenta con la descripción y link de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre “mecanismo de fisiopatología celular de cáncer”. El capítulo tres se dedica a “toxicidad en los sistemas orgánicos”, con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto “en la biodiversidad”, con 336 investigaciones.
“No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad”, alerta el trabajo. Y recuerda que en 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto), se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En la actualidad se utilizan hasta quince litros, incluso junto a otros agrotóxicos (como el 2-4D).
La recopilación, que contó con la colaboración y edición del abogado especializado en ambiente Fernando Cabaleiro (de la organización Naturaleza de Derechos), recuerda que Monsanto publicitó “con información falsa que el glifosato era biodegradable”. En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida “es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua”.
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología denuncia que la autorización de los agrotóxicos (llamado “fitosanitarios” por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, “Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores”. En base a ese estudio, la empresa definió que el herbicida no producía efectos adversos.
“Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores”, explica la recopilación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo estatal que evalúa y autoriza el uso de agrotóxicos. Es denunciado por los organizaciones socioambientales, ONG y por los propios trabajadores del Senasa de estar dominado por las grandes empresas del agronegocio. “La última revisión de seguridad ambiental e inocuidad alimentaria del glifosato en Argentina fue en el 2000. Para esa fecha no existían protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos”, denuncian los autores de la recopilación. Y exigen que el Senasa revalúe la autorización del glifosato, en base a estudios independientes (no de las empresas).
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Las BPA son voluntarias; las leyes obligatorias



Las buenas prácticas son voluntarias; las leyes, obligatorias

Fecha de Publicación
: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.

La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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Prohíben el clorpirifos en EEUU, ampliamente usado acá



Por generar daño cerebral, Estados Unidos prohíbe al insecticida de Dow más usado en el agro argentino

Fecha de Publicación
: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Córdoba: en un pueblo 1 cada 2 personas muere de cáncer



Canals, el pueblo fumigado donde más de la mitad de las muertes del último año fueron por cáncer

Fecha de Publicación
: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba


Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.

El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.

Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es  4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.

Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.

Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados

Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”

Fecha de Publicación
: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.

Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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