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Entre Ríos: legisladores analizan proyecto de agroquímicos

 


Diputados analizaron en comisión el proyecto de ley de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 09/03/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Diputados abre el micrófono para debatir Ley de Agroquímicos
La Cámara de Diputados convocará a productores, ambientalistas, universidades y otros sectores para opinar sobre la ley que debe regular las fumigaciones.
 Diputados convocarán a representantes de distintos sectores a opinar sobre el proyecto de Buenas Prácticas en el Uso de Agroquímicos, que comenzó a tratarse este miércoles en la primera reunión del año de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja provincial.
La propuesta, que fue presentada por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Gustavo Bordet, tiene como objetivo la "protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria", mediante la utilización de "buenas prácticas" en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios.
La iniciativa declara que se busca asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, tanto de origen vegetal como animal, así como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción.
El diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión, destacó que el expediente tiene estado parlamentario desde 2022 y que se buscará avanzar con la participación de representantes de distintos sectores.
“Fue una reunión informativa, en la propusimos una agenda de trabajo en el marco de la comisión, para convocar a los diferentes sectores a los que le interesa que se apruebe la ley: productores, ambientalistas, gente de la salud, universidades, profesionales, expertos y funcionarios de las diferentes áreas de gobierno”, señaló Rossi.
Por su parte, la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), coincidió: “La idea es consensuar una agenda de trabajo para poder tratar esta iniciativa, así como otros que están en la comisión”.
“Con diferencias que podemos llegar a tener en algunos puntos, sabemos que hay una necesidad de tener una ley. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que, después de tantos intentos fallidos, podamos tenerla esta vez”, manifestó la legisladora.
Finalmente, mencionó que la iniciativa sigue los criterios que resolvió el Poder Judicial y que encomendó legislar a los integrantes de las cámaras parlamentarias.
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La contaminación de agroquímicos llego a la CABA

 


CABA: el distrito urbano con mayor omnipresencia de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 22/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Capital Federal


Así lo indican estudios científicos que comprobaron la existencia de glifosato y otros agroquímicos en sangre y orina de habitantes de zonas no rurales del AMBA, que llegarían a través del agua, frutas, verduras, polvo de hogar e, incluso, a través de la lluvia. Qué hay detrás del agronegocio y sus efectos en la salud.
La provincia de Buenos Aires es la principal exportadora de soja para alimentación animal, por lo que la utilización de agrotóxicos en los campos no es novedad. Los plaguicidas como el glifosato, 2.4D o atrazina, y los insecticidas como endosulfán o clorpirifos son altamente tóxicos y desde hace años causan graves daños a la salud de las comunidades cercanas a las cosechas donde se los utilizan.
Algunos de éstos pueden ser cancerígenos, incluso el clorpirifos que a pesar de estar prohibido en Argentina, su adquisición continúa siendo de fácil acceso. La falta de controles férreos a la actividad agrícola nos trae a una nueva problemática: el peligro ya no sólo es rural, la toxicidad llegó a la Ciudad.
Esta situación creciente abre nuevas incógnitas: cuánto perjudica a la salud, qué organismos estatales deberían intervenir o cómo evitar que lleguen a nosotros estos agroquímicos.
Entre los trabajos de investigación que buscan brindar algunas respuestas se destacan dos. Uno de ellos es el Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), que fue lanzado en septiembre de 2020 y trabaja con un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como representante de nuestro país. Tiene como objetivo evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas.
De igual forma, se creó el Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente), perteneciente a la ONG latinoamericana Democracia en Red, que realizó más de 200 análisis de orina humana durante el primer semestre de 2023.
La finalidad fue medir el nivel de exposición a los agroquímicos en personas de entornos rurales, que estuvieran cerca de campos donde se haga aplicación y en las zonas urbanas del AMBA.
En diálogo con @elargentinodiario, Don Powa, coordinador de este último proyecto, explicó: “El estudio lo hicimos en tres distritos distintos: unos netamente rurales, uno periurbano y uno 100% urbano, que fue en CABA. Medimos en Saladillo, Lobos y Mar Chiquita como el enfoque rural; y en La Matanza con enfoque periurbano porque lo hicimos en un asentamiento que está justo en el borde del partido, que se llama Barrio Nicole, donde de un lado tenés ciudad y del otro lado tenés campo”, detalló.
Contra todo pronóstico, aseguró que se sorprendieron cuando los resultados arrojaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el lugar con mayor positividad de agroquímicos en orina humana: 23%.
«Hacemos testeos con voluntarios y yo mismo fui uno. Vivo en Colegiales y me encontraron 4,5 partes por millón de glifosato en orina, mientras que el piso de detección es 1. Ahora tenemos pruebas concretas de que esta contaminación nos afecta a todos”, explicó.
Aunque los estudios sobre la proveniencia de estos químicos continúan, las personas que dieron positivo en sus estudios declararon tener altos consumos de frutas y verduras, y también de agua de red, embotellada e incluso filtrada.
“La gente de CABA claramente no tiene exposición por vía aérea a esta contaminación, a diferencia de los habitantes de municipios de provincia que sí, ya que están más cerca de las cosechas, aunque faltan estudios para que esto esté 100% probado”, señaló Powa.
Y alertó: “La principal hipótesis de cómo llegan estos agroquímicos a los porteños es a través de las frutas y verduras que entran por el mercado central. Y en Provincia, detectamos agroquímicos en el agua de red de pueblos como Vidal y Mar de Cobos; y en el agua de lluvia de Mar Chiquita, por ende, también en sus napas”.
Argentina vive del agronegocio y es la principal fuente de divisas. Por lo tanto, Don Powa planteó que no sólo es un problema de salud pública y ambiental, sino también “del modelo de generación de divisas a nivel país”: “La proyección es que los mercados internacionales se van a ir cerrando a este tipo de producciones. Esto implica empezar a pensar modelos de transición para la próxima década porque por ahí también se nos va a cortar a nosotros”.

Silenciamiento
En diálogo con este medio, Claudio De Francesco, biólogo, investigador del CONICET y voluntario del Proyecto Sprint, explicó que la participación de Argentina en el mencionado proyecto debería concluir recién en el año 2025, pero finalizó tempranamente por decisión de las autoridades institucionales de INTA.
“Con esta decisión, tomada por Mariano Garmendia, presidente del INTA; y Nacira Muñoz, vicepresidenta, Argentina se aleja de trabajar en las vías de reducción de la exposición a plaguicidas detectada en esta primera etapa del proyecto en forma conjunta con especialistas en neurociencias, medicina, toxicología, políticas públicas, economía, agronomía, veterinaria, entre otras áreas científicas”, detalló De Francesco.
El INTA, en ese marco, prohibió la publicación de los resultados del proyecto aunque igualmente lograron trascender: Argentina duplica o triplica la cantidad de plaguicidas que son utilizados en Europa, según la zona de estudio. Es que, en nuestro país, también se realizan mezclas de químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
Según comentó De Francesco, la justificación del organismo fue que “la investigación en humanos estaba fuera de su ámbito de incumbencia”. No obstante, en el contrato original firmado entre INTA y Sprint se especificaba que se realizarían muestreos en ambiente, animales, plantas y también en humanos, ocupándose de esta actividad específicamente profesionales del área de Salud, como finalmente ocurrió.
Tras este cambio institucional de opinión, el entrevistado adhirió: “También empezaron a decir que nuestros datos eran confidenciales. Sin embargo, los datos eran y son personales. Lo que yo quiera hacer con mis datos como voluntario es responsabilidad mía”.
Por lo expuesto, consideró también que el INTA debe una respuesta: “Cuando llegaron los resultados, que fueron muchos plaguicidas en sangre, orina, materia fecal y en el aire que respiramos, se desentendió de nosotros”.
Y finalizó: “El proyecto Sprint contaba con presupuesto de la Comisión Europea, permitía la interacción profesional de los científicos argentinos con otros, de otras partes del mundo y quedó trunco, dejó un sabor amargo en muchas personas, no solo en los voluntarios, así como muchas preguntas”.

Falta de control y reclamos
El INTA prohibió así que se realizara la segunda etapa de la investigación del Proyecto Sprint que consistía en la explicación de esos resultados y el diseño de caminos para disminuir la exposición a los plaguicidas.
Pero la responsabilidad de la falta de correcto control sobre la utilización de agrotóxicos no debe estar unificada. Mientras que De Francesco señaló que “a pesar de tener una buena Ley Ambiental, falta claridad en las reglas y en la regulación de la producción y comercialización”, Don Powa adhirió que la responsabilidad de diseñar y hacer cumplir “la normativa que regula el manejo, las distancias, las autoridades de control, las recetas electrónicas, la zonificación es de injerencia municipal”.
La autoridad máxima más próxima al domicilio de las personas afectadas, paradójicamente, podría tener la solución.

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Agua con glifosato en La Matanza y una orden de la justicia

 


Agua con glifosato en La Matanza: la Justicia ordenó entregar bidones de agua potable a una familia fumigada

Fecha de Publicación
: 09/01/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Ante los constantes problemas de salud de sus hijos, una mamá golpeó puertas hasta dar con una toxicóloga que asoció esas dolencias a los agrotóxicos del entorno. Comenzó así una lucha que logró alejar las fumigaciones del Barrio Nicole. Ahora, un nuevo fallo de la Cámara Federal prioriza su derecho al acceso al agua segura.
El último día hábil del año que se fue, la Cámara Federal de San Martín otorgó una medida cautelar que obliga a la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza a entregar bidones de agua potable a una familia de Barrio Nicole que lleva años luchando contra los agrotóxicos y sus efectos. Tras conseguir frenar las fumigaciones a su alrededor, el nuevo fallo entiende que los niveles de glifosato detectados en el agua representan un riesgo y que debe respetarse su derecho a acceder a agua segura.
La lucha de Erika Gebel empezó por los problemas de salud de sus hijos. Sarpullidos, erupciones, sangrados de nariz, dolores de cabeza, descomposturas, pérdida de peso, molestias en las articulaciones. En la búsqueda de explicaciones a esos síntomas dio con una toxicóloga que apuntó a los agroquímicos en su entorno. Y el reclamo de una familia se convirtió en el reclamo de todo un barrio, en el municipio que es corazón del territorio bonaerense.
El reciente fallo de la Justicia Federal implica un paso más y hace lugar al pedido de acceso a agua potable planteado por esa familia, que logró reunir pruebas sobre la presencia de glifosato en sus cuerpos y también en el agua de pozo que consumen. Lo que sigue: hacer extensiva la exigencia de bidones a todo el barrio, también afectado por el agua contaminada.

La cuestión del agua y el glifosato
“Si bien la Cámara está resolviendo sobre la cautelar y no el tema de fondo, pone sobre la mesa la cuestión de cuál tiene que ser el valor de seguridad del agua. Lo venimos sosteniendo en causas como Pergamino: se tiene que tomar el valor de referencia de la Unión Europea (UE), que estableció que los residuos de agrotóxicos en agua de consumo humano no tienen que superar los 0,1 ug/l (microgramos por litro) por cada uno, y si hay varios el cóctel no puede superar los 0,5”, dijo el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos y representante de la familia demandante.
“El problema es que Código Alimentario, que es la pauta de referencia en Argentina, incluye un par de agrotóxicos pero -salvo dos- los otros fueron prohibidos hace 30 años”, agregó el abogado. El glifosato, sospechado de cancerígeno, no está incluido en ese parámetro. “La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) trajo como referencia la normativa de Estados Unidos y Canadá, que usan niveles exorbitantes. Lo que decimos es que se tiene que aplicar principio pro homine: el mejor criterio de protección que exista. Porque lo que está en juego es la salud”, remarcó Cabaleiro. Y cuestionó la “complicidad de Acumar”, que hizo el primer informe sobre el agua del Barrio Nicole, en el laboratorio de AYSA, y concluyó que no había glifosato, “pero el sistema que se usó tiene un nivel de detección a partir de los 500 microgramos, lo cual es una barbaridad”. Luego, un estudio de la Universidad de Buenos Aires costeado por la comunidad arrojó la presencia de 2,5 microgramos por litro de glifosato en el agua que consumía la familia en su vivienda.
“En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho”, firmaron los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, al revocar la resolución emitida en mayo y ordenar “que se adopten las medidas necesarias para la entrega de agua segura a la familia actora”.

La lucha de una familia
Hace once años, cuando Érika llegó al barrio, le gustaba ver el vehículo que pasaba regando el campo frente a su casa. Porque ella, en un primer momento, creía que eso que arrojaban sobre los cultivos era agua. Pero no. Era un mosquito fumigando plantaciones de soja.
Pasó un tiempo hasta que asoció esa postal con los olores que percibía. Y, luego, con los síntomas en los cuerpos de sus hijos e hijas. Atravesó un largo periplo de tres años hasta que una voz médica le advirtió sobre el riesgo que implicaba para esos cuerpos la exposición a agroquímicos.
“Vine a vivir acá cuando mis hijos tenían 7 y 5 años, y 8 meses. Al toque empezaron los síntomas. Llegué un verano y al mes que habían fumigado yo empecé a ir al hospital. Los primeros síntomas son similares a una alergia. Nadie me dijo ‘señora, es porque vive ahí, se tiene que ir’. Yo no sabía. Vine a vivir al campo creyendo que iba a respirar aire puro”, lamentó, en diálogo con Tiempo.
Según consta en la causa judicial, en 2020 la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez –a cargo de Elda Cargnel- le dijo que los problemas de salud de la familia “podían estar relacionados con la exposición a los agrotóxicos, por lo que se les indicaron análisis de orina sobre presencia de glifosato, que dieron positivo en dos de sus integrantes”.
Al año siguiente, la toxicóloga les recomendó “que no tomen agua de la perforación y que debían mudarse de continuar las fumigaciones con agrotóxicos”. Érika pudo irse a alquilar a otro sitio, pero solo por un tiempo. Después, no le quedó otra que volver y seguir luchando por cuidar el entorno y la salud de su familia. Y en ese camino impulsó la organización de la Asamblea de vecinos envenenados por glifosato en la Matanza y el reclamo comunal.
“Se logró una cautelar sobre mil metros de distancia para las fumigaciones y después que el Consejo Deliberante sacara una resolución por mil metros en toda La Matanza. La ordenanza es del 28 de diciembre de 2022, pero no se publicaba en el Boletín Oficial. Hasta que se hizo una marcha y se planteó el tema y se logró recién en agosto de 2023”, recordó el abogado Cabaleiro. Tras ese logro, faltaba resolver el acceso al agua limpia.
“Esto es una de las victorias para festejar. No es el fin, es apenas el comienzo. Vengo solventando el agua de mi casa hasta para lavarme los dientes. Compro agua mineral, que sale muy cara. No sé cuándo empezarán a llegar los bidones, pero ya deberían estar hace dos años”, planteó la mujer que encabezó esta lucha.
El nuevo fallo fue una buena noticia en ese sentido. Pero queda pendiente no sólo alcanzar el cumplimiento efectivo de la medida sino que también llegue al resto de las vecinas y vecinos afectados por el agua contaminada, algo en lo que trabaja el abogado de Naturaleza de Derechos, junto a una ONG que se presentará en representación de la comunidad.
“Sabemos que si no lo hacemos público, esto queda en el silencio. La labor de nuestra asamblea es alertar a la población de que el agua está contaminada, que hay una ordenanza que limita las fumigaciones, que se debe extender la red de agua potable. Al menos, para que otras personas no digan ‘no sabía’.”, cerró Érika.
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INTA: antes de irse, Garmendia bajó al proyecto Sprint

 


Antes de irse, el extitular del INTA retiró al organismo de un proyecto global para medir el impacto de los agroquímicos en personas y ambiente

Fecha de Publicación
: 30/12/2023
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Mariano Garmendia dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei. Antes, firmó una resolución que quita a la Argentina de SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, que es financiada desde 2020 por la Unión Europea. En octubre, ya había prohibo difundir los resultados de una investigación de una profesional de INTA Balcarce, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa.
El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.
De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.
Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.
En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.
De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.
También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.
Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.
“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.
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Justicia declara inconstitucional una norma sobre agroquímicos

 


Amparo ambiental: declaran la inconstitucionalidad de una resolución sobre uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 28/12/2023
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Lo resolvió la justicia entrerriana en relación a un amparo realizado por ciudadanos de la provincia. La resolución cuestionada establecía una distancia de fumigación rechazada por los perjudicados
En el marco del legajo “Rosso, Ximena C/ Haberkorn, César Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental” (Expte. nº 1869)”, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Mattoras resolvió hacer parcialmente lugar al amparo y consecuentemente decretar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos.
En ese sentido las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.
Asimismo dispuso que en relación a las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos que se efectúen en las adyacencias del lote denominado “Tierra Alta I” ubicado en Colonia Ensayo Departamento Diamante, se apliquen las previsiones ínsitas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 2239/19, computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio. Ello, hasta que “el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión, a través del dictado de la Ley que corresponda…, en un plazo razonable y conforme la naturaleza representativa de la Legislatura, que habilita el debate de distintas fuerzas políticas; y, posibilita la participación de especialistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y sujetos involucrados” – cfr. sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia in re “FORO ECOLOGISTA DE PARANA (3) Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO” Causa N° 24321, del 28/10/19). 2.
La acción de amparo fue presentada con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el Loteo denominado Tierra Alta, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona, lo cual, según un grupo de vecinos, da plena legitimación procesal como actores en términos generales por su calidad de habitantes.
El amparo fue dirigido contra el titular del predio ubicado en la zona lindera a la urbanidad, Cesar Gabriel Haberkon, dato que surge del acta de infracción 009/2023 DGA, con domicilio en Colonia Ensayo zona Rural, Domiciliado en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural, y la Sra. Sonia Roskopf domiciliada en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural y/o quienes se encuentren en posesión, arrendamiento o propiedad cuya heredad se encuentra contigua a las viviendas familiares en la cual habitan los propietarios de las viviendas ubicadas en el Loteo Tierra Alta, en la localidad de Colonia Ensayo, y/o quien/es resulte/en titular/es y/o responsable/es de las explotaciones agrícolas que en ellos se realizan, con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del Loteo.
En la presentación realizada se señala “exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus 2 adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico.
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Advierten de la presencia de agroquímicos en Buenos Aires

 


Don Powa: «Hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires»

Fecha de Publicación
: 15/12/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El 21,62% de las personas testeadas en Mar Chiquita tienen glifosato en orina. El dato de Proyecto PIS se suma a evidencias previas sobre agrotóxicos en agua y ambiente en distintos puntos bonaerenses y en CABA. "Se requiere una mirada integral, un enfoque transicional e incorporar la variable de salud pública", alerta el director de Democracia en Red.
Las evidencias se acumulan y comienzan a dialogar entre sí. Distintos estudios prueban la presencia de agrotóxicos en aire, agua, suelo y hasta en el polvo de las casas, así como en sangre, orina y materia fecal. “No es precipitado decir que hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires”, planteó Don Powa, director de Democracia en Red, la ONG que encabeza Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente) y analiza la presencia de glifosato y derivados en la orina de hombres y mujeres de distintos distritos bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires.
Powa se refirió a esa “omnipresencia” tras dar a conocer los resultados de PIS en Mar Chiquita: en 21,62% de los testeos de orina realizados allí se detectaron glifosato y su metabolito AMPA. El 88% de quienes dieron positivo no viven en un ámbito rural, cerca de las fumigaciones, sino en el ejido urbano del partido.
Dos meses atrás, había causado revuelo la difusión de datos similares sobre CABA, muy lejos de los pueblos fumigados. De todos los lugares analizados por PIS, Ciudad de Buenos Aires fue el que registró mayor positividad: 9 de las 39 muestras analizadas tenían restos del cuestionado herbicida. Es decir, el 23.08% de los casos.

En todas partes
“Los datos dialogan con los de otros estudios de la zona que ayudan a dar un diagnóstico bastante más integral o sistémico sobre la situación, no es solo nuestra información. Los distintos estudios muestran, en Mar Chiquita y en municipios que la bordean, presencia de agroquímicos en el sistema de agua de red -es tal vez lo más problemático: el agua de canilla tiene gran variedad de agroquímicos-; hay en el aire dentro del ejido urbano, en el agua de lluvia, en las napas subterráneas y están los datos del estudio Sprint, que midió aire, materia fecal, sangre, orina y polvo domiciliario”, enumeró Powa.
El proyecto Sprint dio que hablar por los resultados que arrojó y por las denuncias sobre intentos de silenciar esos resultados. Se trata de un estudio internacional con diez países europeos y la Argentina. La pata local estaba encabezada por la investigadora de Virginia Aparicio, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el Consejo Directivo de esa entidad decidió frenar la difusión de los datos obtenidos. ¿Qué decían? Que en las muestras argentinas hay menos variedad pero más concentración de agrotóxicos que en las europeas. En ese marco, se hallaron trazas de agroquímicos en el 100% de las personas testeadas de Mar Chiquita.
“Se podría redundar con más datos, pero la conclusión de Sprint y la nuestra es la misma: hay omnipresencia de agroquímicos distintos y no hay un único vector. No es que entran porque falta una barrera forestal -que falta-, sino que también entran por agua, si está en la lluvia entran también en las huertas orgánicas. Esto pasa en Mar Chiquita y en una docena de municipios de la zona. Y es una hipótesis para toda la Provincia de Buenos Aires, no es precipitado decirlo”, remarcó Powa.

Glifosato en el cuerpo
Fabiana Sicco tiene 58 años, es arquitecta y vive en Mar de Cobo –localidad del partido de Mar Chiquita- desde hace dos décadas. Fue una de las voluntarias de Proyecto PIS y así supo que tenía glifosato en la orina. “Para mí fue la confirmación de algo que ya me imaginaba. Vivo a 400 metros de la Ruta 11, estamos rodeados por campos y me fumigaron en tres oportunidades”, contó.
Recuerda a la perfección esos tres episodios en los que sintió de forma directa el impacto de las fumigaciones sobre su cuerpo. Las tres veces, en la ruta. “La primera vez fue hace unos nueve años. Venía con mi familia y empezamos a sentir olor a químico. Cerramos las ventanillas, pero el olor era insoportable. Cuando entramos a Mar de Cobo, en el campo estaban fumigando con mosquitos”.
“A partir de la primera fumigación, a los poco meses, me diagnosticaron diabetes de tipo 1, inmunosupresora. Se puede dar en adultos, pero no es tan común. En la última fumigación, yendo a Mar del Plata, me broté y estaba como ahogada. En la salita de Mar de Cobo me pusieron oxígeno pero no me quisieron poner en el certificado médico que esto había sido por la fumigación. Me dijeron que tenían orden de no hacerlo”, relató a Tiempo.
Además de esas aplicaciones sobre los campos que atravesó en forma directa, “cada vez que fumigan a la noche me doy cuenta porque siento dolor en los pulmones, es como si me apretaran los pulmones. Y se ven las luces en el campo cuando fumigan de noche”.
Después de su diagnóstico, Sicco se empezó a enterar de más enfermedades en la zona. “Me crucé con amiga del pueblo con cáncer de esófago, el segundo caso que escuchaba. Es raro en un pueblo chico, de 3000 habitantes. Empecé a relacionar cosas”. A partir de entonces comenzó a militar por el freno a las fumigaciones desde la Asamblea Paremos el Desierto Verde.

En el territorio
En Mar Chiquita rige desde 2020 una ordenanza que establece que no se puede fumigar a menos de 200 metros de escuelas rurales y a 25 de cursos de agua, entre otros parámetros. Previamente, una cautelar había ordenado el freno a las aplicaciones con agroquímicos en un rango mayor, pero el reclamo local indicaba que se incumplía.
En tanto, las organizaciones sociales en territorio lograron reunir abundante evidencia sobre la situación que denuncian. Entre 2021 y 2022, desde Gesta Colectiva –conformado por investigadores del Conicet- analizaron la presencia de agroquímicos en aire, agua de red y de pozo. Nueve de las diez muestras dieron positivo.
Luego, en octubre de este año, se realizó un monitoreo ambiental entre Proyecto PIS y el Centro de alfabetización ecológica Quinta Esencia: se comprobó la presencia de agroquímicos en el agua de red, de lluvia y de pozo en Coronel Vidal, dentro de Mar Chiquita. A esto se sumaron los datos de Proyecto Sprint.
“No tengo una posición de decir ‘agroquímicos sí o no’ de forma binaria. Busco soluciones realistas, posibles. Se requiere una mirada integral sobre el tema. No es una ordenanza o una sola cosa, hace falta un enfoque transicional. Tarde o temprano esto va a cerrar mercados: cuanto antes empecemos los procesos de transición, mejor parados vamos a estar para cuando eso suceda”, planteó Powa. Y resaltó la necesidad de “incorporar la variable de salud pública” al abordaje del tema.
En un contexto sociopolítico donde lo público tambalea, a instancias de la propuesta de Javier Milei para achicar el Estado nacional, el referente de Democracia en Red señala que “lo que tal vez era un problema ahora puede ser una oportunidad. Porque quien mayor poder de policía y ordenamiento territorial tiene son los municipios, luego la Provincia. Y la Nación casi no regula ni ordena. Así que la realidad nacional, si bien puede afectar por generar pautas generales, en términos reales no afecta”.
Además de la difusión de resultados de glifosato en orina en distintos puntos (Lobos, Saladillo, La Matanza, CABA y Mar Chiquita), en el marco de Proyecto PIS lanzaron herramientas para entender y cotejar ordenanzas sobre fumigaciones en cada partido, y un mapa donde ver áreas pobladas, escuelas rurales, cursos de agua y demás aspectos que tanto municipios como productores y habitantes deberían conocer para saber cómo actuar y cuándo reclamar. También diseñaron afiches para que cada comunidad pueda tener a mano un compendio de los datos que necesita ante una fumigación: que el tractor tenga patente, que haya viento en contra, que esté el ingeniero agrónomo, entre otros ítems.
“Estas herramientas deberían servir para que el Municipio controle la ordenanza y la gente sepa desde dónde hacer denuncias. Incorporamos contactos de docentes de escuelas rurales, porque la ordenanza obliga a que avisen al director ante aplicaciones en la zona. También les sirve a los productores. A toda la comunidad, entendiendo a los productores como parte de la comunidad”, concluyó Powa.
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Justicia limita fumigaciones en Pehuajó

 


Agroquímicos: El caso que puso límites a las fumigaciones en un municipio bonaerense

Fecha de Publicación
: 07/12/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia limitó las fumigaciones por tierra en Pehuajó tras un caso en el que resultó afectada una familia. El HCD deberá sancionar una ordenanza en 90 días.
La Justicia Federal estableció una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos en la ciudad de Pehuajó- la aérea se encuentra prohibida- y fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria. Fue en marco de una medida cautelar solicitada por una fiscal local a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francismo Madero.
La medida estará vigente durante ese lapso e implica que habrá dos áreas de 300 metros cada una: la más próxima a las zonas pobladas, con una prohibición total de aplicación; la segunda, con productos de baja toxicidad y de baja volatilidad, explicó el sitio judicial Fiscales.org.
Se trata de una disposición tomada por el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh.
La decisión judicial fue adoptada el 27 de noviembre pasado, luego de una audiencia pública donde el juez recibió diferentes planteos y aportes. Allí participaron las víctimas, las personas que explotan el predio fumigado, los representantes de los ministerios públicos, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Municipalidad de Pehuajó, del Concejo Deliberante, del área de salud, activistas ambientales, propietarios rurales y otros miembros de la comunidad.

Agroquímicos: el caso de una familia intoxicada y la respuesta judicial
En la investigación penal, la fiscal Mc Intosh había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.
El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. En el caso se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.
El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente.
La fiscalía luego amplió los fundamentos expuestos en la petición cautelar y aportó los antecedentes de un caso similar que tramita ante el Juzgado Federal de San Nicolás, con intervención del fiscal federal Matías Di Lello.
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Agroquímicos en el cuerpo y sin respuestas oficiales

 


Vivir con agroquímicos en el cuerpo: "Representamos lo que la población argentina consume todos los días"

Fecha de Publicación
: 16/11/2023
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional


Nair de los Ángeles Pereira es una de las 73 personas voluntarias del proyecto internacional Sprint, que busca medir el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la ciudadanía en diferentes países. Contó a Unidiversidad cómo es vivir con plaguicidas en el cuerpo.
“Es hora de acabar con el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al mundo. Yo y otras 72 personas somos el ejemplo del peligro que causan”, dijo Nair de los Ángeles Pereira. La bióloga e investigadora del Conicet vive con más de diez sustancias tóxicas en su cuerpo. Esta certeza la tiene luego de conocer los resultados alarmantes de un estudio internacional en el que participó junto a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. El informe reveló que Argentina tiene los niveles de concentración más altos de agroquímicos en los alimentos, lo que se traduce en sustancias peligrosas para el cuerpo y el ambiente. Todo un dato que a nivel local derivó en un cerco informativo.
En 2017, Nair y toda su familia se mudaron a una casa ubicada en Sierra de los Padres, a menos de mil metros de campos fumigados, en una de las zonas rurales de General Pueyrredón (Buenos Aires), históricamente expuesta a los agroquímicos por ser parte del cinturón frutihortícola.
En noviembre de 2021, mientras cursaba el embarazo de su hija, esta bióloga e investigadora del Conicet, se presentó como voluntaria junto a otras 72 personas para que se tomaran las muestras necesarias en el marco de un estudio a escala internacional llamado "Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global 2020/2025)” (Sprint, por sus siglas en inglés), que inició en 2020 y se desarrollará durante un total de cinco años. Se trata de una iniciativa que evalúa el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la gente en diferentes países.
El estudio se encuentra financiado por el Banco Mundial, participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, elegida por la Unión Europea por ser uno de los principales países exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
En nuestro país, el muestreo en sangre, orina y materia fecal se llevó a cabo a fines del 2021 en distintos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los ecosistemas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el organismo nacional a cargo del desarrollo y seguimiento del estudio a nivel local, liderado por la doctora Virginia Aparicio.
Entre los resultados que se dieron a conocer se confirmó que las 73 personas analizadas en el país tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.  Entre los venenos detectados está el glifosato. Si bien, estas conclusiones son una muestra de diferentes poblaciones de Buenos Aires, Nair afirmó que son reflejo de lo que pasa en el todo el país.
Muchas de las personas analizadas viven lejos de las fumigaciones, por lo que se considera a estos plaguicidas de carácter “omnipresente”: se encontraron venenos en los alimentos, en el polvo del hogar, en los granos de cultivos, en animales, en alimentos para animales, en suelos y hasta en el agua.
“El día que me entregaron los resultados del estudio me resultó muy alarmante. Si bien sospechaba que algo me estaba sucediendo, en especial por los repetidos tratamientos de fertilidad que tuve que hacer para tener a mi hija, pude corroborar que los plaguicidas que están en mi cuerpo causan justamente impacto directo en el sistema reproductivo”, detalló la bióloga. En junio recibieron los resultados de manera particular, ya que la publicación de los resultados de manera pública fue suspendida por decisión del INTA.
Su preocupación creció aún más por la falta de respuesta por parte del Estado y del INTA, que de hecho intentó tapar las conclusiones obtenidas. “El 6 de junio, el INTA y la doctora Aparicio iban a dar una charla para detallar los resultados, pero fue suspendida. De hecho, (el organismo) prohíbe hasta el día de la fecha que ella hable del proyecto Sprint”, remarcó.
“Por privado se nos ofreció acceder a nuestros análisis personales, pero nadie nos dijo cómo seguir. El gran problema es que además de la cantidad de agroquímicos que nos causan daño de manera individual, no se sabe qué puede causar la mezcla de tantos agrotóxicos, la interacción entre los mismos plaguicidas y sus metabolitos. Por eso, exigimos una explicación: es realmente alarmante que absolutamente todos los que participamos del estudio Sprint tengamos al menos 10 plaguicidas en sangre, manifestó.
Nair recalcó que los 73 voluntarios y voluntarias son una muestra de lo que pasa en el país. "Representamos todo lo que el resto de la población argentina consume todos los días”, dijo y advirtió que: “Para aquellos que podrían pensar que esto me sucede a mí porque estoy en Sierra de los Padres a menos de 1000 metros de campos fumigados, hay que resaltar que la misma cantidad de plaguicidas fueron encontrados en personas que viven en la ciudad de Mar del Plata y en otros sitios de la provincia. La gran preocupación que mantenemos — y por la que exigimos respuesta por parte del Estado— es que esta mezcla de plaguicidas que corroboramos tener en nuestros cuerpos llega a los platos de todos los ciudadanos. Por eso es vital que el INTA continúe siendo parte de este estudio y, además, que nos dé una respuesta certera”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la utilización masiva e inadecuada de algunos insecticidas y herbicidas puede provocar múltiples enfermedades e incluso la muerte. De hecho, el organismo internacional afirma que por intoxicación de pesticidas unas 200.000 personas mueren al año.

Qué dijeron desde el INTA
En los primeros días de octubre, el presidente del INTA Mariano Garmendia reconoció un error inicial por parte de la institución en torno al abordaje del proyecto y planteó que ahora buscará subsanar e involucrar a los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires por su peso en materia de salud pública. Según la bióloga, esta fue la primera vez que el organismo se pronunció de manera pública en el marco del Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y la Economía Social que se desarrolló días atrás en Paraná, Entre Ríos.
Nair también contactó en varias oportunidades a representantes del INTA para conocer en qué situación actual se encuentra el organismo y para que pudieran brindar explicaciones, pero desde allí se disculparon por no contar con una respuesta oficial.
El reclamo de los voluntarios y las voluntarias del estudio junto a otras organizaciones socioambientales de la provincia de Buenos Aires inició en junio, cuando de manera paralela a los resultados obtenidos, el organismo estatal “pospuso” la publicación del estudio que tenía previsto para el 21 de ese mes. En este sentido, Nair —como vocera del resto de las personas voluntarias— consideró que el cambio de dirección radical se debe al “peso” que contienen esos indicadores de interés público y a las posibles consecuencias para la industria agropecuaria.

Carta para exigir respuesta
El 23 de septiembre de este año, el conjunto de voluntarios y voluntarias examinadas elevó una carta al Consejo Directivo del INTA. En el documento pidieron que se continúe con su participación en este proyecto de investigación de vital importancia y cuestionaron que “alegar como motivo de suspensión que los estudios realizados exceden la incumbencia del INTA por involucrar a la salud humana (NO-2023-69067079- APN-DN#INTA y RESOL-2023-399-APN-CD#INTA) es un fundamento insuficiente”.
“Por un lado, el proyecto Sprint está formado por un equipo multidisciplinario que incluye a profesionales de la salud de alto reconocimiento nacional e internacional. Por otro lado, el Consejo Directivo como máxima autoridad de INTA puede, de considerarlo necesario, generar estrategias y movilizar recursos humanos del Estado que gestionen las acciones necesarias en el área de la salud para dar continuidad a un proyecto de alto impacto productivo, ambiental y social como Sprint. Además, el acuerdo firmado entre el INTA y el proyecto Sprint (RESOL-2020-477-APN-CD#INTA) especificaba claramente ser aceptado y avalado por el INTA”, expusieron.
Nair resaltó que el pedido de respuesta oficial es para que toda la sociedad se entere de lo que se está consumiendo con los alimentos, lo que se bebe al tomar agua y lo que se respira, ya que los niveles de plaguicidas encontrados en las muestras argentinas fueron muy superiores a los obtenidos en las muestras de la Unión Europea.
En ese contexto, tiene peso el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. Este establece para América Latina y el Caribe el derecho al acceso a la información ambiental, además de la participación pública en la toma de decisiones.

Los resultados del estudio Sprint en Argentina y Europa
El miércoles 27 de septiembre, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78), que se realizó en Nueva York, se conocieron por primera vez los resultados del proyecto Sprint de forma pública y masiva.
De los resultados compartidos, se supo que en Argentina uno de los agrotóxicos más usados para fumigaciones es herbicida glifosato.
En este sentido, investigadores presentes en la conferencia virtual señalaron —en relación a las muestras de fluidos humanos— que hay presencia de glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) en orina en el 86,1% de los argentinos y las argentinas muestreadas y en el 35,2% de los europeos y las europeas. Al analizar las heces humanas, en tanto, se detectó ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los y las bonaerenses.
Por otro lado, se supo que el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos. Asimismo, que el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo; un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial; rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar, entre otros datos de relevancia.
Más allá de las concentraciones de cada agrotóxico, especialistas señalaron que el principal problema es que tanto en Europa como en Argentina se encontraron varios químicos a la vez, y no hay todavía estudios que muestren qué pasa con esas mixturas. En este sentido, una de las investigaciones que está llevando adelante Sprint es ver qué pasa con las mixturas de agroquímicos en lombrices.
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Justicia confirma limitación a fumigación en Santa Fe

 


La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó los 1.000 metros libres de agroquímicos en Sastre

Fecha de Publicación
: 09/11/2023
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El máximo órgano de Justicia provincial rechazó la queja interpuesta por el municipio y confirmó la protección a los vecinos. La decisión sienta precedente para futuros litigios que podrían impulsar otras comunidades afectadas por las fumigaciones
 La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre para oponerse a la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo colectivo ambiental. El fallo original había determinado un radio de protección de 1.000 metros libres de agroquímicos, en todo el perímetro urbano de esa ciudad del departamento San Martín. Ahora, la decisión del máximo órgano de Justicia provincial convalidó la instauración de esa distancia como protección a una población rural en su totalidad y sentó un precedente que abre la puerta para que otras comunidades afectadas por la aspersión de químicos agrarios, concreten su reclamo.
Desde septiembre de 2020, cuando el juzgado de primera instancia de Rafaela dictó una sentencia en la que prohibió las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, comenzó la etapa de resguardo para la ciudad de Sastre, de unos 7.000 habitantes, transformándola en la primera urbe santafesina y la segunda en el país, en contar con todo el perímetro urbano protegido.
 La causa tiene un fuerte fundamento en la protección de la vida, la salud de las personas y el ambiente e invoca el principio precautorio. También incorpora numerosas pruebas reunidas como voces de expertos, informes científicos y territoriales y la normativa ambiental vigente.

Municipio contra vecinos
Esta decisión judicial fue apelada por los productores en carácter de terceros interesados y la Municipalidad, pero la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos confirmando la sentencia de primera instancia. Respecto a esta última, el municipio interpuso luego un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.
No conforme, el municipio insistió recurriendo directamente en queja ante la Corte para solicitar su intervención, que el máximo tribunal rechazó no solo por cuestiones formales sino fundamentando su decisión con profusión de argumentos vertidos en la sentencia.
De este modo confirmó el veredicto de primera instancia, del juez Duilio Hail y ratificó la sentencia de segunda instancia. Con esta decisión de la Corte, rubricada por el presidente, Daniel Erbetta y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se agotaron los recursos provinciales debido a que ya se expresó el órgano máximo de justicia.
Ahora, en absoluta soledad -ya que los productores no pudieron continuar su reclamo por presentarse fuera de los plazos establecidos en la queja ante la Corte provincial-, el municipio de Sastre, opuso otro recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida se presentó en la Corte santafesina y aún no fue resuelta. En caso de que se admita, remitiría la causa al máximo órgano de Justicia nacional; si lo rechaza, sólo quedará a la Municipalidad recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.

Argumentos municipales
En los fundamentos de las distintas impugnaciones que intentó, la Municipalidad argumentó que consideraba al fallo de primera instancia como arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales; que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un modo equivocado, que hubo vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y falta de apreciación de cuestiones conducentes.
También atacó el mecanismo que usaron los vecinos -un recurso de amparo colectivo- como método legal para zanjar el conflicto que se presentó ante las fumigaciones cercanas a las viviendas y la legitimación de los vecinos como demandantes “por no haber acreditado su relación, más o menos directa, con las zonas supuestamente afectadas por las fumigaciones”. En el mismo rumbo observó la personería de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas.
Sin embargo, la Corte consideró acertada la decisión de la Cámara que “ponderó los delicados intereses en juego y evaluó los distintos carriles existentes para canalizar la pretensión de los amparistas, concluyendo acertadamente con sustento en la Constitución Nacional, que para el caso, el amparo era la vía idónea para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos”.
En este punto, la Corte destacó la importancia de esos derechos que cuentan con expreso reconocimiento en la Carta Magna nacional, como los que se encuentran en juego en este caso: “un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la protección de la salud”.
Capítulo aparte merece el cuestionamiento que hizo el municipio al considerar que “la vía judicial no es la adecuada para resolver la cuestión debatida, sino que debía continuarse con la discusión democrática y representativa en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”.
En realidad, los demandantes junto a los padres de Zoe Giraudo -una niña de dos años enferma de cáncer- decidieron optar por la vía judicial cuando el cuerpo de concejales les indicó a los vecinos que las posibilidades de reclamo ante el Concejo estaban agotadas, luego de un año de pedir que modifiquen la ordenanza que regula las fumigaciones.
“Vayan a la Justicia, nosotros no podemos hacer nada”, dijo el entonces edil y actual secretario de Gobierno del municipio, Edgardo Figueroa. Su suegra, la intendenta María del Carmen Amero -quien es propietaria de campo dentro de la zona alcanzada por la restricción judicial- nunca recibió a los vecinos para debatir sobre la problemática a pesar de los reiterados pedidos de audiencia.
La Municipalidad defendió los alcances de la ley provincial 11273, de regulación de “productos fitosanitarios” -sancionada en 1995, antes del cambio de modelo agroindustrial- como herramienta para decidir dónde permitir y prohibir las fumigaciones. “Cada comunidad tiene un margen de apreciación dentro de lo que la ley provincial considera como tolerable, siendo competencia municipal decidir si se fumiga o no en la zona donde la ley ya no lo considera peligroso”, indicaron en la causa.
Las autoridades municipales de Sastre también atacaron las pruebas producidas en el proceso porque consideraron que “no dan certeza de que estemos ante la presencia de un daño cierto o inminente” e intentaron desacreditar el aporte al legajo que hicieron el biólogo Rafael Lajmanovich y la médica pediatra Analía Pretto. En este punto cabe aclarar, que durante la etapa de desarrollo de este conflicto, los trabajos de investigación de Lajmanovich fueron publicados en revistas científicas internacionales y convalidadas por sus pares.
El municipio, también consideró que el fallo es descalificable por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial e incumplir con la exigencia de motivación suficiente. Sostiene que se cercenaron sus derechos con una interpretación incorrecta de los antecedentes y prueba aportada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

La posición de la Corte
El fallo de la Corte santafesina aclara que “sólo se advierte la mera discrepancia” -sin entidad constitucional- de la Municipalidad con lo resuelto por la Cámara, “en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional”.
“Se advierte que toda la argumentación desarrollada por la recurrente (el municipio), pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, constituye una reedición sin variantes de las objeciones formuladas en las anteriores instancias, omitiendo la demandada dirigir críticas concretas hacia la decisión objeto de la impugnación extraordinaria”, señalaron los ministros y consideraron que así desvirtuó el objetivo de atacar legalmente el fallo de Alzada.
También consideraron inadmisible interpretar que no existe daño cierto o inminente para que proceda el amparo de los vecinos “en un campo en el que rigen los principios de prevención y precautorios, adquiriendo este último operatividad, justamente, en supuestos de incerteza científica cuando se verifica riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible y siempre que exista un mínimo de demostración de su posible concreción”.

Copie y pegue
En definitiva, la Corte Suprema explicó que el municipio, representado a lo largo del juicio por el abogado santafesino, Domingo Rondina, “no hizo más que reeditar idénticos planteos a los que fueron objeto de tratamiento oportuno y suficiente, evidenciando solo discrepancia con el criterio del Tribunal y sin lograr perfilar un supuesto de arbitrariedad que amerite la descalificación de la sentencia”.

Hacia un modelo sostenible
Pasaron dos años de la primera sentencia. Y si bien aún hay tensiones entre los protagonistas, Sastre tiene la posibilidad de transitar un camino de transición hacia un modelo agroecológico más saludable y rentable. En los lindes de la ciudad actualmente se realiza siembra de pasturas o producciones ganaderas, demostrando que se puede producir sin envenenar. Un contexto en el que todos ganan.
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INTA sigue evitando el proyecto internacional 'Sprint'

 


El silencio del INTA y una nota para que continúe el proyecto sobre agroquímicos

Fecha de Publicación
: 19/10/2023
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Los voluntarios del proyecto Sprint se reunieron con el nuevo director y afirmaron que les respondió “no tener nada que ver con la decisión” del Consejo Directivo.
El ingreso de una nota formal dirigida a distintas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para reclamar la continuidad de Argentina en el proyecto internacional “Sprint”, que busca estudiar y medir las cantidades de agroquímicos en el cuerpo humano y también en los ecosistemas, fue una de las últimas acciones que encararon las y los voluntarios que participaron en el muestreo tras una reciente reunión con el INTA. En ella, aseguran, el nuevo director del organismo estatal, Ariel Pereda, se comprometió a elevar su pedido aunque les planteó “no tener nada que ver” con la decisión del Consejo Directivo de posponer la difusión pública de los resultados y la participación del país en el estudio.
Ante la falta de respuestas en torno a la continuidad del proyecto “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés), las y los 73 voluntarios de distintos partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires (entre ellos de General Pueyrredon) que participaron del muestreo en noviembre de 2021, decidieron en las últimas semanas a partir de una reunión virtual con el organismo ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA.
El estudio Sprint inició en 2020 y está pautado para desarrollarse durante un total de cinco años. Participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, país elegido y financiado por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
Sin embargo, en julio, quienes participaron como voluntarios y voluntarias junto a distintas organizaciones en una jornada frente a la delegación local del INTA, denunciaron que el organismo estatal había “pospuesto” sin una justificación razonable la publicación de los resultados que debía realizarse el 21 de junio y que apartó del estudio a la científica Virginia Aparicio, una ingeniera agrónoma experta en la materia, a cargo del proyecto y quien debía presentar esos resultados.
Días después de esas denuncias públicas, que incluyeron la voz del colectivo Paren de Fumigarnos, investigadores y profesionales del propio organismo, el INTA ―a través de una resolución con fecha del 5 de julio― “pospuso” la participación de Argentina en el proyecto Sprint “hasta tanto no se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”.
Desde entonces, el reclamo de quienes participaron como voluntarios se centró en obtener algún tipo de respuesta oficial de los resultados que, si bien habían sido presentados individualmente por el organismo a cada participante, no incluyeron una explicación de qué implica tener una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo.
En un informe periodístico que abarca la experiencia de dos voluntarios de General Pueyrredon, Qué digital expuso que de esos resultados se desprende, a grandes rasgos y sin distinción entre zonas periurbanas y urbanas (como el centro de Mar del Plata), que las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la material fecal y hasta 86 agroquímicos diferentes en el polvo de sus hogares.

Una reunión con el nuevo director nacional del INTA
Semanas atrás, quienes participaron del Sprint fueron convocados a una reunión virtual para el 4 de septiembre en la que se presentó el nuevo director nacional del INTA, Ariel Pereda, el veterinario que asumió en reemplazo de Carlos Parera.
Allí, Aparicio presentó los resultados sobre los agroquímicos encontrados en los participantes aunque “todo fue rápido”, según expusieron las personas muestreadas. Según relató Esteban, voluntario de General Pueyrredon, Pereda “pidió disculpas por cómo se había manejado el tema aunque se excusó diciendo que el Consejo Directivo era el que había decidido suspender la participación del INTA en el proyecto Sprint“.
En esa misma línea, sostuvo que, como recién asumía, Pereda dijo que “él no tenía nada que ver con la decisión del Consejo Directivo”, y que ahora, sin un plazo de fecha estimado, esa máxima área del organismo estatal “va a tomar una decisión de si continúa con la suspensión o no“.
Con la sensación de que el nuevo director del INTA “se desentendió” y de que la reunión “fue media ‘secreta’ porque no hubo convocatoria ni a la gente de los departamentos del INTA de Balcarce”, las y los voluntarios resolvieron, en busca de alguna respuesta, ingresar una nota formal.
“En un momento de la reunión nos dijeron que querían preservarnos a nosotros, por la confidencialidad. Pero nosotros justamente lo que queremos es que se difundan los resultados. Fue un poco rara la situación y después de eso, no hubo ninguna respuesta por parte del INTA. El director se comprometió a transmitir nuestro pedido al Consejo pero no hemos tenido ninguna respuesta”, aseguró Esteban.

El ingreso de una nota formal
A raíz de ello, quienes participaron del estudio decidieron ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA que es el área de “máximo nivel de decisión”, conformada por un presidente, Mariano Garmendia ―quien días atrás afirmó que los resultados del Sprint “no están prohibidos”―, y vicepresidente, Nacira Belén Muñoz, designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Consejo Directivo, a su vez, está integrado por un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco representantes del sector privado para “garantizar una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y estrategias globales de decisión institucional así como el control social de su accionar”.
Más allá del argumento del nuevo director nacional del INTA ante su nueva asunción, los voluntarios reparan en la responsabilidad del organismo al momento de firmar el contrato con un “consorcio de diferentes instituciones” que llevan adelante el proyecto y que “está incumpliendo”.
En ese sentido, el reclamo central apunta ahora a, por un lado, la continuidad del INTA en el proyecto Sprint por su relevancia en materia de salud pública y del desarrollo de políticas y, por el otro, a “que se hagan públicos los resultados porque es información que según el Acuerdo de Escazú, tiene que ser pública“.
“Interpretamos esta falta de respuesta como una estrategia de que va a pasar el tiempo, nadie va a decir más nada, y se va a suspender definitivamente la participación del INTA”, analizó Esteban. Además, lamentaron que las agrupaciones gremiales del campo y diferentes universidades del país que también forman parte del Consejo Directivo, hayan estado de acuerdo con la suspensión del INTA en el Sprint de manera unánime.
“Es una cosa incomprensible e imperdonable. No puede ser que haya representantes de entidades de investigación y conocimiento público que hayan votado la suspensión del proyecto. Es totalmente inaudito”, planteó Esteban.
La nota, firmada por las y los voluntarios y enviada el 23 de septiembre al Consejo Directivo y a los Consejos Regionales del INTA que “son los que aconsejan aunque el que mayor poder de decisión tiene en este caso es el de Buenos Aires Sur”, se trata de una solicitud formal para que el INTA continúe su participación en el proyecto bajo la responsabilidad de Aparicio.

Los argumentos
Al momento de hacer esa solicitud, los voluntarios se refirieron a la relevancia del estudio para generar “datos cruciales” sobre la presencia de plaguicidas, sus mezclas y concentraciones en muestras humanas, animales, vegetales y ambientes en el territorio colectivo: “La construcción colectiva de estos datos nos brinda la oportunidad de contribuir en la toma de decisiones más informadas y comprometidas para una producción agropecuaria sostenible en pos de la salud“.
Además de los equipos de investigación argentinos involucrados, hicieron hincapié en la importancia, más allá de obtener sus resultados de manera individual y privada, de la evidencia científica obtenida en el proceso de monitoreo y resultados experimentales relacionados con las mezclas y concentraciones de agroquímicos que se desarrollan el laboratorios europeos.
En ese sentido, sostienen que el proyecto Sprint forma parte de un plan global “dirigido e integrado por profesionales de gran prestigio internacional pertenecientes a institutos de investigación, universidades europeas y la FAO (por sus siglas en inglés) con laboratorios de estándares de calidad rigurosos para el procesamiento de las muestras”.
Y argumentaron que en la última reunión virtual, Pereda “manifestó su apoyo a la continuidad del Sprint y a Aparicio como investigadora responsable en Argentina” a pesar de que “explicó que no es competencia suya la participación argentina en el proyecto sino del Consejo Directivo, quien dictó la suspensión a través del voto unánime”.
Es por eso que los voluntarios consideran como “fundamento insuficiente” la explicación que el INTA dio oficialmente a la hora de suspender la participación. En ese momento, el organismo estatal aseguró que los estudios realizados excedían la “incumbencia” del INTA por “involucrar a la salud humana”, según relataron en la nota.
“Abandonar este proceso científico comprometería el trabajo que se ha realizado y la credibilidad del INTA frente a la comunidad y a futuros compromisos de financiación y cooperación internacional”, cerraron en la nota, aún sin respuesta.

Los datos presentados en Nueva York
Semanas atrás, en el marco de la novena edición de la Cumbre Científica en torno a la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se presentaron virtualmente datos comparativos con los resultados obtenidos en Argentina. Allí, comentó Esteban en diálogo con Qué digital, en comparación a los países europeos muestreados se identificó que en Argentina hay cantidades “superiores de agrotóxicos en sangre, orina y demás”.
“La diferencia es abismal. Esos datos se difundieron públicamente días atrás. Es alarmante que el nivel de contaminación en Argentina es varias veces superior. Es una diferencia muy grande lo que están dando con los países europeos”, sostuvo.
En la cumbre científica, la investigadora Violette Geissen, coordinadora a nivel internacional del Sprint, reveló que las muestras de Argentina presentaron menos variedad de agroquímicos que las de Europa aunque mayores concentraciones de plaguicidas en el polvo de las casas de familias rurales y en la materia fecal, según publicó la agencia nacional Télam.
A pesar de que en Argentina se observaron cantidades menores de plaguicidas respecto a Europa, la investigadora reparó en que en el país se relevó una zona con pocos tipos de cultivo mientras que en Europa se contemplaron diez tipos de cultivos, entre ellos de vino, olivas y trigo.
En cuanto a las concentraciones, explicó que en Argentina fueron mayores en el suelo, el aire interior y en el agua mientras que en las plantas fueron “iguales”. Respecto a los valores en las personas, informó que los plaguicidas en la materia fecal en las muestras de Argentina fueron “mucho más altas” que las de Europa.
En concreto, el 100% de las muestras de materia fecal de Argentina arrojaron la presencia de glifosato mientras que el mismo plaguicida estuvo presente, según datos de Télam, en el 70,5% de las muestras de Europa. En Argentina, además, se encontraron altas concentraciones de fipronil sulfone en el 97,1% de las muestras contra 23,8% de las de Europa y el plaguicida lambda-Cyhalothrin en un 87% de las muestras argentinas en comparación al 15,9% en Europa.
Por otro lado, la investigadora aseguró que en las muestras argentinas de orina también se encontraron mayores concentraciones aunque la diferencia “no fue tan marcada“, algo que atribuye a que “no se metaboliza lo mismo a través de la orina” y que las altas concentraciones de agroquímicos en la materia fecal indicarían una alta exposición de los plaguicidas en Argentina.
La experta concluyó, en línea con lo que que plantean las y los voluntarios de Argentina, que más allá de las concentraciones encontradas de cada uno de los plaguicidas, la principal problemática tanto en Europa como en el país es que “se encontraron varios químicos a la vez” y que aún no existen estudios que muestren qué implica para la salud humana esas “mixturas”.
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Buenos Aires: justicia prohíbe fumigaciones en Campana

 


Prohíben las fumigaciones aéreas y terrestres en Campana

Fecha de Publicación
: 03/10/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Buenos Aires


La Corte Suprema dispuso cumplir la ordenanza contra las fumigaciones por aire o por tierra a menos de 1.000 metros de zonas pobladas. Diversos informes de la Auditoría General de la Nación evidencian los débiles controles sobre los agroquímicos en el país.
Se prohibieron las fumigaciones aéreas con agrotóxicos y las fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de zonas pobladas en Campana. La Corte Suprema de Justicia dispuso que se cumpla la ordenanza aprobada 12 años atrás.
En 2011 se sancionó la ordenanza municipal que prohibía el uso de productos agroquímicos y plaguicidas esparcidos de forma aérea, y que establecía una distancia de 1.000 metros con respecto a zonas pobladas, escuelas y centros de salud para la fumigación. A pesar de ello, y a través de una cautelar presentada por dos grandes productores de la zona que reclamaban el derecho al trabajo, en 2012 se les volvió a permitir fumigar a pesar de que se encontraban a menos de 30 metros del barrio Los Pioneros.
La organización vecinal Los Pioneros y barrios aledaños enviaron a la Facultad de Agronomía seis muestras de agua para demostrar la presencia de agrotóxicos. Todas las muestras recolectadas dieron positivo para glifosato. También recurrieron al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde las muestras de agua enviadas dieron positivas para 18 agroquímicos, mientras que las de tierra arrojaron presencia de cinco agroquímicos. Por último, se enviaron muestras de orina para verificar la presencia de agrotóxicos en los cuerpos. De los 10 casos enviados, tres dieron positivo para glifosato.

El control de los agrotóxicos en Argentina
La Auditoría General de la Nación analizó el uso de agroquímicos en el país a través de cinco informes. En 2011 se analizó el Plan Nacional de Gestión de Plaguicidas de Uso Sanitario, dependiente de la Subsecretaría de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. Los cuatro restantes fueron sobre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el último data de 2021.
Los distintos informes ponen en evidencia los débiles controles sobre los agroquímicos y productos de terapia vegetativa por parte del Senasa. Además, en todos hallaron debilidades en la fiscalización de los productos utilizados.
El último informe de 2021 evaluó cómo se evita la comercialización de productos de terapéutica vegetal que estén prohibidos por sus efectos negativos en la salud y el ambiente. Se halló que el Senasa no controla como debería, que hay un déficit en materia de recursos humanos lo que involucra a varios agentes realizando diferentes tareas, por lo cual el trabajo de esas tareas se ve debilitado.

El caso de Misiones
Misiones sancionó la Ley de Promoción de Bioinsumos que prohíbe el uso de glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se estipuló un período de transición para reemplazar el uso de agrotóxicos. Durante la última década, la provincia sancionó, en promedio, dos leyes por año vinculadas a la agricultura familiar, la diversidad de la producción y el cuidado del ambiente
La normativa establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, comercialización y utilización de productos biológicos naturales. Para el periodo de eliminación de agrotóxicos, el Estado provincial deberá acompañar a los productores en el camino hacia una producción orgánica, científicamente responsable, económicamente rentable y ambientalmente sustentable.

Alimentos contaminados
Según un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), más del 60% de las frutas y verduras que llegan al Mercado Central contienen pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos.
Los controles realizados entre 2011 y 2016 por el organismo detectaron 82 agroquímicos en 38 de los alimentos controlados, entre ellos frutas, hortalizas, verduras y cereales.
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En la ONU presentaron informe sobre agrotóxicos

 


Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Fecha de Publicación
: 02/10/2023
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Nacional


El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país?  Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la  potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que  duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la  investigación.   
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
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