Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
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Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
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Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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La Justicia amplió las restricciones a las fumigaciones con agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 30/05/2026
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos


Una nueva resolución judicial volvió a sacudir el debate ambiental y sanitario en Entre Ríos. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná resolvió hacer lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones con agroquímicos cerca de viviendas y barrios rurales, y dispuso restricciones más amplias para las aplicaciones terrestres y aéreas de fitosanitarios.
La decisión fue tomada por la jueza María Fernanda Miotti y alcanza a zonas de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, ambas ubicadas en el departamento Diamante.

Las medidas dispuestas por el fallo
La magistrada ordenó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agroquímicos o fitosanitarios cerca de las zonas protegidas por los amparos.
Además, estableció nuevas distancias mínimas de resguardo:
    1.095 metros para aplicaciones terrestres.
    3.000 metros para fumigaciones aéreas.

El fundamento de la resolución
La resolución se basó en estudios científicos desarrollados por Rafael Lajmanovich, utilizados como sustento técnico para evaluar posibles efectos ambientales y sanitarios derivados de la exposición a agroquímicos.
En su fundamentación, Miotti sostuvo que debe priorizarse la protección de la salud humana y del ambiente, aplicando los principios preventivo y precautorio establecidos en el derecho ambiental.
El fallo ya fue apelado por abogados de la Federación Agraria Argentina y también será cuestionado por el Gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.
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Día Mundial de la Abeja: crece la preocupación por fumigaciones y desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 23/05/2026
Fuente: Portal LibertadDigital
Provincia/Región: Chaco


Eduardo Riquel, presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, habló en Radio Libertad en el marco del Día Mundial de la Abeja y analizó la situación de la producción de miel en el Chaco, las amenazas que enfrenta el sector y el crecimiento de la exportación de miel orgánica.
En el marco del Día Mundial de la Miel, el presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, Eduardo Riquel, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las abejas y la producción apícola en el Chaco.
Fumigaciones, desmontes, cambio climático y enfermedades aparecen entre las principales amenazas que ponen en riesgo tanto la producción de miel como el equilibrio ambiental. "El peor enemigo de la naturaleza es el hombre", resumió el dirigente apícola durante una entrevista con Radio Libertad.
Riquel recordó que el 20 de mayo fue declarado Día Mundial de la Abeja por la ONU por dos motivos: el nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna nacido en Eslovenia en 1734, y la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de estos insectos para el ecosistema.
"Las abejas polinizan el 75% de las plantas y cultivos que producen frutos, verduras y semillas que consumimos diariamente", explicó. En ese sentido, remarcó que proteger a las abejas significa también cuidar la producción de alimentos y la biodiversidad.
El referente apícola advirtió que desde 2010 la situación de las abejas se agravó de manera notable, principalmente por el avance de la agricultura intensiva y el uso de agroquímicos. "El avance de la agricultura con venenos es una de las principales amenazas. Hemos tenido colmenares enteros destruidos por fumigaciones", afirmó.
Según detalló, muchos productores incluso debieron abandonar la actividad tras perder todas sus colmenas por aplicaciones aéreas de pesticidas. Además, explicó que el crecimiento agrícola también trae aparejado desmontes masivos. "Cuando avanza la agricultura también avanza el desmonte y se pierden especies que generan flores y néctar para las abejas", señaló.

El impacto del cambio climático
Otro de los problemas que preocupa al sector es el cambio climático, que altera los ciclos naturales y afecta directamente la disponibilidad de flores. "Hemos tenido años de sequías extremas donde había flores, pero parecían flores plásticas porque no tenían néctar", relató.
Las abejas dependen del néctar y del polen para sobrevivir, por lo que la falta de recursos naturales impacta de lleno en la producción y supervivencia de las colmenas.
Riquel también mencionó la presencia de la varroa, un ácaro considerado uno de los principales enemigos sanitarios de las abejas. "Si el productor no cura en tiempo y forma, sabe que va a perder la colmena", explicó.
Este parásito se alimenta de la hemolinfa de las abejas y facilita el ingreso de enfermedades que pueden terminar destruyendo colonias enteras.

El Impenetrable, nuevo polo apícola del Chaco
En cuanto a la producción provincial, el dirigente aseguró que históricamente el sudoeste chaqueño era una de las zonas más fuertes para la apicultura, aunque en los últimos años el escenario cambió. "Hoy el Impenetrable avanzó muchísimo en producción apícola", destacó.
Según indicó, desde Tres Isletas hacia el norte se produce miel de muy buena calidad y en importantes volúmenes. Incluso resaltó el crecimiento de la miel orgánica chaqueña. "Chaco pasó a ser primera en exportación de miel orgánica" , afirmó.
Ese crecimiento se dio, explicó, gracias a proyectos impulsados de manera conjunta entre productores y empresas privadas.

El consumo interno creció, pero golpea la crisis
Respecto al consumo local, Riquel señaló que la situación económica impactó en las ventas, aunque aseguró que en los últimos años aumentó la conciencia sobre los beneficios de la miel. "Antes la gente consumía miel solamente cuando le dolía la garganta. Hoy entienden que es un alimento saludable", sostuvo.
De todas maneras, reconoció que el precio que recibe el productor quedó retrasado frente al aumento de costos. "El valor de la miel históricamente equivalía a dos o tres litros de gasoil, pero hoy quedó muy por debajo", explicó.
Pese al contexto económico, destacó que el consumo interno mejoró gracias a campañas de promoción como la Semana de la Miel, que se realiza desde 2017.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Apicultores insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en el ecosistema. "Tenemos que cuidarlas y protegerlas porque son esenciales para la vida", concluyó.
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Polinizadores en caída libre: el umbral que el agronegocio no puede ignorar

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional publicado con participación de la UBA y publicado en Science, definió el hábitat mínimo que necesitan abejas y mariposas para sobrevivir. La agricultura argentina no lo alcanza.
Los polinizadores llevan décadas perdiendo terreno. Literalmente. Desde los años '60, con la irrupción de la revolución verde y el uso masivo de agroquímicos, abejas, abejorros y mariposas vienen cediendo espacio frente al avance de la agricultura intensiva, la urbanización y el cambio climático.
Pero hasta ahora faltaba algo concreto: un número. ¿Cuánto hábitat natural mínimo necesitan estos insectos para no desaparecer de los paisajes agrícolas? Un trabajo científico acaba de responder esa pregunta, y la respuesta incomoda.
Un estudio internacional al que la FAUBA aportó datos clave mostró que para proteger a las abejas, los abejorros y las mariposas se debería conservar entre 16 y 37 % del área en cada paisaje agrícola. En la Argentina se protege entre el 5 y 15 %, y no sería suficiente.
Tal como explica el investigador del CONICET Mariano Devoto, docente de Botánica General en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), y publicado por Sobre la Tierra, "la tendencia continúa: en todo el mundo, la agricultura, el cambio global y la urbanización avanzan sobre áreas silvestres, reduciendo aún más los espacios que los polinizadores necesitan para alimentarse, nidificar o refugiarse".
Y las consecuencias de esa reducción se sienten directo en los rindes: frutales, hortalizas, girasol y café son algunos de los cultivos que dependen de la polinización para alcanzar su máximo potencial productivo.
Como señala Devoto, "el área que ocupan los cultivos que dependen de abejas, abejorros y otros insectos crece más rápido que la del resto. Necesitamos de la polinización cada vez más". Es decir: justo cuando más dependemos de los polinizadores, menos espacio les dejamos para existir. Una contradicción que el agronegocio global todavía no terminó de procesar.

Los números que la ciencia acaba de poner sobre la mesa
Un estudio publicado en septiembre de 2025 en la prestigiosa revista Science sintetizó 59 investigaciones de 19 países para establecer umbrales mínimos de hábitat seminatural en paisajes agrícolas. Los resultados son concretos y, para muchas regiones del mundo, alarmantes. Las mariposas son el grupo más sensible: necesitan al menos un 37 % de cobertura de hábitat seminatural para estar efectivamente protegidas. Los abejorros requieren un 18 %, y las abejas solitarias, un 16 %.
La FAUBA participó del estudio con datos clave. El investigador Mariano Devoto explicó que su grupo aportó los resultados de la tesis doctoral de Marcos Monasterolo, quien estudió el tema en zonas aledañas a la Estancia San Claudio, de la UBA, en la provincia de Buenos Aires. Un caso de ciencia local que alimentó conclusiones globales.
El propio Devoto advierte que los porcentajes hallados "representan pisos por debajo de los cuales las especies polinizadoras se extinguen localmente. Son bastante más altos que el 10 % que establece la Unión Europea como meta de conservación para 2030. La situación es muy preocupante". En otras palabras: la política de conservación más ambiciosa de Europa ni siquiera alcanza el umbral mínimo que la ciencia acaba de definir para las abejas.

Argentina: el campo que no conserva lo suficiente
El caso argentino es ilustrativo de lo que ocurre en buena parte del Sur Global. Según Devoto, en la Región Pampeana se conservaría entre 5 y 8 % de áreas naturales en paisajes agrícolas, y en otras partes del país, hasta un 15 %. A
un cuando estos valores no son elevados, es posible que sean insuficientes para muchos grupos de polinizadores. Los números hablan solos: la Pampa húmeda, motor del agronegocio argentino, opera con menos de la mitad del hábitat mínimo que las abejas necesitan para sobrevivir.
¿Qué significa esto en términos productivos? El propio investigador lo explica con lógica económica: "Si el rendimiento de un cultivo cae por no tener polinizadores, digamos, un diez o un veinte por ciento, el productor debe salir a alquilar colmenas. Ese costo es evitable manteniendo refugios silvestres. No requieren mucho manejo y brindan polinizadores gratuitos". La conservación, vista así, no es un gasto ambiental: es una inversión agronómica.
Devoto destaca que el gran desafío es lograr que la biodiversidad sea considerada como un insumo medible y valorable en términos económicos y sociales: "La tendencia actual es clara: estos aspectos vinculados a valorar la diversidad biológica adquieren muchísima importancia de la mano de la información que se está generando. No es una moda, es algo que llegó para quedarse". El mensaje para productores, contratistas y decisores de política agraria es directo: adaptarse ahora es más barato que remediar después.
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Informe de la UNRC advierte que el uso de agroquímicos creció un 2.000% y ya impacta en acuíferos

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Verónica Lutri, presentó un trabajo audiovisual sobre el impacto del modelo agropecuario "químico-dependiente" y apunta a “la contaminación que no se ve”.
En 1991, en Argentina se aplicaban 30 millones de litros de agroquímicos por año. Hoy, esa cifra trepó a los 600 millones de litros. El dato, contundente, forma parte de un documental realizado por la doctora en Geología e investigadora del Conicet, Verónica Lutri.
La docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fue seleccionada para este proyecto por el International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), organismo vinculado a la Unesco. Tras realizar el material sobre la problemática del agua subterránea, Lutri fue nombrada embajadora del World Water Film Festival, que este año tendrá su edición en Argentina.
“Argentina es el tercer país productor mundial de soja y el tercero en consumo de pesticidas para este cultivo”, explica Lutri.
Su trabajo insta a reflexionar sobre una amenaza invisible: la contaminación de los acuíferos en la llanura chaco-pampeana.
Durante dos años, la investigadora reunió testimonios sobre el impacto del modelo agropecuario extractivista para dar visibilidad local a una problemática global. Según recordó, la superficie cultivada de soja en el país pasó de apenas 960 hectáreas en 1960 a más de 13 millones en 2024.
“Existen toneladas de evidencia científica sobre el efecto nocivo de los herbicidas y diversas especies y de su presencia casi total en todas las matrices ambientales. Se han detectado plaguicidas en sangre, orina y polvo ambiental, pero muchos de estos estudios fueron censurados”, sostuvo Lutri. 
También marcó la importancia de la investigación y su divulgación porque “sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”.

Agroquímicos, “un problema silencioso”
La especialista detalló que la contaminación se produce con mayor facilidad cuando los acuíferos están a pocos metros de profundidad y el suelo es de materiales gruesos, como arena o grava. “Allí el agua de descarga de lluvia infiltra con mayor velocidad. Hemos detectado atrazina en acuíferos a 20 metros de profundidad. Es decir, el lixiviado está ocurriendo”, sostuvo.
Señaló que la atrazina es un herbicida de amplio espectro utilizado desde la década de 1960. Mientras que en la Unión Europea está prohibido desde 2004 por su impacto en la salud humana y el ambiente, en Argentina su uso continúa. “Hay reglamentaciones según el tipo de herbicida y suelo, pero las malezas se han hecho resistentes y se está usando mucha más cantidad, más dosis”, advirtió Lutri.
La investigadora riocuartense destacó que la expansión de la frontera agrícola conlleva la pérdida de humedales y de bosques nativos.
Además, alertó que el riesgo no se limita al consumo de agua: “Existen estudios que fueron ‘censurados’ a nivel nacional —como el Proyecto Sprint— que analizaban herbicidas en sangre y orina. El impacto no es solo a través del agua; en el polvo ambiental y en los sedimentos que vuelan en el campo hay herbicidas y la gente los respira”, apuntó.
Para el documental, Lutri consultó, entre otros, al especialista en Agroecología de la UNRC, Claudio Sarmiento. Resumió que se aboga por una producción que no sea tan “químico-dependiente”. “El sistema está saturado y es necesario buscar alternativas naturales como la agroecología, alternativas naturales, como el uso de insectos benefactores”, dijo.
 Su trabajo audiovisual plantea que así como una persona enferma tiene medicamentos en su mesita de luz, la gran cantidad de envases de agroquímicos que pueden observarse tirados, en medio de la naturaleza, son indicadores de lo que está en el suelo y en los acuíferos “Cuando el campo te muestra esto, hay algo que no está bien (…). ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?”, se preguntó.
El video documental para divulgar el asunto fue presentado recientemente en las Jornadas sobre el uso de agroquímicos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC y está disponible en este link de Youtube.
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30 años de transgénicos en Argentina: nada para celebrar

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Nacional


El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil. A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas. Por Marcos Filardi, investigador del Grupo ETC.
El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación.
Desde entonces, Argentina se consolidó como el primer país de América Latina en abrir sus fronteras a los cultivos transgénicos y como un campo de experimentación para las empresas transnacionales. La expansión fue vertiginosa: en pocos meses, la soja RR alcanzó más de un millón de hectáreas. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil.
Este modelo se organiza en torno a monocultivos de commodities, principalmente soja y maíz, orientados a la exportación. No se trata de producir alimentos, sino materias primas para cadenas industriales globales. En 1998, la aprobación del maíz transgénico profundizó este rumbo. La mayoría de estos cultivos incorporan resistencia a herbicidas o genes Bt, lo que refuerza su dependencia de insumos químicos.
Se trata de un modelo extractivista, que concibe al suelo como un recurso a explotar y se sostiene en una lógica productivista, dependiente de agrotóxicos, pesticidas o biocidas y fertilizantes sintéticos. Sus impactos son profundos: avance de la frontera agrícola, deforestación, destrucción de bosques nativos, selvas y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos. Argentina se encuentra entre los países que más deforestaron a nivel mundial, con millones de hectáreas de bosque perdidas en las últimas décadas. A esto se suman la concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de productores, el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, los conflictos territoriales y el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre.
El uso intensivo de agrotóxicos también impacta directamente en la salud. La exposición a plaguicidas se vincula con cánceres, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas reproductivos y malformaciones, en un contexto de contaminación generalizada del agua, el aire y los alimentos.
Al mismo tiempo, los cultivos transgénicos están estrechamente ligados a la expansión de la ganadería industrial y a otros usos industriales. La mayor parte de la soja no se destina a la alimentación humana directa, sino que se exporta o se transforma en insumos para la alimentación animal, agrocombustibles y productos ultraprocesados. En este esquema, la producción agrícola no satisface las necesidades internas, sino que prioriza la exportación.
Esto evidencia la existencia de dos sistemas antagónicos: uno orientado a producir alimentos para las poblaciones y otro -el agronegocio- orientado a generar commodities y negocios. Este modelo transforma el territorio, reduce la diversidad productiva, desplaza formas tradicionales de producción y configura un “campo sin campesinos”.
A su vez, la expansión de los transgénicos está estrechamente vinculada a la concentración corporativa del sistema agroalimentario. Empresas como Monsanto -hoy Bayer- impulsaron este proceso, hoy dominado por un pequeño grupo de corporaciones globales como Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, que controlan gran parte del mercado de semillas y pesticidas.
A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas.
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Juicio por fumigaciones: La fiscalía avanza con pruebas sobre daño ambiental y salud

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: RTS Medios
Provincia/Región: Santa Fe


El proceso tiene a siete productores y dos funcionarios imputados por contaminación. El fiscal señaló: “Era una actividad peligrosa y eran conscientes de lo que pasaba”.
En el marco de un juicio por fumigaciones que se desarrolla en la justicia federal, el fiscal Federico Reynares Solari detalló el avance de la etapa probatoria, que busca determinar los daños provocados en el ambiente y en la salud de la población, en una causa que tiene a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos imputados.
El representante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario explicó que actualmente se analizan pruebas científicas y testimonios técnicos. “Estamos transitando la etapa de prueba, en la que vamos a escuchar los testimonios científicos y determinar el punto de vista objetivo qué daños se produjeron al medio ambiente”, indicó. En ese sentido, precisó que se realizan estudios de suelo, agua y evaluaciones sobre personas afectadas.
Según se expuso en el alegato de apertura, los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone fueron acusados como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación que resulte peligrosa para la salud o el ambiente.
Al referirse a la construcción de la acusación, Reynares Solari sostuvo: “Para nosotros es indiscutible que este modo de producir, que podría haberse producido de otro modo, prácticamente en la cara de la gente, produjo lo que produjo”. En ese marco, planteó que los hechos investigados exceden los límites de una actividad permitida.
El fiscal también anticipó que la defensa podría argumentar desconocimiento del riesgo, pero lo descartó: “Ellos eran perfectamente conscientes desde el año 2011 de lo que estaba pasando”. Además, remarcó que se trata de personas con formación en la actividad, por lo que no pueden desconocer los estándares que determinan cuándo una práctica deja de ser segura.
En ese sentido, concluyó: “No pueden desconocer cuáles eran los estándares a partir de los cuales la actividad deja de ser inocua para transformarse en una actividad peligrosa”. El juicio continuará con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios en las próximas audiencias.
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Fallo histórico por agroquímicos: ratifican condena a productor por la muerte de un niño 

Fecha de Publicación: 26/02/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Corrientes


En una decisión considerada histórica para el ámbito judicial y ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las lesiones graves sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos en 2011.
La sentencia ratifica la pena de tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa. El fallo consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agrotóxicos en la Argentina.
En la resolución, los magistrados sostuvieron que los elementos de prueba reunidos durante el proceso brindaron "el grado de certeza necesaria" para acreditar el hecho y la culpabilidad del acusado sin margen de duda.

El caso del niño de Corrientes: casi 15 años de espera
El hecho ocurrió en marzo de 2011 en la zona de Puerto Viejo, en la localidad correntina de Lavalle. Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por el productor condenado. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, también sufrió lesiones de gravedad.
Según determinó la Justicia, el productor utilizó el organoclorado alfaendosulfán de manera imprudente y negligente. El tóxico quedó acumulado en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y entró en contacto directo con la sustancia. Su prima intentó ayudarlo y también resultó afectada.
Las pericias concluyeron que la exposición al agroquímico provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del niño y en daños severos para la menor. Además, el tribunal consideró probado que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones.
En el fallo se señaló que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió que las aplicaciones se realizaran con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas aledañas donde se encontraban los menores.

Responsabilidad penal y debate ambiental
El caso es considerado un antecedente clave en el debate sobre el uso de agroquímicos en zonas rurales y periurbanas. Organizaciones ambientales, vecinos y familiares de víctimas vienen reclamando desde hace años mayores controles, sanciones más severas y una actualización de la normativa vigente frente al uso intensivo de agrotóxicos.
La confirmación de la condena abre una nueva etapa en la discusión sobre la responsabilidad de los productores en la manipulación de sustancias potencialmente peligrosas y sobre el rol del Estado en la fiscalización.

El juicio por agroquímicos en Pergamino
Mientras tanto, otro proceso judicial de alto impacto avanza en la provincia de Buenos Aires. En Pergamino comenzó un juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos acusados de contaminación con agroquímicos.
El debate se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y es seguido de cerca por organizaciones sociales bajo la consigna "Paren de fumigarnos". Por primera vez en este tipo de causas, funcionarios estatales fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber controlado adecuadamente las fumigaciones denunciadas.
Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 tras reiteradas exposiciones a fumigaciones cercanas a su vivienda. Según relató, sufrió vómitos, mareos, inflamación y severas afecciones respiratorias antes de la muerte de su bebé.

Un precedente que puede cambiar el escenario judicial
El fallo confirmado en Corrientes y el juicio en curso en Pergamino configuran un escenario inédito en la Justicia argentina. Por primera vez, las responsabilidades penales por el uso indebido de agroquímicos alcanzan no solo a productores sino también a funcionarios encargados de controlar la actividad.
A casi 15 años de la muerte de Nicolás Arévalo, la decisión judicial no solo representa una reparación simbólica para la familia, sino que también instala un precedente que podría influir en futuras causas vinculadas a delitos ambientales y a la protección de la salud pública frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
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Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 16/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos
La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras. 

En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema. 

Conmocionados durante el juicio
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa. 

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940. 
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Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 04/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Siete productores y dos exfuncionarios están acusados. La causa se inició en 2018 tras la denuncia de una vecina que sufrió graves consecuencias en su salud. El proceso abre un debate sobre el modelo agroindustrial y la protección ambiental
 Este lunes, a las 11, se abrió en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario una audiencia preliminar de cara al juicio oral que comenzará este miércoles contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, acusados de haber permitido y ejecutado fumigaciones con agrotóxicos en campos lindantes a zonas urbanas, en violación de la normativa vigente.

La investigación se inició en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, tras la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina y abogada de Pergamino, quien relató graves consecuencias en su salud y la de su familia. Ortiz había comenzado a denunciar las fumigaciones ya en 2011, cuando se aplicaban agroquímicos a apenas diez metros de su vivienda en el barrio Villa Alicia. Según su testimonio, esas prácticas derivaron en un aborto espontáneo, dos accidentes cerebrovasculares y múltiples afecciones neurológicas.

El agua de Pergamino, contaminada
La acusación sostiene que las fumigaciones provocaron contaminación de aguas subterráneas, intoxicaciones y daños a la salud de vecinos, además de un incumplimiento sistemático de las distancias de resguardo establecidas por la normativa. Se investiga también la complicidad de funcionarios públicos, que habrían permitido las prácticas pese a las advertencias de especialistas y las denuncias de la comunidad.

Un juicio histórico
El proceso judicial es considerado histórico porque por primera vez se juzga en el país a productores agroindustriales por el uso de agrotóxicos en zonas urbanas. El caso pone en debate el modelo agroindustrial dominante, cuestionado por vecinos expuestos, organizaciones ambientalistas y científicos independientes que advierten sobre los riesgos de los agroquímicos para la salud y el ambiente.
El juicio pasó de San Nicolás a Rosario porque, tras la etapa de instrucción en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, la causa fue elevada a juicio oral y quedó bajo competencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que es el tribunal designado para llevar adelante los debates orales en esta jurisdicción.
Desde temprano, organizaciones sociales y ambientales se concentrarán el miércoles frente a los Tribunales Federales de Rosario para acompañar a la querella. Se espera que el juicio se extienda varias jornadas, con la presentación de pruebas, testimonios de vecinos y peritajes científicos que podrían marcar un precedente en materia de protección ambiental y salud pública.

El antecedente cordobés
El proceso que se abrirá este miércoles hoy en Rosario tiene un antecedente clave: el juicio realizado en 2012 en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, donde un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador fueron condenados a tres años de prisión condicional por fumigar con glifosato y endosulfán a escasos metros de viviendas.
Aquella sentencia fue pionera al reconocer judicialmente que las fumigaciones en zonas urbanas constituyen delito. Sin embargo, el caso de Pergamino amplía el alcance: por primera vez se juzga en el fuero federal a siete productores agroindustriales y dos ex funcionarios públicos, en un proceso que podría sentar un precedente más fuerte en materia de responsabilidad penal por contaminación ambiental.
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