Prometen que en seis meses los trámites para registrar un nuevo agroquímico podrán realizarse íntegramente por Internet

Fecha de Publicación: 19/09/2024
Fuente: Portal Bichos de Campo    
Provincia/Región: Nacional


El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a través de la Resolución 1095/2024 publicada en la Boletín Oficial, se comprometió a que dentro de seis meses las autorizaciones de nuevos agroquímicos y biológicos podrán tramitarse por completo a través de la plataforma oficial en internet a partir de seis meses, es decir desde mediados de marzo de 2025.
“Atento al proceso de simplificación que el mencionado Servicio Nacional se encuentra llevando adelante, resulta menester actualizar los procedimientos establecidos en razón de mejorar la operatividad interna del Organismo, ello en pos de lograr la eliminación y simplificación de normas a fin de brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas”, dijo con pompa innecesaria el Senasa, subiéndose a la ola de ofrecer a posibilidad de realizar cada vez más trámites a sus usuarios a distancia y no de modo presencial en oficinas que en muchos casos huelen a naftalina.
De todos modos, hay que desconfiar. El Senasa ya había anunciado una digitalización parecida en febrero de este año.
En el caso de agroquímicos y biológicos, respecto de cuyas aprobaciones hay muchísimas quejas de los usuarios por demoras, favoritismos y hasta corrupción, el Senasa dice en la nueva resolución que “los procedimientos administrativos para la obtención de una autorización reglada se deberán tramitar íntegramente en formato digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos”.
El presidente de Senasa, Pablo Cortese, en concreto determinó que los trámites vinculados a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos en el Senasa deberán a partir de ahora realizarse por Internet. Eso será de inmediato para las gestiones vinculadas a los trámites de “Registro”, “Titularidad” y “Modificaciones” de permisos.
En el caso de nuevas “Autorizaciones”, el Senasa aclaró que “se incorporarán a la plataforma SIG-TRÁMITES dentro de los 180 días a partir de la vigencia del presente acto administrativo”. Por eso debería estar habilitada esta posibilidad a partir de marzo de 2025.
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Crece el malestar y el desconcierto por la norma europea que pretende cambiar para siempre el principal negocio de exportación argentino

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Faltan apenas cuatro meses para el inicio de la regulación “antideforestación” de la Unión Europea –que pretende transformar por completo a nivel mundial la manera de comercializar productos agroindustriales– y en el ámbito agrícola argentino crece el malestar y la incertidumbre.
Esa sensación persistente –como una basurita en el ojo– la definió muy bien el presidente de Maizar, Federico Zerboni, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz. “Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, desafió.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales (CRA) indicaron que están evaluando si seguirán validando su adhesión al sistema georreferenciado de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Pero la dirigencia de la Sociedad Rural (SRA) cree que, si bien conceptualmente es impropia la exigencia de la UE-27, lo mejor que puede hacer la Argentina es intentar cumplir con la misma para garantizar la continuidad del negocio.
Este martes los representantes de la sociedades rurales del norte bonaerense emitieron un comunicado indicando su rechazo a la regulación de la UE-27 y también el hecho de que, si un productor está de acuerdo, la AFIP pueda habilitar la posibilidad de que la Bolsa de Comercio de Rosario acceda a sus datos fiscales con el propósito de completar los registros necesarios para garantizar la trazabilidad de mercadería.
En los últimos días aparecieron ofertas de “Soja Visec” con el propósito de intentar incrementar las adhesiones de productores a la nueva plataforma, dado que, si los productores no se dan de alta, no es factible realizar la trazabilidad de la operación de compra y exportación de soja.
Los agroexportadores avisaron que a partir de 2025 todos los contratos de compraventa de soja tendrán la cláusula “apto Visec”, lo que implica, en los hechos, que si alguien no acepta tales condiciones sólo podría vender el poroto a fábricas de alimentos balanceados o elaboradoras de expeller de soja para consumo interno.
Otro interrogante es qué sucederá con la industria aceitera, que necesita de la soja paraguaya para poder contar con un nivel de actividad adecuado. ¿Y si el vecino país no llega a implementar un sistema de trazabilidad que permita enviar soja a la Argentina? El impacto en el mercado regional de algo así sería mayúsculo.
A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Unión Europea que postergue la norma “antideforestación” porque constituye una barrera comercial. Pasó más de un mes de ese evento y la UE-27 no respondió. ¿Desidia o desinterés?
Para un país como la Argentina, cuya principal fuente de ingresos depende de las exportaciones de productos del complejo sojero, la cuestión debería estar en el tope de la agenda pública con el presidente hablando del tema diariamente. No parece ser el caso.
A nivel regional abundan las especulaciones sobre qué sucederá a partir del 1 de enero de 2025 ¿La UE-27 dará marcha atrás? ¿Insistirá con la medida a costa de asumir el riesgo de un desabastecimiento de harina de soja (entre otros productos)? ¿La situación se irá acomodando de a poco y finalmente Europa logrará cambiar las reglas de juego? Son demasiadas preguntas y muy pocas las precisiones.
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Cambio de usos del suelo: ¿Cómo es el después de los incendios en los bosques nativos?

Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El problema es global y, a pesar de los esfuerzos, no se puede frenar el daño ambiental. Córdoba es una de las provincias argentinas en la que el fuego ataca todos los años y donde gran parte de sus suelos terminan destinados al cultivo y ganadería.
Como sucede desde hace años, la provincia de Córdoba fue foco de grandes incendios, como los últimos registrados en la localidad de La Calera, poniendo en riesgo a los bosques nativos y la biodiversidad de la región. Una vez apagado el fuego, surgen distintos interrogantes sobre si estas acciones son intencionales y realizadas para cambiar el uso de la tierra.
Investigadores de distintas ramas científicas se plantean estos interrogantes y los abordan desde la geografía, la geología y las ciencias ambientales, midiendo la acción humana en la pérdida de entornos naturales. El cambio de uso del suelo no es un proceso nuevo, pero se aceleró debido al crecimiento de la agricultura y la ganadería como negocio, reconvirtiendo 1.000 millones de hectáreas que antes eran bosques nativos en áreas de cultivo o pastoreo.

La situación en Córdoba y el Gran Chaco
Según Joaquín Deon, geógrafo, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, el fuego es una herramienta para generar grandes cambios en los suelos. El investigador señala que, al ser Córdoba una provincia del centro y una de las más grandes, predomina el modelo agropecuario ganadero y extractivo.
Este uso también se extendió a todo el Gran Chaco, que abarca las provincias de Formosa, Chaco y Salta, donde las leyes no protegen al medio ambiente y esto hace que haya cada vez más tala de árboles y megaminería. “Ni siquiera la cuarentena obligatoria pudo frenar el fuego, porque durante 2020 se produjeron grandes incendios”, señaló Deon.
“La Ley 26331 de Protección de Bosques Nativos es muy discutida en la actualidad y fue debilitada por la falta de financiamiento estatal, y no se pudo evitar que grandes empresas utilicen el cambio de uso en los suelos para garantizar su rentabilidad”, expresó el investigador sobre la protección de bosques por parte del Estado.
Durante la pandemia, con la quema de miles de hectáreas a lo largo del país, la población se empezó a movilizar para la protección de los bosques, pero la normativa que impedía que durante 40 años la tierra no pudiera cambiar su uso fue derogada.
Por otro lado, el investigador del CONICET señaló que se están actualizando las normativas de bosques nativos y lo primero que surgió es que los bosques que se deberían haber protegido en el marco normativo de 2006 no se protegieron y se redujeron. “Córdoba tuvo una pérdida del 90% de los pocos bosques que le quedan, por eso se tiene que actualizar esta ley y no se pueden perder más bosques”, cerró.

Cambio climático y de los ecosistemas   
Para Deon, la acción del hombre también afecta los ciclos climáticos normales y esta problemática genera preocupación en el mundo. Hay lugares en que se ven amplitudes térmicas que antes no había, por ejemplo, pasando de tener 0 grados un día a 35 al otro. Estos cambios tienen que ver con que la atmósfera está muy cargada con el efecto invernadero y los rayos que ingresan a la atmósfera van influyendo sobre el movimiento de las masas de aire.
Las temperaturas marítimas influyen en este ciclo y las sequías son cada vez más habituales, favoreciendo la propagación del fuego descontrolado. Las grandes masas de aire cargadas de humedad provocan enormes tormentas, que a su vez desembocan en inundaciones en áreas que antes no se registraban y ahora se dan de forma continua, como sucede en Córdoba.
Dentro de estas ciencias que investigan los cambios climáticos está la Geología, que estudia los ciclos naturales del planeta que se dan hace millones de años. Como por ejemplo en los glaciares, las montañas, en el fondo de los océanos y cambios atmosféricos de las partículas en el aire.
Con este trabajo científico interdisciplinario se pueden llegar a conclusiones sobre el impacto negativo de los cambios en el uso del suelo, que no están siendo frenados. A pesar del compromiso que deben tener los Estados, las acciones que impulsan no son del todo efectivas.

Políticas del Estado nacional y provincial
Los incendios como el de Córdoba, además de ser devastadores, son eventos inesperados que alteran el entorno natural, dañan a las personas y ocasionan pérdidas de bienes. La Ley 26.815 garantiza que debe haber un presupuesto de la Nación destinado a contar con el equipamiento necesario, ya sean camiones hidrantes, aviones y bomberos a disposición para resolver esta emergencia buscando apagar el fuego lo antes posible.
El Plan de Manejo del Fuego fue creado en 1996 ante los persistentes incendios rurales. Hasta 2023 perteneció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en el gobierno actual, depende de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Respecto a la provincia de Córdoba, el investigador del CONICET afirmó que los presupuestos que maneja la provincia para este tipo de emergencias “son multimillonarios y están asignados para una red de cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil local, equipos que trabajan con aviones hidrantes, capacitación permanente para emergencias y estos equipos están articulados con la policía provincial”.
Si bien Deon mencionó que hubo casos en los que la Justicia sancionó gravemente la quema de bosques, como por ejemplo tras el incendio registrado en el departamento de Ischilín durante 2021, resaltó que siguen registrándose fallas en el cambio de uso de los suelos para que no se pierdan los bosques que quedan.

Un fenómeno a nivel global
El cambio de uso del suelo no solo es un fenómeno que se da en Argentina, sino que sucede en gran parte de Sudamérica y del mundo. A pesar del compromiso que los Estados dicen tener con la causa ambiental, esto no se cumple.
En este sentido, Deon señaló los focos que se registran en la selva amazónica y la relevancia de una política de Estado que busque mitigar los desmontes que se realizan en los bosques. El investigador destacó que los incendios en Brasil son menores en comparación con otros años, ya que el camino del fuego se extendió a otras regiones y países, como Bolivia y Paraguay.
El geógrafo señaló que al cruzar el Atlántico, según el mapa de servicios de la NASA, se pueden observar zonas totalmente asediadas por los incendios en el centro de África, como es el caso de la República Democrática del Congo, Nigeria, parte del noroeste sudafricano y la región cercana al Lago Victoria. La inestabilidad política en estos países es un factor que hace que haya vía libre para el cambio de uso de los suelos y es así que se instalan distintas empresas multinacionales para explotarlos. También hay empresas argentinas que vieron como buena opción de negocio adquirir tierras en el continente más pobre y más vulnerable, donde no hay leyes que protejan al medio ambiente y es la ley del más fuerte.
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“Plato Fumigado”: un ranking sobre los alimentos contaminados con agroquímicos

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos sistematizaron una serie de datos oficiales del Senasa que dan cuenta de la ausencia de inocuidad de los vegetales.
La agroindustria concentrada y el andamiaje estatal que hacen prevalecer una producción intensiva de alimentos por sobre la agroecológica y campesina impactan directamente en la calidad de los vegetales que se comercializan, y así lo deja reflejado un nuevo informe del relevamiento denominado “Plato Fumigado”, donde además de elaborar un ranking con los alimentos más contaminados con agroquímicos, plantean propuestas para su abordaje ante los riesgos de la exposición directa e indirecta a esos cócteles de principios activos.
El informe elaborado por la Fundación Cauces y Naturaleza de Derechos partió de una solicitud de acceso a la información pública presentado en febrero de 2024 al Senasa para conocer los resultados de sus relevamientos realizados al menos entre 2020 y 2024 en el marco del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Creha): es decir, tiene como fuentes los datos producidos por el propio Estado.
Sin embargo, finalmente solo accedieron de manera limitada a los datos entre 2020 y 2022, aunque aseguran que tras el anuncio de la publicación de su informe, el Senasa decidió dar a acceso universal a los datos de 2023 en la página web.
¿En qué constaba el Plan Creha? En el análisis de los residuos de 54 alimentos vegetales (frutas, hortalizas, verduras, cereales, oleaginosas y especias aromáticas) comercializados en Argentina, en los cuales hubo 6.191 detecciones de agroquímicos. Basados en esos datos, por tercera vez se presentó el informe autogestivo “Plato Fumigado” que se realiza desde 2017 por parte de la Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos.
Desde los colectivos que sistematizaron la información señalan que el objetivo del informe es hacer accesibles los resultados de los controles del Senasa para concientizar sobre los riesgos y de la evidente ausencia de inocuidad alimentaria en el consumo de alimentos producidos bajo la agricultura y ganadería intensivas.

Algunos datos relevados en el informe
El informe consta de más de un centenar de páginas con datos sistematizados, pero también analizados en torno a los relevamientos del Senasa concretados en los últimos años en alimentos vegetales inspeccionados en todo el país.
Entre los datos publicados, por ejemplo, se encuentra el ranking de vegetales con mayor cantidad de agroquímicos. Y ese listado lo encabeza la pera con 34, seguido por manzana (31), naranja (30), banana (30), tomate (29), uva (27), palta (26), mandarina (25), limón (24) y pimiento (23).
Y según regiones, en la “Buenos Aires Sur” el alimento con mayor cantidad de agroquímicos fue la naranja con 11 químicos diferentes, mientras que en “Buenos Aires Norte” fue la mandarina (14) y en la región Metropolitana los morrones (8).
¿Qué agroquímicos se hallaron en los alimentos? En el informe dieron a conocer el hallazgo de 83 principios activos tales como el herbicida 2.4D, el insecticida Acetamiprid, el herbicida glifosato (el más utilizado, con 423 fórmulas comerciales), o el fungicida Benomil, algunos de los cuales son cancerígenos y/o alteradores hormonales o inhibidores de colinesterasas que permiten un correcto funcionamiento del sistema nervioso, y por lo tanto considerados pesticidas altamente peligrosos.
Concretamente, de los 83 principios activos hallados en los 54 alimentos relevados, 46% fueron insecticidas, 41% fungicidas, 10% herbicidas y 3% tipo coayuvantes. Un dato particular al respecto, además, fue que poco más de la mitad están prohibidos en la Unión Europea y un número similar son considerados cancerígenos.
Los especialistas que confeccionaron el informe –Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro– consideran que a partir del hallazgo de ese nivel de agroquímicos resulta “urgente” la prohibición de los que ya están restringidos por la Unión Europea, como también al menos una revisión de la legalidad de aquellos considerados peligrosos, un 34% de los hallados.
La gravedad de la situación radica, por ejemplo, en que se trata de alimentos con nutrientes necesarios para una alimentación saludable y, como consecuencia, su acceso resulta un derecho pero también un problema de salud pública, considerando la calidad de los vegetales.
Así, como parte de “Plato Fumigado”, decidieron cruzar las recomendaciones alimentarias realizadas por organismos internacionales con los resultados relevados por el Senasa, enfocados solo en los vegetales. Por ejemplo, mientras se recomienda el consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, en los 39 alimentos pertenecientes a esa categoría se hallaron 73 agroquímicos.
Al hablar de legumbres, cereales, papa, pan y pastas cuya recomendación es el consumo de medio plato diario, se encontraron con 30. Un número similar de contaminantes (26) se halló entre aceites, frutas secas y semillas.
Pero lo más esencial en el mapa de recomendaciones alimentarias es el agua, que lejos está de escapar de la contaminación con agroquímicos y sostienen que distintos relevamientos suelen encontrar 20 principios activos en promedio. Tal como sucedió en el territorios periurbanos de Mar del Plata donde no llega la red municipal, desde el informe aseguran que “hay una omisión muy grave por parte del Estado de monitorear y controlar la presencia de agrotóxicos en el agua de consumo humano”.

Los impactos en la salud
Desde el informe advierten por lo impactos comprobados en la salud a partir de la exposición o consumo directo o indirecto a este tipo de sustancias utilizadas para proteger los cultivos -y, en consecuencia, las ganancias de grandes producciones intensivas- de insectos, hierbas u hongos. Así, discriminaron cuáles de los hallados son cancerígenos, cuáles son alteradores hormonales y cuáles inhiben las colinesterasas.
Por ejemplo, entre mujeres afirman que la evidencia científica vincula la exposición a múltiples casos de cáncer de mama, ovario y útero, como también endometriosis, muerte embrionaria precoz, malformaciones, pubertad precoz o hiperactividad. Entre hombres, en tanto, cáncer de testículo y próstata, criptorquidia, disminución del nivel de testosterona o disminución de esperma.
Frente a esta situación, enfatizaron en la importancia no solo del monitoreo estatal sino también en el peso de proyectos determinantes como lo es el Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) que también tuvo voluntarios en Mar del Plata hasta que el INTA decidió apartarse del mismo.
Pero también, como alternativa, resulta necesario un fomento de las producciones agroecológicas campesinas que además de ser fuente laboral para miles de familias, están azotadas no solo por la falta de apoyo gubernamental por no representar una ganancia estatal en términos de divisas, sino también por la concentración de la tierra y del capital en pocas manos, factores que minan la posibilidad de producir alimentos sanos libres de agroquímicos.
“Consideramos que la problemática de residuos de agrotóxicos en los alimentos es un asunto de violación de derechos humanos: derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a gozar de los beneficios de la diversidad biológica, de los consumidores y consumidoras, y muy principalmente los derechos de la niñez. Para un tratamiento adecuado y eficaz de la legislación constitucional e infraconstitucional vigente en la Argentina, las autoridades de los poderes públicos en sus respectivas funciones deberían aplicar estrictamente los principios de precaución, prevención y progresividad”, concluyeron.
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Causa ATANOR: la firma no tiene los permisos de habilitación del Ministerio de Ambiente de la Provincia por no presentar la documentación necesaria.

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: Prensa Libre SN
Provincia/Región: Buenos Aires


Para determinar si se reabrirá o no en el lugar en el que hoy se emplaza, la Justicia aguarda que el CONICET lleve adelante una evaluación de riesgo ambiental que demandaría, al menos, seis meses.
En el marco de la medida cautelar que tiene paralizado el funcionamiento de la empresa ATANOR, al menos, hasta completar una serie de medidas que llevará adelante el CONICET, Prensa Libre SN pudo acceder al detalle de los pasos pendientes, los cuales arrojarán un informe que determinará si es posible o no la reapertura. Aunque esto llevaría alrededor de 6 meses, según informaron a este medio desde la parte demandante.
Los pasos a seguir:
1. Relevamiento de información especifica disponible.
2. Auditoria in situ.
3. Actualización de la información de producción.
4. Actualización de la información de cumplimiento de normativa.
5. Análisis critico de la información, diagnostico preliminar.
6. Relevamiento impacto en vecinos.
7. Modelado de la disposición de emisiones desde fuentes fijas. Discusión técnica de red de monitoreo diseñada. Informe parcial.
8. Determinar plaguicidas y otros compuestos asociados en aire (MP y MPS), suelos y agua subterránea.
9. Discusión técnica con directivos y personal de la planta.
10. Conclusiones, propuestas.
Según lo que arroje dicho análisis, la justicia dispondrá o no la reapertura de ATANOR en el mismo lugar en el que hoy se emplaza.
Recordemos que hace pocos días, la propia jueza Bancalari fue la encargada de difundir un comunicado en el que dejó claro que “la función judicial es preservar la salud de la población y el medio ambiente”. Asimismo, durante la ultima audiencia celebrada entre las partes el ultimo viernes se desprendió que la empresa no cuenta con los permisos de habilitación necesarios expedidos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia por falta de presentación de documentación.
De este ultimo encuentro formal en el ámbito judicial participaron, agentes de justicia, representantes del CONICET, los abogados de ATANOR y de FOMEA, personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, el subsecretario del Ministerio de Ambiente bonaerense, representantes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el subsecretario de Contralor de la Municipalidad de San Nicolás.
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El gobierno de Milei acelera la aprobación de transgénicos

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En los nueve meses que lleva su mandato se aprobaron cuatro eventos de semillas genéticamente modificadas, y van casi 80 en los últimos 25 años. Así se profundiza el extractivismo, la concentración económica y el vertido de agrotóxicos.
Con un récord de cuatro aprobaciones de semillas genéticamente modificadas (dos para maíz, una para soja y otra para algodón), el gobierno que encabeza Javier Milei se encamina a una liberalización extrema del agronegocio y el mercado de agrotóxicos.
Casi todos tienen una combinación de secuencias genéticas que vuelven a estas semillas resistentes al glifosato, el glufosinato de amonio y el 24D, todos ellos potentes herbicidas que generan daños a la salud y el ambiente.
“El principal riesgo de los transgénicos es que están directamente asociados a los agrotóxicos. Las modificaciones genéticas en las semillas buscan su tolerancia a estos químicos. Y no hay buenas prácticas agrícolas cuando estas tecnologías habilitan a un uso indiscriminado y exponencial de venenos”, dice Carla Poth, investigadora e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya!
“Hoy existe evidencia científica sobre el daño de los agrotóxicos no solo en las poblaciones fumigadas, sino también en la población urbana, porque llegan a nuestra mesa con los alimentos”, apunta Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Una historia que no es nueva
La historia de los transgénicos se inició en 1996 con la aprobación de la soja RR resistente al herbicida Roundup, tal el nombre comercial del glifosato. “Entró al país bajo falsas promesas, como la de aumentar la producción de alimentos, generar mejoras en los cultivos y en la alimentación”, comenta Guillermo Folguera, biólogo, investigador y activista ambiental. Pasaron casi 30 años y no sólo no se concretaron esas promesas sino que se incrementaron los problemas. Tenemos casi un 60% de la población bajo la línea de pobreza y eso tiene que ver con un proceso acelerado de concentración de la tierra que atenta contra la diversidad biológica y de la matriz productiva”.
Los casi 80 transgénicos aprobados desde el 96 hasta hoy generan alarma. Y cada evento transgénico que se presenta como un “avance tecnológico”, implica un retroceso en la salud y la biodiversidad. “El trigo HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, favorece la deforestación porque permite cultivar en zonas con estrés hídrico donde antes había bosques, pastizales o monte”, dice Folguera.
Esta variedad, desarrollada por la firma Bioceres junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue aprobada para cultivo en Argentina en octubre de 2020 y para su comercialización en 2022, pese a que diversas organizaciones ambientales y científicas advirtieron sobre los efectos de este herbicida para la salud y el ambiente, y los riesgos de contaminación cruzada entre el trigo convencional y el transgénico.
“Esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos de control, con medidas como el mega DNU, la Ley Bases y el Régimen para Grandes Inversores (RIGI), que profundizan el extractivismo y la destrucción del ambiente”, advierte el agrónomo Carlos Manessi, de la multisectorial “Paren de Fumigarnos”.

La carrera por la desregulación
La expansión del modelo extractivista que impulsa el agronegocio no es privativa del gobierno de Milei. Según registros del colectivo “Semillas Libres Ya!”, en la presidencia de (Carlos) Menem se liberaron 5 transgénicos (un promedio de 2,5 por año). Con De la Rúa 2 en 2001 (1 por año). Con Nestor Kirchner, 4 (1 por año). Con Cristina Fernández fueron 24 en sus dos presidencias (3 por año); En el gobierno de Macri 25 (6 por año); en el de Alberto Fernández 14 (3,5 por año) y con Javier Milei se liberaron 4 en los 8 primeros meses, lo que da una proyección de 7 por año.
Además de sus impactos en la salud y la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados (OGM) afectan la soberanía alimentaria ya que solo cuatro compañías dominan el mercado (Bayer-Monsanto; Syngenta; Dow-Dupont y BASF) y dicen qué cultivar, dónde y cómo; desarticulando a las economías regionales y campesinas, ya que los pequeños y medianos productores no acceden a la compra de insumos, o lo hacen a un precio que luego se traslada al consumidor”, señala Poth.
“Todas las medidas que está tomando el gobierno, desde el DNU a la Ley Bases y el RIGI, van en el sentido del desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, amenazando la salud humana y ambiental”, señala Ricardo Garzia, presidente de FECOFE e integrante de la Mesa Agroalimentaria, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y otras organizaciones de la agricultura campesina.
Este modelo de producción y comercialización concentrada tiene dos grandes perdedores: los productores en sus territorios, y los consumidores, porque les llegan al plato alimentos caros, y no saludables”, concluye.

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¿Qué pasa en el INTA?

El organismo transita una etapa de indefiniciones e incógnitas sobre su futuro, en medio de acusaciones de censura y el polémico cierre del programa Pro Huerta. Los pequeños productores y la agricultura familiar totalmente afuera del radar.
La primera versión de la Ley Bases tenía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dentro de los organismos que podían ser disueltos e intervenidos por decisión del Poder Ejecutivo. Entre las debilidades parlamentarias del Gobierno, las presiones de la oposición, la resistencia de sus trabajadores y la advertencias de buena parte de la comunidad agraria, el INTA quedó dentro de una lista de 20 organismos descentralizados que no podrán ser fusionados ni cerrados. Así transcurrieron los primeros meses durante la presidencia de Javier Milei: en medio de un ajuste fiscal drástico, el INTA zafó de los peores destinos, pero su futuro sigue siendo una incógnita con algunos indicios alarmantes, especialmente por el deterioro y la fragilización del del vínculo con los pequeños productores de todo el país.
La conducción del INTA fue uno de los casilleros que Milei tenía previsto cubrir desde que asumió. A diferencia de otras áreas, que siguen con cargos estratégicos sin designación, el INTA fue rápidamente cubierto. En la presidencia del organismo fue nombrado el cordobés Juan Cruz Molina Hafford, un ingeniero agrónomo especializado en agronegocios. Su vice es María Beatríz «Pilu» Giraudo que es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2016 y febrero de 2018, como coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, cuando estaba bajo la órbita de Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile y luego por el extitular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere.
Molina Hafford no es ajeno a la gestión pública. Antes de ser designado al frente del instituto fue director del Centro Regional Córdoba del INTA y también fue secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Fue seis años funcionario del ministro Sergio Busso, el referente agropecuario del entonces gobernador Juan Schiaretti.

Censura recargada que viene de antes
Tanto el presidente como la vice del INTA se preservan en el perfil bajo. Prefieren que el organismo transite en el mejor segundo plano posible. Sin embargo, las críticas han sacado del silencio la situación actual del INTA. A mediados de julio, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, grabó un video donde se hacía eco de una denuncia sobre presunta censura dentro del organismo. «Es cercenar los derechos democraticos, es oscurantismo y terrapanismo en materia agropecuaria. La sustenabilibidad no es un invento progre de la agenda 2030. Hace más de 200 años Manuel Belgrano hablaba de la sustentablidad y cuidar los suelos. Las miradas cortoplacistas, las miradas extractivistas, ponen en peligro al conjunto de la producción. Podran intentar prohibir las palabras pero con eso no resuelven nada», dijo el funcionario.
La conducción salió a desmentirlo, pero según confiaron desde adentro del organismo la censura de determinadas palabras se ha profundizado. Todas aquellas que puedan tener «una connotación política», deben ser suplantadas. Los voceros del INTA lo siguen negando y dicen que es un disparate pero varias fuentes internas aseguraron a Tiempo Rural que no se puede usar la palabra «agrotóxicos» en las investigaciones. Tampoco cambio climatico, sustentabilidad de genero, ni nada vinculado a la agenda 2030. «Cómo el país no quiere reconocer el cambio climático, nos perdemos grandes posibilidades de financiamiento que estan disponibles y que no podemos tomar porque está prohibido», contó un funcionario que no puede sumar ninguna de esas palabras en los documentos oficiales.
Los investigadores no son ingenuos, siguen adelante con sus trabajos y buscan sortear los costados más burdos de la censura, pero esas directivas tienen correlatos concretos. «Detrás está el prejuicio de que se está atacando al sistema tradicional de plagicidas y que sólo visualizamos la agroecología. Eso es falso. El mundo va a hacia eso y las pruebas están en la información que está disponible, pero no se conoce», detalló la fuente. «Si se hicieran públicos todos los informes diarios del laboratorio del Mercado Central, muchos se podrían encontrar con sorpresas, pero eso esta prohibido discutirlo», lamentó el especialista consultado. Adentro del INTA no olvidan que los intentos para forzar el lenguaje y extirpar palabras también sucedió durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Los golpes a la agricultura familiar
A partir del año 2001 en el INTA hubo intentos para revalorizar el rol de la agricultura familiar. Se crearon cinco institutos que eran parte de una herramienta de extensión que buscaba atender al pequeño productor capitalizado. De los cinco  institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, sólo quedaron tres dedicados a la Región Pampeana, la Patagonia y el NOA.
Pero el recorte que más impacto tuvo es el cierre del Programa PRO Huerta, que promovía semillas y huertas colectivas y también una estrategia para vender los excedentes en las ferias. Durante la gestión de Cambiemos intentaron cerrar todos los IPAF sin éxito. En su lugar borraron el programa Cambio Rural, que reunía a 20.000 ´productores.
El PRO Huerta sobrevivió en la gestión Cambiemos y durante la gestión de Fernández casi desaparece. Con la gestión libertaria finalmente lo cerraron y de ese modo desaparecieron las herramientas para los pequeños productores que podía promover el INTA.
El cierre se aplicó en marzo y originó 43 despidos. Molina Hafford tenía la posibilidad de renover el convenio con el ministerio de Capital Humano para continuar con el programa, pero el titular del INTA nunca avanzó con el trámite y así le dio el tiro de gracia.
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La Agenda 2030 provoca discordia: Desde la SRA, Andrés Costamagna advierte que sin incentivos concretos a los productores "no va a funcionar" un programa ambiental global exitoso

Fecha de Publicación: 19/08/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Los debates en torno a los objetivos de la Agenda 2030 tocan de cerca al director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Andrés Costamagna, que es de los pocos dirigentes agropecuarios que logró instalar la agenda de la sustentabilidad dentro de una gremial del sector, en un escenario donde los productores afirman tener poco margen y paciencia para mayores imposiciones.
“Argentina tiene a la Agenda 2030 por ley, a través de la 27.270 que se sancionó en 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, y que después fue ratificada. O sea que si nos quisiéramos salir, hay que derogar” esas normativas, explicó Andrés en una charla con Bichos de Campo.
“A partir del Acuerdo de París es que se genera esa agenda, que se ratifica. Hay que tener en cuenta que ella nace con Barack Obama, Joe Biden y John Kerry. No es cubana, ni rusa, ni china. No tiene nada que ver con la (ofensiva) en que después se usa al cambio climático como una herramienta geopolítica y económica, con la que quieren condicionar a los territorios que se quedaron con los recursos naturales”, añadió el dirigente a continuación.
Aclarado esto, Costamagna reconoce que la aplicación de esta agenda ambiental difícilmente se dé, porque la misma “está perimida” y es “básicamente una narrativa que se instaló”. Aún así, sostiene que dentro de ella hay 17 objetivos que “son bravos y muy jodidos para Argentina”, y que el país no debería cumplir.
“Acá hay dos narrativas. Por un lado está el que quiere que se salve solo el planeta y le importa muy poco la gente, el que quiere que te quedes en Argentina con los bosques nativos y la pobreza en Formosa, en Chaco, en Salta. Hay que ver como dirimimos eso, que es parte de la agenda. La realidad es que si el Hemisferio Norte desarrolló su economía y hoy impone exigencias, debería pagarnos. Así se resolvería el problema. Ahora, si me imponés la agenda en vez de pagarme, ahí estamos todos en desacuerdo”, sostuvo el dirigente.

-¿Preferís un programa ambiental a nivel global con estímulos a los productores que hagan bien las cosas?- le preguntamos a Costamagna.
-Incentivos. Si hay incentivos esto va a funcionar. El productor está esperando un estímulo, una señal y recibe de un Estado una imposición. Así no va a funcionar porque la reacción posterior a eso va a ser destruir el recurso natural, porque si no me dejás hacer nada y es mío, yo veo qué hago. Todo esto va a generar que aquellos que quieren proteger no puedan hacerlo, lo que va a llevar a que haya mayor degradación.

-Esta discusión se exacerba con un Estado como el argentino, que le saca vía retencones una renta al productor que podría ser destinada a ser más sustentables.
-En Argentina tenemos otro claro ejemplo que es la Ley de Bosques, la 26.031, que decía que iba a pagar por el servicio ecosistémico que generarán los cuidados de los bosques. Pero en 16 años de gobierno -pasaste de Cristina a Mauricio y Alberto- y solo mandaste el 5% del presupuesto a cuidar los bosques. No hay intención del Gobierno nacional de cuidar ningún bosque, si no hubiera mandado el dinero. Si no lo podemos hacer porque tenemos otras cosas que atender, perfecto. Pero no digamos que vamos a atender los bosques con impuestos. Eso no sucede. Busquémosle otra vuelta: miremos la Ley de Ordenamiento Territorial, veamos si los créditos de carbono son una salida, veamos cómo canalizamos al sector privado invirtiendo para cuidar. Pero la manera de imponer una regla no va a funcionar porque va a degradar más el ambiente.

-En el medio se habla de bonos que compensan la sustentabilidad… Pero para eso hay que certificar y crece el número de certificadoras.
-Nosotros desde la SRA venimos tratando de ser un puente y agilizar esto con el sello de Triple Impacto, porque creemos que el dato meta relato y a partir de ahí se necesita información y medir lo que pasa en cada predio.

-Es inevitable para dar incentivos el poder medir.
-Hay que medir. Para eso tenés que invertir, tenés que comprar semillas, sembrar y cosechar carbono. Tenés que invertir para producir carbono y cosecharlo. No es que la naturaleza nos lo da gratis, es una intervención que tiene que hacer el productor. Conocemos los manejos, la tecnología, tenemos que darle los incentivos claros, tenemos que saber en la Argentina de quién es un crédito de carbono. Hay una discusión con el gobierno de Misiones y de Jujuy por la propiedad de esos bonos. La parte política está metida en el medio y después está el precio, que será la otra discusión: cuánto vale el carbono y con cuánto amortiza la inversión.

-¿Le ves oportunidad en esto a ser un país agrosustentable que aporte a esta discusión global sin aceptar imposiciones?
-Totalmente. Lo que pasa es que tenemos que tener los incentivos alineados y la política alineada. Nos pasó durante Palermo que un diputado libertario no quiso participar de la reunión porque no entiende qué es la Agenda 2030. Y como es el capo del liberalismo en Argentina no se sienta a hablar.

-¿Lo mismo que decían los kirchneristas?
-Los libertarios hacen lo mismo: “No me siento a hablar de esto porque esto es imposición”. Bueno, si no hay diálogo va a ser muy difícil que logremos un consenso para que esto suceda. Los dos extremos están mal. Lo difícil es estar en el medio, pero creo que es posible, que se puede dar esto. En la Ley Bases había cuatro artículos que hablaban de limitaciones a las emisiones, y eso creaba un marco, que obviamente iba a generar tensiones porque iba a haber que crear los inventarios. Los artículos los escribieron los libertarios, que son los mismos que están en contra de la Agenda 2030. Entonces, no se entiende mucho la cosa.
A continuación, Costamagna agregó: “Creo que es un momento de cambio. El productor tiene que dejar de pensar en producir mucho porque vale poco. ¿Qué paso con el precio? Se cayó porque hay mucha oferta. Bueno, hay que producir mucho, pero con algún valor agregado diferente para que ese atributo se pueda seguir vendiéndolo a la Unión Europea, porque nos puso la deforestación como límite. Y en otros lugares capturar un valor. Hoy la mejora viene del lado de aquel que quiera hacer las cosas diferente. ¿Está claro quién lo va a pagar? No. ¿Está claro que lo quieran pagar? Tampoco”.

-Pero está claro que va a ganar el que haga bien las cosas.
-El que se diferencie. Y tenemos una gran ventaja. Nos quedamos con los recursos naturales. Internamente seremos Carbono Cero cumpliendo la meta del 2050 mucho antes, y lo que nos sobre lo vendemos el mundo como un nuevo commoditis. Tenemos que entender que (/este negocio potencial) tiene el tamaño de negocio del gas de Vaca Muerta. Hablamos mucho de Vaca Muerta y poco de carbono de la Argentina, que tiene el mismo tamaño de negocio si lo logramos hacer.
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Los negocios agropecuarios arrasan el segundo pulmón verde de Sudamérica

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.

Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Tres fallos judiciales en defensa del derecho a la salud y al ambiente

Fecha de Publicación: 26/07/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires


Una condena por haber enterrado agrotóxicos. La ratificación de un procesamiento a fumigadores. Y una medida cautelar para proteger a niños de una escuela rural. Son tres medidas, en Santiago del Estero y Buenos Aires, a favor del ambiente y la salud de la población. Confirman los impactos negativos del agronegocio. Gamexane, glifosato y atrazina son algunos de los químicos perjudiciales.
Tres decisiones judiciales marcan la responsabilidad penal por el uso de sustancias tóxicas y destacan el derecho a la salud de pueblos fumigados y de comunidades expuestas a los herbicidas. Sucedió en Santiago del Estero y en provincia de Buenos Aires. En el norte del país, se condenó al estado nacional y a la empresa Nouryon Chemicals por el enterramiento clandestino de gamexane, un peligroso agrotóxico. En Pergamino se confirmó el procesamiento de cuatro hombres por fumigar sin respetar los límites establecidos. Y en la localidad bonaerense de Vedia una medida cautelar prohibió fumigar en un campo lindero a una escuela rural.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 de la Capital Federal, a cargo de Macarena Marra Giménez, condenó al estado nacional y a la firma Nouryon Chemicals, por haber enterrado —en 1990— un peligroso agrotóxico en un lote de Ferrocarriles Argentinos en Santiago del Estero, lo cual provocó la muerte de tres mujeres que vivían en zonas aledañas al predio. El Poder Judicial dispuso que deberán indemnizar a las tres familias.
La sentencia considera a dos dependencias estatales (la Secretaría de Ambiente y Ferrocarriles Argentinos) y a la multinacional Nouryon Chemicals (Ex Akzo Nobel e ICI), responsables de los daños a la salud y la vida padecidos por las reclamantes. Las mujeres estuvieron expuestas durante más de trece años a un contaminante altamente tóxico que les provocó diversos tipos de cáncer a temprana edad. Las tres fallecieron como consecuencia de la enfermedad.
En julio de 1990 dos vagones de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado llegaron al paraje rural llamado Argentina (ubicada al sudeste de la provincia), con 30 toneladas del pesticida comercialmente conocido como “gamexane”. Un grupo de hombres contratados en el vecino pueblo de Palo Negro descargó y enterró a escasa profundidad el contenido de los vagones. No sabían de qué se trataba el material y trabajaron sin ningún tipo de protección. Lo que estaban guardando bajo la tierra, a 150 metros de una escuela primaria y detrás de la estación de trenes, era un agrotóxico que estaba prohibido desde 1989.
El hecho fue denunciado en 1994, pero recién en 2003 se removieron las doscientas toneladas de tierra contaminada.
El gamexane es un insecticida que se dispersa rápidamente en el agua o el suelo y permanece durante más de 20 años. Entre sus compuestos figura el hexaclorobenceno y el dicloro-difenil tricloroetano, más conocido como DDT. Según las pericias de la causa judicial, la sustancia resultó altamente peligrosa para la salud de la población lindera por su potencial cancerígeno y su gran resistencia a la biodegradabilidad. Las mujeres, afectadas por distintos tipos de cáncer, vivían a escasos metros del terreno donde se había dispuesto el material.

Pergamino: imputados por no respetar la zona de resguardo
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de cuatro personas por fumigar en Pergamino sin respetar las zonas de resguardo. Los hechos ocurrieron en 2019. Un grupo de vecinos afectados por los agrotóxicos llevó adelante la denuncia.
Se trata de tres empresarios, y un trabajador rural, que ya habían sido imputados en julio de 2020. A principios de este mes, la Justicia Federal volvió a expedirse tras la apelación de la defensa. Los imputados son José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini. Los cuatro fueron considerados coautores del delito de contaminación del ambiente, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos.
A Grattone y Taboada (trabajador rural) se les endilga la responsabilidad por las aspersiones realizadas el 19 de octubre de 2019 en la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino. El hecho sucedió a metros de la Escuela N° 19 y del Jardín de Infantes N° 920. Los acusados utilizaron glifosato, dicamba y clorsulfuron, entre otros.
Los hermanos Sabattini fueron imputados por haber fumigado el 10 de noviembre de 2019 en Francisco Ayerza, zona rural de Pergamino. Ese día, el casero de la Cooperativa Eléctrica, cuya vivienda está a escasos metros del campo de los Sabattini, denunció que estaban fumigando sin respetar los límites permitidos.
En Pergamino existe una medida judicial que data de 2018 por la cual se dispuso una restricción para fumigar por vía aérea de 3000 metros y para aplicaciones terrestres de 1095 metros de distancia de zonas urbanas y periurbanas. El lote de los Sabattini se encuentra a 840 metros de la zona urbana.
Si bien Juan Andrés de la Peña no está abarcada por esa medida cautelar, sí lo comprende la normativa municipal, sancionada en Pergamino en diciembre de 2014 (Ordenanza Nº8126/14). En el caso de Grattone y Taboada se confirmó que el límite de su predio dista 90 metros de la primera vivienda de la localidad.
Ambos hechos se integraron a otra causa judicial que investiga la contaminación ambiental y la calidad del agua en tres barrios de la ciudad de Pergamino (Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida). La misma también surgió a partir de denuncias de vecinos que constataron el deterioro de su salud, causado por las fumigaciones realizadas con pesticidas. La afectación de las familias de esa localidad a causa de los agrotóxicos llevó a una denuncia de organizaciones ambientalistas contra Bayer/Monsanto en Alemania, en abril pasado.
Al apelar, la defensa de los Sabattini alegó que “no se habría acreditado ni esgrimido daño a la salud o a la vida y que el grado de peligrosidad no puede ser inferido del daño ocasionado en otras circunstancias, a otras víctimas, en otros lugares, con otros productos y por la acción de otras personas”.
Pero la Cámara Federal tuvo en cuenta los informes científicos del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Laboratorio del INTA Balcarce. También citó otros informes, uno de ellos elaborado por Damián Marino, que confirmaron la presencia de agroquímicos y arsénico en el agua de Pergamino y el daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a esos productos.
Al citar el artículo 200 del Código Penal, el fallo que confirma la imputación señala que: “Más allá de que la norma en cuestión prevé una responsabilidad penal sólo cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’, lo cierto es que no puede entenderse el derecho a la salud de los habitantes como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad particular. La ley no se limita a castigar penalmente una afectación concreta y particular a la salud humana, sino que abarca el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
“Las pruebas acreditan —en grado probable— que a través de las fumigaciones se puso en peligro, por la negligencia y la imprudencia de los encausados, el ambiente y la salud de la población cercana a los campos de los imputados”, señala el fallo.  Y agrega que será en la etapa de juicio donde se realizará el examen profundo sobre la existencia del hecho y la responsabilidad de los mismos.

Un amparo contra las fumigaciones en el norte bonaerense
Vedia es una localidad de 8.000 habitantes ubicada en el partido de Leandro N. Alem, en el norte de Buenos Aires. Un grupo de vecinos, acompañados por la organización Naturaleza de Derechos, presentó una medida cautelar contra Julio Cesar Manni, para que se abstenga de fumigar con agrotóxicos. El juez Esteban Melilli, del Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Junín, dio lugar al reclamo. Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2023, cuando los denunciantes esperaban a sus hijos a la salida de la Escuela Primaria N° 21, a metros de la ruta 7.
“Fuimos alcanzados por una suerte de nube de agrotóxicos con fuerte olor metálico que estaban siendo esparcidos en un predio de propiedad de la Familia Balbi (alquilado por Manni). Presumiblemente se trató de glifosato, sustancia declarada como probable cancerígena”, dice el testimonio de los denunciantes. Eran las 17 horas, momento de salida de la escuela, y había fuertes vientos en dirección al edificio escolar. Las familias que esperaban la salida de sus hijos se tuvieron que cubrir el rostro ante la afectación de los ojos.
Uno de los denunciantes, Maximiliano Roccaro, contó que ante la inminente salida de los niños y al observar que la máquina fumigadora seguía esparciendo agrotóxicos, ingresó al predio haciendo señales a Manni, que conducía el tractor fumigador, pidiéndole que se detuviera. “Manni asintió al reclamo espontáneo y urgente de Maximiliano, aunque de modo burlón, ya que increíblemente cuando el actor se volvió hacia la vereda de la escuela para esperar por su hijo, retomó la fumigación con agrotóxicos sin importarle absolutamente nada", precisa la denuncia.
En Leandro Alem está vigente la ordenanza 1166/06, que prohíbe fumigar con agrotóxicos en la zona de resguardo ambiental. Fuera de esa zona, y dentro de un radio de 1000 metros, permite aplicar sólo aquellos de venta libre (aquellos que no necesitan receta agronómica).
En este caso, el juez valoró los principios precautorios (vigente en la Ley General del Ambiente) y de solidaridad intergeneracional. Para argumentar su decisión, citó una pericia bioquímica que explica “los caminos de los plaguicidas" desde su aspersión. La misma indica que una parte suele quedar suspendida en el aire o adherida a material particulado de la atmósfera, y puede volver a caer en el suelo tras una precipitación, o trasladarse a otras áreas donde no fue aplicado, por el efecto del movimiento de las masas de aire. En la tierra cercana al campo fumigado se confirmó la presencial de glifosato y atrazina.
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Sostienen que si la Nación no acredita el OTBN seguirán los desmontes

Fecha de Publicación: 25/07/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Remarcan la necesidad de contar con la acreditación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos concretada por la Legislatura del Chaco.
Productores del interior chaqueño continúan realizando pedidos al Ejecutivo provincial para la aplicación del OTBN. Reflejan la creciente conciencia y compromiso de la sociedad chaqueña con la gestión sostenible de sus recursos naturales, y consideran que es un paso crucial para garantizar un futuro equilibrado para el ecosistema de la provincia.
El ingeniero Miguel López, productor forestal de la provincia, señaló sobre la urgente necesidad de acreditar el recientemente actualizado Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) por parte de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.
Además, López destacó la importancia de esta medida para legalizar las prácticas forestales y avanzar hacia un manejo sostenible de los recursos naturales.

La acreditación de la nación es clave
El ex director de Bosques del Chaco subrayó la dificultad de lograr un consenso en la provincia, y destacó que la acreditación de la ley es vital para pasar de la ilegalidad a la legalidad en las actividades productivas. "Hasta que el productor agrícola no vea que esto va en serio y que la ley se va a aplicar, será difícil controlar el desmonte en la provincia", afirmó.
Asimismo, hizo hincapié en el apoyo multisectorial que recibió este pedido de acreditación, reflejado en una carta enviada al presidente de la Nación, Javier Milei. La misiva, firmada por representantes del sector productivo e institucional del Chaco, busca asegurar que los esfuerzos realizados para actualizar el OTBN sean reconocidos y respaldados a nivel nacional.

Amplio consenso
López detalló el arduo proceso detrás de la actualización del OTBN, que incluyó la participación de instituciones como el INTA, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y la Federación Económica del Chaco.
"Este trabajo surgió del consenso de todos los que estábamos en esas mesas, incluso dejando de lado algunas inquietudes en pos del bien común", explicó López.
Además, criticó la distribución actual de los fondos destinados a la protección de los bosques, argumentando que la fórmula polinómica utilizada no refleja adecuadamente las diferencias regionales en términos de pérdida de oportunidades económicas.
"La pérdida de chance de un suelo agrícola en el Chaco es mucho mayor que la de una montaña en Córdoba o Mendoza", señaló.

Autonomía provincial
Además, enfatizó en la autonomía provincial sobre el manejo de los recursos naturales, un punto respaldado por el reciente Pacto de Mayo, que reconoce que los recursos naturales son de las provincias y pueden ser explotados de manera racional y sustentable.
"La provincia es dueña de sus recursos naturales y la ley votada por tres cuartas partes de la Cámara debe ser respetada", afirmó el productor forestal del Chaco.
Por último, llamó a una acción decidida por parte de las autoridades provinciales para asegurar la acreditación del OTBN y mejorar la redistribución de los ingresos provenientes de la Ley de Bosques. "Es tiempo de cambio y debemos pedir que se respete la autonomía provincial", concluyó López.
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Censura en el INTA: Prohíben hablar de 'cambio climático' y 'sustentabilidad'

Fecha de Publicación: 15/07/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional


El sindicato de trabajadores del INTA denunció que términos como cambio climático, biodiversidad y otros, están bajo censura, afectando a la institución
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un institución histórica en materia de investigación y desarrollo agropecuario, enfrenta una grave denuncia de censura. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) emitió un comunicado contundente en el que acusa al gobierno de Javier Milei de imponer restricciones severas en el uso de ciertos términos clave dentro de la institución.
Esta medida, según APINTA, responde a la línea política del gobierno que desconoce o niega problemas ambientales críticos como el cambio climático y la contaminación derivada del uso de fertilizantes en la agricultura.

La naturaleza de la censura
El comunicado de APINTA, firmado por su Secretariado Nacional y el Plenario de Secretarios y Secretarias de Seccionales, denuncia que términos esenciales para la misión del INTA como "cambio climático", "sustentabilidad", "agroecología", "género", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" fueron censurados en todas las comunicaciones internas y externas del organismo.
Esta censura, según el sindicato, atenta contra el Plan Estratégico Institucional 2015-2030 del INTA, que precisamente incluye estos conceptos como pilares fundamentales.

Contexto de hostilidad y propaganda
APINTA también destaca el uso de bots y trolls en redes sociales para desacreditar las publicaciones del INTA. Según el comunicado, estos ataques provienen de personas que luego son designadas como funcionarios del gobierno de Milei, creando un ambiente hostil y de intimidación para los trabajadores del INTA.
A esto se suman los correos electrónicos de propaganda política y adoctrinamiento que los empleados están recibiendo desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, utilizando las cuentas institucionales, lo que representa un uso indebido de recursos y una "clara intromisión en la autonomía del INTA", argumentan.

La respuesta del gremio del INTA
En respuesta a esta situación, APINTA reafirmó su compromiso con la defensa de los trabajadores del INTA y del organismo en sí.
El sindicato sostiene que la censura y las agresiones socavan la capacidad del INTA para cumplir su misión de promover el desarrollo tecnológico y la mejora de la vida rural en el país.
En el comunicado, se recuerda que los países que más invierten en investigación y desarrollo son aquellos que logran mayores ingresos por habitante y mejores indicadores socioeconómicos, destacando la importancia de un entorno estable y libre de censura para el progreso científico.

Implicaciones y repercusiones
La denuncia de APINTA plantea serias preguntas sobre el futuro del INTA bajo el gobierno de Milei.
La censura de términos relacionados con el cambio climático y la sustentabilidad no solo afecta la libertad académica y científica, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en la capacidad del estado para abordar desafíos ambientales críticos.
La negación de estos problemas y la falta de discusión abierta y basada en evidencia podrían llevar a políticas agrícolas y ambientales ineficaces, exacerbando los problemas que enfrentan las comunidades rurales y el medio ambiente en Argentina.

Un llamado a la acción
El comunicado de APINTA se observa como un llamado urgente a la comunidad científica, a los medios de comunicación y a la sociedad en general para que tomen conciencia de la situación y apoyen la defensa de la libertad de investigación y expresión en el INTA.
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Resistencia a herbicidas: su uso masivo pone en jaque a la agricultura moderna

Fecha de Publicación: 11/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La fuerte aplicación de agroquímicos ha incrementado la resistencia de malezas en Argentina, poniendo en riesgo la sostenibilidad agrícola
Los sobrenombres no son muy amenos: enemigas del rinde, hierba mala, plantas no deseables, las malezas crecen en los campos de cultivo y compiten con ellos por recursos esenciales como luz, agua y nutrientes. Esta competencia puede reducir significativamente los rendimientos de los cultivos, afectando la productividad agrícola y, por ende, la disponibilidad de alimentos.
En las últimas dos décadas, la agricultura argentina ha dependido en gran medida del uso de agroquímicos para controlarlas. Sin embargo, esta práctica intensiva ha generado un problema significativo: la resistencia de estas malas hierbas a los herbicidas.
Un estudio reciente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) ha revelado que 24 especies de malezas en Argentina ya han desarrollado resistencia a varios herbicidas, con el glifosato como el más afectado.

Lo que no mata, fortalece
Desde la adopción de la siembra directa y los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas en los años 90, el uso masivo y constante de estos productos ha llevado a un incremento alarmante en la cantidad de malezas resistentes. Fernando Oreja, investigador principal del estudio publicado en la revista científica Weed Research, señaló que desde 2010 la cantidad de especies resistentes no ha dejado de aumentar. Según Oreja, quien actualmente trabaja en la Universidad de Oregón, más de la mitad de estas especies resistentes son gramíneas.
En el cultivo de soja se han identificado 19 especies resistentes, en maíz, 13 y en trigo y cebada, 10. El glifosato, uno de los herbicidas más utilizados, ha generado un 92% de los casos de resistencia, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En Buenos Aires predominan las malezas de invierno relacionadas con el cultivo de trigo, mientras que en Córdoba y Santa Fe, las malezas de verano como los yuyos colorados son más comunes, asociadas a la producción de soja y maíz.

¿De qué están hechos los agroquímicos?
La palabra lo anticipa: los agroquímicos son compuestos químicos utilizados en la agricultura para controlar plagas, enfermedades y malezas. Estos productos incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Los herbicidas están diseñados para eliminar o inhibir el crecimiento de malezas sin dañar los cultivos. Están compuestos por sustancias químicas que actúan sobre procesos biológicos específicos en las plantas, como la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos o la división celular. El glifosato, por ejemplo, inhibe una enzima esencial para la síntesis de aminoácidos en las plantas, provocando su muerte.

Agroquímicos: cuánto y dónde
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. A nivel mundial, el uso de agroquímicos ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. Desde la Revolución Verde en los años 60, la producción agrícola ha dependido cada vez más de herbicidas, pesticidas y fertilizantes químicos para aumentar los rendimientos y alimentar a una población en crecimiento.
Esta tendencia ha llevado a la proliferación de malezas resistentes en todos los grandes países agrícolas, creando un desafío global para la agricultura sostenible.

La clave está en la integración
La resistencia de las malezas a los herbicidas tiene consecuencias graves para el ecosistema. La utilización intensiva de agroquímicos no solo afecta la biodiversidad de las áreas agrícolas, sino que también pone en riesgo la salud del suelo y del agua, afectando a la fauna y flora circundantes.
Además, la resistencia a los herbicidas lleva a un uso aún mayor de estos productos, creando un ciclo vicioso que resulta en un impacto ambiental cada vez más severo.
Frente a este desafío, es crucial adoptar un enfoque de manejo integrado de malezas. Este enfoque va más allá de la simple aplicación de herbicidas y promueve una serie de prácticas que buscan minimizar la resistencia y proteger el ambiente. Fernando Oreja sugiere que el manejo integrado incluye mejorar la ventaja competitiva de los cultivos mediante la modificación de la distancia entre surcos, la densidad y las fechas de siembra. Además, la adopción de cultivos de cobertura puede prevenir que las malezas resistentes produzcan semillas.
La rotación de cultivos y la realización de controles mecánicos también son fundamentales en este enfoque. Si se decide seguir utilizando herbicidas, es recomendable alternar los productos entre años y utilizar aquellos que actúen de manera diferente sobre las malezas. Aplicar las dosis adecuadas en los momentos precisos es igualmente esencial para evitar la selección de plantas resistentes.

La Importancia de un Cambio de Paradigma
El cambio hacia un manejo integrado de malezas requiere un cambio de paradigma en la agricultura. Es necesario alejarse de la dependencia exclusiva de los agroquímicos y adoptar una estrategia más holística y sostenible. Implementar estas prácticas demanda tiempo y estudio, lo que puede resultar complejo para los asesores y productores que enfrentan múltiples desafíos en su trabajo diario.
A nivel global, la tendencia para resolver el problema de la resistencia a los agroquímicos se enfoca en la diversificación de las estrategias de manejo de cultivos. Esto incluye la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, como la agroecología, que integra el manejo biológico de plagas, el uso de abonos orgánicos y la conservación del suelo. Además, se están desarrollando y promoviendo tecnologías de precisión que permiten una aplicación más eficiente y localizada de agroquímicos, reduciendo su uso generalizado y minimizando los impactos ambientales.
No obstante, estudios realizados por la FAUBA indican que tanto asesores como productores agropecuarios están cada vez más inclinados a adoptar el manejo integrado de malezas. Esta tendencia es un paso positivo hacia la protección del ecosistema y la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura.
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Alarma por plaguicidas y microplásticos en el cinturón hortícola local

Fecha de Publicación: 22/06/2024
Fuente: Diario El Dia de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


Tras años de investigación sobre el impacto negativo de microplásticos y plaguicidas usados en el en cultivos del cinturón hortícola platense, expertos de la cátedra de Citología de la facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata pusieron en alerta el crecimiento de la utilización de estos productos que repercuten en el medio ambiente, en el agua que se consume y en la salud humana.
“Es un desafío que requiere acciones urgentes y coordinadas. Porque, si bien estos contaminantes son producto de avances tecnológicos y agrícolas, es crucial encontrar un equilibrio que permita proteger la salud de los ecosistemas y de las personas”, destacaron desde el equipo de estudio de la Dra. Sonia Soloneski, investigadora principal del CONICET y profesora a cargo de la Cátedra de Citología de la FCNyM.
“Los cultivos bajo cubierta que se llevan a cabo en el Cinturón Hortícola Platense es un área donde los plásticos están presentes y, además, su presencia está íntimamente asociada al uso extensivo de plaguicidas”, explicó al respecto Soloneski.
Teniendo en cuenta esta problemática creciente e íntimamente relacionada con la salud ambiental de La Plata y sus alrededores es que las investigadoras comenzaron a estudiar los posibles efectos de la combinación de estos contaminantes en diversos modelos de experimentación. “Así, pudimos observar que microplásticos en base a polipropileno inducen daño directo sobre el material genético”, advirtieron las expertas a cargo del estudio.
Como país agroexportador, Argentina se caracteriza por el consumo anual de una gran cantidad de plaguicidas, particularmente de herbicidas que, según se ha comprobado, tienen efectos perjudiciales en la salud de la población, como el desarrollo de numerosas enfermedades, malformaciones y cáncer, sin dejar de resaltar el impacto negativo que provocan en el ambiente y en la biota, con la consecuente disminución y pérdida de la biodiversidad.
Pero, además, en los últimos años se ha generado un enorme impacto social y ambiental por el uso de plásticos y sus derivados, que diseñado para durar mucho tiempo (se calcula que unos 300 años), aún se desconoce a ciencia cierta el verdadero impacto que tiene en la salud del hombre como de las distintas especies que habitan los ecosistemas.
Para evaluar los efectos que plaguicidas de uso extensivo como los herbicidas 2,4-D y glifosato y el insecticida imidacloprid tienen en el Cinturón Hortícola Platense, las investigadoras de la UNLP emplean diferentes modelos experimentales. Entre ellos, líneas celulares de mamíferos y diferentes especies de organismos autóctonos y representativos de la región pampeana tales como un pez nativo, la madrecita de agua y larvas del sapo común o sapo argentino.
Estos estudios, se destacó, fueron realizados empleando las concentraciones encontradas en el ambiente de plaguicidas y microplásticos, tanto de manera individual como en forma de “cócteles”. “Cuando se utilizaron las combinaciones de los plaguicidas junto con la concentración de microplástico hallada en el ambiente, el impacto observado sobre la molécula de ADN fue considerablemente mayor”, amplió Soloneski, que resaltó que “resulta necesario continuar con este tipo de investigaciones y también concientizar sobre el impacto negativo de estos ‘cocteles’ de compuestos diariamente liberados al ambiente”.
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Argentina presentó en Bélgica el sistema de trazabilidad exportadora para garantizar embarques de productos libres de deforestación

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


Fernando Vilella representó al país en la presentación europea de Visec, la herramienta que con que los exportadores certifican que los embarques con productos que lleguen a la comunidad europea, provengan de zonas libres de deforestación, tal cual indica la exigencia de aquella región económica que comenzará a regir a partir de enero de 2025.
Esta presentación había sido anunciada en horas de la mañana de hoy en conferencia de prensa por el vocero presidencial Adorni, y es una señal de acercamiento y de rendición a las exigencias europeas, asegurando que toda la mercadería que Argentina exporte, cumplirá con las reglamentaciones requeridas.
En un evento organizado por el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) los exportadores presentaron la herramienta a los importadores y autoridades europeas en la residencia de la Embajada argentina ante la Unión Europa en Bruselas. Se trata de un sistema que permite cumplir la exigencia de la UE integrado a la plataforma VISEC (Visión Sectorial Gran Chaco).
“Esta herramienta innovadora, desarrollada para asegurar la trazabilidad y certificación de productos libres de deforestación y del que participa toda la cadena de ganado bovino, garantiza que los embarques que lleguen a los mercados europeos provendrán de establecimientos ganaderos  no deforestados, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de la Unión Europea, aprobado a mediados de 2023 y que entrará en vigencia el 30 de diciembre de 2024”, aseguraron los organizadores.
Si bien Visec fue mostrada a los europeos, los exportadores argentinos dejaron en claro que esta nueva reglamentación no debe transformarse en una nueva barrera comercial: “Argentina siempre ha afirmado que el sector agrobioindustrial es parte de la solución a los problemas globales, y que cualquier medida debe tener base científica y adaptarse a las realidades locales. En ese sentido, Argentina espera que este Reglamento, siendo una medida unilateral y autónoma implementada por la UE, no afecte los flujos comerciales normales hacia dicho mercado y no se convierta en una barrera de acceso a partir de su plena implementación el 1 de enero de 2025” dijeron sus representantes.
Asimismo, el IPCVA manifestó que el gobierno argentino viene efectuando un seguimiento detallado de los potenciales impactos de esta norma, y que por eso “ha señalado ante autoridades comunitarias a nivel bilateral y en foros multilaterales su preocupación respecto del impacto extraterritorial de esta medida, advirtiendo sobre los efectos adversos en las corrientes comerciales. Sin perjuicio de ello, en lo inmediato y a fin de reducir estos riesgos potenciales, se ha venido apoyando el desarrollo de iniciativas del sector privado nacional para adaptarse a las exigencias que les demandarán los operadores europeos”.
En lo que respecta específicamente al ganado bovino, la Argentina ya realizó con éxito la primera prueba piloto con un embarque de carne exportada a Alemania el 15 de mayo pasado, además de las pruebas piloto con soja, otro de los productos de exportación argentinos que deberán cumplir con la nueva legislación.
Jorge Grimberg, presidente del IPCVA, sostuvo: “A través del nuevo sistema VISEC Carnes y sus características naturales de producción, Argentina se consolida como uno de los países líderes en producción sustentable”. En tanto, Mario Ravetino, vicepresidente del IPCVA, aseguró que “el cumplimiento de esta regulación de la UE es imprescindible para mantener y desarrollar el mercado que demanda los cortes premium de mayor valor”.
VISEC es una plataforma de sustentabilidad ambiental y social que reúne a miembros de las distintas cadenas de valor para que los productos agroindustriales argentinos satisfagan las nuevas tendencias internacionales y nacionales, manteniendo la competitividad del país en los mercados globales. Tiene como objetivo reducir el potencial  impacto negativo del Reglamento (UE) 2023/1115 a nuestras exportaciones, a través de un riguroso sistema de trazabilidad y certificación.
VISEC Carnes efectúa la trazabilidad desde los establecimientos de origen del ganado bovino, a nivel de cría y engorde, incluyendo toda la etapa de comercialización, hasta el procesamiento y exportación a la UE, asegurando que provenga de fuentes libres de deforestación y cumpla con las leyes locales e internacionales pertinentes.
Se emiten certificados que confirman la procedencia sostenible de la carne y el cuero, utilizando tecnología georreferenciada para una mayor precisión y confiabilidad. Por cada embarque de carne vacuna a la Unión Europea, se emitirá un Certificado de Producto Libre de Deforestación (CLD) como evidencia de que la biomasa cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea, respaldado a su vez en un riguroso sistema de documentación y validación con tecnología Blockchain.
El certificado será emitido por organismos de verificación autorizados por VISEC, de acuerdo con estándares internacionales reconocidos. Los CLD podrán ser utilizados por los exportadores e importadores como prueba de conformidad ante las autoridades de los países miembros de la UE, en el marco de la diligencia debida que deben cumplir.
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Escuelas fumigadas: el Conicet hará un estudio inédito sobre contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 16/04/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Un equipo de investigadoras firmó un convenio con Amsafé para desarrollar el proyecto que busca establecer los daños a la salud entre los trabajadores docentes de contextos rurales
La ruta provincial 18 cruza el corazón del sur agropecuario de la provincia. Son unos 70 kilómetros de asfalto que se extienden desde Rosario hasta la localidad bonaerense de Pergamino. Es también el lugar donde un grupo de investigadoras del Conicet junto a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé, el gremio que agrupa a la docencia de escuelas públicas) desarrollarán una investigación inédita para determinar las consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de quienes trabajan en las escuelas.
El proyecto se denomina "Docentes rurales y salud", y abarca a los educadores que trabajan en escuelas del ámbito de la ruralidad, en Rosario, Villa del Plata, El Caramelo, Alvear, Piñero, Álvarez, Coronel Domínguez, Uranga, Acebal, Pavón Arriba, Santa Teresa y Peyrano, las localidades que se extienden a la vera de la ruta 18.
Desde hace tiempo, Amsafé está denunciando las complicaciones a la salud que existen entre los maestros de estos establecimientos, principalmente relacionadas con la fumigación de campos con agroquímicos. "Ahora decidimos hacer un estudio más profundo para acceder a información científica sobre las consecuencias que tiene la contaminación ambiental para la salud de los docentes que trabajan en contextos rurales", explicó Gabriela Meglio, secretaria adjunta de Amsafé Rosario.
Para eso, desde el sindicato están convocando a maestros y profesores que se desempeñan en escuelas rurales para sumarse a la investigación. Pueden participar del estudio personas de entre 25 y 60 años, que no tengan enfermedades crónicas. En forma anónima se les realizará una entrevista y se les tomará una muestra de saliva para analizar.
Meglio destacó que es la primera vez que en la provincia se llevará adelante una investigación de esa magnitud. "La Asamblea de la Ruta 18 realizó análisis del agua que arrojaron presencia de contaminantes en las napas, pero es la primera vez que el tema se enfoca en la salud de los trabajadores de la educación", señaló.
En total, en la provincia hay unas 800 escuelas rurales. En cada establecimiento trabajan entre uno y diez docentes, en función de la cantidad de alumnos y de grados. Más de una vez, desde el gremio denunciaron que las fumigaciones de agrotóxicos llegaban hasta la puerta de las escuelas, incluso cuando alumnos y docentes estaban dando clases. "Ahora queremos contar con información científica sobre las consecuencias que tiene esta actividad", consideró.

La investigación
El trabajo quedará en manos de un equipo interdisciplinario de científicas del Conicet, especializadas en estos temas tanto desde la biología como desde las ciencias sociales, que se presentaron y obtuvieron un subsidio para financiar la investigación.
"Nuestra tarea consiste, por un lado, en analizar muestras genéticas de docentes rurales de la provincia de Santa Fe. Pero también indagar sobre cómo las y los masetros perciben su ambiente de trabajo", detalló Lucía Caisso, especialista en Antropología de la Educación, que lleva tiempo relevando temas relacionados con el ambiente y experiencias educativas en escuelas rurales de nivel primario de la región pampeana.
Concretamente, indicó, se entrevistará a los docentes sobre si se sienten expuestos a contaminantes en su trabajo, su estado de salud y si asocian las enfermedades con su actividad laboral. Después, las biólogas observarán si en las muestras de laboratorio existen aberraciones cromosómicas vinculadas a la contaminación ambiental.
Caisso advirtió que "hay muchos docentes rurales que perciben que desarrollan su tarea en un ambiente contaminado" y apuntó que si bien el problema más estudiado es la contaminación por fumigaciones no es el único. También hay escuelas que están en cercanía de basurales, que suelen incendiarse, o que se abastecen de agua con altos niveles de arsénico.
La investigadora señaló que a nivel mundial existen varios estudios realizados sobre poblaciones expuestas a contaminantes ambientales, sobre todo en relación al impacto entre los trabajadores agrícolas. Pero hasta ahora no se había tomado como objeto de estudio la docencia rural desde una perspectiva de la salud ocupacional.
En Córdoba y Buenos Aires hay antecedentes de investigaciones sobre genotoxicidad, pero en Santa Fe la labor científica se enfocó sobre la contaminación en napas de agua, animales anfibios o se abordaron los riesgos en poblaciones humanas desde una perspectiva epidemiológica.

La resistencia a un modelo
En la década del 90, el país cambio su modelo de producción agropecuaria. El viejo sistema de producción tradicional se transformó completamente a partir de los sistemas de siembra con semillas genéticamente modificadas que necesitan ser tratadas con agroquímicos para el control de plagas, enfermedades de las plantas y malezas, con el objetivo de generar altos rendimientos. El producto más utilizado en los cultivos extensivos de los campos santafesinos es el cuestionado glifosato.
"Es un modelo irresponsable que no repara en los daños que puede ocasionar", apuntó Gustavo Ludueña, vecino de la localidad de Álvarez y referente de la Asamblea de Pueblos Fumigados de la Ruta 18, o “La 18”, como se la llama habitualmente
El grupo comenzó a reunirse hace cinco años para denunciar las consecuencias de la aplicación de "distintos venenos" en los campos de las localidades que se extienden a lo largo del corredor vial. Otras organizaciones llevan más tiempo peleando por el mismo tema, algunas más de una década.
"En la legislatura provincial ya presentamos varios proyectos para alejar las fumigaciones de los pueblos. Pero no hubo avances. Todos los intentos por modificar la ley de productos fitosanitarios (Nº 11.273) se cayeron. En 2019 logramos que una iniciativa tuviera el aval de Diputados, pero como el Senado no abordó el tema, perdió estado parlamentario", señaló.
La ley provincial actual prohíbe la fumigación a 500 metros de los cascos urbanos, pero deja a libertad de municipios y comunas regular sobre los productos considerados de banda verde y azul, en estas categorías se encuentra el glifosato.
Vega reconoce que a nivel municipal hubo intentos para reglamentar su aplicación, "algunos obligados por algún fallo judicial y otros, a partir de la lucha de vecinas y vecinos, avanzaron en modificaciones y de un límite de 0 metro para la aplicación de agroquímicos pasaron a una distancia de 100 a 150 metros, que no son nada pero que de alguna manera sientan precedentes sobre el daño que esos productos imprimen en el ambiente y en la salud de las personas".
Hace tres años, la comunidad educativa de la escuela del paraje El Caramelo, en la localidad de Villa Amelia denunciaron la actividad de un avión mosquito que fumigaba los campos justo cuando los alumnos estaban por terminar el día de clases y sus padres y madres los esperaban en la puerta.
"Allí antes se fumigaba contra el alambrado y actualmente la comuna tiene una ordenanza que prohíbe aplicar agrotóxicos a una distancia menor de 200 metros de establecimientos educativos", recordó Ludueña. En otras comunas, hay aún mucho camino por andar.
Los docentes de escuelas rurales que quieran sumarse a la investigación que indaga sobre las consecuencias de la contaminación ambiental en su lugar de trabajo pueden comunicarse a los teléfonos 341-6-482718 (Gabriela) y 341-3-477485 (Valeria).
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