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Tucumán: mortandad de peces por mantenimiento de dique
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El mantenimiento en Escaba provocó la mortandad de peces
Fecha de Publicación: 28/12/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Fecha de Publicación: 28/12/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Así explicaron desde Flora y Fauna de la provincia. "Cuando terminen los trabajos realizaremos una resiembra de pejerreyes", prometió un funcionario.
Según informaron desde Medio Ambiente de la provincia, la mortandad de peces que se produjo en el dique de Escaba “es un daño colateral por el mantenimiento que se está realizando en el espejo de agua para tratar de subsanar la rotura de una válvula”.
El titular de Flora y Fauna, Eduardo Dietrich adelantó que “una vez que se termine con los trabajos se realizará una resiembra de pejerreyes”, que es la especie que sufrió miles de pérdidas.
Aclarando que en los próximos días aparecerán más peces muertos, “hace cuatro años que venimos trabajando junto al Club Náutico de Escaba en la siembra de pejerreyes y desgraciadamente se produjo esta rotura de una válvula de desagote y había que repararla”, indicó Dietrich.
El trabajo en Escaba requiere abrir las compuertas y bajar el nivel del agua para que puedan actuar los buzos de la empresa hidroeléctrica que maneja el dique. “Es una labor muy compleja que está en etapa de diagnóstico, y se puso en la balanza la importancia del espejo de agua para proveer de agua y como productor de energía: lo primordial es preservar el dique”, añadió el funcionario.
Por último explicó que “técnicamente la baja del nivel de agua hace que proliferen las algas que le quitan oxígeno al espejo y eso genera la mortandad de peces. La idea es terminar en enero con estos trabajos y a partir de allí volver a resembrar de pejerreyes el embalse”.
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UNT indagada por YMAD
Indagan en la UNT por las regalías mineras
Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una comisión interna requirió informes a las autoridades universitarias.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán responder cuestiones vinculadas al uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El objetivo es desentrañar cómo se manejaron los fondos una vez que llegaban a la UNT producto de las utilidades que arrojaba la actividad minera de La Alumbrera.
La comisión especial integrada por varios consejeros superiores y presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, se reunió para analizar la cuestión y avanzar con los pedidos de informes. Así, ingresaron al Rectorado dos notas. Una, dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y a los actuales directores que representan a la UNT en esa firma, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau. La otra, tiene como destinatarios a Bardón y a la secretaria Económico Financiera, Lidia Ascárate.
La primera solicita, entre otras cosas, copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde el año 2004, copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.
Además, la comisión quiere saber cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado Nacional) en concepto de utilidades y la fecha de los pagos. Una de las sospechas que investiga la Justicia federal es que a la UNT se le liquidó un menor porcentaje del que correspondía. Primero un 40% (hasta enero de 2008) y luego la mitad de ese porcentaje.
YMAD es una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera, que se formó para la explotación del yacimiento y que percibe el 20% de las utilidades.
La segunda nota solicita más documentos y montos. Entre esos, el total de dinero que ingresó a la UNT en concepto de utilidades mineras. En la Justicia Federal se investiga solo el momento que se calcula que llegó entre 2006 y 2009, unos $353 millones. Además, le requieren que precisen cuál era el procedimiento establecido internamente para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios.
Es la primera vez que miembros de la misma institución universitaria realizan una serie de pedidos tan detallados para conocer cómo se manejaron los fondos de YMAD. El año pasado quedaron procesados cuatro ex funcionarios, entre ellos el ex rector, Juan Cerisola. Este año los procesamientos y los embargos quedaron firmes con un dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de eso se incorporaron nuevas líneas de investigación, una de ellas vinculada a la “Ruta del Dinero K”.
En esa misma nota remitida por la comisión, también se le pide a Ascárate que detalle el destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de las liquidaciones. También, cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT.
Una de las cuestiones centrales es lo vinculado a las obras de la Ciudad Universitaria, que iba a dotar de varios metros cuadrados construidos a la UNT, pero que en muchos casos quedó a mitad de camino. Un ejemplo es el edificio de Bioquímica, en el ingreso a la ex Quinta Agronómica. La Justicia puso la lupa sobre los procedimientos porque consideró que no se ajustaron a la normativa vigente en el caso de obras públicas.
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Fecha de Publicación: 19/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una comisión interna requirió informes a las autoridades universitarias.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán responder cuestiones vinculadas al uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El objetivo es desentrañar cómo se manejaron los fondos una vez que llegaban a la UNT producto de las utilidades que arrojaba la actividad minera de La Alumbrera.
La comisión especial integrada por varios consejeros superiores y presidida por la decana de Derecho, Adela Seguí, se reunió para analizar la cuestión y avanzar con los pedidos de informes. Así, ingresaron al Rectorado dos notas. Una, dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y a los actuales directores que representan a la UNT en esa firma, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau. La otra, tiene como destinatarios a Bardón y a la secretaria Económico Financiera, Lidia Ascárate.
La primera solicita, entre otras cosas, copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde el año 2004, copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.
Además, la comisión quiere saber cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado Nacional) en concepto de utilidades y la fecha de los pagos. Una de las sospechas que investiga la Justicia federal es que a la UNT se le liquidó un menor porcentaje del que correspondía. Primero un 40% (hasta enero de 2008) y luego la mitad de ese porcentaje.
YMAD es una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera, que se formó para la explotación del yacimiento y que percibe el 20% de las utilidades.
La segunda nota solicita más documentos y montos. Entre esos, el total de dinero que ingresó a la UNT en concepto de utilidades mineras. En la Justicia Federal se investiga solo el momento que se calcula que llegó entre 2006 y 2009, unos $353 millones. Además, le requieren que precisen cuál era el procedimiento establecido internamente para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios.
Es la primera vez que miembros de la misma institución universitaria realizan una serie de pedidos tan detallados para conocer cómo se manejaron los fondos de YMAD. El año pasado quedaron procesados cuatro ex funcionarios, entre ellos el ex rector, Juan Cerisola. Este año los procesamientos y los embargos quedaron firmes con un dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de eso se incorporaron nuevas líneas de investigación, una de ellas vinculada a la “Ruta del Dinero K”.
En esa misma nota remitida por la comisión, también se le pide a Ascárate que detalle el destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de las liquidaciones. También, cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la Ciudad Universitaria: cómo fue el circuito del dinero para la construcción de obras y si coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT.
Una de las cuestiones centrales es lo vinculado a las obras de la Ciudad Universitaria, que iba a dotar de varios metros cuadrados construidos a la UNT, pero que en muchos casos quedó a mitad de camino. Un ejemplo es el edificio de Bioquímica, en el ingreso a la ex Quinta Agronómica. La Justicia puso la lupa sobre los procedimientos porque consideró que no se ajustaron a la normativa vigente en el caso de obras públicas.
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Más problemas para la Minera Alumbrera
Otro revés judicial contra Minera Alumbrera en una demanda por contaminación
Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La empresa deberá acudir a la Corte Suprema como última instancia en un juicio por contaminación iniciado hace 10 años por los hermanos Aranda de Concepción.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tribunales de Concepción no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las demandadas Minera Alumbrera e YMAD contra la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, que ordenó a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
“La Cámara compuesta por las juezas María José Posse y Mirtha Ibáñez de Córdoba mantiene firme lo que dictaminó el juez Dip Tártalo el año pasado quien ordenó a la empresa Minera Alumbrera a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri. Esto se desprende del juicio que iniciamos hace diez años a la empresa por contaminación ambiental”, señalaron a primerafuente. Carlos y Miguel Aranda
De acuerdo a los hermanos Aranda a la Minera Alumbrera le queda como última instancia recurrir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para dirimir la contienda judicial.
“Estamos expectantes de lo que pueda suceder, nunca se llegó a hasta esta instancia dentro de Justicia tucumana la Minera con el poder económico sabemos que tiene. Pero confiamos en la Justicia, ya un juez en un fallo histórico advierte que la multinacional contaminó y ahora la Cámara no hizo lugar a la apelación. Creemos que la corte actuará en consecuencia”, confiaron los hermanos Aranda.
Es importante señalar que la sentencia dictada, por el Juez Civil de la II Nominación del Centro Judicial Concepción, el 12 de diciembre de 2016 solicita además que el Poder Ejecutivo de Tucumán, por medio del Ministerio de Salud de la Provincia, proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías y que se disponga su atención médica inmediata.
La sentencia solicita que Alumbrera:
- “Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
- “Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
- “Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
- “Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
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Fecha de Publicación: 15/12/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La empresa deberá acudir a la Corte Suprema como última instancia en un juicio por contaminación iniciado hace 10 años por los hermanos Aranda de Concepción.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tribunales de Concepción no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las demandadas Minera Alumbrera e YMAD contra la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, que ordenó a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
“La Cámara compuesta por las juezas María José Posse y Mirtha Ibáñez de Córdoba mantiene firme lo que dictaminó el juez Dip Tártalo el año pasado quien ordenó a la empresa Minera Alumbrera a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri. Esto se desprende del juicio que iniciamos hace diez años a la empresa por contaminación ambiental”, señalaron a primerafuente. Carlos y Miguel Aranda
De acuerdo a los hermanos Aranda a la Minera Alumbrera le queda como última instancia recurrir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para dirimir la contienda judicial.
“Estamos expectantes de lo que pueda suceder, nunca se llegó a hasta esta instancia dentro de Justicia tucumana la Minera con el poder económico sabemos que tiene. Pero confiamos en la Justicia, ya un juez en un fallo histórico advierte que la multinacional contaminó y ahora la Cámara no hizo lugar a la apelación. Creemos que la corte actuará en consecuencia”, confiaron los hermanos Aranda.
Es importante señalar que la sentencia dictada, por el Juez Civil de la II Nominación del Centro Judicial Concepción, el 12 de diciembre de 2016 solicita además que el Poder Ejecutivo de Tucumán, por medio del Ministerio de Salud de la Provincia, proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías y que se disponga su atención médica inmediata.
La sentencia solicita que Alumbrera:
- “Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
- “Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
- “Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
- “Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
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Alumbrera,
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Tucumán
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Rooney de la Alumbrera será procesado
Minera Alumbrera: se confirmó el procesamiento del CEO por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Ahora premiará a los ingenios que sean responsables
Premios para los ingenios que cuidan el medio ambiente
Fecha de Publicación: 23/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un programa desarrollado por un fabricante de fertilizantes entregó reconocimientos a ingenios (menciones de honor), porque incorporaron prácticas productivas orientadas a un mejor cuidado ambiental. El premio a las plantas azucareras incluye donaciones para escuelas de la comunidad. Los empresas azucareras premiadas fueron El Pucará, La Providencia (Arcor), Los Balcanes, Marapa (Complejo Azucarero Concepción) y la Estación Obispo Colombres. El uso de fuentes de nitrógeno con menores pérdidas por volatilización, aplicadas al voleo con fertilizadoras de mayor ancho de labor, genera un menor consumo de combustible y proporciona mayor eficiencia al sistema productivo. La fábrica de fertilizantes Yaria señaló que su tarea social incluye la asistencia a las comunidades cercanas a los ingenios.
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Fecha de Publicación: 23/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un programa desarrollado por un fabricante de fertilizantes entregó reconocimientos a ingenios (menciones de honor), porque incorporaron prácticas productivas orientadas a un mejor cuidado ambiental. El premio a las plantas azucareras incluye donaciones para escuelas de la comunidad. Los empresas azucareras premiadas fueron El Pucará, La Providencia (Arcor), Los Balcanes, Marapa (Complejo Azucarero Concepción) y la Estación Obispo Colombres. El uso de fuentes de nitrógeno con menores pérdidas por volatilización, aplicadas al voleo con fertilizadoras de mayor ancho de labor, genera un menor consumo de combustible y proporciona mayor eficiencia al sistema productivo. La fábrica de fertilizantes Yaria señaló que su tarea social incluye la asistencia a las comunidades cercanas a los ingenios.
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El sobreseimiento a Rocchia Ferro fue anulado
Anulan el sobreseimiento a Rocchia Ferro en una causa por daño ambiental
Fecha de Publicación: 22/11/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán lo había sobresido pero desde la Cámara Federal de Casación Penal revirtieron la decisión.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución de la Cámara Federal de Tucumán, que había confirmado el sobreseimiento a Jorge Rocchia Ferro, responsable de la empresa “Ingenio La Florida”, a quien se acusaba de haber vertido productos tóxicos sin previo tratamiento, en dos canales que luego de recorrer el interior de varias fincas, desembocan en el embalse de Termas de Río Hondo.
En una primera instancia, la Justicia Federal de Tucumán consideró que no se había podido acreditar que los residuos arrojados resultaban peligrosos para la salud pública.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos –presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, puntualizó que a partir de la reforma constitucional del año 1994 quedó definido que la protección del medio ambiente constituye un derecho humano fundamental que atañe a la sociedad toda, y a las generaciones por venir.
En su decisión, publicada por el CIJ (Centro de Información Judicial), la Cámara Federal señaló que el medio ambiente y la salud pública se encuentran íntimamente relacionados, por cuanto la gradual destrucción del ecosistema en el que vivimos tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud humana.
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Fecha de Publicación: 22/11/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán lo había sobresido pero desde la Cámara Federal de Casación Penal revirtieron la decisión.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución de la Cámara Federal de Tucumán, que había confirmado el sobreseimiento a Jorge Rocchia Ferro, responsable de la empresa “Ingenio La Florida”, a quien se acusaba de haber vertido productos tóxicos sin previo tratamiento, en dos canales que luego de recorrer el interior de varias fincas, desembocan en el embalse de Termas de Río Hondo.
En una primera instancia, la Justicia Federal de Tucumán consideró que no se había podido acreditar que los residuos arrojados resultaban peligrosos para la salud pública.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos –presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, puntualizó que a partir de la reforma constitucional del año 1994 quedó definido que la protección del medio ambiente constituye un derecho humano fundamental que atañe a la sociedad toda, y a las generaciones por venir.
En su decisión, publicada por el CIJ (Centro de Información Judicial), la Cámara Federal señaló que el medio ambiente y la salud pública se encuentran íntimamente relacionados, por cuanto la gradual destrucción del ecosistema en el que vivimos tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud humana.
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Probation ambiental de empresario de ingenio tucumano
Qué tipo de mejoras se comprometió a encarar el empresario azucarero en la escuela de El Arenal
Fecha de Publicación: 13/11/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
De la audiencia por el juicio oral contra los representantes de la firma Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro y José Coronel, participó también en representación del Gobierno de Tucumán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, quien aceptó el planteo del abogado defensor del empresario, Arnaldo Ahumanda, cuando detalló las herramientas y mobiliario a conceder al cuerpo del Comité de Cuenca Salí Dulce, tanto de Santiago como de Tucumán, como resarcimiento de los daños cometidos en la localidad de El Arenal.
La defensa técnica del empresario tucumano ahondó en que "la suspensión del juicio a prueba requiere como una de las exigencias que la persona que lo solicita, trate de reparar el supuesto daño causado, entonces en esta inteligencia, vamos a colaborar, como mejoró la cuenca Salí Dulce, acción que fue impulsada por los gobiernos de Santiago, Tucumán y las empresas", apuntó.
Al solicitar ante el Tribunal Oral Federal la suspensión del juicio a prueba, el abogado del imputado detalló que a la zona afectada (El Arenal) por el vuelco de vinaza proveniente del ingenio La Florida, se le ofrece como reparación ambiental y material: "la perforación de un pozo profundo para dotar a la escuela de agua potable, una casa de albergue docente, posta sanitaria (tipo Caps), juegos infantiles, un cerco perimetral y portón de ingreso, tapa de pozo ciego, puente peatonal, guardapolvos escolares y otros elementos para cerca de 100 alumnos, provisión de gas envasado", entre otros puntos detallados.
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Fecha de Publicación: 13/11/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
De la audiencia por el juicio oral contra los representantes de la firma Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro y José Coronel, participó también en representación del Gobierno de Tucumán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, quien aceptó el planteo del abogado defensor del empresario, Arnaldo Ahumanda, cuando detalló las herramientas y mobiliario a conceder al cuerpo del Comité de Cuenca Salí Dulce, tanto de Santiago como de Tucumán, como resarcimiento de los daños cometidos en la localidad de El Arenal.
La defensa técnica del empresario tucumano ahondó en que "la suspensión del juicio a prueba requiere como una de las exigencias que la persona que lo solicita, trate de reparar el supuesto daño causado, entonces en esta inteligencia, vamos a colaborar, como mejoró la cuenca Salí Dulce, acción que fue impulsada por los gobiernos de Santiago, Tucumán y las empresas", apuntó.
Al solicitar ante el Tribunal Oral Federal la suspensión del juicio a prueba, el abogado del imputado detalló que a la zona afectada (El Arenal) por el vuelco de vinaza proveniente del ingenio La Florida, se le ofrece como reparación ambiental y material: "la perforación de un pozo profundo para dotar a la escuela de agua potable, una casa de albergue docente, posta sanitaria (tipo Caps), juegos infantiles, un cerco perimetral y portón de ingreso, tapa de pozo ciego, puente peatonal, guardapolvos escolares y otros elementos para cerca de 100 alumnos, provisión de gas envasado", entre otros puntos detallados.
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El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Escándalo por empresarios de ingenio absueltos
Un tribunal rebelde sin causa
Fecha de Publicación: 21/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
Aunque la Cámara había ordenado rever una sentencia absolutoria y dictar condena, porque el expediente acreditaba daño al medio ambiente y riesgo para la salud, dos empresarios de un ingenio tucumano resultaron nuevamente absueltos. La Fiscalía apeló.
En un fallo considerado “inédito y escandaloso” por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió por segunda vez, con los mismos argumentos, a dos empresarios de esa provincia acusados de “contaminar aguas y ríos con efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad”. Lo insólito es que el Tribunal tucumano ratificó el fallo anterior, sin tomar en cuenta una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le había ordenado modificar esa primera sentencia. La segunda y testaruda absolución fue cuestionada por el fiscal Pablo Camuña, quien interpuso un recurso de casación contra el segundo fallo dictado en el mismo sentido, por el mismo Tribunal, ahora constituido por otros jueces que deberían haber acatado la orden del tribunal superior. En la causa quedó demostrado que las efluentes vertidas “superaban más de diez veces los valores permitidos de contaminación”, según las pruebas realizadas. El fiscal pidió que se anule la absolución y se aplique a los imputados penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.
El primer fallo absolutorio fue firmado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral Federal tucumano, ahora conformado por Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Los absueltos por ambas decisiones son Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, directivos de la empresa azucarera. El fiscal Pablo Camuña, en el recurso interpuesto contra el segundo fallo absolutorio, recalcó que “los elementos surgidos en el juicio” determinaron que “los efluentes industriales se mezclaban a pocos metros de la salida del ingenio con el efluente de fábrica y circulaban un primer tramo en un canal a cielo abierto”.
Durante su curso por la localidad de La Trinidad, los desechos industriales emanaban “un olor putrefacto” y generaban “una colonia de moscas y gusanos, afectando a una escuela adyacente y un barrio de viviendas”. El fiscal señaló que “esos desechos líquidos, en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051”. Al mismo tiempo, Camuña precisó que “se realizaron cuatro tomas de muestras que dieron como resultado, en todos los casos, medidas (de contaminación) muy por encima” de los valores permitidos por las normas vigentes.
El fiscal recordó que el primer fallo absolutorio fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, integrada por Ana Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los jueces consideraron que los miembros del Tribunal tucumano “habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido señalaron que “el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 (de residuos peligrosos) reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Sala I de Casación había señalado, incluso, que en el fallo absolutorio inicial no se advertía que el Tribunal tucumano hubiera realizado “un reconocimiento” del “status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”. En ese punto se citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresa que ese derecho configura “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Los jueces de Casación reconocieron lo dicho en el fallo por el Tribunal tucumano en el sentido de que la responsabilidad penal por contaminar sólo puede aplicarse “cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’” de los habitantes. Además, puntualizaron, “no debe entenderse el derecho a la salud (...) como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad”.
Subrayaron los jueces de Casación que la ley vigente debe “abarcar el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
La Sala I recordó que los tribunales internacionales, la Corte Suprema nacional y la legislación vigente “sostienen que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea”.
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Fecha de Publicación: 21/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
Aunque la Cámara había ordenado rever una sentencia absolutoria y dictar condena, porque el expediente acreditaba daño al medio ambiente y riesgo para la salud, dos empresarios de un ingenio tucumano resultaron nuevamente absueltos. La Fiscalía apeló.
En un fallo considerado “inédito y escandaloso” por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió por segunda vez, con los mismos argumentos, a dos empresarios de esa provincia acusados de “contaminar aguas y ríos con efluentes industriales peligrosos provenientes del Ingenio Azucarero La Trinidad”. Lo insólito es que el Tribunal tucumano ratificó el fallo anterior, sin tomar en cuenta una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que le había ordenado modificar esa primera sentencia. La segunda y testaruda absolución fue cuestionada por el fiscal Pablo Camuña, quien interpuso un recurso de casación contra el segundo fallo dictado en el mismo sentido, por el mismo Tribunal, ahora constituido por otros jueces que deberían haber acatado la orden del tribunal superior. En la causa quedó demostrado que las efluentes vertidas “superaban más de diez veces los valores permitidos de contaminación”, según las pruebas realizadas. El fiscal pidió que se anule la absolución y se aplique a los imputados penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.
El primer fallo absolutorio fue firmado por los jueces María Alicia Noli, Gabriel Casas y Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral Federal tucumano, ahora conformado por Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Los absueltos por ambas decisiones son Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, directivos de la empresa azucarera. El fiscal Pablo Camuña, en el recurso interpuesto contra el segundo fallo absolutorio, recalcó que “los elementos surgidos en el juicio” determinaron que “los efluentes industriales se mezclaban a pocos metros de la salida del ingenio con el efluente de fábrica y circulaban un primer tramo en un canal a cielo abierto”.
Durante su curso por la localidad de La Trinidad, los desechos industriales emanaban “un olor putrefacto” y generaban “una colonia de moscas y gusanos, afectando a una escuela adyacente y un barrio de viviendas”. El fiscal señaló que “esos desechos líquidos, en particular la vinaza, tienen un alto efecto contaminante y son considerados residuos peligrosos por la ley 24.051”. Al mismo tiempo, Camuña precisó que “se realizaron cuatro tomas de muestras que dieron como resultado, en todos los casos, medidas (de contaminación) muy por encima” de los valores permitidos por las normas vigentes.
El fiscal recordó que el primer fallo absolutorio fue dejado sin efecto por la Sala I de Casación, integrada por Ana Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los jueces consideraron que los miembros del Tribunal tucumano “habían valorado la prueba de forma sesgada y omitieron tratar cuestiones jurídicas sustanciales relacionadas a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido señalaron que “el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 (de residuos peligrosos) reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Sala I de Casación había señalado, incluso, que en el fallo absolutorio inicial no se advertía que el Tribunal tucumano hubiera realizado “un reconocimiento” del “status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano”. En ese punto se citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se expresa que ese derecho configura “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Los jueces de Casación reconocieron lo dicho en el fallo por el Tribunal tucumano en el sentido de que la responsabilidad penal por contaminar sólo puede aplicarse “cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’” de los habitantes. Además, puntualizaron, “no debe entenderse el derecho a la salud (...) como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad”.
Subrayaron los jueces de Casación que la ley vigente debe “abarcar el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
La Sala I recordó que los tribunales internacionales, la Corte Suprema nacional y la legislación vigente “sostienen que la salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea”.
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El gerente del megabasural de Pacará Pintado elude juicio
El gerente de Pacará Pintado elude el juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Santiago va la corte por la contaminación del Salí-Dulce
A fin de mes presentarán informe sobre la cuenca
Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Llevarán a la Corte el derrame de desechos en Leales que provocó la muerte de peces.
El próximo 30 de este mes vence el plazo para que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, presente los informes sobre el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este marco, el Dr. Lionel Suárez (h) habló con LV11 sobre el trabajo que vienen realizando y anticipó que llevarán a la Corte lo sucedido meses atrás “donde detectamos en Tucumán la mortandad de peces de los ríos Salí y Gastona, producto de algunos desechos del ingenio Leales”.
Este incidente tuvo lugar en el mes de julio y fue denunciado por unos pescadores. “Si bien es cierto no forma parte de los desechos que nosotros monitoreamos que son vinaza y cenina, es nuestra responsabilidad mantener informado al máximo tribunal acerca de estas circunstancias”, declaró Suárez a “La Radio de los Santiagueños”.
El defensor del Pueblo remarcó que tienen expectativas positivas respecto a “las mejoras continuas que presentan los ingenios para evitar que los contaminantes lleguen a los cursos de agua que tienen como destino final nuestro embalse (Las Termas de Río Hondo)”.
Además señaló que finalizaron las inspecciones y están siguiendo de cerca las evaluaciones. “Queda pendiente el control con las imágenes, y tener las actas para emitir un juicio de valor”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Llevarán a la Corte el derrame de desechos en Leales que provocó la muerte de peces.
El próximo 30 de este mes vence el plazo para que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, presente los informes sobre el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este marco, el Dr. Lionel Suárez (h) habló con LV11 sobre el trabajo que vienen realizando y anticipó que llevarán a la Corte lo sucedido meses atrás “donde detectamos en Tucumán la mortandad de peces de los ríos Salí y Gastona, producto de algunos desechos del ingenio Leales”.
Este incidente tuvo lugar en el mes de julio y fue denunciado por unos pescadores. “Si bien es cierto no forma parte de los desechos que nosotros monitoreamos que son vinaza y cenina, es nuestra responsabilidad mantener informado al máximo tribunal acerca de estas circunstancias”, declaró Suárez a “La Radio de los Santiagueños”.
El defensor del Pueblo remarcó que tienen expectativas positivas respecto a “las mejoras continuas que presentan los ingenios para evitar que los contaminantes lleguen a los cursos de agua que tienen como destino final nuestro embalse (Las Termas de Río Hondo)”.
Además señaló que finalizaron las inspecciones y están siguiendo de cerca las evaluaciones. “Queda pendiente el control con las imágenes, y tener las actas para emitir un juicio de valor”.
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El Proyecto Aconquija y la necesidad de proteger las Yungas
El NOA contará con un nuevo Parque Nacional
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Proyecto Aconquija apunta a la protección de la región subtropical de las yungas, uno de los ecosistemas más amenazados del continente. Sus 77 mil hectáreas se extienden en el sudoeste de Tucumán.
Parte de la ecorregión de yungas que florece en las sierras del sudoeste de Tucumán (muy cerca del límite con Catamarca) fue transformada en un área protegida por una ley nacional, lo que brinda el marco necesario para la creación del Parque Nacional Aconquija. El plan de conservación abarca 77 mil hectáreas ricas en biodiversidad, donde se apuntará a asegurar la sustentabilidad de las actividades tradicionales del pedemonte y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Además, la medida oficial tiende a favorecer la preservación de las principales cuencas hídricas de la provincia y más de dos mil especies de plantas vasculares, registradas en bosques, selvas húmedas subtropicales, pastizales de neblina y altoandinos, montes de árboles recubiertos de helechos y musgos y las estepas arbustivas de la prepuna, que crecen en las laderas occidentales de la sierra de Aconquija. En cuanto a la fauna local, aquí conviven osos meleros con cóndores, felinos y ejemplares de pecarí, corzuela, guanaco, taruca (también conocida como venado andino) y una amplia variedad de aves.
El Proyecto Aconquija fue firmado el 23 de junio pasado en la sede de la Fundación Miguel Lillo, en San Miguel de Tucumán, antes de ser girado a tres comisiones para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Una vez que se concrete, el futuro Parque Nacional será una novedosa área natural protegida con selva y nieve en una misma zona de conservación. “El Aconquija se destaca porque es naturaleza en los distintos estratos, desde su selva con toda la riqueza de flora y fauna hasta sus glaciares subterráneos a más de 4 mil metros de altura”, señaló Gerardo Carreras, jefe de guardaparques del Parque Nacional Campo de los Alisos, lindero a la porción más austral de selva subtropical a ser protegida. El programa de preservación conjunta se extenderá a las reservas provinciales Santa Ana y La Florida.
Una imperdible panorámica de esta región se aprecia desde el mirador de La Banderita, a 48 kilómetros de Concepción, erigido a un costado de la ruta 65, frente a las cumbres del Clavillo y a 1.846 metros de altura. El nuevo Parque Nacional cristalizará una iniciativa por la protección de la vegetación y las cuencas hídricas de la región, impulsada a principios del siglo XX por Miguel Lillo, un célebre naturalista, docente, ornitólogo y ex director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Tucumán.
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Otro directivo de Ingenio procesado por contaminación
Procesaron a los dueños del ingenio Santa Bárbara por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los responsables de la firma que explota el ingenio, José y Julio Colombres. Además, dispuso un embargo de $2 millones a cada uno.
El juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051. Ambos imputados son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara.
El magistrado también dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de $2 millones, por cada uno de ellos.
En base a diferentes estudios realizados por expertos de Buenos Aires y de la UNT, y a informes de Gendarmería Nacional, el juez Bejas concluyó que “la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública, se encuentran acreditados con el grado de certeza exigido en estas instancias”, según el fallo que firmó el 4 de julio pasado.
“Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en parte de sus argumentos para decidir el procesamiento de los dos industriales azucareros.
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Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los responsables de la firma que explota el ingenio, José y Julio Colombres. Además, dispuso un embargo de $2 millones a cada uno.
El juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051. Ambos imputados son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara.
El magistrado también dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de $2 millones, por cada uno de ellos.
En base a diferentes estudios realizados por expertos de Buenos Aires y de la UNT, y a informes de Gendarmería Nacional, el juez Bejas concluyó que “la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública, se encuentran acreditados con el grado de certeza exigido en estas instancias”, según el fallo que firmó el 4 de julio pasado.
“Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en parte de sus argumentos para decidir el procesamiento de los dos industriales azucareros.
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El Gobernador de Tucumán contra la quema de caña
Manzur: “al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”
Fecha de Publicación: 25/08/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobernador pidió que la población denuncie a los que dañen la salud y el medio ambiente.
La quema de caña de azúcar se repite para esta época. Durante esta temporada ha provocado, por ejemplo, que a principios de mes se produjera un apagón en el sur de San Miguel de Tucumán y en otras localidades. Ayer, en tanto, los incendios se extendieron por la zona Este de la provincia. “Es un delito que no solamente daña el medio ambiente y la salud de la población, sino que también pone en peligro la circulación vehicular porque resta visibilidad en las rutas cercanas a los campos”, indicó a LA GACETA el gobernador Juan Manzur. El mandatario remarcó que el Poder Ejecutivo será inflexible respecto de las sanciones. “Al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”, manifestó. El gobernador acotó que el Estado robustecerá los operativos de control, con el fin de erradicar “estas prácticas ilícitas”. Pidió, además, que la población denuncie a los que inicien estos incendios, como el que se observó ayer en cercanías de San Andrés.
A principios de mes, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, había dicho: “La zona en la que más denuncias se vienen registrando es en el Este, Cruz Alta, Leales… que es donde más incidió la helada. Estamos viendo un comportamiento diferente a otros años: por los programas de medio ambiente, hay más conciencia en algunos sectores de la producción, pero hay otros a los que no les llegó el mensaje”.
Los incendios de cañaverales se registraron ayer en varias fincas tucumanas, ubicadas en la zona de San Andrés, y en la ruta 9, cerca del arroyo Mixta, en Los Puestos. Así lo informaron los lectores de LA GACETA a través de Whatsapp. Además, describieron algunos choques en el trayecto entre Tucumán y Las Termas, por la densa humareda que cubrió el camino.
En San Andrés se produjo uno de los incendios más importantes, que obligó a suspender un partido de fútbol infantil porque “el humo dañaba la vista y la respiración de los chicos”, según la madre de uno de los pequeños futbolistas. Otro de los siniestros se inició en la zona de Mixta, también a la vera de la ruta 9. Allí, el humo derivado de las llamaradas se extendió sobre un extenso sector de la ruta. Por ese motivo, los conductores llegaron hasta a detener los vehículos al costado del camino por la falta de visibilidad. Eso derivó, además, en que se produjeran algunos accidentes. Los incendios y la humareda afectaron además a las localidades de Laguna Azul, El Bracho y El Naranjito. Los automovilistas se vieron obligados a transitar a muy baja velocidad en toda esa zona, dado que la visibilidad era escasa. El humo afectaba también la respiración e irritaba los ojos de habitantes y viajeros.
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Fecha de Publicación: 25/08/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobernador pidió que la población denuncie a los que dañen la salud y el medio ambiente.
La quema de caña de azúcar se repite para esta época. Durante esta temporada ha provocado, por ejemplo, que a principios de mes se produjera un apagón en el sur de San Miguel de Tucumán y en otras localidades. Ayer, en tanto, los incendios se extendieron por la zona Este de la provincia. “Es un delito que no solamente daña el medio ambiente y la salud de la población, sino que también pone en peligro la circulación vehicular porque resta visibilidad en las rutas cercanas a los campos”, indicó a LA GACETA el gobernador Juan Manzur. El mandatario remarcó que el Poder Ejecutivo será inflexible respecto de las sanciones. “Al que queme caña, vamos a caerle con todo el peso de la ley”, manifestó. El gobernador acotó que el Estado robustecerá los operativos de control, con el fin de erradicar “estas prácticas ilícitas”. Pidió, además, que la población denuncie a los que inicien estos incendios, como el que se observó ayer en cercanías de San Andrés.
A principios de mes, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, había dicho: “La zona en la que más denuncias se vienen registrando es en el Este, Cruz Alta, Leales… que es donde más incidió la helada. Estamos viendo un comportamiento diferente a otros años: por los programas de medio ambiente, hay más conciencia en algunos sectores de la producción, pero hay otros a los que no les llegó el mensaje”.
Los incendios de cañaverales se registraron ayer en varias fincas tucumanas, ubicadas en la zona de San Andrés, y en la ruta 9, cerca del arroyo Mixta, en Los Puestos. Así lo informaron los lectores de LA GACETA a través de Whatsapp. Además, describieron algunos choques en el trayecto entre Tucumán y Las Termas, por la densa humareda que cubrió el camino.
En San Andrés se produjo uno de los incendios más importantes, que obligó a suspender un partido de fútbol infantil porque “el humo dañaba la vista y la respiración de los chicos”, según la madre de uno de los pequeños futbolistas. Otro de los siniestros se inició en la zona de Mixta, también a la vera de la ruta 9. Allí, el humo derivado de las llamaradas se extendió sobre un extenso sector de la ruta. Por ese motivo, los conductores llegaron hasta a detener los vehículos al costado del camino por la falta de visibilidad. Eso derivó, además, en que se produjeran algunos accidentes. Los incendios y la humareda afectaron además a las localidades de Laguna Azul, El Bracho y El Naranjito. Los automovilistas se vieron obligados a transitar a muy baja velocidad en toda esa zona, dado que la visibilidad era escasa. El humo afectaba también la respiración e irritaba los ojos de habitantes y viajeros.
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Gobierno tucumano irá a la justicia por la quema de caña
Llevarán a la Justicia a productores por la quema ilegal de caña
Fecha de Publicación: 07/08/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Por iniciativa de los ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana y Desarrollo Productivo, distintas reparticiones públicas trabajan en conjunto a fin de controlar y reprimir la quema ilegal de caña de azúcar y rastrojo que afecta a pobladores de toda la provincia.
Si bien, desde el Gobierno de Tucumán impulsan programas productivos para la cosecha en verde, todavía hay cañeros que no tomaron conciencia del perjuicio a la salud pública y el ambiente que acarrea esta práctica durante la zafra. Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.
El director de Defensa Civil, Fernando Torres, expresó que las denuncias por quema de cañaverales se incrementaron notablemente. Dijo que junto a la Policía, Fiscalización Ambiental y la Dirección de Aeronáutica, impulsarán un operativo en territorio para localizar infraganti a las personas que realicen quema ilegal.
Las zonas más afectadas en la Provincia, se enmarcan en el este tucumano, debido a que en esos tierras incidieron las heladas, especialmente en Cruza Alta y Leales, pero también el sur, en Chicligasta, Simoca y Monteros.
Cosecha en verde
Torres explicó que hay una diferencia con respecto a otros años, debido a las gestiones de certificación de la cosecha en verde, impulsada desde la Secretaría de Medio Ambiente y productores que están concientizados sobre la importancia del uso de las técnicas ecológicas de producción. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Cesar Nieva, explicó que con los operativos se buscará controlar la quema de cañaverales y rastrojo. “Vamos a trabajar en forma conjunta con equipos en tierra y con el helicóptero de la Provincia. Las personas que sean responsables serán puestas a disposición de la justicia”, advirtió.
Sancionarán a los ingenios que reciban caña quemada
Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental, explicó que gracias a la técnica de cosechada libre de humo, fueron certificadas 20 mil hectáreas.
Sobre el procedimiento, Lizárraga dijo que Medio Ambiente impulsa acciones de prevención desde la Mesa de Gestión de Caña de Cruz Alta: “Trabajamos desde la educación en lo que es la quema y, cuando ya nos encontramos con el hecho consumado, hacemos actuación administrativas para multar al propietario del predio. Además, vamos a impedir, acorde lo que norma la ley, el acceso de la caña quemada, con sanciones a los ingenios que la reciban”.
El funcionario dijo que estas tareas se enmarcan dentro de las disposiciones establecidas desde el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que la quema de caña es un delito.
Malas prácticas
La quema de caña afecta el medio ambiente y atenta contra la salud pública. Pone en peligro viviendas y pobladores de distintas localidades. Es importante la labor de concientización que lleva adelante el Gobierno provincial.
Consultas y denuncias
Las personas afectadas por la quema de cañaverales, podrán formular consultas y denuncias, comunicándose telefónicamente a través del 103.
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Fecha de Publicación: 07/08/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Por iniciativa de los ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana y Desarrollo Productivo, distintas reparticiones públicas trabajan en conjunto a fin de controlar y reprimir la quema ilegal de caña de azúcar y rastrojo que afecta a pobladores de toda la provincia.
Si bien, desde el Gobierno de Tucumán impulsan programas productivos para la cosecha en verde, todavía hay cañeros que no tomaron conciencia del perjuicio a la salud pública y el ambiente que acarrea esta práctica durante la zafra. Los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.
El director de Defensa Civil, Fernando Torres, expresó que las denuncias por quema de cañaverales se incrementaron notablemente. Dijo que junto a la Policía, Fiscalización Ambiental y la Dirección de Aeronáutica, impulsarán un operativo en territorio para localizar infraganti a las personas que realicen quema ilegal.
Las zonas más afectadas en la Provincia, se enmarcan en el este tucumano, debido a que en esos tierras incidieron las heladas, especialmente en Cruza Alta y Leales, pero también el sur, en Chicligasta, Simoca y Monteros.
Cosecha en verde
Torres explicó que hay una diferencia con respecto a otros años, debido a las gestiones de certificación de la cosecha en verde, impulsada desde la Secretaría de Medio Ambiente y productores que están concientizados sobre la importancia del uso de las técnicas ecológicas de producción. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Cesar Nieva, explicó que con los operativos se buscará controlar la quema de cañaverales y rastrojo. “Vamos a trabajar en forma conjunta con equipos en tierra y con el helicóptero de la Provincia. Las personas que sean responsables serán puestas a disposición de la justicia”, advirtió.
Sancionarán a los ingenios que reciban caña quemada
Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental, explicó que gracias a la técnica de cosechada libre de humo, fueron certificadas 20 mil hectáreas.
Sobre el procedimiento, Lizárraga dijo que Medio Ambiente impulsa acciones de prevención desde la Mesa de Gestión de Caña de Cruz Alta: “Trabajamos desde la educación en lo que es la quema y, cuando ya nos encontramos con el hecho consumado, hacemos actuación administrativas para multar al propietario del predio. Además, vamos a impedir, acorde lo que norma la ley, el acceso de la caña quemada, con sanciones a los ingenios que la reciban”.
El funcionario dijo que estas tareas se enmarcan dentro de las disposiciones establecidas desde el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que la quema de caña es un delito.
Malas prácticas
La quema de caña afecta el medio ambiente y atenta contra la salud pública. Pone en peligro viviendas y pobladores de distintas localidades. Es importante la labor de concientización que lleva adelante el Gobierno provincial.
Consultas y denuncias
Las personas afectadas por la quema de cañaverales, podrán formular consultas y denuncias, comunicándose telefónicamente a través del 103.
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Otro ingenio en la mira de la justicia
Santiago del Estero demandará a otro ingenio tucumano por contaminación
Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Raúl César Abate, fiscal de Estado de la vecina provincia, denunciará a la compañía ubicada en Leales por derrames químicos hacia el cauce de un arroyo.
Santiago del Estero volverá a recurrir a la justicia por contaminación de ingenio tucumano. La noticia fue confirmada por el fiscal de Estado provincial, doctor Raúl César Abate, que sobrevoló el arroyo Mixta que llega a la localidad de Leales, donde funciona la compañía.
El doctor realizó el relevamiento junto al defensor del pueblo santiagueño, Dr. Lionel Suárez y el secretario del Agua, Sergio Zaltz y el Dr. Ricardo Pérez Neme.
"Hemos podido comprobar que por el arroyo Mixta corría agua de un color verdoso claro, muy raro, lo que develaba la presencia de algún líquido químico. Bajamos en el lugar y tomamos muestras del agua para que sean analizadas, y podamos saber qué tipo de químicos se están derramando al curso de ese arroyo", explicó el fiscal al sitio El Liberal.
El operativo fue realizado debido a la aparición de peces muertos en el arroyo, que fueron vistos durante los primeros tres días de esta semana. al ser notificado, inmediato se trasladó hasta el lugar con un equipo de expertos para comprobar la veracidad de la información recibida.
La demanda sería presentada en los próximos días, una vez que finalicen los estudios que determinarán qué tipo de químico se está volcando al curso de agua, entre otros informes que solicitó el doctor Raúl Abate para fundamentar su demanda.
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Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Raúl César Abate, fiscal de Estado de la vecina provincia, denunciará a la compañía ubicada en Leales por derrames químicos hacia el cauce de un arroyo.
Santiago del Estero volverá a recurrir a la justicia por contaminación de ingenio tucumano. La noticia fue confirmada por el fiscal de Estado provincial, doctor Raúl César Abate, que sobrevoló el arroyo Mixta que llega a la localidad de Leales, donde funciona la compañía.
El doctor realizó el relevamiento junto al defensor del pueblo santiagueño, Dr. Lionel Suárez y el secretario del Agua, Sergio Zaltz y el Dr. Ricardo Pérez Neme.
"Hemos podido comprobar que por el arroyo Mixta corría agua de un color verdoso claro, muy raro, lo que develaba la presencia de algún líquido químico. Bajamos en el lugar y tomamos muestras del agua para que sean analizadas, y podamos saber qué tipo de químicos se están derramando al curso de ese arroyo", explicó el fiscal al sitio El Liberal.
El operativo fue realizado debido a la aparición de peces muertos en el arroyo, que fueron vistos durante los primeros tres días de esta semana. al ser notificado, inmediato se trasladó hasta el lugar con un equipo de expertos para comprobar la veracidad de la información recibida.
La demanda sería presentada en los próximos días, una vez que finalicen los estudios que determinarán qué tipo de químico se está volcando al curso de agua, entre otros informes que solicitó el doctor Raúl Abate para fundamentar su demanda.
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Un cardenal que revela el tráfico de fauna
El cardenal en peligro de extinción robado en Horco Molle podría terminar en una feria
Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
“El tráfico de animales es muy frecuente y común en esta zona del norte, ¿quién no vio un loro o una cata en una jaula, en la casa de algún conocido? Tucumán tiene un gran comercio ilegal de aves, que se suelen vender en ferias. Estos animales son sacados de su ambiente natural y esto está prohibido por leyes provinciales y nacionales”, advirtió Diego Ortiz, encargado de rehabilitación de fauna de la reserva de Horco Molle.
De ese lugar, el lunes a la mañana robaron un cardenal en peligro de extinción. “No hay novedades de ese caso. Es un animal llamativo por sus colores y su canto. No iba a volver a volar nunca por un problema en un ala, pero estaba dentro de un plan de reproducción para salvar la especie”, lamentó.
Con todo, los cardenales no son los animales más traficados en la región. Según Ortiz, en esa categoría se encuentran las catas verdes, los loros habladores, las reinamoras y, en menor medida, los monos. “A estos últimos los suelen entregar a las reservas porque muerden y son agresivos. Ellos ven a un humano como su par”.
Prueba del tráfico resultan dos casos de 2015: en junio, en Villa Mariano Moreno rescataron a 70 aves, entre las que había incluso tucanes y guacamayos. Un mes después, liberaron en Trancas a 103 aves que fueron atraídas con grabaciones bajadas de internet.
Desde Horco Molle también se explicó que la mayoría de los animales que se venden de forma ilegal forman parte de la fauna autóctona del NOA, y que suelen abastecer el mercado interno. Sin embargo, existe todo un sistema aceitado para sacarlos del país.
“Por detrás hay un movimiento mayor, que mueve más dinero. Una persona del campo caza a un animal y se lo entrega a un acopiador. Este lo envía, junto con otros especímenes, a Buenos Aires. De allí, viajan al exterior y son comprados por coleccionistas. Por supuesto, con cada eslabón se encarece el precio, pero desconozco cuánto se paga. Además, se los traslada en condiciones peligrosas para ellos y muchos mueren”, explicó Ortiz.
Para tener una referencia, el director de la reserva ecológica, Juan Pablo Juliá, dijo que el ave que sustrajeron de Horco Molle tiene un valor que aproximado de entre $ 15.000 y $ 20.000. “O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”, reflexionó.
En otro sentido, el encargado de rehabilitación informó sobre los problemas que puede tener un animal en cautiverio. “En principio, suelen sufrir mucho estrés. Además, las aves se golpean contra la jaula al intentar huir y no reciben la nutrición necesaria. Ante este cuadro, pueden morir. Para tener mascotas, siempre es mejor optar por un perro, un gato o un conejo”.
Por último, Ortiz señaló que reciben muchos animales en la reserva, pero que no todos están en condiciones de recuperar. “Se evalúa su condición. Hay algunos que no pueden volver a su entorno. Por ejemplo, aquellas aves que fueron criadas desde pichones con humanos. Estas no logran advertir los peligros de la vida silvestre, algo que consiguen viendo a sus padres”, cerró.
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Fecha de Publicación: 30/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
“El tráfico de animales es muy frecuente y común en esta zona del norte, ¿quién no vio un loro o una cata en una jaula, en la casa de algún conocido? Tucumán tiene un gran comercio ilegal de aves, que se suelen vender en ferias. Estos animales son sacados de su ambiente natural y esto está prohibido por leyes provinciales y nacionales”, advirtió Diego Ortiz, encargado de rehabilitación de fauna de la reserva de Horco Molle.
De ese lugar, el lunes a la mañana robaron un cardenal en peligro de extinción. “No hay novedades de ese caso. Es un animal llamativo por sus colores y su canto. No iba a volver a volar nunca por un problema en un ala, pero estaba dentro de un plan de reproducción para salvar la especie”, lamentó.
Con todo, los cardenales no son los animales más traficados en la región. Según Ortiz, en esa categoría se encuentran las catas verdes, los loros habladores, las reinamoras y, en menor medida, los monos. “A estos últimos los suelen entregar a las reservas porque muerden y son agresivos. Ellos ven a un humano como su par”.
Prueba del tráfico resultan dos casos de 2015: en junio, en Villa Mariano Moreno rescataron a 70 aves, entre las que había incluso tucanes y guacamayos. Un mes después, liberaron en Trancas a 103 aves que fueron atraídas con grabaciones bajadas de internet.
Desde Horco Molle también se explicó que la mayoría de los animales que se venden de forma ilegal forman parte de la fauna autóctona del NOA, y que suelen abastecer el mercado interno. Sin embargo, existe todo un sistema aceitado para sacarlos del país.
“Por detrás hay un movimiento mayor, que mueve más dinero. Una persona del campo caza a un animal y se lo entrega a un acopiador. Este lo envía, junto con otros especímenes, a Buenos Aires. De allí, viajan al exterior y son comprados por coleccionistas. Por supuesto, con cada eslabón se encarece el precio, pero desconozco cuánto se paga. Además, se los traslada en condiciones peligrosas para ellos y muchos mueren”, explicó Ortiz.
Para tener una referencia, el director de la reserva ecológica, Juan Pablo Juliá, dijo que el ave que sustrajeron de Horco Molle tiene un valor que aproximado de entre $ 15.000 y $ 20.000. “O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”, reflexionó.
En otro sentido, el encargado de rehabilitación informó sobre los problemas que puede tener un animal en cautiverio. “En principio, suelen sufrir mucho estrés. Además, las aves se golpean contra la jaula al intentar huir y no reciben la nutrición necesaria. Ante este cuadro, pueden morir. Para tener mascotas, siempre es mejor optar por un perro, un gato o un conejo”.
Por último, Ortiz señaló que reciben muchos animales en la reserva, pero que no todos están en condiciones de recuperar. “Se evalúa su condición. Hay algunos que no pueden volver a su entorno. Por ejemplo, aquellas aves que fueron criadas desde pichones con humanos. Estas no logran advertir los peligros de la vida silvestre, algo que consiguen viendo a sus padres”, cerró.
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Increíble, se robaron un cardenal amarillo de una reserva
Insólito: se robaron de una reserva un cardenal amarillo en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 28/07/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Tucumán
ladrones ingresaron al predio y se llevaron dinero, electrodomésticos y también al ave, que iba a ser derivada a Buenos Aires a un proyecto de conservación.
Los ladrones no dejaron ni el loro dice un dicho popular. En esta ocasión los delincuentes que se llevaron la recaudación del fin de semana y electrodomésticos de la Reserva Natural de Horco Molle se alzaron además con un ave en peligro de extinción, que puede alcanzar un valor de 20.000 pesos en el mercado negro. La denuncia de los hechos fue realizada por el director de la reserva, Juan Pablo Juliá, a quien le llamó mucho la atención que se llevaran el ave, un cardenal amarillo que se encontraba en su jaula y bajo llave en la veterinaria del parque. Además era el único de su especie en Tucumán.
El cardenal, según explicó el funcionario estaba por ser derivado a un proyecto de conservación en Buenos Aires. Además indicó que “es un ave muy valiosa, con valores entre 15 y 20 mil pesos en el mercado negro. O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”. Por su parte el veterinario de la reserva, que pertenece a la Universidad de Tucumán, dijo que el ave no podía volar, tenía las alas cortadas, por eso lo iban a derivar al programa de conservación. El profesional agregó que el cardenal amarillo “está en peligro de extinción por dos motivos: por la destrucción de su hábitat y por la captura por parte de los individuos. Son muy codiciados por su canto y por el color de sus plumas. Pero la gente tiene que saber que la venta y la tenencia de fauna silvestre es ilegal. Hay que parar de comprar y de capturar animales”.
Los ladrones se llevaron 80.000 pesos que fue la recaudación del último fin de semana de vacaciones de invierno en la provincia, un microondas y una balanza electrónica. En su página de Facebook, Reserva Experimental de Horco Molle, se indica que “nos entristece informar que en la noche del 23 al 24 del corriente, sufrimos un robo en nuestras instalaciones en Horco Molle. Los ladrones sustrajeron el dinero de la recaudación, algunos equipos de la veterinaria y cocina de animales y un cardenal amarillo, que se ve en la foto. El cardenal amarillo es un ave amenazada y este en concreto estaba en tratamiento en la veterinaria para ser derivado a un centro de cría en Buenos Aires. Cualquier información sobre su paradero es bienvenida. La causa está en manos de la justicia federal”.
El pasado 25 de abril, en el marco de la Semana de los Animales, se anunciaba la llegada del cardenal y se manifestaban en contra del tráfico de animales. El post expresaba que “Los cardenales amarillos son una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat o por su aprovechamiento comercial de forma ilegal. La semana pasada se recibió un ejemplar de cardenal amarillo en la Reserva, derivado por la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Catamarca. Lamentablemente no podrá regresar a su hábitat ya que cortaron sus alas para mantenerlo en cautiverio. Recuerda que la mejor forma de proteger nuestra biodiversidad es terminar con este tipo de prácticas... Decí #Noalcomerciosilvestre”.
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Fecha de Publicación: 28/07/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Tucumán
ladrones ingresaron al predio y se llevaron dinero, electrodomésticos y también al ave, que iba a ser derivada a Buenos Aires a un proyecto de conservación.
Los ladrones no dejaron ni el loro dice un dicho popular. En esta ocasión los delincuentes que se llevaron la recaudación del fin de semana y electrodomésticos de la Reserva Natural de Horco Molle se alzaron además con un ave en peligro de extinción, que puede alcanzar un valor de 20.000 pesos en el mercado negro. La denuncia de los hechos fue realizada por el director de la reserva, Juan Pablo Juliá, a quien le llamó mucho la atención que se llevaran el ave, un cardenal amarillo que se encontraba en su jaula y bajo llave en la veterinaria del parque. Además era el único de su especie en Tucumán.
El cardenal, según explicó el funcionario estaba por ser derivado a un proyecto de conservación en Buenos Aires. Además indicó que “es un ave muy valiosa, con valores entre 15 y 20 mil pesos en el mercado negro. O se lo llevaron al azar porque es un pájaro muy bonito y les gustó, o es alguien que conoce de pájaros y sabía que era valioso”. Por su parte el veterinario de la reserva, que pertenece a la Universidad de Tucumán, dijo que el ave no podía volar, tenía las alas cortadas, por eso lo iban a derivar al programa de conservación. El profesional agregó que el cardenal amarillo “está en peligro de extinción por dos motivos: por la destrucción de su hábitat y por la captura por parte de los individuos. Son muy codiciados por su canto y por el color de sus plumas. Pero la gente tiene que saber que la venta y la tenencia de fauna silvestre es ilegal. Hay que parar de comprar y de capturar animales”.
Los ladrones se llevaron 80.000 pesos que fue la recaudación del último fin de semana de vacaciones de invierno en la provincia, un microondas y una balanza electrónica. En su página de Facebook, Reserva Experimental de Horco Molle, se indica que “nos entristece informar que en la noche del 23 al 24 del corriente, sufrimos un robo en nuestras instalaciones en Horco Molle. Los ladrones sustrajeron el dinero de la recaudación, algunos equipos de la veterinaria y cocina de animales y un cardenal amarillo, que se ve en la foto. El cardenal amarillo es un ave amenazada y este en concreto estaba en tratamiento en la veterinaria para ser derivado a un centro de cría en Buenos Aires. Cualquier información sobre su paradero es bienvenida. La causa está en manos de la justicia federal”.
El pasado 25 de abril, en el marco de la Semana de los Animales, se anunciaba la llegada del cardenal y se manifestaban en contra del tráfico de animales. El post expresaba que “Los cardenales amarillos son una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat o por su aprovechamiento comercial de forma ilegal. La semana pasada se recibió un ejemplar de cardenal amarillo en la Reserva, derivado por la Dirección de Biodiversidad de la provincia de Catamarca. Lamentablemente no podrá regresar a su hábitat ya que cortaron sus alas para mantenerlo en cautiverio. Recuerda que la mejor forma de proteger nuestra biodiversidad es terminar con este tipo de prácticas... Decí #Noalcomerciosilvestre”.
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Revocan sobreseimiento a responsables del ingenio
Procesaron a los responsables del ingenio azucarero Cruz Alta por contaminar la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Justicia ordena la paralización de La Alumbrera
La Cámara Federal ordenó suspender actividades a la minera La Alumbrera en Catamarca
Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Cámara Federal de Tucumán ordenó hoy "la suspensión inmediata" de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen pericias sobre contaminación y la empresa acredite "haber contratado" un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.
En el fallo, firmado hoy por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.
Al admitir la cautelar, la cámara resolvió "ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados 'Bajo de la Alumbrera' y 'Bajo el Durazno'", al señalar que ambos se encuentran "ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora" en Andalgalá.
De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que "se realicen los informes periciales in situ solicitados" por la demandante y "hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño".
La definición de la cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.
La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.
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Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Cámara Federal de Tucumán ordenó hoy "la suspensión inmediata" de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen pericias sobre contaminación y la empresa acredite "haber contratado" un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.
En el fallo, firmado hoy por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.
Al admitir la cautelar, la cámara resolvió "ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados 'Bajo de la Alumbrera' y 'Bajo el Durazno'", al señalar que ambos se encuentran "ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora" en Andalgalá.
De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que "se realicen los informes periciales in situ solicitados" por la demandante y "hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño".
La definición de la cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.
La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.
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