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Gobierno de Salta convoca a audiencias para desmontar

 


Greenpeace denuncia que el gobernador de Salta dio vía libre a los desmontes en la pandemia

Fecha de Publicación
: 25/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Salta


La organización ecologista denunció que Salta pretende habilitar en un mes más hectáreas de las que se deforestaron durante el año pasado.La agrupación ecologista Greenpeace alertó que el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señaló la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.  
En 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta, según el monitoreo que realiza Greenpeace comparando imágenes satelitales.
Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.         

Pedidos
Greenpeace detalló que los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar son:
- 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal,  solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
- 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
- 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
- 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud,  solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
- 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
 - 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA  S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
- 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
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Nuevo caso de tráfico de loros habladores

 


Detienen una camioneta que transportaba en la caja 400 loros habladores

Fecha de Publicación
: 21/01/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Santiago del Estero


El vehículo  fue detenido por Gendarmería Nacional en la ruta 16.Los compradores de aves habrían visitado parajes de Salta.
Una camioneta cargada con más de 400 ejemplares de loros habladores, especie que se cría y reproduce únicamente en la zona de la llanura chaqueña, fue decomisada por Gendarmería Nacional. Tres personas quedaron imputadas por los delitos contra el medio ambiente, en tanto los pichones están siendo alimentados para ser devueltos a su hábitat natural, cuando estén en condiciones de hacerlo.
El procedimiento informado se produjo sobre ruta 16, en jurisdicción ya de Monte Quemado.
Personal de Gendarmería detectó en una camioneta 400 loros habladores que iban a ser vendidos en el sur del país, donde cada ejemplar se cotiza según internet a más de 50.000 pesos cada uno.
A los detenidos (cuatro) se les abrió una causa por encontrarse en infracción a la ley 4.802 ley de protección de fauna silvestre.
La cantidad de aves que transportaba la camioneta era productos de un acopio previo de los compradores de aves silvestres, que ingresan a nuestra provincia y adquieren en distintos puntos del chaco salteño, ésta y otras especies en extinción, para abastecer un mercado interno y de exportación de la fauna silvestre del chaco.
El procedimiento se realizó ayer domingo, en horas de la mañana, por efectivos de la Sección “Monte Quemado” sobre ruta nacional 16, en un paraje colindante con nuestra provincia.
Los 400 loros delataron al conductor cuando inspeccionaron su Toyota Hilux.
El traficante de fauna, de nacionalidad argentina, se encontraba acompañado por otras tres personas.
Al momento del registro del rodado, los gendarmes escucharon los pedidos de socorro de los 400 amontonados en cajones de tomates y cubiertos por un cobertor.
400 loros de la especie Amazonas Aestiva (loros habladores) estaba ya listos presumiblemente para su comercialización.
Los demorados no fueron detenidos, sino informados de la causa que se les abrió.
En tanto, los cientos de ejemplares de estas aves fueron entregados a personal de la Dirección de Fauna y Bosques de la provincia de santiago del Estero.
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Salta: una audiencia para desmontar selva de alto valor

 


Audiencia para desmontar casi 6 mil hectáreas en Orán  

Fecha de Publicación
: 14/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El lugar donde se propone el "cambio de uso de suelo" se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la provincia.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a una audiencia pública para tratar un pedido de la firma Quebracho Colorado SA para desmontar un total de 5.794,77 hectáreas en la finca Chaguaral, en el departamento Orán. Llamativamente, la Provincia considera ahora la posibilidad de autorizar deforestar una zona donde ella misma avaló la puesta en práctica de un plan de conservación de la reserva de flora y fauna Los Palmares.
Esta contradicción fue destacada por el doctor en Ciencias Ambientales Andrés Leake, de la Fundación Refugio, y por la organización ambientalista Greenpeace, que en una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, destacó que se pretende desmontar "uno de los últimos macizos de quebracho colorado de la región chaqueña" y además, el territorio que se quiere destinar a agroganadería "se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia".
Según se detalla en la convocatoria a la audiencia pública, publicada en el Boletín Oficial de Salta, Quebracho Colorado pidió hacer un cambio de uso de suelo con fines de agroganadería en el inmueble 30.737, donde prevé ejecutar el proyecto en dos módulos productivos, por un lado, "la habilitación de 2.764,97 ha netas en la primera etapa y 2.959,77 ha netas en la segunda etapa", lo que da el total de 5.794,77 hectárea.
Asimismo, la firma propone dejar 3.865,86 hectáreas "de protección y reserva" y la Secretaría de Ambiente indicó que la habilitación, el control, monitoreo y aprobación de los módulos queda supeditada a la presentación por parte de la firma de "un informe circunstanciado".
La audiencia pública es para que quienes tengan interés o derecho se expresen sobre el impacto ambiental y social que provocará el cambio de uso de suelo propuesto por la firma. La audiencia se hará hoy, a partir de las 9, en el salón/tinglado "Rómulo Anselmo Torres", ubicado en la intersección de las rutas provinciales 5 y 13, en la pequeña localidad de La Estrella, en el mismo departamento Orán.
"Se trata de áreas críticas de conectividad regional, entre las Yungas, el Chaco, la zona ribereña del Bermejo. Justo por esta zona también pasa la propuesta del Corredor Yaguareté", enfatizó Leake, quien ratificó que se trata de una zona de monte en buen estado de conservación, donde se encuentra "el último macizo grande de quebracho colorado en esa zona". "Hay un montón de motivos por los cuales no se debería estar tocando esta zona", añadió.
Destacó que si bien la zona fue categorizada como verde en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), realizado bajo las disposiciones de la Ley de Bosques, esto estaría demostrando "la necesidad de revisar el OTBN", porque no se actualizó desde 2014 y "yo creo que eso juega a favor de quienes tienen interés en desmontar".
Leake también resaltó "la contradicción tan fuerte que hay en la misma Secretaría (de Ambiente de Salta), que por un lado avaló ese trabajo de 2013" del Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia y ahora permite avanzar un desmonte en una de las zonas más críticas, sabiendo de esa situación, y eso no está reflejado en el plan de desmonte".

Crisis climática-sanitaria
El especialista ambiental consideró "lamentable" que la Provincia avance con autorizaciones de desmontes "sin realmente tomar en cuenta y medir la dimensión de la crisis ambiental ante la cual estamos: el cambio climático, la pandemia, la relación de la pandemia con el deterioro ambiental. Nada de eso parece estar contemplado en estos planes", advirtió.
Estas son las primeras audiencias que se hacen este año. El año pasado, debido a la pandemia, las autorizaciones para desmontar habían quedado suspendidas. En cambio, ahora están "haciendo convocatorias a audiencias públicas pero justo a fin de año y a principios de año, cuando la gente está de vacaciones. El 7 de enero, en Joaquín V. González, se hizo una audiencia para desmontar 662 hectáreas con fines agroganaderos en la finca Los Colorados. Varios vecinos se opusieron, pero las audiencias no son vinculantes.
En su carta a Sáenz y al ministro Cabandié, Greenpeace manifestó su "gran preocupación" porque en la provincia las convocatorias a audiencias públicas para cambio de uso de suelo "se siguen realizando, desconociendo la actual crisis climática-sanitara que atraviesa el planeta". "Los desmontes representan un indiscutible crimen que debe ser detenido. No hay ninguna razón más importante que la propia supervivencia mientras estemos a tiempo de conservar los bosques que aún se encuentran en pie, más allá de la zonificación otorgada en el mapa de OTBN", señaló la ONG.
Asimismo, afirmó que ya "es tiempo de que se revea el paisaje regional ya que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, se encuentra vencido desde 2014".
Y recordó que, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, han desaparecido entre 2014 y 2019, 176.563 hectáreas de bosques en Salta, provincia que ha liderado la deforestación en Argentina en los últimos años, junto a Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Respecto al pedido de autorización de Quebracho Colorado para desmontar las casi 6 mil hectáreas en Chaguaral, la ONG sostuvo que "al estar comprendida esa zona en el corredor de Yaguarete y Chaco - Yungas, mas AGTI de Los Palmares, no debería autorizarse dicho desmonte".
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Ocelote gravemente herido es rescatado en Salta

 


Rescataron en Salta un ejemplar de ocelote que estaba gravemente herido

Fecha de Publicación
: 07/01/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


Los veterinarios que lo asistieron aseguraron que su pronóstico es reservado
Dos efectivos de la Gendarmería de la sección “Aguas Blancas”, que retornaban a sus domicilios en la ciudad salteña de Orán luego de prestar servicios, observaron a un animal felino de la especie Ocelote visiblemente herido sobre la Ruta Nacional N°50, a la altura del kilómetro 3 cercano al sector conocido como “El Trigal”.
Ante esta situación, los gendarmes trasladaron inmediatamente al ejemplar a una clínica veterinaria para ser asistido por un profesional, quien diagnosticó que el felino poseía escasa probabilidad de vida. Seguidamente, le suministró antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y un protector hepático con un pronóstico reservado.
Se tomó contacto con la Dirección de Fauna de la provincia de Salta para el traslado del animal a la ciudad de Salta, como así también con personal del Parque Nacional “Baritú” de la provincia, que confirmó que se trata de una especie (nombre científico Leopardus Pardalis) de interés de conservación de fauna nacional y no califica en peligro de extinción.
El animal permanece en las instalaciones de la Subunidad hasta el arribo del personal especializado y se labraron las actas correspondientes en el marco de la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna”.
Cabe recordar que la Universidad Nacional del Nordeste informó meses atrás que, a través de un proyecto interinstitucional, monitorearon félidos silvestres en Corrientes y que se registraron 230 individuos pertenecientes a 15 especies de mamíferos, entre ellos, pumas y ocelotes.
En el análisis respecto de la situación de los felinos en Argentina, remarcaron que “la mayoría de las especies de félidos se encuentran en un estado de conservación desfavorable por la destrucción y fragmentación de su hábitat y por otros factores como la caza furtiva”.
“Esta situación torna importante realizar un monitoreo de las especies para conocer su distribución y ecología, en particular en las especies menos frecuentes de observar”, señaló la UNNE en el documento.
Manifestaron, además, que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena) y el Laboratorio de Ornitología y Mastozoología (Laboma) desarrollan líneas de investigación para estudiar la comunidad de mamíferos medianos y grandes asociados a bosques restaurados en el nordeste de Corrientes.
Se trata del proyecto “Relevamiento de mamíferos en áreas en proceso de restauración de la Reserva Natural Rincón de Santa María-Corrientes”, que se ejecuta en dicha reserva del nordeste de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes.
“Los objetivos son registrar e identificar las especies de mamíferos de mediano y gran porte que hacen uso de las áreas en proceso de restauración de la Reserva, y también describir la abundancia y diversidad de mamíferos de mediano y gran porte presentes en el área de estudio”, explicaron. Sobre las técnicas utilizadas para el relevamiento, se detalló el uso de “una combinación de técnicas de muestreo como el fototrampeo”.
“El uso de cámaras trampa que permiten identificar y registrar mamíferos evasivos, que se mueven largas distancias o que están en bajas densidades, y además posibilita la detección de especies nocturnas”, explicaron desde el estudio.
Y respecto de los resultados del relevamiento realizado, informaron que “hasta el momento se obtuvieron 230 individuos pertenecientes a 15 especies de mamíferos silvestres distribuidos en 10 familias, siendo los cánidos y félidos los más abundantes”.
“Entre las especies de felinos registradas, tres son poco frecuentes de observar: el gato de pantanal, el ocelote y el puma”, mencionaron sobre el hallazgo. Marlene Zaracho, integrante del equipo de investigación del Laboma (Facena-UNNE), afirmó que estos registros de félidos son de gran importancia para conocer su distribución y contribuir a su conservación y manejo”.
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Desmonte en Salta con resolución innovadora

 


Innovadora sanción por participar de un desmonte en Salta

Fecha de Publicación
: 30/12/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


La resolución de la Justicia constituye un precedente novedoso que involucra la restauración del predio afectado a su estado previo y el financiamiento de material de concientización sobre esta problemática.
A partir de una sentencia inédita que constituye el primer antecedente de este tipo en el país, dos productores rurales del sur de la provincia de Salta deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña local de concientización para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, según lo resuelto por el juez federal de Garantías Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas en el marco de la causa iniciada por una denuncia de la Administración de Parques Nacionales (APN) en diciembre de 2019, tras detectar un cargamento de quebracho que era extraído desde la Reserva Nacional Pizarro.
En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek, y la acusación se enmarcó en la figura de “encubrimiento por ánimo de lucro”. Aunque no provocaron el daño de la tala de manera directa, la Fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores rurales en la cadena de logística necesaria para el traslado de los ejemplares extraídos ilegalmente de la Reserva Nacional.
De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la Reserva Nacional Pizarro. En el mismo se encuentra la Comunidad wichí Eben Ezer, que cuenta con un acuerdo con la APN para habitar un área determinada y desarrollar allí proyectos comunitarios sostenibles.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN, Natalia Cardozo, indicó: “Es la primera vez que resolvemos de esta manera un litigio de estas características, incluyendo material de concientización para cumplir con la Ley General del Ambiente y la restauración del predio afectado a su estado inicial, antes de producirse el daño. Por eso se trata de un precedente novedoso”.
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Dos audiencias para desmontar 6000 hectáreas en Salta

 


Audiencias públicas para deforestar más de 6 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 18/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Serán el 8 y 12 de enero de 2021 en los departamentos Anta y Orán. Pese a la pandemia de la covid-19, siguen sin digitalizar los expedientes para que sean consultados en línea.
Más de 6000 hectáreas son las que se prevén desmontar para generar proyectos de agroganadería en el Chaco salteño. Así surge de la publicación, en el Boletín Oficial de Salta, de dos convocatorias a audiencias públicas.
Uno de los pedidos, de la firma Baba SRL, es en un inmueble de Anta, la Finca Los Colorados. Solicitó la autorización del desmonte “con fines de ganadería” en una superficie de 662 hectáreas netas a deforestar, con 291 restantes de protección o ‘reserva’". La audiencia está prevista para el 7 de enero, un día después de Reyes Magos, y en plenas vacaciones para la mayoría de la población salteña. Se hará a partir de las 10 en el Salón Municipal de la Casa de la Cultura de Joaquín V González, en el departamento Anta.
El segundo pedido, que fue publicado ayer, es de la firma Quebracho Colorado. Solicita el desmonte de 2.764,97 hectáreas netas en una primera etapa y 2.959,77 hectáreas netas en la segunda. Se propone dejar 3.865,86 hectáreas para protección y reserva. La resolución sostiene que la posibilidad de continuar con la segunda etapa queda supeditada la habilitación de los módulos “a control, monitoreo y aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de un informe circunstanciado a cargo del proponente”. La deforestación es para generar un proyecto de agroganadería. En este caso, la audiencia está convocada el 12 de enero de 2021 a las 9 en el salón “Rómulo Anselmo Torres” de La Estrella, en Orán.
Entre ambas convocatorias se prevé la autorización de desmontes de 6.386,74 hectáreas en total.
Para ver el expediente y el detalle del impacto ambiental y social la Secretaría ofrece un horario de 9 a 14, con turno previo solicitado por teléfono, a “los fines de prevención del Covid-19”. “Por prevención es que podrían haber digitalizado los expedientes”, consideró el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake. Es que además del horario más que limitado y los turnos para ver el expediente, cada uno de ellos es entregado con un soporte digital en el que se anexan otros datos. Mientras que la Secretaría de Ambiente no avanza en esta posibilidad de transparentar la información, sí se publicó una resolución para la posible realización de audiencias públicas digitales. En general, las zonas de influencia de los desmontes no cuentan con conectividad.
La matrícula 30.737 de Orán, que Quebracho Colorado pidió desmontar, ya no continúa con ese número en la Dirección General de Inmuebles de la provincia. Por lo dispuesto en el Boletín Oficial, se deduce que la convocatoria publicada ayer es una re edición de aquella que fue publicada en marzo pasado pero fue suspendida ante el inicio de la cuarentena en el país.
Hasta donde se pudo averiguar, el desmonte que propone Quebracho Colorado se encuentra en una zona verde, es decir, que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, es pasible de desmonte. Sin embargo, este Ordenamiento está vencido desde el 14 de mayo de 2014. Así lo observó la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, en una nota enviada a la provincia el 26 de octubre pasado.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, le respondió al otro día: “quiero manifestarle que esta nueva gestión se encuentra avocada a cumplir con dicho mandato legal (de actualizar el OTBN), haciendo saber que, en alguna medida, las circunstancias sanitarias que hoy atraviesa nuestro país, dificultan los procesos previamente establecidos. No obstante ello, se avanzará a fin de dar cumplimiento cuanto antes con la actualización del OTBN, dado el tiempo transcurrido desde su vencimiento, sin que a lo largo de toda la gestión anterior se procurara dicha actualización”.
La actualización del Ordenamiento sigue en capilla mientras el desmonte avanza.

Una empresa desmontadora
Según surge de las audiencias publicadas en el Boletín Oficial desde 2007 hasta ahora, Quebracho Colorado solicitó el desmonte de unas 56.033,74 hectáreas en distintas fincas a su nombre ubicadas en Anta, San Martín y Orán.
El desmonte más grande pedido por esta empresa fue sobre 30.962 hectáreas del departamento San Martín en 2007. El proyecto de deforestación estaba trazado sobre parte del territorio ancestral wichí de la Comunidad de El Traslado, por lo que se había interpuesto un amparo. La firma, que es propiedad de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel, finalmente “acordó” con la Comunidad otorgarle 1.700 hectáreas. Destrabado el conflicto, las máquinas pasaron al desmonte. Sin embargo, hasta ahora la Comunidad no cuenta título de propiedad de las tierras. Esta es la misma Comunidad de donde era una niña fallecida por desnutrición ayer.
En 2007 la secretaria de Política Ambiental de la provincia, Catalina Buliubasich, suspendió la ejecución del desmonte aplicando el principio precautorio. Este prevé que cuando una actividad de desarrollo pueda producir "un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar las medidas para detenerlo". Pero el tiempo provisorio caducó un poco después de que Buliubasich renunciara al cargo, presuntamente por desencuentros con la política que quería llevar adelante la anterior gestión de gobierno, respecto a los desmontes en la provincia.
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Acuerdo político para explotación minera en la Puna

 


Catamarca y Salta firmaron un acuerdo para el desarrollo de la minería en la Puna

Fecha de Publicación
: 16/12/2020
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Catamarca - Salta


El Gobernador Raúl Jalil y su par de Salta, Gustavo Sáenz, firmaron un acuerdo para trazar líneas estratégicas que propicien el desarrollo de la minería puneña en las dos provincias. No obstante, ambos gobernadores dejaron establecido que lo consensuado no significa reconocimiento ni renuncia de los derechos territoriales y de los recursos naturales existentes en la zona de la Puna.
El Protocolo acordado establece líneas de trabajo estratégicas que permitan el desarrollo de toda la cadena de generación de materias primas en el lugar. Surge como continuidad del acuerdo realizado a finales del año pasado entre ambos gobernadores, con el objetivo de avanzar en la creación de proyectos de promoción que incentiven el desarrollo sustentable y adecuado de la actividad minera en el área limítrofe de las provincias.
“Con el Gobernador de Salta hemos decidido avanzar en este acuerdo estratégico para mejorar la productividad de la Puna catamarqueña y salteña”, dijo Jalil. Además agregó que, “Hay un conflicto de límites que en algún momento se va a resolver en las Cámaras Legislativas nacionales. Equipos técnicos de ambas provincias están trabajando para brindar la seguridad jurídica que los inversores y empresas necesitan. Queremos pensar una política turística para la Puna Catamarqueña y Salteña. Debemos pensar regionalmente para tener una estrategia común”.
Para determinar las acciones que desarrollen la actividad minera se decidió crear un equipo técnico mixto integrado por seis miembros, tres por cada provincia, que dará propuestas a los gobernadores y a las Legislaturas de ambas jurisdicciones.
El principal objetivo del equipo es proponer soluciones concretas sobre seguridad jurídica y fomento al proyecto minero denominado Sal de Oro, para luego incorporar otros proyectos.
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Salta: vueltra atrás con las "flexibilizaciones" de desmontes

 


La Secretaría de Medio Ambiente suspende las flexibilizaciones para desmontar

Fecha de Publicación
: 28/11/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


El gobierno dio marcha atrás con la quita de las audiencias públicas conforme a lo que exige la ley.
El gobierno de Salta decidió dar marcha atrás con las flexibilizaciones para poder desmontar en la provincia.
A través de la resolución 333/2020, la Secretaría de Ambiente preveía la suspensión de las audiencias, antes de desmontar; también mencionaba que era innecesario presentar estudio de impacto ambiental, antes de cambiar el uso de suelo.
Pero con una nueva resolución, la 411/20, se volvieron a instalar las audiencias públicas de acuerdo a lo establecido por la Ley 7.070, su Decreto Reglamentario Nº 3.097/00.
El 22 de Octubre, la agrupación ambientalista Greenpeace le pidió al gobernador Gustavo Sáenz que frenara esas medidas que favorecían la deforestación.

Una carta al gobernador
Greenpeace envió una carta al gobernador Gustavo Sáenz y a Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación.
En la carta la organización advertía que las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorias y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675.
El artículo 19 de la Ley 26.331 establece que “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Mientras que el artículo 26 dicta: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades. En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental”.
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Se perdieron 200 hectáreas de bosques por día en 8 meses

 


Denuncian que durante la cuarentena se deforestaron casi 50.000 hectáreas

Fecha de Publicación
: 10/11/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La ong asegura que "entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosques por día" en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
Durante la cuarentena, 48.656 hectáreas fueron desforestadas en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, según la organización Greenpeace que viene realizando un monitoreo sistemático a través de la comparación de imágenes satelitales a lo largo del tiempo.
Concretamente, esto implica que entre "entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosques por día", consignó la organización ambientalista en un comunicado.
"Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Santiago del Estero fue la jurisdicción con mayor pérdida de bosques nativos durante el ASPO -allí se desmontaron 19.673-, seguida de Salta (12.863), Formosa (10.011) y Chaco (6.109); cuatro provincias que "concentran el 80% de los desmontes del país" motorizados por "el avance de la frontera agropecuaria, por ganadería y soja".
"Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse", advirtió Giardini.
Greenpeace viene reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes en sus provincias.
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Salta impulsa los desmontes

 


Greenpeace denuncia maniobras para favorecer el desmonte en Salta

Fecha de Publicación
: 05/11/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Salta


Una resolución provincial permite prescindir de las audiencias públicas y de evaluaciones de impacto ambiental.
La decisión del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de prescindir de la realización de audiencias públicas y de una evaluación de Impacto Ambiental para llevar adelante los desmontes abrió un foco de conflicto en la provincia con organizaciones ambientalistas, que remarcan que se trata de una de las principales causas de las inundaciones.
Se trata de resolución de la secretaría de Ambiente que realizó una serie de modificaciones en cuanto a los requerimientos para autorizar desmontes. Hasta el momento, se exigía la realización de audiencias públicas. Ahora, el único requisito es la consulta a comunidades criollas e indígenas. A raíz de la pandemia, se dictó en septiembre, la resolución 123/20 para realizar las audiencias utilizando medios digitales. Comunidades originarias y criollas carecen de las herramientas necesarias para participar, por lo que quedan excluidos de cualquier debate.
Por este motivo, Greenpeace envió una carta al gobernador Sáenz y a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación por la nueva resolución. “Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorios y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”, explica la organización internacional en la carta dirigida a ambos funcionarios.
El desmonte es una de las principales causas de las inundaciones y afecta a comunidades cercanas a donde se desarrollan los proyectos agrarios. Existen claros precedentes de perjuicios ocasionados a comunidades, como lo ocurrido en Anta y Rivadavia en 2018. Más de 400 personas fueron evacuadas por inundaciones causadas por desmontes y quedaron en situación de calle, sin comida, ni techo.
Para Greenpeace, otro claro retroceso de las nuevas políticas provinciales es que deja de ser obligatoria la realización de la Evaluación del Impacto Ambiental para quienes presenten proyectos con modalidad silvopastoril y/o cualquier modalidad de ganadería integrada. El art 22 de la ley 26.331 exigía cinco condiciones para el otorgamiento de la autorización del desmonte mientras que la nueva resolución se reduce a un único: que sean menos de 1500 hectáreas de intervención. Incluso se convalidan todas las autorizaciones de desmontes realizadas con anterioridad a la resolución sin Evaluación de Impacto Ambiental.
Greenpeace advierte que “el monitoreo de deforestación realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial y debido a que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo. Por ende, la mayoría de los sistemas silvopastoriles son desmontes y, como tales, deben realizarse únicamente en la Categoría III (verde) y previa audiencia pública”.
Durante la pandemia, las actividades ilegales de extracción del bosque se han incrementado exponencialmente. En la zona de Anta, los campos tomados se han vuelto una zona liberada para talar montes nativos y sacar cargas de carbón y postes de quebracho colorado, por caminos clandestinos, hacia Chaco y otras provincias.
"Existe una verdadera asociación ilícita para saquear los bosques nativos aprovechando la pandemia y existe el riesgo de que terminen por arrollar con todo el bosque, destrozando especies arbóreas de una riqueza inconmensurable, pues por cada día talan árboles que fueron formados después de cientos de años de trabajo de la naturaleza" , denunció Agropecuaria Andorrana, la empresa dueña de un extenso campo afectado en la zona.
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Salta anuncia la primera mina metalífera a cielo abierto


 


El relato del medio ambiente: Salta anuncia más minería

Fecha de Publicación
: 29/10/2020
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Salta


Queda claro que el cuidado del medio ambiente es apenas un relato para los gobiernos. Salta anunció el inicio de producción de minería de oro a cielo abierto.
La mina Lindero, que explota la empresa Mansfield, realizó la fundición del primer lingote de metales preciosos, de cobre y oro, y se convirtió así en la primera mina metalífera a cielo abierto de Salta, que comenzará su producción en el primer trimestre del año que viene. Queda claro que el cuidado del medio ambiente es apenas un relato por parte de los gobiernos, cualquiera sea la bandería política. El extractivismo salvaje continúa su curso, y no frenó ni un ápice a pesar de la pandemia del covid-19.
“Es la primera mina metalífera de Salta a cielo abierto, en la Puna salteña, que logró su primer lingote de metales preciosos, principalmente cobre y oro, a nivel de prueba del proceso”, dijo a Télam el secretario de Minería provincial, Ricardo Alonso.
 El funcionario explicó que se trata de “una mina de mediana a chica”, que avanzó en “la demostración que el sistema funciona”, y ahora viene la etapa de “ajustar todos los tornillos para trabajar a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con todas las condiciones climáticas de la Puna”.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el gerente general de la minera Mansfield, Wilber Zamora; y los gerentes Facundo Huidobro y Agustín Frezze, en la Casa de Gobierno.
“Estas son buenas noticias en medio la pandemia, y uno de los mejores ejemplos que demuestran que para llevar adelante algo en minería es necesaria una política de estado con continuidad, reglas de juego claras y seguridad jurídica”, expresó el secretario de Minería salteño.
La planta de la minera está ubicada en el Salar de Arizaro, en la Puna salteña. La compañía minera dice que trabaja en los proyectos de sostenibilidad en temas de "seguridad, medio ambiente y desarrollo humano, con las comunidades salteñas de Tolar Grande, Pocitos y San Antonio de los Cobres".
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Salta avanza con tres proyectos de renovables

 


Prevén redes de energía solar en 13 localidades de la Puna

Fecha de Publicación
: 22/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Así lo anunció el titular de REMSa, Alberto Castillo. Especialistas consideraron una buena iniciativa, aunque aclararon que para generar verdadero desarrollo EDESA debe extender el tendido eléctrico.
El titular de REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA), Alberto Castillo, anunció ayer que desde esa sociedad anónima con participación estatal mayoritaria están por lanzar una licitación para avanzar con micro redes híbridas en 13 localidades de la Puna salteña a las que aún no llegó el tendido eléctrico.
El proyecto consiste en el diseño, instalación y puesta en servicio de las 13 redes mediante sistemas de paneles solares, “todo esto puesto en servicio de generar grandes beneficios, el incremento de la eficiencia energética y la disminución del impacto ambiental”, dijo el funcionario.
Castillo explicó que la idea es llegar a aquellas poblaciones que no tienen energía eléctrica a través de la red interconectada nacional por estar aisladas y con poca población, “la única manera que tienen de acceder es a través de un grupo electrógeno a base de gasoil, que es energía contaminante y tenemos que aprovechar la radiación solar de nuestra provincia, que es uno de los 7 lugares en el mundo con mayor irradiación solar”.
A su vez, indicó que para avanzar con el proyecto realizaron reuniones con ESED (la subsidiaria de EDESA para abastecer de energía a zonas rurales dispersas), la Secretaría de Energía de la Provincia, el Ente Regulador de Servicios público (ENRESP) y REMSa. Allí se estudiaron los proyectos existentes, “su viabilidad y su ejecutividad, y hemos logrado avanzar con esas 13 localidades que por ahora no tienen posibilidad de que se conecten a ninguna red eléctrica”.
“Ni siquiera (podrían conectarse) a la planta fotovoltaica de Olacapato, que se está por inaugurar, porque los 200 megavatios que produce van al sistema interconectado de CAMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)”, añadió Castillo, haciendo mención al emprendimiento que se está realizando con capitales franceses en el departamento Los Andes, muy cerca del poblado de Olacapato y San Antonio de Los Cobres, que aún hoy se abastecen de energía no renovable con grupos electrógenos.
El funcionario señaló que con esos “pequeños parques, de acuerdo al consumo que tiene cada localidad" quieren "ver cómo podemos generar energías renovables en el rango que va de las 8 de la mañana a las 17” y por la tarde se volvería al sistema tradicional, de esa manera se abaratarían costos y se lograría suministrar energía eléctrica las 24 horas. Si bien el objetivo sería lograr pasar a una segunda etapa con baterías dispuestas para acumular la energía obtenida, “pero ahí la inversión ya es muy grande”.
Detalló además que los tres primeros estudios técnicos ya estaban presentados a través de una firma Española “y cumplían con todos los requerimientos” para avanzar en Olacapato, Cobres y Santa Rosa de los Pastos Grandes. Por lo que queda por determinar, contó el ex edil capitalino, si la licitación se realiza solo por la obra y luego se cede a la proveedora de energía eléctrica, EDESA, para su distribución y cobro, o se llama a concurso público a Pymes energéticas “que hagan la inversión y luego le vendan la energía a EDESA”.
Asimismo, informó que ya se está trabajando en los proyectos ejecutivos para las demás localidades, “la idea es que en estos tres años hagamos toda esa transformación”. “Eso generaría al mismo tiempo desarrollo para la zona y generaría más puestos de trabajo en las localidades”, subrayó. En ambos casos, y como sucede en otras provincias debido a que esta energía es más cara por la inversión realizada, el costo extra se distribuye entre todos los usuarios de una manera proporcional.
“San Antonio de los Cobres, por ejemplo, gasta más de dos millones de pesos al mes en gasoil, y en otras localidades como Los Toldos hay meses que hay que llevar el combustible en helicóptero”, contó.
Las localidades elegidas son San Antonio de los Cobres, Iruya, Islas de Cañas, La Poma, Los Toldos, Santa Victoria Oeste, Nazareno, Olacapato, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Tolar Grande, Amblayo y Cobres.
Alberto Castillo aseguró que hay pequeñas y medianas empresas nacionales que pueden hacer frente a obras de esa magnitud “y que ya están esperando los pliegos de licitación”.
En caso de no surgir interesados para realizar las obras, que demandan mucha inversión y no se recupera de manera inmediata, dijo que en REMSa están pensando en constituir fondos de infraestructura de obra o fideicomisos “con los cuales se pide a algún banco la financiación y después se lo va cobrando a través de la boleta de luz”. “Incluso puede determinarse que los fondos los pone el Estado si no hay financiación”, concluyó.

Bueno pero limitado
Consultado por Salta/12 sobre el verdadero alcance de los anuncios, el analista en energía de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gustavo Barbarán, consideró que es un buen paso para disminuir los costos energéticos en esas localidades y que puedan recibir electricidad las 24 horas.
Pero relativizó su potencial en cuanto a generar desarrollo local, e indicó que ese trabajo ya se venía realizando a través del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), un programa dependiente de la Secretaría de Energía de Nación que brinda acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural del país que no tiene luz por estar alejada de las redes de distribución, y que en su tercera etapa preveía avanzar en poblados como los que mencionó REMSa.
Barbarán explicó que ese programa nacional ya tiene varios proyectos en cartera y “de hecho el año pasado ya cerró uno en Luracatao, que son como cinco o seis caseríos interconectados a una planta solar”.
En cuanto a la presentación de Castillo, el especialista aclaró que “no es un mega proyecto, el de Jujuy o el de Olacapato son mega proyectos, en este caso es cambiar la matriz de generación en localidades que ya tenían abastecimiento con grupos electrógenos”.
Subrayó que no se pueden medir estos emprendimientos respecto del impacto ambiental por ser una emisión residual en cuanto a las pocas horas que funcionan los generadores y el consumo que realizan, y porque “pensarlo así es poner el carro delante de los caballos cuando lo que hay que garantizar es el derecho al servicio eléctrico como todos los ciudadanos”.
Sí lo valoró por el costo que equivale para los municipios “y prestar el servicio las 24 horas si es a un precio accesible, aunque terminemos pagando todos la inversión de manera prorrateada que casi ni nos damos cuenta”.
Consideró valorable mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Puna, “pero no cambia la matriz energética de Salta ni generará desarrollo local, ya que para eso se necesitaría mayor inversión y que EDESA llegue con un verdadero tendido eléctrico a toda la región, algo que no quieren porque es muy costoso”.
Agregó que todos los Valles Calchaquíes también necesitarían avanzar en un mejor tendido para desarrollarse de una mejor manera, “cada vez que sopla viento se quedan sin energía”, indicó.
Barbarán explicó que estos pequeños emprendimientos, pueden abastecer de luz a cada una de las casas de esos pueblos, pero nunca darían abasto para poder instalar algún emprendimiento productivo con esos generadores.
“No se puede pensar en abastecer a una minera, por ejemplo, o avanzar en lo que se planteaba en algún momento en San Antonio de los Cobres, de instalar un Parque Industrial con esa generación”, por lo que resaltó que si se piensa verdaderamente en el desarrollo hay que avanzar en el tendido y la interconexión del sistema energético, “porque permite tener economía de escala tanto en la oferta como en la demanda con acceso a energía barata”.
“Muchos de esos pueblos, como San Antonio y Olacapato, son generadores de energía, y sin embargo no están conectados”. Sostuvo que debe ser el Estado el que  garantice esa posibilidad de desarrollo exigiendo a EDESA que avance en ese sentido, y utilizó de ejemplo la diferencia que hay entre Salta y Jujuy, “en la Puna de nuestro lado no hay nada, pero cuando uno pasa a las Salinas jujeñas ya hay postes de media tensión, lo que significa que hay usuarios conectados y un mejor servicio”, concluyó.
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Desmontes sin audiencias públicas en Salta

 


La Provincia quitó las audiencias públicas para tala y desmontes selectivos

Fecha de Publicación
: 21/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La normativa se basa en una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331. Aunque el gobierno afirmó que lo establecido no va en contra de las leyes ambientales, especialistas afirman que sí.
El secretario de Ambiente de Salta, Jorge Aldazábal, emitió una resolución que flexibiliza los controles a los desmontes y obstaculiza la publicidad de actos que degradan del ambiente.
Al hacer una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331, el funcionario enmarcó al manejo silvo pastoril (desmonte selectivo para producir ganadería bajo monte), o el “aprovechamiento forestal” (tala de madera), como de “baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social”.
La resolución 333 firmada por Aldazábal se sirve de una interpretación de la Ley Nacional N° 26.331 que sostiene que “la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”, pero que ese estudio será pertinente solo para aquel “manejo sostenible” que cause “impactos ambientales significativos”.
Para Aldazábal, “en idéntico sentido a lo expresado en el artículo 22 de la Ley Nº 26.331, el decreto Nº 2.785/09 en sus artículos 12 y 15 define el procedimiento a seguir, según se trate de Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, respectivamente. Esto es la exigencia de presentación de un estudio de impacto ambiental y social (EIAS) para los comúnmente llamados desmontes, y para los "aprovechamientos forestales, deberá presentarse una Declaración Jurada de Aptitud ambiental en los términos del artículo 45º de la Ley Provincial Nº 7.070”.
En el cuerpo de la resolución no queda claro a qué se refiere con “Planes de Manejo de Bosques Nativos con modalidad Silvopastoril, y/o cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo”, aunque sí termina por flexibilizar la posibilidad de hacerlos sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental y social, cuando se trata de “planes” de hasta 1500 hectáreas.

La retroactividad conveniente
Según la Ley de Ambiente de la provincia N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública. Por años se criticó esta disposición dado que en muchos casos los titulares registrales solicitaban permismos sucesivos de desmontes tomando unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de los impactos ambientales de esas actividades.
Con la nueva resolución, cuando se trate de desmontes incluso sobre superficies de estas dimensiones, se deberá presentar el EIAS e ir a una audiencia pública. Quedan exceptuados de ello quienes ya fueron autorizados a los desmontes antes de la publicación de esta resolución.
Por el contrario, para quienes ya elevaron planes de “manejo de bosque presentados en sus dos modalidades, aprovechamiento forestal y silvopastoril”, se le aplicará la nueva normativa. Para Aldazábal la aplicación de la resolución de manera retroactiva “no encuentra impedimentos”.
Más allá de los vericuetos legales, sucede que en realidad estos proyectos de manejo de bosque y de aprovechamiento forestal debían hasta ahora ser sometidos a audiencias públicas. Pero a partir de la resolución 333, Aldazábal podrá “determinar la necesidad o no” de hacer las audiencias según su criterio. Y se agrega, “para el caso de los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril y que se hubiera presentado EIAS para su tramitación, se tendrá por válido y suficiente, en lo pertinente, dicho documento para su aprobación”.
Aunque la lectura de la resolución permite interpretar una flexibilización de los controles y procesos para desmontar en la segunda provincia que más masa de bosque nativo perdió en la última década, Aldazábal lo negó. Pues en parte de la resolución se indica que “la autoridad de aplicación ambiental provincial (…) tiene la facultad de definir mayores exigencias respecto de los requisitos que deberán observarse al momento de la presentación de los distintos planes de manejo, en el entendimiento de que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos lo que hace es fijar un marco protectorio mínimo respecto del cual se podrá normar, sin poder ser más permisivo que lo allí establecido”.

El antecedente Urtubey
La interpretación que hacen las actuales autoridades provinciales cuando se trata de ampliar la frontera agropecuaria cuenta con antecedentes. El más claro tiene que ver con dos decretos que en 2011 permitieron que se desmonten zonas categorizadas como rojas o amarillas, o I y II, o de alta o moderada conservación, que no podían ser intervenidas por las topadoras. Estas “recategorizaciones” como se dio en llamar, tenían como excusas el hecho de que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) se refería a porciones globales de tierras y no al detalle de que, para el gobierno de Juan Manuel Urtubey, tenían algunas zonas que eran pasibles de desmonte.
Como sucede con la resolución de Aldazábal, el gobierno se escudaba en términos legales que luego fueron dados por tierra desde el Ministerio de Ambiente de la Nación durante 2018. Pese a ello, las zonas recategorizadas continúan siendo desmontadas bajo el pretexto de la “seguridad jurídica” de quienes fueron autorizados a hacerlo bajo esta forzada interpretación normativa.
El aprovechamiento forestal (que implica la tala de madera) y el llamado manejo silvopastoril o “bajo monte”, que implica un desmonte selectivo, incluso trae conflictos entre las comunidades que viven en esas zonas y los titulares registrales. Pero a partir de esta resolución, y al no solicitar audiencia, se desconoce cómo se darán a conocer estas actividades.
Pasa que incluso con la realización de las audiencias públicas, en muchas ocasiones las comunidades de pueblos originarios ni siquiera se podían hacer escuchar. Con esta nueva disposición, solo se podrían enterar cuando quienes talan madera o crían ganado aparezcan en el lugar a concretar el desmonte.
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Salta: denuncian un desmonte silencioso

 


Denuncian un desmonte silencioso en territorios en disputa

Fecha de Publicación
: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La denuncia es de la comunidad Honat Le Les, de Embarcación, que disputa tierra con el titular registral en un monte nativo que quedó rodeado de desmontes.
Miembros de la comunidad del Pueblo Wichí Honhat Le Les (Hijos de la Tierra, en wichí) denunciaron que el titular registral del lugar envió personas a colocar postes para empezar a alambrar el territorio donde viven 115 familias.
La afirmación vino de parte de la niyat (cacica) de la comunidad, Julia Gómez, quien indicó a Salta/12 que “los blancos” que ingresan al territorio a sacar madera presentan permisos, con papeles que denotan autorizaciones extendidas por la Agropecuaria Suipacha SA.
La comunidad ya cuenta con su relevamiento enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, en una carpeta técnica que involucra 3.400 hectáreas de territorio comunitario. Por otra parte, la finca está reconocida como “Tres Pozos” en la Dirección de Inmuebles de la Provincia, cuyos titulares registrales son de apellido Ortega Velarde.
Hace unos años, en el programa Salta Produce que se emite por Radio Nacional Salta, Jorge Ortega Velarde afirmó que las tierras son suyas desde 1972, cuando las compró a los anteriores titulares registrales. “Vivo la mitad del año en Embarcación”, sostuvo en aquella oportunidad en que afirmó que había un “atropello al Código Civil y a la propiedad” con el relevamiento de la propiedad ancestral indígena.
“Desde la Estación de Embarcación al este hay 2000 intrusos. Nunca nos metimos con ellos para nada. Y han construido su casa y han ido avanzando”, afirmó además. En sus especulaciones, aseguró que “a mí me dicen ‘esto es droga’”, sin explicar a qué se refería con esa expresión.
La comunidad, en tanto, afirma que vive ancestralmente en esas tierras que, según indicó Leonardo Pantoja, referente de Misión Chaqueña (otra comunidad de Embarcación), es el único monte que queda “en medio de las plantaciones de soja y poroto”. El territorio de Honhat Le Les o Finca Tres Pozos (según quien la nombre), se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en dirección al río Bermejo.

El uso del monte
“El monte para nosotros es el mercado, el hospital, el corralón y hasta el Ingenio, porque nos da la miel”, dijo Lucio Palavecino, fiscalizador general de la comunidad. Sin embargo, con este tipo de acciones que implican la tala de madera se termina por generar una suerte de desmonte silencioso que va degradando la zona.
Gómez envió fotos exhibiendo la notificación que muestran “los blancos” que sacan los rollos y troncos de madera de la comunidad. “Con la presente, la firma Agropecuaria Suipacha SA autoriza al señor… extraerá quincenalmente trocillo de los predios de la finca tres pozos, pertenecientes a la misma”, se puede leer. En el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) figura que la mencionada empresa está constituida por los Ortega Velarde y tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las imágenes enviadas por Gómez, en tanto, se muestran camiones que recurrentemente entran a la zona a sacar árboles del monte en disputa.

Con distinta vara
Hace unos meses la Policía secuestró madera, carbón y artesanías hechas en madera a integrantes de la comunidad. Pues desde la Institución se sostenía que no tenían permiso alguno para esa extracción, por lo que dejaron lo secuestrado en las comisarías. “Nosotros sacamos para sobrevivir en carritos chicos”, dijo Gómez a Salta/12. Afirmó que por el contrario, no sucede nada cuando la acción es llevada adelante por quienes son autorizados por Agropecuaria y que extraen madera en cantidad considerable, como se ve en algunas fotografías.
Gómez añadió que quienes fueron a machetear en el territorio, enviados en principio por Ortega Velarde, para plantar los postes y alambrar, fueron acompañados y protegidos por la Policía. Una vez que las autoridades de la comunidad decidieron parar los trabajos, la Policía les indicó que iban a dar intervención a la Fiscalía para que “los notifiquen”.
El reclamo de ésta como de otras comunidades es que se continúe con la etapa que venía después del relevamiento de las tierras que reclaman como territorio comunitario. Esto es, la entrega del territorio. Del otro lado, los titulares registrales reclaman la propiedad de tierras que compraron y asentaron como suyas en los papeles, aunque las hubieran comprado con ocupantes. En medio de la cuarentena, la situación se complica porque pese a que para los originarios ni el desmonte ni los alambrados deberían ocurrir, continúan sin mayores restricciones.
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Salta: deforestarán la Yungas por un country

 


Alertan que en Salta se autorizaría el desmonte de 500 hectáreas de Selva Pedemontana de Yungas para la construcción de un country

Fecha de Publicación
: 10/09/2020
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Salta


Las Yungas son áreas naturales protegidas, pero según la ONG se avanzaría en la habilitación de un negocio inmobiliario sobre una de las pocas áreas de Selva Pedemontana que quedan en la Argentina, en la localidad de San Lorenzo. “Se trata del proyecto urbanístico Los Maitines S.A., que afectará 500 hectáreas en una cuenca hídrica vital para la zona y en una ecorregión de la que sólo queda el 10% de la superficie original en el país”, alertaron desde Greenpeace.
El interés inmobiliario parece no tener freno y el gobernador de Salta, Gustavo Saenz, parece mirar para otro lado ante la intención de avanzar en un proyecto inmobiliario que afecta áreas naturales protegidas y reclaman a la máxima autoridad de la provincia, que “se declare en forma urgente la Emergencia Forestal, frene los desmontes e implemente políticas más fuertes en defensa de los bosques y sus históricos habitantes. Destruir bosques es un crimen”, señalaron desde Greenpeace Argentina.
Se trata de una finca que está clasificada en la Categoría II – Amarillo de la Ley Nacional de Bosques, por lo que su desmonte no está permitido. “Pretenden allí concretar un proyecto urbanístico llamado Los Maitines SA, que afectará 500 hectáreas en una cuenca hídrica vital para la zona y en una ecorregión de la que sólo queda el 10% de la superficie original en el país”, afirmaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
El gobernador de la provincia se desentiende de la iniciativa y deja en manos del Municipio de San Lorenzo la decisión de desmontar este frágil ecosistema. “Pero la Provincia es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y no debe permitir que se viole la legislación vigente. Varios de los desmontes que se están ejecutando en plena cuarentena fueron aprobados de manera ilegal en la gestión anterior, pero el nuevo gobierno los convalidó, sumándose así a la complicidad de este crimen ambiental.
La zona del proyecto urbanístico es hábitat de la corzuela, el zorro gris y el gato montés; de numerosas aves como el carpintero, el picaflor cometa y el tucán; y de árboles como el tala blanca, el ceibo, el nogal, el horco molle y chal chal, entre otros.
“Si se concreta la destrucción de esta área, se sumaría a las que ya denunciamos durante la cuarentena por la pandemia: revelamos que entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de este año en Salta se desmontaron 9.079 hectáreas de bosques nativos”, precisaron desde la ONG ambiental.
Fundamentan que la iniciativa no es viable ya que enfrenta en el país a una emergencia sanitaria, forestal y climática. “Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, adviertieron.
Sin embargo, varios usuarios cuestionaron a la ONG por “desinformar” con la excusa de llevar adelante su lucha por la deforestación. “No es selva pedemontana, es bosque montano. Tampoco el desmonte implica 500 hectáreas, mas bien abarcarán 125 hectáreas. No hace falta desinformar para sostener esta justa causa”, precisó
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Nación financia obras ambientales en tres provincias

Cabandié anunció obras y entrega de bienes en Salta, Chaco y Santiago del Estero

Fecha de Publicación
: 09/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Fue mediante una videoconferencia de la que participó el gobernador Jorge Capitanich y autoridades santiagueñas y salteñas. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, otorgada por el BIRF y ejecutada por el Ministerio de Ambiente, para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, encabezó el acto de firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo de dichas provincias.
La inversión total de las obras y bienes es de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial mediante el crédito BIRF 8493-AR. Este programa había sido subejecutado por la gestión anterior de la cartera de Ambiente, que había devuelto cerca de 40 millones de dólares. Además, la gestión precedente habían ejecutado estos fondos a un ritmo promedio de dos millones de dólares por año, mientras que ahora, por decisión de la actual gestión, ya se avanzaron en acciones por casi seis millones de dólares. Al respecto, el ministro Cabandié sostuvo que comienza a destrabarse “un préstamo que venía retrasado” destinado a la población más vulnerable de los bosques nativos.
Sobre las obras y bienes adjudicados, el titular de Ambiente afirmó: “Hoy dimos un gran paso y saldamos una deuda pendiente con las comunidades que habitan en nuestros bosques nativos”. “Las cocinas para reducir el consumo de leña y los techos recolectores de agua de lluvia son importantes, pero los pozos para el abastecimiento de agua tienen una importancia mayúscula, producto de lo que sucedió el último verano” en Salta. “Estamos saldando una deuda de muchos años, nos hemos propuesto llevar adelante siete pozos que son de mucha urgencia para que las comunidades locales tengan acceso a un derecho esencial, el agua”.
Por su parte, el gobernador Capitanich destacó con respecto a los beneficiarios que “además de pensar en el ambiente, se piensa en las personas que están muy alejadas de las grandes ciudades del país. Son familias humildes que esperan soluciones y medidas del Estado, acciones que les puedan cambiar la vida”.
Las obras de perforación profunda para el abastecimiento de agua con sistemas de bombeo alimentados por energía solar, que incluye el almacenamiento y el tratamiento de clorado para el consumo humano, demandan una inversión total de $ 112 millones y se estima un plazo de entrega por pozo de tres meses, que el ministro nacional pidió a los adjudicatarios sea respetado. Los siete pozos se emplazarán en el municipio de Santa Victoria del Este, del departamento salteño de Rivadavia, y beneficiarán a 500 familias.
Además se adjudicó el contrato a la empresa encargada de la provisión de cocinas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de salubridad en los procesos de cocción para más de 600 familias que habitan en el departamento de Rivadavia, Salta; el departamento de Güemes, Chaco; y los departamentos de Alberdi y Copo, Santiago del Estero.
En el acto, también rubricó la adjudicación la empresa que construirá los 17 techos de recolección de agua de lluvia. Se trata de tinglados de 160 m2 de superficie de captación y capacidad de almacenamiento de 40 mil litros de agua para 500 familias salteñas, chaqueñas y santiagueñas.
La iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Mundial es ejecutada a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que busca fortalecer a comunidades rurales e indígenas que habitan zonas de bosques nativos. Martín Mónaco, director nacional de Bosques, sostuvo que la misma representa “una política para conservar los bosques mediante un aprovechamiento sostenible y con la gente que vive en zonas rurales, que tiene necesidades a cubrir y en eso el Estado tiene un rol central”.
Del acto participó de manera presencial en el Ministerio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Soledad Cantero. Desde Chaco acompañó al gobernador la secretaria de Ambiente provincial, Marta Soneira. En representación del Gobierno de Salta participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. Y por Santiago del Estero, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Argentino Cambrini.
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Salta: casi toda agua servida termina en ríos y napas

La mayoría de las localidades arroja agua contaminada a ríos y napas

Fecha de Publicación
: 26/08/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


De 29 bajo el sistema cloacal público, solo 5 cumplen con los parámetros ambientales exigidos. Las localidades que no están bajo el sistema de red funcionan sin ningún tipo de control.
Un informe del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) es lapidario. Casi todo el sistema cloacal público de la provincia está en rojo. Mientras que las localidades que no tienen redes cloacales públicas, están bajo anarquía, devuelven las aguas por filtración a las napas, sin regulación ni control.
En el sistema de saneamiento público existen dos procesos de tratamiento de efluentes cloacales, mediante laguna o por planta de líquidos clocales. Por un lado, varias plantas disponibles no funcionan o están colapsadas. Mientras que las localidades con lagunas no están en mejor situación.
En Salta hay 23 departamentos, 60 municipios y más de cien localidades. Del centenar, tan solo 29 de ellas están bajo la red cloacal pública a cargo de Aguas del Norte. Del total de las localidades bajo el sistema de red cloacal público, más del 80 por ciento (24) devuelve agua contaminada a los ríos o efluentes cercanos.
Del total de localidades dentro del sistema público, 14 tienen "vuelcos crudos", advirtió el informe que el Enresp elaboró con datos relevados desde enero a mayo. Es decir que casi la mitad de localidades administradas por la empresa estatal arroja los líquidos cloacales a los afluentes cercanos sin pasar antes por lagunas ni plantas, sin ningún tipo de tratamiento previo. La mayoría de las localidades que están en esta irregular situación no tiene planta potabilizadora, salvo Orán y Aguas Blancas, que las tienen pero sin funcionar.
Las 15 localidades restantes si tratan los líquidos mediante plantas o "lagunas". Pero aún así las anomalías ambientales persisten en estas localidades. De las 15, 10 incumplen con los párametros ambientales permitidos. El parámetro de referencia es el de DBO: demanda biológica de oxígeno. "Cuando hay sustancias orgánicas, como la materia fecal, para que eso se degrade biológicamente necesita cierta cantidad de oxígeno. A mayor cantidad de sustancias, mayor oxígeno, si tengo menos, será menos oxígeno. Ese es el parámetro que mide el oxígeno para garantizar el mínimo de un agua no contaminada", explicó un ingeniero del Enresp. De la más de cien localidades de la provincia, tan solo 5: Tartagal (zona sur), Mosconi, General Gemes, El Carril y Capital (zona norte), arrojan aguas cloacales tratadas y cumplen con el parámetro ambiental de DBO.
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Salta: frenan desmonte ilegal en 546 hectáreas



Frenan obras por el desmonte ilegal en 546 hectáreas de bosques nativos de Salta

Fecha de Publicación
: 30/07/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


Desde el Gobierno de Nación aseguran que se iniciaron “sumarios administrativos” por cambios en el uso ilegal del suelo.
En 546 hectáreas de los departamentos Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín, se paralizaron el avance de obras y desmontes ilegales, según informó Ministerio de Ambiente de la Nación.
Según esta cartera nacional, el Gobierno de la provincia ordenó 36 sumarios administrativos, por cambios de uso de suelo ilegales. Del total de las 546 hectáreas, 62,27 corresponden a la categoría I de muy alto valor de conservación (rojo). En tanto, otras 140,5 hectáreas son de mediano valor de conservación, categoría II (amarillo), y 343,5 hectáreas a bajo valor de conservación, categoría III (verde), según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, precisó el Ministerio de Ambiente.
No obstante, desde la organización ambientalista de Greenpeace aseguran que la deforestación ilegal en Salta arrasó con casi 3000 hectáreas de bosques nativos y responsabilizó al gobierno de Gustavo Sáenz por la ausencia de controles.
Ahora, el titular de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, ponderó que Salta "se comprometa en la lucha contra los desmontes ilegales" y resaltó que "los bosques son captadores de carbono y actores clave contra el cambio climático".
"Necesitamos modificar la Ley de Bosques y avanzar en una política federal para su protección, manejo y conservación”, sostuvo el ministro.
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Los desmontes siguen y crecen en la pandemia



“Salta es cómplice de un crimen ambiental”

Fecha de Publicación
: 16/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.
En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.
Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.
"Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestan. Es responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.
El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. “Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional", señaló Giardini.
Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.

Dos mil hectáreas más que en 2019
En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.
“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
“Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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Salta: el gobierno culpa a la gestión anterior por desmontes



El gobierno apunta a la gestión anterior por rehabilitar los desmontes

Fecha de Publicación
: 03/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambiente de la provincia recurrió a este acta para explicar la falta de actuación sobre desmontes que continuaron luego de que habían sido suspendidos en 2018 por pedido de ex funcionarios macristas.
Desde el gobierno provincial aseguraron que en 2019 el entonces gobernador de Juan Manuel Urtubey levantó la suspensión de los desmontes sobre 30 fincas que había sido determinada el año anterior. De esta manera se justificaron por qué no actuaron frente al avance de la deforestación en la cuarentena, que fuera denunciada por la organización ambientalista Greenpeace.
“Se firmó un convenio marco, dentro de él dos actas y una final. Entre los entonces ministerios de Ambiente y el de Agricultura de Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, en la última acta se da por finalizada la evaluación de los proyectos”, fue la respuesta desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia ante la consulta de Salta/12 sobre el desmonte de tres mil hectáreas denunciado por Greenpeace.
“A partir del Decreto Nº 210/19 el gobernador Urtubey, confirma el acta final y da por finalizado el conflicto que diera origen a la resolución 019/18 (de suspensión de los desmontes). En consecuencia, el entonces Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, emite las resoluciones para cada proyecto ordenando levantar la suspensión de la ejecución”, se agregó desde la cartera de Producción del gobierno de Salta. Sin embargo, este medio no pudo dar con las resoluciones que levantan la suspensión de los desmontes.
En 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, exhortó al entonces gobernador Urtubey a suspender deforestaciones que se hicieron en tierras recategorizadas. La recategorización fue la forma que encontró el ex mandatario para que las topadoras destruyeran áreas de alto y mediano valor de conservación de los bosques salteños. Lo había permitido mediante dos decretos de 2011 que fueron derogados en 2014. Esa derogación fue el resultado de la presión de ambientalistas, dado que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación consideraron ilegales las recategorizaciones respecto de lo establecido la Ley Nacional de Bosques Nativos N°26.331.
Con esos dos decretos se habilitó el desmonte sobre las tierras que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de Salta, no deberían haberse deforestado. Más de 30 fincas fueron beneficiadas con estos decretos. En 2018, tras la resolución 56 firmada por Bergman, el Ministerio de Desarrollo Sustentable provincial emitió la resolución 019/18 suspendiendo la ejecución de esos desmontes.
Pero hasta agosto de ese año (siete meses después), se realizó un trabajo conjunto entre Provincia, Nación, y entidades que nuclean a los grandes productores para evaluar la ejecución de los desmontes realizados hasta ese momento. Se firmó un convenio marco, con dos actas complementarias y una final. Esta acta final lleva la firma de Bergman, de la ex titular de Desarrollo Sustentable de Salta (hoy frente a la Unión Industrial Salteña –UIS-), Paula Bibini, del ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevere, y por la parte privada llevó la firma de la Asociación Prograno representada por Lucas Norris; la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizade, y la Federación de Entidades Rurales Salteñas (FEDERSAL), representada por Ricardo Roquete. Esta última entidad tuvo como primer titular al hoy ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos.
El acta se firmó luego de hacer la evaluación de los desmontes en tierras recategorizadas. Tras determinar si se había cumplido o no con el diseño de desmonte y la suspensión dispuesta por la resolución 019/18 las partes firmaron el último acuerdo. “Con la firma del presente acuerdo y la revisión de la ejecución de los proyectos efectuados en el marco de los compromisos asumidos por las partes en el acta de fecha 14/05/18 la provincia de Salta dará por finalizada la evaluación de la situación que motivó el dictado de la resolución N° 19/18 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta”, dice el punto 3 del acta final firmada.

“El gobernador mira para otro lado”
Las consultas al gobierno provincial se hicieron ante una nueva denuncia de Greenpeace de que durante la cuarentena se desmontaron tres mil hectáreas de montes nativos. Aunque para la asociación ambientalista (y es el criterio de otras provincias, como el Chaco) los desmontes no están permitidos en cuarentena, las autoridades salteñas entendieron que este es un tema que se debe resolver en la Justicia. La mirada legista del gobierno entiende que la deforestación queda comprendida junto a la agricultura y ganadería, declaradas actividades esenciales. Y por ello entendieron que las denuncias deberían hacerse ante la Justicia.
Mediante las imágenes satelitales, Greenpeace detectó que parte de los desmontes se hicieron en tierras de integrantes de la Sociedad Rural Salteña. El tercer productor identificado es un empresario uruguayo al que se le había suspendido el desmonte con la resolución 019/18. De hecho, el empresario fue incluso multado por haber desmontado mientras estaba vigente la resolución.
Las primeras denuncias de Greenpeace se hicieron en abril. Desde la organización entendieron que, pese a la advertencia, hubo ausencia de controles y sanciones a quienes realizan estas actividades que en principio, serían ilegales. Pero desde la cartera ministerial a cargo de De los Ríos sostuvieron que las denuncias son solo mediáticas y sin presentación en la Justicia.
“El gobernador Sáenz mira para otro lado mientras siguen los desmontes. Resulta evidente la complicidad del gobierno salteño, ya que no realizan controles, no sancionan, ni denuncian a los productores agropecuarios que arrasan bosques nativos a pesar de la cuarentena”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
“Más desmontes significan más inundaciones y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Giardini.
Greenpeace está impulsando una petición para que los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Chaco, Jorge Capitanich y Formosa, Gildo Insfrán, declaren la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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