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Intendentes quiern en su mayoría cambiar la 7.722
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La mayoría de los intendentes, a favor de modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Potasio Río Colorado, minería que sigue reflotándose
Cornejo busca inversores chinos para reactivar la mina de potasio de Malargüe
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Encuentro en Mendoza por el cambio climático
Cambio climático: especialistas debatirán en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Ley 7.722 siguen debatiendo como dar luz verde a la minería
Minería: buscan darle más poder a los municipios
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.
En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.
Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.
Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.
Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.
Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.
"Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto", sostuvo Abraham al término de las exposiciones.
Por otro lado, destacó que "al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar".
"Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate", afirmó, por su parte Agulles.
Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.
Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.
Posturas a favor
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que "si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo".
Mena recalcó que "Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno".
Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.
"Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajdores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba", disparó.
Las claves
- Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.
- La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.
- Mientras que el de Agulles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto "parques mineros controlados".
- La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.
- Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.
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El debate por la minería en Mendoza no arrancó muy bien
Cruces e insultos en el comienzo del debate para reactivar la minería en Mendoza
Fecha de Publicación: 24/10/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.
El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.
Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.
"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.
Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias
similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.
Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.
Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.
Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.
Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.
Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.
La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".
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Fecha de Publicación: 24/10/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.
El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.
Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.
"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.
Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias
similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.
Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.
Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.
Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.
Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.
Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.
La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".
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Estudiarán las tormentas de Córdoba y Mendoza
Estudiarán las tormentas de Córdoba y Mendoza para mejorar su predicción
Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba - Mendoza
Las severas tormentas eléctricas que afectan todos los años al centro del país, consideradas entre las más intensas del mundo, serán objeto de estudio por parte de especialistas argentinos, estadounidenses y brasileños, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.
El proyecto “Relámpago-Cacti, cazando tormentas la frontera de la ciencia” fue presentado esta semana en la sede del Servicio Meteorológico Nacional con la asistencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
Se trata de una iniciativa que se realizará en colaboración con Estados Unidos y Brasil, y la participación de distintos organismos de ciencia y tecnología y que tiene como finalidad investigar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región central del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza. El proyecto se extenderá desde noviembre hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas.
“Lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional es para nosotros un acontecimiento muy importante, ya que se trata de recibir el apoyo indispensable de dos entidades que están destinadas en Estados Unidos a la ciencia y a la tecnología, materias muy pendientes en nuestro país”, dijo Aguad.
“Esto acrecienta y gratifica el trabajo de nuestros científicos, que hacen una tarea silenciosa y fructífera para la Argentina”, agregó el ministro.
El embajador Prado destacó que “una de las mayores metas es entrecruzar los lazos entre nuestros países. La cooperación en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y Argentina es muy amplia, tiene una larga trayectoria y abarca distintas áreas, como las de energía, salud, espacio, medio ambiente y ciencias del mar, entre otras, todo con el fin de ayudar a la sociedad”.
Por su parte, Barañao aseguró: “Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves”. Y añadió: “Éste es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto”.
La directora del SMN, Celeste Saulo, a su turno, destacó la posibilidad de estudiar los sistemas convectivos de mesoescala con equipamiento idóneo, la interdisciplinariedad para entender mejor las tormentas, y la generación de servicio.
El proyecto contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), y sensor Lidar para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.
Cindy Fernández, vocera del SMN, explicó que se busca estudiar cómo crece y evolucionan las tormentas. “Tenemos tormentas más severas que evolucionan más rápido, por eso resultó interesante estudiarlas a científicos de Estados Unidos y Brasil”. Y destacó: “Los meteorólogos no podemos estudiar los fenómenos en laboratorio. No nos queda otra que salir a medir a campo. Por eso los datos van a ser abiertos y van a tener acceso la gente de la universidad y los científicos”.
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Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba - Mendoza
Las severas tormentas eléctricas que afectan todos los años al centro del país, consideradas entre las más intensas del mundo, serán objeto de estudio por parte de especialistas argentinos, estadounidenses y brasileños, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.
El proyecto “Relámpago-Cacti, cazando tormentas la frontera de la ciencia” fue presentado esta semana en la sede del Servicio Meteorológico Nacional con la asistencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
Se trata de una iniciativa que se realizará en colaboración con Estados Unidos y Brasil, y la participación de distintos organismos de ciencia y tecnología y que tiene como finalidad investigar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región central del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza. El proyecto se extenderá desde noviembre hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas.
“Lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional es para nosotros un acontecimiento muy importante, ya que se trata de recibir el apoyo indispensable de dos entidades que están destinadas en Estados Unidos a la ciencia y a la tecnología, materias muy pendientes en nuestro país”, dijo Aguad.
“Esto acrecienta y gratifica el trabajo de nuestros científicos, que hacen una tarea silenciosa y fructífera para la Argentina”, agregó el ministro.
El embajador Prado destacó que “una de las mayores metas es entrecruzar los lazos entre nuestros países. La cooperación en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y Argentina es muy amplia, tiene una larga trayectoria y abarca distintas áreas, como las de energía, salud, espacio, medio ambiente y ciencias del mar, entre otras, todo con el fin de ayudar a la sociedad”.
Por su parte, Barañao aseguró: “Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves”. Y añadió: “Éste es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto”.
La directora del SMN, Celeste Saulo, a su turno, destacó la posibilidad de estudiar los sistemas convectivos de mesoescala con equipamiento idóneo, la interdisciplinariedad para entender mejor las tormentas, y la generación de servicio.
El proyecto contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), y sensor Lidar para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.
Cindy Fernández, vocera del SMN, explicó que se busca estudiar cómo crece y evolucionan las tormentas. “Tenemos tormentas más severas que evolucionan más rápido, por eso resultó interesante estudiarlas a científicos de Estados Unidos y Brasil”. Y destacó: “Los meteorólogos no podemos estudiar los fenómenos en laboratorio. No nos queda otra que salir a medir a campo. Por eso los datos van a ser abiertos y van a tener acceso la gente de la universidad y los científicos”.
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La modificación de la 7722 mendocina ya se debate
Arranca el debate para modificar la ley de minería
Fecha de Publicación: 20/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.
A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.
Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.
Representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.
“Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, expresaron en un documento recibido por todos los legisladores.
En defensa de la ley
Ante el inminente tratamiento de los proyectos, en el Valle de Uco, el viernes pasado se reunieron concejales, ambientalistas y el intendente para diagramar un plan de acción.
“Nos preocupa que se quiera modificar una ley que está a la vanguardia. Hay un fallo plenario de 100 hojas avalando la ley. Si no existiera esta ley Mendoza sería Jachal”, explicó el intendente de San Carlos Jorge Difonso, aliado del oficialismo.
En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.
En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.
Claves
Lo que dice la ley 7.722. Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, “y otras sustancias tóxicas similares” en los procesos mineros.
La modificación polémica. El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" de la 7.722 para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.
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Fecha de Publicación: 20/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.
A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.
Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.
Representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.
“Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, expresaron en un documento recibido por todos los legisladores.
En defensa de la ley
Ante el inminente tratamiento de los proyectos, en el Valle de Uco, el viernes pasado se reunieron concejales, ambientalistas y el intendente para diagramar un plan de acción.
“Nos preocupa que se quiera modificar una ley que está a la vanguardia. Hay un fallo plenario de 100 hojas avalando la ley. Si no existiera esta ley Mendoza sería Jachal”, explicó el intendente de San Carlos Jorge Difonso, aliado del oficialismo.
En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.
En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.
Claves
Lo que dice la ley 7.722. Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, “y otras sustancias tóxicas similares” en los procesos mineros.
La modificación polémica. El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" de la 7.722 para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.
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Mendoza: la sequía ahora es la norma
Irrigación: la sequía es la “nueva normalidad” en Mendoza
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Un nuevo "no acuerdo" por el Río Atuel
Restitución del Río Atuel: La Pampa rechazó la propuesta de Nación
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Minería en Mendoza, Cornejo dice que no tienen posicion
Cornejo se refirió a los proyectos para modificar la ley de minería: “No tenemos posición tomada”
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Conflicto por el Atuel: Nación propuso solución
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Mendoza lleva 100 procedimientos por caza furtiva
Más de 100 procedimientos por caza furtiva en los primeros meses
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En los primeros meses del año se han realizado más de un centenar de procedimientos por infracción a la Ley de Fauna. Hasta agosto el promedio arroja unos 15 procedimientos mensuales por las leyes 4.602 y 22.421.
La caza furtiva es en la región Sur un problema grave pues muchas personas, pese a saber de las prohibiciones, eligen ir a cazar al campo distintos animales como choiques o piches, por ejemplo.
En los últimos tiempos, destacaron desde la Policía Rural, la diferencia es que con el apoyo de la justicia en varios procedimientos, los infractores detectados, además del proceso judicial de rigor y la multa, han tenido que soportar incautaciones del vehículo en el que se dirigían, algo que antes no ocurría.
Con datos estadísticos al mes de agosto, se han realizado en el departamento algo más de 100 procedimientos por la ley de Fauna y más de 200 por la ley de Ganadería (6.773). En tanto que fueron unos 15 por la ley Senasa (27.233), ya que la Rural no sólo se dedica a luchar contra el tráfico o caza de animales, sino a controles que tienen que ver con temas fitosanitarios y de leyes como la del transporte de ganado.
Por la ley de Flora también se hicieron unos 20 procedimientos, al igual que por la ley federal de Carnes, que tiene que ver con las condiciones de traslado, aspecto en el que se labraron seis actas.
Otro punto importante en los controles es el de hacer cumplir la ley de Pesca y en este sentido se han labrado hasta agosto 25 procedimientos. En cuanto al abigeato, que es el hurto de ganado, fueron más de 10 los procedimientos. En tanto que por distintas infracciones al Código Alimentario Argentino se han hecho alrededor de 150 procesos.
En cuanto a la caza furtiva, vale la pena recordar que desde la Fundación Cullunche se presentó un proyecto para que se aumenten las penas mínimas a quienes dañen o atenten contra la fauna.
La idea es que quienes cacen animales o trafiquen con ellos tengan penas de prisión de 1 a 4 años y en caso de comprobarse que se trata de una organización delictiva dedicada a eso, que la pena se eleve a 8 años.
Desde esta ONG consideran que hay mucho esfuerzo en recuperar la fauna, en operativos del Estado, pero son muy bajas las penas. Así, los infractores pagan una multa mínima y siguen delinquiendo.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En los primeros meses del año se han realizado más de un centenar de procedimientos por infracción a la Ley de Fauna. Hasta agosto el promedio arroja unos 15 procedimientos mensuales por las leyes 4.602 y 22.421.
La caza furtiva es en la región Sur un problema grave pues muchas personas, pese a saber de las prohibiciones, eligen ir a cazar al campo distintos animales como choiques o piches, por ejemplo.
En los últimos tiempos, destacaron desde la Policía Rural, la diferencia es que con el apoyo de la justicia en varios procedimientos, los infractores detectados, además del proceso judicial de rigor y la multa, han tenido que soportar incautaciones del vehículo en el que se dirigían, algo que antes no ocurría.
Con datos estadísticos al mes de agosto, se han realizado en el departamento algo más de 100 procedimientos por la ley de Fauna y más de 200 por la ley de Ganadería (6.773). En tanto que fueron unos 15 por la ley Senasa (27.233), ya que la Rural no sólo se dedica a luchar contra el tráfico o caza de animales, sino a controles que tienen que ver con temas fitosanitarios y de leyes como la del transporte de ganado.
Por la ley de Flora también se hicieron unos 20 procedimientos, al igual que por la ley federal de Carnes, que tiene que ver con las condiciones de traslado, aspecto en el que se labraron seis actas.
Otro punto importante en los controles es el de hacer cumplir la ley de Pesca y en este sentido se han labrado hasta agosto 25 procedimientos. En cuanto al abigeato, que es el hurto de ganado, fueron más de 10 los procedimientos. En tanto que por distintas infracciones al Código Alimentario Argentino se han hecho alrededor de 150 procesos.
En cuanto a la caza furtiva, vale la pena recordar que desde la Fundación Cullunche se presentó un proyecto para que se aumenten las penas mínimas a quienes dañen o atenten contra la fauna.
La idea es que quienes cacen animales o trafiquen con ellos tengan penas de prisión de 1 a 4 años y en caso de comprobarse que se trata de una organización delictiva dedicada a eso, que la pena se eleve a 8 años.
Desde esta ONG consideran que hay mucho esfuerzo en recuperar la fauna, en operativos del Estado, pero son muy bajas las penas. Así, los infractores pagan una multa mínima y siguen delinquiendo.
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15 años después condenan a ex directivos de una petrolera
Condenan a ex directivos de una petrolera por contaminación
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Justicia Federal de Mendoza condenó a tres ex directivos de la petrolera Vintage Oil por un derrame ocurrido en Tupungato hace 15 años. La pena es a tres años de prisión por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en riesgo la salud.
Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condenas contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación.
La contaminación se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas, de Tupungato. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Torton. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vingage Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga, que contenía petróleo y metales pesados. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó.
La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en 2008. Pero recién este año se realizó el debate, que se inició el 5 de septiembre, hace justo un mes. En los 15 años que pasaron, por ejemplo, la empresa dejó de operar y el área está en manos de otra petrolera. Originalmente la empresa Pecon tuvo la concesión. Luego pasó a manos de Vintage Oil, luego a Oxi y finalmente a Sinopec, la firma que actualmente opera el área.
El Tribunal Oral formado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. En particular consideraron que el hecho quedó enmarcado en lo que dice el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que sanciona a quien “utilizando los residuos… envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, con el agravante de haber contaminado “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La acusación quedó a cargo de la fiscal federal Gloria André.
El área impactada tiene una alta actividad petrolera en Tupungato. Incluso está cerca de un sector que ha sido revalorizado en la última licitación realizada por el gobierno.
El caso
En su momento el derrame fue denunciado por Cesar Biritos, quien era inspector de cauce, y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán.
Los testigos que declararon confirmaron las denuncias de ese momento. Entre ellos hubo representantes de Irrigación y de la Dirección de Protección Ambiental. En su momento el DGI confirmó “la existencia de contamianción por aguas de purga emanadas por el pozo PCO 15 de Vingage Oil. “Se constató el impacto de aguas de coproducción, iniciado en las inmediaciones a la locación del pozo inyector PCO15…en el punto de vuelco de este fluido al lecho del cauce aluvional….A escasos metros y sobre las paredes de un barranco orientado de oeste a sureste se han detectado distintos lugares de surgencia de agua con fuerte olor a hidrocarburos y contenido salino por su efecto sobre la flora existente sobre el curso del fluido orientado hacia un arroyo colector de aporte al Arroyo de los Pozos…encontrándose en las inmediaciones de la zona afectada vacunos muetos”, indicaban las actas. En otro pozo se detectaron pérdidas de agua contaminada. En una de las actas quedó plasmado que “se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona”. En los análisis de agua realizada se halló “un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones y cationes matoritarios, en especial cloruros y dodios, compuestos predominantes en las aguas de formación. Hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y tilio, valores que no se encuentran normalmente en las aguias subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y o aguas de purga luego de la extracción de petróleo”.
“Es la primera vez que hay una condena así. Es una bocanada de aire fresco para la justicia federal. Fue muy bueno el trabajo del Ministerio Público, de la fiscal Gloria André. Este caso fue emblemático porque la contaminación era evidente”, dijo el abogado José Rubio, quien patrocinó a los denunciantes originales en la causa.
El contexto en el que se produce la sentencia es particular por el reimpulso a la actividad petrolera y minera y la exigencia de mayor control ambiental. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el Tribunal impuso a los tres pautas de conducta específicas.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Justicia Federal de Mendoza condenó a tres ex directivos de la petrolera Vintage Oil por un derrame ocurrido en Tupungato hace 15 años. La pena es a tres años de prisión por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en riesgo la salud.
Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condenas contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación.
La contaminación se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas, de Tupungato. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Torton. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vingage Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga, que contenía petróleo y metales pesados. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó.
La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en 2008. Pero recién este año se realizó el debate, que se inició el 5 de septiembre, hace justo un mes. En los 15 años que pasaron, por ejemplo, la empresa dejó de operar y el área está en manos de otra petrolera. Originalmente la empresa Pecon tuvo la concesión. Luego pasó a manos de Vintage Oil, luego a Oxi y finalmente a Sinopec, la firma que actualmente opera el área.
El Tribunal Oral formado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. En particular consideraron que el hecho quedó enmarcado en lo que dice el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que sanciona a quien “utilizando los residuos… envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, con el agravante de haber contaminado “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La acusación quedó a cargo de la fiscal federal Gloria André.
El área impactada tiene una alta actividad petrolera en Tupungato. Incluso está cerca de un sector que ha sido revalorizado en la última licitación realizada por el gobierno.
El caso
En su momento el derrame fue denunciado por Cesar Biritos, quien era inspector de cauce, y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán.
Los testigos que declararon confirmaron las denuncias de ese momento. Entre ellos hubo representantes de Irrigación y de la Dirección de Protección Ambiental. En su momento el DGI confirmó “la existencia de contamianción por aguas de purga emanadas por el pozo PCO 15 de Vingage Oil. “Se constató el impacto de aguas de coproducción, iniciado en las inmediaciones a la locación del pozo inyector PCO15…en el punto de vuelco de este fluido al lecho del cauce aluvional….A escasos metros y sobre las paredes de un barranco orientado de oeste a sureste se han detectado distintos lugares de surgencia de agua con fuerte olor a hidrocarburos y contenido salino por su efecto sobre la flora existente sobre el curso del fluido orientado hacia un arroyo colector de aporte al Arroyo de los Pozos…encontrándose en las inmediaciones de la zona afectada vacunos muetos”, indicaban las actas. En otro pozo se detectaron pérdidas de agua contaminada. En una de las actas quedó plasmado que “se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona”. En los análisis de agua realizada se halló “un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones y cationes matoritarios, en especial cloruros y dodios, compuestos predominantes en las aguas de formación. Hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y tilio, valores que no se encuentran normalmente en las aguias subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y o aguas de purga luego de la extracción de petróleo”.
“Es la primera vez que hay una condena así. Es una bocanada de aire fresco para la justicia federal. Fue muy bueno el trabajo del Ministerio Público, de la fiscal Gloria André. Este caso fue emblemático porque la contaminación era evidente”, dijo el abogado José Rubio, quien patrocinó a los denunciantes originales en la causa.
El contexto en el que se produce la sentencia es particular por el reimpulso a la actividad petrolera y minera y la exigencia de mayor control ambiental. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el Tribunal impuso a los tres pautas de conducta específicas.
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Cerro Arco: otro incendio que quedará impune
Será 'muy difícil' identificar el origen y los responsables del incendio en el cerro Arco
Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo. La principal hipótesis es que uno de los estudiantes que se encontraba festejando en el lugar prendió una fogata para calentar agua para el mate. Los guardiaparques de Divisadero Largo dieron aviso del comienzo del fuego el mismo viernes entre las 17 y las 18, cuando todavía era de día.
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, afectando más de 1.600 hectáreas de superficie, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo.
Sobre el origen del fuego la principal hipótesis es que alguno de los estudiantes que se encontraban festejando en el lugar habría prendido una pequeña fogata para calentar agua para el mate que rápidamente se propagó. "Los guardaparques de la Reserva Natural Divisadero Largo vieron el humo y dieron aviso entre las 17.20 y las 18.20 del 21 de septiembre", señaló Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, confirmando que todavía era de día cuando se inició el fuego.
En diálogo con MDZ, el funcionario explicó que no hay dudas de que el origen del fuego "fue humano", pero aclaró que es muy difícil realizar peritajes para establecer cómo se inició e identificar a los responsables. "Había muchos chicos festejando en la zona. No creo que haya sido intencional, lo más probable es que fue accidental. Algún chico intentando calentar agua para el mate que cuando vio que el fuego se propagaba huyó", agregó Ferraris.
"Para realizar peritajes y determinar cómo se inició e identificar a los responsables habría que buscar a todos los que estaban en la zona ese día. Es imposible hacerlo", se lamentó el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
En cuanto al lugar exacto donde se inició el fuego, Ferraris indicó que es de difícil acceso, pero aclaró que es habitual que quienes suben al Cerro Arco se desvíen de la senda hacia esa zona. "La senda habitual por la que todos suben está cerca y muchos se desvían hacia laderas cercanas", completó el funcionario.
Ayer se inició el plan de restauración
Ayer el Gobierno inició el plan de restauración ecológica del Cerro Arco y anticiparon que el proceso como mínimo demandará entre uno y cinco años.
En el proyecto la dirección de Recursos Naturales Renovables está trabajando articuladamente con la fundación Cricyt y la Universidad Nacional de Cuyo para restaurar el lugar y sus inmediaciones.
Se trata de un plan que, según el director de Recursos Naturales, consta de tres etapas que contemplan desde la identificación de daños y diseño de tareas hasta la acción directa de restauración. Si bien se puede recuperar en parte, nunca se logrará que vuelva a cómo estaba antes del incendio.
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Fecha de Publicación: 10/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo. La principal hipótesis es que uno de los estudiantes que se encontraba festejando en el lugar prendió una fogata para calentar agua para el mate. Los guardiaparques de Divisadero Largo dieron aviso del comienzo del fuego el mismo viernes entre las 17 y las 18, cuando todavía era de día.
Tras el incendio que se desató el 21 de septiembre en las inmediaciones del Cerro Arco y dañó durante varios días la flora y fauna de la zona, afectando más de 1.600 hectáreas de superficie, aún quedan varias dudas en torno al origen del mismo, quiénes fueron los responsables y si se pudo hacer algo más para evitarlo.
Sobre el origen del fuego la principal hipótesis es que alguno de los estudiantes que se encontraban festejando en el lugar habría prendido una pequeña fogata para calentar agua para el mate que rápidamente se propagó. "Los guardaparques de la Reserva Natural Divisadero Largo vieron el humo y dieron aviso entre las 17.20 y las 18.20 del 21 de septiembre", señaló Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, confirmando que todavía era de día cuando se inició el fuego.
En diálogo con MDZ, el funcionario explicó que no hay dudas de que el origen del fuego "fue humano", pero aclaró que es muy difícil realizar peritajes para establecer cómo se inició e identificar a los responsables. "Había muchos chicos festejando en la zona. No creo que haya sido intencional, lo más probable es que fue accidental. Algún chico intentando calentar agua para el mate que cuando vio que el fuego se propagaba huyó", agregó Ferraris.
"Para realizar peritajes y determinar cómo se inició e identificar a los responsables habría que buscar a todos los que estaban en la zona ese día. Es imposible hacerlo", se lamentó el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
En cuanto al lugar exacto donde se inició el fuego, Ferraris indicó que es de difícil acceso, pero aclaró que es habitual que quienes suben al Cerro Arco se desvíen de la senda hacia esa zona. "La senda habitual por la que todos suben está cerca y muchos se desvían hacia laderas cercanas", completó el funcionario.
Ayer se inició el plan de restauración
Ayer el Gobierno inició el plan de restauración ecológica del Cerro Arco y anticiparon que el proceso como mínimo demandará entre uno y cinco años.
En el proyecto la dirección de Recursos Naturales Renovables está trabajando articuladamente con la fundación Cricyt y la Universidad Nacional de Cuyo para restaurar el lugar y sus inmediaciones.
Se trata de un plan que, según el director de Recursos Naturales, consta de tres etapas que contemplan desde la identificación de daños y diseño de tareas hasta la acción directa de restauración. Si bien se puede recuperar en parte, nunca se logrará que vuelva a cómo estaba antes del incendio.
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Mendoza: terreno preparado para modificar la ley antiminera
En el Gobierno de Mendoza admiten que la ley antiminera podría cambiarse
Fecha de Publicación: 07/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, confirmó que analizarán los proyectos presentados desde el PJ.
Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, “amputaron la minería” y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) “han cambiado las condiciones”, por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una “decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza” y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es “que se estudie el tema”, aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley “antiminera”, el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
“Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”, argumentó el funcionario.
Además se preguntó: “Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?”. En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) “tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?”.
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que “es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa”.
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
“No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería”, destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase “y otras sustancias similares”, lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales “cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos”.
El dato es que dentro del parque industrial minero “no regiría la 7722”. Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos “la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad”. Y recuerda que el lunes habrá “consejo consultivo ciudadano”, una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: “Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar”.
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que “apoyamos la 7722”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, confirmó que analizarán los proyectos presentados desde el PJ.
Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, “amputaron la minería” y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) “han cambiado las condiciones”, por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una “decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza” y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es “que se estudie el tema”, aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley “antiminera”, el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
“Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”, argumentó el funcionario.
Además se preguntó: “Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?”. En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) “tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?”.
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que “es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa”.
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
“No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería”, destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase “y otras sustancias similares”, lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales “cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos”.
El dato es que dentro del parque industrial minero “no regiría la 7722”. Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos “la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad”. Y recuerda que el lunes habrá “consejo consultivo ciudadano”, una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: “Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar”.
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que “apoyamos la 7722”.
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Mendoza: propuesta para modificar la 7722
Abraham propone modificar la 7722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Mendoza: importante incendio forestal en el cerro Arco
El incendio del cerro Arco fue uno de los mayores en casi 20 años en el Gran Mendoza
Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por las dimensiones, la locación y la superficie total afectada; el incendio registrado este fin de semana en el Cerro Arco fue uno de los más importantes de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza.
Más si a ello se le suma que comenzó el viernes por la tarde y hasta última hora de ayer continuaban los trabajos para extinguirlo definitivamente, aunque aún se mantenían activos un par de focos en el cerro El Gateado (al norte del Arco). Incluso, desde Defensa Civil confirmaron que en la jornada de este lunes continuarán trabajando sobre estos últimos.
Si bien aún no está la cifra exacta, se estima que en total las recientes llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años; y sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
Desde 2001 se quemaron casi 20.800 hectáreas en este cerro e inmediaciones.
Esta situación motivó a que el Gobierno endurezca los controles y castigos a quienes muestren desidia al momento de hacer y mantener limpias las “picadas corta fuego” en sus campos. Se trata de aquellos senderos o huellas de 6 metros de ancho que -por ley- deben realizarse entre un campo y otro, o bien dentro de un mismo campo cuando se trata de terrenos de gran extensión. Estas se hacen pasando una topadora, levantando todo y limpiando el camino.
“La ley 6.099 obliga a los dueños de campo a hacer estas picadas y a mantenerlas limpias para que, en caso de incendio o de que caiga un rayo, las llamas encuentren un espacio donde su propagación se corte y no se extiendan. Hemos detectado que muchos no las están haciendo, y eso es algo que disminuiría considerablemente la cantidad de incendios. Por eso es que vamos a comenzar con emplazamientos para que cumplan con esa obligación. Y también incluye a Vialidad con la limpieza de las banquinas y a otros organismos que deben mantener estas huellas limpias”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; quien destacó que el mantenimiento debe hacerse con frecuencia anual al menos.
Las multas para quienes no cumplan con este deber están fijadas en 20.000 pesos. No obstante, Mingorance resaltó que las van a actualizar y aumentar “considerablemente”, apuntando a que sea más conveniente hacer el mantenimiento que pagar la sanción.
“Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 se quemaron 200.000 hectáreas, 95% de los incendios ocasionados por tormentas eléctricas. Sin embargo, otro de los principales problemas que tenemos está vinculado a los incendios intencionales. Desde agosto y hasta la fecha -menos de 2 meses- se han quemado casi 40.000 hectáreas de campos, todas en episodios intencionales. Son casos en que los dueños de campo privado inician el fuego para hacer lo que se llama ‘limpieza de campo’, y se propagan. Son hechos ilegales y lamentablemente -y dentro de la ilegalidad- es una cifra que se repite cada año”, destacó Mingorance, quien indicó que la forma correcta de hacer estos procedimientos es utilizando una rastra antes de replantar (aunque es todo un proceso que toma su tiempo).
“Sancionar a quienes generan estos incendios es complicado, porque hay que encontrar in fraganti a la persona iniciando el fuego. Si vamos cuando ya está, nos dicen que lo inició un tercero para hacer daño. Este año sólo hemos detectado en el acto a un par de dueños de campo”, destacó el funcionario.
Además, Mingorance insistió en los consejos para evitar incendios accidentales como el registrado en el Cerro Arco (aparentemente el incendio se inició con un fuego de asado mal apagado).
“Hay que hacer fuego en lugares seguros, con infraestructura adecuada. Y antes de retirarse, hay que apagarlo bien; con líquido. Hay que llevarse además los residuos. También contamos con el apoyo de quienes hacen trekking, quienes pueden dar aviso al 911 o bien llevarse consigo latas o pedazos de vidrio que encuentren. En días de mucho calor , esos objetos pueden generar un principio de incendio”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por las dimensiones, la locación y la superficie total afectada; el incendio registrado este fin de semana en el Cerro Arco fue uno de los más importantes de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza.
Más si a ello se le suma que comenzó el viernes por la tarde y hasta última hora de ayer continuaban los trabajos para extinguirlo definitivamente, aunque aún se mantenían activos un par de focos en el cerro El Gateado (al norte del Arco). Incluso, desde Defensa Civil confirmaron que en la jornada de este lunes continuarán trabajando sobre estos últimos.
Si bien aún no está la cifra exacta, se estima que en total las recientes llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años; y sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
Desde 2001 se quemaron casi 20.800 hectáreas en este cerro e inmediaciones.
Esta situación motivó a que el Gobierno endurezca los controles y castigos a quienes muestren desidia al momento de hacer y mantener limpias las “picadas corta fuego” en sus campos. Se trata de aquellos senderos o huellas de 6 metros de ancho que -por ley- deben realizarse entre un campo y otro, o bien dentro de un mismo campo cuando se trata de terrenos de gran extensión. Estas se hacen pasando una topadora, levantando todo y limpiando el camino.
“La ley 6.099 obliga a los dueños de campo a hacer estas picadas y a mantenerlas limpias para que, en caso de incendio o de que caiga un rayo, las llamas encuentren un espacio donde su propagación se corte y no se extiendan. Hemos detectado que muchos no las están haciendo, y eso es algo que disminuiría considerablemente la cantidad de incendios. Por eso es que vamos a comenzar con emplazamientos para que cumplan con esa obligación. Y también incluye a Vialidad con la limpieza de las banquinas y a otros organismos que deben mantener estas huellas limpias”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; quien destacó que el mantenimiento debe hacerse con frecuencia anual al menos.
Las multas para quienes no cumplan con este deber están fijadas en 20.000 pesos. No obstante, Mingorance resaltó que las van a actualizar y aumentar “considerablemente”, apuntando a que sea más conveniente hacer el mantenimiento que pagar la sanción.
“Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 se quemaron 200.000 hectáreas, 95% de los incendios ocasionados por tormentas eléctricas. Sin embargo, otro de los principales problemas que tenemos está vinculado a los incendios intencionales. Desde agosto y hasta la fecha -menos de 2 meses- se han quemado casi 40.000 hectáreas de campos, todas en episodios intencionales. Son casos en que los dueños de campo privado inician el fuego para hacer lo que se llama ‘limpieza de campo’, y se propagan. Son hechos ilegales y lamentablemente -y dentro de la ilegalidad- es una cifra que se repite cada año”, destacó Mingorance, quien indicó que la forma correcta de hacer estos procedimientos es utilizando una rastra antes de replantar (aunque es todo un proceso que toma su tiempo).
“Sancionar a quienes generan estos incendios es complicado, porque hay que encontrar in fraganti a la persona iniciando el fuego. Si vamos cuando ya está, nos dicen que lo inició un tercero para hacer daño. Este año sólo hemos detectado en el acto a un par de dueños de campo”, destacó el funcionario.
Además, Mingorance insistió en los consejos para evitar incendios accidentales como el registrado en el Cerro Arco (aparentemente el incendio se inició con un fuego de asado mal apagado).
“Hay que hacer fuego en lugares seguros, con infraestructura adecuada. Y antes de retirarse, hay que apagarlo bien; con líquido. Hay que llevarse además los residuos. También contamos con el apoyo de quienes hacen trekking, quienes pueden dar aviso al 911 o bien llevarse consigo latas o pedazos de vidrio que encuentren. En días de mucho calor , esos objetos pueden generar un principio de incendio”, sentenció.
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La lenta justicia ambiental mendocina, 15 años para un juicio
Después de 15 años, arrancó un juicio por contaminación ambiental en Mendoza
Fecha de Publicación: 20/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Es por presunto derrame de hidrocarburos en un arroyo de Tupungato. En el expediente se habla de violar la ley y arriesgar salud y ambiente.
Se desarrolla en los tribunales federales un juicio por contaminación petrolera, un hecho con muy pocos antecedentes en la provincia.
Concretamente la carátula habla de violar la ley de residuos peligrosos y lo que es más grave aún, poner en peligro el ambiente y la salud.
El caso ocurrió en Tupungato y no son esos los únicos ingredientes que hacen de éste, un debate diferente ya que también muestra el largo camino que recorrió el expediente 11.222 D, toda vez que los hechos investigados fueron denunciados hace 15 años.
La empresa petrolera denunciada es Vintage Oil y en este tiempo dejó de trabajar en la zona, mientras que los tres acusados: Miguel Angel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortone ; un cuarto Mark Francis Sheehan (ausente con un pedido de averiguación de paradero), tampoco trabajan más en el yacimiento Piedras Coloradas, ubicado en el departamento de Tupungato.
Hace 15 años
El caso se remonta al 28 de junio de 2003 y se originó cuando César Biritos, en su calidad de Delegado de Cauce de la Inspección Arroyo Carrizal, denunció la "existencia de contaminación por agua de purga causadas por los pozos (PC 15 y PC 67) de la empresa".
Cuatro meses después -dice la elevación a juicio con la firma de la fiscal federal María Gloria André-, se comprueba que "en al menos uno de los pozos (PC 15), dicha contaminación no había cesado”.
En detalle
Según se conoce ahora, en aquel tiempo se pudo observar en el cauce "un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones (iones cargados negativamente) y cationes (iones cargados positivamente) mayoritarios, en especial cloruros y sodios, compuestos predominantes en las aguas en formación..."; el informe agrega que "hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y litio, valores que no se encuentran normalmente en las aguas subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y/o agua de purga luego de la extracción de petróleo".
Lo que se traduce en que "se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona".
Además de todo lo expuesto, se recuerda que la existencia de los pozos mencionados en la denuncia, “estaba prohibida por resolución 788/1996 y no había autorización existente alguna de tal prohibición; que la contaminación efectivamente se produjo, que la misma se extendió por un período prolongado de tiempo, y que todo ello aconteció con conocimiento de los responsables", es decir los acusados.
En una sala vacía
El juicio que se viene desarrollando en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales, está en manos de los jueces María Paula Marisi, como presidente, acompañada por Alejandro Piña y Alberto Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1.
La acusación fiscal está a cargo de María Gloria André, mientras los abogados Alberto Aguinaga; Carlos De Casas y Juan Day, tienen la asistencia técnica en la defensa de Calvi; Tortone y Laluf, respectivamente.
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Fecha de Publicación: 20/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Es por presunto derrame de hidrocarburos en un arroyo de Tupungato. En el expediente se habla de violar la ley y arriesgar salud y ambiente.
Se desarrolla en los tribunales federales un juicio por contaminación petrolera, un hecho con muy pocos antecedentes en la provincia.
Concretamente la carátula habla de violar la ley de residuos peligrosos y lo que es más grave aún, poner en peligro el ambiente y la salud.
El caso ocurrió en Tupungato y no son esos los únicos ingredientes que hacen de éste, un debate diferente ya que también muestra el largo camino que recorrió el expediente 11.222 D, toda vez que los hechos investigados fueron denunciados hace 15 años.
La empresa petrolera denunciada es Vintage Oil y en este tiempo dejó de trabajar en la zona, mientras que los tres acusados: Miguel Angel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortone ; un cuarto Mark Francis Sheehan (ausente con un pedido de averiguación de paradero), tampoco trabajan más en el yacimiento Piedras Coloradas, ubicado en el departamento de Tupungato.
Hace 15 años
El caso se remonta al 28 de junio de 2003 y se originó cuando César Biritos, en su calidad de Delegado de Cauce de la Inspección Arroyo Carrizal, denunció la "existencia de contaminación por agua de purga causadas por los pozos (PC 15 y PC 67) de la empresa".
Cuatro meses después -dice la elevación a juicio con la firma de la fiscal federal María Gloria André-, se comprueba que "en al menos uno de los pozos (PC 15), dicha contaminación no había cesado”.
En detalle
Según se conoce ahora, en aquel tiempo se pudo observar en el cauce "un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones (iones cargados negativamente) y cationes (iones cargados positivamente) mayoritarios, en especial cloruros y sodios, compuestos predominantes en las aguas en formación..."; el informe agrega que "hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y litio, valores que no se encuentran normalmente en las aguas subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y/o agua de purga luego de la extracción de petróleo".
Lo que se traduce en que "se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona".
Además de todo lo expuesto, se recuerda que la existencia de los pozos mencionados en la denuncia, “estaba prohibida por resolución 788/1996 y no había autorización existente alguna de tal prohibición; que la contaminación efectivamente se produjo, que la misma se extendió por un período prolongado de tiempo, y que todo ello aconteció con conocimiento de los responsables", es decir los acusados.
En una sala vacía
El juicio que se viene desarrollando en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales, está en manos de los jueces María Paula Marisi, como presidente, acompañada por Alejandro Piña y Alberto Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1.
La acusación fiscal está a cargo de María Gloria André, mientras los abogados Alberto Aguinaga; Carlos De Casas y Juan Day, tienen la asistencia técnica en la defensa de Calvi; Tortone y Laluf, respectivamente.
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Los ridículos aprietes al movimiento anti fracking en Mendoza
Una peregrinación contra el fracking
Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impidió mediante el uso de la policía provincial, que se plantara un olivo bendecido por el papa Francisco al finalizar la peregrinación en defensa del agua y en contra del fracking que, a principios de año, autorizó el mandatario radical en suelo mendocino y de la que participaron más de 2.000 personas.
La extracción por fracking en la provincia cuyana fue autorizada unilateralmente por el gobernador Cornejo a través de un decreto el año pasado. El mandatario decidió dar vía libre a este tipo de explotaciones petroleras, asegurando que la técnica es segura y que se realizarían los controles necesarios. Sin embargo, los primeros estudios -filtrados a mediados de abril- demostraron altos niveles de contaminación en los acuíferos cercanos a la zona de explotación.
Hecho que encendió la luz de alarma entre organizaciones ambientales y vecinos del sur mendocino, que los motivó a iniciar un plan de lucha para impedir que se siga realizando esa práctica en la provincia. Es así que, el sábado por la mañana, más de 2.000 personas se concentraron en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza.
Muchos de ellos integrantes de las asambleas del agua y otros tantos ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua, el cual no pudo culminar con normalidad debido a la resistencia del gobernador mendocino, quien no permitió que los protestantes plantaran un olivo que había sido bendecido por el Papa.
Peregrinación.
La iniciativa fue organizada por el científico Esteban Servat, quien junto a asociaciones mendocinas, la Fundación La Alameda y el gremio de Camioneros rechazan la implementación del fracking.
“La defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”, remarcó Gustavo Vera, luego del impedimento policial para plantar el olivo papal, enviado desde Buenos Aires por la Fundación Alameda.
La peregrinación tuvo entre sus filas a representantes de ciudades como Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato. La plantación del olivo, impedida por Cornejo mediante el uso de la policía, era el cierre del peregrinaje que partió a pie desde el pueblo mendocino de Bowen, en el departamento de General Alvear, el pasado 17 de agosto.
Cada persona que participó llevó un poco de tierra de su localidad, y un poco de agua de su río o acuífero cercano, para poder colocar en la Plaza Independencia, de la capital provincial donde se plantaría el olivo.
Escándalo.
Meses atrás un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, que fue filtrado a la prensa por la ONG EcoLeaks, comprobó la contaminación del agua en las primeras pruebas de fracking que se realizaron en las napas cercanas a la zona de explotación petrolífera. Esta situación es profundamente sensible, ya que esta zona en el sur mendocino posee fuentes acuíferas que forman parte de los afluentes que alimentan al río Atuel.
Multa.
Servat fue multado por la Municipalidad de la capital de Mendoza con 53.400 pesos por “corte de circulación en calles San Martín y Espejo” y con 13.350 pesos por “contaminación sonora en el Parque Central”. Ante esta situación, el científico responsabilizó de esas sanciones al propio mandatario mendocino y lo acusó de iniciar “una persecución judicial que se cayó a pedazos".
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Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impidió mediante el uso de la policía provincial, que se plantara un olivo bendecido por el papa Francisco al finalizar la peregrinación en defensa del agua y en contra del fracking que, a principios de año, autorizó el mandatario radical en suelo mendocino y de la que participaron más de 2.000 personas.
La extracción por fracking en la provincia cuyana fue autorizada unilateralmente por el gobernador Cornejo a través de un decreto el año pasado. El mandatario decidió dar vía libre a este tipo de explotaciones petroleras, asegurando que la técnica es segura y que se realizarían los controles necesarios. Sin embargo, los primeros estudios -filtrados a mediados de abril- demostraron altos niveles de contaminación en los acuíferos cercanos a la zona de explotación.
Hecho que encendió la luz de alarma entre organizaciones ambientales y vecinos del sur mendocino, que los motivó a iniciar un plan de lucha para impedir que se siga realizando esa práctica en la provincia. Es así que, el sábado por la mañana, más de 2.000 personas se concentraron en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza.
Muchos de ellos integrantes de las asambleas del agua y otros tantos ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua, el cual no pudo culminar con normalidad debido a la resistencia del gobernador mendocino, quien no permitió que los protestantes plantaran un olivo que había sido bendecido por el Papa.
Peregrinación.
La iniciativa fue organizada por el científico Esteban Servat, quien junto a asociaciones mendocinas, la Fundación La Alameda y el gremio de Camioneros rechazan la implementación del fracking.
“La defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”, remarcó Gustavo Vera, luego del impedimento policial para plantar el olivo papal, enviado desde Buenos Aires por la Fundación Alameda.
La peregrinación tuvo entre sus filas a representantes de ciudades como Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato. La plantación del olivo, impedida por Cornejo mediante el uso de la policía, era el cierre del peregrinaje que partió a pie desde el pueblo mendocino de Bowen, en el departamento de General Alvear, el pasado 17 de agosto.
Cada persona que participó llevó un poco de tierra de su localidad, y un poco de agua de su río o acuífero cercano, para poder colocar en la Plaza Independencia, de la capital provincial donde se plantaría el olivo.
Escándalo.
Meses atrás un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, que fue filtrado a la prensa por la ONG EcoLeaks, comprobó la contaminación del agua en las primeras pruebas de fracking que se realizaron en las napas cercanas a la zona de explotación petrolífera. Esta situación es profundamente sensible, ya que esta zona en el sur mendocino posee fuentes acuíferas que forman parte de los afluentes que alimentan al río Atuel.
Multa.
Servat fue multado por la Municipalidad de la capital de Mendoza con 53.400 pesos por “corte de circulación en calles San Martín y Espejo” y con 13.350 pesos por “contaminación sonora en el Parque Central”. Ante esta situación, el científico responsabilizó de esas sanciones al propio mandatario mendocino y lo acusó de iniciar “una persecución judicial que se cayó a pedazos".
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