Mostrando entradas con la etiqueta Entre Ríos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Entre Ríos. Mostrar todas las entradas

El estado del Gualeguaychú preocupa a vecinos



El foro ambiental ratificó su preocupación por el estado del río Gualeguaychú

Fecha de Publicación
: 27/12/2019
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Un grupo de ambientalistas volvió a poner en eje del debate al estado del río. Aseguraron que hay pruebas que no son válidas para la normativa oficial por el modo en que han sido tomadas. Además, vuelven a recordar la normativa vigente.
En un documento enviado a ElDía, el Foro Ambiental Gualeguaychú aseguró que "cumpliendo con uno de los objetivos del Foro Ambiental, como lo es la información responsable a la ciudadanía; queremos reafirmar nuestra preocupación por el estado de las aguas de nuestro Río Gualeguaychú. Hemos analizado el documento denominado "Planilla resultados monitoreo del rio", consultado en la página oficial del Municipio en fecha 19-12-2019, bajo el enlace: https//gualeguaychu.gov.ar/apps/dashboard/ftp/web/resultadosmonitores_río3.pdf .
Las muestras reflejadas en este informe fueron tomadas en las fechas 27/03/2019, 09/04/2019, 24/04/2019, 09/05/2019, 04/08/2019, 21/08/2019, 26/09/2019 y 28/11/2019". "Nosotros consideramos los parámetros que nos interesan en este caso, que son los Coliformes fecales y el microorganismo indicador Escherichia coli. La normativa vigente para las aguas de recreación es la RESOLUCIÓN Nº 84 del 29 de noviembre de 2007 de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, que en su art. 8 dispone: "Art.8º- Establecer los Estándares de Calidad Microbiológica para las aguas recreativas. El valor de la media geométrica de Escherichia Coli para cinco muestras distribuidas en 30 días, debe ser inferior a 300/100ml, y ninguna alcance o supere el valor de 800/ml; y el valor de la medida geométrica de Coliformes fecales de cinco muestras distribuidas en treinta días debe ser inferior a 600/100ml, y ninguna muestra alcance o supere el valor de 1000/100ml. Estos valores serán aplicables como UFC ó NMP independientemente de la metodología para el análisis", expusieron en la carta pública.
Además, señalaron que "según se desprende de los gráficos adjuntos y que pueden consultarse en la página oficial del municipio de Gualeguaychú, las muestras no están distribuidas en 30 días según puede comprobarse por las fechas de las tomas de las mismas e indicadas en el gráfico oficial; por lo tanto las medidas geométricas obtenidas no son válidas para la normativa oficial. Son ocho (8) muestras distribuidas a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre del año 2019. No hay información sobre si se analizaron cinco (5) muestras en un lapso de treinta (30) días como dictamina la reglamentación, y en el caso de que se hayan realizado, si alguna superó los parámetros permitidos".

Pedido al Municipio
"Creemos que el derecho a la información pública debe asumirse sin tapujos y en forma responsable; es por eso que solicitamos a la Municipalidad de Gualeguaychú, ponga a disposición de la comunidad los 5 análisis tomados en 30 días, como lo marca la legislación vigente, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre del año 2019, y no solamente uno por mes como se informó públicamente; de lo contrario podría llegar a pensarse que se eligieron ex profeso las muestras para adaptarlas intencionadamente a una media geométrica baja", sostuvieron los ambientalistas.
Finalmente, manifestaron que el Foro Ambiental pone a disposición de la comunidad los controles contratados por el Foro, cuyos análisis fueron realizados por el INTI en diferentes fechas de 2019, pudiéndose consultar en la página de Facebook del Foro Ambiental Gualeguaychú, en el siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/foroambientalgchu/.

Postura Municipal
Semanas atrás, el Municipio confirmó que el río está habilitado para el uso recreativo. Aclararon que los resultados les permiten proceder a la habilitación de sus aguas para uso recreativo y desmintieron un pedido de informe solicitado por un referente opositor.
A raíz de esta información se instaló un debate sobre responsabilidades, ambiente y turismo. Finalmente, desde el Municipio expresaron que "con el ánimo de transmitir tranquilidad a la población local y a los visitantes de nuestra querida ciudad, informamos el accionar llevado adelante meses previos al inicio de cada temporada balnearia".
"El plan de control de playas que lleva adelante la dirección de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú se realiza teniendo en cuenta los límites legales de la Resolución SMA 084/2007, en la cual se regula el uso de aguas y balnearios, a través de la extracción de muestras para un posterior análisis bacteriológico, en las zonas donde se prevé gran presencia de bañistas", explicaron.
"El Municipio de Gualeguaychú realiza un estricto control del río durante el transcurso del año, cuyos resultados se encuentran publicados en la plataforma municipal", indicaron a través de un comunicado y expresaron que con estos datos cuentan con "un amplio conocimiento del comportamiento del mismo, que permite proceder a la habilitación de sus aguas para uso recreativo. No obstante, se informa que se indicaran recomendaciones a los usuarios de las playas, conforme lo exige la normativa".
.

Cien rondas en Entre Ríos por los agroquímicos

Basta es Basta cumple cien martes de ronda por un Entre Ríos libre de venenos

Fecha de Publicación
: 16/12/2019
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Entre Ríos


Hemos logrado como parte de las acciones de la Coordinadora Basta es Basta sostener cien martes consecutivos de rondas por la defensa de la vida y de nuestros territorios. Regalo de la historia el que coincida con el día internacional de los Derechos Humanos.
No existe hoy en la agenda mundial, ningún tema más urgente que la crisis ambiental.
En este contexto, es prioritario que la agroindustria transforme sus modos de producción, ya que es la responsable de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el Basta es Basta, durante dos años de participación y coherencia obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo.
Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición productiva para los productores ahogados por un modelo agotado apeló en contra de los derechos humanos y ambientales en vez de responder con empleo, desarrollo y alimentos seguros como lo demanda nuestra sociedad y el mundo entero ante una crisis climática y alimentaria que ya nadie puede ocultar. En vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio.
Más de 300 de personas acompañaron la Ronda de los Martes N°100 en Paraná. En círculo leímos los 16 puntos que presentamos dos años atrás y que siguen vigentes porque desde las organizaciones sabemos qué futuro y qué vida merecemos. Señor gobernador, le hemos pedido 100 veces que nos reciba. En este nuevo mandato que le confió el pueblo de Entre Ríos, reiteramos el pedido de que escuche a los pueblos fumigados y nuestras peticiones que son las mismas que hace dos años.
.

Entre Ríos: buscarán endurecer penas a cazadores



Buscan endurecer las penas tras la matanza ilegal de un puma

Fecha de Publicación
: 10/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos


El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. "La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó.
En Entre Ríos Buscan endurecer las penas tras la matanza ilegal de un puma El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. "La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó. El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó.
El director general de Fiscalización de la Secretaría de Producción de Entre Ríos, Félix Esquivel, se refirió al nuevo caso de matanza de un ejemplar de puma, una especie protegida que se encuentra en peligro de extinción, que se registró este lunes en la zona Sauce de Nogoyá.
"Nuestra Ley de Caza no faculta penas, castigo ni demanda penal. En ese sentido, estamos hablando de una contravención que prevé una multa que va de los 6 mil pesos en adelante, dependiendo de cada caso y del descargo que haga el infractor, hasta los 50 mil", informó.
Sin embargo, el caso de Nogoyá es muy reciente todavía para hablar de un monto específico. "Ayer se hicieron allanamientos, se decomisó el cuero del puma y otros elementos, y se actuará sobre quien cometió la infracción, que está identificado; el caso está todavía en investigación", indicó el funcionario.
"Estamos trabajando en la modificación de la Ley de Caza y Pesca para ser más duros con los infractores, aquellos que no cuiden el medio ambiente, comercialicen o maten especies que están en extinción", anunció Esquivel. "Como pasa en otras provincias, depende el daño al ecosistema, las multas pueden andar en los 500 mil hasta el millón de pesos. Con esta modificación lo que buscamos, es evitar el tráfico ilegal de la fauna o la acción de los cazadores furtivos o depredadores en el río, para tomar más conciencia del cuidado de nuestros recursos", avisoró.
Finalmente, el director de Fiscalización pidió resaltar "el compromiso del gobernador Bordet en el cuidado de nuestros recursos en la fauna ictícola y silvestre" y la ayuda permanente de la sociedad denunciante. "Siempre recurrimos a la ayuda de la sociedad, que no solamente repudia sino que también nos informa de estos hechos para poder actuar rápidamente", concluyó.
.

Juticia frena explotación agrícola en isla entrerriana



Frenaron definitivamente explotación sojera y maicera en zona de islas protegida

Fecha de Publicación
: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos


Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.

El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.

Una década de ilegalidad y daño ambiental

Bema Agri había  construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.

Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya  la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.

.

Gualeguaychú no realizará el "Grito Blanco" este año

Finalmente el "Grito Blanco" de Gualeguaychú no se realizará

Fecha de Publicación
: 16/11/2019
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Tras dos postergaciones, una por mal tiempo y otra por un paro docente, la XV edición del Grito Blanco no se realizará este año. De todas maneras, cada escuela hará una muestra de trabajos sobre el cuidado del medio ambiente.
El XV Grito Blanco, organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental, no podrá hacerse en lo que resta del ciclo lectivo actual.
Vale recordar que la marcha que realizan todos los años las escuelas de la ciudad del sur entrerriano a favor del medio ambiente y en contra de la contaminación, sufrió este año dos postergaciones. La primera fue el 4 de octubre a causa de la lluvia y la segunda, el viernes 8 de noviembre a causa del paro nacional de CTERA debido a la represión de los maestros chubutenses, al que adhirieron los gremios docentes entrerrianos.
Si bien todavía se barajaba la posibilidad de su concreción, todo dependía de que los establecimientos educativos tuvieran un día disponible para hacerlo. En este sentido, pasado el mediodía de este lunes, se confirmó que el Grito Blanco, como manifestación pública, no se realizará. En cambio, cada escuela hará una muestra de los trabajos realizados sobre el cuidado del medio ambiente y en apoyo a la paz en el mundo.
Desde la Asamblea ciudadana ambiental se destacó el trabajo hecho por docentes y alumnos, con vistas a este evento que tiene a los escolares por protagonistas. Realizaciones que ahora se mostrarán en cada establecimiento educativo, indica El Argentino.
.

Un corredor de biodiversidad para el Delta del Paraná



Impulsan la creación de un “Corredor de Biodiversidad en el Delta del Paraná”

Fecha de Publicación
: 13/11/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región:  Entre Ríos - Buenos Aires


Se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires una reunión de trabajo donde las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, el gobierno nacional y la ONG Humedales acordaron acciones para fortalecer la implementación del Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná.
La idea es avanzar en un modelo capaz de incidir sobre la gestión del territorio, las políticas de Estado y la toma de decisiones como herramienta de transformación. En ese marco, se convocó a las partes que conforman el Plan Integral Estratégico para la Conservación y. Aprovechamiento Sostenible en la región del Delta del Paraná (Piecas) para generar un espacio de diálogo que permita avanzar en la identificación de un conjunto de acciones iniciales que orienten la continuidad del proceso y faciliten la implementación de la propuesta de estrategia.
El corredor se propone incidir sobre este vasto territorio, valorándolo no sólo como patrimonio natural, sino también como sostén de los medios de vida de las comunidades locales y soporte indispensable para el desarrollo sustentable de la región. Cabe mencionar que forma parte de otro proyecto que incluye a todo el río Paraná, desde Brasil. Se trata de un esfuerzo conjunto, como otros que se vienen desarrollando, entre las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe; Nación, Parques Nacionales y ong’s.
Por el gobierno entrerriano participó el subsecretario de Ambiente, Lucio Amavet, quien sostuvo que esta reunión busca generar el debate y tratamiento del plan estratégico dentro del corredor de biodiversidad. Y mencionó que en Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet firmó tiempo atrás el decreto que reglamenta la Ley de Áreas Naturales Protegidas que da un marco para, en la próxima gestión, avanzar en la política que ha diseñado la ley de fortalecimiento las áreas naturales públicas y privadas, de diseño de planes de gestión y manejo de las áreas naturales y de la georeferenciación de las mismas”.
El objetivo del encuentro fue acordar temas prioritarios y posibles primeros pasos hacia la implementación de un Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná

Actores
Estuvieron presentes también Dolores Duverges, de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Daniel Novoa, del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de Buenos Aires; Roberto Zabala y Valeria Wétzel de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; Marco Vermaasen, Sebastián Preliasco y Nadia Boscarol, de Wetlands International / Fundación Humedales; y representantes de la Administración de Parques Nacionales.
La estrategia regional tiene por objeto el reconocimiento del Delta del Paraná como un corredor natural de biodiversidad, con lineamientos ambientales específicos que faciliten su gestión e incidan sobre su intervención y/o desarrollo. La estrategia focal acota su accionar al desarrollo de pequeños corredores entre las áreas protegidas.
.

Arena para fracking genera preocupación en Entre Ríos



Arenas silíceas: reunión de organizaciones ambientalistas de la provincia

Fecha de Publicación
: 06/11/2019
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Fundación Cultura Ambiental - Causa Ecologista (Cauce) participó de una reunión junto a referentes ambientales de la costa del Uruguay para tratar diferentes aspectos de la extracción de arena silícea en la provincia y que se destina a la industria del fracking en Vaca Muerta (Neuquén).
En el encuentro. la Fundación realizó una breve exposición sobre el seguimiento y monitoreo que viene realizando del proyecto de extracción de arenas silíceas de la empresa Arenas Argentinas del Paraná en el lecho del río Paraná sobre el ejido del Departamento Diamante.
Además, focalizaron en los principios de la democracia ambiental; acceso a la información pública; participación ciudadana y acceso a la Justicia.
Por otro lado, el equipo de la Fundación Cauce fue parte de una ronda de conversación en la que se compartió la preocupación de los vecinos y las vecinas de Ibicuy sobre la instalación de areneras en la zona, de las cuales no tienen información sobre sus efectos ni tuvieron participación en la decisión de sus autorizaciones.
Participaron la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, integrantes de “Por una vida sin agrotóxicos”, Asamblea Ciudadana de Concordia y referentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
.

Justicia entrerriana habilita fumigar cerca de escuelas



La Justicia falló a favor del decreto del gobierno entrerriano que organiza la aplicación de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos


La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.

Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.

Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.

En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
.

Iniciativa binacional para control de espacios compartidos

Acuerdan la construcción del laboratorio ambiental

Fecha de Publicación
: 26/10/2019
Fuente: La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos


Con la presencia del presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mauro Vazón, y el vicepresidente de la Delegación Uruguaya, Rogelio Texeira, fue rubricado el contrato para desarrollar el proyecto ejecutivo del Laboratorio Ambiental Binacional.
Los arquitectos Martín y Marcelo Gualano serán los profesionales a cargo de la tarea, quienes resultaron ganadores del concurso público binacional de anteproyectos arquitectónicos, finalizado en junio, en el que participaron más de 90 equipos de ambos países.
La creación del laboratorio binacional fue acordada en enero de 2016 por los presidentes de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri, y de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez.
Fue con el objetivo de apoyar el control ambiental de espacios de interés compartido de ambos países y constituirse en una referencia científica y analítica con reconocimiento a nivel regional e internacional que permita determinar la calidad ambiental del ecosistema agua, sedimento y biota, para la definición de medidas de prevención, conservación y mejora de la calidad del agua del río.
El cometido esencial es dar soporte a los programas de monitoreo en el río Uruguay, realizando además las investigaciones y desarrollos de interés y otros programas que los Estados parte acuerden, además, de ser necesario prestar servicios a terceros.
.

Gualeguaychú: barrio privado deberá ser demolido



La Justicia falló contra el barrio náutico Amarras de Gualeguaychú

Fecha de Publicación
:23/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos


El barrio empezó a construirse sobre los humedales del río Gualguaychú, no hicieron estudios de impacto ambiental y provocó inundaciones en zonas densamente pobladas.
La Justicia entrerriana ordenó la “demolición y desmantelamiento” del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, situado en la localidad de Pueblo Belgrano, por su “impacto negativo sobre el medio ambiente”, ya que las obras de elevación de la tierra que se hicieron para construirlo provocaron “la crecida del río e inundaciones”.
En el fallo, firmado por los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), se ordenó además “dejar la zona en su estado anterior”. Esta sentencia está en la línea de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en julio dejó sin efecto la anterior sentencia del Stjer en la que rechazaba la acción de amparo interpuesta por vecinos de Gualeguaychú que pedían el cese de las obras.
El caso, promovido por un grupo de vecinos afectados, tuvo por objeto inicial la prevención y cese del emprendimiento inmobiliario conocido como Amarras de Gualeguaychú, que comprende una fracción de terreno de 445 lotes, y un proyecto de construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones, lindero al Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú.
La empresa demandada, Altos de Unzué SA, emprendedor inmobiliario, antes de hacer los estudios de impacto ambiental, realizó trabajos de magnitud en el predio, como movimientos de suelo, constatados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En este contexto, la Dirección de Hidráulica provincial difundió un informe técnico del cual surge que la construcción de este barrio náutico afecta los humedales del río (el valle de inundación). Posteriormente, Altos de Unzué SA presentó un estudio de impacto ambiental que indicaba la existencia de una reserva de pájaros. La ley provincial 9718 declara "área natural protegida a los humedales" del Departamento de Gualeguaychú. Al construir un megaemprendimiento como el Amarras, se produce un impacto permanente e irreversible.
La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido, en junio, la “paralización y demolición” del barrio, ya que “las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y obligado a la evacuación de más de 150 personas. La crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua”. E insistió en que “Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona” y que “el agua que los terrenos sobreelevados del barrio desplazaban ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas”.
Los jueces entrerrianos señalaron que quedó “efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente”, y por eso se solicitó la “recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior”. La decisión se basa en “la prevención del daño futuro y la recomposición de la polución ambiental ya causada”, y ordena además un “resarcimiento pecuniario por los daños irreversibles”.
La justicia le dio 180 días a la empresa Altos de Unzué SA, encargada de la construcción del barrio, para “desmantelar” la zona, e instruyó a la Secretaría Ambiental de Gualeguaychú para “controlar el cumplimiento de la sentencia”.
En declaraciones a medios locales, el abogado Juan Ignacio Weimberg, que participó activamente de la causa contra el megaemprendimiento inmobiliario, aseguró: "Es factible que la empresa presente quiebra y todas las personas que de buena fe confiaron en una firma que vendió espejitos de colores, gente que firmó boletos de compra-venta, terminarán frustradas en sus derechos. Lo más seguro es que quiebren, porque pagar no van a pagar”. Para sustentar sus dichos, recordó que el abogado de Altos de Unzué S.A., Daniel Garbino, había dicho hace un tiempo que “esta sentencia es el decreto de quiebra” de la empresa sancionada por la Justicia. “No tienen el capital para hacer frente al aluvión de demandas que se les viene, además de las costas legales y las tareas de desmantelamiento”, concluyó.
.

Agroamenaza sojera en Entre Ríos



La agroamenaza sojera en Entre Ríos: “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”

Fecha de Publicación
: 11/10/2019
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Entre Ríos


La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento.
“Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.

Qué está en juego
La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales.
El magistrado sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”.
El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia: “Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.
“La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes”.
Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.

La deuda del lobby
Este martes hubo una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”, explicó Sasia el lunes pasado.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.

Lo urgente
Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.
La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.
.

Justicia nuevamente protege las escuelas entrerrianas



Otro freno a las fumigaciones cerca de las escuelas rurales

Fecha de Publicación
: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
.

El Bioparque de Salto Grande fue oficialmente inaugurado



Inauguraron el Bioparque de Salto Grande, un espacio para la conservación de la biodiversidad

Fecha de Publicación
: 03/10/2019
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, fue oficialmente inaugurado el Bioparque de Salto Grande, un parque de flora regional con fines educativos, recreativos y turísticos y de conservación de la biodiversidad.
Ubicado en el predio que tiene la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el proyecto se concibió como un aporte a la conservación de la biodiversidad de la región. La restauración del ambiente y paisaje nativos con fines educativos, recreativos, turísticos y de conservación, se inició donde se había implantado un monte exótico de eucaliptus.
El presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Roberto Niez, destacó: “Hoy es un día de mucha alegría para la Delegación Argentina al inaugurar el Bioparque Salto Grande. Un gran trabajo que se inició hace años por el área de gestión ambiental y que hoy comienza una nueva etapa al abrir oficialmente las puertas a los visitantes”.
“Quiero felicitar a todos los que de una manera u otra formaron parte de este importante proyecto que nos permite hoy hacer un gran aporte para la conservación de la biodiversidad de la región. La cercanía con las poblaciones hace un lugar único para poder vivenciar el contacto con la naturaleza y aprender sobre nuestra fauna y flora autóctona. Esperamos que este espacio pueda ser visitado y valorado por toda la comunidad y que también sea una herramienta para las escuelas de la región para facilitar y transmitir la importancia del cuidado del ambiente”, agregó además.
Por su parte, Maximiliano Bertoni, jefe del Área de Gestión Ambiental, contó el recorrido realizado desde los comienzos para llevar adelante este proyecto inédito ya que no había experiencias previas y agradeció a las autoridades por la oportunidad de hacer este tipo de iniciativa en una central hidroeléctrica que apunta claramente al desarrollo regional e involucramiento de las comunidades.
De la inauguración participaron autoridades, funcionarios y colaboradores de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, proveedores que fueron parte de las distintas etapas del proyecto, autoridades y profesores del Instituto de Profesorado Concordia.

Sobre el parque
El parque tiene un área de protección ambiental con senderos de gravilla para recorrer el predio, para observar y tomar contacto con la naturaleza; un sendero de madera elevado que ofrece una vista paisajística a los visitantes y un área de recreación con juegos infantiles, mesas, bancos y un anfiteatro. La entrada es libre y gratuita y se puede recorrer durante todo el día.
El trabajo, que llevó seis años, consistió en reconvertir un monte de eucaliptus con especies nativas, aumentando la biodiversidad del predio. Actualmente se pueden encontrar 132 especies de plantas vasculares silvestres, 68 especies de aves y 9 especies de mamíferos.
 Asimismo, el Bioparque es un gran aporte de Salto Grande al desarrollo turístico de la región al sumar nuevas propuestas que contribuyen a la diversificación de la oferta turística y en una de las modalidades de mayor crecimiento a nivel mundial que es la relacionada al “Turismo en la naturaleza”.
.

Sin Ley de Humedales, la Corte sale a protegerlos



En defensa de los humedales

Fecha de Publicación
: 17/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


La decisión atañe al Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, frente a la ciudad del mismo nombre. El fallo fue recibido como "histórico" por los ambientalistas.
La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia considerada "histórica" por las organizaciones socioambientales. Ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los humedales (reservorios de agua dulce). Solo en la cuenca baja del río Luján (zona de reiteradas inundaciones) existen al menos 66 barrios privados, que ocupan 9000 hectáreas de humedales. "Cada fallo judicial nos genera la ilusión de que algún día se pueda hacer justicia por tanto daño que han hecho empresas como Eidico (de Jorge O'Reilly) y Nordelta (Eduardo Costantini) en nuestro territorio", señaló Reinaldo Roa, de la comunidad de Punta Querandí, en Tigre. A inicios de su mandato el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, pero nunca se concretó.
 Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como "esponja" y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy), entre otros.
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería de litio hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales). Desde hace más de una década organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios (en sintonía con lo que fueron las leyes de bosques y de glaciares).
"Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú", es el nombre del emprendimiento inmobiliario de la empresa Altos de Unzué Sociedad Anónima. Cuenta con 445 lotes, prevé la construcción de 200 viviendas y un hotel de 150 habitaciones, lindero al conocido Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú. La empresa realizó movimientos de suelo antes de presentar la declaración de impacto ambiental.
La demanda, impulsada por un grupo de vecinos (encabezado por Julio Majul), solicitó el cese de actividades y la reparación de los daños. "El proyecto se realizará sobre una zona de humedales, con impactos permanentes e irreversibles", señalá el fallo de la Corte Suprema, con la firma los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo inicial con el tecnicismo de que la Municipalidad de Gualeguaychú ya había realizado una denuncia y la situación se debía resolver en el ámbito administrativo.
Los vecinos recurrieron al máximo tribunal del país, que en julio pasado revocó lo resuelto por los jueces provinciales, lo consideró "arbitraria" y destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. La Corte Suprema resaltó la vigencia del derecho a vivir en una ambiente sano (artículo 41 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución de Entre Ríos) y recordó que el Estado debe garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad.
En un fallo de 22 páginas, el máximo tribunal afirmó que la cuenca hídrica es un sistema integral, en la que los humedales cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes.
La Corte Suprema también reiteró la vigencia de un artículo muy poco aplicado por los jueces del país: el "principio precautorio" (cuando haya riesgo para la salud o el ambiente, se deben tomar medidas preventivas, aunque no haya certeza absoluta de su afectación).
 "Los barrios cerrados dañan nuestro territorio, destruyen el equilibrio natural milenario, arrasando cementerios indígenas de nuestros ancestros, desalojando cientos de familias, adueñándose de ríos y arroyos y eliminando la diversidad productiva de nuestra región", denunció Reinaldo Roa, miembro del Pueblo Guaraní y representante del Consejo de Ancianos de la Comunidad de Punta Querandí, ubicada en el paraje Punta Canal entre Tigre y Escobar, una de las zonas más impactadas por los barrios privados. Punta Querandí sufre juicios de desalojos: la causa penal fue favorable a la comunidad indígena con fallos de primera y segunda instancia durante 2018, y se espera una próxima sentencia del Poder Judicial e San Isidro.
Patricia Pintos es una de las académicas que más estudió la relación humedales-barrios cerrados. En el estudio “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, del Centro de Investigaciones Geográficas (IdIHCS/UNLP), contabilizó un piso de 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre). Pintos coincidió con la comunidad Punta Querandí (y con las organizaciones socioambientales) que puntualizan en dos empresarios como los referentes en barrios cerrados y destrucción de humedales: Jorge O'Reilly (empresa Eidico) y Eduardo Costantini (Consultatio S.A.), dueño también del museo Malba.
En febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri había prometido en público una ley nacional de protección de humedales. En noviembre de ese año, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto. El principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
La Corte Suprema de Justicia resaltó dos principios "novedosos" que aplicó para proteger humedales: “In dubio pro natura” y el “in dubio pro aqua". La Asociación por la Justicia Ambiental y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad emitieron un comunicado en conjunto y explicaron el valor jurídico. Los principios "in dubio pro natura y pro agua" establecen que "en caso de duda, las controversias ambientales y de agua 'deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos".
.

Lo poco que queda del monte entrerriano, sigue cayendo



Denuncian desmontes en campos entrerrianos

Fecha de Publicación
: 09/09/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Entre Ríos


Aseguran desde la zona que los árboles extraídos del campo son amontonados y luego quemados, dejando a los animales sin hogar.
En la localidad de Isletas, departamento Diamante denunciaron que se está deforestando "lo poco que aún queda" de monte nativo, según se puede observar en fotos y un video difundido en las últimas horas por el sitio isletas Noticias.
Informaron que si bien el desmonte no es algo anormal estos últimos años en la localidad, en las últimas semanas un terrateniente decidió arrasar con gran parte de un monte, con el fin de acondicionar el territorio para la siembra de cultivos.
El lugar se ubica en cercanías de la Escuela N° 17, Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de un conjunto de árboles, en su mayoría espinillos, aunque también se encuentran otras especies. Es reconocido por los lugareños porque allí habitan animales que en otros puntos de la zona ya no se ven, como zorros, liebres, zorrinos, comodrejas y hasta se han visto gato montés y ciervos, entre otros. Además de una gran variedad de pájaros y peces en el arroyo.
Detallaron que se accede al sitio por un camino de tierra, un pequeño sendero que en días de lluvia queda prácticamente intransitable. En parte es tierra de vertientes en épocas lluviosas y además un arroyo cursa por el interior del bosque por lo que no generaba gran interés para la producción, al menos hasta ahora.
Desde un medio provincial contaron que todo cambió en las últimas semanas cuando el propietario del campo que ya había desmontado otras taperas de su propiedad, decidió contratar maquinarias para arrasar con buena parte de los árboles.
Se abren especies de caminos o surcos, los árboles son amontonados hasta que se secan y luego se les prende fuego. De esa forma, la tierra ya queda preparada para la siembra en la próxima campaña.
"Lo que más llama atención, es que la mayoría de los vecinos no considera importante aquel árbol o animal que no sea para un beneficio personal, es decir dar sombra, frutos, poder ser consumido o vendido. Otros ven que se desmonta pero lo califican como normal; están los que no quieren tener problemas con los vecinos y prefieren no meterse y hasta hay quienes se quejan por la aparición de mayor cantidad de zorros que les matan lechones y gallinas, pero no se preguntan a qué se debe", concluyó un vecino.
.

Trabajan en la primer reserva natural biprovincial



Corrientes y Entre Ríos se unen para crear la 1ra reserva natural biprovincial del país

Fecha de Publicación
: 06/09/2019
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes - Entre Ríos


Representantes de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes, el Área de Gestión Ambiental de Salto Grande, los municipios de Chajarí y Mocoretá y la Mesa de Amigos de la Reserva se reunieron el jueves último para aunar fuerzas en pos de la creación de la Reserva Biprovincial Mocoretá.
El encuentro tuvo lugar durante la tarde del jueves en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Mocoretá y fue convocado por la Mesa de Amigos de la Reserva.Tanto la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos -representada por la Lic. Valeria González Wetzel- como la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes –en la figura del Lic. Fernando Laprovitta- confirmaron su incorporación formal a la Mesa de Amigos. “La participación de ambas provincias es una muestra clara de la voluntad de conservar este espacio natural y de convertirlo en un polo ecoturístico regional”, expresó Verónica Cassels, referente de la Mesa.
La Reserva Natural Mocoretá, ubicada en el límite entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, cuenta con características únicas puesto que presenta bellísimos paisajes naturales a orillas del río Mocoretá y alberga una amplia biodiversidad, que incluye alrededor de 1000 especies de animales y plantas, varias de ellas amenazadas de extinción a nivel mundial.
La Mesa de Amigos está conformada por referentes de varias instituciones tales como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes, el Área de Gestión Ambiental de Salto Grande, las municipalidades de Mocoretá y Chajarí, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Mocoretá y Chajarí y las ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) y CAASER (Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos).
.

Entre Rios: repudio de la Asamblea a declaraciones de Bordet



La Asamblea Ciudadana repudió declaraciones de Bordet sobre la lucha contra UPM Botnia

Fecha de Publicación
: 04/09/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Rios


En la inauguración del nuevo Consulado de Uruguay en Paraná, el miércoles 28 pasado, el gobernador, Gustavo Bordet, junto al actual canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y el nuevo cónsul Darío Estades, entre otros funcionarios, descalificó el accionar de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ante el conflicto no concluido por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos.
Dijo Gustavo Bordet: “Siempre tuve una posición claramente definida a favor de no cortar los vínculos y puentes, sino tender lazos de unión, no podíamos permitir que se corten las relaciones bilaterales entre dos pueblos. No podíamos permitir estar separados por una disputa absolutamente estéril y esto nos permitió generar lazos de confianza entre intendentes uruguayos y argentinos”.
Al respecto, la Asamblea sostuvo: “Lo primero que debiera entender de una vez y para siempre el gobernador Bordet es que a pesar de los años transcurridos desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera su fallo sobre la pastera de Fray Bentos, el conflicto por el funcionamiento de dicha planta a orillas del Río Uruguay no ha concluido y permanece latente”.
El canciller uruguayo Nin Novoa ha dicho que la planta de celulosa de Fray Bentos “no está contaminando o contamina mínimamente si se puede decir de esa manera”, lo cual es falso y fácilmente demostrable con la documentación en poder de la Asamblea y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no hace pública. El ex vicepresidente del vecino país también afirmó que, en relación con la segunda planta de celulosa finlandesa a construirse a orillas del río Negro y que va a contaminar el curso del río Uruguay, “se están tomando muchos más recaudos”.
“Nin Novoa miente y lo hace con absoluta impunidad: el análisis del Estudio de Impacto Ambientad de la nueva planta de celulosa UPM2 se hizo en apenas ocho meses, encabezados por el siempre ubicuo ex vocal y presidente de la CARU, Eduardo Lorenzo”, advirtió la Asamblea.
“Los más de 100 documentos uruguayos en poder de la Asamblea de Gualeguaychú –algunos de ellos decretos secretos- así lo prueban”, agregaron.
También los asambleístas recordaron que el nuevo cónsul Estades en el año 2006, confeccionó dos Informes de Inteligencia que fueron remitidos por los servicios de espionaje militar al presidente Tabaré Vázquez, alertando de posibles “sabotajes” a la planta de Fray Bentos. Una copia de esos informes incluso llegó a los archivos del famoso Programa X de la Gendarmería Argentina, cuya existencia fue denunciada y luego comprobada por la Justicia Federal de nuestro país. La ex ministra de Defensa uruguaya en aquellos años, Azucena Berruti, dio testimonio de tan graves sucesos. Estades y Daniel Dimasi, quien figuraba como funcionario de la CARU en el Puente Internacional General San Martín, aunque en realidad era un agente de Inteligencia.
El actual Cónsul uruguayo en Paraná, Estades y su colega Dimasi se infiltraron más de una vez entre los manifestantes que mantenían el corte de la Ruta Nacional N° 136.
.

Gualeguaychú: monitoreo de agua de lluvia por agroquímicos



Estudian contaminación atmosférica en la lluvia por agroquímicos

Fecha de Publicación
: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos


La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
.

Entre Ríos: presentación judicial por decreto de fumigaciones



Activistas y docentes piden la nulidad del decreto que reglamenta la aplicación de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y,  lo  que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”.  Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso  por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
.

Demuestran presencia de agroquímicos en el aire



Peligro, glifosato: hallan agroquímicos en el aire en áreas urbanas de Entre Ríos

Fecha de Publicación
: 19/08/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos

Un estudio de la FAUBA y del INTA midió la presencia de glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del Municipio de Oro Verde. Lo detectó en varios momentos del año, tanto en el área rural como en la ciudad. Además, se registró cómo la población percibe esta problemática
En varias localidades de la Argentina, el límite entre el espacio rural y el urbano es cada vez más difuso, ya sea por el crecimiento de las ciudades como por el avance de la actividad agrícola.
Estos procesos originaron debates sobre la producción primaria y sus impactos ambientales; entre éstos, la aplicación de agroquímicos ocupó un lugar preponderante. En este contexto, investigadores del INTA Paraná y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron la presencia del herbicida glifosato en las partículas de la atmósfera que se depositan en la superficie del municipio de Oro Verde, Entre Ríos.
Lo detectaron en el campo y en el casco urbano, incluso en períodos en los que se considera poco probable que se lo aplique en campos agrícolas de la zona.
"Como en muchas localidades del país, hace algunos años, el municipio de Oro Verde comenzó a crecer y la frontera entre el área rural y la urbana se volvió difusa. Esta situación aumentó la preocupación social por los impactos de la producción agrícola. Puntualmente, los habitantes se enfocaron en los posibles efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente", explicó Mariela Seehaus, investigadora del INTA Paraná y Magister Scientiae en Desarrollo Rural en la Escuela para Graduados 'Ing. Agrónomo Alberto Soriano' (EPG-FAUBA).
"Entre los años 2012 y 2013, los vecinos de Oro Verde realizaron movilizaciones que salieron en medios locales, provinciales y hasta en documentales. Estos reclamos derivaron en la sanción de una ordenanza municipal en el 2014 para regular el uso de agroquímicos. Se prohibieron las aplicaciones aéreas en el ejido de la localidad y se definieron distancias de restricción para las aplicaciones terrestres", contó Seehaus.
"Si bien la legislación abordó el conflicto, no resolvió los problemas. En mi trabajo de maestría relevé de qué manera la población local percibía el conflicto. También busqué determinar, como una medida indirecta de la calidad del aire, la depositación de glifosato desde la atmósfera hacia la superficie terrestre", sostuvo la investigadora, cuya tesis dirigió María Carolina Sasal, profesional del INTA Paraná, y co-dirigió María Carolina Feito, docente de la EPG-FAUBA e investigadora del Conicet.
Seehaus realizó un monitoreo de glifosato y de AMPA —el principal producto de degradación del herbicida— en 15 puntos de Oro Verde distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas. Las fechas de muestreo fueron tres: dos en las que se usa el agroquímico en la región y una que se consideró libre de aplicación en cultivos de granos. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60% de los puntos, en los tres momentos de medición y en las tres áreas mencionadas.
"Estos resultados nos llevan a indagar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y el AMPA en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en cultivos de granos. Nuestro trabajo representó un aporte valioso a los escasos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional e internacional y, a su vez, nos permitió vincular las mediciones realizadas con la preocupación de los habitantes sobre la contaminación del aire", afirmó Seehaus.

Escuchar a la gente para pensar soluciones
Seehaus y Sasal se contactaron con los habitantes del municipio entrerriano a fin de conocer cómo percibían los potenciales riesgos de la aplicación de agroquímicos en la zona. "En las encuestas, más del 60% de la población urbana consideró que es un problema que afecta al ambiente y, en particular, a la calidad del aire", dijo Mariela.
Asimismo, agregó que al entrevistar a aquellos vecinos que habían participado de los reclamos rescató opiniones diversas. Muchas personas consideraron que haría falta un mayor control estatal para destrabar el conflicto. Mariela también registró visiones contrapuestas respecto al grado de confianza o desconfianza en las instituciones a cargo de tratar políticamente esta cuestión.
En cuanto a las propuestas de solución, Seehaus destacó que mientras una parte de la sociedad expresó su conformidad con la legislación vigente, otra parte indicó que, además de esta medida, se deberían promover modelos de producción alternativos. De todas maneras, la gran mayoría de los consultados se manifestó a favor de planificar mucho mejor el crecimiento de la ciudad. La investigadora sugirió que para avanzar en la resolución de los problemas se deberían tener en cuenta estas percepciones.
"Esta investigación fue un estudio de caso, pero la situación también se da en muchas otras localidades de la Región Pampeana y de zonas extra-pampeanas. Hay una realidad más amplia, que es la tensión que existe cuando se encuentran próximos los usos residenciales y productivos de la tierra. Integrar la percepción de la gente con mediciones cuantitativas es imprescindible para abordar este tipo de problemáticas socio-ambientales", reflexionó.
.

Blog Archive

Seguir por E-Mail

Temas

Archivo de Blogs