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Entre Ríos: encontraron ejemplares de “tuco-tuco oriental”



Encontraron especie en peligro de extinción en parque nacional entrerriano

Fecha de Publicación
: 04/12/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Se trata del “tuco-tuco oriental”. A partir de una investigación de relevamiento, se confirmó la presencia de estos pequeños roedores en el Parque Nacional Pre Delta, ubicado en el departamento Diamante.

Especie en peligro
A través del análisis genético y la comparación fenotípica, es decir, de sus características observables, se llegó a la conclusión de que la población pertenece a esta especie considerada “en peligro” tanto a nivel nacional como global.
El “tuco-tuco oriental” se encuentra solo en esta región: en Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires y Uruguay. Nunca había sido citada para el área protegida.
El informe revela que la “fragmentación del hábitat es uno de los mayores problemas de conservación para estos animales y la práctica agrícola una de sus principales amenazas, provocando la disminución y el aislamiento de las poblaciones, por lo que enfrentan en la actualidad un alto riesgo de extinción en estado silvestre”
La presencia de la especie refuerza los valores de conservación del Parque Nacional Pre Delta y sus áreas linderas. Esta población superó el impacto de diversas actividades militares y agrícolas en el predio, lo que ofrece indicios alentadores respecto de la restauración del área mediante medidas e iniciativas de conservación y su uso recreativo acorde a los objetivos de conservación.

El “tuco-tuco oriental”
Son pequeños roedores exclusivos de Sudamérica. Hasta el momento, se describieorn más de 60 especies, siendo Argentina el país con mayor diversidad de este grupo, con más de 40 especies reconocidas en su territorio.
Estos mamíferos construyen madrigueras consistentes en un sistema de galerías subterráneas, dentro de las cuales pasan la mayor parte del día, ocultos de los predadores, saliendo al exterior durante el crepúsculo para alimentarse.
Entre los beneficios ecosistémicos que brindan, los tuco-tucos son dispersores de esporas y propágulos de hongos formadores de micorrizas, asociaciones que contribuyen a una mayor captación de fósforo y aumentan la tasa de crecimiento de las palmeras, entre otras especies vegetales.
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Entre Ríos: sigue la presión para fumigar en cualquier lado

Productores confían que Bordet resolverá políticamente el conflicto por los fitosanitarios 
 
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos


La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales.  El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Botnia 2 impugnada técnicamente

La DINAMA impugna varios aspectos del Impacto Ambiental de la pastera Botnia 2

Fecha de Publicación
: 21/11/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos


Los severos problemas técnicos y ambientales que plantea el documento sobre el proyecto que los finlandeses pretenden llevar a orillas del río Negro, podía activar el “plan B” explicitado por UPM al Gobierno uruguayo que es instalarse en Fray Bentos
La “Descripción del Proyecto”, de 171 páginas, y los dos tomos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que en conjunto suman 559 páginas, más sus respectivos anexos presentados por las sociedades Cuecar y Blanvira en representación de UPM se encuentra bajo análisis en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
En una primera instancia el mencionado organismo lo devolvió con casi una docena de objeciones para que se rehiciera el Estudio, que se ha vuelto a presentar pero que, en su segunda versión ya suma siete solicitudes de información adicional, por cuanto hay aspectos del nuevo EIA que no terminan de convencer a los técnicos de la DINAMA.
En la introducción, el documento recuerda que la capacidad de producción de la planta de celulosa será de 2,1 millones de toneladas por año, con posibilidad de aumentar hasta 11%, y que la planta producirá 310 megavatios de energía. Se aclara que no se incluye dentro del informe el impacto de la vía férrea y las modificaciones de la terminal en el Puerto de Montevideo, que tendrán evaluaciones ambientales separadas.
También se señala que la planta utilizará en promedio 23 metros cúbicos de agua por tonelada de producción, lo que implica que en un año, utilizará 48,3 millones de metros cúbicos de agua, lo cual ha encendido las alarmas en la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), que estima que el río Negro carece de semejante caudal.
No obstante, y a modo de clara advertencia, la empresa menciona que en el Anexo 4 del Contrato firmado el 4 de noviembre de 2017 con el Gobierno de Uruguay, éste se comprometió a “conceder u obtener la concesión de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta”, así como a hacer “que se establezca un caudal mínimo en el río Negro aguas abajo de la Represa Gabriel Terra (Rincón del Bonete)”.
En materia de transporte, UPM también le “recuerda” a la DINAMA que el Gobierno uruguayo se comprometió, en el mismo Anexo, a “garantizar un nivel de servicio de una serie de corredores de rutas y caminos para permitir la circulación con tritrenes y semirremolques de 48 toneladas”.

Materia prima
La empresa prevé que la futura planta tendrá un consumo de madera de entre 3,3 y 3,7 metros cúbicos por tonelada de celulosa. Se abastecerá de plantaciones de eucaliptos de los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Durazno, Cerro Largo y Florida y, en menor medida, de plantaciones en ubicadas en Lavalleja y Treinta y Tres. Actualmente, hay un área forestada disponible de entre 180 y 220.000 hectáreas para abastecer a la planta y estima que esta área deberá incrementarse entre 60 y 90.000 hectáreas para lograr abastecer de forma sostenible a la pastera. Este incremento significaría que el área forestada en Uruguay aumentaría entre un 6 y un 9 por ciento, pero no explica quién será el encargado de semejante tarea ni tampoco los plazos.

Insumos peligrosos desde Fray Bentos
El abastecimiento de la pastera implicará una circulación de entre 600 y 650 camiones por día. Los tramos más afectados serán la Ruta 5, desde la Ruta 43 a la planta, desde Carlos Reyles a la planta y desde Durazno a Carlos Reyles. También se verán afectados varios tramos de las Rutas 14 y 43.
Asimismo, desde la fábrica Kemira, ubicada en la Zona Franca Fray Bentos y hacia Pueblo Centenario (la planta) circularan diariamente dos camiones cargados de peróxido de hidrógeno y tres camiones cargados de clorato de sodio, mientras que, desde Montevideo y con el mismo destino, lo harán cuatro camiones cargados de piedra caliza y dos cargados de hidróxido de calcio.
Esta última sustancia, también conocida como “cal muerta” o “cal apagada”, en contacto con el agua reacciona violentamente y ataca varios metales. El clorato de sodio se usa para hacer dióxido de cloro que, al 95%, se usa como blanqueador de pulpa de madera. Es altamente tóxico para los seres humanos si se lo inhala, y provoca serias afecciones en piel y ojos si se lo manipula manualmente. Es un material con alto riesgo de ignición y explosión en mezclas secas con otras sustancias orgánicas.
Finalmente, el peróxido de hidrógeno conocido popularmente como agua oxigenada, también se utiliza en la industria de la celulosa como blanqueador. El peróxido de hidrogeno que fabrica Kemira en Fray Bentos tiene una concentración que está muy por encima del 30 por ciento, lo cual lo hace altamente corrosivo y su inhalación puede ser fatal para los seres humanos. Es decir que la aplicación industrial de esta sustancia, no tiene nada que ver con el agua oxigenada que se puede adquirir en una farmacia por ejemplo, que es una solución al 3 por ciento.
Salvo el caso de los áridos, el resto de los insumos que UPM quiere transportar en camiones, son sustancias químicas altamente peligrosas y volátiles. La posibilidad de pueda ocurrir un accidente en una ruta, por ejemplo, espanta a los técnicos de la DINAMA, que no terminan de entender cómo una empresa que se jacta y pregona públicamente que maneja altos estándares de seguridad, proponga una forma altamente riesgosa de transporte para dichos insumos. Además consideran inexplicable que en semejante proyecto -que duplica al que ya tiene funcionando UPM en Uruguay-, no esté previsto construir una segunda fábrica de Kemira, como la que tiene instalada en Fray Bentos.

Efluentes e Impacto Ambiental
En cuanto al tratamiento de efluentes, se descargarán 106.500 metros cúbicos por día de efluentes tratados y, según sostiene la empresa, no se superarán las concentraciones máximas permitidas por la normativa uruguaya.
El EIA sostiene que la planta utilizará “las mejores técnicas disponibles” según los parámetros de la Unión Europea y realiza una valoración de los impactos ambientales de la pastera en distintas dimensiones, clasificando estos en “significancia baja”, “significancia media” y “significancia alta”.
Entre los impactos con “significancia baja” ubica, por ejemplo, la afectación de los usos del Embalse Baygorria, el “agotamiento de recursos naturales no renovables”, el incremento del tránsito local, el incremento de la presión sobre los acuíferos y el deterioro de ecosistemas naturales.
Entre los impactos con “significancia media”, se menciona el incremento del área destinada a plantaciones, la “disminución de la disponibilidad del recurso hídrico”, “molestias en áreas turísticas y recreativas por olores”, las “molestias por ruido a localidades cercanas” y el deterioro de la infraestructura vial.
Finalmente, los impactos de “significancia alta” mencionados por UPM son, entre otros, la afectación a la producción de energía hidráulica, afectación a los niveles de calidad del aire, afectación a la salud de la población de localidades cercanas a la planta por emisiones al aire, la contaminación eutrófica en el embalse Baygorria, el aumento de riesgo de floraciones algales, la afectación a la salud por la presencia de cianotoxinas y la afectación al tránsito.
Sin embargo, en cuanto al efecto de la pastera en la calidad del aire, el análisis técnico presentado concluye que es “admisible para el medio receptor”, o que la percepción de olores se localiza en los alrededores de la planta y no va más allá.
En materia de consumo de agua, el estudio realizado por la empresa Ecometrix e incorporado al documento de Impacto Ambiental, concluye que el consumo de la planta no será “significativo para el cuerpo receptor”, que “la cantidad extraída de agua del recurso no estaría por sí misma generando ningún tipo de alteración en cuanto a niveles”, y que “la afectación a la producción de energía eléctrica sería insignificante”. Ambos aspectos son puestos seriamente en duda tanto por la DINAMA como por la estatal Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

Contaminación por acumulación
Los impactos sobre la calidad del agua que podría generar la planta son “los más significativos de todos los identificados”, admite el Estudio. “Esto no implica que el impacto no sea admisible, sino que se trata del que presenta mayor relevancia para su estudio y evaluación”, añade. Entre otras medidas de mitigación en este caso, UPM menciona el establecimiento de un límite más estricto para el fósforo total en la descarga de efluentes respecto a lo establecido en la normativa, y el apoyo financiero de la empresa tanto a la investigación en el río Negro como a la adecuación de los sistemas de saneamiento de Paso de los Toros, en Tacuerembó y Pueblo Centenario en Durazno.
Algo que para la DINAMA es claramente insuficiente o como una gota en un océano, dada la alta contaminación que ya presenta el río Negro, aspecto éste que “no será tan fácil” de mitigar –no ya de solucionar-  tal como fue reconocido públicamente hasta por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
UPM propone fijar un caudal mínimo aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete que “contrarreste el efecto de la carga vertida por el efluente (106.500 m3)” de la futura pastera, e incluso sugiere al Gobierno uruguayo fijarlo en 65 metros cúbicos por segundo. “El caudal mínimo exigido implicará, por un lado, un aumento del caudal de dilución en el embalse, asegurando una dilución mínima de 50 veces, y, por el otro, reduce la lenticidad del embalse, con lo que se consigue menos situaciones favorables para las floraciones algales”.
Para la DINAMA, es imposible que el caudal del río Negro se pueda fijar en 65 millones de litros por segundo. Pero además, el cálculo de dilución planteado en el Estudio de Impacto Ambiental de UPM, fue demostrado por los técnicos de la DINAMA como erróneo. Aun cuando se pudieran disponer de esos 65 metros cúbicos por segundo de agua en el río Negro, solo se llegaría a diluir apenas un 17 por ciento de los 106 millones de litros de efluentes diarios que arrojará la nueva pastera una vez esté en funcionamiento.
El hecho de que gran parte de las aguas llegarían contaminadas por los efluentes de la pastera, a traves del río Negro hasta su  desembocadura en el rio Uruguay,  generaría dos situaciones altamente conflictivas que las autoridades uruguayas no ignoran.
Por un lado la nueva generación de vertidos contaminantes que llegarían al río Uruguay, se sumarían a los que ya provoca UPM en Fray Bentos. Y además, eso desencadenaría la obligatoria intervención de Argentina a través de la CARU, para denunciar el incumplimiento del Fallo del Tribunal de La Haya, que en su sentencia de 2010, estableció la prohibición expresa para ambos países de generar nuevos vertidos contaminantes por acumulación, con nuevos emprendimientos industriales que alteren la calidad del agua del río Uruguay.
Y hay un tercer problema, y más grave aún. Si por todo esto se termina rechazando definitivamente la instalación de la nueva pastera a orillas del río Negro, UPM ha planteado por escrito al Gobierno de Tabaré Vázquez, que la primera alternativa es llevar el proyecto a Fray Bentos. El conflicto con Argentina y particularmente con Gualeguaychú y que ya existe por la presencia de la actual planta de UPM en dicha ciudad uruguaya, no solo se agravaría. Sería inevitable.
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Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas

Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los  agroquímicos

Fecha de Publicación
: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos


En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Nueva pastera de Botnia se está complicando

Se complica la aprobación de la nueva pastera de Botnia a orillas del río Negro

Fecha de Publicación
: 10/11/2018
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Nacional


La DINAMA pide a la empresa más estudios sobre la calidad del agua. Se modifica el plazo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental objetado ya en dos ocasiones. Se confirma así lo anticipado por la Asamblea Ciudadana Ambiental en la Cancillería argentina en junio pasado.
La instalación de una nueva planta de celulosa en territorio uruguayo a orillas del río Negro, se complica cada vez más. Las deficiencias detectadas en septiembre pasado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por UPM (ex Botnia) para la construcción de su segunda pastera, se han multiplicado después que la empresa presentó por segunda vez dicho informe ante las autoridades del vecino país.
La semana pasada, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) solicitó a los finlandeses que presenten nuevos estudios adicionales sobre la calidad del agua y otras cuestiones, en el marco de los análisis y comprobaciones que vienen realizado los técnicos uruguayos del documento de Impacto Ambiental, cuya convalidación es condición imprescindible para autorizar la implantación de la fábrica de celulosa, que duplicará en tamaño y producción a la ya existente en Fray Bentos.
En septiembre, la DINAMA ya había efectuado más de una docena de objeciones al rechazar el Estudio de Impacto elevado por la empresa y le pidió que lo presentara nuevamente.
Ahora, y ante la nueva decisión adoptada por los técnicos de la DINAMA, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, se vio obligada extender, hasta marzo de 2019, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que deberá realizarse mediante Audiencia Pública tal como lo prevé la legislación uruguaya. Esto implica que el Estado uruguayo ya no podrá cumplir con su compromiso de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental en enero próximo, como figura en el acuerdo que firmó con la corporación finlandesa en noviembre de 2017.
Así las cosas, y pese a la información "edulcorada" que hizo circular la Presidencia de la República, la ministra de León, junto a su segundo Jorge Rucks y al titular de la DINAMA, Alejandro Nario se trasladaron el pasado jueves a la localidad Paso de los Toros, en el departamento de Durazno, donde UPM planea instalar su nueva pastera. Oficialmente el pretexto del viaje era inauguracón de las actividades de la Comisión de la Cuenca del río Negro, pero en realidad el motivo principal de la ministra de Leòn era mantener un encuentro con el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para informarle sobre los nuevos estudios sobre la calidad del agua que deberá presentar UPM, además de un Informe respecto de los terrenos para la construcción de viviendas temporales y las áreas de desarrollo urbano en la zona de la obra, que los finlandeses deberán presentar en un plazo de 30 días.
Asimismo, en dicha reunión, la ministra de León también le refirió a Vidalín que la construcción del ferrocarril que exige UPM para transportar la celulosa desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo también está en problemas. Lo que transmitió al Intendente de Durazno fue que el Tribunal de Cuentas del Uruguay ha identificado varias "inconsistencias en el proceso licitatorio", que complican la aprobación de la adjudicación de las obras por parte del citado organismo.
Otra de las cuestiones que abordó la ministra de León en Paso de los Toros se refirió a la problemática que existe respecto a las casi seguras inundaciones que se producirían causadas por cauces internos del río Negro en predios cercanos a las localidades de Pueblo Centenario y Carlos Reyles, una vez instalada la nueva planta de celulosa. En este sentido, de León le informó al intendente Vidalín que los técnicos de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) trabajan en diversos estudios para establecer fehacientemente cual podría ser el impacto que podría ocasionar dicha situación.
Tras el encuentro con en la Intendencia de Durazno con Vidalín, la ministra de León se trasladó al Parador de Paso de los Toros, donde puso en marcha la Comisión de la Cuenca del Río Negro, dispuesta por un decreto del Ejecutivo que preside Tabaré Vázquez y que deberá abordar la situación de dicho curso de agua.
Durante esa reunión, la Ministra reconoció públicamente que el río Negro “está muy contaminado”, especialmente en “las nacientes y en la cuenca baja” e indicó que solucionar el problema “no es tan fácil como plantea la empresa” (por UPM).
Cabe recordar que, de acuerdo a la Validación de Localización Ambiental (VAL) aprobada por la DINAMA en mayo de este año, y que es el paso previo ineludible para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que la instalación de la nueva pastera de UPM a orillas del río Negro no fuera posible ya sea por razones ambientales o de otra naturaleza, la primera opción alternativa propuesta por la empresa y aceptada por el Gobierno uruguayo, es Fray Bentos.
En junio pasado, un mes después de la pre autorización que recibió UPM de parte de la DINAMA, el Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio, junto al diputado nacional Julio Solanas fueron recibidos en Buenos Aires por altos funcionarios de la Cancillería argentina, en donde además estuvo presente el titular de la CARU.
En dicho encuentro, dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, durante una hora y media, expusieron con datos concretos sobre la imposibilidad que la nueva pastera de UPM pueda instalarse a orillas del río Negro por múltiples razones técnicas, anticiparon que un Estudio de Impacto Ambiental en esas condiciones no podría ser aprobado por la DINAMA, tal como finalmente viene sucediendo y alertaron a las autoridades argentinas sobre la posibilidad real de que la mega planta de celulosa termine por instalarse finalmente en Fray Bentos.
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Quedó en firme la prohibición de fumigar las escuelas



La Justicia dejó firme la 'prohibición de fumigar las escuelas'

Fecha de Publicación
: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Entre Ríos: al agronegocio le preocupa sus ganancias



En Entre Ríos quedarían miles de hectáreas sin producir por restricciones a los agroquímicos

Fecha de Publicación
: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos


En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".

Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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La CARU trabajó en la preservación de la biodiversidad

La CARU desarrolló jornadas por la preservación de la biodiversidad del río Uruguay

Fecha de Publicación
: 19/10/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


La Comisión Administradora del Río Uruguay organizó las Jornadas sobre Biodiversidad en el Corredor del río Uruguay. Los encuentros se llevaron adelante el pasado miércoles 10 y jueves 11, con gran marco de público (más de 250 inscriptos) y expositores de renombre, plasmando un gran nivel académico en la temática.
El primer encuentro se realizó en miércoles con el desarrollo de cursos pre-Jornada, sobre “Producción de árboles y arbustos nativos de la ribera del río Uruguay”, y otro paralelamente sobre “Elementos teóricos y prácticos para el Ordenamiento Territorial a escala local”.
Continuando con la actividad el jueves 11 se desarrollaron las conferencias magistrales, mesas redondas y espacio para paneles. Estuvieron presentes el Presidente de CARU, Gastón Silbermann, el Vicepresidente, Mauro Vazón y los delegados Silvia Aguinaga, Eduardo Caminal y Rogelio Texeira; también acompaño el cónsul argentino en Uruguay, Nicolás Gastón Domingo y la Intendenta de El Palmar, María Cecilia Li Puma.
“En contexto a los 40 años de la conformación de CARU, estamos desplegando actividades en distintas áreas y esta es una muy importante, significa un contacto con la gente y la transmisión de conocimiento de realidades que vivimos todos los días”, explicó Silberman, Presidente de CARU.
Respecto a las presentaciones aseguró que “fue muy alto el nivel de expositores que se presentaron como universitarios, científicos, especialistas en la temática, pero también en la difusión para todo vecino que participó, para nutrirse de estos conocimientos”.

El contenido de las jornadas
El principal objetivo de las Jornadas fue contribuir al conocimiento del corredor de biodiversidad del Río Uruguay, para promover su ordenamiento, uso y manejo sustentable. Trataron temas como: Biodiversidad e integridad biológica en el río Uruguay; Ecología del paisaje, servicios ecosistémicos y restauración ecológica; Áreas naturales protegidas; Educación ambiental, turismo y ciudades sustentables.
“Que un organismo binacional como CARU se involucre en estas cuestiones y cada vez más intervenga como un actor fundamental en el proceso de preservación de los recursos naturales de la región que abarca el tramo compartido del río Uruguay, nos pone en un tiempo de cambios de paradigmas. En este escenario se puede generar el desarrollo y hacer obras de infraestructuras para mejorar la competitividad del sector productivo de nuestra región sin descuidar la preservación del ambiente y la biodiversidad del bajo río Uruguay”, aseguró el vicepresidente de CARU, Mauro Vazón.
Jornadas con acciones para la reducción Gases Efecto Invernadero
La CARU a través de la organización de las Jornadas elaboró su primer Plan Activo contra el Cambio Climático. Algunas de las acciones que se llevaron adelante para lograr este objetivo fueron:
- Transporte: Puesta en marcha de medidas para incentivar los medios de transporte del público más respetuosos con el medio ambiente: desplazamientos en autobús mediante el establecimiento de transporte gratuito para las personas que se desplacen de Colon a las Jornadas y uso de bicicleta.
- El catering se realizó con ingredientes orgánicos, de la zona (pescado, mermelada de yatay), utilizando en su totalidad vajilla reutilizable, y nada descartable.
- Menos utilización de papel: para como minimizar el uso de papeles se entregaron pendrive con programa y libro de resúmenes y de plantas; y los pocos papeles impresos fueron de fibra sobrante de la caña de azucar y biromes de cartón.
- Para compensar los Gases Efecto Invernadero emitidos se llevó adelante una plantación de árboles y arbustos nativos, con el trabajo de todos los inscriptos y los docentes de los cursos.
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Apelan el fallo que protege las escuelas de fumigaciones



La Provincia apeló el fallo que prohíbe fumigar a mil metros de escuelas rurales

Fecha de Publicación
: 08/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


El Ejecutivo entrerriano realizó una presentación, encabezada por el secretario de la Producción, Álvaro Gabas, contra la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal sobre el uso de contaminantes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, afirmó Rodríguez Signes.
Tras la determinación de la Sala II, encabezada por el camarista Oscar Benedetto, respecto a la presentación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, el secretario de producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, decidió la apelación al fallo que prohíbe fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales. La exposición fue formalizada por Fiscalía de Estado, a través de Julio Rodríguez Signes.
La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes en diálogo con Agenda Abierta. “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba”, relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. “Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos”, explicó.
“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes. “Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”, puntualizó el Fiscal. Avisó que va “a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema”.
Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer “una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos”. También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya “el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos” y un “sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Aunque la decisión de Benedetto aparece en un contexto de instalación en la agenda pública de la situación que atraviesa la provincia por el modelo productivo, el uso irregular de venenos y la falta de políticas que prevengan y erradiquen la utilización de contaminantes, el Gobierno provincial determinó la apelación al fallo. La posición gubernamental aparece a tono con el veto a la ordenanza de glifosato cero en Paraná y la judicialización de la normativa en Gualeguaychú.
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Entre Ríos: prohiben fumigar cerca de escuelas rurales



Fallo inédito: la Justicia prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas rurales

Fecha de Publicación
: 05/10/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo de Oscar Daniel Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos. De este modo, la Justicia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”. Se alegó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
La presentación había ingresó formalmente el 22 de agosto y el fallo se conoció este lunes 1 de octubre. Originalmente en la demanda se solicitaba que se exhorte al Gobierno de Entre Ríos a que en un plazo razonable se fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
Alegando medidas “urgentes” para proteger a las niñas y los niños que van escuelas rurales y se ven expuestos a los venenos utilizados en la actividad agrícola, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la entidad ambientalista también requirieron un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”.
Del mismo modo pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos haga análisis sobre el agua para el consumo de los alumnos, publicó Era Verde.
A todo esto Benedetto admitió la prohibición de fumigar en un radio entre 1.000 y 3.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia; “exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”; “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales”; y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
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Botnia-UPM: trasladan equipo de monitoreo

Trasladan el equipo de medición de calidad de aire en Gualeguaychú
 
Fecha de Publicación: 05/10/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


El objeto es ubicar el equipo en un lugar más apropiado para detectar emisiones de gases contaminantes originados en Botnia-UPM. Por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, se instalará en la zona de Costa Uruguay Sur.
Comenzó el proceso de traslado del equipo de monitoreo de aire desde la estancia Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur, de Gualeguaychú. El trabajo se realiza en forma articulada entre la provincia, Nación, el municipio y la participación de la Asamblea Ambiental.
El objeto del traslado es ubicar el equipo en un lugar más apropiado para detectar emisiones de gases contaminantes originados en Botnia-UPM. Por recomendación del Servicio Meteorológico Nacional, se acordó instalarlo en la zona de Costa Uruguay Sur.
Días atrás se realizó una visita al sitio de emplazamiento actual de las instalaciones. De la actividad participaron funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y del municipio de Gualeguaychú. Se contó con la colaboración de miembros de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú.
El tráiler que contiene y protege el equipo ha sido dispuesto en instalaciones del municipio para su reparación y puesta en valor, mientras que el equipo de medición está dispuesto en las instalaciones de la CNEA en Buenos Aires para su calibración y ajuste.
Una vez completadas ambas actividades, el equipo será instalado en su lugar definitivo, para el cual se requiere un espacio de alrededor de 6 x 10 metros para contener el tráiler (4 x 3 mts, aprox.) y la antena de trasmisión de datos.
La puesta en valor y ajuste del equipo de monitoreo de gases se realiza en el marco del convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente de la provincia y la Subsecretaría de Control y Fiscalización. Ambiental de la Nación.
De la recorrida participaron Leonardo di Paolo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Daniel Tomasini y Horacio Melo por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; Carlos Ricckert por la CNEA; y Juan Veronesi y Javier Pretto por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental

Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental

Fecha de Publicación
: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.

Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.

Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte



Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte

Fecha de Publicación
: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos  - Nacional


La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Defensoría del Pueblo también se proncia por quemas en islas



La Defensoría advierte por la quema de pastizales

Fecha de Publicación
: 24/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


La institución, que hace más de diez años trabaja en el tema, expresó su preocupación por los efectos que el incendio de pastizales tiene en la salud de las personas, el medio ambiente y la seguridad vial.
Envío notas a las autoridades nacionales y provinciales competentes requiriendo información sobre las acciones adoptadas e instándolas a encontrar soluciones integrales.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, manifestó su profunda preocupación por los efectos nocivos que tiene en la calidad de vida de los santafesinos la quema de pastizales en las islas de la vecina provincia de Entre Ríos, a la vez que remitió notas a las autoridades competentes, tanto del ámbito nacional como provincial, instándolas a adoptar medidas para terminar con esta práctica.
En ese sentido, recordó que la institución que conduce viene trabajando hace más de una década en esta problemática, que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin encontrar hasta ahora una solución.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios se repiten e incrementan año a año, paralelamente a la cantidad de ganado que hay en las islas, donde la explotación agrícola suele desecharse por ser una zona inundable, y quienes crían ganado apelan al fuego como método para la renovación del pasto.
Es por ello que desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realiza diferentes gestiones, en concordancia con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para terminar con la quema indiscriminada de pastizales, ya que los perjuicios no se limitan solamente a molestias ocasionadas por el humo y cenizas lanzados al aire ocasionando dificultades para respirar e irritación, entre otros, sino que según algunos especialistas pueden producir graves perjuicios a largo plazo, además importante impacto ambiental.
Asimismo, la quema afecta la seguridad vial de quienes se desplazan por el puente Rosario-Victoria, traza que en condiciones normales ya tiene un importante índice de siniestralidad y cuya peligrosidad se ve incrementada por la presencia de humo sobre la ruta.
En este contexto, y habida cuenta de que el problema presenta diversas dificultades, ya que entran en juego un conjunto de cuestiones jurisdiccionales, culturales, económicas e incluso legales, la Defensoría del Pueblo remitió notas a las autoridades competentes tanto de la Nación, como de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, requiriendo que se informe que medidas de contingencias se han adoptado tendientes a encontrar soluciones integrales a la problemática, tanto para reducir riegos en la siniestralidad vial, en la salud de las personas y la afectación directa al ecosistema.
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Sancionarán ante quemas ilegales de islas entrerrianas



Sancionarán a propietarios de campos donde haya quemas sin autorización

Fecha de Publicación
: 16/09/2018
Fuente: El Once (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos


La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunciará ante el Ministerio Público Fiscal a los propietarios de los campos de las islas donde se constataron quemas sin autorización previa del organismo.
Así lo hizo saber el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el ministro de Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el secretario de Medio Ambiente santafecino, César Mackler; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Patricia Holzman; funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación; encargados del Plan Nacional de Manejo de Fuego y representantes de los gobiernos municipales de Rosario y de Victoria.
Tal como lo expresa la Ley provincial Nº 9868, la Secretaría de Ambiente está facultada para denunciar cuando se constate la quema intencional sin previa autorización del organismo entrerriano. En ese sentido, y en el marco del intenso trabajo que viene realizando el Plan de Manejo del Fuego en las islas de Victoria donde se constataron incendios intencionales sin permiso y se identificaron a los propietarios de los campos que no están cumpliendo con la ley, es que se decidió realizar las acciones penales pertinentes.
Las denuncias serán respaldadas por las actas de infracción que se han venido aplicando en los últimos días por parte del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.
En el encuentro Entre Ríos dio precisiones de la situación actual en las islas donde están controlados los incendios y al día de hoy hay focos menores cuya pluma de humo no afecta ni las poblaciones cercanas ni la traza vial.
Barbieri, acompañado por el coordinador provincial del Plan del Fuego, Mariano Benetti, hizo hincapié en el intenso trabajo que viene realizando Entre Ríos en el lugar, a través de todos los medios disponibles. Dispuso que los aviones hidrante y de monitoreo y los brigadistas del Plan y de la Brigada Forestal de la Policía se asienten en Victoria. Eso ha permitido que hoy la situación esté controlada.
Además, en el encuentro los presentes acordaron acciones concretas para reforzar el trabajo entrerriano. Nación, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, afectará los medios disponibles (aéreos y brigadistas) para el trabajo con las autoridades jurisdiccionales competentes en el combate de incendios. Entre Ríos se comprometió a continuar con el monitoreo y aplicando las sanciones pertinentes como así también las acciones legales, cuando se constaten quemas sin permisos.

Acciones legales
La Ley provincial Nº 9868, que pauta acciones y normas para el manejo y prevención del fuego en áreas rurales y forestales de la provincia, en su artículo tercero establece que "toda persona que tome conocimiento de un incendio rural o forestal sin autorización está obligada a denunciar". Asimismo, en su artículo séptimo "faculta expresamente al Plan Provincial de Manejo del Fuego a denunciar ante la presencia de una quema a la autoridad jurisdiccional correspondiente" que, en este caso es el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el artículo 17 ratifica lo antes mencionado expresando que el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, "tiene que denunciar a toda persona que intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, naturales o forestales". Es decir que cuando se identifica a una persona que está quemando, sin autorización previa, debe ser denunciada.
Ante la presencia de incendios intencionales, las denuncias se pueden realizar en la sede destacamento policial más cercano a la zona donde se está generando un foco ígneo, en las oficinas del Plan del Manejo de Fuego en calle Laprida 465 3º piso de Paraná, o al teléfono 0343 4840555.
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Volvieron las quemas ilegales en las islas del Litoral



Rosario vuelve a padecer las quemas ilegales que se multiplican en las islas

Fecha de Publicación
: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.

Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".

Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados

Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”

Fecha de Publicación
: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.

Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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El Puente Paraná-Santa Fe sigue sumando resistencias

Puente Paraná-Santa Fe: Organización ambiental pide la intervención del Defensor del Pueblo nacional

Fecha de Publicación
: 15/08/2018
Fuente: APDF
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Con la adhesión de más de 30 organizaciones, vecinales y ecologistas, la Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) elevó una queja al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención ante la falta de información pública ambiental respecto al proyecto de conexión fluvial Paraná-Santa Fe
Los avances en el proyecto del puente, dados a publicidad en medios masivos de comunicación, con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)-, junto a  la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa, son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al Defensor del Pueblo de la Nación.
En el texto, la ONG –que es miembro del Movimiento Despierta Paraná– subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.
En ese sentido, advierten que “no se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe y/o barrios del distrito de la costa santafesina”.
Si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos  comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, “parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones”.
La ONG remarcó en su presentación que “a todas luces es claro que el Estado Nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa”.
También respecto a la traza identificada, Cauce planteó que “no resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectoria del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente”.
Es en ese marco  que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio.
“Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes”, indican.
Tras manifestar una “profunda preocupación” compartida por más de 30 organizaciones respecto a lo que consideran “un reiterado ejercicio de la desinformación pública”,  la fundación eleva la queja al Defensor del Pueblo y solicita su intervención frente a “actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes”.
En ese contexto, solicitan que el Defensor del Pueblo “se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos”. Así como también se reclaman que se den a conocer “resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como fundamentos y razones técnicas de la traza elegida”.
Además, se solicita que los organismos de política ambientales tomen directa intervención  y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y al Congreso de la Nación.
Adhieren a la presente las siguientes organizaciones de Paraná: Movimiento Despierta Paraná, Foro Ecologista de Paraná, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Los Irrompibles E. R., Barrio Paraná XX, Barrio Paraná XXI, Barrio Jauretche, Barrio IAFAS, Barrio MUPCN, Barrio 80 Viviendas, Comisión Vecinal Santa Lucía, Comisión Vecinal De Las Américas, Comisión Vecinal Paracao, Comisión Vecinal San Francisco Javier, Comisión Vecinal Toma Vieja y de Santa Fe: Coordinadora de la Costa, Biblioteca de las Orillas, Tramas Derecho en Movimiento, Asociación Cultural de la Costa, Escuela Itinerante de Artes, Asociación Vecinal Alto Verde, Asociación Vecinal Colastiné Sur, Asociación Vecinal Colastiné Norte, Asociación Vecinal Villa California, Foro Metropolitano de Debate, Asociación Civil Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas Iniciativa Popular Rinconera, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío. (APFDigital)
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Entre Ríos trabaja en la mitigación del cambio climático

Se definieron las obras a ejecutar para mitigar los efectos del cambio climático

Fecha de Publicación
: 10/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


Entre Ríos inicia la etapa final del proceso para acceder a un aporte no reembolsable de más de seis millones de dólares para desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay. En jornadas técnicas de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia se definieron las obras a ejecutar en esas localidades. El objetivo es construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio de Entre Ríos (Argentina) como del Uruguay, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias para la planificación e implementación de la adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio y la variabilidad climáticas. El proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la costa del río Uruguay, iniciativa de alcance regional, es conducido por los gobiernos de Argentina y Uruguay, y para Argentina se implementará en territorio de Entre Ríos, por lo que el gobierno provincial forma parte del equipo de trabajo nacional.
Esta semana, la Secretaría de Ambiente -con apoyo de otras áreas de gobierno-, condujo las reuniones técnicas para la elaboración del proyecto final junto a la República Oriental del Uruguay, los municipios de Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la consultora encargada del conducir esta etapa del proceso.
El subsecretario de Ambiente; Lucio Amavet, sostuvo que “uno de los lineamientos del organismo es la gestión de herramientas de financiamiento, tanto nacional como internacional, que permitan llevar adelante acciones de política ambiental. En este caso, avanzamos en forma articulada con otros organismos y los municipios, hacia acciones y obras que mitiguen los efectos negativos del cambio climático en las ciudades de la costa del río Uruguay”.
Destacó la importancia del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Planeamiento y los Municipios porque “somos quienes llevaremos adelante la ejecución de las actividades y obras, que fueron seleccionadas en función de las prioridades presentadas por cada municipio acompañando a las poblaciones beneficiadas”.

Las obras
El proyecto prevé el abordaje de cuatro ejes: planificación territorial; gestión de riesgo y alerta temprana; reducción de vulnerabilidad social y protección de ecosistemas.
Esos cuatro ejes contienen distintas acciones a desarrollar en las ciudades de la costa del Uruguay para incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación urbana, y generar conciencia colectiva, incluyendo actividades de comunicación y educación para aumentar la resiliencia social y comunitaria. Estas actividades estarán reforzadas en Colón, Concordia y Concepción del Uruguay por la ejecución de obras complementarias a las que la provincia y los municipios vienen implementando para el control de las inundaciones.
En Concordia se realizará una obra de protección del borde costero, que incluye la toma de agua asociada a la planta potabilizadora.
En Colón se ejecutará una obra de remediación y resignificación de un sector ribereño asociado al arroyo Artalaz para incrementar su uso social, cultural, recreativo y turístico.
De modo similar, en Concepción del Uruguay se plantea transformar una zona verde inundable, vinculada a la nueva obra de defensa en ejecución, en reserva ambiental urbana destinada al uso y disfrute de toda la ciudad, evitando así la radicación de viviendas que resulten expuestas a fenómenos extremos como consecuencia de la variabilidad y el cambio del clima.
Al mismo tiempo, se definen actividades para una gestión integrada del riesgo climático en ciudades y ecosistemas, a través de la implementación de sistemas de alerta temprana, planificación territorial y conservación de ecosistemas costeros vulnerables.

Los plazos
El Directorio del Fondo de Adaptación, uno de los mecanismos financieros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recomendó el otorgamiento de 14 millones de dólares solicitados por ambos países para la implementación del proyecto en un lapso de cinco años, requiriendo la formulación de un Documento Completo (Full Concept), incluyendo los estudios y diseños que resulten necesarios para su elaboración. Se espera que la provincia disponga de alrededor de 6 millones de dólares para desarrollar acciones y ejecutar obras de adaptación al cambio climático en su territorio.
Según los plazos previstos, serán dos meses de trabajo intensivo que requieren reuniones, trabajo en gabinete, entrevistas e instancias de consulta y validación de diferentes aspectos del Proyecto con las comunidades locales focalizadas, por lo que es de suma importancia trabajar con fuerte base en el territorio.
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Informes revelan el alto impacto de UPM (Botnia)



Demoledores informes sobre la contaminación que produce Botnia

Fecha de Publicación
: 08/08/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos


Varias actas de una Comisión Oficial uruguaya reflejan que, entre 2012 y 2017, hubo unos 60 incidentes provocados por la pastera en los efluentes líquidos y atmosféricos. La CARU nunca denunció estos hechos en los informes que ha publicado.
Según consta en las últimas cinco Actas de la Comisión de Seguimiento de UPM ubicada en Fray Bentos, a las que ha accedido MAXIMA ONLINE, en los últimos 57 monitoreos conjuntos de la planta realizados entre noviembre de 2012 y octubre de 2017, se llevan detectados un total de 61 incumplimientos en diversos parámetros ambientales, provocados tanto por los efluentes líquidos que la pastera vierte al río Uruguay, como así también por las emanaciones gaseosas de la planta.
De acuerdo a lo que revelan los informes oficiales, en los dos últimos años, existe un importante aumento de los “episodios de olor” que no son otra cosa que emisiones de material particulado, que contienen compuestos altamente tóxicos que se dispersan en la atmósfera formando una densa “pluma” o nube. Según comprobó la Comisión de Seguimiento uruguaya, hasta julio de 2015, los episodios gaseosos atribuibles a la empresa fueron 4, pero treparon a 13 al año siguiente y, hasta octubre de 2017, se constataron otros 23, con lo cual ya totalizan 40 en cinco años. Asimismo, en el mismo período se produjeron tres fallos generales en la planta, que motivaron su paralización no prevista.
Estos y otros incidentes que fueron atribuidos a la pastera en el último lustro, no aparecen consignados en los informes publicados por la CARU respecto de los monitoreos conjuntos que lleva a cabo el Comité Científico del organismo binacional mensualmente.
La Comisión de Seguimiento sobre UPM, con sede en Fray Bentos, fue creada en 2007, con el objetivo de controlar el desempeño ambiental de la pastera, la terminal portuaria y zona franca de Fray Bentos. Está presidida por funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay y la integran la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) y funcionarios de la Intendencia del Departamento Río Negro.
En los 57 monitoreos realizados entre noviembre de 2012 y octubre de 2017 se detectaron diversas anomalías en el denominado “Canal Parshall”, que es donde está ubicado el efluente donde UPM vierte sus desechos líquidos al río Uruguay todos los días del año. Los eventos comprobados incluyeron exceso en la demanda química de oxígeno, en la cantidad de concentración de fósforo por litro de agua y también, un aumento en la carga diaria de fósforo que está permitida arrojar al cauce del río Uruguay en por lo menos tres oportunidades. En otras dos ocasiones, la temperatura del efluente superó los mínimos permitidos por la normativa durante varias semanas y también, se encontraron peces vivos y muertos en las piletas de pluviales de la planta. Nada de todo esto aparece consignado por la CARU en sus reportes.
Según consta en el Acta 25 del 30-8-2013 de la Comisión de Seguimiento uruguaya, el Comité Científico de la CARU y los técnicos de la DINAMA, entre noviembre de 2012 y junio de 2013 ingresaron a la planta de Botnia en 8 ocasiones. En el apartado “Efluentes líquidos”, del mencionado documento se lee textualmente: “Para el parámetro Fósforo hubo una superación del límite máximo permitido para carga promedio mensual (ton/día) con un valor de 0.076 ton/día siendo el límite de 0.074 ton/día en noviembre 2012”. Más adelante se deja constancia de la “Superación del estándar de pH en el vertido desde la pileta de pluviales nº4 el 27/05/2013 obteniendo un valor de 9,5”.
La planta de UPM en Fray Bentos se denomina Orión, y fue bautizada así para homenajear a la única constelación capaz de ser vista no solo durante las noches sino también durante los amaneceres del rígido invierno finlandés. Pero a las 17,30 del 8 de julio de 2013, Orión se apagó sorpresivamente.
Aquel día, se produjo una importante falla eléctrica que paralizó la pastera de Fray Bentos y provocó peligrosos aumentos en las concentraciones de los efluentes de la planta. Según se dejó constancia, el 8 de julio de 2013 ocurrió una “falla eléctrica que se adjudicó a un cortocircuito en un transformador que abastece el área del puerto. Esa noche se arrancó nuevamente la planta hasta que el 9 de julio a las 6 horas, ocurrió una nueva falla, detectándose la falla principal en una barra de conexión. Se restableció la alimentación a diferentes áreas de la planta el 12 de julio”.
Pero eso no fue todo. “En el periodo entre las 20:20 horas del 8 de julio y las 6:10 horas del 9 de julio en que se arrancó temporariamente la planta, se realizó vertido de efluente (promedio aproximado: 232 Litros/segundo) hasta que ocurrió nuevamente un corte. El Canal Parshall (por donde sale el efluente que se vierte) se llenó porque la válvula previa al vertido al río estaba cerrada; posteriormente se consiguió abrir para vaciar el Canal Parshall dado que había estado lloviendo un poco. El principal aspecto que se constató fue un considerable aumento temporario de las concentraciones de color y DQO (Demanda Química de Oxigeno)”.
Como dato ilustrativo, durante aquellos eventos, técnicos de la DINAMA concurrieron a Fray Bentos y permanecieron en la pastera entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 2013 hasta que los inconvenientes se subsanaron. Se desconoce si la CARU fue anoticiada de ese grave percance de la planta de UPM, aunque en caso de haber enviado técnicos del organismo al lugar, éstos nunca dieron cuenta de lo ocurrido.

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