Mostrando entradas con la etiqueta Córdoba. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Córdoba. Mostrar todas las entradas
Los "Caza Tormentas" están en Córdoba
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Proyecto Relámpago en Córdoba: comenzó la cacería con equipos “de película”
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se presentó oficialmente el proyecto Relámpago-Cacti, para estudiar fenómenos meteorológicos extremos de la provincia. En un acto en el Centro Cívico se mostraron las camionetas con los radares que irán a la caza.
Mañana puede ser el bautismo en serio del proyecto internacional Relámpago, destinado a cazar las tormentas en Córdoba, las más potentes del mundo.
Sin embargo, la presentación oficial se realizó ayer en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba con la presencia del gobernador Juan Schiaretti.
Parte del equipamiento que utilizarán para la cacería climática fue exhibido ayer para la prensa, público en general y alumnos de distintas escuelas.
La iniciativa es dirigida por diferentes organismos y universidades de Estados Unidos, que trajeron toneladas de equipos y vehículos a Argentina.
También participan investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires y personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia.
“Es un paso adelante en las previsiones que tenemos que tomar frente al cambio climático”, dijo el gobernador Juan Schiaretti durante el acto de presentación.
El proyecto servirá para conocer cómo está cambiando el clima por la acción del ser humano que sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Pero además contribuirá a mejorar los pronósticos del tiempo que escuchamos y leemos a diario.
“Córdoba es un lugar mágico para los meteorólogos y expertos en clima. Las sierras de Córdoba interaccionan con el aire húmedo del Amazonas y generan estas tormentas severas”, comentó Steven Nesbitt, investigador principal de Relámpago.
El equipo de Nesbitt cree que mañana por la noche realizarán la primera “cacería”, según estiman los modelos meteorológicos. Estarán aquí hasta el 20 de diciembre y esperan analizar unas 20 tormentas en ese tiempo.
Los equipos
Entre los equipos que se mostraron en el Centro Cívico estaban los Doppler on Wheels (DOW), unos camiones equipados con radares doppler que van a la caza de las tormentas. Se acercan a ellas para medir cada detalle del fenómeno. Desde adentro del vehículo van captando información en tiempo real.
También había una camioneta encargada de atravesar la tormenta para tomar otras mediciones. Además, los técnicos que van adentro deben bajarse en la mitad del vendaval para colocar pequeñas estaciones meteorológicas a lo largo del camino. Es sin duda el trabajo más arriesgado. Prueba de ello, son las abolladuras que tiene la camioneta producto del granizo.
También se arrojarán radiosondas dentro y cerca de la tormenta. Son globos de helio equipados con sensores de temperatura, humedad y otros parámetros que van midiendo durante su ascenso hasta los 25 kilómetros de altura.
Si bien las tormentas argentinas son problemáticas porque producen inundaciones y caída de granizo, también son importantes para la economía del país. Producen el 80 por ciento de las precipitaciones en la pampa húmeda. Sin tormentas no tendríamos agua para los cultivos, ni para beber.
Villa Yacanto
Otro sitio clave del proyecto está ubicado en Villa Yacanto de Calamuchita. Allí se desarrolla el proyecto Cacti, siglas que en inglés significan Interacciones entre las nubes, aerosoles (partículas sólidas suspendidas en el aire) y terrenos complejos.
En ese lugar de las sierras se originan muchas tormentas que luego llegan incluso hasta la Mesopotamia. El laboratorio instalado en Villa Yacanto cuenta con cerca de 60 instrumentos.
Aportes científicos de los ciudadanos
Tres proyectos. Los cordobeses podrán sumar información al estudio del clima.
Crecidas. En el sitio www.cazadoresdecrecidas.unc.edu.ar pueden subirse videos de crecidas en ríos.
Matteo. Varias escuelas e instituciones tienen su propia estación meteorológica en https://sites.google.com/view/proyectomatteo.
Granizo. Para informar sobre la caída de granizo en mincyt.cba.gov. ar/cosecherosdegranizo.
.
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se presentó oficialmente el proyecto Relámpago-Cacti, para estudiar fenómenos meteorológicos extremos de la provincia. En un acto en el Centro Cívico se mostraron las camionetas con los radares que irán a la caza.
Mañana puede ser el bautismo en serio del proyecto internacional Relámpago, destinado a cazar las tormentas en Córdoba, las más potentes del mundo.
Sin embargo, la presentación oficial se realizó ayer en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba con la presencia del gobernador Juan Schiaretti.
Parte del equipamiento que utilizarán para la cacería climática fue exhibido ayer para la prensa, público en general y alumnos de distintas escuelas.
La iniciativa es dirigida por diferentes organismos y universidades de Estados Unidos, que trajeron toneladas de equipos y vehículos a Argentina.
También participan investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires y personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia.
“Es un paso adelante en las previsiones que tenemos que tomar frente al cambio climático”, dijo el gobernador Juan Schiaretti durante el acto de presentación.
El proyecto servirá para conocer cómo está cambiando el clima por la acción del ser humano que sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Pero además contribuirá a mejorar los pronósticos del tiempo que escuchamos y leemos a diario.
“Córdoba es un lugar mágico para los meteorólogos y expertos en clima. Las sierras de Córdoba interaccionan con el aire húmedo del Amazonas y generan estas tormentas severas”, comentó Steven Nesbitt, investigador principal de Relámpago.
El equipo de Nesbitt cree que mañana por la noche realizarán la primera “cacería”, según estiman los modelos meteorológicos. Estarán aquí hasta el 20 de diciembre y esperan analizar unas 20 tormentas en ese tiempo.
Los equipos
Entre los equipos que se mostraron en el Centro Cívico estaban los Doppler on Wheels (DOW), unos camiones equipados con radares doppler que van a la caza de las tormentas. Se acercan a ellas para medir cada detalle del fenómeno. Desde adentro del vehículo van captando información en tiempo real.
También había una camioneta encargada de atravesar la tormenta para tomar otras mediciones. Además, los técnicos que van adentro deben bajarse en la mitad del vendaval para colocar pequeñas estaciones meteorológicas a lo largo del camino. Es sin duda el trabajo más arriesgado. Prueba de ello, son las abolladuras que tiene la camioneta producto del granizo.
También se arrojarán radiosondas dentro y cerca de la tormenta. Son globos de helio equipados con sensores de temperatura, humedad y otros parámetros que van midiendo durante su ascenso hasta los 25 kilómetros de altura.
Si bien las tormentas argentinas son problemáticas porque producen inundaciones y caída de granizo, también son importantes para la economía del país. Producen el 80 por ciento de las precipitaciones en la pampa húmeda. Sin tormentas no tendríamos agua para los cultivos, ni para beber.
Villa Yacanto
Otro sitio clave del proyecto está ubicado en Villa Yacanto de Calamuchita. Allí se desarrolla el proyecto Cacti, siglas que en inglés significan Interacciones entre las nubes, aerosoles (partículas sólidas suspendidas en el aire) y terrenos complejos.
En ese lugar de las sierras se originan muchas tormentas que luego llegan incluso hasta la Mesopotamia. El laboratorio instalado en Villa Yacanto cuenta con cerca de 60 instrumentos.
Aportes científicos de los ciudadanos
Tres proyectos. Los cordobeses podrán sumar información al estudio del clima.
Crecidas. En el sitio www.cazadoresdecrecidas.unc.edu.ar pueden subirse videos de crecidas en ríos.
Matteo. Varias escuelas e instituciones tienen su propia estación meteorológica en https://sites.google.com/view/proyectomatteo.
Granizo. Para informar sobre la caída de granizo en mincyt.cba.gov. ar/cosecherosdegranizo.
.
Ampliación de parques en Córdoba - Tucumán
Donarán 100.000 hectáreas para ampliar parques nacionales en Córdoba y Tucumán
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba - Tucumán
La Fundación Wyss, una entidad dedicada a la conservación de territorios naturales, anunció que donará casi US$30 millones para añadir cerca de 100.000 hectáreas a dos nuevos parques nacionales. La estrategia se enmarca en un plan global valuado en US$1000 millones que abarcará a más de una docena de países.
Se trata de los proyectos Aconquija, en la provincia de Tucumán, y Ansenuza, en Córdoba. En el primer caso, la organización aportará hasta US$22 millones para ayudar a la Fundación Flora y Fauna (FFF) a adquirir tierras para este parque, que tendrá una superficie aproximada de 70.000 hectáreas.
"Nos encontramos en proceso de comprar cinco propiedades este año y otra el próximo", sostuvo Sofía Heinonen, que preside FFF y The Conservation Landtrust (TCL), fundación creada por el fallecido magnate Douglas Tompkins, que durante su vida compró y donó más de 200.000 hectáreas en Santa Cruz, Corrientes y Chaco. A la fecha, ya adquirieron unas 43.000 hectáreas en Tucumán.
En Ansenuza, la Fundación Wyss otorgará hasta US$5,8 millones a la organización Aves Argentinas para comprar aproximadamente 26.000 hectáreas de humedales que rodean la laguna Mar Chiquita, uno de los lagos salados más importantes del hemisferio sur. "Todavía no se compró nada. En este momento la unidad ejecutora está definiendo los límites del parque", sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Un tesoro de biodiversidad
Aconquija está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán y alberga una muestra de las ecorregiones yungas y altoandinas. Abundan los alisos del cerro y cobija a más de 400 especies de vertebrados, entre los que se destacan los loros aliseros, gatos andinos, guanacos y ocelotes, entre otros.
"Es el único parque donde, debido al gradiente altitudinal, cuenta con glaciares y selva -afirmó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales-. Hay selva con monos y tucanes a 700 metros y arriba de los 5000 hay glaciares y temperaturas bajo cero. A esto se suma la cuestión de patrimonio arqueológico, dado que allí está la Ciudacita, el yacimiento inca más importante al sur de Machu Picchu".
Por su parte, el futuro parque de Ansenuza tendrá una superficie de 800.000 hectáreas. En Mar Chiquita se encuentran el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras del país, entre ellas tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Además, reúne casi el 36% de las 280 especies de aves del país.
"Es un /hotspot/ de biodiversidad por la presencia de aves migratorias y tiene los bañados del río Dulce, donde hay una escala que es, en sí misma, un componente clave porque es lo que permite contener poblaciones en peligro, como los pecaríes, ciervos del pantano y aguará guazú", añadió Ezcurra.
Los entrevistados coincidieron en que la creación de estos parques repercutirá positivamente en la mejora económica de las poblaciones aledañas.
"Nuestra relación con las economías regionales es íntima. Tenemos mediciones realizadas y casos de estudio donde está rigurosamente comprobado el aumento en el empleo en blanco allí donde están los parques nacionales", dijo Ezcurra, que agregó que en los 115 años que tiene la administración el trabajo alrededor de estos territorios no ha caído. "Constantemente tenemos más visitantes, incluso cuando el tipo de cambio no era favorable al turismo", señaló.
"Antes se construían grandes fábricas, ahora lo novedoso está en crear parques nacionales que funcionan como motores de la economía", dijo Heinonen. Y añadió: "No alcanza con comprar tierras. Es necesario también generar infraestructura y preparar a las comunidades para que puedan ofrecer los servicios que se necesitan", sostuvo.
Casañas señaló: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, una apuesta a la valorización de nuestras áreas naturales contribuirá de manera significativa a generar nuevos puestos de trabajo".
Más colaboraciones
La Argentina, que suscribió ocho años atrás un compromiso internacionalpara proteger el 17% de sus zonas naturales terrestres hacia 2020, recibe donaciones de tierra a través de tres ONG Flora y Fauna, Aves Argentinas y Banco de Bosques.
La relación entre el Estado y la fundación creada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, íntimo amigo de Tompkins y su viuda, Kristine McDivitt, data de 2011. "De alguna manera nosotros no solamente heredamos la generosidad de Tompkins traducida en la cantidad de tierras que donó, sino también sus amigos, que están ayudando a continuar su obra", afirmó Ezcurra.
Más allá de Aconquija y Ansenuza, el Gobierno está trabajando en planes para ampliar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (que une las reservas naturales Otamendi y Río Luján con una parte de las islas del delta de Campana) y Calilegua (en el sudeste de Jujuy). Además prepara la creación de los primeros parques nacionales marinos: Yaganes (69.000 km2 en Tierra del Fuego) y Burwood II (28.000 km2 en el Atlántico Sur).
Como la campaña de la Fundación Wyss apunta a que el 30% del planeta se conserve en su estado natural hacia 2030, Heinonen consideró que es altamente probable que también aporten sumas significativas para estos nuevos proyectos. "A futuro podrían involucrarse en más iniciativas, las oportunidades que ofrece la Argentina son muy interesantes", concluyó.
.
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba - Tucumán
La Fundación Wyss, una entidad dedicada a la conservación de territorios naturales, anunció que donará casi US$30 millones para añadir cerca de 100.000 hectáreas a dos nuevos parques nacionales. La estrategia se enmarca en un plan global valuado en US$1000 millones que abarcará a más de una docena de países.
Se trata de los proyectos Aconquija, en la provincia de Tucumán, y Ansenuza, en Córdoba. En el primer caso, la organización aportará hasta US$22 millones para ayudar a la Fundación Flora y Fauna (FFF) a adquirir tierras para este parque, que tendrá una superficie aproximada de 70.000 hectáreas.
"Nos encontramos en proceso de comprar cinco propiedades este año y otra el próximo", sostuvo Sofía Heinonen, que preside FFF y The Conservation Landtrust (TCL), fundación creada por el fallecido magnate Douglas Tompkins, que durante su vida compró y donó más de 200.000 hectáreas en Santa Cruz, Corrientes y Chaco. A la fecha, ya adquirieron unas 43.000 hectáreas en Tucumán.
En Ansenuza, la Fundación Wyss otorgará hasta US$5,8 millones a la organización Aves Argentinas para comprar aproximadamente 26.000 hectáreas de humedales que rodean la laguna Mar Chiquita, uno de los lagos salados más importantes del hemisferio sur. "Todavía no se compró nada. En este momento la unidad ejecutora está definiendo los límites del parque", sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Un tesoro de biodiversidad
Aconquija está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán y alberga una muestra de las ecorregiones yungas y altoandinas. Abundan los alisos del cerro y cobija a más de 400 especies de vertebrados, entre los que se destacan los loros aliseros, gatos andinos, guanacos y ocelotes, entre otros.
"Es el único parque donde, debido al gradiente altitudinal, cuenta con glaciares y selva -afirmó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales-. Hay selva con monos y tucanes a 700 metros y arriba de los 5000 hay glaciares y temperaturas bajo cero. A esto se suma la cuestión de patrimonio arqueológico, dado que allí está la Ciudacita, el yacimiento inca más importante al sur de Machu Picchu".
Por su parte, el futuro parque de Ansenuza tendrá una superficie de 800.000 hectáreas. En Mar Chiquita se encuentran el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras del país, entre ellas tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. Además, reúne casi el 36% de las 280 especies de aves del país.
"Es un /hotspot/ de biodiversidad por la presencia de aves migratorias y tiene los bañados del río Dulce, donde hay una escala que es, en sí misma, un componente clave porque es lo que permite contener poblaciones en peligro, como los pecaríes, ciervos del pantano y aguará guazú", añadió Ezcurra.
Los entrevistados coincidieron en que la creación de estos parques repercutirá positivamente en la mejora económica de las poblaciones aledañas.
"Nuestra relación con las economías regionales es íntima. Tenemos mediciones realizadas y casos de estudio donde está rigurosamente comprobado el aumento en el empleo en blanco allí donde están los parques nacionales", dijo Ezcurra, que agregó que en los 115 años que tiene la administración el trabajo alrededor de estos territorios no ha caído. "Constantemente tenemos más visitantes, incluso cuando el tipo de cambio no era favorable al turismo", señaló.
"Antes se construían grandes fábricas, ahora lo novedoso está en crear parques nacionales que funcionan como motores de la economía", dijo Heinonen. Y añadió: "No alcanza con comprar tierras. Es necesario también generar infraestructura y preparar a las comunidades para que puedan ofrecer los servicios que se necesitan", sostuvo.
Casañas señaló: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa la Argentina, una apuesta a la valorización de nuestras áreas naturales contribuirá de manera significativa a generar nuevos puestos de trabajo".
Más colaboraciones
La Argentina, que suscribió ocho años atrás un compromiso internacionalpara proteger el 17% de sus zonas naturales terrestres hacia 2020, recibe donaciones de tierra a través de tres ONG Flora y Fauna, Aves Argentinas y Banco de Bosques.
La relación entre el Estado y la fundación creada por el multimillonario suizo Hansjörg Wyss, íntimo amigo de Tompkins y su viuda, Kristine McDivitt, data de 2011. "De alguna manera nosotros no solamente heredamos la generosidad de Tompkins traducida en la cantidad de tierras que donó, sino también sus amigos, que están ayudando a continuar su obra", afirmó Ezcurra.
Más allá de Aconquija y Ansenuza, el Gobierno está trabajando en planes para ampliar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (que une las reservas naturales Otamendi y Río Luján con una parte de las islas del delta de Campana) y Calilegua (en el sudeste de Jujuy). Además prepara la creación de los primeros parques nacionales marinos: Yaganes (69.000 km2 en Tierra del Fuego) y Burwood II (28.000 km2 en el Atlántico Sur).
Como la campaña de la Fundación Wyss apunta a que el 30% del planeta se conserve en su estado natural hacia 2030, Heinonen consideró que es altamente probable que también aporten sumas significativas para estos nuevos proyectos. "A futuro podrían involucrarse en más iniciativas, las oportunidades que ofrece la Argentina son muy interesantes", concluyó.
.
Ley antiminera cordobesa es declarada constitucional
Dictaminaron que la ley cordobesa que prohíbe la minería a cielo abierto es constitucional
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
.
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
.
Colegio público logra combustible con descartables
Alumnos de una escuela de Córdoba crearon biocombustible a partir de materia prima ordinaria
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Córdoba
Alumnos de un colegio público de Calamuchita elaboraron un producto que llegó a la final de un certamen nacional. Es fácil de hacer para cualquier familia y útil para calefaccionar casas de un modo más económico.
Se trata de estudiantes del séptimo año del Ipet 76 Gustavo Riemann, de Villa Rumipal, quienes crearon biocombustible a base de productos descartables, como una alternativa económica y ecológica para calefaccionar viviendas.
Aseguran que reemplazaría, sin problemas, a otros insumos como el gas, el querosén, la leña o la electricidad y que cada persona podría prepararlo en su casa.
“Nuestro proyecto busca solucionar dos problemáticas: una socioeconómica y otra ambiental”, apunta Camila del Río (18), integrante del grupo junto a Ailen Lezana (18), Florencia Depetris (18), Julieta Leguizamón (19) y Franco Iglesias (18), indicaron al diario La Voz.
El propósito ecológico se sustenta en el reciclaje de residuos y en la disminución del impacto ambiental al utilizar un combustible que proviene de la biomasa vegetal y puede sustituir a los fósiles, de alto efecto contaminante. También, porque reduciría la tala de plantas para extraer la leña que termina en las salamandras.
.
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Córdoba
Alumnos de un colegio público de Calamuchita elaboraron un producto que llegó a la final de un certamen nacional. Es fácil de hacer para cualquier familia y útil para calefaccionar casas de un modo más económico.
Se trata de estudiantes del séptimo año del Ipet 76 Gustavo Riemann, de Villa Rumipal, quienes crearon biocombustible a base de productos descartables, como una alternativa económica y ecológica para calefaccionar viviendas.
Aseguran que reemplazaría, sin problemas, a otros insumos como el gas, el querosén, la leña o la electricidad y que cada persona podría prepararlo en su casa.
“Nuestro proyecto busca solucionar dos problemáticas: una socioeconómica y otra ambiental”, apunta Camila del Río (18), integrante del grupo junto a Ailen Lezana (18), Florencia Depetris (18), Julieta Leguizamón (19) y Franco Iglesias (18), indicaron al diario La Voz.
El propósito ecológico se sustenta en el reciclaje de residuos y en la disminución del impacto ambiental al utilizar un combustible que proviene de la biomasa vegetal y puede sustituir a los fósiles, de alto efecto contaminante. También, porque reduciría la tala de plantas para extraer la leña que termina en las salamandras.
.
Córdoba en problemas por la acumulación de pilas
Fuerte controversia por nueve toneladas de pilas
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace 19 meses la Municipalidad de Córdoba sólo recolecta las pilas que los vecinos depositan en los contenedores ubicados en los CPC y frente al Palacio 6 de Julio porque no puede completar el tratamiento de estos residuos peligrosos que con antelación se realizaba en la planta Taym, la que fue cerrada en el marco de una causa judicial por anegamientos en el suelo. Para el municipio, la práctica de reunir estos desechos no es hoy un foco contaminante. Sin embargo, la Provincia lo desaconsejó por considerar que la acumulación de esta basura en grandes volúmenes es un riesgo ambiental y para las personas.
Desde abril de 2013, la Municipalidad retomó el servicio de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee), además del acopio de pilas y baterías en los contenedores dispuestos en los CPC y en el Paseo Sobremonte (desde hace casi un mes están en la Plaza de la Intendencia por arreglos en el primer espacio verde). En todos estos puntos, se reciben, de 8 a 14, y se las coloca en tachos de 20 litros, los que son cerrados y apilados en el interior de estos contenedores.
Sin embargo, desde que Taym salió de operación y dejó de recibir este tipo desechos peligrosos, el municipio acumulada nueve toneladas de pilas y baterías sin tratamiento alguno. Y ahí está el punto de conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. ¿Es posible acumular millones de pilas sin que generen contaminación?
La respuesta del secretario de Ambiente provincial a La Voz, Javier Britch, fue tajante: “Vamos a exigirles un plan de gestión ambiental de los residuos peligrosos y con esto que planifique qué hará la Municipalidad de Córdoba con las pilas. La concentración en el mismo lugar es lo que contamina. Hay que evitar la concentración de las pilas”.
Britch precisó que desde 2009 la Provincia advirtió y desalentó al municipio para una campaña de recolección de pilas por el poder de contaminación que tienen estos desechos al estar concentrados y en espacios abiertos de acceso a los vecinos.
Ante este cuadro, y junto con el no tratamiento de estos desechos desde hace 19 meses, la Provincia avanzará con el reclamo al municipio para que presente un plan de acción.
“Al igual que lo que pasa con los basurales, podemos sugerir, emplazar, pero la Provincia no puede hacer de policía. Sí, advertimos que la concentración genera contaminación, por lo que le vamos a pedir cuál es la estrategia, cuál es el plan, la frecuencia y cómo se hacen los rellenos”, insistió el funcionario, quien aseguró que los contenedores donde se receptan tampoco son los adecuados para almacenar las pilas. “Tienen que ser lugares cerrados, bajo techo, algunos de los requisitos para estos residuos”, explicó.
Para la Municipalidad, en cambio, la concentración de pilas en desuso en los sitios habilitados genera menor impacto que el hecho de que estén dispersas en la ciudad, en contacto con agua o con otro tipo de residuos domiciliarios. Por esa razón, se mantiene la recolección de esta basura, pese a que no hay fecha cierta de su tratamiento final. Sobre todo porque hay pocas plantas de tratamiento en la Argentina que recepten residuos peligrosos y cumplan con los procesos para su desactivación.
Dónde llevarlas
El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, explicó que se está en trámite para que sean trasladas a Puerto San Martín, en Santa Fe, antes de fin de año, donde el Grupo Pelco trata los residuos industriales para reinsertarlos en un circuito de materiales reciclados, con componentes para su reutilización. Y se mostró sorprendido por el planteo provincial. “Tiene que quedar claro que el acopio de pilas no es un riesgo, no es contaminante. Y nunca desde la Provincia se hizo un señalamiento de este tipo porque se trabaja coordinadamente con ellos desde una comisión que se reúne todo los miércoles”, explicó el funcionario municipal, quien insistió que los residuos aún no fueron trasladados porque resta un permiso nacional.
Fuentes del directorio de Pelco, la planta de tratamientos de estos desechos, aclararon que hasta el momento la Municipalidad “sólo realizó un pedido de cotización”. “No hay una relación contractual, más que un pedido de costos hace meses. Tampoco hay fecha de recepción”, se explicó.
Ante las diferencias marcadas entre Municipalidad y Provincia sobre la recepción o no de las pilas, el ambientalista Raúl Montenegro señaló a La Voz que rechaza cualquier intento por cortar la cadena de recolección. “Se generaría un impacto social, cultural y ambiental desalentar la recolección cuando costó mucho esfuerzo y años para convencer a la gente que no la tire con la basura en su casa. No es ridículo ni razonable lo que plantea la Provincia, ahora bien, la Municipalidad debería tomar los recaudos mientras sean lugares transitorios hasta que tenga un tratamiento”, expresó.
.
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace 19 meses la Municipalidad de Córdoba sólo recolecta las pilas que los vecinos depositan en los contenedores ubicados en los CPC y frente al Palacio 6 de Julio porque no puede completar el tratamiento de estos residuos peligrosos que con antelación se realizaba en la planta Taym, la que fue cerrada en el marco de una causa judicial por anegamientos en el suelo. Para el municipio, la práctica de reunir estos desechos no es hoy un foco contaminante. Sin embargo, la Provincia lo desaconsejó por considerar que la acumulación de esta basura en grandes volúmenes es un riesgo ambiental y para las personas.
Desde abril de 2013, la Municipalidad retomó el servicio de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee), además del acopio de pilas y baterías en los contenedores dispuestos en los CPC y en el Paseo Sobremonte (desde hace casi un mes están en la Plaza de la Intendencia por arreglos en el primer espacio verde). En todos estos puntos, se reciben, de 8 a 14, y se las coloca en tachos de 20 litros, los que son cerrados y apilados en el interior de estos contenedores.
Sin embargo, desde que Taym salió de operación y dejó de recibir este tipo desechos peligrosos, el municipio acumulada nueve toneladas de pilas y baterías sin tratamiento alguno. Y ahí está el punto de conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. ¿Es posible acumular millones de pilas sin que generen contaminación?
La respuesta del secretario de Ambiente provincial a La Voz, Javier Britch, fue tajante: “Vamos a exigirles un plan de gestión ambiental de los residuos peligrosos y con esto que planifique qué hará la Municipalidad de Córdoba con las pilas. La concentración en el mismo lugar es lo que contamina. Hay que evitar la concentración de las pilas”.
Britch precisó que desde 2009 la Provincia advirtió y desalentó al municipio para una campaña de recolección de pilas por el poder de contaminación que tienen estos desechos al estar concentrados y en espacios abiertos de acceso a los vecinos.
Ante este cuadro, y junto con el no tratamiento de estos desechos desde hace 19 meses, la Provincia avanzará con el reclamo al municipio para que presente un plan de acción.
“Al igual que lo que pasa con los basurales, podemos sugerir, emplazar, pero la Provincia no puede hacer de policía. Sí, advertimos que la concentración genera contaminación, por lo que le vamos a pedir cuál es la estrategia, cuál es el plan, la frecuencia y cómo se hacen los rellenos”, insistió el funcionario, quien aseguró que los contenedores donde se receptan tampoco son los adecuados para almacenar las pilas. “Tienen que ser lugares cerrados, bajo techo, algunos de los requisitos para estos residuos”, explicó.
Para la Municipalidad, en cambio, la concentración de pilas en desuso en los sitios habilitados genera menor impacto que el hecho de que estén dispersas en la ciudad, en contacto con agua o con otro tipo de residuos domiciliarios. Por esa razón, se mantiene la recolección de esta basura, pese a que no hay fecha cierta de su tratamiento final. Sobre todo porque hay pocas plantas de tratamiento en la Argentina que recepten residuos peligrosos y cumplan con los procesos para su desactivación.
Dónde llevarlas
El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, explicó que se está en trámite para que sean trasladas a Puerto San Martín, en Santa Fe, antes de fin de año, donde el Grupo Pelco trata los residuos industriales para reinsertarlos en un circuito de materiales reciclados, con componentes para su reutilización. Y se mostró sorprendido por el planteo provincial. “Tiene que quedar claro que el acopio de pilas no es un riesgo, no es contaminante. Y nunca desde la Provincia se hizo un señalamiento de este tipo porque se trabaja coordinadamente con ellos desde una comisión que se reúne todo los miércoles”, explicó el funcionario municipal, quien insistió que los residuos aún no fueron trasladados porque resta un permiso nacional.
Fuentes del directorio de Pelco, la planta de tratamientos de estos desechos, aclararon que hasta el momento la Municipalidad “sólo realizó un pedido de cotización”. “No hay una relación contractual, más que un pedido de costos hace meses. Tampoco hay fecha de recepción”, se explicó.
Ante las diferencias marcadas entre Municipalidad y Provincia sobre la recepción o no de las pilas, el ambientalista Raúl Montenegro señaló a La Voz que rechaza cualquier intento por cortar la cadena de recolección. “Se generaría un impacto social, cultural y ambiental desalentar la recolección cuando costó mucho esfuerzo y años para convencer a la gente que no la tire con la basura en su casa. No es ridículo ni razonable lo que plantea la Provincia, ahora bien, la Municipalidad debería tomar los recaudos mientras sean lugares transitorios hasta que tenga un tratamiento”, expresó.
.
Estudiarán las tormentas de Córdoba y Mendoza
Estudiarán las tormentas de Córdoba y Mendoza para mejorar su predicción
Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba - Mendoza
Las severas tormentas eléctricas que afectan todos los años al centro del país, consideradas entre las más intensas del mundo, serán objeto de estudio por parte de especialistas argentinos, estadounidenses y brasileños, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.
El proyecto “Relámpago-Cacti, cazando tormentas la frontera de la ciencia” fue presentado esta semana en la sede del Servicio Meteorológico Nacional con la asistencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
Se trata de una iniciativa que se realizará en colaboración con Estados Unidos y Brasil, y la participación de distintos organismos de ciencia y tecnología y que tiene como finalidad investigar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región central del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza. El proyecto se extenderá desde noviembre hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas.
“Lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional es para nosotros un acontecimiento muy importante, ya que se trata de recibir el apoyo indispensable de dos entidades que están destinadas en Estados Unidos a la ciencia y a la tecnología, materias muy pendientes en nuestro país”, dijo Aguad.
“Esto acrecienta y gratifica el trabajo de nuestros científicos, que hacen una tarea silenciosa y fructífera para la Argentina”, agregó el ministro.
El embajador Prado destacó que “una de las mayores metas es entrecruzar los lazos entre nuestros países. La cooperación en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y Argentina es muy amplia, tiene una larga trayectoria y abarca distintas áreas, como las de energía, salud, espacio, medio ambiente y ciencias del mar, entre otras, todo con el fin de ayudar a la sociedad”.
Por su parte, Barañao aseguró: “Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves”. Y añadió: “Éste es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto”.
La directora del SMN, Celeste Saulo, a su turno, destacó la posibilidad de estudiar los sistemas convectivos de mesoescala con equipamiento idóneo, la interdisciplinariedad para entender mejor las tormentas, y la generación de servicio.
El proyecto contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), y sensor Lidar para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.
Cindy Fernández, vocera del SMN, explicó que se busca estudiar cómo crece y evolucionan las tormentas. “Tenemos tormentas más severas que evolucionan más rápido, por eso resultó interesante estudiarlas a científicos de Estados Unidos y Brasil”. Y destacó: “Los meteorólogos no podemos estudiar los fenómenos en laboratorio. No nos queda otra que salir a medir a campo. Por eso los datos van a ser abiertos y van a tener acceso la gente de la universidad y los científicos”.
.
Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba - Mendoza
Las severas tormentas eléctricas que afectan todos los años al centro del país, consideradas entre las más intensas del mundo, serán objeto de estudio por parte de especialistas argentinos, estadounidenses y brasileños, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.
El proyecto “Relámpago-Cacti, cazando tormentas la frontera de la ciencia” fue presentado esta semana en la sede del Servicio Meteorológico Nacional con la asistencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
Se trata de una iniciativa que se realizará en colaboración con Estados Unidos y Brasil, y la participación de distintos organismos de ciencia y tecnología y que tiene como finalidad investigar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región central del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza. El proyecto se extenderá desde noviembre hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas.
“Lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional es para nosotros un acontecimiento muy importante, ya que se trata de recibir el apoyo indispensable de dos entidades que están destinadas en Estados Unidos a la ciencia y a la tecnología, materias muy pendientes en nuestro país”, dijo Aguad.
“Esto acrecienta y gratifica el trabajo de nuestros científicos, que hacen una tarea silenciosa y fructífera para la Argentina”, agregó el ministro.
El embajador Prado destacó que “una de las mayores metas es entrecruzar los lazos entre nuestros países. La cooperación en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y Argentina es muy amplia, tiene una larga trayectoria y abarca distintas áreas, como las de energía, salud, espacio, medio ambiente y ciencias del mar, entre otras, todo con el fin de ayudar a la sociedad”.
Por su parte, Barañao aseguró: “Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves”. Y añadió: “Éste es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto”.
La directora del SMN, Celeste Saulo, a su turno, destacó la posibilidad de estudiar los sistemas convectivos de mesoescala con equipamiento idóneo, la interdisciplinariedad para entender mejor las tormentas, y la generación de servicio.
El proyecto contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), y sensor Lidar para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.
Cindy Fernández, vocera del SMN, explicó que se busca estudiar cómo crece y evolucionan las tormentas. “Tenemos tormentas más severas que evolucionan más rápido, por eso resultó interesante estudiarlas a científicos de Estados Unidos y Brasil”. Y destacó: “Los meteorólogos no podemos estudiar los fenómenos en laboratorio. No nos queda otra que salir a medir a campo. Por eso los datos van a ser abiertos y van a tener acceso la gente de la universidad y los científicos”.
.
Las reservas y parques comienzan a sentir la crisis
El recorte afecta al parque Quebrada del Condorito
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Señalan riesgos para visitantes y en tareas de conservación. La situación abarca a otras áreas protegidas.
El recorte en los gastos del Estado nacional llegó a la Administración de Parques Nacionales (APN). Según empleados de esta dependencia, están en riesgo la seguridad de los visitantes de estas áreas protegidas y los planes de conservación.
Leonardo Barrios Caro, delegado nexo nacional del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que la situación es crítica al punto de no tener combustible para viajar hasta los parques para poder recorrerlos.
Barrios Caro es técnico en la Regional Centro de la APN que funciona en la ciudad de Córdoba. Esta sede incluye los parques nacionales Quebrada del Condorito de Córdoba y a Talampaya (La Rioja), Las Quijadas (San Luis), Leoncito y San Guillermo (San Juan).
“Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para poder asistir a las reuniones”, comentó. Y explicó que la delegación tiene 4,5 millones de pesos para funcionamiento y 24 empleados.
A su vez, cada parque maneja su presupuesto y personal. En el caso de Quebrada del Condorito, tiene 25 empleados, de los cuales la mitad está contratada y no saben si seguirán trabajando en 2019.
“Los parques tampoco pueden garantizarles seguridad a los visitantes. Si vas a Condorito y te perdés, hay que pedir asistencia porque no hay combustible”, comentó.
También está en riesgo la conservación de parques porque hay planes de manejo de especies exóticas y otras tareas que se están dejando de hacer por falta de fondos.
“En Condorito se retrasó el proyecto de reintroducción de guanacos. Se iba a traer otra tropilla de 30 ejemplares desde Buenos Aires, pero se pasó para 2019. Ahora sólo quedan 12 animales y está en riesgo la viabilidad de la población”, detalló Barrios Caro.
También explicó que retrasaron un plan de control del jabalí con trampas. Se trata de una especie invasora muy dañina para el ecosistema y que también puede transmitir enfermedades.
“Como los técnicos no tenemos herramientas de trabajo, no podemos realizar los informes. El directorio podría utilizar este argumento para decir que no trabajamos y no renovarnos el contrato”, graficó.
Desde ATE enviaron el miércoles una carta a Eugenio Breard, presidente de APN, con un detalle de estos reclamos. En ella, intiman a la autoridad a que resuelva la situación, porque de lo contrario comenzarán con medidas de fuerza.
“El recorte es del 30 por ciento al 45 por ciento respecto al dinero con el que se pensaba trabajar a inicios de año”, sintetizó Barrios Caro.
A inicios de 2018 se presupuestaron 1.736 millones de pesos para APN. Luego se ajustó a 1.932 millones. Hasta el momento fue pagado el 60 por ciento de ese monto, según el Ministerio de Hacienda.
Para 2019, APN prevé un presupuesto de 2.257 millones de pesos, un 30 por ciento más que los fondos iniciales de 2018. La Quebrada de Condorito pasará de 11,9 millones en 2018 a 14,9 millones para el próximo año. Esto es un incremento del 24,8 por ciento.
.
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Señalan riesgos para visitantes y en tareas de conservación. La situación abarca a otras áreas protegidas.
El recorte en los gastos del Estado nacional llegó a la Administración de Parques Nacionales (APN). Según empleados de esta dependencia, están en riesgo la seguridad de los visitantes de estas áreas protegidas y los planes de conservación.
Leonardo Barrios Caro, delegado nexo nacional del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que la situación es crítica al punto de no tener combustible para viajar hasta los parques para poder recorrerlos.
Barrios Caro es técnico en la Regional Centro de la APN que funciona en la ciudad de Córdoba. Esta sede incluye los parques nacionales Quebrada del Condorito de Córdoba y a Talampaya (La Rioja), Las Quijadas (San Luis), Leoncito y San Guillermo (San Juan).
“Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para poder asistir a las reuniones”, comentó. Y explicó que la delegación tiene 4,5 millones de pesos para funcionamiento y 24 empleados.
A su vez, cada parque maneja su presupuesto y personal. En el caso de Quebrada del Condorito, tiene 25 empleados, de los cuales la mitad está contratada y no saben si seguirán trabajando en 2019.
“Los parques tampoco pueden garantizarles seguridad a los visitantes. Si vas a Condorito y te perdés, hay que pedir asistencia porque no hay combustible”, comentó.
También está en riesgo la conservación de parques porque hay planes de manejo de especies exóticas y otras tareas que se están dejando de hacer por falta de fondos.
“En Condorito se retrasó el proyecto de reintroducción de guanacos. Se iba a traer otra tropilla de 30 ejemplares desde Buenos Aires, pero se pasó para 2019. Ahora sólo quedan 12 animales y está en riesgo la viabilidad de la población”, detalló Barrios Caro.
También explicó que retrasaron un plan de control del jabalí con trampas. Se trata de una especie invasora muy dañina para el ecosistema y que también puede transmitir enfermedades.
“Como los técnicos no tenemos herramientas de trabajo, no podemos realizar los informes. El directorio podría utilizar este argumento para decir que no trabajamos y no renovarnos el contrato”, graficó.
Desde ATE enviaron el miércoles una carta a Eugenio Breard, presidente de APN, con un detalle de estos reclamos. En ella, intiman a la autoridad a que resuelva la situación, porque de lo contrario comenzarán con medidas de fuerza.
“El recorte es del 30 por ciento al 45 por ciento respecto al dinero con el que se pensaba trabajar a inicios de año”, sintetizó Barrios Caro.
A inicios de 2018 se presupuestaron 1.736 millones de pesos para APN. Luego se ajustó a 1.932 millones. Hasta el momento fue pagado el 60 por ciento de ese monto, según el Ministerio de Hacienda.
Para 2019, APN prevé un presupuesto de 2.257 millones de pesos, un 30 por ciento más que los fondos iniciales de 2018. La Quebrada de Condorito pasará de 11,9 millones en 2018 a 14,9 millones para el próximo año. Esto es un incremento del 24,8 por ciento.
.
Mareomotriz: cordobeses gana beca para investigación
Tres argentinos ganaron una beca de investigación por un proyecto para la generación de energía mareomotriz
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Córdoba
Son oriundos de Córdoba y fueron distinguidos entre 50 profesionales a través de la beca LafargeHolcim, en el marco de los Premios Next Generation. Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.
Los primeros ganadores de la beca LafargeHolcim Research in Practice Grant (RPG), entre los que se encuentran tres argentinos, fueron anunciados por autoridades de la Fundación LafargeHolcim y profesores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo principal de la beca es asesorar y apoyar financieramente a profesionales emergentes para que lleven a cabo investigaciones de vanguardia relacionadas con prácticas sustentables.
Entre los equipos participantes se premió a tres jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont utilizarán su beca para impulsar un proyecto de infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de las corrientes de marea. Además, los integrantes del grupo recibirán soporte y acompañamiento de Holcim Argentina, la filial local de LafargeHolcim.
Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos, considerada como intervención arquitectónica en el paisaje. Esa especie de dique sobre el mar es también una valiosa pieza urbano-arquitectónica que intenta, como sucede en muchos diques, ser aprovechada como recurso turístico, matizada con miradores de aves, refugios, piletas dinámicas, conectores ecológicos y doble-sendas que permiten transitar al borde del agua de mar y de la laguna.
La propuesta fusiona infraestructura, paisaje y arquitectura en un medio natural impactante: los autores pensaron una gigantesca isla de agua en la costa patagónica que, aprovechando los 8 metros promedio de diferencia entre alta y baja mar, pueda producir energía.
Los participantes del Laboratorio Next Generation fueron previamente seleccionados como equipos ganadores de prestigiosos premios LafargeHolcim, realizados en 2017. El laboratorio ofreció una plataforma para el desarrollo de proyectos de vanguardia, intercambiando ideas visionarias sobre el futuro de la construcción sostenible.
.
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Córdoba
Son oriundos de Córdoba y fueron distinguidos entre 50 profesionales a través de la beca LafargeHolcim, en el marco de los Premios Next Generation. Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.
Los primeros ganadores de la beca LafargeHolcim Research in Practice Grant (RPG), entre los que se encuentran tres argentinos, fueron anunciados por autoridades de la Fundación LafargeHolcim y profesores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo principal de la beca es asesorar y apoyar financieramente a profesionales emergentes para que lleven a cabo investigaciones de vanguardia relacionadas con prácticas sustentables.
Entre los equipos participantes se premió a tres jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont utilizarán su beca para impulsar un proyecto de infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de las corrientes de marea. Además, los integrantes del grupo recibirán soporte y acompañamiento de Holcim Argentina, la filial local de LafargeHolcim.
Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos, considerada como intervención arquitectónica en el paisaje. Esa especie de dique sobre el mar es también una valiosa pieza urbano-arquitectónica que intenta, como sucede en muchos diques, ser aprovechada como recurso turístico, matizada con miradores de aves, refugios, piletas dinámicas, conectores ecológicos y doble-sendas que permiten transitar al borde del agua de mar y de la laguna.
La propuesta fusiona infraestructura, paisaje y arquitectura en un medio natural impactante: los autores pensaron una gigantesca isla de agua en la costa patagónica que, aprovechando los 8 metros promedio de diferencia entre alta y baja mar, pueda producir energía.
Los participantes del Laboratorio Next Generation fueron previamente seleccionados como equipos ganadores de prestigiosos premios LafargeHolcim, realizados en 2017. El laboratorio ofreció una plataforma para el desarrollo de proyectos de vanguardia, intercambiando ideas visionarias sobre el futuro de la construcción sostenible.
.
Córdoba trabaja en la reproducción de árboles nativos
Los árboles nativos tienen su lugar de reproducción
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
.
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
.
Incendios: la bomba de tiempo que tiene Córdoba
El cementerio de pinos suma riesgos de fuego en Calamuchita
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
.
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
.
Crueldad en Córdoba: matan una puma y reparten los cachorros
Crueldad absoluta: mataron a una puma y se repartieron los cachorritos
Fecha de Publicación: 19/09/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Ocurrió en la localidad cordobesa de Idiazábal. Seis de los autores son menores de edad y uno mayor. La Policía se enteró por redes sociales del hecho y logró recuperar los animalitos.
En un hecho de crueldad absoluta contra los animales y con la gravedad de que se trata de especies de fauna autóctona protegida, siete jóvenes (seis de ellos menores de edad y uno mayor) mataron una hembra puma que acababa de dar a luz cinco cachorritos, le sacaron el cuero y luego se repartieron las crías recién nacidas.
La Policía de la zona se enteró del hecho luego de que comenzara a circular por redes sociales la noticia y tras una investigación logró la recuperación de los cachorritos y la identificación de todos los involucrados en el hecho.
De acuedo con la información oficial, todo habría sucedido en inmediaciones del Establecimiento Costas, a 10 kilómetros de la localidad de Idiazábal.
“Se inician Actuaciones Sumariales Judiciales a raíz de tomar conocimiento a través de las red social Facebook que siete personas de esta localidad, de los cuales seis ( 06 ) serían menores de edad ( identificados ) y uno ( 01 ) mayor de edad siendo este el llamado E M, ( 18 ), habrían matado a un animal puma hembra”, señala el parte oficial.
Y continúa relatando que el animal había tenido cría, por lo que los autores de la muerte de la puma se repartieron los cachorros, que serían cinco en total.
Los pumitas estaban en poder de las personas a las que la Policía pudo identificar, tres de ellos fueron entregados de manera voluntaria por los menores de edad involucrados y el cuarto estaba en poder del mayor (que a su vez tenía el cuero de la hembra muerta y que también se lo dio a los efectivos)
El quinto cachorro fue recuperado en un campo ubicado en la localidad de Ausonia donde lo entregó la hermana del propietario del establecimiento.
La Policía le dio participación de los hechos a sus pares del área Ambiental y a la Justicia para que decida qué hacer con los que estaban implicados en la matanza de la hembra y el reparto de los cachorros.
Según la información oficial, a los menores de edad se les instruyó un sumario y fueron fichados además de dar cuenta de su situación a la Senaf.
Respecto del mayor de edad, identificado con las siglas E.M. la fiscalía ordenó su detención y la imputación del delito de infracción a la ley de Protección de los Animales contra los Actos de Crueldad.
.
Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
.
Etiquetas:
bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
|
0
comentarios
Córdoba: el gobierno quiere 300 árboles por hectárea en campos
Plan agroforestal: la unidad de medida son 300 árboles por hectárea
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
.
Córdoba: directivos de una empresa imputados por contaminar
Tres directivos de la empresa Taym fueron imputados por contaminación
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es por el derrame de productos desde la planta de residuos peligrosos de esa firma, tras la inundación de marzo de 2017 que la afectó.
El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta ocurrida en marzo de 2017 y que afectó la región, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde está asentada esa empresa.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que la imputación se basa en la contaminación en general, luego de que el agua de la inundación ingresara a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y saliera hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Desde los tribunales de Alta Gracia confirmaron que los imputados son Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una inusual y dramática tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos.
La causa
Por esa inundación, la planta de Taym quedó totalmente anegada. Una intensa lluvia provocó una escorrentía que, luego de atravesar esas instalaciones, llegó al canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba. Entre los residuos que se encontraban en la planta existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
“La imputación trata la contaminación de la planta al agua, la superficie y la atmósfera de un modo peligroso para la salud, luego de que la lluvia ingresara a las instalaciones, detallaron fuentes judiciales.
Asimismo, agregaron que la pericia hace una salvedad que señala que habría llegado el agua “contaminada” al canal Los Molinos una hora antes de que cerraran las compuertas. “No obstante, la pericia no menciona si esa agua habría sido destinada al consumo de las personas de la zona sur”, indicaron las fuentes.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Para esta semana (entre martes y miércoles) se esperan las declaraciones de los imputados en el caso, según se indicó a La Voz.
El delito de contaminación ambiental (dolosa) puede tener una pena de tres a diez años de prisión.
Según publicó el diario Perfil, los estudios de peritajes encargados por el fiscal de Alta Gracia se extendieron por tres meses y fueron realizados por el ingeniero químico Orlando de la Rúa, junto con la médica Gimena Fernández, el biólogo y especialista en seguridad ambiental Rubén Darío González, el experto en Hidráulica Facundo José Alonso y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico.
.
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es por el derrame de productos desde la planta de residuos peligrosos de esa firma, tras la inundación de marzo de 2017 que la afectó.
El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta ocurrida en marzo de 2017 y que afectó la región, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde está asentada esa empresa.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que la imputación se basa en la contaminación en general, luego de que el agua de la inundación ingresara a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y saliera hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Desde los tribunales de Alta Gracia confirmaron que los imputados son Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una inusual y dramática tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos.
La causa
Por esa inundación, la planta de Taym quedó totalmente anegada. Una intensa lluvia provocó una escorrentía que, luego de atravesar esas instalaciones, llegó al canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba. Entre los residuos que se encontraban en la planta existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
“La imputación trata la contaminación de la planta al agua, la superficie y la atmósfera de un modo peligroso para la salud, luego de que la lluvia ingresara a las instalaciones, detallaron fuentes judiciales.
Asimismo, agregaron que la pericia hace una salvedad que señala que habría llegado el agua “contaminada” al canal Los Molinos una hora antes de que cerraran las compuertas. “No obstante, la pericia no menciona si esa agua habría sido destinada al consumo de las personas de la zona sur”, indicaron las fuentes.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Para esta semana (entre martes y miércoles) se esperan las declaraciones de los imputados en el caso, según se indicó a La Voz.
El delito de contaminación ambiental (dolosa) puede tener una pena de tres a diez años de prisión.
Según publicó el diario Perfil, los estudios de peritajes encargados por el fiscal de Alta Gracia se extendieron por tres meses y fueron realizados por el ingeniero químico Orlando de la Rúa, junto con la médica Gimena Fernández, el biólogo y especialista en seguridad ambiental Rubén Darío González, el experto en Hidráulica Facundo José Alonso y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico.
.
Nación abandona a los pequeños productores
El Estado nacional abandona a los pequeños productores familiares
Fecha de Publicación: 26/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La gente de campo de Traslasierra, sus modos de hacer, producir y vivir son parte de un patrimonio irreemplazable.
En el último año, como investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet, UNC), he tenido oportunidad de acompañar las intervenciones de desarrollo rural que el equipo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Ssaf, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación) lleva adelante de modo cotidiano en diversas localidades de Traslasierra, en articulación con municipios y organizaciones sociales de la región.
Los escenarios donde esas acciones se desarrollan no siempre están a la vista de todos. Se trata de un trabajo hormiga que se realiza visitando las comunidades campo adentro, recorriendo casa por casa de los pequeños productores, sus corrales, gallineros, el cuadro de maíz o alfalfa que una familia sembró para su hacienda, las hortalizas, las colmenas de miel de monte, las cocinas donde se maceran conservas, quesos, chacinados y dulces.
El trabajo de los técnicos de la Ssaf consiste en fortalecer estas economías familiares pluriactivas, las cuales tienen una importancia vital para la provincia de Córdoba. Son los productores que propician alimentos de calidad, formas de soberanía alimentaria, manejo responsable de los recursos naturales. Y son también los principales proveedores de las ofertas culinarias (ternero, chivito, miel, pollo casero, quesillo de cabra, dulce y arrope) que dan sabor y tradición a circuitos turísticos regionales como Traslasierra.
La labor del técnico de agricultura familiar apuntala el desarrollo de estas economías a través del acompañamiento cara a cara con el pequeño productor, coordinando campañas de desparasitación de animales; realizando diagnóstico y asistencia sanitaria; construcción de sistemas de riego para hortalizas; seguimiento y puesta en valor de procesos productivos regionales, como la cuenca lechera caprina o la producción quesera; enlace del productor familiar con circuitos de comercialización; organización de compras y ventas comunitarias, ferias y mercados, y tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra.
No es un trabajo fácil: entre otras cosas, requiere recorrer grandes distancias y ser respetuoso de los tiempos rurales; ir de una pedanía a otra por caminos rocosos o anegados; llegar a un paraje a la hora pactada para una reunión con los vecinos, y tener que esperar más de lo previsto porque uno de los productores fue a buscar la vaca que se le quedó en el campo, u otro la majada que la tarde anterior no volvió de la sierra al corral.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno nacional dispuso una reducción fragosa del presupuesto de la Ssaf, que suspendió el financiamiento de proyectos productivos y gastos operativos básicos, eliminó el monotributo social agropecuario y redujo su planta de personal técnico en un 60 por ciento.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el presupuesto de la Ssaf representaba la mínima cifra del tres por ciento del presupuesto total del Ministerio de Agroindustria del cual depende, las medidas de ajuste señaladas no constituyen un “recorte” del sector, sino un vaciamiento de la agricultura familiar como área ministerial.
En las últimas semanas, más anuncios indican que se continuará con la eliminación de 600 técnicos a nivel nacional, lo que para Córdoba significaría pasar de una planta de 28 a una de 12, y para Traslasierra (una región que abarca tres departamentos y que ya sufrió una reducción en su planta de siete a tres técnicos) pasar ahora a tener sólo uno, o tal vez ninguno.
¿Qué implica esto en la práctica? Dejar a familias rurales de Córdoba sin interlocución con el Estado en materia de derechos y desarrollo rural. Producir la ausencia del Estado para el pequeño productor familiar (y la inexistencia del pequeño productor familiar para el Estado).
El actual desmantelamiento de la Ssaf es la política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias campesinas cordobesas y de todos los interiores del país.
La gente de campo de Traslasierra, sus modos cotidianos de hacer, producir y vivir en esta tierra son parte de un patrimonio social y cultural irreemplazable. Defenderlo es defender la sociedad transerrana en su conjunto, su historia, su presente, y sus perspectivas de futuro.
Por Julieta Quirós - Antropóloga, investigadora adjunta UNC-Conicet
.
Fecha de Publicación: 26/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La gente de campo de Traslasierra, sus modos de hacer, producir y vivir son parte de un patrimonio irreemplazable.
En el último año, como investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (Conicet, UNC), he tenido oportunidad de acompañar las intervenciones de desarrollo rural que el equipo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Ssaf, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación) lleva adelante de modo cotidiano en diversas localidades de Traslasierra, en articulación con municipios y organizaciones sociales de la región.
Los escenarios donde esas acciones se desarrollan no siempre están a la vista de todos. Se trata de un trabajo hormiga que se realiza visitando las comunidades campo adentro, recorriendo casa por casa de los pequeños productores, sus corrales, gallineros, el cuadro de maíz o alfalfa que una familia sembró para su hacienda, las hortalizas, las colmenas de miel de monte, las cocinas donde se maceran conservas, quesos, chacinados y dulces.
El trabajo de los técnicos de la Ssaf consiste en fortalecer estas economías familiares pluriactivas, las cuales tienen una importancia vital para la provincia de Córdoba. Son los productores que propician alimentos de calidad, formas de soberanía alimentaria, manejo responsable de los recursos naturales. Y son también los principales proveedores de las ofertas culinarias (ternero, chivito, miel, pollo casero, quesillo de cabra, dulce y arrope) que dan sabor y tradición a circuitos turísticos regionales como Traslasierra.
La labor del técnico de agricultura familiar apuntala el desarrollo de estas economías a través del acompañamiento cara a cara con el pequeño productor, coordinando campañas de desparasitación de animales; realizando diagnóstico y asistencia sanitaria; construcción de sistemas de riego para hortalizas; seguimiento y puesta en valor de procesos productivos regionales, como la cuenca lechera caprina o la producción quesera; enlace del productor familiar con circuitos de comercialización; organización de compras y ventas comunitarias, ferias y mercados, y tejido de redes entre comunidades, agencias gubernamentales y organizaciones sociales en materia de capacitación, tecnología y acceso a derechos básicos como salud, agua y tierra.
No es un trabajo fácil: entre otras cosas, requiere recorrer grandes distancias y ser respetuoso de los tiempos rurales; ir de una pedanía a otra por caminos rocosos o anegados; llegar a un paraje a la hora pactada para una reunión con los vecinos, y tener que esperar más de lo previsto porque uno de los productores fue a buscar la vaca que se le quedó en el campo, u otro la majada que la tarde anterior no volvió de la sierra al corral.
Entre 2016 y 2018, el Gobierno nacional dispuso una reducción fragosa del presupuesto de la Ssaf, que suspendió el financiamiento de proyectos productivos y gastos operativos básicos, eliminó el monotributo social agropecuario y redujo su planta de personal técnico en un 60 por ciento.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el presupuesto de la Ssaf representaba la mínima cifra del tres por ciento del presupuesto total del Ministerio de Agroindustria del cual depende, las medidas de ajuste señaladas no constituyen un “recorte” del sector, sino un vaciamiento de la agricultura familiar como área ministerial.
En las últimas semanas, más anuncios indican que se continuará con la eliminación de 600 técnicos a nivel nacional, lo que para Córdoba significaría pasar de una planta de 28 a una de 12, y para Traslasierra (una región que abarca tres departamentos y que ya sufrió una reducción en su planta de siete a tres técnicos) pasar ahora a tener sólo uno, o tal vez ninguno.
¿Qué implica esto en la práctica? Dejar a familias rurales de Córdoba sin interlocución con el Estado en materia de derechos y desarrollo rural. Producir la ausencia del Estado para el pequeño productor familiar (y la inexistencia del pequeño productor familiar para el Estado).
El actual desmantelamiento de la Ssaf es la política de abandono e invisibilización gubernamental de las familias campesinas cordobesas y de todos los interiores del país.
La gente de campo de Traslasierra, sus modos cotidianos de hacer, producir y vivir en esta tierra son parte de un patrimonio social y cultural irreemplazable. Defenderlo es defender la sociedad transerrana en su conjunto, su historia, su presente, y sus perspectivas de futuro.
Por Julieta Quirós - Antropóloga, investigadora adjunta UNC-Conicet
.
Un río de Córdoba casi sin vida por las cloacas de la capital
El Suquía ya casi no tiene peces aguas abajo de Bajo Grande
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aguas abajo de la ciudad de Córdoba, el Suquía va camino a ser un río sin vida. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la presencia de agroquímicos no dejan que prospere ningún pez.
Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) de la Universidad Nacional de Córdoba y Conicet estudian este sector del río desde hace años. Para su trabajo necesitan realizar capturas con redes.
Entre 1998 y 2002, Andrea Hued, de esta institución, realizó un trabajo en toda la cuenca del río Suquía. En aquella época también se sentía la contaminación aguas abajo de Bajo Grande, pero la abundancia y diversidad de peces era mayor.
Las capturas incluían orilleros, mojarras, mojarritas, bagrecitos, limpiafondos y viejas del agua.
Y por supuesto también estaba presente el Gambusia affinis, el pez mosquito. Esta especie tiene una gran capacidad de resistencia a diferentes condiciones ambientales y está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En las últimas campañas realizadas por Hued, no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. “Fuimos el viernes pasado a Villa Corazón de María y Capilla de los Remedios y no encontramos peces. No sólo no encontramos la especie que nos interesa, sino que no hay ningún pez. Sacamos un lodo asqueroso con olor a podrido”, cuenta Hued.
La científica explica que hay tres especies de orilleros que siempre están presentes en los ríos a pesar de que estén contaminados. “El primero que desapareció fue el Jenynsia multidentata, después el Gambusia affinis y ahora el Cnesterodon decemmaculatus”, enumera.
Y agrega: “Estamos hablando de una extinción local de estas especies. No hay mortandad de peces como ocurre cuando hay algún vertido contaminante. Pero la población va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados”.
Problemas sexuales
Los investigadores pudieron completar a duras penas el último estudio sobre la especie Cnesterodon decemmaculatus. Este trabajo, publicado hace unas semana en la revista científica Science of the Total Environment, puede explicar en parte por qué los peces están desapareciendo.
El equipo –integrado por Micaela Zambrano, Gisela Rautenberg, Alejo Bonifacio, Iohanna Filippi, Valeria Amé y Rocío Bonansea– analizó el sistema reproductivo de los ejemplares machos capturados en este sector del río Suquía y los comparó con ejemplares recuperados en otros tres puntos aguas arriba de este curso de agua.
Los investigadores también analizaron la calidad de agua y elaboraron un índice. En el río Yuspe, este índice fue del 95 por ciento. En la zona de Casa Bamba, fue del 90,8 por ciento. En el puente Cantón, plena ciudad de Córdoba, fue del 72,3 por ciento, mientras que en Villa Corazón de María llegó al 50,9 por ciento.
El órgano copulatorio de los peces se llama gonopodio, el cual permite transferir el esperma hacia la hembra. El órgano se desarrolla por acción de hormonas masculinas.
“Pero si el individuo ha estado expuesto a sustancias que interrumpen la acción de estas hormonas u otras que imitan a las hormonas femeninas, puede verse afectado en su longitud o bien en las estructuras óseas internas que lo conforman”, explica Hued. Y si la especie no se puede reproducir, su supervivencia está en riesgo.
Los investigadores encontraron que aguas abajo de Bajo Grande los peces mostraban anormalidades en las estructuras del gonopodio.
Un ejemplo es lo que se conoce como el filamento gonopodial. En los peces capturados en el río Yuspe, tributario sin contaminación del Suquía, esta estructura medía 1,08 milímetros en promedio. En los ejemplares recolectados en Villa Corazón de María, el tamaño se redujo a 0,94 milímetros.
“Los cambios no llegan ni a milímetros, pero en proporción es mucho ya que son peces que tienen sólo dos centímetros. Un cambio milimétrico puede hacer la diferencia. También hay alteración en las forma de estas estructuras reproductivas que pueden provocar fallas durante la copulación”, explica Hued.
En la ciudad, también
Los investigadores también tomaron muestras de peces en el Puente Cantón, dentro de la ciudad de Córdoba.
A pesar de que este sector todavía no recibió los efluentes de Bajo Grande, los peces sienten la contaminación de la ciudad. “Este sector recibe las escorrentías de la zona central, que arrastran la contaminación de los vehículos. Además, el análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin”, dice el trabajo.
Peces como alarma
Hued explica que monitorear la contaminación del río a través de los peces tiene sus ventajas por sobre los clásicos análisis físico-químico y microbiológicos.
“Estos análisis son instantáneas de la contaminación del río. Es una foto de su calidad de agua de ese momento, la cual puede estar condicionada por una creciente u otro factor”, dice la científica.
Y agrega: “Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Puede haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la conserva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema morfológico”.
.
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aguas abajo de la ciudad de Córdoba, el Suquía va camino a ser un río sin vida. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la presencia de agroquímicos no dejan que prospere ningún pez.
Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) de la Universidad Nacional de Córdoba y Conicet estudian este sector del río desde hace años. Para su trabajo necesitan realizar capturas con redes.
Entre 1998 y 2002, Andrea Hued, de esta institución, realizó un trabajo en toda la cuenca del río Suquía. En aquella época también se sentía la contaminación aguas abajo de Bajo Grande, pero la abundancia y diversidad de peces era mayor.
Las capturas incluían orilleros, mojarras, mojarritas, bagrecitos, limpiafondos y viejas del agua.
Y por supuesto también estaba presente el Gambusia affinis, el pez mosquito. Esta especie tiene una gran capacidad de resistencia a diferentes condiciones ambientales y está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En las últimas campañas realizadas por Hued, no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. “Fuimos el viernes pasado a Villa Corazón de María y Capilla de los Remedios y no encontramos peces. No sólo no encontramos la especie que nos interesa, sino que no hay ningún pez. Sacamos un lodo asqueroso con olor a podrido”, cuenta Hued.
La científica explica que hay tres especies de orilleros que siempre están presentes en los ríos a pesar de que estén contaminados. “El primero que desapareció fue el Jenynsia multidentata, después el Gambusia affinis y ahora el Cnesterodon decemmaculatus”, enumera.
Y agrega: “Estamos hablando de una extinción local de estas especies. No hay mortandad de peces como ocurre cuando hay algún vertido contaminante. Pero la población va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados”.
Problemas sexuales
Los investigadores pudieron completar a duras penas el último estudio sobre la especie Cnesterodon decemmaculatus. Este trabajo, publicado hace unas semana en la revista científica Science of the Total Environment, puede explicar en parte por qué los peces están desapareciendo.
El equipo –integrado por Micaela Zambrano, Gisela Rautenberg, Alejo Bonifacio, Iohanna Filippi, Valeria Amé y Rocío Bonansea– analizó el sistema reproductivo de los ejemplares machos capturados en este sector del río Suquía y los comparó con ejemplares recuperados en otros tres puntos aguas arriba de este curso de agua.
Los investigadores también analizaron la calidad de agua y elaboraron un índice. En el río Yuspe, este índice fue del 95 por ciento. En la zona de Casa Bamba, fue del 90,8 por ciento. En el puente Cantón, plena ciudad de Córdoba, fue del 72,3 por ciento, mientras que en Villa Corazón de María llegó al 50,9 por ciento.
El órgano copulatorio de los peces se llama gonopodio, el cual permite transferir el esperma hacia la hembra. El órgano se desarrolla por acción de hormonas masculinas.
“Pero si el individuo ha estado expuesto a sustancias que interrumpen la acción de estas hormonas u otras que imitan a las hormonas femeninas, puede verse afectado en su longitud o bien en las estructuras óseas internas que lo conforman”, explica Hued. Y si la especie no se puede reproducir, su supervivencia está en riesgo.
Los investigadores encontraron que aguas abajo de Bajo Grande los peces mostraban anormalidades en las estructuras del gonopodio.
Un ejemplo es lo que se conoce como el filamento gonopodial. En los peces capturados en el río Yuspe, tributario sin contaminación del Suquía, esta estructura medía 1,08 milímetros en promedio. En los ejemplares recolectados en Villa Corazón de María, el tamaño se redujo a 0,94 milímetros.
“Los cambios no llegan ni a milímetros, pero en proporción es mucho ya que son peces que tienen sólo dos centímetros. Un cambio milimétrico puede hacer la diferencia. También hay alteración en las forma de estas estructuras reproductivas que pueden provocar fallas durante la copulación”, explica Hued.
En la ciudad, también
Los investigadores también tomaron muestras de peces en el Puente Cantón, dentro de la ciudad de Córdoba.
A pesar de que este sector todavía no recibió los efluentes de Bajo Grande, los peces sienten la contaminación de la ciudad. “Este sector recibe las escorrentías de la zona central, que arrastran la contaminación de los vehículos. Además, el análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin”, dice el trabajo.
Peces como alarma
Hued explica que monitorear la contaminación del río a través de los peces tiene sus ventajas por sobre los clásicos análisis físico-químico y microbiológicos.
“Estos análisis son instantáneas de la contaminación del río. Es una foto de su calidad de agua de ese momento, la cual puede estar condicionada por una creciente u otro factor”, dice la científica.
Y agrega: “Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Puede haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la conserva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema morfológico”.
.
Polémica autovía en Córdoba sería autorizada con cambios
Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
.
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios