Represa Ayuí Grande paralizada - Especial
12:05 | 
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Eco Sitio |
Un freno a la represa de las aguas turbias
Fecha de Publicación: 26/08/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
El proyecto de Ayuí Grande pretende anegar 7800 hectáreas en Corrientes. Expertos aseguran que afectará a la flora y la fauna y contaminará el río Uruguay. La resolución de la Secretaría de Ambiente fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
El proyecto para construir una represa en la provincia de Corrientes que inundaría 7800 hectáreas con fines de riego para la producción de arroz fue frenado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ese organismo estatal dio a conocer ayer una resolución contraria a la iniciativa, argumentando que su ejecución “afecta la calidad del agua” del río Uruguay, por lo cual es “incompatible con el Tratado Internacional firmado en 1975 con Uruguay”. El emprendimiento es impulsado por un consorcio, entre cuyos accionistas se encuentran José Aranda, uno de los máximos directivos del Grupo Clarín, y el magnate George Soros.
“De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua”, dijo a Página/12 el jefe de gabinete de la Secretaría, Ricardo Salvioli.
La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, sostiene que el emprendimiento privado resulta “incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente”.
El proyecto iba a realizarse en el departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Es impulsado por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Adecoagro y Copra SA, que habían anunciado una inversión de 50 millones de dólares. El objetivo de la represa es irrigar 28 mil hectáreas para la producción de arroz.
El proyecto había sido avalado por el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi. El Estado nacional intervino de oficio, ante las denuncias de organizaciones ambientalistas que alertaban sobre los graves daños que ocasionaría en el ecosistema de la provincia, pero también en el río Uruguay, que es compartido por otros países y que baña las costas de la República Oriental del Uruguay.
En septiembre del año pasado, el gobierno nacional presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el que reclamaba la paralización de la obra. Tres meses después, el 12 de noviembre del año pasado, la Corte le pidió a Corrientes que en 90 días entregue un informe del impacto ambiental de la obra. El gobierno correntino entregó la documentación pedida.
En forma paralela, la Secretaría de Ambiente conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas de esa cartera. Los expertos, en base a la información aportada por la provincia, concluyeron que “siendo previsibles probables efectos de eutrofización (proliferación de algas)”, el proyecto “constituye un peligro de daño grave e irreversible” para el ambiente. Esta situación es agravada por “la sustracción del 27,3 por ciento del caudal del Ayuí Grande”.
El informe técnico permite concluir que, de acuerdo con los rendimientos previstos para la explotación arrocera, “por cada hectárea cultivada y fertilizada queda en el ambiente una cantidad de fósforo superior a los 5 kilogramos por hectárea, provenientes tanto del rastrojo como del fertilizante no absorbido por la planta, quedando en total en el predio de la UTE un remanente de 100 toneladas de fósforo por cosecha, que se exportarían por infiltración y escurrimiento” a las aguas del río Uruguay.
De acuerdo con el informe, el anegamiento afectará 6900 hectáreas de humedal, donde pueden encontrarse entre otras comunidades vegetales, “bosque de ribera, pastizales húmedos, pajonales de gramíneas y no gramíneas”. Los efectos de la obra en esas comunidades serán “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y cambios en el régimen de inundación aguas abajo”.
También afectaría a la fauna ictícola, ya que allí se presentan “condiciones apropiadas para el desove y cría de larvas” de dorados, surubíes, sábalos y bogas. En ese sentido, el informe advierte que podría producirse la “mortalidad de larvas por reducción en la velocidad de la corriente y predación visual (por parte de las aves) por el aumento en la transparencia” del agua.
Esas razones, entre otras, hacen que el proyecto sea “incompatible con las obligaciones” asumidas por el país en el Estatuto del río Uruguay de 1975, el mismo que el país vecino violó al permitir la construcción de la planta de Botnia, según la Resolución 1238/11, firmada por Mussi. “Por ese motivo, la autorización del proyecto deja de ser una atribución del gobierno correntino, ya que sus consecuencias pueden afectar a otras provincias o a otro país”, dijo Salvioli, para fundamentar la decisión.
El proyecto, además, “resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.
“Los humedales son una reserva importantísima de flora y fauna, y nuestro deber es protegerlos”, concluyó el jefe de gabinete de la cartera ambiental.
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Mussi: “el Proyecto de Ayuí Grande atenta contra la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos”
Fecha de Publicación: 26/08/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
El secretario de Ambiente hizo referencia al “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, que luego de analizar los estudios de impacto ambiental, consideró que “no debe desarrollarse el emprendimiento”.
El titular de la cartera ambiental, Dr. Juan José Mussi, recordó que cuando el gobierno de Corrientes autorizó la construcción del emprendimiento privado, desde la cartera ambiental se presentó un recurso de amparo al que dio lugar la Corte Suprema de Justicia, que ordenó facilitar los estudios de impacto ambiental.
Sobre ésta información se basaron los estudios técnicos que determinaron que dicha obra atenta “contra de dos principios legales: uno internacional y otro nacional”. En primer lugar, “va en contra del tratado del Río Uruguay ya que el emprendimiento está ubicado a 2 kilómetros y utiliza el curso de agua del Río Miriñan que conduce a la desembocadura del Río Uruguay”, y, a su vez, “vulnera la Ley General del Ambiente ya que va a actuar sobre 7 mil hectáreas de Bosque Nativo y va a atentar sobre especies de fauna”.
Ésta es la “Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable” señaló Mussi, “hay que permitir un desarrollo que no ponga en peligro al medio ambiente, lo que deriva en un daño sobre la salud de la gente”.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la secretaría, Dr. Ricardo Salvioli, afirmó que “nosotros intentamos salvaguardar el medio ambiente y cualquier conflicto en el posible deterioro ambiental con Uruguay".
"De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua", sentenció Salvioli.
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Para Medio Ambiente, la represa de Ayuí es legalmente incompatible
Fecha de Publicación: 26/08/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación resolvió ayer que las obras del Proyecto Ayuí Grande “resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Mediante la Resolución 1238/11, también determinó que el emprendimiento arrocero que encabezan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros “compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas”.
Tal como lo denunció Tiempo Argentino el 8 de agosto de 2010, esta polémica iniciativa suponía la apropiación de un curso de agua por parte de dos privados, la inundación de 8000 hectáreas de tierras con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en la localidad correntina de Mercedes. El proyecto, alentado por el incremento del precio de los granos en el mercado internacional, buscaba producir 23 mil nuevas hectáreas de arroz, y contaba con el aval del gobierno de Ricardo Colombi, quien la semana pasada enfatizó: “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, y añadió: “No podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir.”
A raíz de la investigación periodística de este diario, en noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender las obras por 90 días hasta tanto se determine si la misma ocasionará daños al medioambiente y afectará el cauce del río Uruguay. Luego, en junio pasado, la Corte dio por “extinguido el proceso”, ya que el supuesto daño ambiental que podría generar el emprendimiento “no puede encontrar cabida en esta causa” en tanto que excede su objeto, pero reconoció que el Estado nacional tenía competencia para actuar. En ese marco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un informe crítico sobre los eventuales impactos negativos del emprendimiento. Allí concluyó que “el Proyecto Productivo Ayuí Grande constituye un peligro de daño grave e irreversible” ya que contempla “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y los cambios en el régimen de pulsos de inundación aguas abajo”. Además agrega que el aspecto más preocupante de la propuesta es “establecer compensaciones económicas ante la imposibilidad de aplicar medidas de mitigación, dado que el bien colectivo ambiente es un bien no monetizable, ni disponible por los beneficiarios de manera exclusiva o en forma sustentable”.
Las reacciones de las ONG que se opusieron a la construcción de la represa no tardaron en llegar (ver recuadro).
Emilio Spataro, de Salvemos al Iberá, celebró la medida y afirmó: “Esto demuestra que todo lo actuado en Iberá fue tenido en cuenta, y es de una enorme satisfacción para las comunidades ribereñas afectadas por estas obras ilegales.”
En tanto, el lapidario informe contra el Ayuí no cayó nada bien en el entorno del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. En diálogo con Tiempo Argentino, el titular de Copra SA y mano derecha de Aranda, Ricardo Freire, señaló que la resolución ministerial “desautoriza las leyes provinciales dictadas por el Estado de Corrientes”, ya que “nosotros contamos con todas las habilitaciones provinciales correspondientes y estábamos en condiciones de comenzar las obras, pero ahora nuevamente nos vuelven a frenar”. Al mismo tiempo, manifestó que “esta situación nos sobrepasa, quedamos en el medio de un conflicto entre el Estado provincial y el nacional; y hasta tanto no se aclare el panorama, no vamos a seguir adelante”
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