Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe

Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe

Fecha de Publicación: 26/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe


La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.

Un fallo con prueba científica
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (...) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (...) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (...) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.

Riachuelo: Ordenan reubicar a 2.000 familias

Ordenan reubicar a 2.000 familias que viven al borde del Riachuelo

Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires



El juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa del saneamiento del Riachuelo, Luis Armella, ordenó que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado “camino de sirga” (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi– había presentado en los primeros días de febrero un plan de traslado . Sin embargo, el fallo que presentó el juez tres días busca ahora “dar celeridad” y asegurar su cumplimiento.
Para eso presenta un cronograma de relocalización con plazos para trasladar las viviendas, la mayoría ubicadas en Capital Federal, en las villas 21-24 –la más grande de la Ciudad–, la 26, El Pueblito y Magaldi.
Del lado de Provincia, los asentamientos más numerosos son Barrio Villa Jardín, Barrio Puente Alsina (ambos en Lanús) y Barrio Mi Esperanza, en La Matanza.
En total se trasladarían 1.966 familias a partir del mes de abril y se deberá finalizar la reubicación en 2013 .
Si ACUMAR no cumple con los plazos previstos, el juez asegura que impondrá sanciones económicas personales a los funcionarios responsables, así como ocurrió el año pasado con el ex titular del organismo, Homero Bibiloni.
Ahora desde la Justicia buscan, además, que se encare “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca”, según informa el fallo, para evitar conflictos entre quienes no quieran dejar sus viviendas.
El juez también exige que se revea, en un plazo de 10 días, el censo con las familias a reubicar, porque aseguran haber constatado la existencia de viviendas precarias que no figuran en el conteo. Es decir, que ACUMAR deberá presentar antes del 4 de marzo un plan con los detalles sobre su relocalización.
“Es para movilizar todas las viviendas que quedaron dispersas en el Riachuelo, por ejemplo bajo los puentes”, explicó a este diario el juez Luis Armella.
La finalidad es liberar el camino de sirga, como parte de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2008 para sanear las aguas de la cuenca, que afectan la salud de las 7 millones de personas que viven en su zona de influencia.

San Juan: Liberaron a militantes de Greenpeace

Liberaron en San Juan a militantes de Greenpeace

Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan



Los ambientalistas detenidos el miércoles a la mañana por la policía de San Juan, tras haber construido un campamento en un camino de acceso a la mina de oro Veladero, en la cordillera sanjuanina, fueron liberados a la medianoche del mismo día y seguirán vinculados a la causa.
El gobernador José Luis Gioja le dijo anoche a Clarín : “ Se metieron presos solos” y aclaró que la provincia se limitó a cumplir con la orden judicial de desalojar el bloqueo del camino.
María Eugenia Testa y Flor de Cabo, integrantes de Greenpeace, junto a Ramón Gómez y Walter Gambetta, militantes ambientalistas sanjuaninos, quedaron imputados en una causa por violación a artículo 194° del Código Penal , que reprime con prisión de tres meses a dos años, a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Se los acusa de haber obstruido el acceso a la mina ubicada sobre la cordillera sanjuanina, a 400 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina.
En cercanías de Tudcum, el último pueblo antes de iniciar el ascenso a la mina, los militantes de Greenpeace instalaron un campamento construido con un container parcialmente atravesado sobre el camino y se encadenaron entre sí para reclamar que la empresa minera Barrick, que explota la mina Veladero, “deje de obstaculizar la aplicación de la Ley de Glaciares”. La norma, sancionada por el Congreso Nacional, no está en vigencia luego que el juez federal de San Juan Miguel Gálvez hiciera lugar al amparo presentado por las empresas sanjuaninas prestadoras de servicios mineros y que fue apoyado por el gobierno provincial, lo que posibilitó que el tema pase a la Corte Suprema.
La protesta generó reacciones diversas en San Juan. Desde la capital viajaron una decena de integrantes de agrupaciones ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto.
A su vez, un numeroso grupo de vecinos de Tudcum, un pueblo que vive de los servicios mineros, reclamaron a los militantes de Greenpeace que escuchen a los pobladores locales.

Ratifican fallo que limita las fumigaciones

San Jorge: el juez Tristán Martínez ratificó el fallo que limita las fumigaciones

Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Contacto Diario
Provincia/Región: Santa Fe



El titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Tristán Martínez, resolvió prohibir a perpetuidad la fumigación en campos adyacentes al barrio Urquiza de esta ciudad. Así definió el amparo presentado por los vecinos que en marzo de 2009 denunciaron a la justicia problemas de salud a partir de la aspersión de agroquímicos en esos terrenos.
En las consideraciones del fallo, sin precedentes en la materia, el magistrado enumeró una serie de recomendaciones tendientes a preservar la salud humana y el medio ambiente.
Martínez consideró estudios científicos y el fallo de la Cámara de Apelaciones Nº 2 de Santa Fe, que a fin de 2009 avaló la medida preventiva en los términos establecidos en el amparo y emplazó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia a que presentara un estudio conjunto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se expidiera acerca del grado de toxicidad de los químicos utilizados en las explotaciones agrarias y por consiguiente, la conveniencia de continuar o suspender las aspersiones en el área en cuestión.
También pidió al Ministerio de Salud que efectuara un estudio en los barrios comprometidos para discernir si a partir de la suspensión de las fumigaciones disminuían las afecciones en los vecinos.
Según las consideraciones de Martínez, de los informes solicitados "no se advierte que se haya dirimido en concreto sobre la continuidad o suspensión de las fumigaciones, aunque sí se deduce que la segunda opción es la más indicada para el caso".

Desacato
La casa de altos estudios y el Ministerio de Salud emitieron sus respectivos informes, pero el de la Producción no acató la orden y evitó expedirse sobre el tema, más allá de que la solicitud provino de la Justicia. Esto fue determinante para el fallo final de Martínez, quien consideró que "esa omisión, sumado a que la provincia de Santa Fe no se expidió cuando se le requirió su manifestación en la medida de su interés, comienzan y terminan por dirimir la cuestión por el propio peso de su rol".
A través de los informes de Salud y de otras fuentes primarias claves logradas por el Juzgado, el magistrado determinó que hubo una notable disminución de afecciones denunciadas por los vecinos mientras se suspendieron las fumigaciones. Esto "puede asociarse a la ausencia de un factor ambiental en dicho período", sostuvo el juez en el fallo. "No se pudo concluir de modo irrefutable que la disminución de las consultas (médicas) entre ambos períodos se deba a la prohibición de fumigar. No obstante, esa hipótesis parece ser la más plausible”, enfatiza la sentencia.
“No surge con grado de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones sino todo lo contrario. Releídas las conclusiones, observaciones y recomendaciones, el panorama se presenta abrumador y la sensación es que se está lejos de todo”, a la hora de justificar la utilización de agroquímicos. “Para muestra sobra con la actitud asumida por la provincia de Santa Fe”, indica el fallo.
“El resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, ya que de lo aportado por los accionados no surgen elementos que avalen otra solución”, expresa el documento, y agrega que “más que desde el llano, hay que evaluar las distancias desde arriba, para darse cuenta de la magnitud de la superficie destinada a la producción -zona rural- en relación a lo que puede llegar a ser la de un radio urbano. Un punto en el espacio”, dijo Martínez.

Uso y manejo
“El manejo de fitosanitarios debe ser realizado teniendo en cuenta todos los factores que puedan comprometer su uso. En aquellos casos en que los posibles efectos sobre la salud humana son motivo de discusión no resuelta, el uso de los mismos debe ser tratado adoptando las medidas necesarias para preservar el desarrollo humano”.
“Es necesario que se implementen mejoras sustanciales en los sistemas de control y en la forma en que se desarrolla la gestión y aplicación de fito-
sanitarios”.
El fallo de Martínez destaca la importancia que reviste la educación a todos los niveles: “De los profesionales de competencia en cada área, de los aplicadores y de la población, que en general evidencian gran desconocimiento sobre la peligrosidad que presenta la manipulación de las sustancias químicas”.
El magistrado se apoyó en el informe de la UNL, y una parte transcribe en el fallo. “No existen agroquímicos inocuos. Todas las sustancias de uso fitosanitario, entre las que se incluye el glifosato, presentan toxicidad y por ende algún grado de peligrosidad, tanto en casos de exposición agudo como crónica”.
“La seguridad del uso de los fitosanitarios depende de la forma de aplicación y del conjunto de medidas que aseguran el uso adecuado, regulado y controlado del mismo. Las condiciones climáticas y tipos de suelo definen la movilidad del glifosato y su metabolito Ampa (ver aparte). Se comprobó que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y de Ampa a las aguas subterráneas y superficiales, aumentado por el uso de fertilizantes fosfatados”.

Toxicidad
En este punto del fallo Martínez comenzó a delinear la afectación de los productos químicos aplicados al agro sobre el medio ambiente y enfatiza que “la toxicidad de los formulados comerciales con glifosato (Roundup y otros) fue documentada en estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de nuestra región” y realiza una síntesis de la acción de los químicos sobre animales, plantas y el suelo.
También indica que “los productos formulados de glifosato que contienen Poea son más tóxicos que otras formulaciones. Gran parte de la ciencia internacional investiga los efectos del glifosato puro o en formulas comerciales distintas a las que se emplean en Argentina. Por lo que se hace necesario diseñar estudios locales evaluando los efectos de los productos empleados en el país. Más si se tiene en cuenta que el glifosato, recientemente clasificado como perturbador endócrino, podría tener efectos adversos incluso en exposiciones a dosis bajas, consideradas como seguras”.
El fallo también analiza los efectos de los agroquímicos en los cursos de agua dulce, hace hincapié en diversos estudios científicos y deriva en la necesidad profundizar los estudios, así como establecer sistemas de disposición de los envases descartados.

Restricción
En abril de 2009, días después de presentado el recurso de amparo por parte de los vecinos contra los propietarios y explotadores de campos linderos al vecindario, Martínez resolvió suspender en forma preventiva la fumigación con todo tipo de fitosanitario a una distancia de 800 metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para el caso de aspersiones aéreas.
Tanto los propietarios de los campos, sembrados en su mayoría con soja y maíz transgénicos, la Municipalidad y el gobierno de la provincia -a través del Ministerio de la Producción- apelaron la medida judicial.
En diciembre de 2009 la Cámara de Apelaciones Nº 2 de la ciudad de Santa Fe ratificó el fallo de primera instancia del juez Martínez, dio lugar a la apelación de la Municipalidad local y la eximió de las costas de la demanda y rechazó el recurso interpuesto por el gobierno de la provincia de Santa Fe, al que condenó al pago de costas.

Por primera vez
Es la primera vez que la Justicia impone distancias de aspersión en forma gráfica, más allá de la ley provincial Nº 11.723 que establece una escala por toxicidad. También es la primera vez que se establece el principio de precaución ante la sospecha de la toxicidad. El fallo pide que sean los demandados quienes demuestren y no los damnificados.

Plantas que reemplazan al Ceamse

Plantas que reemplazan al Ceamse

Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires


El municipio de La Plata y cuatro comunas vecinas tendrán a partir del año próximo cinco plantas para el tratamiento integral de los residuos generados por los vecinos de esas localidades, lo que permitirá el cierre definitivo del relleno sanitario del Ceamse en la localidad de Ensenada y la recuperación del 80 por ciento de los desperdicios que se generen en esa área. Ese es el resultado del acuerdo que arribaron el gobierno bonaerense, que financiará toda la obra, y los municipios involucrados: además de La Plata y Ensenada, la propuesta comprende a Berisso, Brandsen y Punta Indio.
Hubo una suerte de pacto salomónico, para que todos los municipios terminen haciéndose cargo de los residuos que generan: como ninguno quería ser la sede de la planta de tratamiento para los residuos, coincidieron en que habría cinco, una en cada comuna.
En definitiva, hoy se presentará el contrato con la empresa adjudicataria de la obra, la española Sanea, asociada con dos argentinas: Esur –que hace la recolección de residuos en La Plata– y la consultora MGM. El acto se hará a las 15 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial. Es la instancia final de un proceso que incluyó consultas a organizaciones ambientalistas, expertos de la Universidad Nacional de La Plata, concejos deliberantes e intendentes.
La decisión es consecuencia del fallo de la Suprema Corte bonaerense, que en una sentencia obligó al gobierno bonaerense a cerrar el relleno de Ceamse de Ensenada, por la contaminación que éste genera en el ambiente. Allí se depositan los residuos generados en la ciudad de La Plata y en los partidos vecinos. “Se buscó no repetir la experiencia del relleno sanitario, por lo que se optó por un procedimiento tecnológico diferente”, explicó a Página/12 Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental de la Municipalidad de La Plata.
“Estamos ante una experiencia concreta de lo que se puede conseguir con la regionalización, en donde interactúan intendentes en pos de un objetivo que favorezca a la población”, destacó el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Sobre la iniciativa, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sostuvo que “hay que resaltar el coraje que ha tenido el gobernador para lograr cerrar este tema”.
El gobierno bonaerense asumió el costo de la instalación de las plantas, que demandarán una inversión total de 40 millones de dólares. En total, las cinco tendrán capacidad para procesar 700 toneladas de residuos por día. “Hoy se hará la firma del contrato y a partir de entonces, la empresa tiene 12 meses para construir las plantas. En un año, entonces, se estará en condiciones de cerrar el relleno de Ensenada”, precisó Federovisky.
Las plantas de tratamiento, en primera instancia, separarán los residuos domiciliarios en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se recuperarán en un ciento por ciento como compost (abono), mientras que con los inorgánicos, aproximadamente la mitad se recuperará para reciclado de materiales, un 25 por ciento se convertirá en combustible sólido para reemplazar al carbón en los hornos cementeros, y el resto se embalará e inertizará para restaurar (rellenar) canteras.
Además de Secco, se reunieron con Scioli los jefes comunales Pablo Bruera (La Plata), Enrique Slezack (Berisso), Héctor Equiza (Punta Indio) y Mirta Sargiotti (Brandsen).

San Juan: detuvieron a 50 activistas

San Juan: detuvieron a la directora de Greenpeace y a 50 activistas

Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan



La policía y la gendarmería realizaron anoche un enorme operativo en el medio de la montaña en San Juan para detener a 50 activistas de Greenpeace , que se encontraban realizando una protesta contra la compañía canadiense Barrik Gold. Según la organización ecologista, la minera canadiense, que tiene llegada directa tanto a Cristina Kirchner como al gobernador José Luis Gioja, es la responsable de obstruir la entrada en vigencia de la ley de Glaciares , que se aprobó en octubre del año pasado, luego de que la presidenta la hubiera vetado dos años antes.
Desde la provincia y desde la empresa cargaron contra los ambientalistas . El gobierno provincial dijo que tiene una “palmaria preocupación” por los glaciares de San Juan y que mantiene su “monitoreo y cuidados irrestricto”. Para la Barrick, “Greenpeace se instaló sin permiso en el lugar, que es propiedad privada”.
Desde el martes a las 11 de la mañana, los ambientalistas habían logrado obstaculizar la entrada del camino minero que conduce a los yacimientos de oro y plata de Veladero y Pascua Lama , ubicados en el corazón de la cordillera, muy cerca del límite con Chile. Primero, sorprendieron a la seguridad, entrando por la retaguardia desde las montañas, instalando un campamento con carpas especiales para alta montaña, al que se encadenaron durante más de un día . Paralelamente, otro grupo instaló por delante de la garita de la guardia un gigante contenedor amarillo, que tenía pintado: “Barrick: basta de bloquear la ley de glaciares” . Las organizaciones sanjuanistas que se oponen a la mega minería en la provincia también dieron su apoyo a la protesta .
Al mediodía, la policía detuvo primero a la directora Política de Greenpeace, Eugenia Testa, acusándola de violar una norma provincial que impide el bloqueo de los caminos públicos, aunque la ruta minera -que hasta la entrada en operaciones de Veladero era de libre circulación- ahora es privada . Fue encerrada en una pequeña celda, con barrotes rojos, en la ciudad de Jáchal. El resto de los activistas fue detenido después de las 19, en un operativo muy grande en el que participó la policía provincial y la gendarmería. Ellos se habían encadenado entre sí con un sistema especial que usa Greenpeace, mediante el cual los manifestantes quedan unidos a través de unos tubos que son muy difíciles de cortar sin herir a los que lo llevan puesto . Así que, al final, los agentes de seguridad tuvieron que sacar a la rastra a los que protestaban.
La detención de Testa había provocado antes el repudio de varios partidos de oposición. Entre ellos, estaban los diputados Pino Solanas y Miguel Bonasso, quien ha denunciado los vínculos del poder con la compañía minera. La presidente Kirchner tiene trato personal con el CEO de la Barrick, Peter Munk , a quien recibió en su despacho en la Rosada luego de vetar por primera vez la ley de glaciares en 2008.
Desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, dijo a Clarín que la Barrick se “autoincrimina” cuando bloquea ante la justicia la ley de glaciares, porque así reconoce de hecho que tanto en Veladero como en Pascua Lama hay glaciares de roca y escombro. De lo contrario, no debería tener problemas para dejar entrar auditores de las universidades a sus yacimientos.
Operarios de la Barrick aplaudían mientras se llevaban a los activistas, que se resistieron pacíficamente a ser llevados por la policía. La empresa, por su lado, dijo en un comunicado que “cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales”.
En nombre de la Barrick Gold, Julio Claudeville, uno de los portavoces de la empresa, dijo a Clarín que los activistas “decidían qué subía y qué bajaba”, indicando que los ambientalistas no dejaron ingresar oxígeno, comida y combustible. Dijo además que la gente de Jáchal e Iglesias, donde la empresa realiza constantes donaciones, se opuso al piquete . Sin embargo, otras organizaciones sanjuaninas se sumaron al mismo . Entre ellos, Ernesto Lloverás, abogado ambiental, que dijo a este diario que era “una verguënza nacional” que el estado sanjuanino se opusiera a la ley de glaciares.

Antecedentes
La ley de glaciares fue aprobada en octubre pasado. Su fin es realizar un relevamiento de las áreas glaciares de la Argentina, que son las mayores reservas de agua en un mundo con temperaturas cada vez más elevadas.
La norma nunca entró en vigencia, entre otras cosas porque la Barrick logró que un tribunal sanjuanino otorgara en tiempo récord una cautelar que suspendía su aplicación.
La megaminería a cielo abierto es muy cuestionada mundialmente porque se necesita realizar grandes explosiones en la montaña para obtener el metal escondido .

Árabes quieren "producir" en El Impenetrable

Árabes quieren producir alimento para su país en tierras de El Impenetrable

Fecha de Publicación: 23/02/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Con una inversión superior a los 400 millones de dólares, el grupo el saudí Al-Khorayef ofrece transformar terrenos fiscales “ociosos” en campos productivos. Ayer anunció que proyecta derivar agua de la cuenca del Bermejo hacia una porción de terrenos del Estado en El Impenetrable. Para la ejecución de la iniciativa, la Legislatura deberá aprobarla por ley.
La provincia firmó ayer un convenio de entendimiento que prevé el desarrollo de un emprendimiento productivo privado en 30 mil hectáreas fiscales.
La superficie representa un séptimo de la extensión disponible (200 mil has) y el Chaco seguirá siendo el propietario de las tierras después de la explotación.
En una primera etapa se destinarán 400 millones de dólares y el grupo árabe se comprometió a volcar parte de sus ganancias a una mejor infraestructura para la provisión de agua en la zona.
Ayer el gobierno anunció la noticia como el primer punto en Latinoamérica donde desembarca el grupo saudí. Aunque no trascendió qué tipo de cultivos se realizarán, sí se difundió que se trata de un proyecto “agroalimentario”.
El primer acercamiento se produjo en octubre de 2010, en Buenos Aires, cuando el sheik Mohammed Al-Khorayef, le planteó a Jorge Capitanich su interés por invertir en la Argentina, en especial el Chaco.

Ventajas anunciadas
El Ejecutivo considera que el acuerdo permitirá reconvertir terrenos fiscales “ociosos” en campos productivos. Según lo expresado ayer a la prensa, el proyecto comprende en principio a una zona de 30.000 hectáreas -de 200.000 disponibles en la zona-.
Al plan se adicionará capacidad de riego a través de proyectos de la Comisión de Recuperación del Bermejo (Corebe), en una iniciativa que “busca fortalecer la producción, sumar inversiones y alcanzar un desarrollo sustentable para un fuerte impacto social en una zona muy vulnerable”.
Para garantizar el desarrollo del proyecto, a los inversores la provincia les ofrecerá seguridad jurídica a partir de la sanción de una ley en el Poder Legislativo, según adelantó el vice gobernador.

Intereses foráneos
A la mesa de negociaciones estaba sentado Daniel Tardito, director de Siasa Latinoamericana, pero más conocido en la provincia por su función como CEO de Unitec Bio, firma productora de biocombustibles con aceite de soja.
Tardito acumula experiencia y peso en el norte del país, con campos en Chaco, Formosa y, por medio de ARG Natural Beef, y a través de Cabaña Don Panos de Eurnekián, exporta genética ganadera -embriones y semen- a Venezuela.
Ayer, al término de la reunión en Casa de Gobierno, remarcó la importancia histórica del acuerdo. “Estamos ante una gran oportunidad. Ahora dependerá del equipo técnico de la provincia la confección un proyecto rentable, ambientalmente amigable y que cubra socialmente las necesidades de la zona”, enumeró. También valoró la alianza que se gestó con el grupo desarrollador de tierras más grande del mundo.
“El Chaco es el primer punto en Latinoamérica donde se desarrollará un proyecto de estas características”, dijo José Fernando Tomás, presidente de Aisco, una de las empresas del grupo saudí y que se especializa en equipos de riego y proyectos de desarrollo agrícola.

Próximos pasos
A partir de la firma del acuerdo de entendimiento ahora se aguarda conformar un equipo de trabajo para la diagramación ejecutiva del proyecto.
El grupo estará encabezado por el gobernador, con técnicos y funcionarios de varias áreas de gobierno, y representantes del grupo extranjero.
Con el objetivo de transformar áreas improductivas en áreas de generación agroalimentaria, analizarán cómo dotarlas de obras de infraestructura y riego.
El acuerdo de entendimiento fue firmado por el gobernador Jorge Capitanich y José Fernando Tomas, apoderado del grupo Al Khorayef y presidente de Al Khorayef Industries Europa (Aisco).
También estuvieron el agregado de la embajada del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Saif SS Alotaibi y Arnaud Inchauspe, presidente de Siasa Latinoamericana y representante del Grupo Al Khorayef para Latinoamérica.
Por el Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff; los ministros de Economía, Eduardo Aguilar, y de la Producción, Enrique Orban; el subsecretario de Agricultura, Pedro Luis Jover; el subsecretario de Ambiente, Raúl Fernández; directivos de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) y la titular de la Administración Provincial del Agua, Cristina Magnano.

Greenpeace bloqueó ruta de la Barrick

Greenpeace levantó un campamento para exigir la aplicación de la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 22/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan





Más de 50 activistas se instalaron en el camino que lleva a las minas de oro de Valedero y Pascua Lama de la multinacional Barrick Gold. Acusan a la empresa de "bloquear" la norma que está suspendida.
Más de cincuenta activistas de Greenpeace montaron esta mañana un campamento en el camino de acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Glaciares que se encuentra suspendida en la provincia de San Juan por un recurso presentado ante la Justicia.
Los activistas de Greenpeace desplegaron, en el camino de acceso al complejo minero que explota la multinacional Barrick Gold, un campamento de alta montaña especialmente equipado para resistir condiciones climáticas extremas.
"La protesta se realiza en oposición al 'bloqueo' que está ejerciendo la Barrick a la Ley de Glaciares, a través de sus presentaciones ante el Poder Judicial con la complicidad del Gobierno Nacional", denunció Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace.
Para la ONG ambientalista, la Ley de Glaciares dejó de ser una "ley de la Nación, una ley de los argentinos, y ahora está secuestrada por un grupo de empresas mineras".
"Los recursos de amparo presentados por un conjunto de empresas en San Juan son un acto de autoincriminación", había denunciado ayer también Villalonga. "Queda claro que sus actividades se verán amenazadas si la ley se aplicase, y por eso decidieron bloquear su implementación".
En ese sentido, Villalonga ironizó: "¿Desde cuándo Barrick Gold o la Cámara Argentina de Servicios Mineros se dedican a la evaluación jurídica de las normas que dicta el Congreso Nacional?".
A través de un comunicado, la minera Barrick Gold cuestionó la protesta y aseguró que "cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales y sectoriales necesarias para el desarrollo de sus actividades". Y expresó que, "en este caso, es la organización Greenpeace la que no está cumpliendo con las leyes" al mantener bloqueado el acceso a un camino privado.
Según Greenpeeace, la actitud del Gobierno nacional en el tema es de "complicidad" con las mineras. "Nada impide al Gobierno nacional continuar con la reglamentación de la norma, comenzar con los inventarios y defender la ley en el ámbito de la Justicia, como le corresponde", dijo Villalonga.
Al respecto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, había dicho que la Nación no reglamentará la Ley de Glaciares hasta que la Corte Suprema se expida sobre las presentaciones que hicieron las empresas mineras. "Nosotros vamos a aceptar lo que diga la Corte", prometió Mussi.
A fines del año pasado, la Cámara Minera de San Juan y otras organizaciones vinculadas a la industria presentaron una medida cautelar para que se declare inconstitucional la ley porque consideran que "la norma avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no".
Si bien la Constitución Nacional reformada en 1994 devolvió a las provincias el dominio de sus recursos naturales, en otro artículo también le encomendó al Congreso Nacional sancionar los "presupuestos mínimos ambientales" a partir de los cuales se puede realizar la explotación industrial.
La ley de glaciares, que obstaculiza la explotación minera en las zonas de glaciares para preservar las reservas de agua dulce, había sido muy polémica y fue aprobada en el Senado con los votos justos.

La Corte toma examen por el Riachuelo

La Corte toma examen por el Riachuelo

Fecha de Publicación: 22/02/2011
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires


En el Cuerpo Colegiado que monitorea las acciones de la Secretaría de Ambiente destacan algunos avances a partir de la nueva gestión, pero cuestionan demoras en la reconversión de las empresas que contaminan.
La Corte Suprema convocó a una nueva audiencia pública para examinar la marcha del saneamiento del Riachuelo, y Página/12 dialogó con integrantes del Cuerpo Colegiado que monitorea las acciones de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El defensor del Pueblo sostiene que “hay acciones, como la vigilancia epidemiológica y la liberación del camino de sirga, que están empezando a funcionar”, pero advierte sobre “el atraso en la relocalización de habitantes que viven en pésimas condiciones” y “la falta de control de las industrias”. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) considera que “desde el año pasado la gestión empezó a mejorar”, pero critica “la demora en la remoción de basurales” y “el bajo cumplimiento de la reconversión de empresas contaminantes”. Para Greenpeace, en cambio, “esos avances son un maquillaje”, ya que “no se han reducido los vertidos industriales contaminantes”. El secretario de Ambiente, Juan José Mu-ssi, secretario de Ambiente, señaló que “300 empresas están en reconversión y otras 300 ya la realizaron”. Además, la Acumar registra como “agentes contaminantes” 353 empresas que deben presentar planes de reconversión (ver recuadro). La audiencia pública tendrá lugar el 16 de marzo.
La convocatoria fue firmada por los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, en el marco del denominado “Fallo Mendoza”, por el cual, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de la Nación dispuso el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, haciendo responsables al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Anselmo Sella, adjunto 1º a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sostuvo que “el mecanismo del saneamiento se ha puesto en marcha y empezó a funcionar”, y dio como ejemplo “los avances en la liberación del camino de sirga –una franja de 35 metros en cada margen de los cursos de agua, que por ley no es privatizable–: una prueba de que son reales las protestas de las empresas que lo ocupaban, especialmente areneras, que están siendo desalojadas”.
“A veces el Estado da tramos de costa en concesión, pero esto es en términos precarios y no da derecho alguno a los ocupantes”, advirtió Sella.
Para el defensor del Pueblo, “también se avanzó en el plan de vigilancia epidemiológica: en varios hospitales y centros de salud se establecieron nodos destinados a las enfermedades vinculadas con el ambiente”. Sin embargo, “está atrasada la relocalización de las viviendas de asentamientos precarios; muchas están en pésimas condiciones”. Además, “falta actividad de la Acumar en el control de las industrias: de las 20.000 empadronadas, falta inspeccionar más de diez mil”, advirtió Sella, y destacó que “el saneamiento requiere también una conciencia de la sociedad. Hace unos meses, la Unión Industrial se quejó por el solo hecho de que se estaban inspeccionando industrias, y adujo que, ‘históricamente’, las industrias habían usado la cuenca: le notificamos que el río es de todos y debe ser respetado”.
Andrés Nápoli, de la FARN, también destacó la necesidad de “intensificar los planes de reconversión de las empresas” y sostuvo que “todavía no se precisó la cantidad de habitantes en situación de riesgo, que requieren atención inmediata”. Señaló “un déficit importante en la remoción de los basurales a cielo abierto: son 262 y todavía no se removió el diez por ciento”.
Nápoli afirmó además que “la Acumar no utiliza suficientemente sus facultades para intervenir en toda la cuenca, por ejemplo revisando las evaluaciones de impacto ambiental que hace cada municipio para la instalación de industrias; tampoco generó actividades para proteger los bosques de Ezeiza, la laguna de Rocha y los terrenos de Santa Catalina”. De todos modos, “desde 2010, con la gestión de Juan José Mussi, empezó a mejorar la acción de la Acumar”.
Félix Cariboni, coordinador de la Campaña Riachuelo de Greenpeace, afirmó en cambio que “los avances registrados no son más que una especie de maquillaje: lo que importa es dejar de contaminar, y eso no se está concretando”. Sostuvo que “la Acumar no manifiesta interés en controlar la contaminación industrial. Para sanear el Riachuelo, lo primero es saber qué cantidad de efluentes contaminantes se arrojan y tener un plan para que cesen los vertidos”. Además, “tampoco los grandes anuncios sobre relocalización de asentamientos se concretan en hechos reales”.
Por su parte, Juan José Mussi, secretario de Ambiente de la Nación, afirmó que “hay unas 300 empresas en reconversión y otras 300 ya la realizaron”. En cuanto a la población, “trasladamos 42 viviendas desde el puente Bosch, en Avellaneda, y para abril trasladaremos 180 más, a casas ya construidas en La Matanza. Hay unas 2400 viviendas que deben trasladarse próximamente: más de 80 en el conurbano y 1366 en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma. Pronto relocalizaremos los asentamientos de El Pueblito y Luján. Las empresas que ocupan el camino de sirga ya aceptaron trasladarse, todo lo cual deja libre el 70 por ciento de ese camino”.
Mussi subrayó que “el retiro de barcos hundidos está próximo a completarse; sólo quedan cinco, que se retirarán el mes que viene. Esto facilita la circulación del agua y elimina sustancias tóxicas acumuladas”.
El funcionario destacó “la próxima concreción del crédito de 840 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para realizar las plantas de tratamiento de efluentes cloacales procedentes de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta hoy van a parar al Riachuelo”.
En los próximos días, el Cuerpo Colegiado emitiría un documento de evaluación.

Herramientas para el monitoreo de Bosques

Ambiente presentó herramientas para el monitoreo de Bosques Modelo a nivel local

Fecha de Publicación: 22/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional



El Taller Subregional sobre Criterios e Indicadores de Nivel Local en Bosques Modelo tiene como objetivo compartir la experiencia del proceso de construcción e implementación de criterios e indicadores de nivel local en los bosques modelos argentinos.
Mussi, inauguró el Taller Subregional sobre Criterios e Indicadores de Nivel Local en Bosques Modelo, al que consideró como un “hito en el desarrollo de esta importante herramienta de planificación y gestión para el desarrollo forestal sustentable”. En ese sentido afirmó que “el objetivo que nos guía es generar información relevante para la toma de decisiones, que sea de fácil comprensión para la ciudadanía y que permita evaluar los impactos de esas decisiones sobre los recursos naturales y las comunidades”.
Asimismo destacó la voluntad del Gobierno Nacional en relación con el tema ya que “se están designando recursos para los bosques”. A pesar de las “dificultades que pueden surgir para operativizarlos”, afirmó que “hay un verdadero compromiso al respecto”, y por ello “estamos avanzando en el desarrollo del programa para luchar contra el fuego en los bosques, a partir del cual se adquirirán motobombas y otros elementos imprescindibles para el trabajo de los combatientes”.
En tanto Mussi subrayó que es importante “la interrelación armoniosa entre el bosque y sus habitantes” y que en ese sentido estos indicadores buscan que “los pobladores participen en el desarrollo de estos instrumentos para que redunden en beneficios para todos”.
El concepto de bosques modelo fue presentado en la Cumbre de la Tierra (1992, Rio de Janeiro) por Canadá y adoptado por consenso de los representantes del sector forestal de nuestro país en 1996. En esa oportunidad se crea el Programa Nacional de Bosques Modelo dependiente de la cartera ambiental, en el marco del cual se define al Bosque Modelo como una asociación de voluntades que planifican y gestionan de manera consensuada modelos de desarrollo sustentable en ecosistemas boscosos, con la meta de elevar la calidad de vida de las comunidades marginadas o de bajos recursos como pauta fundamental.
En esta línea, el taller tiene como objetivo compartir la experiencia del proceso de construcción e implementación de criterios e indicadores de nivel local en los bosques modelos argentinos; comprender las relaciones existentes entre el Marco de Principios y Atributos de la Red Internacional de Bosques Modelo y el monitoreo a nivel local; Presentar lineamientos para el establecimiento de protocolos de monitoreo de largo plazo y proponer lineamientos estratégicos para una futura implementación de un estándar para la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).
Los resultados de este proceso se incluirán en la edición de un libro con los criterios y perfiles descriptivos de los indicadores y la implementación de un set de 31 indicadores adaptados a la realidad local. La información relevada constituye un insumo estratégico para orientar las acciones de los Bosques Modelo. Tal como afirmó el titular de ambiente, ésta será compartida en el marco del Foro Global de la Red Internacional de Bosques Modelo 2011 que se realizará en la ciudad española de Burgos en el mes de marzo.
Respecto de Iberoamérica, el Dr. Fernando Carrera, Gerente de la red Iberoamericana de Bosques Modelo expresó que ésta “es la mayor Red dentro de las que componen la Asociación internacional” y que “el 25% de los bosques modelo de Iberoamérica se encuntra en Argentina”.
En la apertura acompañaron al secretario el Sr. John Hall, del Servicio Forestal Canadiense; el Dr. Fernando Carrera; el Sr. Seam Dolter, Director de la Red Internacional de Bosques Modelo; la Dra. Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la SAyDS y Mónica Gabay, responsable del PNBM.
El evento contó con la participación de representantes de Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay así como de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo y expertos del Servicio Forestal Canadiense de Bosques Modelo.

Dueños de la Patagonia

Dueños de la Patagonia

Fecha de Publicación: 21/02/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina - RENACE
Provincia/Región: Patagonia



"Según la Federación Agraria Argentina “aproximadamente el diez por ciento del territorio nacional, alrededor de 270 mil kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”. Incluso algunos se arriesgan afirmando que en estos primeros diez años del siglo XXI ese porcentaje es aún mayor, todavía."
Cada vez es mayor el territorio de la Patagonia que se encuentra en posesión de extranjeros.
Con su millón de kilómetros cuadrados en tierras, la Patagonia es la región más extensa y despoblada de la Argentina. Según la Federación Agraria Argentina “aproximadamente el diez por ciento del territorio nacional, alrededor de 270 mil kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”. Incluso algunos se arriesgan afirmando que en estos primeros diez años del siglo XXI ese porcentaje es aún mayor, todavía.
Hagamos un poco de memoria: en la década del ´90, el diario francés Le Monde ya incluía varias notas referidas al crecimiento de la compra de tierras argentinas por parte de millonarios extranjeros conocidos mundialmente. Nombres como el inglés Joseph (Joe) Lewis –quien ocupa el sexto lugar entre las fortunas privadas del Reino Unido-, Ted Turner, dueño de la norteamericana CNN y los hermanos italianos Benetton –Luciano, Gilberto, Carlo y Giuliana, dueños desde 1965 de la famosa fábrica de telas y ropa, cabeza del Benetton Group, cuyo valor en Bolsa supera los 16 mil millones de euros- desembarcaron en nuestra Patagonia en provincias como Río Negro, Neuquén y Chubut, respectivamente. Todo, de la mano de una política nacional encabezada en ese entonces por el riojano Carlos Saúl Menem.

Vienen por todo
¿Por qué vienen los extranjeros a comprar tierras, especialmente en el sur? “Vienen por todo: por el agua, la tierra, los minerales, hidrocarburos y la biodiversidad”, no dudó en afirmar Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. “Lo increíble es que estos bienes naturales son ofrecidos en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales” agregó la investigadora. Dijo que “allí se afirma que el país ofrece oportunidades de inversión rentables para satisfacer las demandas del mundo actual y que las excelentes perspectivas de negocios se sustentan, entre otras cosas, en la variedad de recursos naturales y de tierras de extraordinaria productividad”.
“Allí también dice que el sistema legal argentino reconoce trato nacional para las inversiones e inversionistas extranjeros y que se permite la libre remesa de utilidades y capitales al exterior” siguió explicando Bruzzone, quien demostrando mucha indignación, nos dijo que “en esa página oficial se lee que nuestro país está dotado de un incalculable patrimonio natural, como son tierras extraordinariamente fértiles, principalmente en nuestra Pampa Húmeda, cuantiosos recursos forestales, en su mayoría en el Nordeste; yacimientos mineros a lo largo de los 4.500 kilómetros de la Cordillera de los Andes; ricos depósitos acuíferos e importantes recursos pesqueros a lo largo de nuestra costa atlántica. Y que los Estados Nacional, provincial y municipales cuentan con programas de incentivos diseñados para promover la inversión y mejorar la rentabilidad empresaria para quienes quieran venir al país”. “Creo que sobran los comentarios, no?” expresó nuestra entrevistada, quien es miembro del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), donde actualmente se desempeña como su secretaria a nivel nacional.
Por su lado, Javier Rodríguez Pardo, otro reconocido especialista en temas ambientales, minería y ecología – principal dirigente del histórico Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y uno de los fundadores y actual miembro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas)- afirmó que “El 75 por ciento de la biodiversidad existente en el mundo se concentra en las regiones de los pueblos del Sur del mundo, ya que los países del Norte han agotado sus recursos, caladeros, bosques nativos y humedales. Y Estados Unidos tomó la delantera: dividió el mapamundi de la biodiversidad en zonas para explorar y explotar, especialmente Argentina, uno de los países más importantes en biodiversidad templada-fría”.
El autor de “Vienen por el oro. Vienen por Todo” fue aún más allá en su información: “Hace algunos años los norteamericanos han ubicado casi una docena de equipos técnicos en siete estados con sus universidades y laboratorios para concentrar todos los datos. Así la de Georgia se ocupó de la región maya; Virginia de Madagascar y Surinam; los de Minnesota coparon Camerún y Nigeria y otras más se concentraron en Vietnam y Laos. Cada una de estas naciones cede a sus mejores científicos e investigadores como mano de obra académica barata. Y Argentina y Chile cayeron en las garras de la Universidad de Arizona, que se nutre del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia, el CENPAT (Centro Nacional Patagónico, argentino), la Universidad Pontificia Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, entre otros institutos y casas académicas”.
“Bosques nativos, selvas y océanos en nuestro país y en tantos otros del Sur guardan más de cien millones de especies aún desconocidas, hongos, plantas vasculares, insectos, microorganismos, etcétera. En definitiva, para ellos son futuras patentes” concluyó Rodríguez Pardo, quien durante mucho tiempo residió en la ciudad chubutense de Trelew, lugar donde por primera vez, hace unos cuantos años, el autor de esta nota escuchó de su boca una de sus tesis premonitorias de lo que iba a venir en estos tiempos que hoy corren: “El robo de la biodiversidad es otro nudo del ovillo de la dependencia de países como el nuestro”.

¿Qué hacer entonces?
Esa es la pregunta que trasladamos a nuestros entrevistados. “Debemos restituir toda la legislación que impedía que la venta de tierras a extranjeros ocurriera y que fue derogada o cambiada por otra totalmente más permisiva” opinó Bruzzone, quien dio su ejemplo a seguir: “Todas las Constituciones Provinciales tendrían que seguir lo que se decidió y actualmente rige en Corrientes, donde en su Constitución se prohíbe que extranjeros, solos o en empresas, adquieran o posean bienes naturales, especialmente tierra y agua, en todo el territorio de esa provincia litoraleña”.
“La única forma de evitar la acumulación de tierras en la Patagonia es prohibir el latifundismo” contestó Rodríguez Pardo, agregando que “yo sé que dicen que no es negocio tener campos para dos o tres mil ovejas, lo cual es cierto, pero habrá que legislar… Sin lugar a dudas que con la prohibición de compra a los extranjeros se bloqueará gran parte de la venta de tierras, pero se tirarán encima legislaciones internacionales y los compromisos que hubiere”.
“Hay que resistir” terminó diciendo este militante por la vida, quien no quiso despedirse sin decir que “la Patagonia ofrece vastedad de territorios vírgenes en explotación agropecuaria y especialmente en la región del oeste cordillerano, agua en abundancia. Y no se debe olvidar que el latifundismo, que en los países del Norte no se puede ejercer prácticamente, se puede llevar a cabo en la Patagonia argentino-chilena, que cuenta con las hectáreas suficientes para cubrir todo el territorio europeo”.

Cooperación argentino-china para el Riachuelo

Cooperación argentino-china para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 21/02/2011
Fuente: Secrearía de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital


En el marco de la implementación del Proyecto de Saneamiento Matanza-Riachuelo, el secretario de Ambiente y Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dr. Juan José Mussi, encabezó la firma del Memorando de Entendimiento entre dicha Autoridad y la compañía estatal China Communications Construction Company Limited (CCCC) de la República Popular China para la colaboración mutua en el desarrollo de las actividades futuras del Proyecto. El documento fue rubricado por el ing. Gustavo Villa Uría, en su carácter de Presidente Ejecutivo de ACUMAR y por el Sr. Chang Yunbo, en representación de la compañía oriental.
El acuerdo se sustenta en la vasta experiencia que la CCCC posee en la construcción de todo tipo de proyectos de saneamiento, que se ajusta a las acciones previstas por la ACUMAR y que incluyen la ejecución de puerto, dique, terraplén, dragado, planta de tratamiento de aguas, caños, entre otras.
Así, la compañía china manifestó su intención de participar del desarrollo del proyecto y cooperar, asistir y ayudar a financiar el mismo. Para ello deberá presentar una propuesta para la consideración por parte de tres grupos de trabajo que estudiarían, evaluarán y propondrán los pasos a seguir al respecto.
En caso de lograr la aprobación, la CCCC será seleccionada como la constructora y ejecutora de los las obras, cuyo inicio se intentará realizar con la mayor celeridad posible.

Movilización y corte de ruta contra San Jorge

Movilización y corte de ruta contra San Jorge

Fecha de Publicación: 20/02/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza



Autoconvocadas a través de las redes sociales y mensajes de texto, más de cien personas se reunieron el lunes por la noche en el Concejo Deliberante de Alvear.
Edición Impresa: domingo, 20 de febrero de 2011
Un centenar de asambleístas anunciaron dos cortes de ruta simultáneos en Alvear para mañana y una movilización en la ciudad de Mendoza el martes 22, en repudio al proyecto minero San Jorge.
Autoconvocadas a través de las redes sociales y mensajes de texto, más de cien personas se reunieron el lunes por la noche en el Concejo Deliberante de Alvear junto con autoridades de la comuna encabezadas por el intendente Juan Carlos De Paolo, legisladores provinciales e integrantes de Irrigación, para definir las acciones a tomar en rechazo al emprendimiento que ya obtuvo el visto bueno del Ejecutivo mendocino.
Allí se decidió cortar las rutas nacionales 188 a la altura de calle 25 en Bowen y 143 norte en su intersección con calle F mañana, para entregar folletería y concientizar a los transeúntes sobre los riesgos de la minería metalífera a cielo abierto.
Los cortes se harán desde las 7 de la mañana y hasta la noche de manera ininterrumpida, advirtieron los manifestantes, que durante la madrugada del martes partirán hacia Mendoza para reunirse a las 10.30 con asambleístas de Uspallata en Costanera y Vicente Zapata desde donde marcharán rumbo a la Legislatura.

La Pampa: cerca de una nueva Ley de Bosques

La Pampa, muy cerca de conseguir una nueva Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 20/02/2011
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: La Pampa



El nuevo proyecto tendrá tres diferentes categorías: roja, amarilla y verde. La provincia busca conservar los bosques de caldén, que con la expansión de la agricultura, han sufrido las consecuencias del desmonte.
La provincia de La Pampa, por ahora, no puede pedir fondos ni financiar proyectos para 2011 de la Ley de Bosques (la llamada “Ley Bonasso”) porque aún la Cámara de Diputados no aprobó por una norma provincial el ordenamiento territorial, previsto en esa Ley Nacional.
Por tal motivo, el último viernes se llevó a cabo una audiencia pública como uno los pasos de proceso participativo que exige la Ley 26331.
En diálogo con redagroactiva.com, Marisa Urioste, directora de Recursos Naturales de la provincia de La Pampa, dio detalles del proyecto.

-Se están llevando adelante una serie de actividades para lograr la sanción de la nueva ley de Bosques provincial, cuéntanos cuáles son.
-Es un proceso que se inició hace tres año a partir de la Ley Nacional 26331, de presupuestos mínimos de conservación de la Ley de Bosques en Argentina. A partir de ese momento las provincias que no tenían el Plan de Ordenamiento territorial de los bosques aprobado por su cámara de Diputados quedaban bajo la prohibición de hacer desmontes. Esta Ley plantea tres categorías de manejos de bosques, por lo tanto nos pusimos a trabajar en reordenar nuestra ley provincial, adecuarla a esta Ley Nacional, que como es de presupuestos mínimos es obligatoria. Por más que los recursos naturales son de las provincias, esos presupuestos mínimos los tenemos que cumplir y hacer un mapa de ordenamiento que consiste en un mapa de los bosques de La Pampa, donde están las 3 categorías de conservación. En eso hemos venido trabajando, a través de talleres participativos en todo el interior de la provincia, en la Comisión Asesora de Bosques que está integrada por todos los sectores que tienen que ver con él , con los bosques, con la conservación de la ecología, consejos profesionales, facultad, asociaciones de productores, hasta turismo también participa de esto. Hemos terminado con toda esta etapa de preparación, hemos recibido asistencia recién en el 2010 para poder realizar el plan de ordenamiento que es algo bastante oneroso.

-¿Esta Ley daría a La Pampa la posibilidad de ser beneficiaria de una importante cantidad de dinero?
-Sí. Una vez que la provincia sancione su Ley y su plan de ordenamiento, eso va a Nación y eso nos va a permitir que los productores que pongan sus predios con bosques bajo plan de manejo o plan de conservación, reciban incentivos para realizar estos planes, entonces por supuesto que es muy favorable para la Provincia, hay algunas provincias que ya lo tuvieron y en el 2010 pudieron acceder a estos beneficios.

-¿Cómo son los planteamientos que se hacen para cuidar este tipo de montes ante el avance de la agricultura?
-Precisamente por eso van a estar las Categorías. La categoría 1 (rojo), habla de una conservación total, que lo hemos asignado a áreas protegidas, a sitios históricos de valor cultural, a conservación de cuencas a ese tipo de lugares. Luego tenemos la categoría intermedia que es la amarilla, que casi toda la provincia con bosques esta en esa categoría, donde no se va a permitir el aprovechamiento forestal del bosque, pero sí va a ir acompañado para hacerse aprovechamiento como ganadería, aprovechamiento de fauna a través de la Caza, las actividades que normalmente se están realizando en nuestro bosque de caldén. Por último, la categoría verde, permite el desmonte. Va a estar limitada a zonas donde ya hay proyectos de aprovechamiento, sobre todo con riego, pero dentro de algunas partes del caldenal que no se encuentran en buenas condiciones.

Garantizaron el libre acceso al Lago Escondido

Garantizaron el libre acceso al Lago Escondido

Fecha de Publicación: 19/02/2011
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


El Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro (CODEMA) realizó una inspección ocular en el camino público de acceso al Lago Escondido, en El Bolsón. A través de la firma de un acta de acuerdo, ratificó y garantizó el libre acceso al mismo. Durante dos días, una comitiva conformada por funcionarios de CODEMA, de Vial Rionegrina Sociedad del Estado VIARSE, representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de Fiscalía de Estado, legisladores y miembros de la empresa Hidden Lake, realizaron la inspección encomendada por el máximo cuerpo judicial. Al respecto, el titular del CODEMA, Oscar Echeverría, explicó que “durante dos días, corroboramos en el marco del amparo presentado ante la Justicia, la obligación que tenía el CODEMA, que era la construcción de un sendero de montaña que permita el libre acceso al Lago Escondido, cumplimentando de esta manera el pedido del STJ”.
Echeverría se refirió a la señalización y a las medidas de seguridad en el lugar. Aseguró que “hay que mejorar la señalización y que por este motivo, estamos llevando adelante un programa con un grupo de pobladores de señalización de este sendero y aspiramos a instalar cartelería además a todos los senderos del Aérea Protegida Río Azul Lago Escondido”.
El titular del CODEMA destacó que “el lugar es visitado por más de 35 mil personas al año, quienes ingresan diariamente y que tienen la obligación de no ensuciar, de acampar en los lugares permitidos, respetar los horarios correspondientes”. Asimismo, el funcionario confirmó que finalmente el Gobierno de Río Negro construirá dos nuevas pasarelas, una sobre el Encanto Blanco y otra sobre el río Azul, que es el inicio del sedero de montaña que une con el Lago Escondido.
Echeverría dijo que “el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos aportará los recursos y que la obra se realizará a través del Departamento Provincial de Aguas DPA, cumplimentando la sugerencia del STJ”.
Finalmente, el titular del CODEMA destacó “esta gran noticia para los pobladores y para los miles de turistas que visitan este maravilloso lugar” y subrayó que “nuestro objetivo central es la conservación y el cuidado del lugar. Somos rectores de un Area Natural Protegida que es invaluable y vamos a hacer todo lo posible para que sea recorrida, visitada y sea accesible para todos”.

Riachuelo: Embargan a empresa

Armella embargó a empresa por no liberar las márgenes del Riachuelo

Fecha de Publicación: 19/02/2011
Fuente: Quilmes Presente
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital


Deberá pagar 120 mil pesos en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca, a cargo del juez federal de Quilmes
El juez federal de Quilmes Luis Armella embargó una empresa en 120 mil pesos por no haber liberado el "camino de sirga", en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Luego de ser intimidada en varias ocasiones vía judicial, el juez Armella resolvió embargar a la empresa para cubrir los gastos de remoción de los objetos que se encuentren en el lugar, prosiguiendo con la causa "Mendoza" que le delegó la Corte Suprema en el 2008.
La medida de embargo fue contra la empresa Centro Internacional de Contenedores (CICSA), ubicada en el barrio porteño de Barracas, y luego que desoyera la orden del juez para liberar las márgenes del Riachuelo (conocido como "camino de sirga").
"Así, ha quedado debidamente plasmado en autos que habiéndose notificado a la empresa CICSA de su obligación resultante del fallo Mendoza, consistente en liberar el camino de sirga, dicha firma comercial ha incumplido la manda judicial, manifestando su voluntad contraria de llevar a cabo lo ordenado", señala la resolución dictada por Armella.
"Tal actitud omisa, sumado a los argumentos esgrimidos por la ACUMAR en su petitorio, y las pruebas incorporadas al presente, resultan suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho reclamado, más teniendo en cuenta que éste concepto no requiere la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino que alcanza con su acreditación prima facie", añade la misma.
Para este año, la Corte podría volver a convocar a una audiencia pública por el proceso de saneamiento del Riachuelo que dispuso en 2008, y que fijó una serie de pautas en ese sentido a cumplir por parte de ACUMAR, un organismo conformado por los estados Nacional, Bonaerense y de la Ciudad.
La limpieza de las márgenes del Riachuelo es con el objeto de "transformar toda la ribera en un área parquizada".

Piden investigar venta de agua del Paraná

Piden investigar posible venta de agua del Paraná

Fecha de Publicación: 18/02/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe



Lo solicitó una entidad de la Universidad Nacional de Rosario. Los buques de carga se llevarían 500 litros anuales.
La Universidad Nacional de Rosario pidió al Ministerio de Aguas de Santa Fe que investigue la presunta venta ilegal de agua dulce del Río Paraná por parte de terminales portuarias a buques de carga, que llegaría a los 500 litros anuales.
Los responsables del Observatorio del Agua de la UNR, advirtieron que "circulan fuertes versiones de la venta de agua", considerado delito mediante la ley 13.036, que prohíbe la comercialización del recurso, y pidieron la intervención del ministro Antonio Ciancio.
"El agua dulce es un bien estratégico escaso y por otro lado evidentemente cumple una función de exportación y nivelación del barco cuando se descarga", señalaron al diario Uno de Santa Fe.
8 dólares. Desde la CGT San Lorenzo advirtieron que se estaría cobrando alrededor de 8 dólares por tonelada de agua cruda más IVA.
Aníbal Fascendini, integrante del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de Rosario recordó que "en el 2009 se sancionó una ley específica en la provincia de Santa Fe que fue vanguardia en el país. Esta ley prohíbe la venta a granel de agua cruda y dulce del río Paraná, tanto para vender como para exportar".
"Desde la cátedra del Agua de la UNR, planteamos en virtud de la leyes 13.036 y 13.226, y anteriormente la 11.220, una denuncia de investigación al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Este reclamo lo hacemos ante la situación presunta de que se estarían vendiendo cerca de 500 litros anuales a nivel de 8 dólares más IVA, es decir 4 millones de dólares por año", agregó.

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