Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
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Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Río Negro: quieren reducir el consumo de papel estatal
El Gobierno va camino a eliminar el uso de papel
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
Se implementó un plan de modernización que busca reducir fuertemente los expedientes físicos. Aseguran que se ahorra tiempo y dinero para el Estado y los ciudadanos.
El gobierno provincial implementó hace un año herramientas digitales que le permitieron avanzar en un sistema de modernización del Estado que busca terminar con el uso del papel. El objetivo es reducir un 80 por ciento la cantidad de papel que se utiliza en los trámites administrativos y los procesos internos del Estado.
El secretario de Modernización, Silvio Castro, explicó: “Estamos trabajando en la implementación de un sistema de expediente electrónico, que es el sistema de Gestión Documental Electrónica que nos cedió a Nación, y logramos que algunos organismos lo implementen en su totalidad, como el Registro Civil y Lotería de Río Negro”.
Como parte de ese plan ya se implementaron el Registro Civil electrónico, el boletín oficial web y el sistema de compras digitales. “Queremos avanzar en un sistema para administrar los bienes del Estado”, agregó Castro.
El funcionario aseguró que además del cuidado del ambiente y el ahorro para el gobierno, “para los trabajadores del Estado el principal beneficio es que organiza el trabajo administrativo y da cierta seguridad al estar todo en una sola plataforma. La información no se pueda perder, cambiar o alterar”.
Además, Castro aseguró que el sistema le ahorra tiempo en los trámites a los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
Se implementó un plan de modernización que busca reducir fuertemente los expedientes físicos. Aseguran que se ahorra tiempo y dinero para el Estado y los ciudadanos.
El gobierno provincial implementó hace un año herramientas digitales que le permitieron avanzar en un sistema de modernización del Estado que busca terminar con el uso del papel. El objetivo es reducir un 80 por ciento la cantidad de papel que se utiliza en los trámites administrativos y los procesos internos del Estado.
El secretario de Modernización, Silvio Castro, explicó: “Estamos trabajando en la implementación de un sistema de expediente electrónico, que es el sistema de Gestión Documental Electrónica que nos cedió a Nación, y logramos que algunos organismos lo implementen en su totalidad, como el Registro Civil y Lotería de Río Negro”.
Como parte de ese plan ya se implementaron el Registro Civil electrónico, el boletín oficial web y el sistema de compras digitales. “Queremos avanzar en un sistema para administrar los bienes del Estado”, agregó Castro.
El funcionario aseguró que además del cuidado del ambiente y el ahorro para el gobierno, “para los trabajadores del Estado el principal beneficio es que organiza el trabajo administrativo y da cierta seguridad al estar todo en una sola plataforma. La información no se pueda perder, cambiar o alterar”.
Además, Castro aseguró que el sistema le ahorra tiempo en los trámites a los ciudadanos.
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Sierra de Ancasti, reuniones por el litio
Reunión por proyecto de litio en Ancasti
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La subsecretaria de Minería, Inés Ulla, y la directora provincial de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, se reunieron con el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán; el senador departamental, Luis Cordero; los concejales Juan Carlos Chávez y Agustina Tapia y los docentes Norma Ortega y Carlos Gerván, para darles a conocer el estado actual de proyectos mineros en la Sierra de Ancasti.
En particular se abordó un proyecto de exploración de litio en pegmatita (roca) que en la actualidad no tiene actividad, pero que estuvo en producción en la década del '70.
Las autoridades mineras y representantes departamentales acordaron coordinar reuniones entre las distintas áreas, compartir información y entrecruzar datos, como así también la Secretaría de Estado de Minería puso a disposición la documentación técnica que hay sobre la temática.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La subsecretaria de Minería, Inés Ulla, y la directora provincial de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, se reunieron con el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán; el senador departamental, Luis Cordero; los concejales Juan Carlos Chávez y Agustina Tapia y los docentes Norma Ortega y Carlos Gerván, para darles a conocer el estado actual de proyectos mineros en la Sierra de Ancasti.
En particular se abordó un proyecto de exploración de litio en pegmatita (roca) que en la actualidad no tiene actividad, pero que estuvo en producción en la década del '70.
Las autoridades mineras y representantes departamentales acordaron coordinar reuniones entre las distintas áreas, compartir información y entrecruzar datos, como así también la Secretaría de Estado de Minería puso a disposición la documentación técnica que hay sobre la temática.
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Disputa entre Ambiente y militares por territorios
Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Mendoza: liberan aves producto del tráfico
Liberaron a más de 50 aves silvestres en la cordillera mendocina
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La tarea fue realizada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Ya se rescataron más de 6.000 animales del tráfico y de la caza
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, mediante el Departamento de Fauna, liberó a 52 aves silvestres denominadas “Negrillos”. Habían sido rescatadas en un operativo que realizó la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Policía Rural en una vivienda en Luján de Cuyo, investigada por la comercialización de animales de manera ilegal.
Luego de que el cuerpo de inspectores determinara que esta tanda de animales se encontraba en buen estado, se procedió a la liberación en una zona cordillerana de nuestra provincia. En un emotivo momento, uno de los inspectores de la Secretaría de Ambiente abrió las jaulas para que estos ejemplares recuperaran la libertad.
“En lo que va de esta gestión venimos realizando un trabajo muy significativo en todo el territorio provincial, en lo que respecta a la conservación de la flora y fauna nativa. Ya llevamos rescatados más de 6.000 animales de la comercialización, tenencia, tráfico y caza. Esta nueva liberación es un gesto al ecosistema de nuestra Mendoza”, comentó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
El resto de los animales se encuentra en un periodo de rehabilitación, adaptación y cuarentena, para posteriormente proceder con la respectiva liberación.
Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables recordaron a los mendocinos que la tenencia y comercio de estos animales, sin ser registrados por el Departamento de Fauna y contar con la documentación correspondiente, es ilegal y se sanciona con una multa que puede rondar hasta los $ 200.000.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La tarea fue realizada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Ya se rescataron más de 6.000 animales del tráfico y de la caza
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, mediante el Departamento de Fauna, liberó a 52 aves silvestres denominadas “Negrillos”. Habían sido rescatadas en un operativo que realizó la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Policía Rural en una vivienda en Luján de Cuyo, investigada por la comercialización de animales de manera ilegal.
Luego de que el cuerpo de inspectores determinara que esta tanda de animales se encontraba en buen estado, se procedió a la liberación en una zona cordillerana de nuestra provincia. En un emotivo momento, uno de los inspectores de la Secretaría de Ambiente abrió las jaulas para que estos ejemplares recuperaran la libertad.
“En lo que va de esta gestión venimos realizando un trabajo muy significativo en todo el territorio provincial, en lo que respecta a la conservación de la flora y fauna nativa. Ya llevamos rescatados más de 6.000 animales de la comercialización, tenencia, tráfico y caza. Esta nueva liberación es un gesto al ecosistema de nuestra Mendoza”, comentó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
El resto de los animales se encuentra en un periodo de rehabilitación, adaptación y cuarentena, para posteriormente proceder con la respectiva liberación.
Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables recordaron a los mendocinos que la tenencia y comercio de estos animales, sin ser registrados por el Departamento de Fauna y contar con la documentación correspondiente, es ilegal y se sanciona con una multa que puede rondar hasta los $ 200.000.
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Vaca Muerta y un 2018 que mostró lo que es
El 2018 en Vaca Muerta, donde la regla es ‘lo excepcional’
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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Yaguareté es visto luego de 11 años en el Parque Pilcomayo
Tras 11 años, apareció un yaguareté en el Parque Río Pilcomayo
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Formosa
Desde 2007 no se veía a ningún miembro de esa especie, que en esa zona se creía extinguida.
Personal del área protegida del Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral registraron por primera vez imágenes de un yaguareté en un relevamiento con cámaras trampa. Según informó Parques Nacionales, el monitoreo a partir del cual se produjeron los registros forma parte de un proyecto de relevamiento de la población de muitú (Crax fasciolata) en la selva en galería del río Pilcomayo.
Esta observación, que representa el primer registro fotográfico de la especie en un parque nacional de la región chaqueña argentina, se produjo durante la última revisión de cámaras desarrollada la semana pasada, mientras que las fotografías del ejemplar adulto corresponden a los días 25 y 28 de septiembre.
Este hallazgo refuerza la importancia de la protección de los ambientes que habita el yaguareté, dado que el último registro de la especie en el área ocurrió en 2007, cuando se halló una huella en la costa del río.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Formosa
Desde 2007 no se veía a ningún miembro de esa especie, que en esa zona se creía extinguida.
Personal del área protegida del Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral registraron por primera vez imágenes de un yaguareté en un relevamiento con cámaras trampa. Según informó Parques Nacionales, el monitoreo a partir del cual se produjeron los registros forma parte de un proyecto de relevamiento de la población de muitú (Crax fasciolata) en la selva en galería del río Pilcomayo.
Esta observación, que representa el primer registro fotográfico de la especie en un parque nacional de la región chaqueña argentina, se produjo durante la última revisión de cámaras desarrollada la semana pasada, mientras que las fotografías del ejemplar adulto corresponden a los días 25 y 28 de septiembre.
Este hallazgo refuerza la importancia de la protección de los ambientes que habita el yaguareté, dado que el último registro de la especie en el área ocurrió en 2007, cuando se halló una huella en la costa del río.
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Incertidumbre de una reserva neuquina
La reserva Luan seguirá abierta pero restringida
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante renovó la habilitación del Refugio Faunístico Luan por seis meses, lo que sembró la incertidumbre en los propietarios, ya que usualmente reciben un permiso anual para continuar con su funcionamiento y temen lo que pueda suceder más allá de ese plazo. Además, durante ese período no podrán ingresar más animales al predio.
Desde 2009, Marta y Esteban Zupanovich, dueños del complejo de recuperación de fauna silvestre, deben solicitar la autorización en el Poder Legislativo de la ciudad para continuar dentro de los márgenes de la legalidad. Según lo establecido por la ordenanza 11670, sólo será otorgada en el caso de que cumplan con la Ley Provincial 2539 de Fauna.
Según la normativa, las autoridades encargadas de las inspecciones serían Recursos Naturales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), comisión que en los últimos años estuvo inactiva. En consecuencia, lo que sucedió en la última sesión ordinaria los tomó por sorpresa. “No sabemos qué va a pasar cuando se terminen estos seis meses”, comentaron a este medio.
La preocupación no es menor, ya que con la habilitación pueden acceder a un subsidio municipal que utilizan para comprar gran parte del alimento de los animales. Es por eso que temen perder ese importe que les permite mantenerlos en buenas condiciones de salud. “Yo vivo para ellos. Ni siquiera me voy de viaje para poder cuidarlos”, comentó Marta.
Además, Luan no podrá incorporar animales por los próximos seis meses. Esta medida surge como una contradicción, ya que fueron las propias autoridades las que llevaron aves, reptiles y mamíferos al refugio (ver aparte), por lo que el matrimonio Zupanovich siente que le “soltaron la mano”.
El Deliberante determinó también que creará la Unidad de Gestión Análisis, Evaluación y Ejecución de Planes de Manejo del Refugio Faunístico, que estará integrado por personal provincial y municipal.
Todo empezó hace 27 años
Hace más de 27 años, Esteban Zupanovich se conmovió al ver que uno de sus vecinos criaba a una guanaca para comérsela. Si bien en primera instancia intentó convencerlo de que no se la comiera, se vio obligado a recurrir a la Policía para salvar al animal y, desde entonces, se convirtió en un referente de la preservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante renovó la habilitación del Refugio Faunístico Luan por seis meses, lo que sembró la incertidumbre en los propietarios, ya que usualmente reciben un permiso anual para continuar con su funcionamiento y temen lo que pueda suceder más allá de ese plazo. Además, durante ese período no podrán ingresar más animales al predio.
Desde 2009, Marta y Esteban Zupanovich, dueños del complejo de recuperación de fauna silvestre, deben solicitar la autorización en el Poder Legislativo de la ciudad para continuar dentro de los márgenes de la legalidad. Según lo establecido por la ordenanza 11670, sólo será otorgada en el caso de que cumplan con la Ley Provincial 2539 de Fauna.
Según la normativa, las autoridades encargadas de las inspecciones serían Recursos Naturales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), comisión que en los últimos años estuvo inactiva. En consecuencia, lo que sucedió en la última sesión ordinaria los tomó por sorpresa. “No sabemos qué va a pasar cuando se terminen estos seis meses”, comentaron a este medio.
La preocupación no es menor, ya que con la habilitación pueden acceder a un subsidio municipal que utilizan para comprar gran parte del alimento de los animales. Es por eso que temen perder ese importe que les permite mantenerlos en buenas condiciones de salud. “Yo vivo para ellos. Ni siquiera me voy de viaje para poder cuidarlos”, comentó Marta.
Además, Luan no podrá incorporar animales por los próximos seis meses. Esta medida surge como una contradicción, ya que fueron las propias autoridades las que llevaron aves, reptiles y mamíferos al refugio (ver aparte), por lo que el matrimonio Zupanovich siente que le “soltaron la mano”.
El Deliberante determinó también que creará la Unidad de Gestión Análisis, Evaluación y Ejecución de Planes de Manejo del Refugio Faunístico, que estará integrado por personal provincial y municipal.
Todo empezó hace 27 años
Hace más de 27 años, Esteban Zupanovich se conmovió al ver que uno de sus vecinos criaba a una guanaca para comérsela. Si bien en primera instancia intentó convencerlo de que no se la comiera, se vio obligado a recurrir a la Policía para salvar al animal y, desde entonces, se convirtió en un referente de la preservación de la fauna silvestre.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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La Pampa: sin agua en el Atuel va a la justicia
La Pampa acudirá a la Corte porque Mendoza cortó ingreso del Atuel y "se apropió del río"
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Biósfera Patagonia Azul, convenio para fortalecimiento
Turismo firmó un convenio para fortalecer la Reserva de Biósfera Patagonia Azul
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El acuerdo prevé incentivar la investigación y la conservación. La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es la más grande de su tipo en el país y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral.
El ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, firmó en Buenos Aires un acuerdo de cooperación con la Fundación Flora y Fauna Argentina y la Municipalidad de Camarones. Es para la colaboración conjunta en proyectos de conservación y de desarrollo turístico sustentable en la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, la región declarada como tal por la Unesco en 2015, que va desde Punta Tombo hasta el Golfo San Jorge, al sur de Bahía Bustamante.
En el marco de encuentro Tourism Tech Adventure Forum: Americas, organizado en Buenos Aires por la Organización Mundial de Turismo, el convenio fue rubricado por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El convenio establece un marco de colaboración y trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo de la provincia, Camarones y la fundación, para el fortalecimiento del Parque Marino Costero Patagonia Austral-, que se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera y cuya puerta de entrada es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías
El acuerdo prevé incentivar la investigación, la conservación y visita al parque y su integración en el circuito marino costero Patagonia Azul, el impulso y desarrollo de actividades turísticas sustentables, reconociendo el potencial de desarrollo eco-turístico de la zona y la necesidad de fortalecerlo como destino.
La firma se realizó en la Secretaría de Turismo de la Nación, y en el acto participaron el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, la presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, Sofía Heinonen, y Kristine McDivitt, esposa del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tomkins y presidenta de la fundación Tomkins Conservation, que en 2016 donó 410.000 hectáreas al gobierno chileno para la creación de un parque nacional.
La más grande del país en su tipo, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul fue declarada como tal por la UNESCO en 2015 y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral. Posee un gran valor biológico y cultural, ya que además la diversidad de flora y fauna, su patrimonio histórico indican presencia humana desde hace miles de años. El Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías es la única puerta de acceso público al parque, y allí, entre otras especies, se pueden ver pingüinos de Magallanes hasta abril.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El acuerdo prevé incentivar la investigación y la conservación. La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es la más grande de su tipo en el país y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral.
El ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, firmó en Buenos Aires un acuerdo de cooperación con la Fundación Flora y Fauna Argentina y la Municipalidad de Camarones. Es para la colaboración conjunta en proyectos de conservación y de desarrollo turístico sustentable en la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, la región declarada como tal por la Unesco en 2015, que va desde Punta Tombo hasta el Golfo San Jorge, al sur de Bahía Bustamante.
En el marco de encuentro Tourism Tech Adventure Forum: Americas, organizado en Buenos Aires por la Organización Mundial de Turismo, el convenio fue rubricado por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El convenio establece un marco de colaboración y trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo de la provincia, Camarones y la fundación, para el fortalecimiento del Parque Marino Costero Patagonia Austral-, que se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera y cuya puerta de entrada es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías
El acuerdo prevé incentivar la investigación, la conservación y visita al parque y su integración en el circuito marino costero Patagonia Azul, el impulso y desarrollo de actividades turísticas sustentables, reconociendo el potencial de desarrollo eco-turístico de la zona y la necesidad de fortalecerlo como destino.
La firma se realizó en la Secretaría de Turismo de la Nación, y en el acto participaron el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, la presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, Sofía Heinonen, y Kristine McDivitt, esposa del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tomkins y presidenta de la fundación Tomkins Conservation, que en 2016 donó 410.000 hectáreas al gobierno chileno para la creación de un parque nacional.
La más grande del país en su tipo, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul fue declarada como tal por la UNESCO en 2015 y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral. Posee un gran valor biológico y cultural, ya que además la diversidad de flora y fauna, su patrimonio histórico indican presencia humana desde hace miles de años. El Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías es la única puerta de acceso público al parque, y allí, entre otras especies, se pueden ver pingüinos de Magallanes hasta abril.
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Santa Fe: 9 millones para reforestación
La provincia invirtió más de 9 millones para mitigar el cambio climático
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Denuncian brutal desmonte en El Impenetrable
Denuncian desmontes ilegales de más de 26 mil hectáreas en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela denunció que en el período comprendido entre octubre de 2016 y abril de 2017, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó el desmonte de más de 26 mil hectáreas de bosques en regiones protegidas por la Ley de Bosques para ampliar la frontera agropecuaria para la siempre transgénica.
Según denunció el Centro Mandela en base a datos oficiales publicados en la página web de la Dirección de Bosques del Chaco dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el período que va del octubre de 2016 a abril de 2017 se autorizó el desmonte de 26.100 hectáreas a tala rasa para ampliar la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“De ese modo destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Dirección de Bosques”, sostienen desde la organización que coordina el abogado Rolando Núñez.
La Tabla
En una extensa Tabla que se publica al final de esta nota figuran cada uno de los permisos otorgados por la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, en consonancia con las autorizaciones dispuestas por la Subsecretaría de Recursos Naturales. “Paradójica y contradictoriamente estos dos organismos públicos tienen a su cargo la protección y el manejo sustentable del monte nativo del Chaco y de los recursos naturales, sin que en nada intervenga el Ministerio de Planificación y Ambiente de Chaco”, subrayan.
El método utilizado para avalar los desmontes es el de las recategorizaciones de los campos que se deforestaron a través del sistema previsto para el cambio de usos de suelos, “que es una herramienta de aplicación excepcional”, precisan desde el Centro Mandela. Sin embargo, advierten que “la Dirección de Bosques generalizó la aplicación de este Plan violando los límites de legalidad de manera evidente, hasta recaer en prácticas generalizadas de otorgamiento de permisos de desmontes guiados por la lógica de los negocios, que fueron y son alimentados a través de presuntos tráficos de influencias y de actos de corrupción”.
Autorizaciones para sacrificar montes de zonas protegidas
La Tabla que confeccionó el Centro Mandela también refleja el listado completo de las disposiciones firmadas por el subsecretario de Recursos Naturales, Dr. Luciano Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”. Al respecto, señalan que se trata de una “frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutaran los desmontes autorizados por ese Subsecretario, con el desagradable acompañamiento de la Dirección de Bosques”.
“Para brindar un aparente ropaje de legalidad de la práctica ilegal de permitir deforestaciones en zona prohibida, en cada disposición Olivares aprobó “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los Planes de Cambio de Uso del Suelo”, que desde la época del ex presidente Carlos Menem dejó de hacerlo el Estado y fueron confeccionados por los propios productores interesados en los desmontes, regla que se aplica para todo el empresariado argentino, poniendo en manos de los mismos la realización de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Cada uno de estos estudios fueron y son diseñados como guantes a medida para los interesados en desmontar, además de que el mismo ex presidente eliminó las “externalidades” que debían ser evaluadas en cada EIA”, sostiene el informe del Centro Mandela.
El organismo indica, además, que “para consumar el saqueo del monte de El Impenetrable programaron la frutilla del postre que se esconde tras el Plan que ejecuta el Gobierno provincial en materia de Ampliación del Ordenamiento Territorial de Bosques en Chaco, que tuvo su punto inicial en el Decreto 233 del 13 de febrero de 2017 y sus Anexos, a través de los cuales el gobernador Domingo Peppo abrió el programa, que justamente coincide con el objetivo de la reducción de los límites de la zona protegida (Amarillo-Categoría II)”.
“En el período posterior al mes de abril de ese año 2017 continuaron ejecutándose más desmontes en zona protegida. Además del “blanqueo” de los campos desmontados, el Poder Ejecutivo pretende ampliar aún más los límites de la Zona Verde, en donde sí se puede desmontar y hacer agricultura, sacrificando la Zona Amarilla (protegida) para ampliar la frontera agropecuaria transgénica”, sentencian desde el Centro Mandela.
Las “respuestas”
La Subsecretaría de Recursos Naturales salió a responder un documento de la organización Greenpeace argumentando que los propietarios querían aprovechar “la capacidad agrícola de los predios” de campos ubicados en El Impenetrable. “En el afán de ocultar las graves irregularidades ocurridas en materia de desmontes en zonas protegidas, echaron a manos a que los titulares de los campos solicitaron la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, denuncia el Centro Mandela.
“Siendo que -de acuerdo al pedido de los productores- la cuestión central es la ampliación de la frontera agrícola, la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Naturales se concentró exclusivamente en la cuestión de las acciones para administrar responsablemente la explotación forestal, con lo cual cerró su meta de ampliar la frontera agropecuaria vinculándola con la explotación forestal para sacar madera del monte”, agrega.
Marcha atrás
A pesar de que el subsecretario Olivares afirmó que se cumplieron todos los pasos para autorizar los cambios de categorías en cada campo, la Subsecretaría anticipó que dejará de recibir solicitudes de cambios de categorías y que pedirá “a las autoridades superiores” dejar sin efecto las normas que habilitaban estas presentaciones, además de suspender de manera definitiva aquellos trámites en curso. “Además de comprometer al ministro de la Producción y al propio Gobernador de Chaco, es evidente que la Subecretaría de Recursos Naturales dió marcha atrás luego de autorizar desmontes en zonas prohibidas porque fue puesta al descubierto. Además, quedó en evidencia que fueron ilegales los permisos que otorgara para desforestar 26.100 hectáreas en zonas prohibidas”, recalca el Centro Mandela.
Sin embargo, advierte que “la propia respuesta de la Subsecretaría a Greenpeace dejó la puerta abierta para nuevos desmontes. Esta intención del Gobierno subyace cuando hicieron hincapié en la defensa de la industria forestal, cuestionando los cálculos de Greenpeace sobre las pérdidas de montes, además de defender las deforestaciones silvopastoriles como prácticas que permiten la posibilidad de aprovechar los montes en función de la actividad ganadera. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los silvospastoriles se transformaron, en poco tiempo, en desmontes a tala rasa para habilitar chacras destinadas a la agricultura transgénica, aunque se sabe que en las regiones protegidas no se deben hacer agricultura. Pero están y producen porque el suelo es nuevo. Bastará que pasen algunos años para que esos suelos colapsen y se transformen en peladares y blanquizales en los que ya no se podrá cultivar. El daño ya está hecho, y lo más grave es que se produjo por decisión del Gobierno actual”.
“La Subsecretaría admitió, dejando de lado su negacionismo extremo, que existe un índice de “pérdida forestal” que afirmó “no corresponde que se adjudique a la Provincia”, aunque anticipó que en el futuro contratará “agentes externos o alguna institución técnica independiente al Estado” para que analicen uno por uno los proyectos silvopastoriles. Lo expresado también pone en evidencia supuestas impotencias que no son tales, sino que los permisos otorgados para efectuar los desmontes selectivos (silvopastoriles) fueron funcionales a la lógica de los negocios”, concluye el documento del Centrl Mandela.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela denunció que en el período comprendido entre octubre de 2016 y abril de 2017, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó el desmonte de más de 26 mil hectáreas de bosques en regiones protegidas por la Ley de Bosques para ampliar la frontera agropecuaria para la siempre transgénica.
Según denunció el Centro Mandela en base a datos oficiales publicados en la página web de la Dirección de Bosques del Chaco dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el período que va del octubre de 2016 a abril de 2017 se autorizó el desmonte de 26.100 hectáreas a tala rasa para ampliar la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“De ese modo destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Dirección de Bosques”, sostienen desde la organización que coordina el abogado Rolando Núñez.
La Tabla
En una extensa Tabla que se publica al final de esta nota figuran cada uno de los permisos otorgados por la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, en consonancia con las autorizaciones dispuestas por la Subsecretaría de Recursos Naturales. “Paradójica y contradictoriamente estos dos organismos públicos tienen a su cargo la protección y el manejo sustentable del monte nativo del Chaco y de los recursos naturales, sin que en nada intervenga el Ministerio de Planificación y Ambiente de Chaco”, subrayan.
El método utilizado para avalar los desmontes es el de las recategorizaciones de los campos que se deforestaron a través del sistema previsto para el cambio de usos de suelos, “que es una herramienta de aplicación excepcional”, precisan desde el Centro Mandela. Sin embargo, advierten que “la Dirección de Bosques generalizó la aplicación de este Plan violando los límites de legalidad de manera evidente, hasta recaer en prácticas generalizadas de otorgamiento de permisos de desmontes guiados por la lógica de los negocios, que fueron y son alimentados a través de presuntos tráficos de influencias y de actos de corrupción”.
Autorizaciones para sacrificar montes de zonas protegidas
La Tabla que confeccionó el Centro Mandela también refleja el listado completo de las disposiciones firmadas por el subsecretario de Recursos Naturales, Dr. Luciano Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”. Al respecto, señalan que se trata de una “frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutaran los desmontes autorizados por ese Subsecretario, con el desagradable acompañamiento de la Dirección de Bosques”.
“Para brindar un aparente ropaje de legalidad de la práctica ilegal de permitir deforestaciones en zona prohibida, en cada disposición Olivares aprobó “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los Planes de Cambio de Uso del Suelo”, que desde la época del ex presidente Carlos Menem dejó de hacerlo el Estado y fueron confeccionados por los propios productores interesados en los desmontes, regla que se aplica para todo el empresariado argentino, poniendo en manos de los mismos la realización de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Cada uno de estos estudios fueron y son diseñados como guantes a medida para los interesados en desmontar, además de que el mismo ex presidente eliminó las “externalidades” que debían ser evaluadas en cada EIA”, sostiene el informe del Centro Mandela.
El organismo indica, además, que “para consumar el saqueo del monte de El Impenetrable programaron la frutilla del postre que se esconde tras el Plan que ejecuta el Gobierno provincial en materia de Ampliación del Ordenamiento Territorial de Bosques en Chaco, que tuvo su punto inicial en el Decreto 233 del 13 de febrero de 2017 y sus Anexos, a través de los cuales el gobernador Domingo Peppo abrió el programa, que justamente coincide con el objetivo de la reducción de los límites de la zona protegida (Amarillo-Categoría II)”.
“En el período posterior al mes de abril de ese año 2017 continuaron ejecutándose más desmontes en zona protegida. Además del “blanqueo” de los campos desmontados, el Poder Ejecutivo pretende ampliar aún más los límites de la Zona Verde, en donde sí se puede desmontar y hacer agricultura, sacrificando la Zona Amarilla (protegida) para ampliar la frontera agropecuaria transgénica”, sentencian desde el Centro Mandela.
Las “respuestas”
La Subsecretaría de Recursos Naturales salió a responder un documento de la organización Greenpeace argumentando que los propietarios querían aprovechar “la capacidad agrícola de los predios” de campos ubicados en El Impenetrable. “En el afán de ocultar las graves irregularidades ocurridas en materia de desmontes en zonas protegidas, echaron a manos a que los titulares de los campos solicitaron la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, denuncia el Centro Mandela.
“Siendo que -de acuerdo al pedido de los productores- la cuestión central es la ampliación de la frontera agrícola, la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Naturales se concentró exclusivamente en la cuestión de las acciones para administrar responsablemente la explotación forestal, con lo cual cerró su meta de ampliar la frontera agropecuaria vinculándola con la explotación forestal para sacar madera del monte”, agrega.
Marcha atrás
A pesar de que el subsecretario Olivares afirmó que se cumplieron todos los pasos para autorizar los cambios de categorías en cada campo, la Subsecretaría anticipó que dejará de recibir solicitudes de cambios de categorías y que pedirá “a las autoridades superiores” dejar sin efecto las normas que habilitaban estas presentaciones, además de suspender de manera definitiva aquellos trámites en curso. “Además de comprometer al ministro de la Producción y al propio Gobernador de Chaco, es evidente que la Subecretaría de Recursos Naturales dió marcha atrás luego de autorizar desmontes en zonas prohibidas porque fue puesta al descubierto. Además, quedó en evidencia que fueron ilegales los permisos que otorgara para desforestar 26.100 hectáreas en zonas prohibidas”, recalca el Centro Mandela.
Sin embargo, advierte que “la propia respuesta de la Subsecretaría a Greenpeace dejó la puerta abierta para nuevos desmontes. Esta intención del Gobierno subyace cuando hicieron hincapié en la defensa de la industria forestal, cuestionando los cálculos de Greenpeace sobre las pérdidas de montes, además de defender las deforestaciones silvopastoriles como prácticas que permiten la posibilidad de aprovechar los montes en función de la actividad ganadera. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los silvospastoriles se transformaron, en poco tiempo, en desmontes a tala rasa para habilitar chacras destinadas a la agricultura transgénica, aunque se sabe que en las regiones protegidas no se deben hacer agricultura. Pero están y producen porque el suelo es nuevo. Bastará que pasen algunos años para que esos suelos colapsen y se transformen en peladares y blanquizales en los que ya no se podrá cultivar. El daño ya está hecho, y lo más grave es que se produjo por decisión del Gobierno actual”.
“La Subsecretaría admitió, dejando de lado su negacionismo extremo, que existe un índice de “pérdida forestal” que afirmó “no corresponde que se adjudique a la Provincia”, aunque anticipó que en el futuro contratará “agentes externos o alguna institución técnica independiente al Estado” para que analicen uno por uno los proyectos silvopastoriles. Lo expresado también pone en evidencia supuestas impotencias que no son tales, sino que los permisos otorgados para efectuar los desmontes selectivos (silvopastoriles) fueron funcionales a la lógica de los negocios”, concluye el documento del Centrl Mandela.
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San Luis: localidad contra un proyecto de litio
Una alianza de científicos y vecinos
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: San Luis
El proyecto de una minera australiana despertó la alarma de un pueblo, que recurre a expertos para informarse y decidir.
San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el centro-norte de San Luis, a 100 kilómetros de la capital provincial. Tiene aproximadamente 3 mil habitantes que, tradicionalmente, desarrollaron actividades agropecuarias en un escenario casi virgen, rodeado de sierras, montes, una frondosa flora y una fauna bien diversa que incluye desde jabalíes hasta cóndores. El paisaje se completa con cinco ríos caudalosos que constituyen la reserva hídrica, que alimenta la naturaleza puntana y convirtió al sitio en un emergente destino turístico.
El equilibrio vecinal se vio trastocado cuando comenzaron a correr los rumores de que la empresa australiana Latin Resources tenía intenciones de explotar el litio de Géminis, una mina que se ubica a 8 kilómetros del municipio de la ciudad y de la plaza principal. De inmediato, la comunidad comenzó a moverse y a solicitar el auxilio de informes técnicos a especialistas y científicos de la zona. “En pleno 2018, todavía tomamos agua directamente de los ríos y eso es impagable. Por eso, apenas advertimos las intenciones de esta compañía nos preocupamos por su posible contaminación a partir de la explotación minera a cielo abierto. La sierra es muy rica, está llena de minerales y aunque la empresa señala que no contaminará, nosotros sabemos que no es así y buscamos el apoyo de personas que pudieran estudiar el caso y confirmar nuestros temores”, señala Diego Otero, referente del grupo de vecinos autoconvocados.
El desembarco de Latin Resources se enmarca en una situación nacional definida. Según el especialista del Conicet Bruno Fornillo, “Argentina se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio”. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario.
A mediados del siglo XX, la explotación de Géminis se realizaba de manera artesanal, con pico, pala y auxilio de burros para transportar apenas 2 mil kilos de material al mes. En la actualidad, los vecinos se organizan porque saben que cualquier proceso extractivo a gran escala implica una transformación en el medioambiente.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y se estima un crecimiento promedio de entre 10 por ciento y 12 por ciento anual en los próximos 5 años. Se utiliza para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral: una, la más conocida, a través de salinas (es lo que ocurre con los salares que componen el triángulo Argentina, Bolivia y Chile) y otra, a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco, donde el “oro blanco” se extrae del espodumeno. “El litio solo representa el 7 por ciento del espodumeno, con lo cual se prevé un movimiento de rocas demasiado importante para la cantidad del recurso que se puede llegar a aprovechar. Para una empresa como Latin Resources es fundamental desarrollar un modelo de explotación capaz de mover un volumen de material que justifique su inversión”, dice Emilio Ahumada, Doctor en Ciencias Geológicas (Universidad Nacional de San Luis) y referente cuyo estudio técnico fue solicitado por los vecinos de la zona. Y completa: “En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un procesamiento de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales”.
Otro conflicto subyace con los recursos descartados: “Cuando se fractura la roca se produce la exposición de los minerales al medioambiente y se generan grandes pasivos ambientales: toneladas de material destruido que quedan en el lugar como esqueletos que nadie quiere trasladar”, apunta Juan Arbia, médico toxicólogo (UBA) que ejerce su profesión en el hospital de la ciudad. Latin Resources, en este sentido, notificó que realizará un socavón de 300x500 metros, lo que equivale a abrir en la sierra un agujero del tamaño de una cancha de fútbol, sin tener en cuenta transformaciones vinculadas a la generación de rutas de acceso y demás edificaciones necesarias para el proceso extractivo. Hace un tiempo, sin permiso gubernamental se generó un camino de acceso hacia la mina de 12 kilómetros, que generó desmonte y una destrucción paisajística considerable.
“El litio se emplea como psicofármaco para pacientes con trastornos bipolares. Liberar al aire este tipo mineral a partir de explosiones y posibilitar su interacción con el agua es bastante preocupante, en la medida en que podría generar un impacto tanto en los ecosistemas marinos –causando la mortandad de peces–, así como también producir trastornos emocionales en las personas”, destaca Emilio Ahumada.
En su página, la empresa declara tener el apoyo de las comunidades aledañas, algo falso, ya que en ningún momento se reunió con ningún vecino ni autoridad municipal. “Junto al Concejo Deliberante estamos denunciando esta situación, aquí no hay ningún acuerdo firmado con los vecinos. Están haciendo lobby y buscan limpiar su imagen para atraer grupos inversores que apoyen el proyecto”, concluye Otero.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: San Luis
El proyecto de una minera australiana despertó la alarma de un pueblo, que recurre a expertos para informarse y decidir.
San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el centro-norte de San Luis, a 100 kilómetros de la capital provincial. Tiene aproximadamente 3 mil habitantes que, tradicionalmente, desarrollaron actividades agropecuarias en un escenario casi virgen, rodeado de sierras, montes, una frondosa flora y una fauna bien diversa que incluye desde jabalíes hasta cóndores. El paisaje se completa con cinco ríos caudalosos que constituyen la reserva hídrica, que alimenta la naturaleza puntana y convirtió al sitio en un emergente destino turístico.
El equilibrio vecinal se vio trastocado cuando comenzaron a correr los rumores de que la empresa australiana Latin Resources tenía intenciones de explotar el litio de Géminis, una mina que se ubica a 8 kilómetros del municipio de la ciudad y de la plaza principal. De inmediato, la comunidad comenzó a moverse y a solicitar el auxilio de informes técnicos a especialistas y científicos de la zona. “En pleno 2018, todavía tomamos agua directamente de los ríos y eso es impagable. Por eso, apenas advertimos las intenciones de esta compañía nos preocupamos por su posible contaminación a partir de la explotación minera a cielo abierto. La sierra es muy rica, está llena de minerales y aunque la empresa señala que no contaminará, nosotros sabemos que no es así y buscamos el apoyo de personas que pudieran estudiar el caso y confirmar nuestros temores”, señala Diego Otero, referente del grupo de vecinos autoconvocados.
El desembarco de Latin Resources se enmarca en una situación nacional definida. Según el especialista del Conicet Bruno Fornillo, “Argentina se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio”. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario.
A mediados del siglo XX, la explotación de Géminis se realizaba de manera artesanal, con pico, pala y auxilio de burros para transportar apenas 2 mil kilos de material al mes. En la actualidad, los vecinos se organizan porque saben que cualquier proceso extractivo a gran escala implica una transformación en el medioambiente.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y se estima un crecimiento promedio de entre 10 por ciento y 12 por ciento anual en los próximos 5 años. Se utiliza para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral: una, la más conocida, a través de salinas (es lo que ocurre con los salares que componen el triángulo Argentina, Bolivia y Chile) y otra, a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco, donde el “oro blanco” se extrae del espodumeno. “El litio solo representa el 7 por ciento del espodumeno, con lo cual se prevé un movimiento de rocas demasiado importante para la cantidad del recurso que se puede llegar a aprovechar. Para una empresa como Latin Resources es fundamental desarrollar un modelo de explotación capaz de mover un volumen de material que justifique su inversión”, dice Emilio Ahumada, Doctor en Ciencias Geológicas (Universidad Nacional de San Luis) y referente cuyo estudio técnico fue solicitado por los vecinos de la zona. Y completa: “En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un procesamiento de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales”.
Otro conflicto subyace con los recursos descartados: “Cuando se fractura la roca se produce la exposición de los minerales al medioambiente y se generan grandes pasivos ambientales: toneladas de material destruido que quedan en el lugar como esqueletos que nadie quiere trasladar”, apunta Juan Arbia, médico toxicólogo (UBA) que ejerce su profesión en el hospital de la ciudad. Latin Resources, en este sentido, notificó que realizará un socavón de 300x500 metros, lo que equivale a abrir en la sierra un agujero del tamaño de una cancha de fútbol, sin tener en cuenta transformaciones vinculadas a la generación de rutas de acceso y demás edificaciones necesarias para el proceso extractivo. Hace un tiempo, sin permiso gubernamental se generó un camino de acceso hacia la mina de 12 kilómetros, que generó desmonte y una destrucción paisajística considerable.
“El litio se emplea como psicofármaco para pacientes con trastornos bipolares. Liberar al aire este tipo mineral a partir de explosiones y posibilitar su interacción con el agua es bastante preocupante, en la medida en que podría generar un impacto tanto en los ecosistemas marinos –causando la mortandad de peces–, así como también producir trastornos emocionales en las personas”, destaca Emilio Ahumada.
En su página, la empresa declara tener el apoyo de las comunidades aledañas, algo falso, ya que en ningún momento se reunió con ningún vecino ni autoridad municipal. “Junto al Concejo Deliberante estamos denunciando esta situación, aquí no hay ningún acuerdo firmado con los vecinos. Están haciendo lobby y buscan limpiar su imagen para atraer grupos inversores que apoyen el proyecto”, concluye Otero.
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El gobierno quiere vender reservas en manos militares
Reserva La Calera: ¿podría venderse?
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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