Malestar en Acumar por el recorte presupuestario
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Tensión en el Gobierno por el traspaso de la Acumar y un agujero millonario
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dependía de Ambiente y pasaría a Interior, pero con fuerte recorte.
Es uno de los coletazos menos conocido de la manoseada reducción de ministerios del Gabinete nacional que tuvo en vilo al círculo rojo del país aquel domingo 2 de septiembre. Como parte del recorte, Ambiente bajó de rango, a secretaría, y según la jerga del organigrama quedó “colgando” de Presidencia. Fue otro ajuste en la zona de acción del rabino Sergio Bergman. Con el cambio se decidió, además, sacar de allí a la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar) y pasarla al Ministerio del Interior. Esa mudanza se está negociando ahora. Con tensión y un agujero de 1.000 millones de pesos.
Clarín accedió a un informe interno que advierte sobre los problemas en el organismo. Primero recuerda el lastre que acarrea casi desde que fue creado, en 2006. Básicamente, no pudo cumplir con los objetivos que le planteó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que intervino y monitorea junto a dos jueces federales el tema ambiental de la cuenca.
Pero luego el informe asegura que “la gestión actual, a pesar de la homogeneidad en el color político de su administración (Cambiemos comanda Nación, Provincia y Ciudad, además de algunos municipios que integran el organismo) tampoco ha logrado grandes avances, recibiendo fuertes críticas por parte de la CSJN durante su audiencia Pública el 14 de marzo de este año”.
Luego, sigue con sus críticas: “El organismo, durante la actual gestión tuvo un incremento acumulado de su personal del 50%; pasando de menos de 500 empleados a más de 750. Sus cargos jerárquicos aumentaron un 25%, creando 12 nuevos Directivos, mientras que los números más sorprendentes se encuentran en las contrataciones de locaciones de servicios; de las 11 liquidadas al 30 de diciembre de 2015 incrementaron su cantidad en más de 200 contratos hasta el presente año”.
Y concluye: “Es claro que la mayor disposición de liquidez no ha redundado en mayores resultados. Es necesario aplicar un plan racional de saneamiento que permita resultados tangibles, tanto a la Justicia como a los ciudadanos”.
¿Cuáles son los números gruesos de Acumar que se manejan en la Rosada y que generan resistencia en el ministro Rogelio Frigerio? En el marco de los recortes previstos para el año próximo, el organismo pasaría de un presupuesto de 1.800 millones este año a sólo 800 millones el próximo. Un agujero de 1.000 millones.
“El recorte lo propuso ( Mario) Quintana, antes de irse. Era el que monitoreaba Acumar. Pero con 800 millones apenas si llegás a pagar el personal”, asegura una alta fuente oficial.
Además de los empleados, el otro gasto grueso de la Autoridad es un contrato con la Ceamse, de unos 800 millones, para que limpie los basurales que se forman a los costados del Riachuelo. “El objetivo de Quintana, que en la teoría no estaba mal, era que una vez que limpiabas los basurales luego los controlaran los intendentes. Hay 14 municipios involucrados en la Cuenca. Pero esto no pasó y es imposible plantearlo ahora para 2019”.
Una auditoría previa de Acumar, de la actual gestión, advertía que “el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales”. El área de influencia de la cuenca involucra a siete millones de personas.
“Acá hay dos jueces federales que controlan con la Corte el tema ambiental y la inversión pública. Uno de Morón, Jorge Rodríguez (ver más información en el recuadro) y uno de Comodoro Py (Sergio Torres). No podés dejar de limpiar. Y la otra opción de reducción es echar gente. ¿En un contexto recesivo y en un año electoral?”, amplía otra fuente que negocia el traspaso.
El tema ya fue planteado por Frigerio al Gabinete. El tiempo aprieta: en estos momentos se está armando un DNU para mover a la Acumar dentro del organigrama. Debe ser así porque fue creada por ley. E incluso deberá ser informado previamente a la Corte Suprema.
Pero más allá de los nombres (Frigerio quiere colocar allí a uno de sus secretarios de confianza) la discusión hoy en el Gobierno es otra. Por plata. Y mucha.
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Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dependía de Ambiente y pasaría a Interior, pero con fuerte recorte.
Es uno de los coletazos menos conocido de la manoseada reducción de ministerios del Gabinete nacional que tuvo en vilo al círculo rojo del país aquel domingo 2 de septiembre. Como parte del recorte, Ambiente bajó de rango, a secretaría, y según la jerga del organigrama quedó “colgando” de Presidencia. Fue otro ajuste en la zona de acción del rabino Sergio Bergman. Con el cambio se decidió, además, sacar de allí a la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar) y pasarla al Ministerio del Interior. Esa mudanza se está negociando ahora. Con tensión y un agujero de 1.000 millones de pesos.
Clarín accedió a un informe interno que advierte sobre los problemas en el organismo. Primero recuerda el lastre que acarrea casi desde que fue creado, en 2006. Básicamente, no pudo cumplir con los objetivos que le planteó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que intervino y monitorea junto a dos jueces federales el tema ambiental de la cuenca.
Pero luego el informe asegura que “la gestión actual, a pesar de la homogeneidad en el color político de su administración (Cambiemos comanda Nación, Provincia y Ciudad, además de algunos municipios que integran el organismo) tampoco ha logrado grandes avances, recibiendo fuertes críticas por parte de la CSJN durante su audiencia Pública el 14 de marzo de este año”.
Luego, sigue con sus críticas: “El organismo, durante la actual gestión tuvo un incremento acumulado de su personal del 50%; pasando de menos de 500 empleados a más de 750. Sus cargos jerárquicos aumentaron un 25%, creando 12 nuevos Directivos, mientras que los números más sorprendentes se encuentran en las contrataciones de locaciones de servicios; de las 11 liquidadas al 30 de diciembre de 2015 incrementaron su cantidad en más de 200 contratos hasta el presente año”.
Y concluye: “Es claro que la mayor disposición de liquidez no ha redundado en mayores resultados. Es necesario aplicar un plan racional de saneamiento que permita resultados tangibles, tanto a la Justicia como a los ciudadanos”.
¿Cuáles son los números gruesos de Acumar que se manejan en la Rosada y que generan resistencia en el ministro Rogelio Frigerio? En el marco de los recortes previstos para el año próximo, el organismo pasaría de un presupuesto de 1.800 millones este año a sólo 800 millones el próximo. Un agujero de 1.000 millones.
“El recorte lo propuso ( Mario) Quintana, antes de irse. Era el que monitoreaba Acumar. Pero con 800 millones apenas si llegás a pagar el personal”, asegura una alta fuente oficial.
Además de los empleados, el otro gasto grueso de la Autoridad es un contrato con la Ceamse, de unos 800 millones, para que limpie los basurales que se forman a los costados del Riachuelo. “El objetivo de Quintana, que en la teoría no estaba mal, era que una vez que limpiabas los basurales luego los controlaran los intendentes. Hay 14 municipios involucrados en la Cuenca. Pero esto no pasó y es imposible plantearlo ahora para 2019”.
Una auditoría previa de Acumar, de la actual gestión, advertía que “el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales”. El área de influencia de la cuenca involucra a siete millones de personas.
“Acá hay dos jueces federales que controlan con la Corte el tema ambiental y la inversión pública. Uno de Morón, Jorge Rodríguez (ver más información en el recuadro) y uno de Comodoro Py (Sergio Torres). No podés dejar de limpiar. Y la otra opción de reducción es echar gente. ¿En un contexto recesivo y en un año electoral?”, amplía otra fuente que negocia el traspaso.
El tema ya fue planteado por Frigerio al Gabinete. El tiempo aprieta: en estos momentos se está armando un DNU para mover a la Acumar dentro del organigrama. Debe ser así porque fue creada por ley. E incluso deberá ser informado previamente a la Corte Suprema.
Pero más allá de los nombres (Frigerio quiere colocar allí a uno de sus secretarios de confianza) la discusión hoy en el Gobierno es otra. Por plata. Y mucha.
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Nuevamente Buenos Aires inundada
Más de 2200 evacuados en toda la provincia por las inundaciones
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El distrito más afectado por las intensas lluvias es La Matanza; muchos de los vecinos temen abandonar sus hogares por los robos; en la localidad de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado
A Norma Torrico el agua le llega casi hasta la cintura. Está en la cocina de su casa en el barrio Luján, en Gregorio de Laferrere , en una de las localidades del distrito más afectado por las inundaciones de los últimos días: La Matanza . No quiso irse de su hogar porque tiene miedo de volver del centro de evacuados y quedarse sin nada.
Ella es una de las casi 1000 personas que viven en este barrio que desde el sábado pasado ruega que baje la inundación. Aunque ayer no llovió, el agua sigue en las calles y en las casas. "No puedo salir, porque me da miedo que pasen para este lado y me saquen lo poco que tengo", dice Torrico.
En la localidad vecina de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado. Su madre, de 25 años, llamó al 911 apenas se dio cuenta, pero cuando los servicios de emergencia llegaron el niño ya no tenía signos vitales. La mujer fue trasladada a un hospital en estado de shock.
Los habitantes de Gregorio de Laferrere explican que la inundación se produjo por las intensas precipitaciones que cayeron en pocas horas. También porque las obras de los conductos que drenan el agua hacia los arroyos no están terminadas. De hecho, según cuentan, en lo que va del año se inundaron cinco veces.
En el barrio, todos saben que hay muchas familias evacuadas en las escuelas cercanas. En La Matanza hay ocho centros para contener y asistir a las 2000 personas que ya no pueden vivir en sus hogares. En total en la provincia hasta anoche eran 2298 los evacuados.
Ayer, la cuenca Matanza-Riachuelo estuvo estancada en el mismo nivel. Sin embargo, en Laferrere el agua parecía subir en unas zonas y bajar en otras.
Los que debieron quedarse en sus casas esperaban que diversas organizaciones sociales les proveyeran de comida. En otros barrios de Virrey del Pino, personal del Ministerio de Desarrollo Social ofrecía alimentos para los afectados.
Los barrios más perjudicados de Laferrere eran Luján, La Loma y Don Juan. Son los que están muy cerca del río Matanza y de varios arroyos.
A unas cuadras de Torrico está Pablo Alfonso, de 60 años, con su sobrina, el marido de ella y sus hijos. En los años que permanece en la zona, él debió superar 15 inundaciones. Sin embargo, desde 2015, dice, que no se inundaba así. Vive en la calle Luro, pero podría ser en cualquier otra. Todas parecen arroyos. Alfonso se arremanga el pantalón y camina deslizándose contra la corriente para llegar a su casa. Al hacerlo, corre el riesgo de ser picado por víboras o alacranes, o de cortarse con chapas, clavos y maderas que están sumergidas o que flotan.
Cuenta que los familiares de su sobrina están en un centro de evacuados en una escuela cercana. En donde vivían hasta ayer, solo quedaron las camas sumergidas y los juguetes y la ropa, que ahora flotan. De hecho, Alfonso usó cajones para elevar su cama.
Anteayer, relata, llegó personal de Defensa Civil para evacuar a una vecina, que está en silla de ruedas y que vive sola.
En el barrio La Loma, en una de las pocas esquinas adonde no llegó el agua, hay tres móviles de la Superintendencia Siniestral de la policía bonaerense. Ayer, señalan, evacuaron, con una lancha, a tres personas en esta zona y a otras 18 que viven justo al lado del río en el barrio Don Juan.
Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social asistió a los inundados en los municipios de Quilmes, Berisso, Cañuelas, La Plata, Luján, Pilar, Mercedes, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Saladillo, General Lavalle, Arrecifes, Avellaneda, General Rodríguez y La Matanza en coordinación con las áreas de emergencia locales y del gobierno provincial.Entregaron, tanto en casas como en centros de evacuados, 2740 colchones, 2500 frazadas, 2070 almohadas, 6750 kits de limpieza, 6000 velas, 100 pares de zapatillas, 38.863 litros de agua embotellada, 2184 pañales, 136.400 pastillas potabilizadoras, 12.886 unidades de alimentos, 500 clavaderas, 1300 tirantes y 900 chapas.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, informó que equipos de esa dependencia de la provincia y los municipios "trabajan en las zonas inundadas para asistir a los damnificados brindando agua potable, alimentos, colchones y otros elementos".
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Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El distrito más afectado por las intensas lluvias es La Matanza; muchos de los vecinos temen abandonar sus hogares por los robos; en la localidad de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado
A Norma Torrico el agua le llega casi hasta la cintura. Está en la cocina de su casa en el barrio Luján, en Gregorio de Laferrere , en una de las localidades del distrito más afectado por las inundaciones de los últimos días: La Matanza . No quiso irse de su hogar porque tiene miedo de volver del centro de evacuados y quedarse sin nada.
Ella es una de las casi 1000 personas que viven en este barrio que desde el sábado pasado ruega que baje la inundación. Aunque ayer no llovió, el agua sigue en las calles y en las casas. "No puedo salir, porque me da miedo que pasen para este lado y me saquen lo poco que tengo", dice Torrico.
En la localidad vecina de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado. Su madre, de 25 años, llamó al 911 apenas se dio cuenta, pero cuando los servicios de emergencia llegaron el niño ya no tenía signos vitales. La mujer fue trasladada a un hospital en estado de shock.
Los habitantes de Gregorio de Laferrere explican que la inundación se produjo por las intensas precipitaciones que cayeron en pocas horas. También porque las obras de los conductos que drenan el agua hacia los arroyos no están terminadas. De hecho, según cuentan, en lo que va del año se inundaron cinco veces.
En el barrio, todos saben que hay muchas familias evacuadas en las escuelas cercanas. En La Matanza hay ocho centros para contener y asistir a las 2000 personas que ya no pueden vivir en sus hogares. En total en la provincia hasta anoche eran 2298 los evacuados.
Ayer, la cuenca Matanza-Riachuelo estuvo estancada en el mismo nivel. Sin embargo, en Laferrere el agua parecía subir en unas zonas y bajar en otras.
Los que debieron quedarse en sus casas esperaban que diversas organizaciones sociales les proveyeran de comida. En otros barrios de Virrey del Pino, personal del Ministerio de Desarrollo Social ofrecía alimentos para los afectados.
Los barrios más perjudicados de Laferrere eran Luján, La Loma y Don Juan. Son los que están muy cerca del río Matanza y de varios arroyos.
A unas cuadras de Torrico está Pablo Alfonso, de 60 años, con su sobrina, el marido de ella y sus hijos. En los años que permanece en la zona, él debió superar 15 inundaciones. Sin embargo, desde 2015, dice, que no se inundaba así. Vive en la calle Luro, pero podría ser en cualquier otra. Todas parecen arroyos. Alfonso se arremanga el pantalón y camina deslizándose contra la corriente para llegar a su casa. Al hacerlo, corre el riesgo de ser picado por víboras o alacranes, o de cortarse con chapas, clavos y maderas que están sumergidas o que flotan.
Cuenta que los familiares de su sobrina están en un centro de evacuados en una escuela cercana. En donde vivían hasta ayer, solo quedaron las camas sumergidas y los juguetes y la ropa, que ahora flotan. De hecho, Alfonso usó cajones para elevar su cama.
Anteayer, relata, llegó personal de Defensa Civil para evacuar a una vecina, que está en silla de ruedas y que vive sola.
En el barrio La Loma, en una de las pocas esquinas adonde no llegó el agua, hay tres móviles de la Superintendencia Siniestral de la policía bonaerense. Ayer, señalan, evacuaron, con una lancha, a tres personas en esta zona y a otras 18 que viven justo al lado del río en el barrio Don Juan.
Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social asistió a los inundados en los municipios de Quilmes, Berisso, Cañuelas, La Plata, Luján, Pilar, Mercedes, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Saladillo, General Lavalle, Arrecifes, Avellaneda, General Rodríguez y La Matanza en coordinación con las áreas de emergencia locales y del gobierno provincial.Entregaron, tanto en casas como en centros de evacuados, 2740 colchones, 2500 frazadas, 2070 almohadas, 6750 kits de limpieza, 6000 velas, 100 pares de zapatillas, 38.863 litros de agua embotellada, 2184 pañales, 136.400 pastillas potabilizadoras, 12.886 unidades de alimentos, 500 clavaderas, 1300 tirantes y 900 chapas.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, informó que equipos de esa dependencia de la provincia y los municipios "trabajan en las zonas inundadas para asistir a los damnificados brindando agua potable, alimentos, colchones y otros elementos".
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Un acuerdo nuclear tambaleante
Peligra el acuerdo nuclear de Argentina con China por una fuerte pelea interna en el Gobierno
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Hacienda cuestionó la construcción de la central nuclear Atucha III y su elevado costo de producción; en la Secretaría de Energía rechazan las objeciones y sostienen la idea del proyecto con los chinos. Decide Macri
Una inusitada batalla de poderes internos desatados en la Casa Rosada entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía puso en riesgo el futuro de un eventual acuerdo entre China y la Argentina para la construcción de la central nuclear Atucha III que tendrá un costo estimado de 8.000 millones de dólares y será financiada por el gobierno chino.
La puja política entre Nicolás Dujovne y Javier Iguacel se profundizó en los últimos días ya que desde Beijing se pidió mayores detalles para el avance del acuerdo nuclear, con la idea de que este se pueda firmar en la reunión de los presidentes Mauricio Macri y Xi Jinping que se realizará en diciembre en Buenos Aires.
Durante el viaje que el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el director del BICE, Francisco Cabrera, acaban de realizar a China para obtener un swap de USD 9.000 millones se levantaron reclamos de la administración comunista por el acuerdo nuclear aún inconcluso. Pero ninguno de estos funcionarios del Gobierno pudo dar explicación alguna, ya que el tema lo debe definir Macri.
Según consignaron a Infobae cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada y de la Cancillería, la pelea entre Hacienda y Energía tiene un eje en debate en debate: la oportunidad o no de sumergir al Gobierno en estos momentos a un compromiso de pago financiero para una obra cuyos resultados concretos en términos de ahorro económico fueron puestos bajo severa discusión.
En el Ministerio de Hacienda circula un documento reservado que elaboró el equipo de Dujovne y que sostiene que "no sería conveniente hoy poner en un compromiso financiero a la Argentina" para la construcción de una central nuclear, cuya producción es más costosa que el resto de los sistemas energéticos que ya tiene el país.
De esta manera, Hacienda detalló en el informe que el costo de generación de un MW es de USD 170 para el caso de la energía nuclear que se pretende desarrollar con China, mientras que un MW de energía renovable implica un costo total de USD 70 y la producción de energía tradicional que se puede obtener por MW del yacimiento de Vaca Muerta tiene un costo de USD 50.
"Someter a la Argentina al pago de un crédito de USD 8.000 millones, por más que sea con tasas cómodas y mejores que en el resto del mercado, no sería un buen negocio si se miden los costos de producción de un MW. Esta es una ecuación que va más allá de la relación con China, que seguirá siendo buena", explicó a Infobae un funcionario allegado a Dujovne.
El mismo funcionario añadió que "la construcción de otra central nuclear sería fabulosa en una Argentina imaginaria que tenga recursos de sobra para pensar a futuro. Pero no es precisamente lo que hoy ocurre en una situación de crisis y ajuste".
Esta postura ya se la hizo notar el propio ministro de Hacienda al presidente Macri, al evaluar que sería "emitir una imagen contradictoria" de la Argentina pedirle dinero al FMI para afrontar una crisis y en paralelo pagar un crédito a China por "un negocio que no se ve rentable en su totalidad".
Como contrapartida, desde la Secretaría de Energía que lidera Iguacel, el Subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, defendió ante el Presidente el proyecto que hace 15 días acaban de negociar en Beijing con la administración de Xi Jinping.
Fuentes oficiales allegadas a Iguacel y a Gadano señalaron a Infobae que la explicación de Hacienda sobre el costo de un MW a 170 dólares es "totalmente falsa". Así, detallaron que el costo mundial de un MW por medio de energía nuclear no supera los 90 dólares.
A la vez, en las oficinas del Subsecretario de Energía Nuclear sostienen que el cálculo que realiza Hacienda para medir el costo de MW de energía nuclear está dado por lo que sale construir la central nuclear hoy, pero no por la vida útil de la misma en un espacio de 70 años. Es decir, que al entender de los funcionarios de Energía, el cálculo de Hacienda es fruto de la división costo por producción, cuando debería darse por el resultado energético en el largo plazo.
Tanto Gadano como Iguacel le dijeron a Macri que la mano de obra para la construcción de Atucha III con financiamiento chino será en más de un 40% local, con lo cual se dará empleo a miles de argentinos.
¿Qué ocurrirá ahora con el acuerdo de la central nuclear con China?
Nadie lo sabe de manera fehaciente. Lo único concreto es que la última palabra la tendrá el jefe de Estado argentino. Pero los tiempos corren y si se quiere sellar aunque sea un contrato financiero básico para cuando Xi Jinping se reuná con Macri en la Casa Rosada el 3 de diciembre, se deberá contar con una respuesta bien definida.
Tanto en Hacienda como en Energía tienen sus propias versiones de lo que hará Macri. Mientras que los allegados a Dujovne creen que el Presidente se mostrará "coherente" con la idea de una Argentina austera, desde la Secretaría de Energía aseguran que el Presidente está "completamente comprometido" con el proyecto nuclear con China y no dará un paso atrás.
En rigor, desde la Cancillería aseguran que por el avance de las negociaciones dar un paso atrás ahora sería una "muy mala señal" hacia Beijing.
Hay un antecedente no lejano que protagonizó el gobierno de Macri en términos de retracciones con China. En mayo pasado, el canciller Jorge Faurie tuvo que explicar a su para chino, Wang Yi, que la Argentina había decidido suspender por "problemas de restricción presupuestaria" el proyecto de construcción de la Central Atucha II, que tenía un costo de 9.000 millones de dólares.
El embajador argentino en China, Diego Guelar, está perplejo ante la disputa que se desató en Buenos Aires entre Hacienda y Energía por la construcción de la central nuclear Atucha III y ya no sabe qué explicaciones darle al gobierno de Xi Jinping.
Guelar fue, junto con Gadano, uno de los promotores del acuerdo nuclear y le hizo saber al canciller Faurie esta semana que dar marcha atrás en las negociaciones sería "una pésima señal de confiabilidad" que los chinos verían de muy mal agrado.
En tal caso, como eventual solución intermedia, el embajador propone una de las "peores hipótesis", según le comentó a un diplomático de carrera de la Cancillería. Este escenario consistiría en cerrar un acuerdo para que la central nuclear se empiece a construir recién en el 2022. Esta podría llegar a ser una fórmula intermedia para que la Argentina no quede mal con China y se postergue para adelante el pago de un crédito que hoy, según Hacienda, el país no puede afrontar. Pero lo allegados a Dujovne creen que esa idea sigue colisionando por la reiterada explicación del costo por MW de energía nuclear en comparación a la energía convencional o la renovable.
En esta disputa, un funcionario de la Casa Rosada deslizó una radiografía descarnada de lo que ocurre en términos políticos: "Aquí se desató una pelea entre Dujovne, que es un soldado de Washington, y Gulear, Iguacel y Gadano que son pro-chinos". Es decir, la idea de una batalla silenciosa entre Washington y Beijing por los recursos estratégicos en América Latina vuelve a estar sobre la mesa de discusiones.
Como ya adelantó Infobae hace un mes, el acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III será sólo con tecnología de Beijing y se sustentará en una compleja ingeniería financiera para que la administración de Xi Jinping financie la totalidad de la obra con un crédito blando de 7.500 millones de dólares; la otra parte será en efectivo por unos USD 2.500 millones para obras de infraestructura.
Según se pudo saber, el crédito que le plantea ahora China a la Argentina para la central Atucha III es a más de 20 años a una tasa del 5% anual y bajo flexibles estamentos contractuales en el medio.
Como contrapartida, con este proyecto la administración de Xi Jinping dejó a un lado el proyecto de la central nuclear Atucha II que se iba a realizar con Canadá y China bajo tecnología CANDU. Macri tiene la última palabra.
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Buenos Aires: presentan un código ambiental unificado
Buscan unificar el control y las multas por faltas ambientales en la provincia
Fecha de Publicación: 14/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Presentaron un proyecto de código para empresas, industrias y comercios. Unifica mas de 20 normativas anteriores.
Un instrumento único. Una hoja de ruta que se utilizará en la fiscalización y control de los episodios que ponen en riesgo el medio ambiente. La Provincia elaboró el primer Código de Procedimiento de Faltas Ambientales para unificar más de 20 leyes, disposiciones o decretos dispersos y -en algunos casos- anacrónicos que hoy rigen en el sistema administrativo bonaerense. Esas normativas existen, pero pocas empresas, industrias o comercios las cumplen. Y casi nadie vigila.
Por eso, las autoridades bonaerenses confeccionaron el Código. Será una herramienta jurídica que apunta a mejorar la supervisión que corresponde al Estado y a los jueces que tienen que aplicar las normas, según explicó el director Ejecutivo del OPDS, Rodrigo Aybar. “En cada acción que emprendemos para cuidar y recuperar el ambiente, siempre creemos que solo va a ser sustentable si todos tomamos conciencia que somos parte del problema y también de su solución”, subrayó.
La iniciativa impulsada por el gobierno debe superar la instancia legislativa. Esta mañana, se presentó en una jornada de “Justicia y Ambiente: Hacia un desarrollo sostenible de la Provincia de Buenos Aires” que se realizó en el auditorio del Salón "San Agustín" de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.
La norma permitirá controlar de manera "más eficiente, con mayor claridad jurídica y operatividad fiscalizadora” los procedimientos para evitar faltas que afectan al medio ambiente. Con el nuevo Código las dos organismos ambientales de la Provincia, el OPDS y la Autoridad del Agua, tendrán un sólo código para proceder y aplicar sanciones.
“Las sanciones se van a unificar a través de un mismo criterio procesal y cada organismo las va a aplicar dentro de sus competencias”, explicó el subsecretario de Evaluación Ambiental del OPDS, Manuel Frávega.
Habrá cambios en las penalidades. Para eso contempla mecanismos de compensación ambiental, pago en cuotas de las infracciones (en algunos casos) o pago voluntario de multas.
Ahora existe una variada dispersión en los parámetros que fijan los montos de las multas: algunas se establecen en determinada cantidad de sueldos de la administración pública bonaerense y otras, que corresponden a normas más antiguas, se determinan en australes, la moneda de curso legal que la Argentina tuvo a mediados de los años 80, puso como ejemplo el funcionario. O sea: esa falta no se podría sancionar, porque el infractor debería pagar en Australes, o el juez tendría que traducirlo a pesos. Y no superaría los 10 pesos de sanción.
Con el nuevo régimen los principales entes reguladores actuarán en sintonía. "Al interactuar el OPDS y la Autoridad del Agua se empieza a mejorar la vida de la gente, y lo que importa es cómo impacta en el ciudadano: uno es más ciudadano en cuanto más accede a derechos, y vivir en un ambiente sano, es un derecho", dijo el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari en la presentación del proyecto.
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Fecha de Publicación: 14/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Presentaron un proyecto de código para empresas, industrias y comercios. Unifica mas de 20 normativas anteriores.
Un instrumento único. Una hoja de ruta que se utilizará en la fiscalización y control de los episodios que ponen en riesgo el medio ambiente. La Provincia elaboró el primer Código de Procedimiento de Faltas Ambientales para unificar más de 20 leyes, disposiciones o decretos dispersos y -en algunos casos- anacrónicos que hoy rigen en el sistema administrativo bonaerense. Esas normativas existen, pero pocas empresas, industrias o comercios las cumplen. Y casi nadie vigila.
Por eso, las autoridades bonaerenses confeccionaron el Código. Será una herramienta jurídica que apunta a mejorar la supervisión que corresponde al Estado y a los jueces que tienen que aplicar las normas, según explicó el director Ejecutivo del OPDS, Rodrigo Aybar. “En cada acción que emprendemos para cuidar y recuperar el ambiente, siempre creemos que solo va a ser sustentable si todos tomamos conciencia que somos parte del problema y también de su solución”, subrayó.
La iniciativa impulsada por el gobierno debe superar la instancia legislativa. Esta mañana, se presentó en una jornada de “Justicia y Ambiente: Hacia un desarrollo sostenible de la Provincia de Buenos Aires” que se realizó en el auditorio del Salón "San Agustín" de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.
La norma permitirá controlar de manera "más eficiente, con mayor claridad jurídica y operatividad fiscalizadora” los procedimientos para evitar faltas que afectan al medio ambiente. Con el nuevo Código las dos organismos ambientales de la Provincia, el OPDS y la Autoridad del Agua, tendrán un sólo código para proceder y aplicar sanciones.
“Las sanciones se van a unificar a través de un mismo criterio procesal y cada organismo las va a aplicar dentro de sus competencias”, explicó el subsecretario de Evaluación Ambiental del OPDS, Manuel Frávega.
Habrá cambios en las penalidades. Para eso contempla mecanismos de compensación ambiental, pago en cuotas de las infracciones (en algunos casos) o pago voluntario de multas.
Ahora existe una variada dispersión en los parámetros que fijan los montos de las multas: algunas se establecen en determinada cantidad de sueldos de la administración pública bonaerense y otras, que corresponden a normas más antiguas, se determinan en australes, la moneda de curso legal que la Argentina tuvo a mediados de los años 80, puso como ejemplo el funcionario. O sea: esa falta no se podría sancionar, porque el infractor debería pagar en Australes, o el juez tendría que traducirlo a pesos. Y no superaría los 10 pesos de sanción.
Con el nuevo régimen los principales entes reguladores actuarán en sintonía. "Al interactuar el OPDS y la Autoridad del Agua se empieza a mejorar la vida de la gente, y lo que importa es cómo impacta en el ciudadano: uno es más ciudadano en cuanto más accede a derechos, y vivir en un ambiente sano, es un derecho", dijo el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari en la presentación del proyecto.
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Todo un zoo en su casa, hasta un tigre
Tenía un zoológico ilegal en su casa: secuestraron un tigre, tucanes, guacamayos y otros animales
Fecha de Publicación: 14/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Integrantes del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA) desmantelaron hoy un zoológico privado ilegal en la localidad bonaerense de Olavarría, donde encontraron un tigre, guacamayos y otros animales que no contaban con la documentación correspondiente.
El operativo tuvo además el apoyo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que colaboró en el secuestro de animales exóticos y autóctonos que se encontraban en una quinta en las inmediaciones de Olavarría.
Los animales que se hallaron fueron: un tigre, ocho guacamayos rojos, seis guacamayos amarillos, tres tucanes, tres faisanes, un loro amazonas, dos guacamayos azules, 19 flamencos, dos emúes, aproximadamente 40 cérvidos de las especies dama, axis y antílope, cuatro cisnes de cuello negro y tres cisnes coscoroba, según indicó un comunicado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los ejemplares se encontraban en jaulas y varios de ellos están amparados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un acuerdo internacional que tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
Al respeto, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Juan Trebino, señaló que "el mascotismo es una acción ilegal que retira a los animales de su hábitat y pone a su especie en peligro de extinción".
Trebino explicó que "los dueños, al momento, no contaban con la documentación que acreditara el origen de los animales por lo que estarían en infracción ante la Ley N.º 22421 de Conservación de la Fauna que sanciona almacenar, transportar, comprar, vender e industrializar productos provenientes de la caza".
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Fecha de Publicación: 14/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Integrantes del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA) desmantelaron hoy un zoológico privado ilegal en la localidad bonaerense de Olavarría, donde encontraron un tigre, guacamayos y otros animales que no contaban con la documentación correspondiente.
El operativo tuvo además el apoyo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que colaboró en el secuestro de animales exóticos y autóctonos que se encontraban en una quinta en las inmediaciones de Olavarría.
Los animales que se hallaron fueron: un tigre, ocho guacamayos rojos, seis guacamayos amarillos, tres tucanes, tres faisanes, un loro amazonas, dos guacamayos azules, 19 flamencos, dos emúes, aproximadamente 40 cérvidos de las especies dama, axis y antílope, cuatro cisnes de cuello negro y tres cisnes coscoroba, según indicó un comunicado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los ejemplares se encontraban en jaulas y varios de ellos están amparados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un acuerdo internacional que tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
Al respeto, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Juan Trebino, señaló que "el mascotismo es una acción ilegal que retira a los animales de su hábitat y pone a su especie en peligro de extinción".
Trebino explicó que "los dueños, al momento, no contaban con la documentación que acreditara el origen de los animales por lo que estarían en infracción ante la Ley N.º 22421 de Conservación de la Fauna que sanciona almacenar, transportar, comprar, vender e industrializar productos provenientes de la caza".
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Ushuaia cumple otro paso para remediar una bahía
Concluye el proceso de toma de muestras para la remediación de la Bahía Encerrada
Fecha de Publicación: 14/11/2018
Fuente: Ushuaia 24
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Con las muestras el Municipio y el Gobierno deberán realizar el trabajo ambiental para remediar la contaminación de la Bahía Encerrada causada por la inacción de gobiernos anteriores.
Esta semana concluyó la toma de muestras sobre la Bahía Ushuaia y Bahía Encerrada, las cuales se encuentran contaminadas a causa de las faltas de políticas ambientales y plan sanitario de gobiernos que pasaron por la administración de la ciudad.
El pasado jueves se realizaron las muestras las cuales estuvieron dirigidas por el biólogo Ricardo Casaux, de Esquel y especialmente contratado por la Secretaría de Medio Ambiente de Ushuaia, acompañado por Prefectura Naval.
“El jueves se realizó la toma de muestras de la bahía Ushuaia y el viernes fue en la bahía Encerrada, con lo que concluye esta etapa que permitirá efectuar el trabajo de línea de base ambiental y que permitirá definir el plan a seguir desde el Municipio para el saneamiento del sector”, indicó el Coordinador Hugo Ponzo de la Secretaría de Medio Ambiente.
Durante este año se realizaron varias tomas con el acompañamiento de la Universidad de Tierra del Fuego y la presencia del perito de la Justicia en el marco de la causa que obligó al Gobierno Provincial y la Municipalidad a realizar acciones para detener la contaminación y remediar las zonas.
“Es un trabajo muy serio, que realizamos con la colaboración de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, la DPOSS, el perito judicial, el fiscal de la causa, la UNTDF y el apoyo permanente de la Prefectura Naval, con quienes nos trasladamos a los distintos puntos fijos en ambas bahías para la toma de biota bajo distintas condiciones”, dijo Ponzo.
“Este trabajo corona una tarea continua y permanente que llevó adelante esta gestión en la toma de muestras de diferentes parámetros en la costa de Ushuaia y bahía Encerrada y que finaliza ahora. El paso siguiente es definir las obras de remediación, que en una primera etapa será la construcción de un doble alcantarillado en la pasarela Fique”, concluyó el funcionario.
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Rumores de venta del resto de Veladero
Barrick desmiente que le venda el resto de Veladero a Shandong Gold
Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La información que circuló por los pasillos del Ministerio de Minería previo a la venta de Gualcamayo fue descartada por la compañía canadiense.
Antes que se conociera la noticia sobre la venta total de la mina Gualcamayo a un nuevo grupo inversor colombiano, fuentes del Ministerio de Minería (que prefirieron no revelar su identidad) manejaban información sobre una posible adquisición de la totalidad de Veladero por parte de la empresa China Shandong Gold. Por el presunto acuerdo se hablaba de un monto de 300 millones de dólares anuales hasta finalizar la explotación. Sin embargo, desde Barrick declararon que “la información sobre una eventual venta del 50% restante de la mina Veladero desde nuestra compañía a Shandong Gold no está contemplada en ninguno de los acuerdos que ambas firmas han suscripto como parte de una sociedad conjunta”.
La minera de capitales canadienses sí confirmó que el pasado 24 de septiembre se anunció una compra cruzada de acciones entre Barrick y Shandong de hasta 300 millones de dólares, lo que refleja la intención de profundizar la sociedad entre ambas compañías.
“Estos acuerdos fortalecen la alianza a largo plazo entre las empresas, sin embargo, no modifican la estructura de propiedad de la mina Veladero”, indicó en su momento John L. Thornton, actual Director de Barrick Corporaciones.
En este contexto de convenios societarios cabe destacar que el pasado 9 de julio, Barrick y Shandong dieron un paso más en esta cooperación estratégica al anunciar un acuerdo mejorado que contempla una evaluación de factibilidad de Lama, el continuo intercambio de experiencias y prácticas de los equipos técnicos de ambas compañías en temas de minería, tecnología, innovación, finanzas, construcción, gestión social y medioambiental.
A este convenio se le sumó un trabajo conjunto para la búsqueda de oportunidades de inversión en otros proyectos mineros.
Con el fin de tener mayor claridad sobre el vínculo entre ambas compañías, las leyes del mercado internacional indican que la “venta cruzada de acciones” tiene la intención directa de aumentar las ventas de las compañías, reducir los costos directos asociados a los trabajos que realizan y aumentar la fidelidad de sus clientes, entre otras finalidades.
En este contexto de fusiones y acuerdos empresariales cabe destacar que recientemente Barrick adquirió la compañía sudafricana Randgold por un valor de 18.300 millones de dólares, contribuyendo al surgimiento de un nuevo líder en la industria de producción aurífera a nivel mundial.
Tras el canje, los accionistas de Barrick controlarán un 66,6% de la nueva compañía y los de Randgold el 33,4% restante. El reparto en los puestos del consejo de administración del nuevo grupo mantendrá la misma proporción. “La combinación de Barrick y Randgold creará un nuevo campeón para la creación de valor en la industria de la minería de oro, con la mayor colección de activos de oro Tier 1”, explicó Thornton.
Según indicaron fuentes de la compañía Barrick San Juan: “la nueva empresa (seguirá funcionando con el mismo nombre) será liderada por un equipo con visión compartida y un gran compromiso, acompañado de una poderosa base financiera para su crecimiento”. A su vez, explicaron que esperan que la fusión concluya en el primer cuatrimestre de 2019, ya que la operación está sujeta a la aprobación de ambos conjuntos de accionistas.
A lo que se suman las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. “A medida que esto avance podremos conocer su alcance e impacto, tanto a nivel local como a nivel internacional”, concluyeron desde la minera que opera Veladero.
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Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La información que circuló por los pasillos del Ministerio de Minería previo a la venta de Gualcamayo fue descartada por la compañía canadiense.
Antes que se conociera la noticia sobre la venta total de la mina Gualcamayo a un nuevo grupo inversor colombiano, fuentes del Ministerio de Minería (que prefirieron no revelar su identidad) manejaban información sobre una posible adquisición de la totalidad de Veladero por parte de la empresa China Shandong Gold. Por el presunto acuerdo se hablaba de un monto de 300 millones de dólares anuales hasta finalizar la explotación. Sin embargo, desde Barrick declararon que “la información sobre una eventual venta del 50% restante de la mina Veladero desde nuestra compañía a Shandong Gold no está contemplada en ninguno de los acuerdos que ambas firmas han suscripto como parte de una sociedad conjunta”.
La minera de capitales canadienses sí confirmó que el pasado 24 de septiembre se anunció una compra cruzada de acciones entre Barrick y Shandong de hasta 300 millones de dólares, lo que refleja la intención de profundizar la sociedad entre ambas compañías.
“Estos acuerdos fortalecen la alianza a largo plazo entre las empresas, sin embargo, no modifican la estructura de propiedad de la mina Veladero”, indicó en su momento John L. Thornton, actual Director de Barrick Corporaciones.
En este contexto de convenios societarios cabe destacar que el pasado 9 de julio, Barrick y Shandong dieron un paso más en esta cooperación estratégica al anunciar un acuerdo mejorado que contempla una evaluación de factibilidad de Lama, el continuo intercambio de experiencias y prácticas de los equipos técnicos de ambas compañías en temas de minería, tecnología, innovación, finanzas, construcción, gestión social y medioambiental.
A este convenio se le sumó un trabajo conjunto para la búsqueda de oportunidades de inversión en otros proyectos mineros.
Con el fin de tener mayor claridad sobre el vínculo entre ambas compañías, las leyes del mercado internacional indican que la “venta cruzada de acciones” tiene la intención directa de aumentar las ventas de las compañías, reducir los costos directos asociados a los trabajos que realizan y aumentar la fidelidad de sus clientes, entre otras finalidades.
En este contexto de fusiones y acuerdos empresariales cabe destacar que recientemente Barrick adquirió la compañía sudafricana Randgold por un valor de 18.300 millones de dólares, contribuyendo al surgimiento de un nuevo líder en la industria de producción aurífera a nivel mundial.
Tras el canje, los accionistas de Barrick controlarán un 66,6% de la nueva compañía y los de Randgold el 33,4% restante. El reparto en los puestos del consejo de administración del nuevo grupo mantendrá la misma proporción. “La combinación de Barrick y Randgold creará un nuevo campeón para la creación de valor en la industria de la minería de oro, con la mayor colección de activos de oro Tier 1”, explicó Thornton.
Según indicaron fuentes de la compañía Barrick San Juan: “la nueva empresa (seguirá funcionando con el mismo nombre) será liderada por un equipo con visión compartida y un gran compromiso, acompañado de una poderosa base financiera para su crecimiento”. A su vez, explicaron que esperan que la fusión concluya en el primer cuatrimestre de 2019, ya que la operación está sujeta a la aprobación de ambos conjuntos de accionistas.
A lo que se suman las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. “A medida que esto avance podremos conocer su alcance e impacto, tanto a nivel local como a nivel internacional”, concluyeron desde la minera que opera Veladero.
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Puro biodiesel en Santa Fe
Santa Fe utilizará biodiesel puro en el transporte público de toda la provincia
Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Fe
Tras la experiencia del BioBus en Rosario, en 2019 la provincia adoptará el biodiesel puro (B100) como combustible para todo el transporte público.
La secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, anunció que todo el transporte público de la provincia funcionará con B100 (biodiesel puro) a partir del próximo año. La medida fue comunicada por la funcionaria durante la “Conferencia de Biodiesel - Actualidad y Perspectivas” organizada en forma conjunta por la Asociación Argentina de Biocombustibles e hidrógeno, la firma Evonik y la Fundación Saber Cómo, llevada a cabo el pasado miércoles 7 de noviembre en la sede de la UIA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Rosario, desde julio funcionan 365 ómnibus urbanos con B25 – una mezcla de combustible compuesta por 25% de biodiesel y 75% de gasoil convencional, y otras dos unidades con B100. La “Experiencia BioBus”, tal como fue bautizada por el gobierno santafecino tenía como objetivo demostrar que el uso de mayores mezclas de biodiesel es factible. “Los resultados han sido totalmente satisfactorios”, declaró previamente el ingeniero Alberto Garibaldi, titular de la consultora ALG, a cargo de evaluar la marcha del programa.
El anuncio de Geese llega como consecuencia de la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. “A estos precios del gasoil debemos llevar el boleto a un valor que volvería inviable llegar con el transporte público a muchas localidades", declaró la funcionaria. “La diferencia entre el precio del gasoil y el biodiesel llega hoy a $10 por litro.” Para la mandataria utilizar biodiesel puro no es un experimento. “Ya sabemos que funciona porque lo venimos haciendo. Estamos validando técnicamente algo que ya sabíamos que iba a funcionar”, expresó en referencia a las dos unidades que ya están funcionando en Rosario con este combustible.
Además de los económicos, el uso de B100 trae aparejado otros cuantos beneficios adicionales. En lo ambiental, cada tonelada de biodiesel permite ahorrar 8,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente, una reducción de más del 70% respecto al gasoil fósil, y reduce casi a cero las emisiones de material particulado, algo muy importante en las grandes ciudades. Además, su producción tiene un impacto muy positivo en la actividad industrial del interior y en la balanza comercial. Permite ahorrar divisas por la sustitución de importaciones de gasoil y quitar aceite de soja de un mercado sobre-ofertado, fortaleciendo el precio de todos los productos del complejo sojero.
Desde los puertos adyacentes a Rosario se exporta la totalidad del biodiesel argentino y la provincia concentra el 80% de la producción total del país. Las perspectivas exportadoras no son alentadoras. A comienzos del próximo año la Unión Europea aplicaría aranceles a la importación del biocombustible que dejarían fuera del mercado al producto argentino, tal como sucedió con Estados Unidos. Si bien el gobierno de Trump comunicó ayer que revisará la medida, en la industria no hay mucho optimismo en que se revierta la medida.
Según Geese, Santa Fe consume 75 millones de litros de combustible diesel, que irán migrando hacia biodiesel a partir de enero próximo. “Vamos a formar una mesa donde invitaremos a los productores de biodiesel y las empresas de transporte público de la provincia para ir armando el mercado”, anunció.
Esta cifra representa el 10% del consumo de combustible en el transporte público. Geese espera que en los próximos meses más provincias se sumen a la iniciativa, así como también privados. “Desde el estado provincial ya apostamos al biodiesel, esperamos que los privados también nos acompañen. Los beneficios son muy grandes”, destacó la secretaria.
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Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Fe
Tras la experiencia del BioBus en Rosario, en 2019 la provincia adoptará el biodiesel puro (B100) como combustible para todo el transporte público.
La secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, anunció que todo el transporte público de la provincia funcionará con B100 (biodiesel puro) a partir del próximo año. La medida fue comunicada por la funcionaria durante la “Conferencia de Biodiesel - Actualidad y Perspectivas” organizada en forma conjunta por la Asociación Argentina de Biocombustibles e hidrógeno, la firma Evonik y la Fundación Saber Cómo, llevada a cabo el pasado miércoles 7 de noviembre en la sede de la UIA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Rosario, desde julio funcionan 365 ómnibus urbanos con B25 – una mezcla de combustible compuesta por 25% de biodiesel y 75% de gasoil convencional, y otras dos unidades con B100. La “Experiencia BioBus”, tal como fue bautizada por el gobierno santafecino tenía como objetivo demostrar que el uso de mayores mezclas de biodiesel es factible. “Los resultados han sido totalmente satisfactorios”, declaró previamente el ingeniero Alberto Garibaldi, titular de la consultora ALG, a cargo de evaluar la marcha del programa.
El anuncio de Geese llega como consecuencia de la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. “A estos precios del gasoil debemos llevar el boleto a un valor que volvería inviable llegar con el transporte público a muchas localidades", declaró la funcionaria. “La diferencia entre el precio del gasoil y el biodiesel llega hoy a $10 por litro.” Para la mandataria utilizar biodiesel puro no es un experimento. “Ya sabemos que funciona porque lo venimos haciendo. Estamos validando técnicamente algo que ya sabíamos que iba a funcionar”, expresó en referencia a las dos unidades que ya están funcionando en Rosario con este combustible.
Además de los económicos, el uso de B100 trae aparejado otros cuantos beneficios adicionales. En lo ambiental, cada tonelada de biodiesel permite ahorrar 8,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente, una reducción de más del 70% respecto al gasoil fósil, y reduce casi a cero las emisiones de material particulado, algo muy importante en las grandes ciudades. Además, su producción tiene un impacto muy positivo en la actividad industrial del interior y en la balanza comercial. Permite ahorrar divisas por la sustitución de importaciones de gasoil y quitar aceite de soja de un mercado sobre-ofertado, fortaleciendo el precio de todos los productos del complejo sojero.
Desde los puertos adyacentes a Rosario se exporta la totalidad del biodiesel argentino y la provincia concentra el 80% de la producción total del país. Las perspectivas exportadoras no son alentadoras. A comienzos del próximo año la Unión Europea aplicaría aranceles a la importación del biocombustible que dejarían fuera del mercado al producto argentino, tal como sucedió con Estados Unidos. Si bien el gobierno de Trump comunicó ayer que revisará la medida, en la industria no hay mucho optimismo en que se revierta la medida.
Según Geese, Santa Fe consume 75 millones de litros de combustible diesel, que irán migrando hacia biodiesel a partir de enero próximo. “Vamos a formar una mesa donde invitaremos a los productores de biodiesel y las empresas de transporte público de la provincia para ir armando el mercado”, anunció.
Esta cifra representa el 10% del consumo de combustible en el transporte público. Geese espera que en los próximos meses más provincias se sumen a la iniciativa, así como también privados. “Desde el estado provincial ya apostamos al biodiesel, esperamos que los privados también nos acompañen. Los beneficios son muy grandes”, destacó la secretaria.
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Modificación de la 7722: la lucha en la calle
Asambleas por el agua contra la minería: “No queremos ser Jáchal”
Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Vecinos, trabajadores rurales y autoconvocados expusieron sus argumentos frente a los senadores para que no se modifique la ley 7722.
El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.
Hasta el momento los senadores han escuchado a empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, especialistas y municipios. Finalmente, hoy fue el turno de las asambleas por el agua para exponer sus argumentos.
“Los pueblos tienen instinto y no se dejan llevar puesto por ningún Gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que no se lleven puesta a nuestra tierra. El agua de Mendoza no se negocia y la megaminería no tiene licencia social”, dijo uno de los vecinos.
Además, el mismo orador explicó que la actividad agrícola, las plantas de residuos cloacales y los hidrocarburos han contaminado la primera napa del acuífero norte.
“Si quieren eliminar el artículo 1 y 3 de la ley 7722 iniciaría la actividad de San Jorge, Hierro Indio y Sierra Pintada. Se van a contaminar los ríos Mendoza, Atuel y Diamante. También Potrerillos”, sentenció.
Por su parte, la representante de los autoconvocados de Tunuyán dijo: “Nos tildan de personas cerradas, dogmáticas que no quieren el desarrollo económico del país. Nosotros defendemos el agua. Queremos una Mendoza productiva, no extractiva”.
“¿Cuántos proyectos de energías renovables han presentado?”, los increpó.
“Cómo le van a explicar a la gente que la montaña va a estar llena de agujeros, que el agua va a estar contaminada. No somos ignorantes”, cerró.
Otro testimonio fue el de la representante de la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable. “Deberían legislar para sustentar la vida. No para que atente contra la vida. Abrir la puerta a la megaminería es burlarse de la gente de campo”, dijo.
Desde Guanacache expuso una joven que dijo: “Necesitamos soluciones reales a la crisis hídrica. Por eso resulta ilógico informar los problemas del agua y defender la 7722. Hay escasez de agua en Mendoza y en vez de discutir cómo salir de la sequía están viendo como modificar una ley que protege el agua”.
“¿Van a comer y tomar oro? ¿Piensan que la actividad nos va a devolver las montañas, los ríos y los glaciares?”, le preguntó a los senadores.
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Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Vecinos, trabajadores rurales y autoconvocados expusieron sus argumentos frente a los senadores para que no se modifique la ley 7722.
El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.
Hasta el momento los senadores han escuchado a empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, especialistas y municipios. Finalmente, hoy fue el turno de las asambleas por el agua para exponer sus argumentos.
“Los pueblos tienen instinto y no se dejan llevar puesto por ningún Gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que no se lleven puesta a nuestra tierra. El agua de Mendoza no se negocia y la megaminería no tiene licencia social”, dijo uno de los vecinos.
Además, el mismo orador explicó que la actividad agrícola, las plantas de residuos cloacales y los hidrocarburos han contaminado la primera napa del acuífero norte.
“Si quieren eliminar el artículo 1 y 3 de la ley 7722 iniciaría la actividad de San Jorge, Hierro Indio y Sierra Pintada. Se van a contaminar los ríos Mendoza, Atuel y Diamante. También Potrerillos”, sentenció.
Por su parte, la representante de los autoconvocados de Tunuyán dijo: “Nos tildan de personas cerradas, dogmáticas que no quieren el desarrollo económico del país. Nosotros defendemos el agua. Queremos una Mendoza productiva, no extractiva”.
“¿Cuántos proyectos de energías renovables han presentado?”, los increpó.
“Cómo le van a explicar a la gente que la montaña va a estar llena de agujeros, que el agua va a estar contaminada. No somos ignorantes”, cerró.
Otro testimonio fue el de la representante de la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable. “Deberían legislar para sustentar la vida. No para que atente contra la vida. Abrir la puerta a la megaminería es burlarse de la gente de campo”, dijo.
Desde Guanacache expuso una joven que dijo: “Necesitamos soluciones reales a la crisis hídrica. Por eso resulta ilógico informar los problemas del agua y defender la 7722. Hay escasez de agua en Mendoza y en vez de discutir cómo salir de la sequía están viendo como modificar una ley que protege el agua”.
“¿Van a comer y tomar oro? ¿Piensan que la actividad nos va a devolver las montañas, los ríos y los glaciares?”, le preguntó a los senadores.
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Zonas protegidas de Corrientes desmontadas por dragados
Grupos ecologistas exigen que se detenga el dragado del Riachuelo por el impacto ambiental
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente enviaron una carta al gobernador Gustavo Valdés exigiendo la paralización de la obra sobre el curso del Riachuelo. Aseguran que es ilegal y exigen medidas contra funcionarios.
Desde hace varias semanas se vienen generando fuertes reclamos contra las obras de dragado que la Provincia viene realizando sobre el Riachuelo en la zona de San Luis del Palmar. Aseguran que se desmontan zonas protegidas y hay un fuerte impacto negativo en el medio ambiente.
Ahora 22 organizaciones, fundaciones, colectivos y asambleas ambientalistas de distintos puntos del país apoyaron el reclamo. A través de una carta al gobernador Gustavo Valdés exigen la inmediata paralización de los desmontes de las selvas ribereñas del Riachuelo y el dragado de su cauce.
En la misiva los ecologista expresaron su enojo al afirmar que “en momentos en los cuales enfrentamos enormes desafíos por los desmontes ilegales que privados llevan a cabo en varias provincias de nuestro país, socavando los fundamentos de la Ley de Bosques.
Para el ecologista Emilio Spataro (Amigos de la Tierra Argentina), “la absoluta ilegalidad de los desmontes ya fue probada por sendos intercambios epistolares entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes, el ICAA y la Dirección de Recursos Forestales, donde queda de manifiesto el total desconocimiento que ésta última tenía sobre los desmontes que el mismo ICAA impulsaba con la contratación directa de la empresa ECODYMA S.A.”, declaró recordando que desde el 11 de septiembre todo esto fue denunciado penalmente en la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de la Dra. Graciela Fernádez Contarde, sin que hasta la fecha se hayan producido imputaciones ni medidas judiciales.
Por otra parte desde Guardianes del Iberá Sergio Mendez declaro que “la obra nunca tuvo ningún sentido en beneficio de los afectados de las inundaciones, todo lo contrario en las últimas lluvias se evidencio como el suelo desnudo de la ribera, producto del desmonte y de los movimiento de sedimentos, fue a parar al río, profundizando los problemas de escurrimiento que el dragado supuestamente debía resolver. Por todo el daño generado y la arbitrariedad de las decisiones del ICAA es que vamos a seguir movilizándonos hasta que haya una respuesta política ante tanta destrucción ambiental.”.
A su vez exigieron la inmediata separación de su cargo de Mario Rujana, actual director del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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La limpieza del Riachuelo empantanada con causas judiciales
Los problemas judiciales de empresarios atentan contra la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso
Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".
Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.
El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso
Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".
Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.
El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".
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Ushuaia crea una reserva natural urbana
Crean una nueva reserva natural en Ushuaia
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Ayer, en sesión ordinaria los ediles aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, el cual está ubicado en las calles 25 de Mayo y Magallanes. La reserva fue otorgada a la Fundación Cultivar
A través de un proyecto impulsado por el concejal Ricardo Garramuño (MPF), los concejales aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, con el objeto de proteger y mantener la diversidad biológica y otros valores naturales del área, garantizando el uso público controlado, la educación ambiental, el arte y las actividades culturales y turísticas en el sector.
El proyecto establece que el predio será dado en custodia a la Fundación Cultivar, “en reconocimiento al trabajo realizado por la profesora de pintura Mónica Alvarado, quien continuó con el trabajo de preservación del bosque nativo que realizó su madre, María del Rosario López de Alvarado”.
Mónica Alvarado agradeció a los concejales por la iniciativa y sostuvo que “hacemos un trabajo con absoluta entrega y dedicación, un espacio de esperanza que ha sido visitado por más de 18 mil niños” y agregó que “necesitamos más naturaleza en Ushuaia donde expresar la cultura y el arte, por supuesto por eso les pido el acompañamiento de todos”.
Por su parte el profesor e historiador Roberto Santana dijo que “nunca pensé que el bosque se iba a convertir en un arte en medio de la ciudad y aprovecho esta oportunidad para hacerle saber a todos los vecinos que ese espacio es suyo y necesitamos cuidarlo entre todos”.
Jardín Botánico
A requerimiento del Ejecutivo Municipal, los concejales aprobaron por unanimidad ceder en uso y custodia un predio ubicado en el Valle de Andorra para la asociación civil Nuria Tierra del Fuego con el objetivo de crear en ese predio el primero Jardín Botánico de la ciudad.
El proyecto recuerda que la asociación cuida y protege ese espacio hace mucho tiempo, por lo que “el Municipio le cede en uso y custodia por el termino de 20 años, una fracción fiscal sin mensura, ubicada en la vertiente sudoccidental del Valle de Andorra”.
La asociación Nuria Tierra del Fuego deberá presentar el proyecto del Jardín Botánico en un plazo no mayor a 90 días a los fines de su evaluación y aprobación por parte de las áreas técnicas municipales.
El proyecto deberá, además, mantener la conservación, enriquecimiento y propagación de flora como una herramienta para concientización, educación y formación de la cultura.
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Ayer, en sesión ordinaria los ediles aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, el cual está ubicado en las calles 25 de Mayo y Magallanes. La reserva fue otorgada a la Fundación Cultivar
A través de un proyecto impulsado por el concejal Ricardo Garramuño (MPF), los concejales aprobaron establecer como reserva natural urbana el predio lindero al Bosque Nativo Yatana, con el objeto de proteger y mantener la diversidad biológica y otros valores naturales del área, garantizando el uso público controlado, la educación ambiental, el arte y las actividades culturales y turísticas en el sector.
El proyecto establece que el predio será dado en custodia a la Fundación Cultivar, “en reconocimiento al trabajo realizado por la profesora de pintura Mónica Alvarado, quien continuó con el trabajo de preservación del bosque nativo que realizó su madre, María del Rosario López de Alvarado”.
Mónica Alvarado agradeció a los concejales por la iniciativa y sostuvo que “hacemos un trabajo con absoluta entrega y dedicación, un espacio de esperanza que ha sido visitado por más de 18 mil niños” y agregó que “necesitamos más naturaleza en Ushuaia donde expresar la cultura y el arte, por supuesto por eso les pido el acompañamiento de todos”.
Por su parte el profesor e historiador Roberto Santana dijo que “nunca pensé que el bosque se iba a convertir en un arte en medio de la ciudad y aprovecho esta oportunidad para hacerle saber a todos los vecinos que ese espacio es suyo y necesitamos cuidarlo entre todos”.
Jardín Botánico
A requerimiento del Ejecutivo Municipal, los concejales aprobaron por unanimidad ceder en uso y custodia un predio ubicado en el Valle de Andorra para la asociación civil Nuria Tierra del Fuego con el objetivo de crear en ese predio el primero Jardín Botánico de la ciudad.
El proyecto recuerda que la asociación cuida y protege ese espacio hace mucho tiempo, por lo que “el Municipio le cede en uso y custodia por el termino de 20 años, una fracción fiscal sin mensura, ubicada en la vertiente sudoccidental del Valle de Andorra”.
La asociación Nuria Tierra del Fuego deberá presentar el proyecto del Jardín Botánico en un plazo no mayor a 90 días a los fines de su evaluación y aprobación por parte de las áreas técnicas municipales.
El proyecto deberá, además, mantener la conservación, enriquecimiento y propagación de flora como una herramienta para concientización, educación y formación de la cultura.
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Un ex directivo de mineras como jefe de la Policía Minera
Nuevo jefe de la Policía Minera, con un plan para tener datos rápidos y certeros de las minas
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Federico Vera Frassinelli, quien lleva una década trabajando en el ámbito de la minería, asumió este lunes.
En la mañana de este lunes, entró en funciones el nuevo jefe de la Policía Minera de la provincia, Federico Vera Franssinelli, quien aseguró que apuntará al trabajo coordinado de las secretarías y que se realizará “controles instantáneos” de la tarea de los emprendimientos de la provincia.
“Algo que es tendencia es que los distintos ámbitos del Gobierno funcionen como organismos estancos, hay poca interrelación entre las distintas áreas. Como vengo de la parte privada tengo muy fuertemente arraigado el trabajo en equipo y pretendo que todas las secretarías a mi cargo funcionen de ese modo”, comentó Franssinelli en cuanto al modo en que desarrollará su tarea.
Por otro lado, detalló que habrá cambios en los modos de control de las mineras con la utilización de un software que permitirá acceder a los datos de los emprendimientos de modo instantáneo.
“Este software de monitoreo fue propuesto por el ingeniero Machuca -ex jefe del área- con muy buen tino. A través de él se va a poder constatar casi online la información de las mineras en torno a su funcionamiento”, sostuvo el nuevo Jefe.
Y agregó que “hoy en día, cada 6 meses los proyectos grandes presentan una declaración con referencias del impacto y hay que analizar los datos, que hasta no hace mucho tiempo lo presentaban en papel. Era una tarea compleja. Ahora, con este software, el control será casi instantáneo, vamos a solicitar la información en la misma base de datos del programa y se va a poder chequear que no se hayan salido de los límites de la línea base que debe ser respetada. De este modo, toda variación deberá ser explicada y penalizada”.
Franssinelli se ha desempeñado como como gerente de Operaciones y actualmente en Ingeniería por aproximadamente 10 años en el campo de la minería. He trabajado en empresas como SCR Sibelco, CEFAS SA, Caleras San Juan SA en el área de Minería.
En los últimos años trabajó como gerente de Procesos y Automatización en un Proyecto de Minería en Indonesia.
Es Ingeniero Electrónico recibido en la UNSJ y posee un MBA de la UCCuyo, una Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo en la UTN, es Green Belt Lean Six Sigma y está terminando un Master en Administración de Empresas de Minería.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Federico Vera Frassinelli, quien lleva una década trabajando en el ámbito de la minería, asumió este lunes.
En la mañana de este lunes, entró en funciones el nuevo jefe de la Policía Minera de la provincia, Federico Vera Franssinelli, quien aseguró que apuntará al trabajo coordinado de las secretarías y que se realizará “controles instantáneos” de la tarea de los emprendimientos de la provincia.
“Algo que es tendencia es que los distintos ámbitos del Gobierno funcionen como organismos estancos, hay poca interrelación entre las distintas áreas. Como vengo de la parte privada tengo muy fuertemente arraigado el trabajo en equipo y pretendo que todas las secretarías a mi cargo funcionen de ese modo”, comentó Franssinelli en cuanto al modo en que desarrollará su tarea.
Por otro lado, detalló que habrá cambios en los modos de control de las mineras con la utilización de un software que permitirá acceder a los datos de los emprendimientos de modo instantáneo.
“Este software de monitoreo fue propuesto por el ingeniero Machuca -ex jefe del área- con muy buen tino. A través de él se va a poder constatar casi online la información de las mineras en torno a su funcionamiento”, sostuvo el nuevo Jefe.
Y agregó que “hoy en día, cada 6 meses los proyectos grandes presentan una declaración con referencias del impacto y hay que analizar los datos, que hasta no hace mucho tiempo lo presentaban en papel. Era una tarea compleja. Ahora, con este software, el control será casi instantáneo, vamos a solicitar la información en la misma base de datos del programa y se va a poder chequear que no se hayan salido de los límites de la línea base que debe ser respetada. De este modo, toda variación deberá ser explicada y penalizada”.
Franssinelli se ha desempeñado como como gerente de Operaciones y actualmente en Ingeniería por aproximadamente 10 años en el campo de la minería. He trabajado en empresas como SCR Sibelco, CEFAS SA, Caleras San Juan SA en el área de Minería.
En los últimos años trabajó como gerente de Procesos y Automatización en un Proyecto de Minería en Indonesia.
Es Ingeniero Electrónico recibido en la UNSJ y posee un MBA de la UCCuyo, una Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo en la UTN, es Green Belt Lean Six Sigma y está terminando un Master en Administración de Empresas de Minería.
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Chaco sufre la falta de agua
Captura de agua de lluvia apacigua lucha diaria en Chaco argentino
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Chaco
“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.
Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.
Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.
Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.
Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.
En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.
“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.
Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.
El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.
El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.
Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.
“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.
El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.
“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.
Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.
Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.
“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.
En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.
En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.
En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.
A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.
Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.
“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.
En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.
Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.
Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.
“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.
“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Chaco
“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.
Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.
Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.
Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.
Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.
En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.
“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.
Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.
El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.
El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.
Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.
“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.
El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.
“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.
Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.
Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.
“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.
En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.
En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.
En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.
A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.
Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.
“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.
En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.
Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.
Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.
“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.
“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.
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Ambiente y el INTI trabajan en el metano de rellenos
Ambiente y el INTI evaluarán el potencial de captura y aprovechamiento energético del metano en rellenos sanitarios
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Thierry Decoud, firmó junto al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, un convenio para la realización del estudio de evaluación del potencial de captura y aprovechamiento energético del metano que se genera en 13 rellenos sanitarios de Argentina. También comprenderá la evaluación de su efecto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en dichos sitios.
Los rellenos sanitarios a analizar corresponden a ciudades o consorcios de municipios de más de 200 mil habitantes que prestan el servicio de disposición final adecuada de residuos. El convenio, impulsado desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, tiene un tiempo previsto de finalización de nueve meses, en los que el equipo del INTI realizará un trabajo de campo en diferentes localidades del país.
Este estudio es un hito en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal en materia de aprovechamiento del metano de rellenos sanitarios. A partir de la labor técnica y profesional que desarrollará el INTI en cada jurisdicción, las provincias y municipios podrán conocer y explorar las posibilidades del tratamiento adecuado del biogás que se genera en los rellenos sanitarios, de manera de aprovechar la energía generada, reducir las emisiones y disminuir su impacto en el calentamiento global, en sintonía con el compromiso asumido por Argentina en el Acuerdo de París.
El convenio se enmarca en el proyecto PROBiogás (GEF ARG/16/G23), “Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos”. Es ejecutado a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). El estudio permitirá además que nuevos proyectos se presenten al programa de promoción de las energías renovables, RenovAR.
Algunas actividades a realizar
- Estimar la disponibilidad de metano generado con potencial de aprovechamiento para la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios.
- Elaborar una prefactibilidad económica-financiera de los sistemas requeridos para la extracción de biogás y generación de energía eléctrica.
- Especificar las necesidades y requerimientos técnicos de conexión a la red eléctrica en cada sitio.
- Estimar las emisiones actuales de gases de efecto invernadero de los rellenos seleccionados y la potencialidad de mitigación al cambio climático que permita actualizar la información del sector residuos.
- Analizar el marco normativo-regulatorio de cada jurisdicción asociado a este aprovechamiento.
- Elaborar una propuesta de hoja de ruta para entes gubernamentales que detalle la secuencia de pasos a seguir para la explotación sustentable del biogás generado en rellenos sanitarios.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Thierry Decoud, firmó junto al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, un convenio para la realización del estudio de evaluación del potencial de captura y aprovechamiento energético del metano que se genera en 13 rellenos sanitarios de Argentina. También comprenderá la evaluación de su efecto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en dichos sitios.
Los rellenos sanitarios a analizar corresponden a ciudades o consorcios de municipios de más de 200 mil habitantes que prestan el servicio de disposición final adecuada de residuos. El convenio, impulsado desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, tiene un tiempo previsto de finalización de nueve meses, en los que el equipo del INTI realizará un trabajo de campo en diferentes localidades del país.
Este estudio es un hito en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal en materia de aprovechamiento del metano de rellenos sanitarios. A partir de la labor técnica y profesional que desarrollará el INTI en cada jurisdicción, las provincias y municipios podrán conocer y explorar las posibilidades del tratamiento adecuado del biogás que se genera en los rellenos sanitarios, de manera de aprovechar la energía generada, reducir las emisiones y disminuir su impacto en el calentamiento global, en sintonía con el compromiso asumido por Argentina en el Acuerdo de París.
El convenio se enmarca en el proyecto PROBiogás (GEF ARG/16/G23), “Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos”. Es ejecutado a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). El estudio permitirá además que nuevos proyectos se presenten al programa de promoción de las energías renovables, RenovAR.
Algunas actividades a realizar
- Estimar la disponibilidad de metano generado con potencial de aprovechamiento para la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios.
- Elaborar una prefactibilidad económica-financiera de los sistemas requeridos para la extracción de biogás y generación de energía eléctrica.
- Especificar las necesidades y requerimientos técnicos de conexión a la red eléctrica en cada sitio.
- Estimar las emisiones actuales de gases de efecto invernadero de los rellenos seleccionados y la potencialidad de mitigación al cambio climático que permita actualizar la información del sector residuos.
- Analizar el marco normativo-regulatorio de cada jurisdicción asociado a este aprovechamiento.
- Elaborar una propuesta de hoja de ruta para entes gubernamentales que detalle la secuencia de pasos a seguir para la explotación sustentable del biogás generado en rellenos sanitarios.
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