Sancionan minera que realizó trabajos ilegales en Cafayate
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Suspenden y multan a la minera que realizó exploraciones ilegales en Cafayate
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Un nuevo "no acuerdo" por el Río Atuel
Restitución del Río Atuel: La Pampa rechazó la propuesta de Nación
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Explotaciones “off shore” con resistencias
Odarda quiere evitar la actividad petrolera en el mar argentino
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Nacional
Reclamó contra el decreto que permite la exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima argentina.
El Gobierno Nacional decretó que habilita el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos “costa afuera”, denominados “off shore”, lo que significa impulsar la actividad petrolera en la plataforma marítima Argentina. La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, se manifestó en contra por el peligro para la biodiversidad marina de todo el país.
El decreto 872/18 firmado el 1° de octubre, instruye a la Secretaria de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito “costa Afuera” nacional, conforme el régimen de la ley 17.319 y sus modificatorias.
La Senadora rionegrina expresó que este decreto significa “poner en grave peligro la plataforma marina y con ello, nuestras costas, la biodiversidad, la pesca, el desarrollo del turismo. El mar no sabe de límites para explotar o no. Una actividad de alto riesgo ambiental como la hidrocarburífera en el mar, podría afectar irremediablemente las costas”.
Es importante destacar que en nuestro país existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, constituidas con un espíritu conservacionista. La presión de este tipo de actividad de alto riesgo afectaría irreversiblemente la biodiversidad marina en su conjunto, con consecuencias en la costa atlántica.
Odarda es autora del proyecto S 174/18, presentado inicialmente en 2016, que modifica la ley de hidrocarburos 17.319, suprimiendo las actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales y la explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera). De esta forma, dos actividades de gran impacto ambiental, muy resistidas por la población y las organizaciones sociales aquí y en el resto del mundo, quedarían fuera de operación.
Según exponen los especialistas, estas técnicas de explotación generan igual resistencia social. Pescadores artesanales de Santa Cruz, alertados por la posible explotación en el Golfo San Jorge en 2009, denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido las centollas y merluzas del caladero. En 2014 los pescadores se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Nacional
Reclamó contra el decreto que permite la exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima argentina.
El Gobierno Nacional decretó que habilita el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos “costa afuera”, denominados “off shore”, lo que significa impulsar la actividad petrolera en la plataforma marítima Argentina. La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, se manifestó en contra por el peligro para la biodiversidad marina de todo el país.
El decreto 872/18 firmado el 1° de octubre, instruye a la Secretaria de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito “costa Afuera” nacional, conforme el régimen de la ley 17.319 y sus modificatorias.
La Senadora rionegrina expresó que este decreto significa “poner en grave peligro la plataforma marina y con ello, nuestras costas, la biodiversidad, la pesca, el desarrollo del turismo. El mar no sabe de límites para explotar o no. Una actividad de alto riesgo ambiental como la hidrocarburífera en el mar, podría afectar irremediablemente las costas”.
Es importante destacar que en nuestro país existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, constituidas con un espíritu conservacionista. La presión de este tipo de actividad de alto riesgo afectaría irreversiblemente la biodiversidad marina en su conjunto, con consecuencias en la costa atlántica.
Odarda es autora del proyecto S 174/18, presentado inicialmente en 2016, que modifica la ley de hidrocarburos 17.319, suprimiendo las actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales y la explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera). De esta forma, dos actividades de gran impacto ambiental, muy resistidas por la población y las organizaciones sociales aquí y en el resto del mundo, quedarían fuera de operación.
Según exponen los especialistas, estas técnicas de explotación generan igual resistencia social. Pescadores artesanales de Santa Cruz, alertados por la posible explotación en el Golfo San Jorge en 2009, denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido las centollas y merluzas del caladero. En 2014 los pescadores se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense.
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La Cueva de las Manos nuevamente en manos del Estado
Una fundación dona 600 hectáreas para el parque Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Arcor acusado de contaminar la cuenca del río Salí-Dulce
Arcor en la mira de la justicia federal por contaminar Tucumán: indagarán a los directivos del ingenio La Providencia
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Las cloacas de Usuahia al Mar Argentino
Toneladas y toneladas de cloacas van a parar al Mar Argentino en Usuahia
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Dos organismos públicos de Tierra del Fuego denunciaron que Río Grande, la ciudad marítima más austral del país, cumplió diez años consecutivos de contaminación por efluentes cloacales que se vuelcan crudos sobre la costa, y que la situación ya se traduce en un "grave problema ambiental" y en un "riesgo sanitario latente".
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia inició un sumario contra el municipio riograndense por violación a la ley provincial de medio ambiente, con el objetivo de que las autoridades locales encaren un plan de obras y de remediación.
Por su parte, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) reveló que según un estudio efectuado por profesionales del propio organismo, el Mar Argentino presenta en la zona niveles de contaminación cloacal "de hasta 450 veces los límites permitidos".
El relevamiento del litoral marítimo verificó la rotura del principal dispersor con que los efluentes son enviados a mar abierto.
También se encontró "otro lugar de volcamiento de desechos crudos (sin ningún tipo de tratamiento), formado por dos acequias y un grupo de caños enterrados (") lo que representa una doble amenaza porque además se encuentra próximo a una plazoleta con juegos para niños", asevera el informe.
"La ciudad tiene dos grandes receptores de efluentes. Por un lado las aguas del río que atraviesa el ejido urbano. Y por el otro el Mar Argentino. Allí hay un emisario submarino roto, y los relevamientos fotográficos y fílmicos muestran más casos de volcamientos crudos a lo largo de la costa", explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.
El funcionario confirmó que tanto ese organismo como la Secretaría de Ambiente provincial realizaron estudios de laboratorio sobre muestras de agua y los resultados fueron coincidentes: "existe una alta concentración de coliformes fecales, que van de 500 mil a 9 millones de unidades, cuando el máximo permitido es de 5 mil en agua dulce y de 20 mil en agua salada", precisó Worman.
De acuerdo al titular de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego, la situación no es nueva: en 2008, la Asociación de Usuarios y Consumidores realizó una acción judicial y al año siguiente, la jueza Silvia Herráez condenó al municipio y al gobierno a remediar la situación luego de verificar "preocupantes signos de contaminación".
"Quiere decir que el problema lleva, por lo menos diez años consecutivos. Y que junto con la variable ambiental, aparece el riesgo sanitario. Los coliformes en el agua se asocian con la presencia de enfermedades infecciosas urinarias y grastrointestinales, más peligrosas todavía si quienes las padecen son niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, se reunió con concejales de Río Grande para ponerlos al tanto de la situación, mientras aguarda el descargo de las autoridades municipales en el marco del sumario iniciado por el organismo.
"Todos los funcionarios saben en qué lugares se efectúan estas descargas y desde qué momento. Analizamos posibles soluciones pero no se puede desconocer la gravedad de la situación", consideró Pérez Toscani en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, la secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Gabriela Castillo, dijo que el municipio "prepara un descargo" en el marco del sumario administrativo.
No obstante, la funcionaria reiteró ante la prensa local que "están tranquilos respecto de cómo el municipio lleva adelante el tratamiento de los efluentes".
"Se ha puesto bajo sospecha el sistema de manera maliciosa. Se intenta alertar a la población con publicaciones que no tienen asidero. Esto no solo tiene que ver con los desagües, sino con un sistema que implica cañerías, redes, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento", se defendió Castillo.
Para el presidente de Obras Sanitarias, la "única solución" es "poner en marcha un plan de obras que progresivamente vaya bajando los niveles de contaminación. Eso se puede hacer de manera autónoma o con apoyo de la Provincia y la Nación. Así lo hicimos en Ushuaia, por ejemplo, donde había una situación similar años atrás. Lo que no se puede es seguir contaminando", concluyó Worman.
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Dos organismos públicos de Tierra del Fuego denunciaron que Río Grande, la ciudad marítima más austral del país, cumplió diez años consecutivos de contaminación por efluentes cloacales que se vuelcan crudos sobre la costa, y que la situación ya se traduce en un "grave problema ambiental" y en un "riesgo sanitario latente".
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia inició un sumario contra el municipio riograndense por violación a la ley provincial de medio ambiente, con el objetivo de que las autoridades locales encaren un plan de obras y de remediación.
Por su parte, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) reveló que según un estudio efectuado por profesionales del propio organismo, el Mar Argentino presenta en la zona niveles de contaminación cloacal "de hasta 450 veces los límites permitidos".
El relevamiento del litoral marítimo verificó la rotura del principal dispersor con que los efluentes son enviados a mar abierto.
También se encontró "otro lugar de volcamiento de desechos crudos (sin ningún tipo de tratamiento), formado por dos acequias y un grupo de caños enterrados (") lo que representa una doble amenaza porque además se encuentra próximo a una plazoleta con juegos para niños", asevera el informe.
"La ciudad tiene dos grandes receptores de efluentes. Por un lado las aguas del río que atraviesa el ejido urbano. Y por el otro el Mar Argentino. Allí hay un emisario submarino roto, y los relevamientos fotográficos y fílmicos muestran más casos de volcamientos crudos a lo largo de la costa", explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.
El funcionario confirmó que tanto ese organismo como la Secretaría de Ambiente provincial realizaron estudios de laboratorio sobre muestras de agua y los resultados fueron coincidentes: "existe una alta concentración de coliformes fecales, que van de 500 mil a 9 millones de unidades, cuando el máximo permitido es de 5 mil en agua dulce y de 20 mil en agua salada", precisó Worman.
De acuerdo al titular de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego, la situación no es nueva: en 2008, la Asociación de Usuarios y Consumidores realizó una acción judicial y al año siguiente, la jueza Silvia Herráez condenó al municipio y al gobierno a remediar la situación luego de verificar "preocupantes signos de contaminación".
"Quiere decir que el problema lleva, por lo menos diez años consecutivos. Y que junto con la variable ambiental, aparece el riesgo sanitario. Los coliformes en el agua se asocian con la presencia de enfermedades infecciosas urinarias y grastrointestinales, más peligrosas todavía si quienes las padecen son niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, se reunió con concejales de Río Grande para ponerlos al tanto de la situación, mientras aguarda el descargo de las autoridades municipales en el marco del sumario iniciado por el organismo.
"Todos los funcionarios saben en qué lugares se efectúan estas descargas y desde qué momento. Analizamos posibles soluciones pero no se puede desconocer la gravedad de la situación", consideró Pérez Toscani en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, la secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Gabriela Castillo, dijo que el municipio "prepara un descargo" en el marco del sumario administrativo.
No obstante, la funcionaria reiteró ante la prensa local que "están tranquilos respecto de cómo el municipio lleva adelante el tratamiento de los efluentes".
"Se ha puesto bajo sospecha el sistema de manera maliciosa. Se intenta alertar a la población con publicaciones que no tienen asidero. Esto no solo tiene que ver con los desagües, sino con un sistema que implica cañerías, redes, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento", se defendió Castillo.
Para el presidente de Obras Sanitarias, la "única solución" es "poner en marcha un plan de obras que progresivamente vaya bajando los niveles de contaminación. Eso se puede hacer de manera autónoma o con apoyo de la Provincia y la Nación. Así lo hicimos en Ushuaia, por ejemplo, donde había una situación similar años atrás. Lo que no se puede es seguir contaminando", concluyó Worman.
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Programa “La Escuela se planta ante el cambio climático”
Destinarán más de un millón de pesos en restauración y conservación de áreas naturales con el programa “La Escuela se planta ante el cambio climático”
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Lo anunció el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz quien junto a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, presentó el programa destinado a escuelas de municipios de Profundidad, San Pedro, Fachinal, Pozo Azul y San Vicente entre otros. El mismo consiste en la creación y puesta a punto de viveros con plantas nativas para conservar áreas naturales y que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente. La inversión ronda el millón 200 mil pesos.
Ayer en el Ministerio de Educación se presentó formalmente el programa “La escuela se planta frente al cambio climático”. Se trata de una tarea en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del interior de Misiones. Es un trabajo que pretende desarrollar tareas que apunten a la sustentabilidad además del conocimiento que puedan adquirir los chicos.
Es un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ecología de la Provincia, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación a nivel nacional
Los ministros provinciales de Educación, Ivonne Aquino, y de Ecología, Juan Manuel Díaz, fueron los encargados de dar a conocer el plan de acción que en principio, consiste en la ejecución de viveros con plantas nativas en escuelas y áreas protegidas de la provincia.
Díaz anunció que en una primera etapa serán ocho los viveros financiados por el programa.
Estarán ubicados en la EFA 4064 de Fachinal, CEP 37 de Colonia Tobuna, Escuela provincial 586 de San Vicente y CEP 40 de Pozo Azul. Así también, en las áreas protegidas Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, Parque Cañadón de Profundidad, reserva de usos múltiples Cabureí, de Andresito, y parque Teyú Cuaré, de San Ignacio.
En el caso de los viveros ubicados en las áreas, también contarán con intervención de escuelas del municipio en cuestión.
Por su parte, la ministra de Educación dijo que es algo que se venía trabajando y que se presentó el año pasado para fortalecer líneas de trabajo con la actividad de viveros.
El ministro de Ecología explicó que entre los objetivos del programa se busca profundizar la formación de niños y docentes en contenidos vinculados al cambio climático y el desarrollo. El monto de financiación para los viveros es de 1.200.000 pesos, aproximadamente.
“En una primera instancia se generarán plantines de la especies nativas de cada zona, para luego utilizarlos en la restauración de las áreas protegidas”, detalló el titular de la cartera ecológica.
De la presentación participaron autoridades de las entidades educativas que van a participar del programa. Técnicos del Ministerio de Ecología harán el seguimiento de los proyectos y acompañarán en el desarrollo del trabajo de los chicos y sus docentes.
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Lo anunció el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz quien junto a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, presentó el programa destinado a escuelas de municipios de Profundidad, San Pedro, Fachinal, Pozo Azul y San Vicente entre otros. El mismo consiste en la creación y puesta a punto de viveros con plantas nativas para conservar áreas naturales y que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente. La inversión ronda el millón 200 mil pesos.
Ayer en el Ministerio de Educación se presentó formalmente el programa “La escuela se planta frente al cambio climático”. Se trata de una tarea en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del interior de Misiones. Es un trabajo que pretende desarrollar tareas que apunten a la sustentabilidad además del conocimiento que puedan adquirir los chicos.
Es un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ecología de la Provincia, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación a nivel nacional
Los ministros provinciales de Educación, Ivonne Aquino, y de Ecología, Juan Manuel Díaz, fueron los encargados de dar a conocer el plan de acción que en principio, consiste en la ejecución de viveros con plantas nativas en escuelas y áreas protegidas de la provincia.
Díaz anunció que en una primera etapa serán ocho los viveros financiados por el programa.
Estarán ubicados en la EFA 4064 de Fachinal, CEP 37 de Colonia Tobuna, Escuela provincial 586 de San Vicente y CEP 40 de Pozo Azul. Así también, en las áreas protegidas Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, Parque Cañadón de Profundidad, reserva de usos múltiples Cabureí, de Andresito, y parque Teyú Cuaré, de San Ignacio.
En el caso de los viveros ubicados en las áreas, también contarán con intervención de escuelas del municipio en cuestión.
Por su parte, la ministra de Educación dijo que es algo que se venía trabajando y que se presentó el año pasado para fortalecer líneas de trabajo con la actividad de viveros.
El ministro de Ecología explicó que entre los objetivos del programa se busca profundizar la formación de niños y docentes en contenidos vinculados al cambio climático y el desarrollo. El monto de financiación para los viveros es de 1.200.000 pesos, aproximadamente.
“En una primera instancia se generarán plantines de la especies nativas de cada zona, para luego utilizarlos en la restauración de las áreas protegidas”, detalló el titular de la cartera ecológica.
De la presentación participaron autoridades de las entidades educativas que van a participar del programa. Técnicos del Ministerio de Ecología harán el seguimiento de los proyectos y acompañarán en el desarrollo del trabajo de los chicos y sus docentes.
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Crean Sindicato de "Trabajadores Protectores Ambientales"
Se creó el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional autorizó este jueves la creación del Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales, que agrupará a aquellos que "prestan servicios en relación de dependencia en empleos verdes, en el ámbito estatal y privado".
La zona de actuación de la organización gremial abarca la ciudad de Córdoba; Capital Federal, y las ciudades misioneras de Cerro Azul, Campo Grande y San Ignacio.
A través de la Resolución 41/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo y Empleo ordenó que la flamante organización gremial sea inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una "asociación gremial de primer grado".
De acuerdo al texto de la medida, el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales también podrá agrupar "a los trabajadores jubilados que hubieren obtenido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación".
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional autorizó este jueves la creación del Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales, que agrupará a aquellos que "prestan servicios en relación de dependencia en empleos verdes, en el ámbito estatal y privado".
La zona de actuación de la organización gremial abarca la ciudad de Córdoba; Capital Federal, y las ciudades misioneras de Cerro Azul, Campo Grande y San Ignacio.
A través de la Resolución 41/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo y Empleo ordenó que la flamante organización gremial sea inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una "asociación gremial de primer grado".
De acuerdo al texto de la medida, el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales también podrá agrupar "a los trabajadores jubilados que hubieren obtenido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación".
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Es una realidad el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
Un nuevo Parque Nacional a una paso de la ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
El Senado de la Nación acaba de aprobar la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que abarca más de 5 mil hectáreas de las reservas naturales Otamendi y Río Luján, en el partido de Campana.
Más de 5 mil hectáreas de tierras vírgenes de la provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 67,5 de la ruta 9 Panamericana -donde conviven 309 especies de aves y 49 variedades de mamíferos-, pasaron a integrar el sistema nacional de áreas protegidas. La Cámara de Senadores sancionó la ley de creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en un área del partido de Campana que abarca la Reserva Natural Otamendi y el sector de Delta e islas del Paraná donde se extiende la Reserva Natural Río Luján.
Inaugurada en 1990 a orillas del río Paraná de las Palmas, la Reserva Otamendi protege un vasto humedal que abarca pastizales característicos de la pampa ondulada, selva ribereña, áreas inundables al pie de una barranca natural, talares, canales, bañados y las lagunas Grande y Del Pescado.
Los bajos inundables de este valioso ecosistema son frecuentados por la mayor parte de las especies de fauna en peligro de extinción de la zona, como el ciervo de los pantanos, un herbívoro que se alimenta con pastos de ambientes acuáticos. Se lo suele ver por las noches, cuando asoma desde el pastizal en procura de alimento.
La acelerada reducción de la población de ciervo de los pantanos en los últimos años (quedan alrededor de 800 ejemplares) se debe a la acción devastadora de los cazadores furtivos, sumada a los accidentes vehiculares, obras hidráulicas, la descontrolada contaminación del río por residuos sólidos y efluentes líquidos de origen industrial y agrícola, nuevas construcciones, desnutrición y el hurto de animales para transformarlos en mascotas.
La Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi fue declarada “Sitio Ramsar” en 2008, además de haber sido designada “Área Importante para la Conservación de las Aves”.
A su vez, la Reserva Natural Río Luján, creada en 1994, ofrece un reparador paisaje dominado por palmeras pindó, donde también se pueden apreciar ejemplares de ciervo de los pantanos.
Los distintos ecosistemas de Otamendi brindan un paseo por los senderos Recuperando lo Nuestro (conduce hasta un vivero de especies nativas), Historias del Pastizal, Guardianes de la Barranca y Laguna Grande. A lo largo de esas relajadas caminatas, el cambiante marco natural alterna sauces criollos, alisos de río, ceibos, curupíes, palmeras, juncos, ombúes, cortaderas y totoras.
El paso de los visitantes puede ser interrumpido por la súbita aparición de un ciervo, algún gato montés, una pava de monte, una comadreja o un inquietante murciélago orejas de ratón.
El proyecto para la creación del nuevo Parque Nacional surgió después de la promulgación de la Ley 15006 en diciembre de 2017 por parte de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que determina la cesión de tierras fiscales a la Nación.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
El Senado de la Nación acaba de aprobar la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que abarca más de 5 mil hectáreas de las reservas naturales Otamendi y Río Luján, en el partido de Campana.
Más de 5 mil hectáreas de tierras vírgenes de la provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 67,5 de la ruta 9 Panamericana -donde conviven 309 especies de aves y 49 variedades de mamíferos-, pasaron a integrar el sistema nacional de áreas protegidas. La Cámara de Senadores sancionó la ley de creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en un área del partido de Campana que abarca la Reserva Natural Otamendi y el sector de Delta e islas del Paraná donde se extiende la Reserva Natural Río Luján.
Inaugurada en 1990 a orillas del río Paraná de las Palmas, la Reserva Otamendi protege un vasto humedal que abarca pastizales característicos de la pampa ondulada, selva ribereña, áreas inundables al pie de una barranca natural, talares, canales, bañados y las lagunas Grande y Del Pescado.
Los bajos inundables de este valioso ecosistema son frecuentados por la mayor parte de las especies de fauna en peligro de extinción de la zona, como el ciervo de los pantanos, un herbívoro que se alimenta con pastos de ambientes acuáticos. Se lo suele ver por las noches, cuando asoma desde el pastizal en procura de alimento.
La acelerada reducción de la población de ciervo de los pantanos en los últimos años (quedan alrededor de 800 ejemplares) se debe a la acción devastadora de los cazadores furtivos, sumada a los accidentes vehiculares, obras hidráulicas, la descontrolada contaminación del río por residuos sólidos y efluentes líquidos de origen industrial y agrícola, nuevas construcciones, desnutrición y el hurto de animales para transformarlos en mascotas.
La Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi fue declarada “Sitio Ramsar” en 2008, además de haber sido designada “Área Importante para la Conservación de las Aves”.
A su vez, la Reserva Natural Río Luján, creada en 1994, ofrece un reparador paisaje dominado por palmeras pindó, donde también se pueden apreciar ejemplares de ciervo de los pantanos.
Los distintos ecosistemas de Otamendi brindan un paseo por los senderos Recuperando lo Nuestro (conduce hasta un vivero de especies nativas), Historias del Pastizal, Guardianes de la Barranca y Laguna Grande. A lo largo de esas relajadas caminatas, el cambiante marco natural alterna sauces criollos, alisos de río, ceibos, curupíes, palmeras, juncos, ombúes, cortaderas y totoras.
El paso de los visitantes puede ser interrumpido por la súbita aparición de un ciervo, algún gato montés, una pava de monte, una comadreja o un inquietante murciélago orejas de ratón.
El proyecto para la creación del nuevo Parque Nacional surgió después de la promulgación de la Ley 15006 en diciembre de 2017 por parte de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que determina la cesión de tierras fiscales a la Nación.
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Minería en Mendoza, Cornejo dice que no tienen posicion
Cornejo se refirió a los proyectos para modificar la ley de minería: “No tenemos posición tomada”
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Conflicto por el Atuel: Nación propuso solución
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Senasa prohibió cinco agroquímicos
Prohíben la fabricación y venta de cinco plaguicidas riesgosos para la salud
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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Escuelas de la Puna jujeña suman equipos fotovoltaicos
Más de 30 escuelas de la Puna contarán con iluminación fotovoltaica
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: Jujuy Online
Provincia/Región: Jujuy
La iniciativa incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
El secretario de Energía, Mario Pizarro, junto al coordinador general de Argentina del PERMER, Marc Benhamou y el director de Energías Renovables, Marcelo Nieder, presentaron el Plan de repotenciación de 33 escuelas con la instalación de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) para la obtención de energía renovable y redes hibridas para las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, incluidos en el programa “Pueblos Solares”.
En ese sentido, Pizarro indicó que junto al PERMER viene trabajando a través de la Dirección de Energías Renovables y Eficiencia Energética, en distintos proyectos que tienen que ver con los denominados “Pueblos Solares” y la repotenciación del sistema de energía fotovoltaica en escuelas en nuestra provincia.
Indicó que ellos son los responsables de que nosotros podamos llevar adelante estos desafíos que venimos anunciando desde el inicio de nuestra gestión en materia de energías renovables para luchar contra el efecto invernadero y el cambio climático y a la vez, otorgar calidad de vida y mejores servicios a toda la población.
Se trata, dijo, de proyectos que ya tienen licitación y adjudicación, cumpliendo actualmente el período de espera para la firma del contrato que permitirá llevar adelante obras en Cátua, San Juan de Quillaque y El Toro.
Asimismo, está próximo a la firma de contrato, el proyecto para la repotenciación de 33 escuelas con un monto aproximado a 2.300.000,oo dólares con financiamiento del Banco Mundial.
Por su parte, Marc Benhamou, integrante del PERMER detalló que “el proyecto está costeado un 80% por el Banco Mundial y un 20% por el Ministerio de Educación de la Nación. Comprende la instalación de sistemas fotovoltaicos en 33 escuelas jujeñas, en donde algunos cuentan con un alcance limitado en términos de prestaciones y otros no tienen aún. Estos sistemas van a dar energía suficiente para abastecer todas las actividades que las instituciones brindan, sobre todo en los que cumple funciones de albergue”.
Puntualizó que se encuentran en la etapa previa a la firma de los contratos, ya está adjudicado a una empresa que traerá los equipos e instalarlos “llave en mano” en las escuelas, y esperamos poder iniciar los trabajos en el primer trimestre del año 2019.
En cuanto a el proyecto “Pueblos Solares”, indicó, PERMER trabaja con la provincia en las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, iniciativa que incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
Explicó que hoy esas comunas cuentas con equipo con generación diésel o domiciliarias que cubren unas pocas horas días.
Finalmente, señaló “estamos terminando el diseño de los proyectos, consensuando con la Provincia, EJESA y en Ente Regulador para buscar la mejor solución adaptada al contexto y responda a la demanda tanto de los hogares, edificios públicos, como al potencial productivo de esas comunidades”, concluyó.
Por último, Marcelo Nieder, amplió datos en el tema y explicó que “los equipo viejos que obtengamos de estas repotenciaciones serán donados a los Centros de asistencia comunitarios. Desde la dirección ya veníamos trabajando en escuelas con la provisión de calefones, cocinas y paneles solares, pero desde otros programas. Esta vez será de mayor impacto”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: Jujuy Online
Provincia/Región: Jujuy
La iniciativa incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
El secretario de Energía, Mario Pizarro, junto al coordinador general de Argentina del PERMER, Marc Benhamou y el director de Energías Renovables, Marcelo Nieder, presentaron el Plan de repotenciación de 33 escuelas con la instalación de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) para la obtención de energía renovable y redes hibridas para las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, incluidos en el programa “Pueblos Solares”.
En ese sentido, Pizarro indicó que junto al PERMER viene trabajando a través de la Dirección de Energías Renovables y Eficiencia Energética, en distintos proyectos que tienen que ver con los denominados “Pueblos Solares” y la repotenciación del sistema de energía fotovoltaica en escuelas en nuestra provincia.
Indicó que ellos son los responsables de que nosotros podamos llevar adelante estos desafíos que venimos anunciando desde el inicio de nuestra gestión en materia de energías renovables para luchar contra el efecto invernadero y el cambio climático y a la vez, otorgar calidad de vida y mejores servicios a toda la población.
Se trata, dijo, de proyectos que ya tienen licitación y adjudicación, cumpliendo actualmente el período de espera para la firma del contrato que permitirá llevar adelante obras en Cátua, San Juan de Quillaque y El Toro.
Asimismo, está próximo a la firma de contrato, el proyecto para la repotenciación de 33 escuelas con un monto aproximado a 2.300.000,oo dólares con financiamiento del Banco Mundial.
Por su parte, Marc Benhamou, integrante del PERMER detalló que “el proyecto está costeado un 80% por el Banco Mundial y un 20% por el Ministerio de Educación de la Nación. Comprende la instalación de sistemas fotovoltaicos en 33 escuelas jujeñas, en donde algunos cuentan con un alcance limitado en términos de prestaciones y otros no tienen aún. Estos sistemas van a dar energía suficiente para abastecer todas las actividades que las instituciones brindan, sobre todo en los que cumple funciones de albergue”.
Puntualizó que se encuentran en la etapa previa a la firma de los contratos, ya está adjudicado a una empresa que traerá los equipos e instalarlos “llave en mano” en las escuelas, y esperamos poder iniciar los trabajos en el primer trimestre del año 2019.
En cuanto a el proyecto “Pueblos Solares”, indicó, PERMER trabaja con la provincia en las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, iniciativa que incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
Explicó que hoy esas comunas cuentas con equipo con generación diésel o domiciliarias que cubren unas pocas horas días.
Finalmente, señaló “estamos terminando el diseño de los proyectos, consensuando con la Provincia, EJESA y en Ente Regulador para buscar la mejor solución adaptada al contexto y responda a la demanda tanto de los hogares, edificios públicos, como al potencial productivo de esas comunidades”, concluyó.
Por último, Marcelo Nieder, amplió datos en el tema y explicó que “los equipo viejos que obtengamos de estas repotenciaciones serán donados a los Centros de asistencia comunitarios. Desde la dirección ya veníamos trabajando en escuelas con la provisión de calefones, cocinas y paneles solares, pero desde otros programas. Esta vez será de mayor impacto”.
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Denuncian desmonte en emblemático cerro tucumano
Denuncian el desmonte de una hectárea de bosque nativo en el cerro San Javier
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Integrantes de la organización "No destruyan mi Cerro" registraron cómo quedó el lugar luego de que sacaran ejemplares de árboles autóctonos para extender fincas de limones.
"Me largué a llorar por ver tanto daño", confiesa Estela Figueroa, integrante de la organización "No Destruyan Mi Cerro", en diálogo con eltucumano.com. Esa sensación de angustia le causó ver alrededor de una hectárea completamente desmontada en la margen noroeste del río Anta Yacu para extender fincas de limones y aumentar la productividad.
Si bien los cálculos no son exactos, Estela estima que alrededor de una hectárea -que previamente contaba con árboles autóctonos como tipas y lapachos-, fue arrasada por los dueños de una finca aledaña.
"Siempre me voy a correr por el cerro y hace tiempo que no pasaba por ese lugar. Cuando he visto todo lo han hecho me he puesto a pensar cómo hago para llegar al dueño de la finca, no tengo idea de quiénes son", relata.
La organización "No destruyan mi Cerro" fue creada en el año 2011 justamente para evitar el avance del desmonte, no sólo en el pedemonte, sino también sobre las márgenes del río. "Es un peligro, porque cuando llueva y ese río traiga agua se va a inundar todo", agrega.
Según el relato de Estela, "el daño es muy grande" y han utilizado hasta el último centímetro del margen del río para establecer cultivos. "Si mal no recuerdo, por ley debe haber una distancia entre la margen del rio y la siembra", puntualiza. "Todo lo que han arrasado del monte, está puesto contra el barranco. Si vas por el río, ves la montaña de troncos y madera tirada que eran árboles con raíces. Cuando llueva, yo no sé que va a pasar. Por lógica, lo que han hecho está mal", concluyó.
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