Barrick paraliza Pascua Lama
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Barrick frena por completo Pascua Lama
Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
La minera analizaba seguir con el proyecto de manera subterránea, pero finalmente lo congeló "por un tema netamente económico", dijo. Sin embargo fuentes del sector aseguran que la Ley de Glaciares fue un factor decisivo.
Barrick informó esta tarde que suspende por completo la actividad en el proyecto Pascua Lama, el cual analizaba desarrollar de forma subterránea.
La alternativa se discutía desde hace más de una año pero finalmente la minera canadiense desistió "por un tema netamente económico" según lo dijo de manera oficial, aunque fuentes del sector revelaron a Diario de Cuyo que mucho tiene que ver la Ley de Glaciares.
"Desde el año pasado, Barrick ha estado estudiando la optimización del proyecto Pascua-Lama. El trabajo hasta la fecha sobre el estudio de prefactibilidad para un posible proyecto subterráneo indica que, si bien el concepto puede ser factible desde un punto de vista técnico, no cumple con los criterios de inversión de Barrick", indicó la minera canadiense, en el marco de la entrega de sus resultados del primer trimestre.
"En base a esto, y tomando en consideración otros factores de riesgo, la Compañía ha suspendido el trabajo sobre el estudio de prefactibilidad y se enfocará en ajustar el plan de cierre del proyecto de la infraestructura de superficie en el lado chileno del proyecto, en línea con los requerimientos legales", agregó la compañía.
Esto, no obstante, no significa que la concreción de Pascua Lama queda desechada de forma definitiva, pues según la empresa, esta continuará evaluando oportunidades para reducir el riesgo del proyecto "mientras mantiene Pascua-Lama como una opción de desarrollo en el futuro si mejoran sus indicadores económicos y los riesgos relacionados puedan ser mitigados". En tanto que la Provincia apuntaría a exigir el cierre definitivo del proyecto.
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Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
La minera analizaba seguir con el proyecto de manera subterránea, pero finalmente lo congeló "por un tema netamente económico", dijo. Sin embargo fuentes del sector aseguran que la Ley de Glaciares fue un factor decisivo.
Barrick informó esta tarde que suspende por completo la actividad en el proyecto Pascua Lama, el cual analizaba desarrollar de forma subterránea.
La alternativa se discutía desde hace más de una año pero finalmente la minera canadiense desistió "por un tema netamente económico" según lo dijo de manera oficial, aunque fuentes del sector revelaron a Diario de Cuyo que mucho tiene que ver la Ley de Glaciares.
"Desde el año pasado, Barrick ha estado estudiando la optimización del proyecto Pascua-Lama. El trabajo hasta la fecha sobre el estudio de prefactibilidad para un posible proyecto subterráneo indica que, si bien el concepto puede ser factible desde un punto de vista técnico, no cumple con los criterios de inversión de Barrick", indicó la minera canadiense, en el marco de la entrega de sus resultados del primer trimestre.
"En base a esto, y tomando en consideración otros factores de riesgo, la Compañía ha suspendido el trabajo sobre el estudio de prefactibilidad y se enfocará en ajustar el plan de cierre del proyecto de la infraestructura de superficie en el lado chileno del proyecto, en línea con los requerimientos legales", agregó la compañía.
Esto, no obstante, no significa que la concreción de Pascua Lama queda desechada de forma definitiva, pues según la empresa, esta continuará evaluando oportunidades para reducir el riesgo del proyecto "mientras mantiene Pascua-Lama como una opción de desarrollo en el futuro si mejoran sus indicadores económicos y los riesgos relacionados puedan ser mitigados". En tanto que la Provincia apuntaría a exigir el cierre definitivo del proyecto.
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Gualeguaychú presentó su Marcha al Puente
Presentaron la Marcha al Puente Internacional del próximo domingo 29
Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Además de miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental estuvieron presentes el Intendente Martín Piaggio y varios funcionarios municipales
Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental anunciaron formalmente la realización de la 14° Marcha al Puente Internacional para el próximo domingo 29 de abril, en una Conferencia de Prensa que se realizó en el Hotel Aguay.
Estuvieron presentes el Intendente y el Vice Intendente Martín Piaggio y Jorge Maradey, respectivamente como así también la Directora de Ambiente, Susana Villamonte y por parte de la Asamblea participaron sus miembros permanentes Juan Veronesi, Martín Alazard, Carlos Goldaracena, Julio Rivero y Javier Pretto. Destacaron que la convocatoria para este próximo 29 de abril tiene un componente adicional que es “la probabilidad de que se instale una nueva pastera en Fray Bentos, como se ha revelado recientemente. El contenido de los documentos que avalan dicha posibilidad como cierta son muy fuertes y contundentes”.
El asambleísta Carlos Goldaracena precisó en RADIO MAXIMA que “no nos olvidemos que los que van a las reuniones de la Asamblea que se hacen todos los miércoles del año son 20 personas, son los que realmente, de una forma admirable, le ponen el cuerpo y las ganas, cada uno de esos 20 desde su lugar y hay que reconocerlos, porque son los que en estos tiempos mantienen encendida la pequeña luz de la lucha que Gualeguaychú contra la presencia de Botnia y toda contaminación que nos afecta”.
Goldaracena manifestó enfáticamente que “este año, en esta nueva Marcha al Puente del domingo 29 de abril, con mucha más razón no podemos dejar de estar presentes los gualeguaychuenses, teniendo en cuenta que se está hablando de volver a instalar una nueva pastera en Fray Bentos. Sería una hecatombe para Gualeguaychú, porque si ya estamos con muchas enfermedades respiratorias, conjuntivales por el aire contaminado, sin tener en cuenta el penoso estado físico químico del río, es inimaginable lo que puede suceder si terminan instalando una nueva planta en los terrenos donde en una época pensó instalarse ENCE. Esta tiene que ser una Marcha especial por la importancia que tiene este tema y creo que Gualeguaychú tiene que decir presente y gritar que no vamos a permitir que se instale otra pastera”.
Por su parte, Piaggio, destacó la importancia “de estar trabajando todos juntos en la lucha de Gualeguaychú por un ambiente sano con la Asamblea Ciudadana Ambiental, por una comunidad libre de agrotóxicos y reafirmando que no queremos ni la presencia de la actual pastera de Botnia ni que instalen ninguna otra más. Esto reafirma que el conflicto está plenamente vigente y también lo tiene que estar nuestra lucha como pueblo de Gualeguaychú”.
En tal sentido, Piaggio expresó que “tenemos la necesidad de obtener más información ante lo hace muy pocas semanas hemos conocido sobre la perspectiva bastante concreta de que en Fray Bentos se pueda instalar una nueva pastera. Queremos llevar nuestra voz y nuestra preocupación a quienes tienen la responsabilidad ante semejante posibilidad. En Gualeguaychú siempre hemos dicho que no queremos a Botnia, pero también ahora debemos decir que tampoco queremos ni una Botnia más. Esta lucha pacífica, que sigue vigente de después de tantos años, requiere una contundente presencia, por eso les pido a todos los vecinos, que este domingo marchemos todos al Puente Internacional”.
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Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Además de miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental estuvieron presentes el Intendente Martín Piaggio y varios funcionarios municipales
Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental anunciaron formalmente la realización de la 14° Marcha al Puente Internacional para el próximo domingo 29 de abril, en una Conferencia de Prensa que se realizó en el Hotel Aguay.
Estuvieron presentes el Intendente y el Vice Intendente Martín Piaggio y Jorge Maradey, respectivamente como así también la Directora de Ambiente, Susana Villamonte y por parte de la Asamblea participaron sus miembros permanentes Juan Veronesi, Martín Alazard, Carlos Goldaracena, Julio Rivero y Javier Pretto. Destacaron que la convocatoria para este próximo 29 de abril tiene un componente adicional que es “la probabilidad de que se instale una nueva pastera en Fray Bentos, como se ha revelado recientemente. El contenido de los documentos que avalan dicha posibilidad como cierta son muy fuertes y contundentes”.
El asambleísta Carlos Goldaracena precisó en RADIO MAXIMA que “no nos olvidemos que los que van a las reuniones de la Asamblea que se hacen todos los miércoles del año son 20 personas, son los que realmente, de una forma admirable, le ponen el cuerpo y las ganas, cada uno de esos 20 desde su lugar y hay que reconocerlos, porque son los que en estos tiempos mantienen encendida la pequeña luz de la lucha que Gualeguaychú contra la presencia de Botnia y toda contaminación que nos afecta”.
Goldaracena manifestó enfáticamente que “este año, en esta nueva Marcha al Puente del domingo 29 de abril, con mucha más razón no podemos dejar de estar presentes los gualeguaychuenses, teniendo en cuenta que se está hablando de volver a instalar una nueva pastera en Fray Bentos. Sería una hecatombe para Gualeguaychú, porque si ya estamos con muchas enfermedades respiratorias, conjuntivales por el aire contaminado, sin tener en cuenta el penoso estado físico químico del río, es inimaginable lo que puede suceder si terminan instalando una nueva planta en los terrenos donde en una época pensó instalarse ENCE. Esta tiene que ser una Marcha especial por la importancia que tiene este tema y creo que Gualeguaychú tiene que decir presente y gritar que no vamos a permitir que se instale otra pastera”.
Por su parte, Piaggio, destacó la importancia “de estar trabajando todos juntos en la lucha de Gualeguaychú por un ambiente sano con la Asamblea Ciudadana Ambiental, por una comunidad libre de agrotóxicos y reafirmando que no queremos ni la presencia de la actual pastera de Botnia ni que instalen ninguna otra más. Esto reafirma que el conflicto está plenamente vigente y también lo tiene que estar nuestra lucha como pueblo de Gualeguaychú”.
En tal sentido, Piaggio expresó que “tenemos la necesidad de obtener más información ante lo hace muy pocas semanas hemos conocido sobre la perspectiva bastante concreta de que en Fray Bentos se pueda instalar una nueva pastera. Queremos llevar nuestra voz y nuestra preocupación a quienes tienen la responsabilidad ante semejante posibilidad. En Gualeguaychú siempre hemos dicho que no queremos a Botnia, pero también ahora debemos decir que tampoco queremos ni una Botnia más. Esta lucha pacífica, que sigue vigente de después de tantos años, requiere una contundente presencia, por eso les pido a todos los vecinos, que este domingo marchemos todos al Puente Internacional”.
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Preocupante situación de los trabajadores aceiteros
Trabajadores aceiteros de la región duplican la tasa de cáncer de la población
Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio se hizo a partir de las bases de datos de la obra social (Osiad), e incluyó a la totalidad de los afiliados, trabajadores activos y jubilados.
Los trabajadores de la industria aceitera del polo sojero del Gran Rosario tienen una incidencia acumulada de cáncer que duplica a la de la población general del Cordón industrial, según denunciaron en un informe publicado hace pocas semanas dos médicos que asesoran al Sindicato de Aceiteros de Rosario .
En el trabajo "Morbilidad y mortalidad por cáncer en población trabajadora aceitera de la provincia de Santa Fe, 2003-2015" el médico epidemiólogo Mariano Mussi y el psicólogo Esteban Fridman compararon datos entre la población trabajadora aceitera y habitantes de diferentes localidades del Cordón. Tras el análisis de los datos, encontraron que mientras la tasa ajustada de personas afectadas por la enfermedad es de 170,16 para la población en general, esa cifra trepa hasta el 351,88 para los operarios de las cerealeras santafesinas.
Ante esta situación decidieron convocar a una actividad pública para esta tarde frente a la planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez para exponer los problemas de salud que padecen los trabajadores de uno de los sectores más rentables de la economía nacional.
También buscarán el apoyo y la solidaridad de vecinos y grupos ambientalistas de la región para alertar sobre "los modos criminales de acumulación del capitalismo" que el agronegocio propone como modelo de producción en la zona núcleo agropecuaria argentina.
"Detectamos que los trabajadores aceiteros tienen un perfil de mortalidad diferente al del resto de la población, ya que sólo el aceite mineral y la radiación solar están tipificados como causales de enfermedad, pero ellos manipulan diariamente otras sustancias como el hexano, así como glifosato, además de insecticidas", detalló Mussi.
A renglón seguido, el profesional agregó que los aceiteros "son los que están en el pico del embudo de este modelo trabajando todos los días en contacto con esos elementos", y advirtió que "el movimiento sindical aceitero de la región también quiere discutir los efectos sobre la salud del modelo agroindustrial".
Metodología
Según detalló Mussi, en primera instancia se identificó a los trabajadores aceiteros de la provincia de Santa Fe a través de las bases de datos de la obra social (Osiad), para lo cual se incluyeron a la totalidad de afiliados titulares (activos y dados de baja) y jubilados.
Luego el padrón fue remitido al Ministerio de Salud de la provincia, que realizó una búsqueda de casos de cáncer en el Registro Provincial de Tumores para el período 2003-2015. Con esos datos en mano se comparó (utilizando la prueba de CHI2) la tasa de incidencia acumulada para los aceiteros con la de los habitantes del Cordón, según publicación del Ministerio de Salud para el período 2005-2009.
Los resultados son elocuentes: en un estudio de 177 casos sobre una población "aceitera" de 19.325 personas (en el período 2003/2015) la tasa bruta de cáncer fue de 915,91 con una tasa ajustada de 351,88.
Para la población en general se tomaron 1.268 casos sobre 745.183 habitantes en un período comprendido entre los años 2005 y 2009, con una tasa ajustada de 170,16.
La tasa ajustada es una manera de comparar dos poblaciones diferentes estudiadas en períodos diferentes. Es un número que expresa la cantidad de personas que contraen la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los aceiteros, encontraron 351,8 casos cada 100 mil personas, mientras que para el resto de la población es de 170 casos cada 100 mil.
En otras palabras, se enferman de cancer 4 de cada mil trabajadores aceiteros, y dos por cada mil en el resto.
Es decir que quienes trabajan en las más de 30 plantas aceiteras que se reparten sobre la costa del Paraná tienen una chance de contraer cáncer más de dos veces mayor a la de aquellos que viven en las localidades de la zona, sentencia la investigación.
Males propios
Pero además, los médicos constataron que los aceiteros son propensos a desarrollar determinados tipos de enfermedades no tan frecuentes en el resto de la población del polo agroexportador sojero.
Si se toma la distribución de los diferentes tipos de cáncer en los trabajadores aceiteros se constata que los dos primeros puestos coinciden con los de la población general "siendo los cánceres de pulmón y colon los más frecuentes".
Sin embargo, mientras que en la población el tercer lugar es para próstata/riñón y vías urinarias, en aceiteros el tercer tipo de cáncer —en frecuencia— es el de piel, algo que consideraron como "llamativo" ya que se trata de un tipo de neoplasia poco frecuente. "Es coherente con el hecho constatado en las licencias de frecuentes casos de dermatopatías entre los aceiteros", agregaron los médicos.
Desconocimiento del Estado
En cuanto a los riesgos, Mussi explicó que el único cancerígeno denunciado y aceptado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es el aceite mineral, mientras que el hexano "es aceptado como cancerígeno por la Iarc (organismo internacional a cargo de la materia) pero el Estado argentino desconoce este hecho".
"Existe una proliferación de químicos y agroquímicos no denunciados, como es el caso del glifosato, que es un reconocido teratógeno (inductores de esterilidad y malformaciones) y cancerígenos", dijeron los expertos. Y subrayaron que en los grupos focales realizados con los trabajadores quedó en evidencia "la ausencia o destrato en el control a la exposición de aceite mineral", un "cancerígeno que debe ser controlado con exámenes de orina y dosaje de 1-hidroxipireno urinario, una situación de los trabajadores desconocen".
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Fecha de Publicación: 27/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio se hizo a partir de las bases de datos de la obra social (Osiad), e incluyó a la totalidad de los afiliados, trabajadores activos y jubilados.
Los trabajadores de la industria aceitera del polo sojero del Gran Rosario tienen una incidencia acumulada de cáncer que duplica a la de la población general del Cordón industrial, según denunciaron en un informe publicado hace pocas semanas dos médicos que asesoran al Sindicato de Aceiteros de Rosario .
En el trabajo "Morbilidad y mortalidad por cáncer en población trabajadora aceitera de la provincia de Santa Fe, 2003-2015" el médico epidemiólogo Mariano Mussi y el psicólogo Esteban Fridman compararon datos entre la población trabajadora aceitera y habitantes de diferentes localidades del Cordón. Tras el análisis de los datos, encontraron que mientras la tasa ajustada de personas afectadas por la enfermedad es de 170,16 para la población en general, esa cifra trepa hasta el 351,88 para los operarios de las cerealeras santafesinas.
Ante esta situación decidieron convocar a una actividad pública para esta tarde frente a la planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez para exponer los problemas de salud que padecen los trabajadores de uno de los sectores más rentables de la economía nacional.
También buscarán el apoyo y la solidaridad de vecinos y grupos ambientalistas de la región para alertar sobre "los modos criminales de acumulación del capitalismo" que el agronegocio propone como modelo de producción en la zona núcleo agropecuaria argentina.
"Detectamos que los trabajadores aceiteros tienen un perfil de mortalidad diferente al del resto de la población, ya que sólo el aceite mineral y la radiación solar están tipificados como causales de enfermedad, pero ellos manipulan diariamente otras sustancias como el hexano, así como glifosato, además de insecticidas", detalló Mussi.
A renglón seguido, el profesional agregó que los aceiteros "son los que están en el pico del embudo de este modelo trabajando todos los días en contacto con esos elementos", y advirtió que "el movimiento sindical aceitero de la región también quiere discutir los efectos sobre la salud del modelo agroindustrial".
Metodología
Según detalló Mussi, en primera instancia se identificó a los trabajadores aceiteros de la provincia de Santa Fe a través de las bases de datos de la obra social (Osiad), para lo cual se incluyeron a la totalidad de afiliados titulares (activos y dados de baja) y jubilados.
Luego el padrón fue remitido al Ministerio de Salud de la provincia, que realizó una búsqueda de casos de cáncer en el Registro Provincial de Tumores para el período 2003-2015. Con esos datos en mano se comparó (utilizando la prueba de CHI2) la tasa de incidencia acumulada para los aceiteros con la de los habitantes del Cordón, según publicación del Ministerio de Salud para el período 2005-2009.
Los resultados son elocuentes: en un estudio de 177 casos sobre una población "aceitera" de 19.325 personas (en el período 2003/2015) la tasa bruta de cáncer fue de 915,91 con una tasa ajustada de 351,88.
Para la población en general se tomaron 1.268 casos sobre 745.183 habitantes en un período comprendido entre los años 2005 y 2009, con una tasa ajustada de 170,16.
La tasa ajustada es una manera de comparar dos poblaciones diferentes estudiadas en períodos diferentes. Es un número que expresa la cantidad de personas que contraen la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los aceiteros, encontraron 351,8 casos cada 100 mil personas, mientras que para el resto de la población es de 170 casos cada 100 mil.
En otras palabras, se enferman de cancer 4 de cada mil trabajadores aceiteros, y dos por cada mil en el resto.
Es decir que quienes trabajan en las más de 30 plantas aceiteras que se reparten sobre la costa del Paraná tienen una chance de contraer cáncer más de dos veces mayor a la de aquellos que viven en las localidades de la zona, sentencia la investigación.
Males propios
Pero además, los médicos constataron que los aceiteros son propensos a desarrollar determinados tipos de enfermedades no tan frecuentes en el resto de la población del polo agroexportador sojero.
Si se toma la distribución de los diferentes tipos de cáncer en los trabajadores aceiteros se constata que los dos primeros puestos coinciden con los de la población general "siendo los cánceres de pulmón y colon los más frecuentes".
Sin embargo, mientras que en la población el tercer lugar es para próstata/riñón y vías urinarias, en aceiteros el tercer tipo de cáncer —en frecuencia— es el de piel, algo que consideraron como "llamativo" ya que se trata de un tipo de neoplasia poco frecuente. "Es coherente con el hecho constatado en las licencias de frecuentes casos de dermatopatías entre los aceiteros", agregaron los médicos.
Desconocimiento del Estado
En cuanto a los riesgos, Mussi explicó que el único cancerígeno denunciado y aceptado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es el aceite mineral, mientras que el hexano "es aceptado como cancerígeno por la Iarc (organismo internacional a cargo de la materia) pero el Estado argentino desconoce este hecho".
"Existe una proliferación de químicos y agroquímicos no denunciados, como es el caso del glifosato, que es un reconocido teratógeno (inductores de esterilidad y malformaciones) y cancerígenos", dijeron los expertos. Y subrayaron que en los grupos focales realizados con los trabajadores quedó en evidencia "la ausencia o destrato en el control a la exposición de aceite mineral", un "cancerígeno que debe ser controlado con exámenes de orina y dosaje de 1-hidroxipireno urinario, una situación de los trabajadores desconocen".
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El glifosato cada vez más cuestionado y limitado
Monsanto, en la mira: cada vez más ciudades prohíben el glifosato tras pruebas que relacionan su uso a la proliferación del cáncer
Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional
Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
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Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional
Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
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La Pampa insistirá con el caudal del Atuel
La Pampa insistirá ante la Corte por el caudal de 4,5 m3 del Atuel
Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, afirmó ayer que “desde el gobierno provincial pedimos un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos” del río Atuel, al plantear la postura oficial para la audiencia de conciliación citada por la Corte Suprema de Justicia para el 9 de mayo, con la participación de Mendoza y la Nación, a raíz del conflicto que mantiene desde hace décadas nuestra provincia con la vecina La Pampa.
“Es muy bueno que la Corte Suprema convoque a esta audiencia porque demuestra su interés en resolver el conflicto. Nosotros vamos a mantener nuestra posición con la que llegamos a este momento y que expusimos en la presentación de febrero”, dijo Schlegel, quien además anunció que las autoridades de ambas provincias realizarán la semana próxima una recorrida por el Atuel.
Sobre la propuesta de su provincia, agregó que La Pampa pide “un caudal medio de entre 7 y 9,5 metros cúbicos por segundo, con un régimen hidrológico que se corresponda con la fusión de la nieve y 4,5 metros cúbicos por segundo como mínimo”, a partir de un estudio realizado “con solidez” por especialistas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
Los Tarcos Deptos - Febrero 2018 - Lotes - 300x600
La audiencia fue convocada por la Corte Suprema ante la demanda presentada por el gobierno pampeano en mayo de 2014 y ante la falta de acuerdo en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) entre los gobiernos de La Pampa y Mendoza, en la fijación de un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noreste pampeano por el corte del río Atuel aguas arriba.
A la audiencia fueron convocados ambos gobernadores, así como los respectivos fiscales de Estado. También fue citado el secretario de Infraestructura y Política Hídrica dependiente del Ministerio del Interior, Pablo Bereciartúa.
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Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, afirmó ayer que “desde el gobierno provincial pedimos un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos” del río Atuel, al plantear la postura oficial para la audiencia de conciliación citada por la Corte Suprema de Justicia para el 9 de mayo, con la participación de Mendoza y la Nación, a raíz del conflicto que mantiene desde hace décadas nuestra provincia con la vecina La Pampa.
“Es muy bueno que la Corte Suprema convoque a esta audiencia porque demuestra su interés en resolver el conflicto. Nosotros vamos a mantener nuestra posición con la que llegamos a este momento y que expusimos en la presentación de febrero”, dijo Schlegel, quien además anunció que las autoridades de ambas provincias realizarán la semana próxima una recorrida por el Atuel.
Sobre la propuesta de su provincia, agregó que La Pampa pide “un caudal medio de entre 7 y 9,5 metros cúbicos por segundo, con un régimen hidrológico que se corresponda con la fusión de la nieve y 4,5 metros cúbicos por segundo como mínimo”, a partir de un estudio realizado “con solidez” por especialistas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
Los Tarcos Deptos - Febrero 2018 - Lotes - 300x600
La audiencia fue convocada por la Corte Suprema ante la demanda presentada por el gobierno pampeano en mayo de 2014 y ante la falta de acuerdo en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) entre los gobiernos de La Pampa y Mendoza, en la fijación de un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noreste pampeano por el corte del río Atuel aguas arriba.
A la audiencia fueron convocados ambos gobernadores, así como los respectivos fiscales de Estado. También fue citado el secretario de Infraestructura y Política Hídrica dependiente del Ministerio del Interior, Pablo Bereciartúa.
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Misiones: detectan velocidades de casi 200 Km/h en reservas
Radares detectan vehículos a 180 y 195 kilómetros por hora en Parques Provinciales y áreas protegidas con 60 de máxima
Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En el marco de las tareas conjuntas realizadas por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Ecología de Misiones en la jornada de éste jueves 19 y viernes 20 del corriente se continuó con los controles con radar móvil con integrantes de la Policía de Misiones con asistencia de Guardaparque provinciales sobre la ruta nacional Nº 12 dentro del Parque Provincial Puerto Península.
Durante las jornadas se registraron más de 300 infractores a la Ley Nacional de Tránsito y a la Ley Provincial de Áreas Naturales Protegidas, por violación de la velocidad máxima permitida para la circulación en los parques provinciales de 60 km/h. Nuevamente llamó la atención la imprudencia y temeridad de algunos conductores, que arriesgando su propia vida, la de otras personas y de la fauna silvestre, superaron todos los límites permitidos para circular por rutas.
Este es el caso de dos vehículos, una motocicleta de alta cilindrada que el día jueves registró una velocidad de 195 km/h, y de una camioneta que ese mismo día circuló a 180 km/h, en tramos de alta circulación de fauna.
Con la información provista por los radares certificados se iniciarán los sumarios ambientales por violación a la Ley de Áreas Protegidas. Estas acciones continuarán en preservación de la seguridad de las personas en el tránsito vial y la prevención de daños a la fauna misionera presente en las unidades de conservación provinciales.
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Fecha de Publicación: 26/04/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En el marco de las tareas conjuntas realizadas por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Ecología de Misiones en la jornada de éste jueves 19 y viernes 20 del corriente se continuó con los controles con radar móvil con integrantes de la Policía de Misiones con asistencia de Guardaparque provinciales sobre la ruta nacional Nº 12 dentro del Parque Provincial Puerto Península.
Durante las jornadas se registraron más de 300 infractores a la Ley Nacional de Tránsito y a la Ley Provincial de Áreas Naturales Protegidas, por violación de la velocidad máxima permitida para la circulación en los parques provinciales de 60 km/h. Nuevamente llamó la atención la imprudencia y temeridad de algunos conductores, que arriesgando su propia vida, la de otras personas y de la fauna silvestre, superaron todos los límites permitidos para circular por rutas.
Este es el caso de dos vehículos, una motocicleta de alta cilindrada que el día jueves registró una velocidad de 195 km/h, y de una camioneta que ese mismo día circuló a 180 km/h, en tramos de alta circulación de fauna.
Con la información provista por los radares certificados se iniciarán los sumarios ambientales por violación a la Ley de Áreas Protegidas. Estas acciones continuarán en preservación de la seguridad de las personas en el tránsito vial y la prevención de daños a la fauna misionera presente en las unidades de conservación provinciales.
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Hasta investigadores del INTA advierten de los agroquímicos
Un informe contra corriente
Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
“Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
“Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
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Hoy discuten la incineración en Diputados de la CABA
Diputados debatirán la propuesta oficial de habilitar la incineración de basura en la Ciudad
Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Un plenario de comisiones de la Legislatura porteña tratará mañana el proyecto del Ejecutivo que plantea la posibilidad de incinerar residuos, lo que en la actualidad está prohibido, en el marco de una reforma a la ley de "Basura Cero".
La incineración se realizaría en "hornos controlados" y bajo el concepto de "valoración energética", según prevé el proyecto, que plantea plazos para que en la Ciudad disminuya la cantidad de desechos que destina a los rellenos sanitarios.
El encuentro será a las 9.30 en el salón Montevideo con la participación de los diputados de las comisiones de Ambiente, que preside la legisladora Mercedes de las Casas; y de Obras y Servicios Públicos, que encabeza Gastón Blanchetiere.
La reunión está convocada para el tratamiento de la propuesta presentada a fines de marzo por el Gobierno de la Ciudad ante la Legislatura para reformar la ley denominada "Ley de Basura Cero", del 2005.
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Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Un plenario de comisiones de la Legislatura porteña tratará mañana el proyecto del Ejecutivo que plantea la posibilidad de incinerar residuos, lo que en la actualidad está prohibido, en el marco de una reforma a la ley de "Basura Cero".
La incineración se realizaría en "hornos controlados" y bajo el concepto de "valoración energética", según prevé el proyecto, que plantea plazos para que en la Ciudad disminuya la cantidad de desechos que destina a los rellenos sanitarios.
El encuentro será a las 9.30 en el salón Montevideo con la participación de los diputados de las comisiones de Ambiente, que preside la legisladora Mercedes de las Casas; y de Obras y Servicios Públicos, que encabeza Gastón Blanchetiere.
La reunión está convocada para el tratamiento de la propuesta presentada a fines de marzo por el Gobierno de la Ciudad ante la Legislatura para reformar la ley denominada "Ley de Basura Cero", del 2005.
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Chubut: proyecto para prohibir la minera metalífera y nuclear
Buscan que la actividad minera sea prohibida en Chubut por una ley que suplante a la 5.001
Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En la Legislatura se presentó ayer un proyecto de ley que apunta a prohibir la actividad minera metalífera y nuclear en Chubut. La iniciativa ya ha tomado estado parlamentario y con su aprobación se debería derogar la Ley 5.001 por lo que los proyectos mineros, que están en actividad, deberían cerrar. Además, la nueva legislación solo se podría derogar con una consulta popular.
El diputado de Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, presentó ayer un proyecto que busca prohibir completamente la actividad minera en Chubut.
El diputado Alejandro Albaini presentó ayer un proyecto que busca prohibir la actividad minera en Chubut. La iniciativa también abarca los proyectos que actualmente están activos. En el texto, que cuenta con seis páginas de fundamentos, se destaca la falta de licencia social y se deja en claro que en caso de aprobarse la legislación, se deroga la actual Ley 5.001 y regirá también para los proyectos mineros que actualmente se encuentran en funcionamiento.
En su artículo 1º se establece la prohibición de “la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría establecidas en el inciso ‘A’ del artículo 3º del Código de Minería, con la utilización de cianuro y toda otra sustancia química, contaminante y toxica o peligrosa para el ambiente, la salud pública y que haga peligrar la provisión de agua dulce”.
Mientras que en el artículo 2º se establece que se prohíbe la actividad minera de minerales nucleares como uranio, torio y plutonio. Además, en este punto se aclara que la legislación regirá para las minas actualmente concedidas, que deberán cerrar y remediar, componer y restituir los elementos necesarios.
Según el artículo 3º, la prohibición abarca todo el proceso minero, que está constituido por el “cateo, prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales”.
Asimismo, el artículo 4º del proyecto se propone derogar la denominada ley 5.001 y “toda otra norma que se oponga a la presente”.
Además, en su artículo 5º este proyecto de ley establece que, en caso de aprobación, la misma solo podrá ser derogada mediante “la utilización del mecanismo de Consulta Popular vinculante, previsto en la Ley XII nº 6, ex Ley 4.564, abarcando la misma todo el territorio de la provincia del Chubut”.
Mientras que en su artículo 6º se faculta al Poder Ejecutivo provincial a “adecuar las disposiciones reglamentarias vigentes a lo establecido en la vigente Ley”.
La iniciativa fue presentada por el diputado Alejandro Albaini, quien sostuvo que el proyecto, acompañado por la firma de varios diputados, “ya ha tomado estado parlamentario”, por lo que deberá ser tratado por la Comisión de Recursos Naturales.
Asimismo, el legislador de Chubut Somos Todos manifestó que comenzarán una ronda de debates por toda la provincia en busca de adhesiones al proyecto de Ley.
En este marco, el diputado destacó que en caso de no obtener los votos de la Comisión correspondiente, “vamos a buscar el consenso de la sociedad”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En la Legislatura se presentó ayer un proyecto de ley que apunta a prohibir la actividad minera metalífera y nuclear en Chubut. La iniciativa ya ha tomado estado parlamentario y con su aprobación se debería derogar la Ley 5.001 por lo que los proyectos mineros, que están en actividad, deberían cerrar. Además, la nueva legislación solo se podría derogar con una consulta popular.
El diputado de Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, presentó ayer un proyecto que busca prohibir completamente la actividad minera en Chubut.
El diputado Alejandro Albaini presentó ayer un proyecto que busca prohibir la actividad minera en Chubut. La iniciativa también abarca los proyectos que actualmente están activos. En el texto, que cuenta con seis páginas de fundamentos, se destaca la falta de licencia social y se deja en claro que en caso de aprobarse la legislación, se deroga la actual Ley 5.001 y regirá también para los proyectos mineros que actualmente se encuentran en funcionamiento.
En su artículo 1º se establece la prohibición de “la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría establecidas en el inciso ‘A’ del artículo 3º del Código de Minería, con la utilización de cianuro y toda otra sustancia química, contaminante y toxica o peligrosa para el ambiente, la salud pública y que haga peligrar la provisión de agua dulce”.
Mientras que en el artículo 2º se establece que se prohíbe la actividad minera de minerales nucleares como uranio, torio y plutonio. Además, en este punto se aclara que la legislación regirá para las minas actualmente concedidas, que deberán cerrar y remediar, componer y restituir los elementos necesarios.
Según el artículo 3º, la prohibición abarca todo el proceso minero, que está constituido por el “cateo, prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales”.
Asimismo, el artículo 4º del proyecto se propone derogar la denominada ley 5.001 y “toda otra norma que se oponga a la presente”.
Además, en su artículo 5º este proyecto de ley establece que, en caso de aprobación, la misma solo podrá ser derogada mediante “la utilización del mecanismo de Consulta Popular vinculante, previsto en la Ley XII nº 6, ex Ley 4.564, abarcando la misma todo el territorio de la provincia del Chubut”.
Mientras que en su artículo 6º se faculta al Poder Ejecutivo provincial a “adecuar las disposiciones reglamentarias vigentes a lo establecido en la vigente Ley”.
La iniciativa fue presentada por el diputado Alejandro Albaini, quien sostuvo que el proyecto, acompañado por la firma de varios diputados, “ya ha tomado estado parlamentario”, por lo que deberá ser tratado por la Comisión de Recursos Naturales.
Asimismo, el legislador de Chubut Somos Todos manifestó que comenzarán una ronda de debates por toda la provincia en busca de adhesiones al proyecto de Ley.
En este marco, el diputado destacó que en caso de no obtener los votos de la Comisión correspondiente, “vamos a buscar el consenso de la sociedad”.
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¿Dos nuevos derrames de la Barrick?
Veladero: denuncian dos grandes derrames que fueron ocultados
Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan
El yacimiento que opera la multinacional minera Barrick Gold en San Juan habría sufrido dos nuevos incidentes de proporciones. La presencia de metales pesados en el río Jáchal fue en febrero hasta 28 veces mayor que en 2015.
Dos más. Y enormes. Aunque la empresa y el gobierno de San Juan no lo confirmaron, todo indica que hubo dos nuevos incidentes en la mina Veladero, de Barrick Gold, que llevaron la contaminación en la cuenca del río Jáchal a niveles nunca antes medidos, según denuncia la Asamblea Jáchal No Se Toca. Los análisis de calidad de agua arrojaron que la presencia de metales pesados en febrero fue hasta 28 veces mayor que la que había en la zona tras el histórico derrame de 2015.
El primer rumor sobre un nuevo derrame comenzó a circular en diciembre. El intendente de Jáchal, Miguel Vega, se negó a ordenar de inmediato un análisis de agua en toda la cuenca. Recién lo encargó 15 días después. Aun así, en los estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo aparecieron niveles altos de metales pesados. Un ejemplo: en la muestra tomada en la Pasarela de la Chigua, el 27 de diciembre, se detectaron valores de mercurio 53 veces por encima del máximo tolerado por la ley de residuos peligrosos para la vida acuática.
Nada de esto tuvo mayor repercusión. Y cuando las aguas parecían apaciguarse, un nuevo estudio encendió la alerta en Jáchal: en muestras tomadas el 28 de febrero se detectaron niveles alarmantes de contaminación. Por caso, en la muestra identificada como "M14-Cauce del río Jáchal" se detectaron 1992 miligramos de aluminio por litro, casi 400 mil veces más de lo que la legislación aconseja para la vida acuática y 400 veces por encima de lo recomendado para el agua para consumo de ganado y riego. También se encontraron niveles muy elevados de mercurio y manganeso, además de bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico.
"Es igual que en los otros derrames. Primero es un rumor del que nos enteramos por WhatsApp, lo denunciamos y recién ahí aparecen los comunicados oficiales. Acá no hay otra explicación posible: hubo dos derrames en Veladero que se mantuvieron ocultos", declaró a Tiempo Saúl Zeballos, uno de los referentes de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
La respuesta que suelen dar desde el sector minero es que la cuenca del Jáchal siempre tuvo agua de mala calidad. Por eso son clave las "líneas de base", las mediciones que Barrick Gold hizo antes de comenzar a explotar la zona y que deberían servir para comparar. Sin embargo, en su momento el hidrogeólogo Robert Moran –el único perito independiente que visitó Veladero– explicó que esos análisis están mal hechos, ya que tienen escasas referencias.
Hay otra forma de calcular el impacto ambiental. Después de reclamar durante dos años y medio, la Asamblea consiguió los estudios que realizó entre 2004 y 2010 el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial. Si se los comparan con los de febrero, se puede concluir que en la zona hubo un incremento de la presencia de aluminio del 54 mil por ciento, un 18 mil por ciento en el caso del manganeso y un 5000 por ciento de mercurio. Aunque las muestras no se tomaron exactamente en el mismo lugar, permiten dimensionar la diferencia.
Lo que más llama la atención es que estas cifras son muchísimo más altas que las halladas luego del mayor accidente minero de la historia argentina, que ocurrió entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, cuando se derramó no menos de un millón de litros de solución cianurada y otros metales pesados al río Potrerillos. Al otro día del incidente, en la zona se detectaron, por ejemplo, 70 mg/L de mercurio, 28 veces menos que en febrero de este año.
Con los resultados en la mano, el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos, adelantó a Tiempo que se presentará mañana ante el juez federal Sebastián Casanello, quien lleva parte de la investigación de los anteriores derrames. "El desamparo es total. Barrick no tiene ningún tipo de control", advirtió.
Dos sugestivos datos finales. Primero: el gobierno busca modificar la Ley de Glaciares para habilitar 44 proyectos mineros. La noticia de dos nuevos derrames complicaría esas intenciones. Segundo: el Código de Minería establece que "en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento" minero. Veladero tuvo seis incidentes confirmados, tres muy graves. Por eso la Asamblea Jáchal No Se Toca volvió a pedir el inmediato cierre de la mina. Se ampara en la ley.
La respuesta que da la Barrick Gold
Ante la consulta de Tiempo respecto de las alarmantes mediciones, desde la firma Barrick Gold se envió la siguiente explicación:
"Jáchal tiene históricamente valores altos en varios metales y sales (pero en forma natural), cuyos parámetros no guardan relación con la actividad de Veladero. Hay estudios del Departamento de Hidráulica desde 1943, que dan cuenta de esto y de los perjuicios a la actividad económica del departamento. De hecho, se han escrito libros con todos estos antecedentes como Las aguas salobres del río Jáchal. Allí no sólo se da cuenta de la mala calidad del agua en ese departamento, sino que se hicieron análisis de cómo se podía corregir esa situación, llegando a la conclusión de que es imposible corregir esa contaminación natural. No conocemos en detalle los estudios que se mencionan, ni cómo se hicieron, ni los estándares de los mismos. Ni mucho menos si se han comparado sus resultados con la línea base y calidad histórica de las aguas en esos lugares. Estamos al tanto de que el gobierno de la Provincia –no Barrick– ha desmentido en varias oportunidades estos estudios. Pero no los conocemos en general, ni en particular".
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Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan
El yacimiento que opera la multinacional minera Barrick Gold en San Juan habría sufrido dos nuevos incidentes de proporciones. La presencia de metales pesados en el río Jáchal fue en febrero hasta 28 veces mayor que en 2015.
Dos más. Y enormes. Aunque la empresa y el gobierno de San Juan no lo confirmaron, todo indica que hubo dos nuevos incidentes en la mina Veladero, de Barrick Gold, que llevaron la contaminación en la cuenca del río Jáchal a niveles nunca antes medidos, según denuncia la Asamblea Jáchal No Se Toca. Los análisis de calidad de agua arrojaron que la presencia de metales pesados en febrero fue hasta 28 veces mayor que la que había en la zona tras el histórico derrame de 2015.
El primer rumor sobre un nuevo derrame comenzó a circular en diciembre. El intendente de Jáchal, Miguel Vega, se negó a ordenar de inmediato un análisis de agua en toda la cuenca. Recién lo encargó 15 días después. Aun así, en los estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo aparecieron niveles altos de metales pesados. Un ejemplo: en la muestra tomada en la Pasarela de la Chigua, el 27 de diciembre, se detectaron valores de mercurio 53 veces por encima del máximo tolerado por la ley de residuos peligrosos para la vida acuática.
Nada de esto tuvo mayor repercusión. Y cuando las aguas parecían apaciguarse, un nuevo estudio encendió la alerta en Jáchal: en muestras tomadas el 28 de febrero se detectaron niveles alarmantes de contaminación. Por caso, en la muestra identificada como "M14-Cauce del río Jáchal" se detectaron 1992 miligramos de aluminio por litro, casi 400 mil veces más de lo que la legislación aconseja para la vida acuática y 400 veces por encima de lo recomendado para el agua para consumo de ganado y riego. También se encontraron niveles muy elevados de mercurio y manganeso, además de bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico.
"Es igual que en los otros derrames. Primero es un rumor del que nos enteramos por WhatsApp, lo denunciamos y recién ahí aparecen los comunicados oficiales. Acá no hay otra explicación posible: hubo dos derrames en Veladero que se mantuvieron ocultos", declaró a Tiempo Saúl Zeballos, uno de los referentes de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
La respuesta que suelen dar desde el sector minero es que la cuenca del Jáchal siempre tuvo agua de mala calidad. Por eso son clave las "líneas de base", las mediciones que Barrick Gold hizo antes de comenzar a explotar la zona y que deberían servir para comparar. Sin embargo, en su momento el hidrogeólogo Robert Moran –el único perito independiente que visitó Veladero– explicó que esos análisis están mal hechos, ya que tienen escasas referencias.
Hay otra forma de calcular el impacto ambiental. Después de reclamar durante dos años y medio, la Asamblea consiguió los estudios que realizó entre 2004 y 2010 el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial. Si se los comparan con los de febrero, se puede concluir que en la zona hubo un incremento de la presencia de aluminio del 54 mil por ciento, un 18 mil por ciento en el caso del manganeso y un 5000 por ciento de mercurio. Aunque las muestras no se tomaron exactamente en el mismo lugar, permiten dimensionar la diferencia.
Lo que más llama la atención es que estas cifras son muchísimo más altas que las halladas luego del mayor accidente minero de la historia argentina, que ocurrió entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, cuando se derramó no menos de un millón de litros de solución cianurada y otros metales pesados al río Potrerillos. Al otro día del incidente, en la zona se detectaron, por ejemplo, 70 mg/L de mercurio, 28 veces menos que en febrero de este año.
Con los resultados en la mano, el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos, adelantó a Tiempo que se presentará mañana ante el juez federal Sebastián Casanello, quien lleva parte de la investigación de los anteriores derrames. "El desamparo es total. Barrick no tiene ningún tipo de control", advirtió.
Dos sugestivos datos finales. Primero: el gobierno busca modificar la Ley de Glaciares para habilitar 44 proyectos mineros. La noticia de dos nuevos derrames complicaría esas intenciones. Segundo: el Código de Minería establece que "en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento" minero. Veladero tuvo seis incidentes confirmados, tres muy graves. Por eso la Asamblea Jáchal No Se Toca volvió a pedir el inmediato cierre de la mina. Se ampara en la ley.
La respuesta que da la Barrick Gold
Ante la consulta de Tiempo respecto de las alarmantes mediciones, desde la firma Barrick Gold se envió la siguiente explicación:
"Jáchal tiene históricamente valores altos en varios metales y sales (pero en forma natural), cuyos parámetros no guardan relación con la actividad de Veladero. Hay estudios del Departamento de Hidráulica desde 1943, que dan cuenta de esto y de los perjuicios a la actividad económica del departamento. De hecho, se han escrito libros con todos estos antecedentes como Las aguas salobres del río Jáchal. Allí no sólo se da cuenta de la mala calidad del agua en ese departamento, sino que se hicieron análisis de cómo se podía corregir esa situación, llegando a la conclusión de que es imposible corregir esa contaminación natural. No conocemos en detalle los estudios que se mencionan, ni cómo se hicieron, ni los estándares de los mismos. Ni mucho menos si se han comparado sus resultados con la línea base y calidad histórica de las aguas en esos lugares. Estamos al tanto de que el gobierno de la Provincia –no Barrick– ha desmentido en varias oportunidades estos estudios. Pero no los conocemos en general, ni en particular".
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Inicineración, un buen negocio para unos pocos
En lugar de ciudad verde, un negocio en billetes verdes
Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.
El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.
“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.
Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.
“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.
En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.
Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.
“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.
“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.
Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.
“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.
Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.
Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.
El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.
Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.
“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.
En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.
“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.
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Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.
El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.
“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.
Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.
“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.
En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.
Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.
“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.
“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.
Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.
“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.
Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.
Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.
El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.
Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.
“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.
En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.
“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.
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Justicia ordena remediar contaminación de calles con plomo
SAO: por el plomo, la Justicia ordena que Nación remedie calles y veredas
Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa que estaba haciendo el saneamiento dio por concluidos los trabajos. Alegó que los fondos destinados son insuficientes para la tarea.
Se extrajeron restos del material de la fundición que operó en el lugar años atrás. Se limpiaron patios de dos manzanas, pero no se trabajó en el espacio público.
La Justicia Federal hizo lugar al recurso de amparo presentado por la multisectorial de vecinos de esta ciudad y ordenó que, como medida cautelar, Nación arbitre los medios para sanear las calles y veredas de las dos manzanas donde antiguamente funcionaba la planta de fundición de la ex empresa fundidora Geotécnica.
Además, deberá seguir su curso la petición de máxima elevada a través del amparo, que es la solicitud de que no quede inconclusa la obra de remoción del plomo y otros metales pesados que afectan a la población.
Esos tóxicos estaban siendo saneados por la firma Taym, que recientemente finalizó las tareas alegando que los fondos recibidos eran insuficientes para realizar la totalidad de la obra.
Los contaminantes en cuestión son los que fueron abandonados hace décadas en el acceso a esta ciudad. Esos tóxicos, acopiados en pilas, se respiran junto al polvo en suspensión, ocasionando graves consecuencias para la salud. Sobre todo en el caso de los niños, en los que produce, entre otras dolencias, bajo coeficiente intelectual y dificultades de aprendizaje.
El saneamiento se financió con un crédito del Bid, en el marco de un programa coordinado por la cartera de minería nacional, del que también participaron la Provincia y el Municipio.
Ahora, el fallo ordena al “ministerio y secretarías de minería y energía de la Nación” que “arbitre en forma urgente las medidas necesarias para remediar los sitios contaminados identificados como calles y veredas de las manzanas 383 y 384 de San Antonio”.
Esas dos manzanas están en particular riesgo. Es que allí la firma Taym remedió los patios de las casas que a través del tiempo fueron construidas en el lugar donde se fundía el plomo. Pero dejó inconcluso el saneamiento de calles y veredas.
“Eso es lo riesgoso, porque el material contaminado está biodisponible, y de hecho creció el nivel de partículas (de metales pesados) en el polvo en suspensión. Esto quiere decir que los chicos y la población en gral. siguen expuestos. Pero además, que el saneamiento que se hizo en los patios será en vano, porque volverán a contaminarse si no se culmina de remediar el espacio público” manifestó la ingeniera Patricia Llonch, que es veedora de la multisectorial.
Cabe recordar que, luego de la suspensión de la obra, el grupo de vecinos también elevó un amparo ante la Justicia provincial.
Ese falló, que se resultó favorable, ordenó como medida cautelar que la firma no cerrara la celda a la que estaba llevando los tóxicos. De esta manera, ese foso podría recibir mayor cantidad de desechos.
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Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa que estaba haciendo el saneamiento dio por concluidos los trabajos. Alegó que los fondos destinados son insuficientes para la tarea.
Se extrajeron restos del material de la fundición que operó en el lugar años atrás. Se limpiaron patios de dos manzanas, pero no se trabajó en el espacio público.
La Justicia Federal hizo lugar al recurso de amparo presentado por la multisectorial de vecinos de esta ciudad y ordenó que, como medida cautelar, Nación arbitre los medios para sanear las calles y veredas de las dos manzanas donde antiguamente funcionaba la planta de fundición de la ex empresa fundidora Geotécnica.
Además, deberá seguir su curso la petición de máxima elevada a través del amparo, que es la solicitud de que no quede inconclusa la obra de remoción del plomo y otros metales pesados que afectan a la población.
Esos tóxicos estaban siendo saneados por la firma Taym, que recientemente finalizó las tareas alegando que los fondos recibidos eran insuficientes para realizar la totalidad de la obra.
Los contaminantes en cuestión son los que fueron abandonados hace décadas en el acceso a esta ciudad. Esos tóxicos, acopiados en pilas, se respiran junto al polvo en suspensión, ocasionando graves consecuencias para la salud. Sobre todo en el caso de los niños, en los que produce, entre otras dolencias, bajo coeficiente intelectual y dificultades de aprendizaje.
El saneamiento se financió con un crédito del Bid, en el marco de un programa coordinado por la cartera de minería nacional, del que también participaron la Provincia y el Municipio.
Ahora, el fallo ordena al “ministerio y secretarías de minería y energía de la Nación” que “arbitre en forma urgente las medidas necesarias para remediar los sitios contaminados identificados como calles y veredas de las manzanas 383 y 384 de San Antonio”.
Esas dos manzanas están en particular riesgo. Es que allí la firma Taym remedió los patios de las casas que a través del tiempo fueron construidas en el lugar donde se fundía el plomo. Pero dejó inconcluso el saneamiento de calles y veredas.
“Eso es lo riesgoso, porque el material contaminado está biodisponible, y de hecho creció el nivel de partículas (de metales pesados) en el polvo en suspensión. Esto quiere decir que los chicos y la población en gral. siguen expuestos. Pero además, que el saneamiento que se hizo en los patios será en vano, porque volverán a contaminarse si no se culmina de remediar el espacio público” manifestó la ingeniera Patricia Llonch, que es veedora de la multisectorial.
Cabe recordar que, luego de la suspensión de la obra, el grupo de vecinos también elevó un amparo ante la Justicia provincial.
Ese falló, que se resultó favorable, ordenó como medida cautelar que la firma no cerrara la celda a la que estaba llevando los tóxicos. De esta manera, ese foso podría recibir mayor cantidad de desechos.
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Limay: cinco años para parar la contaminación
Prevén 5 años para frenar la contaminación del río
Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén (CPAN) propuso un plan para mejorar la salud del río Limay en los próximos cinco años. La remediación se lograría a través del cierre de los 14 vuelcos clandestinos de efluentes cloacales que tienen identificados entre Senillosa y la Confluencia.
Ayer, la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante recibió al titular del CPAN, Pedro Brissio, quien detalló el estado de situación actual del cauce en función de los monitoreos que realiza la entidad en conjunto con Recursos Hídricos.
Brissio propuso crear un plan a mediano plazo –entre cinco y diez años- para optimizar las condiciones del Limay. La iniciativa surge de los resultados de los muestreos que realizaron sobre la cuenca y tiene tres ejes fundamentales.
Como primera medida, ofreció capacitar al personal del EPAS para mejorar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de efluentes, especialmente las de Senillosa y Plottier, que son las más nocivas para el curso de agua. “La de Plottier es la más atrasada en cuanto a mejoras porque está en una etapa muy incipiente, tanto en el proyecto ejecutivo como en la gestión de presupuesto, y es la más dañina”, contó. Según expuso, es la que requiere menos inversión y la que más impacto genera sobre la calidad del recurso.
Otro de los factores a combatir son los canales pluvioaluvionales porque reciben descargas cloacales y las depositan en el Limay. El arroyo Durán y el canal Villa María son los más comprometidos, por lo que Brissio propuso atacar las conexiones clandestinas para resolver la problemática.
El tercer agente no está relacionado con las descargas directas. “Es contaminación difusa. Se trata de urbanizaciones o desarrollos urbanos que no cuentan con una red cloacal y por infiltración pueden estar alcanzando el curso del río y contaminándolo”, detalló. Es por eso que consideró que se deben fiscalizar todos los emprendimientos urbanísticos para evitar que los desechos lleguen al curso de agua.
Desde el CPAN creen que si se respetan estos tres pilares, la situación del río Limay podría cambiar radicalmente en los próximos cinco años. Sin embargo, señalaron que la situación del Neuquén es más preocupante porque recibe más cargas y tiene menos caudal, por lo que su capacidad de depuración es mucho menor.
“Uno de los puntos contaminantes es el matadero que arroja desechos en el río. Creemos que con una pequeña inversión en la planta de tratamiento se puede mejorar considerablemente”, concluyó.
“La visión a mediano plazo tiene sentido, apuntamos a controlar y a poner en funcionamiento los sistemas para recuperar la sanidad de los ríos”. Pedro Brissio Titular del CPAN
Monitoreo de los ríos en conjunto
Desde mediados del año pasado, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el CPAN trabajan juntos en el monitoreo de los ríos con el objetivo de tener un control sobre las descargas contaminantes. Se toman muestras de los vuelcos de las plantas de tratamiento, las zonas donde hay tomas de agua y secciones intermedias. “Ese programa incluye 80 puntos de muestreo en el río Neuquén y 58 en el Limay”, explicó Brissio.
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Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén (CPAN) propuso un plan para mejorar la salud del río Limay en los próximos cinco años. La remediación se lograría a través del cierre de los 14 vuelcos clandestinos de efluentes cloacales que tienen identificados entre Senillosa y la Confluencia.
Ayer, la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante recibió al titular del CPAN, Pedro Brissio, quien detalló el estado de situación actual del cauce en función de los monitoreos que realiza la entidad en conjunto con Recursos Hídricos.
Brissio propuso crear un plan a mediano plazo –entre cinco y diez años- para optimizar las condiciones del Limay. La iniciativa surge de los resultados de los muestreos que realizaron sobre la cuenca y tiene tres ejes fundamentales.
Como primera medida, ofreció capacitar al personal del EPAS para mejorar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de efluentes, especialmente las de Senillosa y Plottier, que son las más nocivas para el curso de agua. “La de Plottier es la más atrasada en cuanto a mejoras porque está en una etapa muy incipiente, tanto en el proyecto ejecutivo como en la gestión de presupuesto, y es la más dañina”, contó. Según expuso, es la que requiere menos inversión y la que más impacto genera sobre la calidad del recurso.
Otro de los factores a combatir son los canales pluvioaluvionales porque reciben descargas cloacales y las depositan en el Limay. El arroyo Durán y el canal Villa María son los más comprometidos, por lo que Brissio propuso atacar las conexiones clandestinas para resolver la problemática.
El tercer agente no está relacionado con las descargas directas. “Es contaminación difusa. Se trata de urbanizaciones o desarrollos urbanos que no cuentan con una red cloacal y por infiltración pueden estar alcanzando el curso del río y contaminándolo”, detalló. Es por eso que consideró que se deben fiscalizar todos los emprendimientos urbanísticos para evitar que los desechos lleguen al curso de agua.
Desde el CPAN creen que si se respetan estos tres pilares, la situación del río Limay podría cambiar radicalmente en los próximos cinco años. Sin embargo, señalaron que la situación del Neuquén es más preocupante porque recibe más cargas y tiene menos caudal, por lo que su capacidad de depuración es mucho menor.
“Uno de los puntos contaminantes es el matadero que arroja desechos en el río. Creemos que con una pequeña inversión en la planta de tratamiento se puede mejorar considerablemente”, concluyó.
“La visión a mediano plazo tiene sentido, apuntamos a controlar y a poner en funcionamiento los sistemas para recuperar la sanidad de los ríos”. Pedro Brissio Titular del CPAN
Monitoreo de los ríos en conjunto
Desde mediados del año pasado, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el CPAN trabajan juntos en el monitoreo de los ríos con el objetivo de tener un control sobre las descargas contaminantes. Se toman muestras de los vuelcos de las plantas de tratamiento, las zonas donde hay tomas de agua y secciones intermedias. “Ese programa incluye 80 puntos de muestreo en el río Neuquén y 58 en el Limay”, explicó Brissio.
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La minería presiona para explotar en los glaciares
Fuerte reclamo en la feria minera por la modificación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
En la apertura de la Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, que tuvo lugar ayer, tanto el gobernador Sergio Uñac como el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para favorecer la llegada de inversiones en la actividad. "Que no haya cantos de sirena que desvíen la atención y quieran llevar a la opinión pública hacia un sector que termina siendo interesado", pidió el mandatario, mientras que el funcionario nacional solicitó "ponernos de acuerdo con una norma que no existe en ningún lugar del mundo".
El debate por la Ley de Glaciares y la necesidad de modificar la norma viene siendo reclamado por el sector minero como una necesidad para dar seguridad a los inversores porque tiene puntos poco claros que demandan mayores precisiones, como la definición de "ambiente periglacial", que no figura en la norma aprobada en el Congreso Nacional en el 2010. Y por su importancia saltó en los discursos de apertura del encuentro. Se trata de una gran feria minera que por séptimo año consecutivo se desarrolló en San Juan, en esta oportunidad con la participación de representantes de 17 países.
Entre los oradores, el presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé, pidió "dar confianza para que los extranjeros vengan a invertir, pero también nosotros debemos generar esa confianza".
Después, el ministro de Minería, Alberto Hensel, destacó que la Provincia había dado "dos pasos en los últimos dos años para mejorar la imagen como destino de las inversiones mineras. La primera fue la ley de incentivos fiscales y la otra fue la promoción de emprendedores mineros". "Estamos convencidos de que no hay que gravar la inversión sino la producción en esta actividad", sostuvo el funcionario.
Otro tema al que se refirió fue al cuidado del ambiente, "porque lo que buscamos es un equilibrio entre ese cuidado, la minería y la seguridad pública".
A su turno, el subsecretario Capello dijo que "hay que dejar de perder oportunidades y ponernos de acuerdo en una serie de cuestiones; por ejemplo, en llevar energía a la cordillera". Y agregó que "si ponemos en marcha la minería nos vamos a poder sentar en la mesa grande de la Unión Industrial Argentina".
El embajador de Canadá en Argentina, Robert Fry, sostuvo que "hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, porque ambas cuestiones se hacen juntas".
En el cierre, el gobernador Uñac habló del trabajo desarrollado por el Gobierno local porque "la Provincia no se ha sentado a esperar, además de las medidas acertadas dispuestas por el Gobierno nacional" y mencionó la alianza estratégica del "Gobierno con el sector privado".
La actividad continuará hoy, en el predio de la empresa Maverick, en Pocito, con entrada libre con la feria minera, de 15 a 21, y una ronda de negocios, de 9 a 21, pero con acceso exclusivo para auspiciantes y expositores del encuentro.
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Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
En la apertura de la Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, que tuvo lugar ayer, tanto el gobernador Sergio Uñac como el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para favorecer la llegada de inversiones en la actividad. "Que no haya cantos de sirena que desvíen la atención y quieran llevar a la opinión pública hacia un sector que termina siendo interesado", pidió el mandatario, mientras que el funcionario nacional solicitó "ponernos de acuerdo con una norma que no existe en ningún lugar del mundo".
El debate por la Ley de Glaciares y la necesidad de modificar la norma viene siendo reclamado por el sector minero como una necesidad para dar seguridad a los inversores porque tiene puntos poco claros que demandan mayores precisiones, como la definición de "ambiente periglacial", que no figura en la norma aprobada en el Congreso Nacional en el 2010. Y por su importancia saltó en los discursos de apertura del encuentro. Se trata de una gran feria minera que por séptimo año consecutivo se desarrolló en San Juan, en esta oportunidad con la participación de representantes de 17 países.
Entre los oradores, el presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé, pidió "dar confianza para que los extranjeros vengan a invertir, pero también nosotros debemos generar esa confianza".
Después, el ministro de Minería, Alberto Hensel, destacó que la Provincia había dado "dos pasos en los últimos dos años para mejorar la imagen como destino de las inversiones mineras. La primera fue la ley de incentivos fiscales y la otra fue la promoción de emprendedores mineros". "Estamos convencidos de que no hay que gravar la inversión sino la producción en esta actividad", sostuvo el funcionario.
Otro tema al que se refirió fue al cuidado del ambiente, "porque lo que buscamos es un equilibrio entre ese cuidado, la minería y la seguridad pública".
A su turno, el subsecretario Capello dijo que "hay que dejar de perder oportunidades y ponernos de acuerdo en una serie de cuestiones; por ejemplo, en llevar energía a la cordillera". Y agregó que "si ponemos en marcha la minería nos vamos a poder sentar en la mesa grande de la Unión Industrial Argentina".
El embajador de Canadá en Argentina, Robert Fry, sostuvo que "hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, porque ambas cuestiones se hacen juntas".
En el cierre, el gobernador Uñac habló del trabajo desarrollado por el Gobierno local porque "la Provincia no se ha sentado a esperar, además de las medidas acertadas dispuestas por el Gobierno nacional" y mencionó la alianza estratégica del "Gobierno con el sector privado".
La actividad continuará hoy, en el predio de la empresa Maverick, en Pocito, con entrada libre con la feria minera, de 15 a 21, y una ronda de negocios, de 9 a 21, pero con acceso exclusivo para auspiciantes y expositores del encuentro.
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Riachuelo: no basta con nuevos plazos
Sostienen que es insuficiente que la Corte pida plazos para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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