Se discute una Ley de Agroquímicos poco preventiva
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Qué dice el proyecto de Ley de Agroquímicos que avanza en la Legislatura bonaerense
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura se apresta a aprobar un nuevo marco regulatorio de uso de agroquímicos. Las distancias mínimas serán de 30 metros respecto de zonas urbanas y de escuelas, siempre y cuando no haya clases.
La regulación para el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es un tema sensible y eje de constante debate. En la actualidad está en vigencia la ley 10.699 pero que en la práctica no se aplica, porque cerca de la mitad de los municipios bonaerenses dictaron sus propias resoluciones al respecto.
Los legisladores bonaerenses tomaron nota de esta situación, y el senador Alfonso Coll Areco presentó un proyecto en la Cámara alta, que fue rápidamente aprobado en 2016 e ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados. En ese punto, la iniciativa tomó estado público y fue duramente criticada por las distancias de aplicación, que generaron un sinfín de polémicas y acusaciones cruzadas.
En concreto, y más allá de estas cuestiones y otras que exigían un profundo debate, el texto del legislador fue el disparador para intentar ordenar la legislación sobre este tema, que divide opiniones. Finalmente, y tras un prolongado debate en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios, el proyecto de ley fue aprobado y en breve –previo paso por otra comisión- saldrá a tablas para su aprobación final.
Consultada por Infocielo, la legisladora por el Frente Renovador María del Huerto Ratto –que además preside Asuntos Agrarios– destacó que el proyecto se aprobó tras varios cambios. “Fue un año de debates con diferentes instituciones, entidades, facultades, Conicet y el INTA”, destacó y añadió que la ley establece una zona de amortiguamiento de 500 metros.
El texto establece zonas de amortiguación (ZA) y exclusión (ZE), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En el primer caso, define a la ZA como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
Complementariamente, las ZE son las zonas “donde se prohíbe todo tipo de aplicación”, y estipula que será de 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres (tanto de arrastre como autopropulsadas) y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
En los municipios bonaerenses, existen controversias sobre el paso de las pulverizadoras terrestres por las calles de las ciudades. El nuevo proyecto busca despejar estas dudas, y sostiene que “las maquinarias de aplicación terrestre no circularan en áreas urbanas y en casos excepcionales podrán hacerlo vacías, limpias y utilizando pastillas con sistema antigoteo, de forma tal de garantizar su hermeticidad”.
El texto aprobado en Asuntos Agrarios cuenta con un apartado dedicado a los establecimientos educativos del ámbito rural, y especifica que no podrán realizarse aplicaciones aéreas en un radio de 500 metros, y terrestres en un área de 30 metros. Y en ambos casos, deberá notificarse día y hora que se efectuarán, y se realizarán fuera del horario de clases.
En relación a los asesores agronómicos, que serán los encargados de elaborar la receta para la aplicación de fitosanitarios, el proyecto de ley lo rotula como un “profesional universitario con incumbencia en la materia”, y deberán contar con matrícula habilitante del colegio profesional correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Tras su tratamiento en Diputados, el proyecto original de Coll Areco fue modificado en aspectos vinculados a la distancia de aplicación y mecanismos para su control, entre otros aspectos. El dato a tener en cuenta en este nuevo proyecto es la incorporación de un capítulo dedicado a la actividad fruti hortícola, producción que la iniciativa original no contemplaba. “El marco legal para esta actividad era algo que hace muchísimo que se venía pidiendo”, sintetizó Ratto. En concreto, el artículo 40 establece que “la producción hortícola deberá contar con un profesional especializado en la materia. Dicho profesional será quien realice la receta agronómica, donde quedara establecido el tiempo de carencia y de reingreso a los lotes tratados”.
La comisión de Asuntos Agrarios también aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada, que apunta a prohibir de manera permanente el uso del herbicida 2-4D (en su fórmula de éster) en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si bien el ministerio de Asuntos Agrarios encabezado por Leonardo Sarquis dictó una normativa que prohíbe su aplicacióm entre los meses de octubre y marzo, la iniciativa de Ratto tiene como principal diferencia que dictamina su restricción de manera permanente.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura se apresta a aprobar un nuevo marco regulatorio de uso de agroquímicos. Las distancias mínimas serán de 30 metros respecto de zonas urbanas y de escuelas, siempre y cuando no haya clases.
La regulación para el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es un tema sensible y eje de constante debate. En la actualidad está en vigencia la ley 10.699 pero que en la práctica no se aplica, porque cerca de la mitad de los municipios bonaerenses dictaron sus propias resoluciones al respecto.
Los legisladores bonaerenses tomaron nota de esta situación, y el senador Alfonso Coll Areco presentó un proyecto en la Cámara alta, que fue rápidamente aprobado en 2016 e ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados. En ese punto, la iniciativa tomó estado público y fue duramente criticada por las distancias de aplicación, que generaron un sinfín de polémicas y acusaciones cruzadas.
En concreto, y más allá de estas cuestiones y otras que exigían un profundo debate, el texto del legislador fue el disparador para intentar ordenar la legislación sobre este tema, que divide opiniones. Finalmente, y tras un prolongado debate en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios, el proyecto de ley fue aprobado y en breve –previo paso por otra comisión- saldrá a tablas para su aprobación final.
Consultada por Infocielo, la legisladora por el Frente Renovador María del Huerto Ratto –que además preside Asuntos Agrarios– destacó que el proyecto se aprobó tras varios cambios. “Fue un año de debates con diferentes instituciones, entidades, facultades, Conicet y el INTA”, destacó y añadió que la ley establece una zona de amortiguamiento de 500 metros.
El texto establece zonas de amortiguación (ZA) y exclusión (ZE), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En el primer caso, define a la ZA como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
Complementariamente, las ZE son las zonas “donde se prohíbe todo tipo de aplicación”, y estipula que será de 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres (tanto de arrastre como autopropulsadas) y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
En los municipios bonaerenses, existen controversias sobre el paso de las pulverizadoras terrestres por las calles de las ciudades. El nuevo proyecto busca despejar estas dudas, y sostiene que “las maquinarias de aplicación terrestre no circularan en áreas urbanas y en casos excepcionales podrán hacerlo vacías, limpias y utilizando pastillas con sistema antigoteo, de forma tal de garantizar su hermeticidad”.
El texto aprobado en Asuntos Agrarios cuenta con un apartado dedicado a los establecimientos educativos del ámbito rural, y especifica que no podrán realizarse aplicaciones aéreas en un radio de 500 metros, y terrestres en un área de 30 metros. Y en ambos casos, deberá notificarse día y hora que se efectuarán, y se realizarán fuera del horario de clases.
En relación a los asesores agronómicos, que serán los encargados de elaborar la receta para la aplicación de fitosanitarios, el proyecto de ley lo rotula como un “profesional universitario con incumbencia en la materia”, y deberán contar con matrícula habilitante del colegio profesional correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Tras su tratamiento en Diputados, el proyecto original de Coll Areco fue modificado en aspectos vinculados a la distancia de aplicación y mecanismos para su control, entre otros aspectos. El dato a tener en cuenta en este nuevo proyecto es la incorporación de un capítulo dedicado a la actividad fruti hortícola, producción que la iniciativa original no contemplaba. “El marco legal para esta actividad era algo que hace muchísimo que se venía pidiendo”, sintetizó Ratto. En concreto, el artículo 40 establece que “la producción hortícola deberá contar con un profesional especializado en la materia. Dicho profesional será quien realice la receta agronómica, donde quedara establecido el tiempo de carencia y de reingreso a los lotes tratados”.
La comisión de Asuntos Agrarios también aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada, que apunta a prohibir de manera permanente el uso del herbicida 2-4D (en su fórmula de éster) en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si bien el ministerio de Asuntos Agrarios encabezado por Leonardo Sarquis dictó una normativa que prohíbe su aplicacióm entre los meses de octubre y marzo, la iniciativa de Ratto tiene como principal diferencia que dictamina su restricción de manera permanente.
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Entre Ríos insiste con Macri por las pasteras
Ambientalistas y ONG`S volverán a pedir a Macri que ponga en marcha el monitoreo ambiental por las pasteras
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: Diario del Sur Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la planta UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", indica el parte de prensa oficial.
Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.
En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.
"Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino"
El secretario de Ambiente explicó que la Provincia "propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG’s ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur".
Luego expresó que “no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado”. Asimismo, agregó que más allá del "sentir nacional" de la causa del pueblo de Gualeguaychú, “los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos”.
Fallo internacional
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: Diario del Sur Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la planta UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", indica el parte de prensa oficial.
Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.
En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.
"Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino"
El secretario de Ambiente explicó que la Provincia "propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG’s ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur".
Luego expresó que “no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado”. Asimismo, agregó que más allá del "sentir nacional" de la causa del pueblo de Gualeguaychú, “los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos”.
Fallo internacional
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.
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El gerente del megabasural de Pacará Pintado elude juicio
El gerente de Pacará Pintado elude el juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Tres focos activos en San Luis, no afloja el fuego
El fuego no da tregua en San Luis mientras la justicia indaga al supuesto causante del incendio en La Punta
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
Con tres focos aún activos en el noreste del territorio provincial y condiciones climáticas adversas que no permiten el uso de aviones hidrantes, los bomberos voluntarios y socorristas puntanos se reagruparon esta mañana para dirigirse hacia el norte, luego de una noche de trabajo en la que lograron combatir cuatro de los siete frentes que se reavivaron en la tarde noche de ayer.
"Paso Grande, Boca del Tigre y Santa Rosa son los lugares amenazados por el fuego activo, mientras que desde la localidad de Nogolí aún no ha reportado la extinción total", explicó a Télam el jefe de San Luis Solidario, José Torres.
"Tenemos un viento de 60 kilómetros por hora" afirmó el funcionario, lo que no permite la actuación de los aviones hidrantes por lo que "nuestros socorristas se están reagrupando para dirigirse al norte provincial donde tenemos tres focos activos".
El jefe de la división de rescate puntano agregó que ayer sobre la medianoche se lograron controlar cuatro de los siete focos que se encontraban activos, neutralizando el del paraje Carpintería, cercano a San Francisco del Monte de Oro, el que estaba entre Quines y Candelaria, el de Paso Grande y el que amenazó al dique San Felipe.
Sobre la medianoche una dotación de socorristas de San Francisco viajó para ayudar a sofocar el incendio que aún persistía en Villa General Roca, Santa Rosa y El Suyuque.
Por otra parte, el juez penal Sebastián Cadelago Filippi indagará hoy a Rodolfo Cuello, el hombre de 52 años detenido ayer, sospechado de ser quien causó uno de los incendios que asoló el miércoles a la ciudad de La Punta, distante a 20 kilómetros de esta capital, en la zona de las 900 Viviendas.
Cuello es productor agropecuario y dueño de un campo ubicado a la altura del kilómetro 107 de la ruta provincial 146 y según las pericias, el productor habría iniciado el fuego en su establecimiento pero las llamas terminaron consumiendo decenas de hectáreas en una vasta zona comprendida por las 900 y 600 Viviendas, Los Lapachos y la Universidad de La Punta (ULP).
El juez puede acusar a Cuello de estrago doloso, un delito que contempla hasta 15 años de prisión si se prueba que puso en riesgo la vida de las personas.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
Con tres focos aún activos en el noreste del territorio provincial y condiciones climáticas adversas que no permiten el uso de aviones hidrantes, los bomberos voluntarios y socorristas puntanos se reagruparon esta mañana para dirigirse hacia el norte, luego de una noche de trabajo en la que lograron combatir cuatro de los siete frentes que se reavivaron en la tarde noche de ayer.
"Paso Grande, Boca del Tigre y Santa Rosa son los lugares amenazados por el fuego activo, mientras que desde la localidad de Nogolí aún no ha reportado la extinción total", explicó a Télam el jefe de San Luis Solidario, José Torres.
"Tenemos un viento de 60 kilómetros por hora" afirmó el funcionario, lo que no permite la actuación de los aviones hidrantes por lo que "nuestros socorristas se están reagrupando para dirigirse al norte provincial donde tenemos tres focos activos".
El jefe de la división de rescate puntano agregó que ayer sobre la medianoche se lograron controlar cuatro de los siete focos que se encontraban activos, neutralizando el del paraje Carpintería, cercano a San Francisco del Monte de Oro, el que estaba entre Quines y Candelaria, el de Paso Grande y el que amenazó al dique San Felipe.
Sobre la medianoche una dotación de socorristas de San Francisco viajó para ayudar a sofocar el incendio que aún persistía en Villa General Roca, Santa Rosa y El Suyuque.
Por otra parte, el juez penal Sebastián Cadelago Filippi indagará hoy a Rodolfo Cuello, el hombre de 52 años detenido ayer, sospechado de ser quien causó uno de los incendios que asoló el miércoles a la ciudad de La Punta, distante a 20 kilómetros de esta capital, en la zona de las 900 Viviendas.
Cuello es productor agropecuario y dueño de un campo ubicado a la altura del kilómetro 107 de la ruta provincial 146 y según las pericias, el productor habría iniciado el fuego en su establecimiento pero las llamas terminaron consumiendo decenas de hectáreas en una vasta zona comprendida por las 900 y 600 Viviendas, Los Lapachos y la Universidad de La Punta (ULP).
El juez puede acusar a Cuello de estrago doloso, un delito que contempla hasta 15 años de prisión si se prueba que puso en riesgo la vida de las personas.
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El agro dice que no emite, que es secuestrador de CO2
Cambio climático: para la Sociedad Rural, se secuestra más carbono que el que se emite
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
"Aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor", dijo la entidad.
Según el último inventario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el segundo emisor de carbono de la Argentina es el agro. En este cálculo, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Sin embargo, una presentación realizada el miércoles pasado en un seminario conjunto de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puso reparos sobre ese dato. La investigación considera que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que no estaría haciendo un balance que contemple el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional. El estudio también abarca a Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los autores de la investigación fueron los Dres. Ernesto Viglizzo y Florencia Ricard. Ernesto Viglizzo asesora en temas ambientales a GPS (Grupo de Países Productores del Sur) y a la SRA. Es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Investigador Principal del CONICET y ex investigador del INTA.
“El sector rural está generando un crédito de carbono que no está contemplado en los inventarios”, aseguró Viglizzo frente a técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agroindustria, entidades rurales y referentes de la organización civil en temas ambientales.
Según su investigación, “aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor. La clave no está en la biomasa aérea, sino en la raíces”. Utilizando grandes bases de datos, Viglizzo y Ricard estimaron, por un lado, el secuestro anual de carbono en la biomasa de raíces de esos biomas, y por el otro, las fugas respiratorias que ocurren en esa fracción de biomasa, la cual es afectada por factores como la temperatura y la intensidad de pastoreo.
“Como el balance es claramente positivo, ese crédito de carbono alcanzaría los 178 millones de toneladas al año, que cubriría el 179% de la emisión de gases de efecto invernadero de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto, si tal estimación fuera aceptada, la Argentina podría entrar en la categoría de país Carbono Neutro”, afirmó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, destacó: “Es necesario que las acciones para revertir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero contribuyan a la seguridad alimentaria y a reducir el hambre en el mundo”, y agregó: “Para diseñar esa estrategia, tenemos que cooperar para que el diagnóstico atienda todas las opciones de análisis y sea lo más completo posible”.
Por su parte, la Ministro Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó: “Tenemos una oportunidad para analizar cómo contabilizamos las emisiones y secuestros y contrastar con las metodologías que se vienen usando. El IPCC es el órgano que valida las metodologías para medir las emisiones y capturas de carbono en suelo”, y agregó: “Es importante en este sentido que la investigación del Dr. Viglizzo se difunda a nivel interno a fin de tener un consenso que pueda ser presentado a nivel internacional”. Además, planteó que un ámbito propicio para hacer escuchar esta posición será la próxima reunión de la Cumbre del Cambio Climático en noviembre, en Bonn, Alemania.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
"Aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor", dijo la entidad.
Según el último inventario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el segundo emisor de carbono de la Argentina es el agro. En este cálculo, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Sin embargo, una presentación realizada el miércoles pasado en un seminario conjunto de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puso reparos sobre ese dato. La investigación considera que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que no estaría haciendo un balance que contemple el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional. El estudio también abarca a Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los autores de la investigación fueron los Dres. Ernesto Viglizzo y Florencia Ricard. Ernesto Viglizzo asesora en temas ambientales a GPS (Grupo de Países Productores del Sur) y a la SRA. Es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Investigador Principal del CONICET y ex investigador del INTA.
“El sector rural está generando un crédito de carbono que no está contemplado en los inventarios”, aseguró Viglizzo frente a técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agroindustria, entidades rurales y referentes de la organización civil en temas ambientales.
Según su investigación, “aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor. La clave no está en la biomasa aérea, sino en la raíces”. Utilizando grandes bases de datos, Viglizzo y Ricard estimaron, por un lado, el secuestro anual de carbono en la biomasa de raíces de esos biomas, y por el otro, las fugas respiratorias que ocurren en esa fracción de biomasa, la cual es afectada por factores como la temperatura y la intensidad de pastoreo.
“Como el balance es claramente positivo, ese crédito de carbono alcanzaría los 178 millones de toneladas al año, que cubriría el 179% de la emisión de gases de efecto invernadero de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto, si tal estimación fuera aceptada, la Argentina podría entrar en la categoría de país Carbono Neutro”, afirmó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, destacó: “Es necesario que las acciones para revertir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero contribuyan a la seguridad alimentaria y a reducir el hambre en el mundo”, y agregó: “Para diseñar esa estrategia, tenemos que cooperar para que el diagnóstico atienda todas las opciones de análisis y sea lo más completo posible”.
Por su parte, la Ministro Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó: “Tenemos una oportunidad para analizar cómo contabilizamos las emisiones y secuestros y contrastar con las metodologías que se vienen usando. El IPCC es el órgano que valida las metodologías para medir las emisiones y capturas de carbono en suelo”, y agregó: “Es importante en este sentido que la investigación del Dr. Viglizzo se difunda a nivel interno a fin de tener un consenso que pueda ser presentado a nivel internacional”. Además, planteó que un ámbito propicio para hacer escuchar esta posición será la próxima reunión de la Cumbre del Cambio Climático en noviembre, en Bonn, Alemania.
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Desmontan area protegida de Neuquén
Por el desmonte se perdieron casi 4.000 metros cuadrados de barda en Neuquén
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Mapa muestra escenario climático a futuro
Mapas interactivos revelan los riesgos del cambio climático en Argentina hasta 2100
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
¿Cuáles son los riesgos climáticos para una obra pública de largo plazo? ¿Qué escenario pueden esperar las firmas aseguradoras de aquí a 30 años? ¿Cuánto puede impactar el aumento de las temperaturas o un incremento en el régimen de lluvias sobre los hogares con hacinamiento? Estas son sólo algunos de los interrogantes que intentará responder el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC).
Diseñados por el ministerio de Ambiente y y Desarrollo Sustentable "para los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del privado", es decir, gobierno nacional, ejecutivos provinciales y locales, pero también inversores, maestros, profesores y científicos, la plataforma interactiva permite visualizar los diversos escenarios de amenazas y vulnerabilidades sociales relacionadas con el fenómeno en dos fronteras temporales: 2039 y 2100.
Los mapas pueden ser descargados y entrecruzan diversas capas de información socioeconómica con las amenazas del clima y permiten enfocar las variables hasta avizorar las consecuencias que tendrá en los departamentos de cada provincia del país. La información posibilitará realizar ajustes y correcciones en obras de infraestructura, estrategias de desarrollo y diseño de políticas de prevención de desastres y, también, reducir los riesgos de inversiones.
El titular de la cartera, Sergio Bergman, definió la iniciativa como "un punto de inflexión" y "un cambio de paradigma". "No son mapas de meteorología para saber cómo estará el tiempo la semana que viene, sino para la planificación estratégica. Y tienen como prioridad la adaptación al cambio climático, porque hasta que podamos desarrollar políticas efectivas de mitigación tendremos que adaptarnos a lo que tenemos", agregó el funcionario durante la presentación llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
Los mapas se basan en los resultados obtenidos en el informe climático que presentó la Argentina a las Naciones Unidas en 2015, datos procesados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA y los últimos dos censos nacionales del INDEC. Fuentes del ministerio adelantaron que en el futuro se incluirá información adicional sobre otros actores del sector público, privado y sociedad civil.
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
¿Cuáles son los riesgos climáticos para una obra pública de largo plazo? ¿Qué escenario pueden esperar las firmas aseguradoras de aquí a 30 años? ¿Cuánto puede impactar el aumento de las temperaturas o un incremento en el régimen de lluvias sobre los hogares con hacinamiento? Estas son sólo algunos de los interrogantes que intentará responder el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC).
Diseñados por el ministerio de Ambiente y y Desarrollo Sustentable "para los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del privado", es decir, gobierno nacional, ejecutivos provinciales y locales, pero también inversores, maestros, profesores y científicos, la plataforma interactiva permite visualizar los diversos escenarios de amenazas y vulnerabilidades sociales relacionadas con el fenómeno en dos fronteras temporales: 2039 y 2100.
Los mapas pueden ser descargados y entrecruzan diversas capas de información socioeconómica con las amenazas del clima y permiten enfocar las variables hasta avizorar las consecuencias que tendrá en los departamentos de cada provincia del país. La información posibilitará realizar ajustes y correcciones en obras de infraestructura, estrategias de desarrollo y diseño de políticas de prevención de desastres y, también, reducir los riesgos de inversiones.
El titular de la cartera, Sergio Bergman, definió la iniciativa como "un punto de inflexión" y "un cambio de paradigma". "No son mapas de meteorología para saber cómo estará el tiempo la semana que viene, sino para la planificación estratégica. Y tienen como prioridad la adaptación al cambio climático, porque hasta que podamos desarrollar políticas efectivas de mitigación tendremos que adaptarnos a lo que tenemos", agregó el funcionario durante la presentación llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
Los mapas se basan en los resultados obtenidos en el informe climático que presentó la Argentina a las Naciones Unidas en 2015, datos procesados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA y los últimos dos censos nacionales del INDEC. Fuentes del ministerio adelantaron que en el futuro se incluirá información adicional sobre otros actores del sector público, privado y sociedad civil.
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Vaca Muerta y criminalización a mapuches
Criminalización y contaminación en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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El balance habitacional en el Ríachuelo en negativo
Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Condena a implicados en fumigación a escuela rural
Condenaron a un productor, un empresario y un piloto por fumigar una escuela rural con agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Es histórico. Por primera vez la Justicia argentina dispuso una serie de condenas por la pulverización aérea con agroquímicos sobre un colegio, la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos.
En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional para acortar las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a los tres procesados a 18 meses de prisión. Se trata del dueño de la empresa fumigadora, Erminio Bernardo Rodríguez, el propietario del campo, José Mario Honecker, y el piloto César Martín Visconti.
El 4 de diciembre de 2014, en pleno horario de clase y sin aviso previo, el avión de la empresa Villaguay Aero Litoral SA que piloteaba Visconti aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero a la escuela rural de Santa Anita. En el colegio estaban la directora Mariela Leiva y cinco alumnos. De manera casi instantánea, la docente y sus estudiantes empezaron a sentirse mal. Mareos, dolores de cabeza y de estómago, vómitos, irritaciones en la nariz y los ojos… los agroquímicos los habían intoxicado.
Fue la propia Leiva la que impulsó la denuncia con el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que inició la campaña "Paren de Fumigar las escuelas". En el medio, sufrió amenazas. "Callate la boca, porque si no la vas a pasar mal", le advirtieron.
Para sorpresa de muchos, la investigación avanzó y el 22 de septiembre empezó el juicio oral que hoy terminó con la inédita condena por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". El fallo, del que aún no se conocen los argumentos, lleva la firma de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La pena de 18 meses de prisión impuesta a los tres acusados coincide con el pedido de la fiscalía. El piloto, además, deberá cumplir con una inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
Al pedir la pena, el fiscal Fernando Lombardi subrayó que no se cumplió con las 48 horas de preaviso ni se llenaron las planillas con indicaciones, y destacó que la empresa no estaba habilitada, el avión fumigador no estaba registrado en Entre Ríos y no había un ingeniero al momento de la aplicación de los agroquímicos. Son, en suma, muchos de los problemas que los críticos de la actividad suelen resaltar.
Pese que se trata de una pena baja que no será de cumplimiento efectivo, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados celebró la sentencia, ya que "marca un precedente jurídico".
En esa sintonía, el sindicato AGMER consideró que la resolución "sienta un precedente a nivel provincial y nacional, y es un aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales que ponen en peligro la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente".
También la docente celebró la decisión. "Estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia. Buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho", dijo Leiva a Radio Máxima.
No obstante, consideró que la pena fue baja. "Yo hubiese preferido que fuera el máximo para estos casos, que es de tres años, pese a que no iban a cumplirlos en una cárcel. Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", evaluó.
A su vez, lamentó que la Justicia no haya logrado determinar el nivel de intoxicación y las consecuencias que sufrieron ella y sus alumnos. "En un primer momento nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos", concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Es histórico. Por primera vez la Justicia argentina dispuso una serie de condenas por la pulverización aérea con agroquímicos sobre un colegio, la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos.
En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional para acortar las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a los tres procesados a 18 meses de prisión. Se trata del dueño de la empresa fumigadora, Erminio Bernardo Rodríguez, el propietario del campo, José Mario Honecker, y el piloto César Martín Visconti.
El 4 de diciembre de 2014, en pleno horario de clase y sin aviso previo, el avión de la empresa Villaguay Aero Litoral SA que piloteaba Visconti aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero a la escuela rural de Santa Anita. En el colegio estaban la directora Mariela Leiva y cinco alumnos. De manera casi instantánea, la docente y sus estudiantes empezaron a sentirse mal. Mareos, dolores de cabeza y de estómago, vómitos, irritaciones en la nariz y los ojos… los agroquímicos los habían intoxicado.
Fue la propia Leiva la que impulsó la denuncia con el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que inició la campaña "Paren de Fumigar las escuelas". En el medio, sufrió amenazas. "Callate la boca, porque si no la vas a pasar mal", le advirtieron.
Para sorpresa de muchos, la investigación avanzó y el 22 de septiembre empezó el juicio oral que hoy terminó con la inédita condena por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". El fallo, del que aún no se conocen los argumentos, lleva la firma de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La pena de 18 meses de prisión impuesta a los tres acusados coincide con el pedido de la fiscalía. El piloto, además, deberá cumplir con una inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
Al pedir la pena, el fiscal Fernando Lombardi subrayó que no se cumplió con las 48 horas de preaviso ni se llenaron las planillas con indicaciones, y destacó que la empresa no estaba habilitada, el avión fumigador no estaba registrado en Entre Ríos y no había un ingeniero al momento de la aplicación de los agroquímicos. Son, en suma, muchos de los problemas que los críticos de la actividad suelen resaltar.
Pese que se trata de una pena baja que no será de cumplimiento efectivo, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados celebró la sentencia, ya que "marca un precedente jurídico".
En esa sintonía, el sindicato AGMER consideró que la resolución "sienta un precedente a nivel provincial y nacional, y es un aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales que ponen en peligro la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente".
También la docente celebró la decisión. "Estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia. Buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho", dijo Leiva a Radio Máxima.
No obstante, consideró que la pena fue baja. "Yo hubiese preferido que fuera el máximo para estos casos, que es de tres años, pese a que no iban a cumplirlos en una cárcel. Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", evaluó.
A su vez, lamentó que la Justicia no haya logrado determinar el nivel de intoxicación y las consecuencias que sufrieron ella y sus alumnos. "En un primer momento nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos", concluyó.
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Monos en riesgo por empobrecimiento genético
Monos en riesgo: tienen menos diversidad y podrían ser más vulnerables a la fiebre amarilla
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del IBS detectó que las poblaciones de carayá –la especie más común de Argentina- están reducidas y empobrecidas genéticamente.
Las poblaciones de monos carayá –la especie más extendida en Argentina- están reducidas y tienen poca variabilidad genética, según determinó un nuevo estudio de investigadores del CONICET. Esta situación podría ser la causa de que presenten una mayor susceptibilidad a la fiebre amarilla, una enfermedad selvática que se registra de manera recurrente en Sudamérica y que también afecta a humanos.
La investigación, que fue publicada hoy en la revista PLOS One, se centró en animales de la región noreste de Argentina y del sur de Paraguay. Los autores del trabajo destacan la necesidad de declarar a la especie Alouatta caraya como “Vulnerable” y proponen estrategias de manejo y conservación.
La subsistencia de éstos y otros monos que habitan en la región se ve dificultada por las mismas causas que afectan a distintos mamíferos, como el yaguareté. “La deforestación resultante de la agricultura y ganadería a gran escala y las inundaciones de bosques ribereños para la construcción de represas, son algunos de los factores que causaron el deterioro del hábitat de la especie. A eso también se suma tráfico de fauna para comercio de mascotas y la cacería”, señala la investigadora adjunta del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNAM), Luciana Oklander, primera autora del estudio, del que también participaron grupos del Centro de Bioinvestigaciones (CEBIO, UNNOBA – CONICET) y del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de la importante función que cumplen de cada uno de los animales que componen el ecosistema selvático, los monos desempeñan un rol epidemiológico clave para el abordaje de la fiebre amarilla. Son considerados “centinelas”, que alertan sobre los brotes que ocurren en la selva y que pueden llegar a zonas urbanas a través de picaduras de mosquitos. La aparición de animales muertos es la primera señal de que el virus que causa la enfermedad está circulando y que es necesario extremar las medidas de prevención, como la vacunación.
En uno de los grupos analizados por los investigadores se detectó un alto índice de endogamia, es decir, de parentesco entre los individuos que se reproducen. Esta población fue posteriormente diezmada por un brote de fiebre amarilla, lo que podría establecer una relación causal entre la escasa variabilidad genética y la susceptibilidad a la enfermedad.
“Las poblaciones estudiadas tienen un tamaño efectivo reducido y pueden estar empobrecidas genéticamente para hacer frente a eventos como futuros brotes de fiebre amarilla, que podrían afectar rápidamente a todos los individuos. Más allá del riesgo ecológico que implica perder a estos monos, también se generaría una situación de riesgo para la salud humana”, advierte Oklander.
Para analizar la estructura genética de los carayás – que son monos aulladores que presentan pelaje negro en los machos y dorado en las hembras-, los investigadores recolectaron muestras en las distintas poblaciones. “Trabajamos mayormente con muestras de materia fecal, que son no invasivas y nos permiten estudiar a los animales sin capturarlos ni dañarlos. Las procesamos en laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y extrajimos el ADN para dos tipos de amplificaciones. Por una parte, el ADN mitocondrial nos permitió determinar el linaje materno y la estructura genética en tiempos más lejanos. Por otro lado, analizamos el ADN nuclear mediante el estudio de microsatélites, que nos permitió estudiar el parentesco entre los individuos y detectar endogamia”, detalla Oklander.
Más protección
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la institución más importante para determinar el grado de amenaza de una especie y considera que los monos carayá están en un nivel de “menor preocupación” a escala mundial. “De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, consideramos que esa clasificación subestima el estado en el que se encuentran las poblaciones remanentes, por lo que proponemos una reclasificación del estatus global de la especie a “vulnerable””, señala Carolina Miño, investigadora asistente del CONICET en el IBS y otra de las autoras del artículo.
“Confiamos en que este estudio será una herramienta importante para que proteja a la especie. Esto va a permitir que se pueda trabajar con distintos organismos del estado y otras asociaciones para establecer políticas de manejo de las poblaciones y acciones para mejorar el hábitat deteriorado”, finaliza.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del IBS detectó que las poblaciones de carayá –la especie más común de Argentina- están reducidas y empobrecidas genéticamente.
Las poblaciones de monos carayá –la especie más extendida en Argentina- están reducidas y tienen poca variabilidad genética, según determinó un nuevo estudio de investigadores del CONICET. Esta situación podría ser la causa de que presenten una mayor susceptibilidad a la fiebre amarilla, una enfermedad selvática que se registra de manera recurrente en Sudamérica y que también afecta a humanos.
La investigación, que fue publicada hoy en la revista PLOS One, se centró en animales de la región noreste de Argentina y del sur de Paraguay. Los autores del trabajo destacan la necesidad de declarar a la especie Alouatta caraya como “Vulnerable” y proponen estrategias de manejo y conservación.
La subsistencia de éstos y otros monos que habitan en la región se ve dificultada por las mismas causas que afectan a distintos mamíferos, como el yaguareté. “La deforestación resultante de la agricultura y ganadería a gran escala y las inundaciones de bosques ribereños para la construcción de represas, son algunos de los factores que causaron el deterioro del hábitat de la especie. A eso también se suma tráfico de fauna para comercio de mascotas y la cacería”, señala la investigadora adjunta del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNAM), Luciana Oklander, primera autora del estudio, del que también participaron grupos del Centro de Bioinvestigaciones (CEBIO, UNNOBA – CONICET) y del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de la importante función que cumplen de cada uno de los animales que componen el ecosistema selvático, los monos desempeñan un rol epidemiológico clave para el abordaje de la fiebre amarilla. Son considerados “centinelas”, que alertan sobre los brotes que ocurren en la selva y que pueden llegar a zonas urbanas a través de picaduras de mosquitos. La aparición de animales muertos es la primera señal de que el virus que causa la enfermedad está circulando y que es necesario extremar las medidas de prevención, como la vacunación.
En uno de los grupos analizados por los investigadores se detectó un alto índice de endogamia, es decir, de parentesco entre los individuos que se reproducen. Esta población fue posteriormente diezmada por un brote de fiebre amarilla, lo que podría establecer una relación causal entre la escasa variabilidad genética y la susceptibilidad a la enfermedad.
“Las poblaciones estudiadas tienen un tamaño efectivo reducido y pueden estar empobrecidas genéticamente para hacer frente a eventos como futuros brotes de fiebre amarilla, que podrían afectar rápidamente a todos los individuos. Más allá del riesgo ecológico que implica perder a estos monos, también se generaría una situación de riesgo para la salud humana”, advierte Oklander.
Para analizar la estructura genética de los carayás – que son monos aulladores que presentan pelaje negro en los machos y dorado en las hembras-, los investigadores recolectaron muestras en las distintas poblaciones. “Trabajamos mayormente con muestras de materia fecal, que son no invasivas y nos permiten estudiar a los animales sin capturarlos ni dañarlos. Las procesamos en laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y extrajimos el ADN para dos tipos de amplificaciones. Por una parte, el ADN mitocondrial nos permitió determinar el linaje materno y la estructura genética en tiempos más lejanos. Por otro lado, analizamos el ADN nuclear mediante el estudio de microsatélites, que nos permitió estudiar el parentesco entre los individuos y detectar endogamia”, detalla Oklander.
Más protección
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la institución más importante para determinar el grado de amenaza de una especie y considera que los monos carayá están en un nivel de “menor preocupación” a escala mundial. “De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, consideramos que esa clasificación subestima el estado en el que se encuentran las poblaciones remanentes, por lo que proponemos una reclasificación del estatus global de la especie a “vulnerable””, señala Carolina Miño, investigadora asistente del CONICET en el IBS y otra de las autoras del artículo.
“Confiamos en que este estudio será una herramienta importante para que proteja a la especie. Esto va a permitir que se pueda trabajar con distintos organismos del estado y otras asociaciones para establecer políticas de manejo de las poblaciones y acciones para mejorar el hábitat deteriorado”, finaliza.
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Suman actores para la producción limpia en Buenos Aires
Impulsan la producción limpia para empresas bonaerenses
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se sumó junto a la Autoridad del Agua (ADA), al Programa de Reconversión Tecnológica de Vertidos Industriales de BA Desarrollo, que otorga herramientas técnicas y de financiamiento a industrias radicadas en la Provincia, para que implementen procesos de producción limpia.
A través de un convenio de adhesión firmado ayer, el titular del OPDS, Rodrigo Aybar, sostuvo que "nos sumamos al acuerdo específico de Reconversión con BA Desarrollo para que las industrias traten sus vertidos con tecnologías modernas y eficientes y a su vez minimizar o anular los impactos sobre el ambiente, generando también ahorro económico".
"Esta colaboración es consecuencia de ser un solo gobierno, una sola provincia. Unir esfuerzos y trabajo es reflejar el pedido de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, que nos alienta siempre a trabajar en equipo" recordó Aybar, a la vez que agregó: "resulta importante no solo fiscalizar las industrias sino también darles oportunidades, y este tipo de iniciativas es para que aquellos que generan producción y empleo, lo hagan de manera más limpia y sustentable. Sólo así se dan soluciones a largo plazo".
El acuerdo, que fue rubricado ayer en la sede del OPDS por la titular de BA Desarrollo, María Aleandra Scafati; el presidente del ADA, Pablo Rodrigué y Rodrigo Aybar, director Ejecutivo de OPDS, forma parte del objetivo de Producción y Consumo Sostenible, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a los que se comprometió Argentina.
En la Provincia de Buenos Aires hay 40 mil industrias, de las que 3 mil son denominadas "de tercera categoría", por el impacto que pueden generar en el ambiente. El tratamiento de desechos aplica a numerosos rubros.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se sumó junto a la Autoridad del Agua (ADA), al Programa de Reconversión Tecnológica de Vertidos Industriales de BA Desarrollo, que otorga herramientas técnicas y de financiamiento a industrias radicadas en la Provincia, para que implementen procesos de producción limpia.
A través de un convenio de adhesión firmado ayer, el titular del OPDS, Rodrigo Aybar, sostuvo que "nos sumamos al acuerdo específico de Reconversión con BA Desarrollo para que las industrias traten sus vertidos con tecnologías modernas y eficientes y a su vez minimizar o anular los impactos sobre el ambiente, generando también ahorro económico".
"Esta colaboración es consecuencia de ser un solo gobierno, una sola provincia. Unir esfuerzos y trabajo es reflejar el pedido de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, que nos alienta siempre a trabajar en equipo" recordó Aybar, a la vez que agregó: "resulta importante no solo fiscalizar las industrias sino también darles oportunidades, y este tipo de iniciativas es para que aquellos que generan producción y empleo, lo hagan de manera más limpia y sustentable. Sólo así se dan soluciones a largo plazo".
El acuerdo, que fue rubricado ayer en la sede del OPDS por la titular de BA Desarrollo, María Aleandra Scafati; el presidente del ADA, Pablo Rodrigué y Rodrigo Aybar, director Ejecutivo de OPDS, forma parte del objetivo de Producción y Consumo Sostenible, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a los que se comprometió Argentina.
En la Provincia de Buenos Aires hay 40 mil industrias, de las que 3 mil son denominadas "de tercera categoría", por el impacto que pueden generar en el ambiente. El tratamiento de desechos aplica a numerosos rubros.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Piden aparte un fiscar ante contaminación de cuencas
Contaminación: piden apartar a una fiscal
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Los denunciantes llevaron el planteo a la jefa de fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También cuestionan a petroleras.
El diputado provincial Mariano Mansilla y el concejal Fernando Schpoliansky, de Unión de los Neuquinos (Une), solicitaron el apartamiento de la fiscal federal María Cristina Beute de las causas en las que denunciaron contaminación en los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.
La presentación se hizo ante la jefa de los fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la cual pidieron la designación de un nuevo fiscal para los procesos en los que se denunció a funcionarios públicos y a responsables de las empresas petroleras por la contaminación de los ríos en la Confluencia.
El planteo incluyó la denuncia del integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Rolando Cherqui, por una acción que se inició en 2008 y que a 2017, los denunciantes consideraron que “no ha tomado medidas procesales tendientes a investigar”, acusándola además de “!impedir la investigación” de los hechos.
Schpoliansky hizo de la denuncia de la contaminación en los ríos el eje de su campaña por la reelección en el Deliberante.
En el planteo de inacción y desidia de las autoridades que estarían contaminando el Neuquén y luego en el Limay, también integraron la prueba por el presunto incumplimiento de investigar de Beute.
Consultada por la recusación en su contra, la fiscal Beute prefirió esperar a que el planteo llegue a la procuración y luego dar su impresión sobre las acusaciones.
Schpoliansky aseguró que buscan retirar a Beute de las causas judiciales para “que avancen y no tengamos que seguir lamentando la degradación de nuestros ríos”.
Entre los antecedentes presentados ante Gils Carbó, Mansilla describió profusamente la intervención de Beute en una investigación donde la comunidad denunció la presunta contaminación de la napa con “residuos peligrosos” que terminarían en el Neuquén.
Añadió que tras la intervención de la fiscalía, la operadora de YPF realiza los trabajos escoltada por gendarmería en Loma de la Lata, que “lejos de controlar las acciones de los técnicos, garantizaban que sus trabajos se realicen sin obstáculos”.
Las denuncias involucraron tanto al ex gobernador Jorge Sapag, como al ministro Lara, al ex titular de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y responsables de la gerencia de YPF y a autoridades de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Los denunciantes llevaron el planteo a la jefa de fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También cuestionan a petroleras.
El diputado provincial Mariano Mansilla y el concejal Fernando Schpoliansky, de Unión de los Neuquinos (Une), solicitaron el apartamiento de la fiscal federal María Cristina Beute de las causas en las que denunciaron contaminación en los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.
La presentación se hizo ante la jefa de los fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la cual pidieron la designación de un nuevo fiscal para los procesos en los que se denunció a funcionarios públicos y a responsables de las empresas petroleras por la contaminación de los ríos en la Confluencia.
El planteo incluyó la denuncia del integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Rolando Cherqui, por una acción que se inició en 2008 y que a 2017, los denunciantes consideraron que “no ha tomado medidas procesales tendientes a investigar”, acusándola además de “!impedir la investigación” de los hechos.
Schpoliansky hizo de la denuncia de la contaminación en los ríos el eje de su campaña por la reelección en el Deliberante.
En el planteo de inacción y desidia de las autoridades que estarían contaminando el Neuquén y luego en el Limay, también integraron la prueba por el presunto incumplimiento de investigar de Beute.
Consultada por la recusación en su contra, la fiscal Beute prefirió esperar a que el planteo llegue a la procuración y luego dar su impresión sobre las acusaciones.
Schpoliansky aseguró que buscan retirar a Beute de las causas judiciales para “que avancen y no tengamos que seguir lamentando la degradación de nuestros ríos”.
Entre los antecedentes presentados ante Gils Carbó, Mansilla describió profusamente la intervención de Beute en una investigación donde la comunidad denunció la presunta contaminación de la napa con “residuos peligrosos” que terminarían en el Neuquén.
Añadió que tras la intervención de la fiscalía, la operadora de YPF realiza los trabajos escoltada por gendarmería en Loma de la Lata, que “lejos de controlar las acciones de los técnicos, garantizaban que sus trabajos se realicen sin obstáculos”.
Las denuncias involucraron tanto al ex gobernador Jorge Sapag, como al ministro Lara, al ex titular de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y responsables de la gerencia de YPF y a autoridades de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Preocupación ante proyecto de uranio y vanadio en Río Negro
Preocupación de Odarda por proyecto de uranio y vanadio
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Senadora nacional Magdalena Odarda, candidata a Diputada nacional, manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa Canadiense Blue Sky Uranium, respecto al descubrimiento de uranio y vanadio en el proyecto denominado Amarillo Grande situado en la provincia de Río Negro. La empresa comenzaría a operar extrayendo estos minerales en el territorio provincial como insumo para la industria nuclear, es decir, para las centrales que se proyectan construir.
Presentará un pedido de informes al Secretario de Minería provincial con el fin de conocer detalles de este proyecto y la ubicación exacta del mismo.
“Todo hace pensar que el gobierno provincial y el nacional no tomaron en cuenta el reclamo popular y se disponen a favorecer a toda la industria nuclear con la explotación de uranio para abastecer a las centrales.” Afirmó.
El uranio es un metal radiactivo peligroso por esta razón y, además, químicamente toxico. Hay movimientos en todo el mundo que se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Hablamos de cantidades descomunales de piedra molida donde se encuentra este mineral, que son esparcidos por los vientos una vez que se moviliza el terreno.
Odarda declaró que “En Argentina hay varios sitios mineros donde se exploto uranio y no hubo remediación, es decir, se sigue esparciendo en forma de partículas este metal tan peligroso para la salud. La misma Comisión nacional de Energía Atómica reconoce que las grandes cantidades de residuos deben ser gestionados de manera segura, pero sin embargo aun no lo ha hecho.”
La Senadora recalcó así su postura contraria a la minería contaminante a gran escala, donde existen grandes movimientos de suelo, perforaciones y explosiones que provocan un alto número de riesgos en el ambiente con consecuencias directas en la población. La opción de una economía sustentable y regional que potencie las características únicas de cada zona, sigue siendo la propuesta más conveniente para los rionegrinos.
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Senadora nacional Magdalena Odarda, candidata a Diputada nacional, manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa Canadiense Blue Sky Uranium, respecto al descubrimiento de uranio y vanadio en el proyecto denominado Amarillo Grande situado en la provincia de Río Negro. La empresa comenzaría a operar extrayendo estos minerales en el territorio provincial como insumo para la industria nuclear, es decir, para las centrales que se proyectan construir.
Presentará un pedido de informes al Secretario de Minería provincial con el fin de conocer detalles de este proyecto y la ubicación exacta del mismo.
“Todo hace pensar que el gobierno provincial y el nacional no tomaron en cuenta el reclamo popular y se disponen a favorecer a toda la industria nuclear con la explotación de uranio para abastecer a las centrales.” Afirmó.
El uranio es un metal radiactivo peligroso por esta razón y, además, químicamente toxico. Hay movimientos en todo el mundo que se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Hablamos de cantidades descomunales de piedra molida donde se encuentra este mineral, que son esparcidos por los vientos una vez que se moviliza el terreno.
Odarda declaró que “En Argentina hay varios sitios mineros donde se exploto uranio y no hubo remediación, es decir, se sigue esparciendo en forma de partículas este metal tan peligroso para la salud. La misma Comisión nacional de Energía Atómica reconoce que las grandes cantidades de residuos deben ser gestionados de manera segura, pero sin embargo aun no lo ha hecho.”
La Senadora recalcó así su postura contraria a la minería contaminante a gran escala, donde existen grandes movimientos de suelo, perforaciones y explosiones que provocan un alto número de riesgos en el ambiente con consecuencias directas en la población. La opción de una economía sustentable y regional que potencie las características únicas de cada zona, sigue siendo la propuesta más conveniente para los rionegrinos.
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