El derrame en Allen termina en millonaria multa a YPF
08:00 | 
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Millonaria sanción a YPF por derrame en Allen
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: OPS
Provincia/Región: Río Negro
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: OPS
Provincia/Región: Río Negro
Un total de $ 2.500.000 deberá pagar la empresa por el derrame de la locación donde se encuentran los pozos gasíferos EFO 360 y 362. El hecho ocurrió en octubre del 2016, pero se conoció varias semanas después. Originalmente YSUR, subsidiaria de YPF, había informado sobre un derrame “menor” de agua dulce. El Departamento Provincial de Agua, por su parte, certificó que fueron 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas. Además contaba con presencia de hidrocarburos.
La fiscal de delitos especiales, con sede en Gral Roca, Julieta Villa, notificó a Lidia Campos y Juan Ponce, miembros de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que provisoriamente se archiva la causa porque considera que “no se cuenta hasta el momento con elementos objetivos suficientes para endilgar a los responsables de la empresa YSUR Energía Argentina SRL la comisión de un hecho delictivo reprochable penalmente”. En vista a lo acontecido la Secretaría de Hidrocarburos, ordenó una serie de medidas para garantizar la desconexión hidráulica y la aislación de los acuíferos de agua dulce. Además, la multó con un monto de 2.5 millones de pesos.
La denuncia fue realizada el 31 de octubre del 2016 y además las y los vecinos dieron intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya en 2015 había abierto el expediente 6713 a raíz de la denuncia de otros incidentes. Según consta en el informe que la Fiscalía entregó a Campos y Ponce, la Defensoría emitió la resolución 13/16 a través de la cual exhorta a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro a que “todas las actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el medio ambiente y en particular, todo proyecto de explotación de hidrocarburos no convencionales, deberá instrumentar los mecanismo de participación ciudadana exigidos en la Ley General de Ambiente”. También hizo lo propio con la Legislatura provincial, solicitando que “adecue la ley provincial 3266 que establece el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a las disposiciones y principios establecidos en la Ley General de Ambiente”.
El informe de la fiscal adjunta la nota del Departamento Provincial de Aguas (DPA) en la que el organismo deja en evidencia que la empresa mintió en cuanto al derrame. Según consta el día “10 de octubre del 2016 la empresa YSUR Energía Argentina SRL, dio conocimiento a la Secretaría de Energía del derrame de agua dulce producido en la locación del pozo EFO 360. Asimismo la empresa informa que es de carácter menor”. La Jefatura Técnica del DPA envió a sus inspectores para hacer certificaciones del caso, quienes determinaron que “en realidad se trata de agua con alto grado de salinidad, con valores altamente tóxicos para los cultivos, y con presencia de hidrocarburos”. La petrolera realizó un nuevo informe rectificando los volúmenes y contenido del derrame, ajustándose a lo expresado por el cuerpo técnico de fiscalización.
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La fiscal de delitos especiales, con sede en Gral Roca, Julieta Villa, notificó a Lidia Campos y Juan Ponce, miembros de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que provisoriamente se archiva la causa porque considera que “no se cuenta hasta el momento con elementos objetivos suficientes para endilgar a los responsables de la empresa YSUR Energía Argentina SRL la comisión de un hecho delictivo reprochable penalmente”. En vista a lo acontecido la Secretaría de Hidrocarburos, ordenó una serie de medidas para garantizar la desconexión hidráulica y la aislación de los acuíferos de agua dulce. Además, la multó con un monto de 2.5 millones de pesos.
La denuncia fue realizada el 31 de octubre del 2016 y además las y los vecinos dieron intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya en 2015 había abierto el expediente 6713 a raíz de la denuncia de otros incidentes. Según consta en el informe que la Fiscalía entregó a Campos y Ponce, la Defensoría emitió la resolución 13/16 a través de la cual exhorta a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro a que “todas las actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el medio ambiente y en particular, todo proyecto de explotación de hidrocarburos no convencionales, deberá instrumentar los mecanismo de participación ciudadana exigidos en la Ley General de Ambiente”. También hizo lo propio con la Legislatura provincial, solicitando que “adecue la ley provincial 3266 que establece el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a las disposiciones y principios establecidos en la Ley General de Ambiente”.
El informe de la fiscal adjunta la nota del Departamento Provincial de Aguas (DPA) en la que el organismo deja en evidencia que la empresa mintió en cuanto al derrame. Según consta el día “10 de octubre del 2016 la empresa YSUR Energía Argentina SRL, dio conocimiento a la Secretaría de Energía del derrame de agua dulce producido en la locación del pozo EFO 360. Asimismo la empresa informa que es de carácter menor”. La Jefatura Técnica del DPA envió a sus inspectores para hacer certificaciones del caso, quienes determinaron que “en realidad se trata de agua con alto grado de salinidad, con valores altamente tóxicos para los cultivos, y con presencia de hidrocarburos”. La petrolera realizó un nuevo informe rectificando los volúmenes y contenido del derrame, ajustándose a lo expresado por el cuerpo técnico de fiscalización.
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Los famosos limones a EEUU, a base de desmonte
Limones amargos a EEUU: Greenpeace denuncia a Urtubey por el desmonte de 3 mil hectáreas de zonas protegidas
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
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Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
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Río Negro: presentan amparo por el río Colorado
Amparo por contaminación del río Colorado
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente:
Provincia/Región: Río Negro
La senadora rionegrina Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), presentó una acción de amparo por la contaminación del Río Colorado. Lo hizo ante la comunidad de la localidad del mismo nombre y pronto, se anunció, será elevada al juzgado correspondiente.
La acción de amparo es contra el Coirco – Comité Interjurisdiccional del rio Colorado- y quien resulte responsable, debido al estado de “contaminación alarmante” de la cuenca, puesto en evidencia en estudios independientes que se llevaron a cabo en la última década.
El COIRCO es un organismo interjurisdiccional que comprende las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, que comparten la cuenca, y fue creado en 1976, actualmente tiene atribuciones ambientales con el fin de preservar la cuenca y evitar procesos de contaminación.
El recurso de amparo se fundó en dos ejes ambientales: la contaminación por efluentes e industrial y la salinización del rio agravada por el acueducto que abastece a poblaciones de la provincia de La Pampa, el que provocaría la presencia de aluminio en el agua.
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Ambiente quiere conservar ecosistemas marinos
Ambiente promueve la identificación de áreas marinas con alto valor de conservación
Fecha de Publicación: 26/05/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, junto a la Administración de Parques Nacionales y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron un encuentro para identificar, mediante una Consulta Nacional de Océanos, iniciativas ligadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de mares, océanos y sus recursos. En este marco, el Ministerio presentó además el informe sobre las bases para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y el documento Aportes para una Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado.
El secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, dijo en la apertura del encuentro que “entre los objetivos del Gobierno hay varios relacionados al tema marino. Además de Pampa Azul, también está la iniciativa de aumentar las áreas protegidas, entre ellas las orientadas a conservar la gran diversidad de recursos del Mar Argentino. Nuestro país, a través de la coordinación de políticas entre diversas áreas, está empezando a mirar hacia el futuro con una visión estratégica”.
Entre las acciones que lleva adelante la cartera de Ambiente, y que fueron discutidas en la jornada, se destaca el trabajo de identificación de áreas de mayor valor de conservación, que podrían ser integradas al mencionado sistema nacional. En tal sentido, el proceso impulsa el acuerdo de políticas públicas a nivel federal para promover la integración ordenada y sustentable de los usos y actividades que se desarrollan en este territorio. Este taller, puso el foco en comenzar a construir una mirada integral sobre el manejo y la conservación de los recursos marinos, en un trabajo que deberá encontrar el equilibrio entre el desarrollo y el aprovechamiento de dichos recursos y su conservación a largo plazo. A su vez, requerirá de un trabajo coordinado con las provincias costero marinas (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En cuanto a la implementación de este sistema, en el marco de la Ley N°. 27037 de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques Nacionales (Autoridad de Aplicación) trabajarán en conjunto para la identificación y consulta interministerial, con el objeto de generar propuestas para la creación de nuevas áreas marinas protegidas. En la misma línea, la cartera de Ambiente elaboró en 2016 el plan de manejo del Área Namuncurá/Banco Burdwood, que es hoy la única área marina protegida existente dentro de la jurisdicción nacional.
El vicepresidente de APN, Emiliano Ezcurra, indicó a su turno: “Desde distintos ministerios trabajamos por la cooperación, buscando lo mejor para el país, y en ese sentido es muy fructífero el diálogo constructivo que se está generando. Argentina necesita dar este salto en materia de conservación, nos va a ayudar a trabajar mejor el inmenso recurso y riqueza que es nuestro mar. Tenemos que generar una buena convivencia entre producción y conservación”.
Debe destacarse que las iniciativas analizadas en función de la Consulta Nacional de Océanos, apuntan a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que forma parte de la Agenda 2030 de la ONU, y se desarrolla de cara a la Conferencia de los Océanos, a realizarse entre los días 5 y 9 de junio próximo.
El encuentro también contó con la presencia de Lucía Aboud, de Jefatura Gabinete de Ministros; Patricia Holzman, jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente; Dolores Duvergés, subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos; René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina; María Eugenia Di Paola, coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD; y representantes las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Relaciones Exteriores y Culto; Energía y Minería; Agroindustria; Defensa; Seguridad y Prefectura Naval; el Consejo Federal Pesquero; y el Servicio de Hidrografía Naval. Además, participaron referentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); distintas ONG; autoridades provinciales y el sector científico y académico.
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Fecha de Publicación: 26/05/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, junto a la Administración de Parques Nacionales y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron un encuentro para identificar, mediante una Consulta Nacional de Océanos, iniciativas ligadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de mares, océanos y sus recursos. En este marco, el Ministerio presentó además el informe sobre las bases para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y el documento Aportes para una Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado.
El secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, dijo en la apertura del encuentro que “entre los objetivos del Gobierno hay varios relacionados al tema marino. Además de Pampa Azul, también está la iniciativa de aumentar las áreas protegidas, entre ellas las orientadas a conservar la gran diversidad de recursos del Mar Argentino. Nuestro país, a través de la coordinación de políticas entre diversas áreas, está empezando a mirar hacia el futuro con una visión estratégica”.
Entre las acciones que lleva adelante la cartera de Ambiente, y que fueron discutidas en la jornada, se destaca el trabajo de identificación de áreas de mayor valor de conservación, que podrían ser integradas al mencionado sistema nacional. En tal sentido, el proceso impulsa el acuerdo de políticas públicas a nivel federal para promover la integración ordenada y sustentable de los usos y actividades que se desarrollan en este territorio. Este taller, puso el foco en comenzar a construir una mirada integral sobre el manejo y la conservación de los recursos marinos, en un trabajo que deberá encontrar el equilibrio entre el desarrollo y el aprovechamiento de dichos recursos y su conservación a largo plazo. A su vez, requerirá de un trabajo coordinado con las provincias costero marinas (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En cuanto a la implementación de este sistema, en el marco de la Ley N°. 27037 de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques Nacionales (Autoridad de Aplicación) trabajarán en conjunto para la identificación y consulta interministerial, con el objeto de generar propuestas para la creación de nuevas áreas marinas protegidas. En la misma línea, la cartera de Ambiente elaboró en 2016 el plan de manejo del Área Namuncurá/Banco Burdwood, que es hoy la única área marina protegida existente dentro de la jurisdicción nacional.
El vicepresidente de APN, Emiliano Ezcurra, indicó a su turno: “Desde distintos ministerios trabajamos por la cooperación, buscando lo mejor para el país, y en ese sentido es muy fructífero el diálogo constructivo que se está generando. Argentina necesita dar este salto en materia de conservación, nos va a ayudar a trabajar mejor el inmenso recurso y riqueza que es nuestro mar. Tenemos que generar una buena convivencia entre producción y conservación”.
Debe destacarse que las iniciativas analizadas en función de la Consulta Nacional de Océanos, apuntan a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que forma parte de la Agenda 2030 de la ONU, y se desarrolla de cara a la Conferencia de los Océanos, a realizarse entre los días 5 y 9 de junio próximo.
El encuentro también contó con la presencia de Lucía Aboud, de Jefatura Gabinete de Ministros; Patricia Holzman, jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente; Dolores Duvergés, subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos; René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina; María Eugenia Di Paola, coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD; y representantes las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Relaciones Exteriores y Culto; Energía y Minería; Agroindustria; Defensa; Seguridad y Prefectura Naval; el Consejo Federal Pesquero; y el Servicio de Hidrografía Naval. Además, participaron referentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); distintas ONG; autoridades provinciales y el sector científico y académico.
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Aprueban el plan de Barrick
Veladero: aprueban el plan de Barrick y podría volver a operar en junio
Fecha de Publicación: 26/05/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
La mina está suspendida desde que se produjo el tercer derrame de cianuro en 18 meses.
El gobierno de San Juan aprobó el plan de mejoras de la mina Veladero, de Barrick Gold, tras su tercer derrame de cianuro en 18 meses y podría permitir que las operaciones completas se reanuden a principios de junio, dijo un funcionario del gobierno provincial. Eduardo Machuca, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero sanjuanino aseguró a la agencia Reuters que las autoridades locales habían revisado y discutido el plan de Barrick y que las mejoras a la mina estaban en marcha. "Creo que alrededor del 10 de junio habrá condiciones para habilitar la mina, una vez que se hagan las pruebas neumáticas, hidráulicas y de ingeniería", sostuvo ayer Machuca.
El juez Pablo Oritja también debería dar luz verde para que la mina vuelva a operar. La firma tiene prohibido agregar cianuro al procesamiento de oro desde que se rompieron las tuberías el 28 de marzo pasado. Según había dicho el magistrado, Barrick podría haber evitado el incidente y eventualmente enfrentará sanciones.
El primer plan de Barrick para Veladero, una de sus cinco principales minas, había sido rechazado a fines de abril. Barrick ha dicho que el nuevo trabajo propuesto estaría cubierto por un plan de inversión quinquenal de US$ 500 millones. Se espera que los trabajos se terminen antes de la anunciada venta de la mitad de Veladero a Shandong Gold Mining.
Barrick esperaba completar el trabajo en mayo y apunta a operaciones normales en junio, dependiendo de las aprobaciones del gobierno local y la resolución de todos los asuntos legales, dijo el vocero de la compañía, Andy Lloyd, en una entrevista a principios de este mes.
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Fecha de Publicación: 26/05/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
La mina está suspendida desde que se produjo el tercer derrame de cianuro en 18 meses.
El gobierno de San Juan aprobó el plan de mejoras de la mina Veladero, de Barrick Gold, tras su tercer derrame de cianuro en 18 meses y podría permitir que las operaciones completas se reanuden a principios de junio, dijo un funcionario del gobierno provincial. Eduardo Machuca, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero sanjuanino aseguró a la agencia Reuters que las autoridades locales habían revisado y discutido el plan de Barrick y que las mejoras a la mina estaban en marcha. "Creo que alrededor del 10 de junio habrá condiciones para habilitar la mina, una vez que se hagan las pruebas neumáticas, hidráulicas y de ingeniería", sostuvo ayer Machuca.
El juez Pablo Oritja también debería dar luz verde para que la mina vuelva a operar. La firma tiene prohibido agregar cianuro al procesamiento de oro desde que se rompieron las tuberías el 28 de marzo pasado. Según había dicho el magistrado, Barrick podría haber evitado el incidente y eventualmente enfrentará sanciones.
El primer plan de Barrick para Veladero, una de sus cinco principales minas, había sido rechazado a fines de abril. Barrick ha dicho que el nuevo trabajo propuesto estaría cubierto por un plan de inversión quinquenal de US$ 500 millones. Se espera que los trabajos se terminen antes de la anunciada venta de la mitad de Veladero a Shandong Gold Mining.
Barrick esperaba completar el trabajo en mayo y apunta a operaciones normales en junio, dependiendo de las aprobaciones del gobierno local y la resolución de todos los asuntos legales, dijo el vocero de la compañía, Andy Lloyd, en una entrevista a principios de este mes.
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Etiquetas:
Barrick Gold,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
minería,
San Juan
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Quieren adjudicación directa para represas y nucleares
El Gobierno busca la adjudicación directa para las represas de Santa Cruz y las centrales nucleares
Fecha de Publicación: 26/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno definirá con un DNU las condiciones para que un crédito tenga carácter concesional y así avanzar en la adjudicación directa para este grupo de iniciativas. Así lo reveló el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
El Gobierno definirá con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las condiciones para que un crédito tenga carácter concesional y así avanzar en la adjudicación directa -sin licitación pública previa- para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz y las dos nuevas centrales nucleares que se instalarán en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, con financiación china, por alrededor de 18.000 millones de dólares.
Así lo reveló esta tarde el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en un encuentro con la prensa tras su regreso de la gira asiática en la que acompañó al presidente Mauricio Macri, en el cual se avanzó en la construcción de las dos megaobras energéticas cuyos contratos iniciales fueron revisados por el actual gobierno tras la firma de acuerdos iniciales durante la administración kirchnerista.
"El Gobierno nacional puede hacer adjudicación directa en la medida en que obtenga un crédito concesional, para lo cual saldrá en los próximos días un DNU estableciendo las condiciones por las cuales un crédito tenga ese carácter definidas por el Ministerio de Finanzas", anticipó Aranguren al referirse a las condiciones de financiamiento y adjudicación de las grandes obras.
Entre los parámetros que se tomarán en cuenta en el decreto que firmará el presidente Mauricio Macri, se destaca que el préstamo esté por debajo de la curva de financiación de la Argentina, en un determinado valor cercano del 75 por ciento; que tenga un período de gracia que cubra el de la construcción y que como máximo tenga un plazo de repago de 20 años incluido el período de gracia.
"Si esas características se cumplen se logra que el crédito tenga un carácter concesional y por lo tanto puede ser adjudicado en forma directa", aseguró el titular de la cartera energética, lo cual aplica tanto a las represas que se construirán sobre el río Santa Cruz, como la cuarta y quinta central nuclear o el parque solar Caucharí, en la provincia de Jujuy.
"La posibilidad de que haya mucha competencia para una hidroeléctrica o una central nuclear es baja", afirmó el ministro al insistir en la magnitud del financiamiento requerido.
Es que estas obras implican costos de construcción por unos 5.000 millones de dólares en el caso de las represas Gobernador Cepernic y Néstor Kirchner; unos 7.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear Atucha III; unos 8.000 millones para la quinta central que se emplazará en un lugar aún por determinar de Río Negro; y unos 400 millones para el parque solar.
En todos los casos las propuestas crediticias de China "tienen una tasa de financiación muy por debajo de lo que hoy la Argentina puede conseguir en el mercado internacional", lo que justificaría la decisión de avanzar sin una licitación pública internacional.
Para Aranguren, las garantías de baja tasa no implicará dificultades en la calidad, costos de construcción o desarrollo de la obra ya "que previamente se establece un proyecto ejecutivo y un contrato comercial que tiene que satisfacer" al tomador del crédito.
Para el ministro, esta figura de crédito concesional sólo sería necesario para estos megaproyectos ya que "en función de la buena experiencia de licitación para generación térmica, de las dos rondas del Programa Renovar y la que se encara para julio para la primera ronda de cierre de ciclos, encontramos que el mercado le responde a la Argentina".
A partir de las tres licitaciones de generación que viene encarando el Ministerio, Aranguren afirmó que el país recibió propuestas "con valores altamente atractivos, con ofertas que permiten evitar que en el futuro tengamos que hacer obras de carácter de adjudicación directa".
De los dos megaobras, la que más contratiempos sufrió desde la llegada de la nueva gestión fue el proyecto de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, sobre las cuales el Ministerio avanzó el año pasado en la firma de adendas al contrato original con China para incorporar un conjunto de modificaciones referidas a la sustentabilidad de la obra.
Al respecto, Aranguren explicó que "se hizo el estudio de impacto ambiental revisado en conjunto con el Ministerio de Ambiente que llevó a confirmar que las represas era viables ambientalmente en la medida que se cumplieran ciertos planes de mitigación de protección de la flora y la fauna".
A partir de esta definición, el estudio que esta siendo terminado de redactar por ambos ministerios se entregara la semana próxima a las autoridades provinciales y a la Nación para que entreguen sus dictámenes a fin de junio, a partir de lo cual se solicitará al Congreso que convoque a audiencia pública para mediados de julio.
El Congreso tiene la obligación de emitir un reporte no vinculante de la audiencia pública dentro de los 30 días de realizada la misma, y cuando eso ocurra se pedirá que se levante la cautelar a la justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital federal, que impide el avance de las obras de las represas, tras su paso por la Corte Suprema de la Nación.
Mientras las obras de la represa podrán ser retomadas en septiembre, según estima el Gobierno nacional, Argentina y China también firmaron en Beijing un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
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Fecha de Publicación: 26/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno definirá con un DNU las condiciones para que un crédito tenga carácter concesional y así avanzar en la adjudicación directa para este grupo de iniciativas. Así lo reveló el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
El Gobierno definirá con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las condiciones para que un crédito tenga carácter concesional y así avanzar en la adjudicación directa -sin licitación pública previa- para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz y las dos nuevas centrales nucleares que se instalarán en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, con financiación china, por alrededor de 18.000 millones de dólares.
Así lo reveló esta tarde el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en un encuentro con la prensa tras su regreso de la gira asiática en la que acompañó al presidente Mauricio Macri, en el cual se avanzó en la construcción de las dos megaobras energéticas cuyos contratos iniciales fueron revisados por el actual gobierno tras la firma de acuerdos iniciales durante la administración kirchnerista.
"El Gobierno nacional puede hacer adjudicación directa en la medida en que obtenga un crédito concesional, para lo cual saldrá en los próximos días un DNU estableciendo las condiciones por las cuales un crédito tenga ese carácter definidas por el Ministerio de Finanzas", anticipó Aranguren al referirse a las condiciones de financiamiento y adjudicación de las grandes obras.
Entre los parámetros que se tomarán en cuenta en el decreto que firmará el presidente Mauricio Macri, se destaca que el préstamo esté por debajo de la curva de financiación de la Argentina, en un determinado valor cercano del 75 por ciento; que tenga un período de gracia que cubra el de la construcción y que como máximo tenga un plazo de repago de 20 años incluido el período de gracia.
"Si esas características se cumplen se logra que el crédito tenga un carácter concesional y por lo tanto puede ser adjudicado en forma directa", aseguró el titular de la cartera energética, lo cual aplica tanto a las represas que se construirán sobre el río Santa Cruz, como la cuarta y quinta central nuclear o el parque solar Caucharí, en la provincia de Jujuy.
"La posibilidad de que haya mucha competencia para una hidroeléctrica o una central nuclear es baja", afirmó el ministro al insistir en la magnitud del financiamiento requerido.
Es que estas obras implican costos de construcción por unos 5.000 millones de dólares en el caso de las represas Gobernador Cepernic y Néstor Kirchner; unos 7.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear Atucha III; unos 8.000 millones para la quinta central que se emplazará en un lugar aún por determinar de Río Negro; y unos 400 millones para el parque solar.
En todos los casos las propuestas crediticias de China "tienen una tasa de financiación muy por debajo de lo que hoy la Argentina puede conseguir en el mercado internacional", lo que justificaría la decisión de avanzar sin una licitación pública internacional.
Para Aranguren, las garantías de baja tasa no implicará dificultades en la calidad, costos de construcción o desarrollo de la obra ya "que previamente se establece un proyecto ejecutivo y un contrato comercial que tiene que satisfacer" al tomador del crédito.
Para el ministro, esta figura de crédito concesional sólo sería necesario para estos megaproyectos ya que "en función de la buena experiencia de licitación para generación térmica, de las dos rondas del Programa Renovar y la que se encara para julio para la primera ronda de cierre de ciclos, encontramos que el mercado le responde a la Argentina".
A partir de las tres licitaciones de generación que viene encarando el Ministerio, Aranguren afirmó que el país recibió propuestas "con valores altamente atractivos, con ofertas que permiten evitar que en el futuro tengamos que hacer obras de carácter de adjudicación directa".
De los dos megaobras, la que más contratiempos sufrió desde la llegada de la nueva gestión fue el proyecto de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, sobre las cuales el Ministerio avanzó el año pasado en la firma de adendas al contrato original con China para incorporar un conjunto de modificaciones referidas a la sustentabilidad de la obra.
Al respecto, Aranguren explicó que "se hizo el estudio de impacto ambiental revisado en conjunto con el Ministerio de Ambiente que llevó a confirmar que las represas era viables ambientalmente en la medida que se cumplieran ciertos planes de mitigación de protección de la flora y la fauna".
A partir de esta definición, el estudio que esta siendo terminado de redactar por ambos ministerios se entregara la semana próxima a las autoridades provinciales y a la Nación para que entreguen sus dictámenes a fin de junio, a partir de lo cual se solicitará al Congreso que convoque a audiencia pública para mediados de julio.
El Congreso tiene la obligación de emitir un reporte no vinculante de la audiencia pública dentro de los 30 días de realizada la misma, y cuando eso ocurra se pedirá que se levante la cautelar a la justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital federal, que impide el avance de las obras de las represas, tras su paso por la Corte Suprema de la Nación.
Mientras las obras de la represa podrán ser retomadas en septiembre, según estima el Gobierno nacional, Argentina y China también firmaron en Beijing un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
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Das Neves firme contra la minería y las nucleares
Das Neves: "El 63% de la gente no quiere minería ni centrales nucleares"
Fecha de Publicación: 25/05/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Así lo manifestó el mandatario al referirse a la jornada del 29 en la que se convocará a distintos sectores en defensa del ambiente. Adelantó que "será una jornada fuerte para hacer un planteo que trascienda Chubut".
El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, sostuvo que "esta es una provincia absolutamente ambiental" al hacer alusión a la jornada que se desarrollará el lunes 29 en la que se reunirá a diferentes sectores en defensa del ambiente y en contra del desarrollo de la megaminería y la instalación de la central nuclear.
Además señaló que en la jornada "vamos a poner sobre la mesa toda nuestra normativa, vamos a unificar criterios y a tomar decisiones", recalcando que "le vamos a dar la posibilidad a la gente para que se exprese y participe como en el proyecto de ley de iniciativa popular".
El mandatario efectuó las declaraciones este lunes al encabezar en Casa de Gobierno un acto de firma de convenios para el desarrollo de proyectos relacionados al uso eficiente de los recursos del mar.
En ese marco se refirió a la jornada que convocará para el lunes 29, reuniendo a diversos sectores para manifestar y sentar posición con respecto al tema ambiental.
En ese sentido, sostuvo que "durante mi mandato voy a tratar de planificar una provincia para los próximos 20 o 30 años" y entre ello "está el tema ambiental, que está en la gente".
"Hay un 63% de la gente que rechaza la minería. Esos son números claros y contundentes, la gente ha elegido Chubut por muchas cosas pero fundamentalmente para tener una mejor calidad de vida y nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista, y nos alegra que se vayan sumando adhesiones, ningún tipo de emprendimiento ni minero ni de la central nuclear", afirmó Das Neves.
Expresó que "el mundo sigue mirando hacia la tierra y el agua. Por esas centrales nucleares hoy mismo sale Suiza, un país desarrollado, no quiere saber absolutamente nada".
Además el gobernador recordó que "lo dije hace 15 días, atrás de esto está el uranio, ¿y dónde está el uranio?, acá en Paso de Indios, por eso nosotros nos vamos a oponer, se lo dije al presidente (Macri)". Subrayó que "esta no es una cuestión partidaria, esto es una política de Estado".
Provincia ambiental
Por eso "queremos que la jornada del 29 sea una jornada fuerte, con presencia de todos los sectores para hacer un planteo, que tiene que trascender incluso el marco de la provincia y que se extienda. Yo he recibido muchos llamados de Sierra Grande, porque ellos ni siquiera estaban enterados".
Por eso "ahora dicen que tienen 7 u 8 lugares porque Sierra Grande ya se opone".
El gobernador adelantó que "en la jornada vamos a poner sobre la mesa toda nuestra normativa, vamos a unificar criterios y a tomar decisiones. También con el proyecto de ley de la iniciativa popular, podrá sufrir algunas modificaciones, pero no en vano 13 mil personas lo firmaron".
"Fue de alguna manera ninguneado por la anterior Legislatura, pero nosotros vamos a hacer el planteo nuevamente", agregó.
El mandatario señaló al respecto que "la participación de la gente no tiene límites, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es darle la posibilidad de participar".
En ese marco valoró el trabajo del ministro de Ambiente provincial, Ignacio Agulleiro, señalando que "nosotros tenemos un ministro de Ambiente que no tiene la popularidad, no está en las primeras planas de los diarios, pero es el que más camina y anda".
"Tiene entreveros importantes porque está en el tema del agua, y cuando hay problemas ambientales siempre son discusiones fuertes", afirmó.
Además recordó que "Agulleiro el otro día estuvo con la gente del No a la Mina, que acá no se reunían con ellos porque les tenían miedo, como si fuesen cuco", indicó y agregó que "yo me reuní una vez y nosotros los estamos invitando a charlar".
Das Neves recalcó que "acá los chubutenses tienen el derecho a expresar lo que sienten, después obviamente se impone la mayoría, pero nosotros queremos consensuar una posición que lidere en el orden nacional que esta es una provincia absolutamente ambiental", concluyó.
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Fecha de Publicación: 25/05/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Así lo manifestó el mandatario al referirse a la jornada del 29 en la que se convocará a distintos sectores en defensa del ambiente. Adelantó que "será una jornada fuerte para hacer un planteo que trascienda Chubut".
El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, sostuvo que "esta es una provincia absolutamente ambiental" al hacer alusión a la jornada que se desarrollará el lunes 29 en la que se reunirá a diferentes sectores en defensa del ambiente y en contra del desarrollo de la megaminería y la instalación de la central nuclear.
Además señaló que en la jornada "vamos a poner sobre la mesa toda nuestra normativa, vamos a unificar criterios y a tomar decisiones", recalcando que "le vamos a dar la posibilidad a la gente para que se exprese y participe como en el proyecto de ley de iniciativa popular".
El mandatario efectuó las declaraciones este lunes al encabezar en Casa de Gobierno un acto de firma de convenios para el desarrollo de proyectos relacionados al uso eficiente de los recursos del mar.
En ese marco se refirió a la jornada que convocará para el lunes 29, reuniendo a diversos sectores para manifestar y sentar posición con respecto al tema ambiental.
En ese sentido, sostuvo que "durante mi mandato voy a tratar de planificar una provincia para los próximos 20 o 30 años" y entre ello "está el tema ambiental, que está en la gente".
"Hay un 63% de la gente que rechaza la minería. Esos son números claros y contundentes, la gente ha elegido Chubut por muchas cosas pero fundamentalmente para tener una mejor calidad de vida y nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista, y nos alegra que se vayan sumando adhesiones, ningún tipo de emprendimiento ni minero ni de la central nuclear", afirmó Das Neves.
Expresó que "el mundo sigue mirando hacia la tierra y el agua. Por esas centrales nucleares hoy mismo sale Suiza, un país desarrollado, no quiere saber absolutamente nada".
Además el gobernador recordó que "lo dije hace 15 días, atrás de esto está el uranio, ¿y dónde está el uranio?, acá en Paso de Indios, por eso nosotros nos vamos a oponer, se lo dije al presidente (Macri)". Subrayó que "esta no es una cuestión partidaria, esto es una política de Estado".
Provincia ambiental
Por eso "queremos que la jornada del 29 sea una jornada fuerte, con presencia de todos los sectores para hacer un planteo, que tiene que trascender incluso el marco de la provincia y que se extienda. Yo he recibido muchos llamados de Sierra Grande, porque ellos ni siquiera estaban enterados".
Por eso "ahora dicen que tienen 7 u 8 lugares porque Sierra Grande ya se opone".
El gobernador adelantó que "en la jornada vamos a poner sobre la mesa toda nuestra normativa, vamos a unificar criterios y a tomar decisiones. También con el proyecto de ley de la iniciativa popular, podrá sufrir algunas modificaciones, pero no en vano 13 mil personas lo firmaron".
"Fue de alguna manera ninguneado por la anterior Legislatura, pero nosotros vamos a hacer el planteo nuevamente", agregó.
El mandatario señaló al respecto que "la participación de la gente no tiene límites, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es darle la posibilidad de participar".
En ese marco valoró el trabajo del ministro de Ambiente provincial, Ignacio Agulleiro, señalando que "nosotros tenemos un ministro de Ambiente que no tiene la popularidad, no está en las primeras planas de los diarios, pero es el que más camina y anda".
"Tiene entreveros importantes porque está en el tema del agua, y cuando hay problemas ambientales siempre son discusiones fuertes", afirmó.
Además recordó que "Agulleiro el otro día estuvo con la gente del No a la Mina, que acá no se reunían con ellos porque les tenían miedo, como si fuesen cuco", indicó y agregó que "yo me reuní una vez y nosotros los estamos invitando a charlar".
Das Neves recalcó que "acá los chubutenses tienen el derecho a expresar lo que sienten, después obviamente se impone la mayoría, pero nosotros queremos consensuar una posición que lidere en el orden nacional que esta es una provincia absolutamente ambiental", concluyó.
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COFEMA establece el temario de su próxima reunión
COFEMA: áreas protegidas, bosques nativos, y educación ambiental, entre los temas que se abordarán en la próxima Asamblea Ordinaria
Fecha de Publicación: 25/05/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Nacional
En un encuentro preparatorio se reunió la secretaría ejecutiva del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) para definir los temas que serán abordados en la próxima Asamblea Ordinaria (N° 84) a celebrarse en Bariloche los días 14 y 15 de junio, y que contará en plenario con todas las jurisdicciones del país.
Entre las cuestiones propuestas para ser discutidas se cuentan: el grado de ejecución y de avance de un Proyecto GEF de áreas protegidas que se está implementando desde la Administración de Parques Nacionales que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (MAyDS).
Además, se avanzará sobre un proyecto de resolución a los efectos de establecer una metodología para la difusión de la información sobre la calidad de los recursos naturales de las provincias. Lo mismo que se resolvió abordar una propuesta para analizar los diez años de la Ley de Bosques que es una ley de presupuestos mínimos, la ley 26.331.
Por otro lado, se definió también en la reunión ejecutiva que se analizarán dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos vinculados con cuestiones de evaluación de impacto ambiental. Así como también se estudiará en el marco del COFEMA un proyecto que de creación del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente.
SIFAP
Uno de los componentes del Proyecto GEF que será analizado en la Asamblea de junio del COFEMA, es el fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) que es el sistema que nuclea a todas las áreas protegidas del país, tanto nacionales como provinciales y municipales.
Según explicó la ministra de ambiente de Jujuy y actual presidenta del COFEMA, María Inés Zigarán, a través de la comisión de biodiversidad y de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos se está estudiando una ley de presupuestos mínimos de áreas protegidas. Esto, a partir de una iniciativa del diputado Mario Barletta que es quien presidente de la comisión de recursos naturales del Congreso de la Nación.
Por esta razón, desde la comisión ejecutiva convocaron a la Administración de Parques Nacionales para que en Bariloche presente un informe de la ejecución de avance del proyecto GEF y para que se explique cómo está orientando la inversión de ese proyecto.
“El COFEMA preside el sistema federal de áreas protegidas. Para nosotros es muy importante que pueda organizarse ese sistema, que le dé una seguridad jurídica a todo aquello que implica la protección de los recursos naturales que se desarrolla a través de la generación de las áreas protegidas. Y que además también se piensen en los recursos para el sostenimiento de las áreas protegidas”, explicó María Inés Zigarán.
Recursos Naturales
Respecto a la necesidad de establecer una metodología para la difusión de la información sobre la calidad de los recursos naturales de las provincias, la ministra de ambiente de Jujuy detalló que “son las provincias las que tienen el dominio original sobre los recursos, por lo tanto la información que sobre esos recursos se genera debe ser informaciónque debe estar chequeada por las provincias o que haya una metodología acordada entre nación y provincia para la difusión de esa información”.
Lo dijo a propósito de que en la Asamblea de junio pretende avanzar en un proyecto de resolución para establecer una metodología de concertación entre nación y provincia. “La idea es que tenemos que garantizar el derecho de acceso a la información a todos los ciudadanos, transparentar nuestra gestión, pero además dar datos certeros sobre la calidad del ambiente”, ponderó la funcionaria.
Ley de Bosques
Por otro lado, en junio los ministros y autoridades ambientales de todo el país analizarán qué impacto tuvo la Ley de Presupuestos Minimitos (N° 26.331) de Bosques Nativos, que este año cumple diez años desde su sanción.
Aspectos como los avances que hubo en materia de conservación y en manejo sustentable de los bosques nativos, lo que representa hoy la ley en términos ambientales y cuáles son los desafíos que presenta de cara al futuro, son los que se discutirán en la próxima Asamblea del COFEMA.
En este sentido, la presidenta del órgano federal María Inés Zigarán, se refirió a los puntos prioritarios de diálogo y concertación. “En ese contexto nosotros queremos discutir dos asuntos que son clave: por un lado el tema del financiamiento y esto es una preocupación compartida por todas las provincias; y por otro, la perspectiva intercultural, la concepción y gestión que las comunidades indígenas hacen de los bosques nativos, un tema del que la Ley 26.331 ha adolecido”.
Evaluación de Impacto Ambiental y Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente
Otro de los temas que serán estudiados en la Asamblea N° 84 del COFEMA es la situación de cada una de las jurisdicciones en materia de normativa sobre impacto ambiental.
Según definieron en la comisión ejecutiva del órgano federal, la idea es llegar a fin de año con una propuesta concreta de ley de presupuestos mínimos, que tal vez enriquezca o complemente la propuesta original del diputado nacional Juan Carlos Villalonga.
También se está estudiando dentro del COFEMA un proyecto que fue remitido por el diputado Mario Barletta, para la creación del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente, que sería algo así como un órgano que propone nuclear a todos los presidentes de las comisiones ambientales de todos los parlamentos: municipales, provinciales y nacionales, inclusive del PARLATINO, que es un parlamento regional.
Ley de educación ambiental
Finalmente, la ministra jujeña y presidenta del COFEMA se refirió a la necesidad de que en Bariloche se pueda hacer un abordaje del tema de educación ambiental.
“A propósito de un proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados y que está hoy en el senado, tenemos una seria preocupación porque entendemos que no responde a los desafíos y al espíritu que nos hemos planteado en el Pacto que hemos firmado como COFEMA junto con el Consejo Federal de Educación”.
Estuvieron presentes en la mesa de la secretaría ejecutiva del COFEMA, los representantes de quince provincias, entre ellos: María Inés Zigarán (Jujuy), María Elina Serrano (Chaco), Santiago Azulay (La Rioja), Verónica Derna (Misiones), Irene Soler (Salta), Fabián Tittarelli (La Pampa), Mauro Pérez Toscani (Tierra del Fuego), Yanina Fasano (Ciudad de Buenos Aires), Hugo Bay (Formosa), Roberto Zabala (Entre Ríos), Mario Rujana (Corrientes), Dina Migani (Río Negro), Néstor Gil Conners (Buenos Aires), Gustavo Mercado (San Juan) y Miguel Aguirre (Neuquén).
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Fecha de Publicación: 25/05/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Nacional
En un encuentro preparatorio se reunió la secretaría ejecutiva del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) para definir los temas que serán abordados en la próxima Asamblea Ordinaria (N° 84) a celebrarse en Bariloche los días 14 y 15 de junio, y que contará en plenario con todas las jurisdicciones del país.
Entre las cuestiones propuestas para ser discutidas se cuentan: el grado de ejecución y de avance de un Proyecto GEF de áreas protegidas que se está implementando desde la Administración de Parques Nacionales que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (MAyDS).
Además, se avanzará sobre un proyecto de resolución a los efectos de establecer una metodología para la difusión de la información sobre la calidad de los recursos naturales de las provincias. Lo mismo que se resolvió abordar una propuesta para analizar los diez años de la Ley de Bosques que es una ley de presupuestos mínimos, la ley 26.331.
Por otro lado, se definió también en la reunión ejecutiva que se analizarán dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos vinculados con cuestiones de evaluación de impacto ambiental. Así como también se estudiará en el marco del COFEMA un proyecto que de creación del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente.
SIFAP
Uno de los componentes del Proyecto GEF que será analizado en la Asamblea de junio del COFEMA, es el fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) que es el sistema que nuclea a todas las áreas protegidas del país, tanto nacionales como provinciales y municipales.
Según explicó la ministra de ambiente de Jujuy y actual presidenta del COFEMA, María Inés Zigarán, a través de la comisión de biodiversidad y de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos se está estudiando una ley de presupuestos mínimos de áreas protegidas. Esto, a partir de una iniciativa del diputado Mario Barletta que es quien presidente de la comisión de recursos naturales del Congreso de la Nación.
Por esta razón, desde la comisión ejecutiva convocaron a la Administración de Parques Nacionales para que en Bariloche presente un informe de la ejecución de avance del proyecto GEF y para que se explique cómo está orientando la inversión de ese proyecto.
“El COFEMA preside el sistema federal de áreas protegidas. Para nosotros es muy importante que pueda organizarse ese sistema, que le dé una seguridad jurídica a todo aquello que implica la protección de los recursos naturales que se desarrolla a través de la generación de las áreas protegidas. Y que además también se piensen en los recursos para el sostenimiento de las áreas protegidas”, explicó María Inés Zigarán.
Recursos Naturales
Respecto a la necesidad de establecer una metodología para la difusión de la información sobre la calidad de los recursos naturales de las provincias, la ministra de ambiente de Jujuy detalló que “son las provincias las que tienen el dominio original sobre los recursos, por lo tanto la información que sobre esos recursos se genera debe ser informaciónque debe estar chequeada por las provincias o que haya una metodología acordada entre nación y provincia para la difusión de esa información”.
Lo dijo a propósito de que en la Asamblea de junio pretende avanzar en un proyecto de resolución para establecer una metodología de concertación entre nación y provincia. “La idea es que tenemos que garantizar el derecho de acceso a la información a todos los ciudadanos, transparentar nuestra gestión, pero además dar datos certeros sobre la calidad del ambiente”, ponderó la funcionaria.
Ley de Bosques
Por otro lado, en junio los ministros y autoridades ambientales de todo el país analizarán qué impacto tuvo la Ley de Presupuestos Minimitos (N° 26.331) de Bosques Nativos, que este año cumple diez años desde su sanción.
Aspectos como los avances que hubo en materia de conservación y en manejo sustentable de los bosques nativos, lo que representa hoy la ley en términos ambientales y cuáles son los desafíos que presenta de cara al futuro, son los que se discutirán en la próxima Asamblea del COFEMA.
En este sentido, la presidenta del órgano federal María Inés Zigarán, se refirió a los puntos prioritarios de diálogo y concertación. “En ese contexto nosotros queremos discutir dos asuntos que son clave: por un lado el tema del financiamiento y esto es una preocupación compartida por todas las provincias; y por otro, la perspectiva intercultural, la concepción y gestión que las comunidades indígenas hacen de los bosques nativos, un tema del que la Ley 26.331 ha adolecido”.
Evaluación de Impacto Ambiental y Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente
Otro de los temas que serán estudiados en la Asamblea N° 84 del COFEMA es la situación de cada una de las jurisdicciones en materia de normativa sobre impacto ambiental.
Según definieron en la comisión ejecutiva del órgano federal, la idea es llegar a fin de año con una propuesta concreta de ley de presupuestos mínimos, que tal vez enriquezca o complemente la propuesta original del diputado nacional Juan Carlos Villalonga.
También se está estudiando dentro del COFEMA un proyecto que fue remitido por el diputado Mario Barletta, para la creación del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente, que sería algo así como un órgano que propone nuclear a todos los presidentes de las comisiones ambientales de todos los parlamentos: municipales, provinciales y nacionales, inclusive del PARLATINO, que es un parlamento regional.
Ley de educación ambiental
Finalmente, la ministra jujeña y presidenta del COFEMA se refirió a la necesidad de que en Bariloche se pueda hacer un abordaje del tema de educación ambiental.
“A propósito de un proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados y que está hoy en el senado, tenemos una seria preocupación porque entendemos que no responde a los desafíos y al espíritu que nos hemos planteado en el Pacto que hemos firmado como COFEMA junto con el Consejo Federal de Educación”.
Estuvieron presentes en la mesa de la secretaría ejecutiva del COFEMA, los representantes de quince provincias, entre ellos: María Inés Zigarán (Jujuy), María Elina Serrano (Chaco), Santiago Azulay (La Rioja), Verónica Derna (Misiones), Irene Soler (Salta), Fabián Tittarelli (La Pampa), Mauro Pérez Toscani (Tierra del Fuego), Yanina Fasano (Ciudad de Buenos Aires), Hugo Bay (Formosa), Roberto Zabala (Entre Ríos), Mario Rujana (Corrientes), Dina Migani (Río Negro), Néstor Gil Conners (Buenos Aires), Gustavo Mercado (San Juan) y Miguel Aguirre (Neuquén).
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Una "fábrica de árboles" para Capital Federal
Fábrica de árboles: generan 6.000 por año para cambiar el paisaje verde de la Ciudad
Fecha de Publicación: 25/05/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Trabajan en la Reserva Ecológica y en el Parque Avellaneda para renovar los ejemplares que están en veredas y parques. Los expertos dicen que la arboleda actual está desactualizada.
“La arboleda quedó desactualizada. Los plátanos dan alergia, las tipas se caen y hay tantos fresnos que si un hongo los enferma perdemos la mitad de los ejemplares”, dice Jorge Serángelo, un técnico botánico con más de 30 años entre árboles. Trabaja en el Parque Avellaneda dentro de una cúpula de varillas flexibles y cubierta de lona. La llaman domo y guarda 1.000 ejemplares distribuidos en macetas negras de distintos tamaños y decenas más, que aún son semilla y esperan su germinación en bandejas llenas de compost y sustrato de río. La cúpula tiene estética de ciencia ficción: blanca y de bordes metálicos, hecha sobre el esqueleto de un viejo tanque australiano.
En la Ciudad de Buenos Aires hay dos grandes incubadoras de árboles, capaces de generar 6.000 ejemplares por año. Son zonas de experimentación dirigidas por botánicos que intervienen en la gestación, nacimiento y desarrollo de árboles autóctonos de la región del Río de la Plata o de especies propias de la Argentina que sean aptas para veredas, plazas y parques. Una funciona en la Reserva Ecológica, la otra en Parque Avellaneda. Ahí todo empezó con una pregunta. ¿Un árbol del norte argentino puede sobrevivir en la Ciudad?
Hacia 1890 Carlos Thays -que no era Carlos, sino Jules Charles- comprobó que en Buenos Aires crecían árboles de clima subtropical al plantar tipas, ceibos y palos borrachos que había descubierto en selvas de Salta y Tucumán. Pero desde entonces pasaron más de 100 años y en la cabeza de los expertos había una exportación inédita. Era la de un ejemplar de tronco bajo y copa redonda, que se llena de flores amarillas en febrero y marzo: el cassia carnaval. Originario de Jujuy y Salta, hay uno en suelo porteño. Es un solitario que hace 30 años aclimató un vecino en una vereda de Villa Luro. Hasta ahí fueron. Extrajeron semillas y las sembraron en tierra nueva. Los primeros brotes aparecieron, la duda quedó atrás y creció a un objetivo: modernizar el paisaje urbano con otras plantaciones. Jorge Jacod, otro botánico de Parque Avellaneda, se ilusiona con la próxima Buenos Aires en flor: “Rosada con el lapacho; azul violáceo (o celeste o lila) con el jacarandá; blanca con la pezuña de vaca; roja con el ceibo; amarilla con el cassia carnaval. Cinco colores, cinco especies”.
El árbol es más que la arquitectura viva de las ciudades. Produce oxígeno, absorbe dióxido de carbono y amortigua ruidos. Aunque no hay árboles nativos de las urbes, los que van a veredas, plazas y parques tienen una planificación detrás. “Plantar un fresno, un paraíso, un plátano o una tipa perdió sentido. Esos árboles demostraron que tienen problemas de salud. Nosotros estamos sembrando especies que no superan los siete metros, no rompen veredas y son resistentes”, dice Serángelo. Camina entre árboles, que parecen plantas acomodándose a sus envases: “Este arbolito tiene poco más de dos años. Es un jacarandá -Serángelo acaricia las hojas, perladas por el agua que gotea del techo (el domo transpira)-. Está en una maceta de 20 litros y es el hermano de otro que pusimos en la calle. Lo cultivamos con fertilizantes orgánicos, tiene cuidados especiales, queremos árboles fuertes”.
La producción del domo y de un invernáculo exterior con 500 ejemplares abastece a los barrios de Villa Soldati, Riachuelo, Lugano, Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. También al Parque General Paz, en Saavedra. Se usa para reemplazar plantaciones enfermas o llevar verde a espacios grises. “A fin de año esperamos llegar a los 5.000 árboles. El objetivo, a 2019, es reproducir ejemplares para toda la Capital y que el Estado no tenga que comprar a viveros privados”, dice Gabriel Borges, el responsable del mantenimiento del espacio público de las comunas de la Ciudad. Adrián Peña, a cargo del arbolado público, del domo y el vivero del parque, precisa: “Un árbol cuesta entre 300 y 500 pesos, según la especie. Es un ahorro importante”.
A pocas cuadras del mundo cotidiano, la naturaleza lo intenta otra vez. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, al costado de un invernáculo con forma de granero de campo, un hombre poda. Corta los bordes de un canelón, un árbol de tronco grueso, rugoso y gris que crece a orillas de ríos. En días será insertado, junto a otros 49 árboles, en un bosque que empezó a formarse con las manos del hombre, las mismas que siglos antes desencadenaron su extinción: “Multiplicamos especies nativas de la región del Río de la Plata para incorporarlas a la reserva y así recuperar el paisaje original. Un ambiente que se perdió desde la llegada de los españoles y que sólo se encuentra en la isla Martín García o en Punta Lara”, dice Fernando Pisera, responsable del vivero del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que genera la producción.
Son entre 1.000 y 1.200 árboles al año que van a una porción de tierra escondida. Una cuerda gruesa, al costado de un camino interno de la reserva, impide el paso a esos terrenos. Detrás, escalones de madera guían hacia una vegetación que se vuelve más y más espesa. Bajo los pies, las ramas crujen. “Este es un chal chal. Debe tener seis años -dice Pisera con la mano apoyada en el tronco de corteza escamosa-. Todavía no se reproduce. Recién cuando fructifica puede dejar descendencia”. Alrededor hay palmeras pindó, coronillas y bugres. Más lejos, ejemplares timbó u oreja de negro por la forma y color de su fruto. Especies de las que uno no sabe nada, que no se compran en un vivero comercial. Que llegan al bosque en macetas de 20 a 30 litros después de un proceso de tres años de cultivo. Ahí, en el terreno más benéfico de la reserva, sin rellenos de la autopista 25 de Mayo o de las obras porteñas, es donde empieza el crecimiento real.
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Fecha de Publicación: 25/05/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Trabajan en la Reserva Ecológica y en el Parque Avellaneda para renovar los ejemplares que están en veredas y parques. Los expertos dicen que la arboleda actual está desactualizada.
“La arboleda quedó desactualizada. Los plátanos dan alergia, las tipas se caen y hay tantos fresnos que si un hongo los enferma perdemos la mitad de los ejemplares”, dice Jorge Serángelo, un técnico botánico con más de 30 años entre árboles. Trabaja en el Parque Avellaneda dentro de una cúpula de varillas flexibles y cubierta de lona. La llaman domo y guarda 1.000 ejemplares distribuidos en macetas negras de distintos tamaños y decenas más, que aún son semilla y esperan su germinación en bandejas llenas de compost y sustrato de río. La cúpula tiene estética de ciencia ficción: blanca y de bordes metálicos, hecha sobre el esqueleto de un viejo tanque australiano.
En la Ciudad de Buenos Aires hay dos grandes incubadoras de árboles, capaces de generar 6.000 ejemplares por año. Son zonas de experimentación dirigidas por botánicos que intervienen en la gestación, nacimiento y desarrollo de árboles autóctonos de la región del Río de la Plata o de especies propias de la Argentina que sean aptas para veredas, plazas y parques. Una funciona en la Reserva Ecológica, la otra en Parque Avellaneda. Ahí todo empezó con una pregunta. ¿Un árbol del norte argentino puede sobrevivir en la Ciudad?
Hacia 1890 Carlos Thays -que no era Carlos, sino Jules Charles- comprobó que en Buenos Aires crecían árboles de clima subtropical al plantar tipas, ceibos y palos borrachos que había descubierto en selvas de Salta y Tucumán. Pero desde entonces pasaron más de 100 años y en la cabeza de los expertos había una exportación inédita. Era la de un ejemplar de tronco bajo y copa redonda, que se llena de flores amarillas en febrero y marzo: el cassia carnaval. Originario de Jujuy y Salta, hay uno en suelo porteño. Es un solitario que hace 30 años aclimató un vecino en una vereda de Villa Luro. Hasta ahí fueron. Extrajeron semillas y las sembraron en tierra nueva. Los primeros brotes aparecieron, la duda quedó atrás y creció a un objetivo: modernizar el paisaje urbano con otras plantaciones. Jorge Jacod, otro botánico de Parque Avellaneda, se ilusiona con la próxima Buenos Aires en flor: “Rosada con el lapacho; azul violáceo (o celeste o lila) con el jacarandá; blanca con la pezuña de vaca; roja con el ceibo; amarilla con el cassia carnaval. Cinco colores, cinco especies”.
El árbol es más que la arquitectura viva de las ciudades. Produce oxígeno, absorbe dióxido de carbono y amortigua ruidos. Aunque no hay árboles nativos de las urbes, los que van a veredas, plazas y parques tienen una planificación detrás. “Plantar un fresno, un paraíso, un plátano o una tipa perdió sentido. Esos árboles demostraron que tienen problemas de salud. Nosotros estamos sembrando especies que no superan los siete metros, no rompen veredas y son resistentes”, dice Serángelo. Camina entre árboles, que parecen plantas acomodándose a sus envases: “Este arbolito tiene poco más de dos años. Es un jacarandá -Serángelo acaricia las hojas, perladas por el agua que gotea del techo (el domo transpira)-. Está en una maceta de 20 litros y es el hermano de otro que pusimos en la calle. Lo cultivamos con fertilizantes orgánicos, tiene cuidados especiales, queremos árboles fuertes”.
La producción del domo y de un invernáculo exterior con 500 ejemplares abastece a los barrios de Villa Soldati, Riachuelo, Lugano, Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. También al Parque General Paz, en Saavedra. Se usa para reemplazar plantaciones enfermas o llevar verde a espacios grises. “A fin de año esperamos llegar a los 5.000 árboles. El objetivo, a 2019, es reproducir ejemplares para toda la Capital y que el Estado no tenga que comprar a viveros privados”, dice Gabriel Borges, el responsable del mantenimiento del espacio público de las comunas de la Ciudad. Adrián Peña, a cargo del arbolado público, del domo y el vivero del parque, precisa: “Un árbol cuesta entre 300 y 500 pesos, según la especie. Es un ahorro importante”.
A pocas cuadras del mundo cotidiano, la naturaleza lo intenta otra vez. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, al costado de un invernáculo con forma de granero de campo, un hombre poda. Corta los bordes de un canelón, un árbol de tronco grueso, rugoso y gris que crece a orillas de ríos. En días será insertado, junto a otros 49 árboles, en un bosque que empezó a formarse con las manos del hombre, las mismas que siglos antes desencadenaron su extinción: “Multiplicamos especies nativas de la región del Río de la Plata para incorporarlas a la reserva y así recuperar el paisaje original. Un ambiente que se perdió desde la llegada de los españoles y que sólo se encuentra en la isla Martín García o en Punta Lara”, dice Fernando Pisera, responsable del vivero del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que genera la producción.
Son entre 1.000 y 1.200 árboles al año que van a una porción de tierra escondida. Una cuerda gruesa, al costado de un camino interno de la reserva, impide el paso a esos terrenos. Detrás, escalones de madera guían hacia una vegetación que se vuelve más y más espesa. Bajo los pies, las ramas crujen. “Este es un chal chal. Debe tener seis años -dice Pisera con la mano apoyada en el tronco de corteza escamosa-. Todavía no se reproduce. Recién cuando fructifica puede dejar descendencia”. Alrededor hay palmeras pindó, coronillas y bugres. Más lejos, ejemplares timbó u oreja de negro por la forma y color de su fruto. Especies de las que uno no sabe nada, que no se compran en un vivero comercial. Que llegan al bosque en macetas de 20 a 30 litros después de un proceso de tres años de cultivo. Ahí, en el terreno más benéfico de la reserva, sin rellenos de la autopista 25 de Mayo o de las obras porteñas, es donde empieza el crecimiento real.
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No se podrá urbanizar los bosques incendiados
Se promulgó la ley que impide el desarrollo inmobiliario sobre superficies de bosques nativos afectados por incendios forestales
Fecha de Publicación: 24/05/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional promulgó la Ley N°. 27353, que prohíbe el desarrollo de proyectos inmobiliarios sobre las superficies de bosques nativos afectadas por incendios forestales. La norma fue sancionada el mes pasado por el Congreso y promulgada hoy por el Ejecutivo a través del Decreto 346/2017, que lleva la firma de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
Gracias a la promulgación, se incorpora a la Ley de Manejo de Fuego —Ley N°. 26815— el artículo 22 bis que establece: “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la Ley N°. 26331. Los bosques no productivos abarcados por la Ley N°. 13273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente”.
Cabe destacar que la ley de Manejo de Fuego establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. Además, aplica las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. Asimismo, la norma creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Fecha de Publicación: 24/05/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional promulgó la Ley N°. 27353, que prohíbe el desarrollo de proyectos inmobiliarios sobre las superficies de bosques nativos afectadas por incendios forestales. La norma fue sancionada el mes pasado por el Congreso y promulgada hoy por el Ejecutivo a través del Decreto 346/2017, que lleva la firma de la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
Gracias a la promulgación, se incorpora a la Ley de Manejo de Fuego —Ley N°. 26815— el artículo 22 bis que establece: “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la Ley N°. 26331. Los bosques no productivos abarcados por la Ley N°. 13273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente”.
Cabe destacar que la ley de Manejo de Fuego establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. Además, aplica las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. Asimismo, la norma creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Más nucleares = Más minería de urario
Argentina duplicará su demanda de uranio natural para operar las dos nuevas centrales
Fecha de Publicación: 24/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Las dos nuevas centrales nucleares, cuya construcción fue acordada por el presidente Mauricio Macri en su reciente visita a China, demandarán para su funcionamiento unas 280 toneladas de uranio natural adicionales a las 250 que actualmente requieren las plantas de Embalse, Atucha I y Atucha II.
Argentina y China firmaron el miércoles en Beijing, en el marco de la visita de Macri, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
Con esta proyección de demanda, fuentes de la Secretaría de Minería explicaron a Télam que los requerimientos de aprovisionamiento de uranio -mineral esencial en el proceso de generación energética de las centrales nucleares- para las dos nuevas centrales sumarán unas 280 toneladas anuales de importaciones de uranio.
Argentina dejó que extraer uranio en 1997, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), cuando se decidió importar la materia prima y se cerró la producción de las minas de la localidad mendocina de Sierra Pintada, entre otras.
En el caso de las nuevas centrales, Atucha III utilizará de 100 a 110 toneladas de uranio natural por año, mientras que para la quinta central se anticipa un consumo anual aproximado de 170 toneladas de uranio natural.
En la actualidad, en Argentina el consumo para sus tres centrales en funcionamiento es de 220 toneladas de uranio natural y otras 30 de uranio enriquecido, ya que Atucha I (362 MW de potencia) utiliza unas 40 toneladas; Atucha II (745 Mw) unas 100 toneladas; y la cordobesa de Embalse (648 Mw) usa 80 toneladas de uranio natural por año.
De esta manera, cuando los 5 reactores estén en funcionamiento simultáneo el consumo de Uranio natural podría alcanzar unas 540 toneladas al año.
Para atender esta demanda, si se consideran los recursos actuales identificados en el subsuelo se estima la existencia de unas 31.000 toneladas de uranio, lo que comprende los Recursos Razonablemente Asegurados (RAR) y Recursos Inferidos (IR), por lo cual se calcula un abastecimiento de 60 años para las 5 centrales.
Los recursos identificados en el país se encuentran Sierra Pintada (CNEA); Cerro Solo, Chubut (CNEA); Don Otto en Salta (U3O8 Corporation); Laguna Colorada, Laguna Salada en Chubut (U3O8 Corporation); y Meseta Central también en Chubut (UrAmérica), de acuerdo al relevamiento de la Secretaría de Minería al que accedió Télam.
Desde el punto de vista geológico, estos recursos se encuentran en depósitos de tipo arenisca, volcánico y superficial, pero en lo que hace a recursos no descubiertos los mismos están evaluados en unas 80.000 toneladas, de acuerdo con el actual conocimiento geológico de las principales unidades de investigación uranífera del territorio.
Las fuentes consultadas resaltaron que en este tipo de estimaciones -con una vida útil de las centrales de entre 60 y 80 años- hay que tener en cuenta que los recursos no son "fijos" sino que habitualmente aumentan en el caso de prosperar las exploraciones.
Sólo para citar un ejemplo en ese sentido, en la provincia de Río Negro la empresa Blue Sky Uranium está culminando la exploración en el proyecto Amarillo Grande, para lo cual está realizando 3.000 metros de perforación para identificar nuevos recursos, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también realiza trabajos exploratorios en el país.
En 2016, Argentina importó 106.661 kilos de uranio natural por un valor de US$ 13,7 millones, a un promedio de US$ 129 por kilo; mientras que de uranio enriquecido se compraron 8.477 kilos por un total de US$ 8,9 millones a US$ 1.060 por kilo en promedio.
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Fecha de Publicación: 24/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Las dos nuevas centrales nucleares, cuya construcción fue acordada por el presidente Mauricio Macri en su reciente visita a China, demandarán para su funcionamiento unas 280 toneladas de uranio natural adicionales a las 250 que actualmente requieren las plantas de Embalse, Atucha I y Atucha II.
Argentina y China firmaron el miércoles en Beijing, en el marco de la visita de Macri, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
Con esta proyección de demanda, fuentes de la Secretaría de Minería explicaron a Télam que los requerimientos de aprovisionamiento de uranio -mineral esencial en el proceso de generación energética de las centrales nucleares- para las dos nuevas centrales sumarán unas 280 toneladas anuales de importaciones de uranio.
Argentina dejó que extraer uranio en 1997, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), cuando se decidió importar la materia prima y se cerró la producción de las minas de la localidad mendocina de Sierra Pintada, entre otras.
En el caso de las nuevas centrales, Atucha III utilizará de 100 a 110 toneladas de uranio natural por año, mientras que para la quinta central se anticipa un consumo anual aproximado de 170 toneladas de uranio natural.
En la actualidad, en Argentina el consumo para sus tres centrales en funcionamiento es de 220 toneladas de uranio natural y otras 30 de uranio enriquecido, ya que Atucha I (362 MW de potencia) utiliza unas 40 toneladas; Atucha II (745 Mw) unas 100 toneladas; y la cordobesa de Embalse (648 Mw) usa 80 toneladas de uranio natural por año.
De esta manera, cuando los 5 reactores estén en funcionamiento simultáneo el consumo de Uranio natural podría alcanzar unas 540 toneladas al año.
Para atender esta demanda, si se consideran los recursos actuales identificados en el subsuelo se estima la existencia de unas 31.000 toneladas de uranio, lo que comprende los Recursos Razonablemente Asegurados (RAR) y Recursos Inferidos (IR), por lo cual se calcula un abastecimiento de 60 años para las 5 centrales.
Los recursos identificados en el país se encuentran Sierra Pintada (CNEA); Cerro Solo, Chubut (CNEA); Don Otto en Salta (U3O8 Corporation); Laguna Colorada, Laguna Salada en Chubut (U3O8 Corporation); y Meseta Central también en Chubut (UrAmérica), de acuerdo al relevamiento de la Secretaría de Minería al que accedió Télam.
Desde el punto de vista geológico, estos recursos se encuentran en depósitos de tipo arenisca, volcánico y superficial, pero en lo que hace a recursos no descubiertos los mismos están evaluados en unas 80.000 toneladas, de acuerdo con el actual conocimiento geológico de las principales unidades de investigación uranífera del territorio.
Las fuentes consultadas resaltaron que en este tipo de estimaciones -con una vida útil de las centrales de entre 60 y 80 años- hay que tener en cuenta que los recursos no son "fijos" sino que habitualmente aumentan en el caso de prosperar las exploraciones.
Sólo para citar un ejemplo en ese sentido, en la provincia de Río Negro la empresa Blue Sky Uranium está culminando la exploración en el proyecto Amarillo Grande, para lo cual está realizando 3.000 metros de perforación para identificar nuevos recursos, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también realiza trabajos exploratorios en el país.
En 2016, Argentina importó 106.661 kilos de uranio natural por un valor de US$ 13,7 millones, a un promedio de US$ 129 por kilo; mientras que de uranio enriquecido se compraron 8.477 kilos por un total de US$ 8,9 millones a US$ 1.060 por kilo en promedio.
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San Luis y la protección de especies en peligro
“San Luis prioriza la protección de especies en peligro de extinción”
Fecha de Publicación: 24/05/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Así lo aseguró la investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Marta Kin, en la charla “Venado de las Pampas: una aproximación a su conocimiento”, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, y que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico.
El Aula Magna del Instituto Tecnológico (IT) fue sede este viernes de un encuentro para conocer más sobre el venado de las pampas: una especie en peligro de extinción. La charla estuvo a cargo de técnicos de la cartera medioambiental e investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa.
El encuentro convocó a alumnos y docentes del IT, de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Durante la charla se abordaron aspectos como la situación de la especie en la provincia, acciones realizadas y propuestas a futuro, características de la especie y posibles causas de extinción, entre otros puntos.
“Del 2005 al 2007 desarrollamos un proyecto que consistió en un muestreo en la zona centro/sur de San Luis, para delimitar en qué estatus estaba la población. Actualmente, San Luis posee la población más grande de venados del país”, explicó la investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Marta Kin.
Además aseguró que San Luis es una provincia que prioriza la protección de especies en peligro de extinción. “Me parece muy bueno que encaren proyectos para proteger a estos ejemplares. Es súper importante”, y adelantó: “Proyectamos junto con el Ministerio un trabajo de muestreo en la zona sur, desde Unión hacia abajo, para ver en qué sitios están los venados, la cantidad, condiciones de los pastizales, entre otros aspectos”.
La especialista destacó también la amplia convocatoria a la charla: “Es muy bueno que haya venido tanta gente, porque el objetivo es transmitir el conocimiento que uno tiene sobre la especie y contarles los proyectos desarrollados. Estos encuentros son muy enriquecedores”.
De San Luis a La Pampa
Otro de los puntos que mencionó Kin fue la expansión de la especie al norte pampeano, hecho que la motivó a iniciar trabajos de investigación: “En 2015 tuvimos registros de que se amplió la población a nuestra provincia. Son ejemplares que provienen de San Luis. Se han desplazado naturalmente, buscando nuevos espacios y comida. Actualmente, trabajo en un proyecto para delimitar la cantidad de ejemplares y su ubicación”.
Sobre la posibilidad de extinción del venado y la situación actual, consideró: “La especie está protegida en todas las provincias. A largo plazo, en San Luis es más factible de que se mantenga”. Y auguró: “Sería fantástico que pueda expandirse y no se llegue a límites donde vaya a desaparecer. Es una especie endémica de América del Sur y sería una lástima que la perdiéramos”.
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Fecha de Publicación: 24/05/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Así lo aseguró la investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Marta Kin, en la charla “Venado de las Pampas: una aproximación a su conocimiento”, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, y que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico.
El Aula Magna del Instituto Tecnológico (IT) fue sede este viernes de un encuentro para conocer más sobre el venado de las pampas: una especie en peligro de extinción. La charla estuvo a cargo de técnicos de la cartera medioambiental e investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa.
El encuentro convocó a alumnos y docentes del IT, de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Durante la charla se abordaron aspectos como la situación de la especie en la provincia, acciones realizadas y propuestas a futuro, características de la especie y posibles causas de extinción, entre otros puntos.
“Del 2005 al 2007 desarrollamos un proyecto que consistió en un muestreo en la zona centro/sur de San Luis, para delimitar en qué estatus estaba la población. Actualmente, San Luis posee la población más grande de venados del país”, explicó la investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Marta Kin.
Además aseguró que San Luis es una provincia que prioriza la protección de especies en peligro de extinción. “Me parece muy bueno que encaren proyectos para proteger a estos ejemplares. Es súper importante”, y adelantó: “Proyectamos junto con el Ministerio un trabajo de muestreo en la zona sur, desde Unión hacia abajo, para ver en qué sitios están los venados, la cantidad, condiciones de los pastizales, entre otros aspectos”.
La especialista destacó también la amplia convocatoria a la charla: “Es muy bueno que haya venido tanta gente, porque el objetivo es transmitir el conocimiento que uno tiene sobre la especie y contarles los proyectos desarrollados. Estos encuentros son muy enriquecedores”.
De San Luis a La Pampa
Otro de los puntos que mencionó Kin fue la expansión de la especie al norte pampeano, hecho que la motivó a iniciar trabajos de investigación: “En 2015 tuvimos registros de que se amplió la población a nuestra provincia. Son ejemplares que provienen de San Luis. Se han desplazado naturalmente, buscando nuevos espacios y comida. Actualmente, trabajo en un proyecto para delimitar la cantidad de ejemplares y su ubicación”.
Sobre la posibilidad de extinción del venado y la situación actual, consideró: “La especie está protegida en todas las provincias. A largo plazo, en San Luis es más factible de que se mantenga”. Y auguró: “Sería fantástico que pueda expandirse y no se llegue a límites donde vaya a desaparecer. Es una especie endémica de América del Sur y sería una lástima que la perdiéramos”.
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Pesencia argentina en minicumbre del clima
Arranca minicumbre del clima en Berlín, con presencia argentina y enviados de Trump
Fecha de Publicación: 23/05/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El Diálogo del Clima de Petersberg, una suerte de minicumbre sobre el cambio climático que se llevará a cabo este lunes y martes en Berlín, se presenta como la gran oportunidad para pasar en limpio lo que quedó del acuerdo parisino firmado en diciembre y trazar una hoja de ruta de aquí a fin de año.
Representantes de 35 países, entre ellos la Argentina con una comitiva liderada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, llegarán a la capital alemana para participar de la octava edición del evento, en el que se tratará de acordar qué medidas son necesarias para poner en marcha -o acelerar en otros casos- los compromisos de la COP 23 de París. La cita es también un modo de ir revelando posiciones, de ir semblanteando los temas centrales de la COP 24 que se celebrará en Bonn.
El objetivo final está claro: consolidar las medidas para mitigar y atenuar los impactos del calentamiento global, y limitar el aumento de la temperatura por debajo al menos de los 2° tomando como parámetro los niveles preindustriales.
Se espera como de costumbre la presencia de la canciller Angela Merkel y, como es habitual también, el anfitrión preside el evento junto al país que tendrá a cargo la presidencia en la próxima Conferencia de las Partes (COP), en este caso Fiji.
Finalmente, Estados Unidos dirá presente con una delegación, en lo que constituye un dato llamativo si se tienen en cuenta las decisiones que tomó el presidente Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca: recortes en la Agencia de Protección Ambiental y desmantelamiento de programas de sustentabilidad iniciados por Barack Obama, junto al halo de suspenso puesto alrededor de la esperada baja de las emisiones contaminantes de la potencia norteamericana.
Las especulaciones son diversas: falta de un rumbo fijo, quizás un acting diplomático para no recalentar otro foco de conflicto global, o por qué no un gesto para llegar con viento de cola a la reunión que el republicano mantendrá dentro de días con el papa Francisco, quien con su encíclica Laudato Si tomó como bandera la lucha contra el cambio climático.
Lo cierto es que es un ingrediente extra al Diálogo del Clima de Petersberg, que toma su nombre de la pequeña ciudad donde se celebró por primera vez, y que pese a su carácter informal atesora ya momentos importantes en la ruta del cambio climático.
Fue en esta sede donde Merkel anunció que su país aportaría 750 millones de euros para el Fondo Verde, destinado a países en vías de desarrollo. También en esta cita se produjo el vital y sostenido reclamo de Alemania y Francia sobre la necesidad de llegar a un acuerdo en París, que finalmente rindió sus frutos con la esperada firma del acuerdo en el encuentro del año pasado. La expectativa, una vez más, se renueva y en Berlín todos esperan que comience a escribirse otra página trascendente en la lucha contra el cambio climático.
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Fecha de Publicación: 23/05/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El Diálogo del Clima de Petersberg, una suerte de minicumbre sobre el cambio climático que se llevará a cabo este lunes y martes en Berlín, se presenta como la gran oportunidad para pasar en limpio lo que quedó del acuerdo parisino firmado en diciembre y trazar una hoja de ruta de aquí a fin de año.
Representantes de 35 países, entre ellos la Argentina con una comitiva liderada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, llegarán a la capital alemana para participar de la octava edición del evento, en el que se tratará de acordar qué medidas son necesarias para poner en marcha -o acelerar en otros casos- los compromisos de la COP 23 de París. La cita es también un modo de ir revelando posiciones, de ir semblanteando los temas centrales de la COP 24 que se celebrará en Bonn.
El objetivo final está claro: consolidar las medidas para mitigar y atenuar los impactos del calentamiento global, y limitar el aumento de la temperatura por debajo al menos de los 2° tomando como parámetro los niveles preindustriales.
Se espera como de costumbre la presencia de la canciller Angela Merkel y, como es habitual también, el anfitrión preside el evento junto al país que tendrá a cargo la presidencia en la próxima Conferencia de las Partes (COP), en este caso Fiji.
Finalmente, Estados Unidos dirá presente con una delegación, en lo que constituye un dato llamativo si se tienen en cuenta las decisiones que tomó el presidente Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca: recortes en la Agencia de Protección Ambiental y desmantelamiento de programas de sustentabilidad iniciados por Barack Obama, junto al halo de suspenso puesto alrededor de la esperada baja de las emisiones contaminantes de la potencia norteamericana.
Las especulaciones son diversas: falta de un rumbo fijo, quizás un acting diplomático para no recalentar otro foco de conflicto global, o por qué no un gesto para llegar con viento de cola a la reunión que el republicano mantendrá dentro de días con el papa Francisco, quien con su encíclica Laudato Si tomó como bandera la lucha contra el cambio climático.
Lo cierto es que es un ingrediente extra al Diálogo del Clima de Petersberg, que toma su nombre de la pequeña ciudad donde se celebró por primera vez, y que pese a su carácter informal atesora ya momentos importantes en la ruta del cambio climático.
Fue en esta sede donde Merkel anunció que su país aportaría 750 millones de euros para el Fondo Verde, destinado a países en vías de desarrollo. También en esta cita se produjo el vital y sostenido reclamo de Alemania y Francia sobre la necesidad de llegar a un acuerdo en París, que finalmente rindió sus frutos con la esperada firma del acuerdo en el encuentro del año pasado. La expectativa, una vez más, se renueva y en Berlín todos esperan que comience a escribirse otra página trascendente en la lucha contra el cambio climático.
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Santa Fe apuesta a la mitigación y adaptación
Mitigación y adaptación: claves del plan provincial de cambio climático
Fecha de Publicación: 23/05/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Se trabaja en un registro provincial de emisiones de gases de efecto invernadero. Se volverá a convocar a la comisión de expertos para establecer vulnerabilidades y estrategias para adecuarse al nuevo escenario.
El gobierno provincial se encuentra trabajando en la elaboración de un plan de cambio climático que contempla dos líneas principales de acción: un programa de mitigación a largo plazo que contribuye al plan nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y otro de adaptación de los sistemas de gestión para procurar que sus consecuencias impacten de la menor forma posible sobre todas las actividades. Todo esto frente a la certeza de que “el cambio climático es una realidad” que se manifiesta de diferentes formas; no sólo con excesos pluviales y sequías, sino también en olas de calor y proliferación de enfermedades que hasta hace algunos años estaban reservadas a regiones tropicales.
Eduardo Roude está a cargo de la Dirección de Cambio Climático -que depende del Ministerio de Medio Ambiente- y en diálogo con El Litoral advirtió que la previsión es que este fenómeno se manifieste cada vez con mayor intensidad. “Los gases de efecto invernadero ya fueron emitidos, están en la atmósfera y tardan hasta 200 años en dispersarse. Es decir que, aunque se lograra cortar todas las emisiones, cosa que es imposible, el calentamiento continuaría agudizándose en los próximos años”.
Esta alternación, provocada por la acción del hombre, modificó el clima y lo hizo en diversas formas: “En nuestra zona se manifiesta por inviernos más tibios y con menor cantidad de heladas, tormentas intensas cada vez más frecuentes, olas de calor reiteradas e inundaciones más usuales”, sintetizó.
En ese marco, se avanza en el plan de mitigación que, como se dijo, es una meta a largo plazo y acompaña la política mundial que se estableció en el Acuerdo de París (2015) para llegar al objetivo de evitar que la temperatura global aumente más de 2 grados para el año 2030. En ese contexto se desarrollaron dos jornadas de trabajo el lunes y martes pasados, destinadas a “capacitar a actores locales para preparar un registro de emisiones”. Las ciudades de Santa Fe y Rosario ya cuentan con ese estudio; el objetivo es llegar a un inventario provincial como punto de partida para determinar cuáles son las actividades que más emisiones producen. En el territorio provincial éstas se generan por la agricultura y la ganadería. “Uno de los gases de efecto invernadero importante es el óxido nitroso que está relacionado con el uso de fertilizantes”, señaló Roude. Otro gran tema es el de los rellenos sanitarios y el adecuado tratamiento de los gases que se generan a partir de la fermentación de la materia orgánica.
MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
La otra línea de trabajo es la adaptación. “Es que, ante los efectos del cambio climático, hay que actuar en lo inmediato para evitar que sea afectada la vida de las personas”, señaló Roude, y en esto involucró tanto los excesos hídricos como la sequía que es el otro extremo del fenómeno. “Para todas esas contingencias hay que prepararse de forma anticipada y determinar cuáles son las vulnerabilidades y cómo va a afectar cada factor de cambio climático sobre cada sistema: seguridad hídrica, infraestructura, recursos naturales, salud. Y en función de todo eso, tomar medidas por adelantado”. Claro que, si bien todas estas acciones se están articulando en un plan, “hace mucho que la provincia viene trabajando en esta política, con planes de contingencia para poblaciones y medidas de ordenamiento territorial que consisten en reglamentar el uso de suelo para evitar que haya asentamientos en zonas de riesgo hídrico”.
En Santa Fe y por las reiteradas inundaciones, el agua es la amenaza más visible en los últimos 10 ó 20 años. Y el tema infraestructura es relevante: “Hemos visto que la autopista se cortó varias veces en los últimos años, pero en toda su historia, desde que está construida, no; eso tiene que ver con una mayor variabilidad climática que impacta, junto con otros factores que no tienen que ver con el cambio climático, como el uso del suelo”.
No todos los efectos se reflejan en el agua: otro tema fundamental es la salud y “las enfermedades tropicales, como dengue, chikungunya y zika, que prosperan porque se creó el ambiente propicio para que proliferen los insectos que las transmiten”. En este caso, la adaptación pasa por conocer más sobre las enfermedades, capacitar a los efectores de salud para que estén en condiciones de atenderlas y desarrollar medidas preventivas en las que intervenga toda la población, como el famoso descacharrado.
“Las olas de calor también nos afectan y hay que adaptarse, por ejemplo, a través de los sistemas de salud y con especial prevención en la tercera edad que es la más afectada. A la vez, este fenómeno genera una mayor utilización de los acondicionadores de aire; entonces, habrá que reforzar los sistemas de transmisión eléctrica para asegurar un consumo asociado al cambio climático”, explicó.
En cualquier caso, el tema es transversal a todos los ministerios. “Lo que hacemos es detectar las vulnerabilidades y advertir a los responsables de cada sector que hay un nuevo contexto y que lo que se viene haciendo, y hasta este momento era efectivo, puede dejar de serlo en atención al cambio de contexto en que está ocurriendo. Por ejemplo, si las lluvias son más frecuentes, habrá mayor demanda de mantenimiento de caminos rurales, especialmente de aquellos por donde sale la producción. El sector lácteo necesita la entrada diaria al tambo, entonces habrá que ripiar los caminos principales y tener muy preparado un sistema de mantenimiento para los caminos”; eso también es adaptación.
EN LA PRODUCCIÓN
El sector productivo también va a acusar el impacto de las modificaciones climáticas. “La falta de días más fríos o inviernos más tibios afecta a algunos cultivos, como el trigo que requiere bajas temperaturas para fructificar. Lo mismo ocurre con los citrus que necesitan de una temporada de frío. En este caso, las medidas de adaptación vendrán de la mano de lo que diga el Ministerio de la Producción. No vamos a decidir cuál es la mejor medida; lo hará cada especialista”.
En recursos naturales, los cambios ambientales “alteran los hábitat de reproducción y eso puede derivar en un cambio en el volumen de la población de determinadas especies, poniendo en peligro la sustentabilidad de algunas y atentando contra la biodiversidad”. Además, existen pautas que permiten el uso de determinadas especies en caza y pesca, cuyas reglas se formularon en base a una premisa anual de desarrollo que ahora podría modificarse.
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Fecha de Publicación: 23/05/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Se trabaja en un registro provincial de emisiones de gases de efecto invernadero. Se volverá a convocar a la comisión de expertos para establecer vulnerabilidades y estrategias para adecuarse al nuevo escenario.
El gobierno provincial se encuentra trabajando en la elaboración de un plan de cambio climático que contempla dos líneas principales de acción: un programa de mitigación a largo plazo que contribuye al plan nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y otro de adaptación de los sistemas de gestión para procurar que sus consecuencias impacten de la menor forma posible sobre todas las actividades. Todo esto frente a la certeza de que “el cambio climático es una realidad” que se manifiesta de diferentes formas; no sólo con excesos pluviales y sequías, sino también en olas de calor y proliferación de enfermedades que hasta hace algunos años estaban reservadas a regiones tropicales.
Eduardo Roude está a cargo de la Dirección de Cambio Climático -que depende del Ministerio de Medio Ambiente- y en diálogo con El Litoral advirtió que la previsión es que este fenómeno se manifieste cada vez con mayor intensidad. “Los gases de efecto invernadero ya fueron emitidos, están en la atmósfera y tardan hasta 200 años en dispersarse. Es decir que, aunque se lograra cortar todas las emisiones, cosa que es imposible, el calentamiento continuaría agudizándose en los próximos años”.
Esta alternación, provocada por la acción del hombre, modificó el clima y lo hizo en diversas formas: “En nuestra zona se manifiesta por inviernos más tibios y con menor cantidad de heladas, tormentas intensas cada vez más frecuentes, olas de calor reiteradas e inundaciones más usuales”, sintetizó.
En ese marco, se avanza en el plan de mitigación que, como se dijo, es una meta a largo plazo y acompaña la política mundial que se estableció en el Acuerdo de París (2015) para llegar al objetivo de evitar que la temperatura global aumente más de 2 grados para el año 2030. En ese contexto se desarrollaron dos jornadas de trabajo el lunes y martes pasados, destinadas a “capacitar a actores locales para preparar un registro de emisiones”. Las ciudades de Santa Fe y Rosario ya cuentan con ese estudio; el objetivo es llegar a un inventario provincial como punto de partida para determinar cuáles son las actividades que más emisiones producen. En el territorio provincial éstas se generan por la agricultura y la ganadería. “Uno de los gases de efecto invernadero importante es el óxido nitroso que está relacionado con el uso de fertilizantes”, señaló Roude. Otro gran tema es el de los rellenos sanitarios y el adecuado tratamiento de los gases que se generan a partir de la fermentación de la materia orgánica.
MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
La otra línea de trabajo es la adaptación. “Es que, ante los efectos del cambio climático, hay que actuar en lo inmediato para evitar que sea afectada la vida de las personas”, señaló Roude, y en esto involucró tanto los excesos hídricos como la sequía que es el otro extremo del fenómeno. “Para todas esas contingencias hay que prepararse de forma anticipada y determinar cuáles son las vulnerabilidades y cómo va a afectar cada factor de cambio climático sobre cada sistema: seguridad hídrica, infraestructura, recursos naturales, salud. Y en función de todo eso, tomar medidas por adelantado”. Claro que, si bien todas estas acciones se están articulando en un plan, “hace mucho que la provincia viene trabajando en esta política, con planes de contingencia para poblaciones y medidas de ordenamiento territorial que consisten en reglamentar el uso de suelo para evitar que haya asentamientos en zonas de riesgo hídrico”.
En Santa Fe y por las reiteradas inundaciones, el agua es la amenaza más visible en los últimos 10 ó 20 años. Y el tema infraestructura es relevante: “Hemos visto que la autopista se cortó varias veces en los últimos años, pero en toda su historia, desde que está construida, no; eso tiene que ver con una mayor variabilidad climática que impacta, junto con otros factores que no tienen que ver con el cambio climático, como el uso del suelo”.
No todos los efectos se reflejan en el agua: otro tema fundamental es la salud y “las enfermedades tropicales, como dengue, chikungunya y zika, que prosperan porque se creó el ambiente propicio para que proliferen los insectos que las transmiten”. En este caso, la adaptación pasa por conocer más sobre las enfermedades, capacitar a los efectores de salud para que estén en condiciones de atenderlas y desarrollar medidas preventivas en las que intervenga toda la población, como el famoso descacharrado.
“Las olas de calor también nos afectan y hay que adaptarse, por ejemplo, a través de los sistemas de salud y con especial prevención en la tercera edad que es la más afectada. A la vez, este fenómeno genera una mayor utilización de los acondicionadores de aire; entonces, habrá que reforzar los sistemas de transmisión eléctrica para asegurar un consumo asociado al cambio climático”, explicó.
En cualquier caso, el tema es transversal a todos los ministerios. “Lo que hacemos es detectar las vulnerabilidades y advertir a los responsables de cada sector que hay un nuevo contexto y que lo que se viene haciendo, y hasta este momento era efectivo, puede dejar de serlo en atención al cambio de contexto en que está ocurriendo. Por ejemplo, si las lluvias son más frecuentes, habrá mayor demanda de mantenimiento de caminos rurales, especialmente de aquellos por donde sale la producción. El sector lácteo necesita la entrada diaria al tambo, entonces habrá que ripiar los caminos principales y tener muy preparado un sistema de mantenimiento para los caminos”; eso también es adaptación.
EN LA PRODUCCIÓN
El sector productivo también va a acusar el impacto de las modificaciones climáticas. “La falta de días más fríos o inviernos más tibios afecta a algunos cultivos, como el trigo que requiere bajas temperaturas para fructificar. Lo mismo ocurre con los citrus que necesitan de una temporada de frío. En este caso, las medidas de adaptación vendrán de la mano de lo que diga el Ministerio de la Producción. No vamos a decidir cuál es la mejor medida; lo hará cada especialista”.
En recursos naturales, los cambios ambientales “alteran los hábitat de reproducción y eso puede derivar en un cambio en el volumen de la población de determinadas especies, poniendo en peligro la sustentabilidad de algunas y atentando contra la biodiversidad”. Además, existen pautas que permiten el uso de determinadas especies en caza y pesca, cuyas reglas se formularon en base a una premisa anual de desarrollo que ahora podría modificarse.
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Metas sustentables flojas en nuestro país
Las provincias argentinas, mal en las metas sustentables
Fecha de Publicación: 23/05/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Un reciente estudio de la sede local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analizó la sustentabilidad en Argentina. El informe “Desarrollo Humano 2017” midió al país en relación con su crecimiento económico, inclusión social y la sostenibilidad ambiental, y creó un índice de desarrollo sostenible provincial (IDSP) para la elaboración de un ranking que marca cuál distrito se desarrolla más equilibradamente.
La ciudad de Buenos Aires lideró esa nómina con un porcentaje muy superior a la media, mientras que las provincias del norte quedaron al final de la lista.
Para análisis macro, la ONU midió el territorio nacional con base en tres índices internacionales: el del Banco Mundial (BM), el de PNUD y uno sobre desarrollo sostenible (IODS), que ubican a Argentina en puestos lejanos a los primeros; por ejemplo, en la medición sustentable la posicionó en el puesto 43 entre 149 países. “Argentina enfrenta el desafío de mejorar su situación en los rankings mundiales de desarrollo”, advierte el informe.
En tanto, para tener una aproximación al grado de desarrollo sostenible de las provincias y conocer su posición relativa en el país, se construyó el IDSP, que se compone de variables que buscan capturar las tres dimensiones del desarrollo sustentable.
En lo económico midió ingreso per cápita y capital humano; en lo social, pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación; y en lo ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero y generación y disposición de residuos.
“Este año decidimos incluir este índice como un índice experimental sobre el desarrollo sostenible. Tratamos de capturar las tres dimensiones fundamentales que plantea Naciones Unidas en su agenda 2030”, explicó Rubén Mercado, codirector del informe.
En su composición, el IDSP puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más cercanos a 1, mayor es el nivel de desarrollo sostenible. Además, en la fórmula se penaliza el desbalance en el desarrollo. “Trata de premiar las provincias que avanzan más balanceadamente y penaliza aquellas que tengan desbalances significativos en algunas de las dimensiones”, sostiene el especialista.
Los resultados del ranking son preocupantes ya que sólo 20% de los distritos está por encima de la media nacional. La ciudad de Buenos Aires encabeza la lista, a una distancia considerable de las demás. Las otras por encima de la media son Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. Por debajo del promedio está el resto (entre ellas Córdoba); y las que el informe considera críticas son Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Sobre éstas, Mercado analiza que “más allá de que también tienen un nivel de desarrollo económico menor, se suma que tienen bajo nivel de inclusión social y algunas además problemas de sostenibilidad ambiental, por ejemplo por procesos de deforestación”.
El informe concluye que el “desarrollo sostenible en Argentina se da de manera heterogénea y desigual”. Finalmente, advierte de que su objetivo es contribuir a que se desarrollen políticas basadas en la “evidencia” y subraya la necesidad de contar con sistemas de evaluación de las políticas públicas.
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Fecha de Publicación: 23/05/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Un reciente estudio de la sede local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analizó la sustentabilidad en Argentina. El informe “Desarrollo Humano 2017” midió al país en relación con su crecimiento económico, inclusión social y la sostenibilidad ambiental, y creó un índice de desarrollo sostenible provincial (IDSP) para la elaboración de un ranking que marca cuál distrito se desarrolla más equilibradamente.
La ciudad de Buenos Aires lideró esa nómina con un porcentaje muy superior a la media, mientras que las provincias del norte quedaron al final de la lista.
Para análisis macro, la ONU midió el territorio nacional con base en tres índices internacionales: el del Banco Mundial (BM), el de PNUD y uno sobre desarrollo sostenible (IODS), que ubican a Argentina en puestos lejanos a los primeros; por ejemplo, en la medición sustentable la posicionó en el puesto 43 entre 149 países. “Argentina enfrenta el desafío de mejorar su situación en los rankings mundiales de desarrollo”, advierte el informe.
En tanto, para tener una aproximación al grado de desarrollo sostenible de las provincias y conocer su posición relativa en el país, se construyó el IDSP, que se compone de variables que buscan capturar las tres dimensiones del desarrollo sustentable.
En lo económico midió ingreso per cápita y capital humano; en lo social, pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación; y en lo ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero y generación y disposición de residuos.
“Este año decidimos incluir este índice como un índice experimental sobre el desarrollo sostenible. Tratamos de capturar las tres dimensiones fundamentales que plantea Naciones Unidas en su agenda 2030”, explicó Rubén Mercado, codirector del informe.
En su composición, el IDSP puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más cercanos a 1, mayor es el nivel de desarrollo sostenible. Además, en la fórmula se penaliza el desbalance en el desarrollo. “Trata de premiar las provincias que avanzan más balanceadamente y penaliza aquellas que tengan desbalances significativos en algunas de las dimensiones”, sostiene el especialista.
Los resultados del ranking son preocupantes ya que sólo 20% de los distritos está por encima de la media nacional. La ciudad de Buenos Aires encabeza la lista, a una distancia considerable de las demás. Las otras por encima de la media son Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. Por debajo del promedio está el resto (entre ellas Córdoba); y las que el informe considera críticas son Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Sobre éstas, Mercado analiza que “más allá de que también tienen un nivel de desarrollo económico menor, se suma que tienen bajo nivel de inclusión social y algunas además problemas de sostenibilidad ambiental, por ejemplo por procesos de deforestación”.
El informe concluye que el “desarrollo sostenible en Argentina se da de manera heterogénea y desigual”. Finalmente, advierte de que su objetivo es contribuir a que se desarrollen políticas basadas en la “evidencia” y subraya la necesidad de contar con sistemas de evaluación de las políticas públicas.
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