Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
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Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Tierras para el PN El Impenetrable en manos de Nación
La Nación tomó posesión de tierras destinadas al Parque Nacional El Impenetrable
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Chaco
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, y el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, firmaron el documento para la toma de posesión, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del predio de la ex Estancia La Fidelidad, en la provincia del Chaco, declarado Parque Nacional El Impenetrable por Ley 26.996 del Congreso Nacional. El documento fue firmado ante la presencia del escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, en un acto en el que también participó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El ministro Bergman destacó la cesión de las tierras de la ex estancia La Fidelidad por parte de la provincia del Chaco, en términos de la importancia del uso ambiental, para que adquiera status de protección y sea un parque nacional, tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri. “El jefe de Estado planteó también que vamos a trabajar para duplicar a 2019 la superficie de hectáreas protegidas. Hoy lo que se está haciendo es un trabajo articulado, provincia por provincia, para las cesiones de áreas para parques nacionales”, dijo el titular de la cartera de Ambiente.
La decisión del traspaso permitirá, tras años de demoras, la toma de posesión del Parque Nacional El Impenetrable para poder instalar de manera permanente un centro operativo que garantizará la conservación de la biodiversidad en el área protegida nacional más grande del norte argentino.
El acto se realizó en Casa Rosada, en donde también estuvieron presentes el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y representantes de Banco de Bosques, Wyss Foundation y Flora y Fauna.
Parque Nacional El Impenetrable
Creado por ley en octubre de 2014, sus aproximadas 130.000 hectáreas tienen valor especial por el buen estado de conservación de su flora y fauna y, además, el suficiente potencial como para convertirse en un importante atractivo turístico.
Hábitat natural de especies emblemáticas de la zona como el oso hormiguero, tapir, pecarí, tatú carreta y yaguareté, además de una enorme variedad de aves, es un área de gran relevancia para la conservación que permitirá investigar y resguardar el mayor remanente natural del bosque chaqueño.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Chaco
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, y el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, firmaron el documento para la toma de posesión, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del predio de la ex Estancia La Fidelidad, en la provincia del Chaco, declarado Parque Nacional El Impenetrable por Ley 26.996 del Congreso Nacional. El documento fue firmado ante la presencia del escribano general de la Nación, Carlos D’Alessio, en un acto en el que también participó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El ministro Bergman destacó la cesión de las tierras de la ex estancia La Fidelidad por parte de la provincia del Chaco, en términos de la importancia del uso ambiental, para que adquiera status de protección y sea un parque nacional, tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri. “El jefe de Estado planteó también que vamos a trabajar para duplicar a 2019 la superficie de hectáreas protegidas. Hoy lo que se está haciendo es un trabajo articulado, provincia por provincia, para las cesiones de áreas para parques nacionales”, dijo el titular de la cartera de Ambiente.
La decisión del traspaso permitirá, tras años de demoras, la toma de posesión del Parque Nacional El Impenetrable para poder instalar de manera permanente un centro operativo que garantizará la conservación de la biodiversidad en el área protegida nacional más grande del norte argentino.
El acto se realizó en Casa Rosada, en donde también estuvieron presentes el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; y representantes de Banco de Bosques, Wyss Foundation y Flora y Fauna.
Parque Nacional El Impenetrable
Creado por ley en octubre de 2014, sus aproximadas 130.000 hectáreas tienen valor especial por el buen estado de conservación de su flora y fauna y, además, el suficiente potencial como para convertirse en un importante atractivo turístico.
Hábitat natural de especies emblemáticas de la zona como el oso hormiguero, tapir, pecarí, tatú carreta y yaguareté, además de una enorme variedad de aves, es un área de gran relevancia para la conservación que permitirá investigar y resguardar el mayor remanente natural del bosque chaqueño.
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Agroquímicos: “Ley Bertero” será historia en Santa Fe
Agroquímicos a foja cero
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El Ejecutivo no envió a Senadores el proyecto con media sanción en Diputados para modificar la Ley 11.273 y la iniciativa perdió estado parlamentario. Para la autora influyeron la falta de información y el temor infundido en la población.
Para reformar la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, habrá que empezar de nuevo. Esta semana la iniciativa que contaba com media sanción de la Cámara de Diputados tuvo su última chance de tratarse para su aprobación en Senadores. Esto no ocurrió porque el Poder Ejecutivo -pese a impulsarlo- decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa habrá perdido estado parlamentario cuando se retome la actividad legislativa, en un nuevo período ordinario de sesiones, a partir de Mayo. En cambio, seguirá en carrera el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libre de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.
La llamada “Ley Bertero”, proyecto ingresado en la Cámara Baja por la diputada Inés Bertero (FPCS) y elaborado en base al consenso de entidades públicas y privadas (INTA, SENASA, Ministerio de la Producción, UNL, aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas), introducía un novedoso mecanismo de control con la figura del veedor, rol que cumpliría un agrónomo en cada distrito para autorizar y fiscalizar pulverizaciones. Además -a diferencia de la legislación vigente- establecía una zona de 100 a 200 metros libre de químicos, donde debía promoverse la agroecología. Incluso el proceso de debate alrededor de este proyecto tuvo otros efectos, como la conformación de la Mesa del Arco Productivo, que luego derivo en la CoProVeSa (Comisión de Protección Vegetal Santafesina).
El miedo manda
En diálogo con Campolitoral, la diputada Bertero dio por sentada la caída parlamentaria de la iniciativa. “Hubo una solicitud (al Ejecutivo) para que se enviara el proyecto con media sanción de Diputados al Senado para su tratamiento; esto no a ocurrido, de modo que recién el 1º de mayo -cuando empiecen las sesiones ordinarias- podría tratarse, pero como ya es el segundo año parlamentario caducaría a fines de abril, de modo que habría que presentar nuevamente otro proyecto”.
Las declaraciones fueron formuladas el miércoles 19, en la víspera de la última sesión de extraordinarias prevista para el jueves 20. “Yo creo que es prácticamente imposible, estoy pensando más en pedir una entrevista con el Ministro de la Producción para ver cómo retomamos esta tarea; el proyecto está y siempre hay posibilidades de hacer modificaciones y volver a conversar con todos los sectores para iniciar nuevamente su tratamiento”.
Bertero consideró que “son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley”. Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con el tratamiento, relató que “hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios”. Esto, sumado a la falta de información “desde las esferas públicas” sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias, “ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población”. Por este motivo, consideró que falta “seguir dialogando” y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, “que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El Ejecutivo no envió a Senadores el proyecto con media sanción en Diputados para modificar la Ley 11.273 y la iniciativa perdió estado parlamentario. Para la autora influyeron la falta de información y el temor infundido en la población.
Para reformar la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, habrá que empezar de nuevo. Esta semana la iniciativa que contaba com media sanción de la Cámara de Diputados tuvo su última chance de tratarse para su aprobación en Senadores. Esto no ocurrió porque el Poder Ejecutivo -pese a impulsarlo- decidió no incluir el proyecto en sesiones extraordinarias, por lo que la iniciativa habrá perdido estado parlamentario cuando se retome la actividad legislativa, en un nuevo período ordinario de sesiones, a partir de Mayo. En cambio, seguirá en carrera el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libre de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.
La llamada “Ley Bertero”, proyecto ingresado en la Cámara Baja por la diputada Inés Bertero (FPCS) y elaborado en base al consenso de entidades públicas y privadas (INTA, SENASA, Ministerio de la Producción, UNL, aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas), introducía un novedoso mecanismo de control con la figura del veedor, rol que cumpliría un agrónomo en cada distrito para autorizar y fiscalizar pulverizaciones. Además -a diferencia de la legislación vigente- establecía una zona de 100 a 200 metros libre de químicos, donde debía promoverse la agroecología. Incluso el proceso de debate alrededor de este proyecto tuvo otros efectos, como la conformación de la Mesa del Arco Productivo, que luego derivo en la CoProVeSa (Comisión de Protección Vegetal Santafesina).
El miedo manda
En diálogo con Campolitoral, la diputada Bertero dio por sentada la caída parlamentaria de la iniciativa. “Hubo una solicitud (al Ejecutivo) para que se enviara el proyecto con media sanción de Diputados al Senado para su tratamiento; esto no a ocurrido, de modo que recién el 1º de mayo -cuando empiecen las sesiones ordinarias- podría tratarse, pero como ya es el segundo año parlamentario caducaría a fines de abril, de modo que habría que presentar nuevamente otro proyecto”.
Las declaraciones fueron formuladas el miércoles 19, en la víspera de la última sesión de extraordinarias prevista para el jueves 20. “Yo creo que es prácticamente imposible, estoy pensando más en pedir una entrevista con el Ministro de la Producción para ver cómo retomamos esta tarea; el proyecto está y siempre hay posibilidades de hacer modificaciones y volver a conversar con todos los sectores para iniciar nuevamente su tratamiento”.
Bertero consideró que “son temas ríspidos sobre los que hay que tener un mínimo consenso, si no es muy difícil implementar esta ley”. Para explicar la reticencia del arco político a avanzar con el tratamiento, relató que “hoy en la prensa no existe una claridad respecto del tratamiento y manejo de fitosanitarios”. Esto, sumado a la falta de información “desde las esferas públicas” sobre los peligros, los controles y cuidados que tiene que haber en el manejo de estas sustancias, “ha generado que ciertos sectores, desde el área de la salud o grupos ambientalistas, trabajaran sobre estos aspectos, generando muchísimo temor en la población”. Por este motivo, consideró que falta “seguir dialogando” y eliminar esos miedos a través de entidades, como el Ministerio de Salud o las Universidades, “que salgan públicamente con estudios epidemiológicos serios a plantear cual es la realidad”.
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Informe del Estado del Ambiente 2016
Argentina vuelve a tener el Informe del Estado del Ambiente
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, presentaron el “Informe del Estado del Ambiente” edición 2016, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en 2002, el informe se publicó en una única oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. También participaron del acto la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, junto a diputados, senadores y otra autoridades.
“Hay que dar el cambio cultural en la Argentina que es cumplir con la ley. Sin líneas de base, sin mediciones, sin la verdad, no se puede avanzar”, aseguró Bergman durante la presentación. “Todos somos protagonistas de este cambio cultural. Queremos enfatizar que el equipo de trabajo del presidente Mauricio Macri planteó desafíos fundantes que están en nuestra Constitución”, explicó. “No tenemos miedo ni en decir la verdad ni en evaluar, y lo hacemos porque tenemos máxima responsabilidad. Porque no queremos ir migrando de accidentes y de eventos coyunturales sin ir a la raíz estructural de lo que tiene que cambiar. No se puede hacer lo que hay que hacer si no conocemos la verdad, si no sabemos dónde estamos y si no lo hacemos juntos”, expresó el ministro de Ambiente. También aseguró sobre el informe: “Lo más importante es que es un espacio al que se tienen que sentir invitadas todas las organizaciones y agentes, todos los que producen información vinculada al ambiente. Queremos que sean parte, queremos sumarlos a este gran equipo. Nuestros principios son la participación, la verdad y la República”.
Por su parte, Quintana se refirió a la presentación del informe asegurando que “combina dos de los pilares de la presidencia del Ing. Macri. El primer pilar es reconstruir la confianza en base a la verdad”. “Así como empezamos a decirnos la verdad en hechos muy dolorosos, como la pobreza en Argentina, que venía siendo negada sistemáticamente, hoy, en este hito, empezamos a decirnos la verdad sobre cómo estamos tratando a la Madre Tierra”, explicó el funcionario. “No podemos ponernos a construir, no podemos ponernos a caminar, si tenemos los ojos cerrados”, agregó. También indicó que el segundo pilar marcado por el Presidente “es poner la prioridad en el cuidado de la Tierra. Desde el primer día, nuestro Presidente decidió subir a nivel de Ministerio el tema del ambiente y conformó un equipo que está liderado por nuestro amigo Sergio Bergman, un equipo con un compromiso como nunca ha habido en la Argentina”. “Llamarnos a poner en el tope de nuestras prioridades de gobierno el cuidado del ambiente hoy confluye en este hito que nos deja un montón de trabajo por delante pero que nos marca un punto de partida cierto”, finalizó Quintana.
Es importante señalar que la Ley General del Ambiente N.° 25675 establece que las autoridades son las responsables de informar sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, debe elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.
Además, explica la implementación de algunas de las principales leyes de presupuestos mínimos, como las de protección de los bosques nativos y de los glaciares. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, promulgada en octubre de 2010.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto de la colaboración de diversos organismos públicos, liderados por la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Información Ambiental.
“Buscamos que no solo sea un raconto de información, sino una herramienta de gestión que permita diagnosticar y contrastar la efectividad y la eficiencia de nuestras políticas. Es la línea de base de este sistema de estadísticas ambientales, que vamos a trabajarlo con todos los organismos del Estado nacional”, aseguró el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “Lo que nos queda por delante es institucionalizar este trabajo, que el informe ambiental no sea como en el 2012, cuando salió por única vez, sino que sea la piedra fundamental para transitar un camino en la construcción de una agenda ambiental para Argentina”, concluyó Moreno.
Datos destacados del informe
Agua. Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua. En este sentido, se relevaron 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a 9 provincias.
Aire. La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información disponible, se inició la conformación de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo.
Suelo. Argentina tiene 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. A través del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras.
Bosques. Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte, en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en relación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales. Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está cubierto por humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más degradados y amenazados. Asimismo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional (sitios RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
Ambientes costero marinos. La plataforma continental argentina es una de las regiones marinas más productivas a nivel mundial. Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero marinas.
Antártida. La Antártida es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático. Allí el aumento de temperatura fue más pronunciado en los últimos 50 años. Durante la campaña antártica del verano de 2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con la participación de 196 investigadores nacionales y del exterior.
Áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cubren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los Estados, se avanzó en la creación de los parques nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque Nacional El Impenetrable.
Biodiversidad. Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6 especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política de Estado para conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
Agricultura, ganadería y pesca. Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas de las que 35 millones se encuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financiamiento para la implementación de planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas.
Energía. En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la matriz energética; actualmente representa la mitad. Se observa un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que representa un incremento del 25 % en dos décadas. La hidroeléctrica representa la tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.
Residuos. El promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. El Programa Basural Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61 % de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 % en 2019.
Cambio climático. La participación de la Argentina en las emisiones globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro y deforestación (44 %), la energía (27 %), el transporte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %). Para avanzar en la temática, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio Climático para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado. También se revisó el compromiso de Argentina en la reducción de emisiones.
Glaciares. La Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventario Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de cuencas publicadas.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana, presentaron el “Informe del Estado del Ambiente” edición 2016, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada la norma en 2002, el informe se publicó en una única oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual realización inició un camino para la construcción de un sistema de información ambiental integrada y federal que permita cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la normativa. También participaron del acto la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, junto a diputados, senadores y otra autoridades.
“Hay que dar el cambio cultural en la Argentina que es cumplir con la ley. Sin líneas de base, sin mediciones, sin la verdad, no se puede avanzar”, aseguró Bergman durante la presentación. “Todos somos protagonistas de este cambio cultural. Queremos enfatizar que el equipo de trabajo del presidente Mauricio Macri planteó desafíos fundantes que están en nuestra Constitución”, explicó. “No tenemos miedo ni en decir la verdad ni en evaluar, y lo hacemos porque tenemos máxima responsabilidad. Porque no queremos ir migrando de accidentes y de eventos coyunturales sin ir a la raíz estructural de lo que tiene que cambiar. No se puede hacer lo que hay que hacer si no conocemos la verdad, si no sabemos dónde estamos y si no lo hacemos juntos”, expresó el ministro de Ambiente. También aseguró sobre el informe: “Lo más importante es que es un espacio al que se tienen que sentir invitadas todas las organizaciones y agentes, todos los que producen información vinculada al ambiente. Queremos que sean parte, queremos sumarlos a este gran equipo. Nuestros principios son la participación, la verdad y la República”.
Por su parte, Quintana se refirió a la presentación del informe asegurando que “combina dos de los pilares de la presidencia del Ing. Macri. El primer pilar es reconstruir la confianza en base a la verdad”. “Así como empezamos a decirnos la verdad en hechos muy dolorosos, como la pobreza en Argentina, que venía siendo negada sistemáticamente, hoy, en este hito, empezamos a decirnos la verdad sobre cómo estamos tratando a la Madre Tierra”, explicó el funcionario. “No podemos ponernos a construir, no podemos ponernos a caminar, si tenemos los ojos cerrados”, agregó. También indicó que el segundo pilar marcado por el Presidente “es poner la prioridad en el cuidado de la Tierra. Desde el primer día, nuestro Presidente decidió subir a nivel de Ministerio el tema del ambiente y conformó un equipo que está liderado por nuestro amigo Sergio Bergman, un equipo con un compromiso como nunca ha habido en la Argentina”. “Llamarnos a poner en el tope de nuestras prioridades de gobierno el cuidado del ambiente hoy confluye en este hito que nos deja un montón de trabajo por delante pero que nos marca un punto de partida cierto”, finalizó Quintana.
Es importante señalar que la Ley General del Ambiente N.° 25675 establece que las autoridades son las responsables de informar sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, debe elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.
Además, explica la implementación de algunas de las principales leyes de presupuestos mínimos, como las de protección de los bosques nativos y de los glaciares. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, promulgada en octubre de 2010.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto de la colaboración de diversos organismos públicos, liderados por la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Información Ambiental.
“Buscamos que no solo sea un raconto de información, sino una herramienta de gestión que permita diagnosticar y contrastar la efectividad y la eficiencia de nuestras políticas. Es la línea de base de este sistema de estadísticas ambientales, que vamos a trabajarlo con todos los organismos del Estado nacional”, aseguró el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “Lo que nos queda por delante es institucionalizar este trabajo, que el informe ambiental no sea como en el 2012, cuando salió por única vez, sino que sea la piedra fundamental para transitar un camino en la construcción de una agenda ambiental para Argentina”, concluyó Moreno.
Datos destacados del informe
Agua. Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua. En este sentido, se relevaron 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a 9 provincias.
Aire. La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información disponible, se inició la conformación de la Red Federal de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo.
Suelo. Argentina tiene 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. A través del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras.
Bosques. Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron 4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte, en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en relación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales. Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está cubierto por humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más degradados y amenazados. Asimismo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional (sitios RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
Ambientes costero marinos. La plataforma continental argentina es una de las regiones marinas más productivas a nivel mundial. Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero marinas.
Antártida. La Antártida es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático. Allí el aumento de temperatura fue más pronunciado en los últimos 50 años. Durante la campaña antártica del verano de 2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con la participación de 196 investigadores nacionales y del exterior.
Áreas naturales protegidas. Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cubren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los Estados, se avanzó en la creación de los parques nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque Nacional El Impenetrable.
Biodiversidad. Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6 especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política de Estado para conservar y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
Agricultura, ganadería y pesca. Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas de las que 35 millones se encuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financiamiento para la implementación de planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas.
Energía. En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la matriz energética; actualmente representa la mitad. Se observa un consumo creciente de energía por persona en Argentina, lo que representa un incremento del 25 % en dos décadas. La hidroeléctrica representa la tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.
Residuos. El promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. El Programa Basural Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61 % de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 % en 2019.
Cambio climático. La participación de la Argentina en las emisiones globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro y deforestación (44 %), la energía (27 %), el transporte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %). Para avanzar en la temática, se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático con la participación de 12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio Climático para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado. También se revisó el compromiso de Argentina en la reducción de emisiones.
Glaciares. La Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventario Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de cuencas publicadas.
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Cuando el pino que tapa el bosque
El pino que tapa el bosque: estudian impacto de plantaciones y proponen manejo sustentable
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical analizaron las prácticas de cultivo de productores forestales.
En Argentina, más de 700 mil hectáreas – el equivalente a unas 500 canchas de fútbol como la del estadio de River Plate – están cubiertas por plantaciones de pinos*, una especie que tiene gran rendimiento industrial para la producción de papel y de madera. De esa superficie total, más de 300 mil hectáreas corresponden a la provincia de Misiones, un territorio en el que las extraordinarias condiciones bioclimáticas permiten un crecimiento récord de los árboles, que no se registra en otros lugares del mundo.
Aunque la industria forestal representa una actividad productiva de gran importancia para toda la región del Nordeste – Corrientes también cuenta con más de 200 mil hectáreas cultivadas con pinos a las que se suman otras 100 mil con eucaliptos -, el impacto ambiental de esta práctica en territorios de gran biodiversidad genera preocupación. Para obtener evidencia local de los efectos de las plantaciones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) estudiaron dos tipos de manejos forestales que se realizan en la provincia de Misiones, mostrando cómo la alta densidad de cultivo afecta al ecosistema.
En el trabajo, que fue publicado en la revista Forest Ecology and Management, se caracterizan los manejos actuales y se evalúa una práctica alternativa intermedia, con el fin de determinar aquellas prácticas que contribuyan con la conservación de especies. Las recomendaciones incluyen la disminución de densidad de las plantaciones mediante la técnica de raleo, que consiste en la remoción de algunos de los árboles plantados –en distintos porcentajes-, a fin de incrementar los recursos para las plantas.
“En el trabajo pusimos a prueba los dos tipos de manejo que se realizan actualmente en la provincia de Misiones. Las prácticas varían de acuerdo al destino que se dará a los pinos, que corresponden a la especie Pinus taeda. Existe un método habitual para las plantaciones destinadas a pasta de papel y otro para las que tienen como fin la industria maderera”, explica Carolina Trentini, becaria doctoral del nodo de Puerto Iguazú del IBS y una de las autoras del artículo. El estudio, que es el primero en Misiones que aporta evidencia del efecto de estos manejos en la conservación de especies de plantas nativas que ofrecen refugio y alimento a especies animales, se extendió por dos años.
El equipo de trabajo, del que también participaron otros investigadores del IBS, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET – UBA) y de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, analizó el efecto de cada uno de estos manejos en el ecosistema. Según explica Trentini, en las plantaciones de pinos que tienen como destino final la industria papelera los árboles se plantan a muy poca distancia y se los deja crecer sin tocarlos durante aproximadamente 12 años, sin realizar ningún tipo de poda o recolección, ya que no importa el tamaño que puedan alcanzar, sino la cantidad de madera que pueda contener en su conjunto toda la plantación. De esta manera, aumenta la cantidad producida por área aunque los árboles sean pequeños.
“El problema con este tipo de manejo intensivo es que el espacio debajo de los pinos (sotobosque) recibe muy poca luz del sol y esto afecta el crecimiento y el establecimiento de especies vegetales nativas. A eso se suma que estos manejos generan condiciones de acidez más elevada que aquellos con de plantaciones destinadas a madera, que presentan valores equivalentes al bosque nativo. Estos resultados sugieren que el incremento de la vegetación estaría regulando el pH. Todos estos factores generan condiciones extremas para el ecosistema”, agrega Trentini, al tiempo que advierte que este manejo, de mayor intensidad, es el más extendido en Misiones.
En el otro tipo de manejo, que se aplica en plantaciones destinadas a la producción de madera, se remueve a los siete años el 50 por ciento de los árboles que se plantan, a fin de que los que quedan puedan alcanzar un mayor tamaño y optimizar su rendimiento. El proceso se repite a los 12 y 15 años. “Este manejo complejiza la estructura del sotobosque y diversifica la vegetación nativa y en consecuencia, aumentan los hábitats y el alimento para la fauna silvestre. Esto es fundamental si tenemos en cuenta que se trata de un lugar con muchas especies endémicas y nativas”, señala la autora del estudio.
Una de las recomendaciones de los científicos consiste en alejar este tipo de manejos intensivos de terrenos que limiten con bosques nativos, evitando generar cortes abruptos en el ecosistema. “Si bien con la aprobación de la Ley 26.331 en 2007 se establece el manejo sostenible de los bosques nativos, en la práctica vemos que la región de la Selva Misionera sigue siendo afectada de alguna u otra manera. Teniendo en cuenta que estamos trabajando en la zona que alberga la mayor biodiversidad del país, es importante que se genere un compromiso tanto por parte de las empresas como de los organismos del estado encargados de los controles,” opina Trentini.
Además, señaló que el trabajo puede ser una herramienta para que certificaciones como la de Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza que los productos tengan su origen en plantaciones bien gestionadas permitiendo la apertura a nuevos mercados, tengan en cuenta al raleo como variable o requisito para certificar los productos provenientes de estos manejos y no de aquellos intensivos e incompatibles con la conservación.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical analizaron las prácticas de cultivo de productores forestales.
En Argentina, más de 700 mil hectáreas – el equivalente a unas 500 canchas de fútbol como la del estadio de River Plate – están cubiertas por plantaciones de pinos*, una especie que tiene gran rendimiento industrial para la producción de papel y de madera. De esa superficie total, más de 300 mil hectáreas corresponden a la provincia de Misiones, un territorio en el que las extraordinarias condiciones bioclimáticas permiten un crecimiento récord de los árboles, que no se registra en otros lugares del mundo.
Aunque la industria forestal representa una actividad productiva de gran importancia para toda la región del Nordeste – Corrientes también cuenta con más de 200 mil hectáreas cultivadas con pinos a las que se suman otras 100 mil con eucaliptos -, el impacto ambiental de esta práctica en territorios de gran biodiversidad genera preocupación. Para obtener evidencia local de los efectos de las plantaciones, investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) estudiaron dos tipos de manejos forestales que se realizan en la provincia de Misiones, mostrando cómo la alta densidad de cultivo afecta al ecosistema.
En el trabajo, que fue publicado en la revista Forest Ecology and Management, se caracterizan los manejos actuales y se evalúa una práctica alternativa intermedia, con el fin de determinar aquellas prácticas que contribuyan con la conservación de especies. Las recomendaciones incluyen la disminución de densidad de las plantaciones mediante la técnica de raleo, que consiste en la remoción de algunos de los árboles plantados –en distintos porcentajes-, a fin de incrementar los recursos para las plantas.
“En el trabajo pusimos a prueba los dos tipos de manejo que se realizan actualmente en la provincia de Misiones. Las prácticas varían de acuerdo al destino que se dará a los pinos, que corresponden a la especie Pinus taeda. Existe un método habitual para las plantaciones destinadas a pasta de papel y otro para las que tienen como fin la industria maderera”, explica Carolina Trentini, becaria doctoral del nodo de Puerto Iguazú del IBS y una de las autoras del artículo. El estudio, que es el primero en Misiones que aporta evidencia del efecto de estos manejos en la conservación de especies de plantas nativas que ofrecen refugio y alimento a especies animales, se extendió por dos años.
El equipo de trabajo, del que también participaron otros investigadores del IBS, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET – UBA) y de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, analizó el efecto de cada uno de estos manejos en el ecosistema. Según explica Trentini, en las plantaciones de pinos que tienen como destino final la industria papelera los árboles se plantan a muy poca distancia y se los deja crecer sin tocarlos durante aproximadamente 12 años, sin realizar ningún tipo de poda o recolección, ya que no importa el tamaño que puedan alcanzar, sino la cantidad de madera que pueda contener en su conjunto toda la plantación. De esta manera, aumenta la cantidad producida por área aunque los árboles sean pequeños.
“El problema con este tipo de manejo intensivo es que el espacio debajo de los pinos (sotobosque) recibe muy poca luz del sol y esto afecta el crecimiento y el establecimiento de especies vegetales nativas. A eso se suma que estos manejos generan condiciones de acidez más elevada que aquellos con de plantaciones destinadas a madera, que presentan valores equivalentes al bosque nativo. Estos resultados sugieren que el incremento de la vegetación estaría regulando el pH. Todos estos factores generan condiciones extremas para el ecosistema”, agrega Trentini, al tiempo que advierte que este manejo, de mayor intensidad, es el más extendido en Misiones.
En el otro tipo de manejo, que se aplica en plantaciones destinadas a la producción de madera, se remueve a los siete años el 50 por ciento de los árboles que se plantan, a fin de que los que quedan puedan alcanzar un mayor tamaño y optimizar su rendimiento. El proceso se repite a los 12 y 15 años. “Este manejo complejiza la estructura del sotobosque y diversifica la vegetación nativa y en consecuencia, aumentan los hábitats y el alimento para la fauna silvestre. Esto es fundamental si tenemos en cuenta que se trata de un lugar con muchas especies endémicas y nativas”, señala la autora del estudio.
Una de las recomendaciones de los científicos consiste en alejar este tipo de manejos intensivos de terrenos que limiten con bosques nativos, evitando generar cortes abruptos en el ecosistema. “Si bien con la aprobación de la Ley 26.331 en 2007 se establece el manejo sostenible de los bosques nativos, en la práctica vemos que la región de la Selva Misionera sigue siendo afectada de alguna u otra manera. Teniendo en cuenta que estamos trabajando en la zona que alberga la mayor biodiversidad del país, es importante que se genere un compromiso tanto por parte de las empresas como de los organismos del estado encargados de los controles,” opina Trentini.
Además, señaló que el trabajo puede ser una herramienta para que certificaciones como la de Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza que los productos tengan su origen en plantaciones bien gestionadas permitiendo la apertura a nuevos mercados, tengan en cuenta al raleo como variable o requisito para certificar los productos provenientes de estos manejos y no de aquellos intensivos e incompatibles con la conservación.
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Humedales amenazados y riesgos latentes
Los humedales, barreras contra las inundaciones, están amenazados
Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así se desprende de un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación; sostiene que la expansión inmobiliaria y la extensiónde las tierras para la agricultura son las principales causas
La presión sobre los humedales, la deforestación, el aumento de la temperatura y las lluvias provocadas por el cambio climático son los problemas ambientales más acuciantes que sufre la Argentina. Así se desprende de un extenso y detallado informe presentado ayer por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El área potencial que ocupan los humedales es de cerca del 23% de la superficie del país y es uno de los ecosistemas más degradados. Estas extensiones de agua sirven como grandes amortiguadores ambientales, por ejemplo, para las inundaciones.
"En las últimas décadas, la principal causa de la pérdida de humedales continentales fue la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura, en tanto que para los humedales costeros, específicamente, la amenaza más grave es la conversión asociada a la expansión urbana y suburbana", se sostiene en el Informe del Estado del Ambiente, que debe ser presentado anualmente. Sin embargo, el último había sido presentado en 2012.
La región más afectada del país, según se desprende del diagnóstico oficial, es el corredor fluvial de los ríos Paraná y Paraguay, en donde se encuentran emplazadas grandes obras hidráulicas y viales y centros urbanos.
"Las intervenciones para la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el control de inundaciones y la construcción de vías de transporte pueden generar efectos como la fragmentación, la pérdida de conectividad, la destrucción de hábitats, cambios en la dinámica hidrológica, de flujos geoquímicos y la pérdida de especies, tanto en los sitios donde se emplazan las obras como en los que están aguas abajo", se lee en el trabajo.
Y detalla que el secado de humedales por la construcción de terraplenes, endicamiento y drenado, para su conversión en tierras agropecuarias o forestales, constituye un claro ejemplo de su transformación en sistemas con propiedades terrestres.
"Este verdadero incumplimiento de las obligaciones del Estado privó a la ciudadanía de información vital durante más de una década", explica el ministro Sergio Bergman en el prólogo del estudio. "Esta decisión estratégica dio inicio a una verdadera política de Estado en materia ambiental, inexistente hasta entonces, que posibilita hoy, en nuestro primer año de gestión, no sólo dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato establecido por la ley marco de la política ambiental nacional, sino también para transparentar e informar debidamente a la sociedad sobre la situación del ambiente en la Argentina", agrega.
Críticas
En la presentación hubo referentes de la sociedad civil, representantes políticos y se destacó la presencia del vicejefe del gabinete nacional, Mario Quintana.
Varios ONG, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ante el incumplimiento del Estado, comenzaron a hacer sus propios relevamientos.
"Celebramos que se presente este informe. Pero en este año de gestión del nuevo gobierno uno de los principales obstáculos es la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental. Vale decir que pueda obrar como garantía de control de aquellas políticas que puedan afectar al ambiente", dijo Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN. La ONG se refiere a la tensión que existe entre las carteras productivas como Energía, Agricultura y Minería. Esos ministerios enviaron a funcionarios de segunda línea porque los titulares acompañaron al presidente Mauricio Macri en otra presentación, según la explicación oficial.
El trabajo hace hincapié en el estado del agua. Además de los humedales incluye el estado de las cuencas hídricas y los glaciares. "En la Argentina se registra una tendencia a un consumo creciente de agroquímicos, algunos de los que contienen sustancias químicas como los clorados y fosforados, nitritos, nitratos y fosfatos." Por primera vez hay un intento de comenzar a medir la cantidad de agroquímicos que se usan porque, hasta el momento, se desconoce.
"El uso indebido de agroquímicos puede generar efectos no deseados sobre diversos ecosistemas, los cursos de agua y la salud de la población. Por ello, desde hace ya muchos años, se reclamó la necesidad de contar con un marco regulatorio integral que considere la responsabilidad de los distintos actores que actúan en la cadena de producción, comercialización y aplicación de dichos productos", indicó Nápoli.
Respecto de la deforestación, el informe da cuenta de la emergencia. "El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo (tierras forestales) era de 11,26% en 1998 y bajó al 9,77% en 2015. En términos de área absoluta, el país pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998 a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000, a una tasa anual de deforestación de 0,83%." La buena noticia es que el año pasado la tasa de deforestación bajó un 16%, aunque no hay detalles de ese relevamiento.
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Fecha de Publicación: 24/04/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así se desprende de un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación; sostiene que la expansión inmobiliaria y la extensiónde las tierras para la agricultura son las principales causas
La presión sobre los humedales, la deforestación, el aumento de la temperatura y las lluvias provocadas por el cambio climático son los problemas ambientales más acuciantes que sufre la Argentina. Así se desprende de un extenso y detallado informe presentado ayer por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El área potencial que ocupan los humedales es de cerca del 23% de la superficie del país y es uno de los ecosistemas más degradados. Estas extensiones de agua sirven como grandes amortiguadores ambientales, por ejemplo, para las inundaciones.
"En las últimas décadas, la principal causa de la pérdida de humedales continentales fue la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura, en tanto que para los humedales costeros, específicamente, la amenaza más grave es la conversión asociada a la expansión urbana y suburbana", se sostiene en el Informe del Estado del Ambiente, que debe ser presentado anualmente. Sin embargo, el último había sido presentado en 2012.
La región más afectada del país, según se desprende del diagnóstico oficial, es el corredor fluvial de los ríos Paraná y Paraguay, en donde se encuentran emplazadas grandes obras hidráulicas y viales y centros urbanos.
"Las intervenciones para la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el control de inundaciones y la construcción de vías de transporte pueden generar efectos como la fragmentación, la pérdida de conectividad, la destrucción de hábitats, cambios en la dinámica hidrológica, de flujos geoquímicos y la pérdida de especies, tanto en los sitios donde se emplazan las obras como en los que están aguas abajo", se lee en el trabajo.
Y detalla que el secado de humedales por la construcción de terraplenes, endicamiento y drenado, para su conversión en tierras agropecuarias o forestales, constituye un claro ejemplo de su transformación en sistemas con propiedades terrestres.
"Este verdadero incumplimiento de las obligaciones del Estado privó a la ciudadanía de información vital durante más de una década", explica el ministro Sergio Bergman en el prólogo del estudio. "Esta decisión estratégica dio inicio a una verdadera política de Estado en materia ambiental, inexistente hasta entonces, que posibilita hoy, en nuestro primer año de gestión, no sólo dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato establecido por la ley marco de la política ambiental nacional, sino también para transparentar e informar debidamente a la sociedad sobre la situación del ambiente en la Argentina", agrega.
Críticas
En la presentación hubo referentes de la sociedad civil, representantes políticos y se destacó la presencia del vicejefe del gabinete nacional, Mario Quintana.
Varios ONG, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ante el incumplimiento del Estado, comenzaron a hacer sus propios relevamientos.
"Celebramos que se presente este informe. Pero en este año de gestión del nuevo gobierno uno de los principales obstáculos es la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental. Vale decir que pueda obrar como garantía de control de aquellas políticas que puedan afectar al ambiente", dijo Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN. La ONG se refiere a la tensión que existe entre las carteras productivas como Energía, Agricultura y Minería. Esos ministerios enviaron a funcionarios de segunda línea porque los titulares acompañaron al presidente Mauricio Macri en otra presentación, según la explicación oficial.
El trabajo hace hincapié en el estado del agua. Además de los humedales incluye el estado de las cuencas hídricas y los glaciares. "En la Argentina se registra una tendencia a un consumo creciente de agroquímicos, algunos de los que contienen sustancias químicas como los clorados y fosforados, nitritos, nitratos y fosfatos." Por primera vez hay un intento de comenzar a medir la cantidad de agroquímicos que se usan porque, hasta el momento, se desconoce.
"El uso indebido de agroquímicos puede generar efectos no deseados sobre diversos ecosistemas, los cursos de agua y la salud de la población. Por ello, desde hace ya muchos años, se reclamó la necesidad de contar con un marco regulatorio integral que considere la responsabilidad de los distintos actores que actúan en la cadena de producción, comercialización y aplicación de dichos productos", indicó Nápoli.
Respecto de la deforestación, el informe da cuenta de la emergencia. "El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo (tierras forestales) era de 11,26% en 1998 y bajó al 9,77% en 2015. En términos de área absoluta, el país pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998 a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000, a una tasa anual de deforestación de 0,83%." La buena noticia es que el año pasado la tasa de deforestación bajó un 16%, aunque no hay detalles de ese relevamiento.
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Una vez más la Barrick promete tomar medidas
Primera reunión entre Barrick y el Gobierno para retomar operaciones en Veladero
Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Fue una reunión informal para una primera presentación del proyecto de reingeniería para mejorar las condiciones de seguridad de la mina. No se habló de plazos específicos ni de la inversión total. El plan de obras se presentará oficialmente en los próximos días.
Ejecutivos de las mineras Barrick y Shandong Gold mantuvieron hoy una reunión con autoridades del Gobierno nacional y el de San Juan en la que realizaron una presentación informal del proyecto de reingeniería para retomar las operaciones en la mina Veladero, luego de que la provincia suspendiera en marzo las actividades tras un nuevo derrame.
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de San Juan en Buenos Aires y estuvieron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren; el de Minería de San Juan, Alberto Hensel; y el secretario de Minería de la Nación, Daniel Melián. De Barrick participaron el CEO Richard Williams; el vicepresidente Manuel Rocha y el director ejecutivo para Argentina, Fernando Giannoni.
Según pudo saber Cronista.com, fue una reunión informal en la que se habló sobre los lineamientos del plan. Si bien los puntos específicos recién se conocerán cuando se haga la presentación formal ante el Gobierno de San Juan, probablemente la semana próxima, Williams adelantó a los periodistas que “el valle de lixiviación (el proceso de extracción mediante la acción de un disolvente líquido) va a ser extendido, desarrollado y mejorado y va a pasar por un proceso de reingeniería”.
El proyecto de reingeniería debe contemplar las obras que permitan la reanudación de las operaciones en las condiciones que reclama el Gobierno de San Juan. Entre otros puntos, incluiría trabajos en cañerías, sistema de bombeo y cuestiones vinculadas con la percepción de los incidentes y el cumplimiento de estándares de seguridad; pero, según informó la agencia Télam, también iniciativas de desarrollo económico, social y de las comunidades.
En el encuentro no se habló de plazos específicos. Cuando se presente el plan, la provincia deberá aún evaluarlo –hoy Aranguren pronosticó que eso demoraría “un par de semanas”- y eventualmente aprobarlo; recién entonces comenzarían las obras de ingeniería –con la dificultad que puede agregar el invierno a los trabajos en altura- y recién una vez que estén concluidas podrían reanudarse las operaciones en Veladero.
Desde el Gobierno de San Juan celebraron la llegada de Shandong, que hace dos semanas adquirió el 50% de Veladero. Ya anoche, Hensel dijo que la participación de la empresa china puede ayudar a mejorar el funcionamiento del yacimiento por su “amplios reconocimiento en el cumplimiento de los más altos estándares ambientales”.
La gigante minera dijo el viernes que invertirá 500 millones de dólares en los próximos dos años. Sería la primera parte de un plan de inversiones que, según trascendió, alcanzaría en total los u$s 2500 millones.
Los accidentes recientes en Veladero están siendo investigados por un juez provincial que esta semana ordenó nuevas pruebas para comprobar si los derrames de cianuro afectaron la salud de poblaciones cercanas a la mina. Hensel, por su parte, dijo que la multa que aplicará San Juan por el último incidente podría superar a la que le impuso por un derrame de cianuro en esa misma mina en 2015, que fue de 9,8 millones de dólares.
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Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Fue una reunión informal para una primera presentación del proyecto de reingeniería para mejorar las condiciones de seguridad de la mina. No se habló de plazos específicos ni de la inversión total. El plan de obras se presentará oficialmente en los próximos días.
Ejecutivos de las mineras Barrick y Shandong Gold mantuvieron hoy una reunión con autoridades del Gobierno nacional y el de San Juan en la que realizaron una presentación informal del proyecto de reingeniería para retomar las operaciones en la mina Veladero, luego de que la provincia suspendiera en marzo las actividades tras un nuevo derrame.
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de San Juan en Buenos Aires y estuvieron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren; el de Minería de San Juan, Alberto Hensel; y el secretario de Minería de la Nación, Daniel Melián. De Barrick participaron el CEO Richard Williams; el vicepresidente Manuel Rocha y el director ejecutivo para Argentina, Fernando Giannoni.
Según pudo saber Cronista.com, fue una reunión informal en la que se habló sobre los lineamientos del plan. Si bien los puntos específicos recién se conocerán cuando se haga la presentación formal ante el Gobierno de San Juan, probablemente la semana próxima, Williams adelantó a los periodistas que “el valle de lixiviación (el proceso de extracción mediante la acción de un disolvente líquido) va a ser extendido, desarrollado y mejorado y va a pasar por un proceso de reingeniería”.
El proyecto de reingeniería debe contemplar las obras que permitan la reanudación de las operaciones en las condiciones que reclama el Gobierno de San Juan. Entre otros puntos, incluiría trabajos en cañerías, sistema de bombeo y cuestiones vinculadas con la percepción de los incidentes y el cumplimiento de estándares de seguridad; pero, según informó la agencia Télam, también iniciativas de desarrollo económico, social y de las comunidades.
En el encuentro no se habló de plazos específicos. Cuando se presente el plan, la provincia deberá aún evaluarlo –hoy Aranguren pronosticó que eso demoraría “un par de semanas”- y eventualmente aprobarlo; recién entonces comenzarían las obras de ingeniería –con la dificultad que puede agregar el invierno a los trabajos en altura- y recién una vez que estén concluidas podrían reanudarse las operaciones en Veladero.
Desde el Gobierno de San Juan celebraron la llegada de Shandong, que hace dos semanas adquirió el 50% de Veladero. Ya anoche, Hensel dijo que la participación de la empresa china puede ayudar a mejorar el funcionamiento del yacimiento por su “amplios reconocimiento en el cumplimiento de los más altos estándares ambientales”.
La gigante minera dijo el viernes que invertirá 500 millones de dólares en los próximos dos años. Sería la primera parte de un plan de inversiones que, según trascendió, alcanzaría en total los u$s 2500 millones.
Los accidentes recientes en Veladero están siendo investigados por un juez provincial que esta semana ordenó nuevas pruebas para comprobar si los derrames de cianuro afectaron la salud de poblaciones cercanas a la mina. Hensel, por su parte, dijo que la multa que aplicará San Juan por el último incidente podría superar a la que le impuso por un derrame de cianuro en esa misma mina en 2015, que fue de 9,8 millones de dólares.
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OPDS ya piensa en un inventario de GEIs
Proyectan el primer inventario de gases de efecto invernadero
Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La situación regional ante el fenómeno del Cambio Climático y las estrategias para la reducción de los gases de efecto invernadero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, fueron los ejes principales de una mesa de trabajo que reunió, en el Anexo de la Cámara de Diputados de La Plata, a especialistas del organismo ambiental de la Provincia (OPDS), de los ministerios de Agroindustria e Infraestructura y de la Autoridad del Agua.
Por iniciativa del OPDS y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad de San Martín, en el encuentro se trazaron los lineamientos para el desarrollo de inventarios de Gases de Efecto Invernadero, actividad de base hacia la identificación de oportunidades de reducción de emisiones, acompañando al compromiso que asumió nuestro país en el Acuerdo de París, y ratificado en el Compromiso Federal sobre el Cambio Climático en el marco del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA).
En la apertura, el Coordinador Ejecutivo de la cartera ambiental provincial, Néstor Gil Conners, destacó la importancia de “darle credibilidad y certeza a los indicadores de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero” y fortalecer “el compromiso de la provincia de Buenos Aires y el país” a la hora de llevar a cabo los controles que garanticen los objetivos trazados.
En el territorio bonaerense se genera aproximadamente 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina, asumiendo el 37% el sector de energía, el 56 % el de procesos industriales, el 29% el de agricultura y ganadería, el 12% el de cambio de uso de suelo y silvicultura y el 69% el de residuos.
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Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La situación regional ante el fenómeno del Cambio Climático y las estrategias para la reducción de los gases de efecto invernadero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, fueron los ejes principales de una mesa de trabajo que reunió, en el Anexo de la Cámara de Diputados de La Plata, a especialistas del organismo ambiental de la Provincia (OPDS), de los ministerios de Agroindustria e Infraestructura y de la Autoridad del Agua.
Por iniciativa del OPDS y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad de San Martín, en el encuentro se trazaron los lineamientos para el desarrollo de inventarios de Gases de Efecto Invernadero, actividad de base hacia la identificación de oportunidades de reducción de emisiones, acompañando al compromiso que asumió nuestro país en el Acuerdo de París, y ratificado en el Compromiso Federal sobre el Cambio Climático en el marco del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA).
En la apertura, el Coordinador Ejecutivo de la cartera ambiental provincial, Néstor Gil Conners, destacó la importancia de “darle credibilidad y certeza a los indicadores de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero” y fortalecer “el compromiso de la provincia de Buenos Aires y el país” a la hora de llevar a cabo los controles que garanticen los objetivos trazados.
En el territorio bonaerense se genera aproximadamente 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina, asumiendo el 37% el sector de energía, el 56 % el de procesos industriales, el 29% el de agricultura y ganadería, el 12% el de cambio de uso de suelo y silvicultura y el 69% el de residuos.
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Un águila mora y la desidia del Estado
Otro caso de desidia del Estado con la fauna: tras agonizar tres días, murió un águila mora
Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una vecina se encontró con el ave herida, llamó a la guardia de Parques Nacionales y le respondieron que el animal no estaba en su jurisdicción, pero que avisarían a Fauna de la Provincia. A los tres días la mujer volvió al lugar y el águila (una especia nativa) seguía allí y murió pocas horas después. Ninguno de los dos organismos protectores se hizo cargo.
El caso rememora lo sucedido el año pasado con un huemul que falleció en El Manso, hecho sobre el cual aún no hay novedades del sumario realizado al personal de Parques Nacionales. Un nuevo evento abre el interrogante: ¿están preparados los agentes públicos para cuidar, proteger y salvar a las especies autóctonas? Vale recordar, que esa es su función principal.
El pasado jueves 13 de abril, la vecina Alejandra Mariño salió a andar en bicicleta con una amiga por el camino paralelo al aeropuerto. A eso de las 18.50, encontraron un águila mora que presentaba heridas en las patas y estaba guarecida entre unos arbustos.
“Estaba herida, pero su estado general era bueno, por lo que inmediatamente llamamos a urgencias de Parques Nacionales, donde nos dijeron que el ave no estaba en su jurisdicción, pero nos redireccionaron la llamada y nos pidieron que esperemos un momento, que desde Parques se comunicarían con nosotras. Esperamos ahí, sin abandonar al águila, hasta que se comunicó la señora Susana Seijas”, indicó Mariño a este diario.
Cabe mencionar, que Susana Seijas está a cargo del Área de Biología del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Seijas nos recomendó dejar al ave allí, que no la movilizáramos porque podría darle un pico de estrés y se comprometió a comunicarse con las autoridades pertinentes para rescatarla”, continuó explicando Mariño, quien dijo que Seijas les manifestó que alguien más ya había avisado antes del hallazgo. Incluso, las mujeres le enviaron fotos del lugar y del pájaro por whatsApp a la funcionaria pública.
Una vez finalizada la comunicación, ambas vecinas se encargaron de dejar bien marcado el lugar para que puedan hallar al animal sin inconvenientes y se retiraron tranquilas, sabiendo que el ave sería rescatada. Pero no fue así.
El domingo 16, tres días después, Mariño fue nuevamente al lugar para ver si había sido asistido el animal, pero para su sorpresa seguía allí, en el mismo lugar, “sufriendo, con mayor deterioro en sus garras, y dada la infección de las mismas ya se había convertido en necrosis con pérdida de algunas de ellas”, según contó Mariño. Por lo que regresó a su casa para buscar el auto y trasladar al águila agonizante. La mujer, que es profesional de la salud, le efectuó curaciones básicas, e hidrató y alimentó al animal.
Acto seguido, por intermedio de otra amiga, se comunicó con un veterinario especialista en aves, quien se ofreció a atender al águila al día siguiente a primera hora de la mañana.
“Lamentablemente cuando fui a la habitación donde la tenía, la encontré muerta. La trasladé al veterinario donde hizo el estudio para ver la causa de muerte y la principal causa fue por infección”, señaló Mariño.
La indignada mujer lleva presentadas varias denuncias por este caso en Parques Nacionales y busca explicaciones: “no podemos permitir que las personas responsables del cuidado de nuestra fauna actúen con desidia, no podemos permitir que nuestros hijos hereden un mundo vacío e insensible. Estoy convencida que se actuó con total negligencia, por lo que espero que se haga un sumario a los responsables de esto”, manifestó a El Cordillerano.
En las denuncias de Mariño, se acompaña el informe técnico necrológico elaborado por el veterinario, una vez que el ave falleciera. Allí se detalla que el águila mora tenía una edad juvenil a sub adulto y que su envergadura era de casi dos metros (1,80 m), de un extremo al otro de sus alas.
En las descripciones, detalla que tanto en la cabeza, como en el pico y en las alas no tenía alteraciones, aunque había acumulado piojos en cantidad en la zona del cuello. El problema estaba en sus patas, donde se le detectó necrosis avanzada y se le había desprendido uno de sus dedos producto de la infección. Además, presentaba un cuadro de gangrena en sus miembros inferiores.
“Lamento profundamente haber confiado en que los cuidadores de nuestra fauna iban a tomar medidas a tiempo, lo lamento mucho. Pero no voy a parar hasta que se aclare quiénes eran los responsables de salvarla, que nunca fueron a asistirla y que tengan los sumarios administrativos que corresponden”, concluyó Alejandra Mariño.
De protección, muy poco
El águila mora (Geranoaetus melanoleucus) es el ave rapaz más grande de la región. Se lo ubica en las montañas hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar y es un animal característico de esta zona. Esta ave es una especie nativa y su rol en el ecosistema resulta clave en la cadena trófica.
De momento su estatus de conservación según la Lista Roja de la UICN es el de Preocupación Menor, no se encuentra en peligro de extinción a pesar que se les suele disparar por práctica de tiro. Sin embargo, es una especie regional y muy llamativa por su belleza.
Es por esto que su protección es una de las funciones primarias que tienen los departamentos de conservación, ya sea Parques Nacionales o la división de Fauna dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro. Y aquí no valen las jurisdicciones, entendiendo que la conservación está por encima de todo. Por eso, resulta más que alarmante que nadie haya ido a rescatar al animal en tres días.
El caso rememora lo sucedido con un huemul en la zona de El Manso, que fue encontrado por un poblador en jurisdicción provincial, pero donde los miembros del Parque Nacional Nahuel Huapi tomaron intervención, y el animal se murió luego de una cadena de malas decisiones. El deceso fue dentro del territorio del Parque, ya que el ciervo fue trasladado.
Ya pasó más de un año de la muerte de ese animal y pese a todas las denuncias, a que el hecho tomó estado público y llegó incluso a los medios nacionales, la institución aún no reveló el resultado del sumario interno y por ende, no penalizó a los responsables de un claro hecho de negligencia, reconocido por los propios intervinientes en un informe, que paradójicamente también lleva la firma de Susana Seijas.
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Fecha de Publicación: 23/04/2017
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una vecina se encontró con el ave herida, llamó a la guardia de Parques Nacionales y le respondieron que el animal no estaba en su jurisdicción, pero que avisarían a Fauna de la Provincia. A los tres días la mujer volvió al lugar y el águila (una especia nativa) seguía allí y murió pocas horas después. Ninguno de los dos organismos protectores se hizo cargo.
El caso rememora lo sucedido el año pasado con un huemul que falleció en El Manso, hecho sobre el cual aún no hay novedades del sumario realizado al personal de Parques Nacionales. Un nuevo evento abre el interrogante: ¿están preparados los agentes públicos para cuidar, proteger y salvar a las especies autóctonas? Vale recordar, que esa es su función principal.
El pasado jueves 13 de abril, la vecina Alejandra Mariño salió a andar en bicicleta con una amiga por el camino paralelo al aeropuerto. A eso de las 18.50, encontraron un águila mora que presentaba heridas en las patas y estaba guarecida entre unos arbustos.
“Estaba herida, pero su estado general era bueno, por lo que inmediatamente llamamos a urgencias de Parques Nacionales, donde nos dijeron que el ave no estaba en su jurisdicción, pero nos redireccionaron la llamada y nos pidieron que esperemos un momento, que desde Parques se comunicarían con nosotras. Esperamos ahí, sin abandonar al águila, hasta que se comunicó la señora Susana Seijas”, indicó Mariño a este diario.
Cabe mencionar, que Susana Seijas está a cargo del Área de Biología del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Seijas nos recomendó dejar al ave allí, que no la movilizáramos porque podría darle un pico de estrés y se comprometió a comunicarse con las autoridades pertinentes para rescatarla”, continuó explicando Mariño, quien dijo que Seijas les manifestó que alguien más ya había avisado antes del hallazgo. Incluso, las mujeres le enviaron fotos del lugar y del pájaro por whatsApp a la funcionaria pública.
Una vez finalizada la comunicación, ambas vecinas se encargaron de dejar bien marcado el lugar para que puedan hallar al animal sin inconvenientes y se retiraron tranquilas, sabiendo que el ave sería rescatada. Pero no fue así.
El domingo 16, tres días después, Mariño fue nuevamente al lugar para ver si había sido asistido el animal, pero para su sorpresa seguía allí, en el mismo lugar, “sufriendo, con mayor deterioro en sus garras, y dada la infección de las mismas ya se había convertido en necrosis con pérdida de algunas de ellas”, según contó Mariño. Por lo que regresó a su casa para buscar el auto y trasladar al águila agonizante. La mujer, que es profesional de la salud, le efectuó curaciones básicas, e hidrató y alimentó al animal.
Acto seguido, por intermedio de otra amiga, se comunicó con un veterinario especialista en aves, quien se ofreció a atender al águila al día siguiente a primera hora de la mañana.
“Lamentablemente cuando fui a la habitación donde la tenía, la encontré muerta. La trasladé al veterinario donde hizo el estudio para ver la causa de muerte y la principal causa fue por infección”, señaló Mariño.
La indignada mujer lleva presentadas varias denuncias por este caso en Parques Nacionales y busca explicaciones: “no podemos permitir que las personas responsables del cuidado de nuestra fauna actúen con desidia, no podemos permitir que nuestros hijos hereden un mundo vacío e insensible. Estoy convencida que se actuó con total negligencia, por lo que espero que se haga un sumario a los responsables de esto”, manifestó a El Cordillerano.
En las denuncias de Mariño, se acompaña el informe técnico necrológico elaborado por el veterinario, una vez que el ave falleciera. Allí se detalla que el águila mora tenía una edad juvenil a sub adulto y que su envergadura era de casi dos metros (1,80 m), de un extremo al otro de sus alas.
En las descripciones, detalla que tanto en la cabeza, como en el pico y en las alas no tenía alteraciones, aunque había acumulado piojos en cantidad en la zona del cuello. El problema estaba en sus patas, donde se le detectó necrosis avanzada y se le había desprendido uno de sus dedos producto de la infección. Además, presentaba un cuadro de gangrena en sus miembros inferiores.
“Lamento profundamente haber confiado en que los cuidadores de nuestra fauna iban a tomar medidas a tiempo, lo lamento mucho. Pero no voy a parar hasta que se aclare quiénes eran los responsables de salvarla, que nunca fueron a asistirla y que tengan los sumarios administrativos que corresponden”, concluyó Alejandra Mariño.
De protección, muy poco
El águila mora (Geranoaetus melanoleucus) es el ave rapaz más grande de la región. Se lo ubica en las montañas hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar y es un animal característico de esta zona. Esta ave es una especie nativa y su rol en el ecosistema resulta clave en la cadena trófica.
De momento su estatus de conservación según la Lista Roja de la UICN es el de Preocupación Menor, no se encuentra en peligro de extinción a pesar que se les suele disparar por práctica de tiro. Sin embargo, es una especie regional y muy llamativa por su belleza.
Es por esto que su protección es una de las funciones primarias que tienen los departamentos de conservación, ya sea Parques Nacionales o la división de Fauna dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro. Y aquí no valen las jurisdicciones, entendiendo que la conservación está por encima de todo. Por eso, resulta más que alarmante que nadie haya ido a rescatar al animal en tres días.
El caso rememora lo sucedido con un huemul en la zona de El Manso, que fue encontrado por un poblador en jurisdicción provincial, pero donde los miembros del Parque Nacional Nahuel Huapi tomaron intervención, y el animal se murió luego de una cadena de malas decisiones. El deceso fue dentro del territorio del Parque, ya que el ciervo fue trasladado.
Ya pasó más de un año de la muerte de ese animal y pese a todas las denuncias, a que el hecho tomó estado público y llegó incluso a los medios nacionales, la institución aún no reveló el resultado del sumario interno y por ende, no penalizó a los responsables de un claro hecho de negligencia, reconocido por los propios intervinientes en un informe, que paradójicamente también lleva la firma de Susana Seijas.
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Día Internacional de la Madre Tierra 2017
Día Internacional de la Madre Tierra 2017
Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Naciones Unidas
Provincia/Región: Nacional
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento.
Con esta celebración admitimos la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la harmonía con la naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras.
Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.
En 2017, la campaña se denomina «Alfabetización medioambiental y climática».
La educación constituye los cimientos del progreso. Necesitamos que la ciudadanía mundial conozca los conceptos sobre el cambio climático y sea consciente de la amenaza sin precedentes para el planeta. El conocimiento nos empoderará a todos y nos llevará a tomar medidas para defender el medio ambiente.
La alfabetización medioambiental y climática no es solo el motor que genera votantes concienciados por las cuestiones ecológicas y promueve legislación en este ámbito, sino que también acelera el desarrollo de tecnologías y empleos respetuosos con el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Naciones Unidas
Provincia/Región: Nacional
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento.
Con esta celebración admitimos la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la harmonía con la naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras.
Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.
En 2017, la campaña se denomina «Alfabetización medioambiental y climática».
La educación constituye los cimientos del progreso. Necesitamos que la ciudadanía mundial conozca los conceptos sobre el cambio climático y sea consciente de la amenaza sin precedentes para el planeta. El conocimiento nos empoderará a todos y nos llevará a tomar medidas para defender el medio ambiente.
La alfabetización medioambiental y climática no es solo el motor que genera votantes concienciados por las cuestiones ecológicas y promueve legislación en este ámbito, sino que también acelera el desarrollo de tecnologías y empleos respetuosos con el medio ambiente.
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Críticas desde Gualeguaychú al gobierno nacional
Veronesi: “a nivel nacional no hay medidas para parar la contaminación de UPM Botnia”
Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea hará la 13ª Marcha al Puente Internacional el domingo 30 y organiza el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, Uruguay y Paraguay.
El asambleísta Juan Veronesi dijo en RADIO MÁXIMA que, además de la tradicional Marcha Anual que tendrá lugar el domingo 30 de este mes, un día antes comenzará en la ciudad el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la participación de unas 30 organizaciones de nuestro país, Uruguay y Paraguay, el cual se prolongará hasta el 1º de mayo. Veronesi llamó a la participación en defensa del medio ambiente, y remarcó que “es poco lo que se ha avanzado en la lucha contra la contaminación”.
En este sentido, el asambleísta puntualizó que “en Gualeguaychú son bien vistos los funcionarios locales porque colaboran en la lucha de su pueblo, y esto que se da aquí en nuestra ciudad no es muy común. Nuestro Intendente nos apoya con mayor o menor presencia de sus funcionarios, algo que también ocurre en Famatina, pero en otros lugares del país no ocurre así, es todo lo contrario. Por ejemplo, el Intendente de Jáchal, en San Juan, permitió que los asambleístas que protestaban por los derrames de la mina a cielo abierto de la Barrick Gold fueran salvajemente garroteados”.
Veronesi precisó que “nosotros no hacemos la Marcha al Puente para que vengan funcionarios. Es más muchos de ellos mas bien se tienen que esconder porque no han cumplido con el pueblo. En nuestro país hemos progresado mucho en acciones concretas de concientización ambiental pero hay un retroceso en el accionar contra la contaminación que provocan los agrotóxicos, las explotaciones mineras, los graves problemas de las plantas de efluentes cloacales de muchas ciudades, son alguna de las cuestiones en las que no se advierten medidas contundentes. Es inconcebible que en Entre Ríos en pleno siglo XXI haya grandes ciudades como Concordia o Concepción del Uruguay que ni siquiera cuenten con tratamiento de sus efluentes cloacales”.
Respecto al tema fundamental de la protesta de la Asamblea, es decir la presencia de la pastera UPM Botnia, Veronesi manifestó que “el amperímetro de la contaminación que produce día a día la planta está a cero. No se avanzó ni se avanza para que deje de contaminar y digo esto por más que algunos se ofendan. Nosotros desde la Asamblea protestamos, hacemos la Marcha, el Grito Blanco, nos movilizamos a Paraná, nos reunimos con senadores, con diputados, vamos al ministerio de Ambiente, reuniones para arriba, reuniones para abajo, pero Botnia sigue ahí, contaminándonos todos los días del año, sin parar, igual que siempre. Y dentro de poco contaminará más, porque instalarán una nueva pastera en Uruguay”.
Veronesi reveló que “en las últimas semanas fui objeto de críticas en la prensa por decir estas cosas, especialmente de parte de Osvaldo Fernández, un hombre que siempre lucha con la Asamblea y ahora está en el Ministerio de ambiente de la Nación, pero la verdad es que, como dije antes y reitero, no vamos bien porque a nivel nacional la toma de decisiones fundamentales para parar la contaminación de UPM Botnia, es cero. Digamos la verdad, es duro esto pero yo prefiero ser sincero”.
El asambleista reconoció que “las autoridades nacionales están trabajando en la reforma del Digesto del río Uruguay, eso es lo que nos han dicho, pero me pregunto si las autoridades del vecino país aceptarán los cambios que son necesarios, porque hasta ahora Uruguay nunca jamás aceptó nada que permitiera controlar en serio lo que UPM Botnia provoca. Nuestro gobierno a través del ministro Bergman, están convencidos de que mediante el diálogo van a llegar a un acuerdo con los gobernantes uruguayos, pero yo tengo presentes las palabras del ministro cuando estuvo en Gualeguaychú el año pasado, cuando dijo que si los uruguayos no reconocen que Botnia contamina, habrá que pelearse. Bergman nos dijo que al presidente Macri hay que demostrarle que Botnia contamina. Hace 15 años que venimos sosteniendo científicamente esto y ahora nos piden que debemos demostrarlo. Es increíble”.
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Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea hará la 13ª Marcha al Puente Internacional el domingo 30 y organiza el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, Uruguay y Paraguay.
El asambleísta Juan Veronesi dijo en RADIO MÁXIMA que, además de la tradicional Marcha Anual que tendrá lugar el domingo 30 de este mes, un día antes comenzará en la ciudad el Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la participación de unas 30 organizaciones de nuestro país, Uruguay y Paraguay, el cual se prolongará hasta el 1º de mayo. Veronesi llamó a la participación en defensa del medio ambiente, y remarcó que “es poco lo que se ha avanzado en la lucha contra la contaminación”.
En este sentido, el asambleísta puntualizó que “en Gualeguaychú son bien vistos los funcionarios locales porque colaboran en la lucha de su pueblo, y esto que se da aquí en nuestra ciudad no es muy común. Nuestro Intendente nos apoya con mayor o menor presencia de sus funcionarios, algo que también ocurre en Famatina, pero en otros lugares del país no ocurre así, es todo lo contrario. Por ejemplo, el Intendente de Jáchal, en San Juan, permitió que los asambleístas que protestaban por los derrames de la mina a cielo abierto de la Barrick Gold fueran salvajemente garroteados”.
Veronesi precisó que “nosotros no hacemos la Marcha al Puente para que vengan funcionarios. Es más muchos de ellos mas bien se tienen que esconder porque no han cumplido con el pueblo. En nuestro país hemos progresado mucho en acciones concretas de concientización ambiental pero hay un retroceso en el accionar contra la contaminación que provocan los agrotóxicos, las explotaciones mineras, los graves problemas de las plantas de efluentes cloacales de muchas ciudades, son alguna de las cuestiones en las que no se advierten medidas contundentes. Es inconcebible que en Entre Ríos en pleno siglo XXI haya grandes ciudades como Concordia o Concepción del Uruguay que ni siquiera cuenten con tratamiento de sus efluentes cloacales”.
Respecto al tema fundamental de la protesta de la Asamblea, es decir la presencia de la pastera UPM Botnia, Veronesi manifestó que “el amperímetro de la contaminación que produce día a día la planta está a cero. No se avanzó ni se avanza para que deje de contaminar y digo esto por más que algunos se ofendan. Nosotros desde la Asamblea protestamos, hacemos la Marcha, el Grito Blanco, nos movilizamos a Paraná, nos reunimos con senadores, con diputados, vamos al ministerio de Ambiente, reuniones para arriba, reuniones para abajo, pero Botnia sigue ahí, contaminándonos todos los días del año, sin parar, igual que siempre. Y dentro de poco contaminará más, porque instalarán una nueva pastera en Uruguay”.
Veronesi reveló que “en las últimas semanas fui objeto de críticas en la prensa por decir estas cosas, especialmente de parte de Osvaldo Fernández, un hombre que siempre lucha con la Asamblea y ahora está en el Ministerio de ambiente de la Nación, pero la verdad es que, como dije antes y reitero, no vamos bien porque a nivel nacional la toma de decisiones fundamentales para parar la contaminación de UPM Botnia, es cero. Digamos la verdad, es duro esto pero yo prefiero ser sincero”.
El asambleista reconoció que “las autoridades nacionales están trabajando en la reforma del Digesto del río Uruguay, eso es lo que nos han dicho, pero me pregunto si las autoridades del vecino país aceptarán los cambios que son necesarios, porque hasta ahora Uruguay nunca jamás aceptó nada que permitiera controlar en serio lo que UPM Botnia provoca. Nuestro gobierno a través del ministro Bergman, están convencidos de que mediante el diálogo van a llegar a un acuerdo con los gobernantes uruguayos, pero yo tengo presentes las palabras del ministro cuando estuvo en Gualeguaychú el año pasado, cuando dijo que si los uruguayos no reconocen que Botnia contamina, habrá que pelearse. Bergman nos dijo que al presidente Macri hay que demostrarle que Botnia contamina. Hace 15 años que venimos sosteniendo científicamente esto y ahora nos piden que debemos demostrarlo. Es increíble”.
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Misiones: sigue el conflicto con los Guardaparques
Ahora el Ministerio de Trabajo pone trabas a Guardaparques
Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones
Los Guardaparques Javier Báez y Leonardo Rangel explicaron que volvieron al Ministerio de Trabajo para reunirse con las autoridades. Aseguraron que hay trabas de la cartera laboral que no permiten resolver el conflicto.
Continúa el conflicto con los guardaparques del interior de la provincia que fueron trasladados por el Ministerio de Ecología tras oponerse a la construcción de un camino en el lote 8 del parque provincial Moconá. Pese a la instancia de negociación, los trabajadores no acataron la orden y se mantienen en sus puestos de trabajo.
Este martes llegaron a la capital provincial para volver a reunirse con Ecología y Trabajo. Disconformes con la cartera laboral, manifestaron que no reconoce a los trabajadores nucleados en ATE y el conflicto es entre la patronal y el gremio.
La reunión quedó en cuarto intermedio. Desde Ecología mostraron intenciones de diálogo, pero ahora las trabas llegarían desde el propio Ministerio de Trabajo. Desde Guardaparques comentaron que hay voluntad de destrabar el conflicto.
“Proponen una mesa por afuera del Ministerio de Trabajo para resolver la cuestión. Sería este jueves o viernes y hay expectativas”, dijeron los guardaparques.
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Fecha de Publicación: 22/04/2017
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones
Los Guardaparques Javier Báez y Leonardo Rangel explicaron que volvieron al Ministerio de Trabajo para reunirse con las autoridades. Aseguraron que hay trabas de la cartera laboral que no permiten resolver el conflicto.
Continúa el conflicto con los guardaparques del interior de la provincia que fueron trasladados por el Ministerio de Ecología tras oponerse a la construcción de un camino en el lote 8 del parque provincial Moconá. Pese a la instancia de negociación, los trabajadores no acataron la orden y se mantienen en sus puestos de trabajo.
Este martes llegaron a la capital provincial para volver a reunirse con Ecología y Trabajo. Disconformes con la cartera laboral, manifestaron que no reconoce a los trabajadores nucleados en ATE y el conflicto es entre la patronal y el gremio.
La reunión quedó en cuarto intermedio. Desde Ecología mostraron intenciones de diálogo, pero ahora las trabas llegarían desde el propio Ministerio de Trabajo. Desde Guardaparques comentaron que hay voluntad de destrabar el conflicto.
“Proponen una mesa por afuera del Ministerio de Trabajo para resolver la cuestión. Sería este jueves o viernes y hay expectativas”, dijeron los guardaparques.
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Ushuaia se ocupará por fin de su contaminación cloacal
“Durante 2019 cesará el proceso de contaminación cloacal”
Fecha de Publicación: 21/04/2017
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Así lo sostuvo el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, tras brindar detalles de las obras que prometen recuperar el equilibrio natural de la zona. El Gobierno anunció, el domingo último, la preadjudicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales “Arroyo Grande”, que resolverá el problema de los desechos domiciliarios del sector Este de Ushuaia que actualmente son volcados en crudo.
Veinte años de inacción estatal y falta de inversiones llevaron a que la ausencia de tratamiento de los efluentes cloacales contaminara la cuenca hídrica de la ciudad de Ushuaia, y que por acción de la gravedad, al tratarse de un lugar con pendiente, todo ese impacto fuera absorbido por el frente costero hasta convertirlo en un “inodoro a cielo abierto”, como lo definieron las organizaciones que primero visibilizaron el tema hasta lograr que se introdujera en la agenda pública fueguina.
El domingo último, el Gobierno provincial anunció la preadjudicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales “Arroyo Grande”, que resolverá el problema de los desechos domiciliarios del sector Este de Ushuaia que actualmente son volcados en crudo. La obra está incluida en el paquete de inversiones que fue aprobado por la colocación de bonos en el exterior.
“Esta obra está incluida dentro del paquete de nuevas obras que el Gobierno Provincial, a través de la DPOSS, tiene que ejecutar para que efectivamente la producción cloacal de Ushuaia sea tratada y que estos efluentes no sean volcados crudos sobre las aguas de la Bahía de Ushuaia”, explicó ayer al programa CapicuaTDF (Fm del Sur) el titular del organismo, Guillermo Worman.
Además, a este anuncio se suma la otra que se encuentra detrás de Bahía Golondrina. “Estas dos estaciones de tratamiento son la cabecera del sistema sanitario de Ushuaia y de esta manera el 100% de la producción cloacal de la ciudad en vez de volcarse crudas sobre las aguas del Canal Beagle van a ser tratadas correspondientemente y con un proceso de disposición final”.
Worman afirmó que “esto es muy importante porque viene a terminar con la situación de contaminación ambiental que tenía la ciudad y lo que hemos hecho ahora fue preadjudicar al consorcio de dos empresas esta última obra que tiene 24 meses de ejecución y va a tratar los efluentes domiciliarios entre Orión y las 640 viviendas”.
De esta manera precisó que “esta obra viene a culminar este proceso y a darle un tratamiento correcto. Son obras millonarias, muy importantes que lo vamos a ver poco porque son obras lejanas a nuestro domicilio”.
El funcionario precisó que a pesar de ser obras que no vamos a ver “mucho de esta obra está enterrado, porque son caños, pero lo que muchas veces no se ve termina generando beneficios para la salud de la población” dijo y remarcó que “tener contacto con la cloaca está absolutamente contraindicado. Alergias, enfermedades gastrointestinales, infecciones, son una enorme cantidad de enfermedades para la salud pública”.
Además apuntó a la cuestión medioambiental. “Uno no puede vivir en un ambiente que sea agresivo, que nos pueda enfermar o nos genere efectos que no son los apropiados”. “Estas dos obras generan beneficios en la salud y en el medioambiente”, añadió.
El presidente de la DPOSS afirmó que “esta planta debería estar operando en el segundo semestre de 2019, a partir de ahí concretamente debiera cesar la contaminación en ese sector. Un plazo similar tiene la planta de Bahía Golondrina”.
¿Cuándo podría decirse con certeza que termina la contaminación vinculada con cloacas en Ushuaia? “Durante el 2019, es el año en que debiera terminar el proceso de contaminación, que en este caso tiene muchísimos años, esta planta que es impresionante se había comenzado a construir en noviembre de 1993, se inició la obra, hay un resto de hormigón, se abandonó y nunca más se hizo nada”, indicó.
“Ahora estamos iniciando esta obra nueva para hacer efectivamente lo que se tendría que haber hecho hace más de 20 años atrás”, cerró.
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Fecha de Publicación: 21/04/2017
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Así lo sostuvo el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, tras brindar detalles de las obras que prometen recuperar el equilibrio natural de la zona. El Gobierno anunció, el domingo último, la preadjudicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales “Arroyo Grande”, que resolverá el problema de los desechos domiciliarios del sector Este de Ushuaia que actualmente son volcados en crudo.
Veinte años de inacción estatal y falta de inversiones llevaron a que la ausencia de tratamiento de los efluentes cloacales contaminara la cuenca hídrica de la ciudad de Ushuaia, y que por acción de la gravedad, al tratarse de un lugar con pendiente, todo ese impacto fuera absorbido por el frente costero hasta convertirlo en un “inodoro a cielo abierto”, como lo definieron las organizaciones que primero visibilizaron el tema hasta lograr que se introdujera en la agenda pública fueguina.
El domingo último, el Gobierno provincial anunció la preadjudicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales “Arroyo Grande”, que resolverá el problema de los desechos domiciliarios del sector Este de Ushuaia que actualmente son volcados en crudo. La obra está incluida en el paquete de inversiones que fue aprobado por la colocación de bonos en el exterior.
“Esta obra está incluida dentro del paquete de nuevas obras que el Gobierno Provincial, a través de la DPOSS, tiene que ejecutar para que efectivamente la producción cloacal de Ushuaia sea tratada y que estos efluentes no sean volcados crudos sobre las aguas de la Bahía de Ushuaia”, explicó ayer al programa CapicuaTDF (Fm del Sur) el titular del organismo, Guillermo Worman.
Además, a este anuncio se suma la otra que se encuentra detrás de Bahía Golondrina. “Estas dos estaciones de tratamiento son la cabecera del sistema sanitario de Ushuaia y de esta manera el 100% de la producción cloacal de la ciudad en vez de volcarse crudas sobre las aguas del Canal Beagle van a ser tratadas correspondientemente y con un proceso de disposición final”.
Worman afirmó que “esto es muy importante porque viene a terminar con la situación de contaminación ambiental que tenía la ciudad y lo que hemos hecho ahora fue preadjudicar al consorcio de dos empresas esta última obra que tiene 24 meses de ejecución y va a tratar los efluentes domiciliarios entre Orión y las 640 viviendas”.
De esta manera precisó que “esta obra viene a culminar este proceso y a darle un tratamiento correcto. Son obras millonarias, muy importantes que lo vamos a ver poco porque son obras lejanas a nuestro domicilio”.
El funcionario precisó que a pesar de ser obras que no vamos a ver “mucho de esta obra está enterrado, porque son caños, pero lo que muchas veces no se ve termina generando beneficios para la salud de la población” dijo y remarcó que “tener contacto con la cloaca está absolutamente contraindicado. Alergias, enfermedades gastrointestinales, infecciones, son una enorme cantidad de enfermedades para la salud pública”.
Además apuntó a la cuestión medioambiental. “Uno no puede vivir en un ambiente que sea agresivo, que nos pueda enfermar o nos genere efectos que no son los apropiados”. “Estas dos obras generan beneficios en la salud y en el medioambiente”, añadió.
El presidente de la DPOSS afirmó que “esta planta debería estar operando en el segundo semestre de 2019, a partir de ahí concretamente debiera cesar la contaminación en ese sector. Un plazo similar tiene la planta de Bahía Golondrina”.
¿Cuándo podría decirse con certeza que termina la contaminación vinculada con cloacas en Ushuaia? “Durante el 2019, es el año en que debiera terminar el proceso de contaminación, que en este caso tiene muchísimos años, esta planta que es impresionante se había comenzado a construir en noviembre de 1993, se inició la obra, hay un resto de hormigón, se abandonó y nunca más se hizo nada”, indicó.
“Ahora estamos iniciando esta obra nueva para hacer efectivamente lo que se tendría que haber hecho hace más de 20 años atrás”, cerró.
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Desde Chaco difunden estudio sobre energía solar
Difunden estudio sobre la conveniencia del uso de la energía solar domiciliaria
Fecha de Publicación: 21/04/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: NEA
Energía solar en el Hogar ¿conviene o no?, es el título de una publicación emanada de la Universidad Nacional del Nordeste.
El costo de la energía y un servicio colapsado en temporadas estivales, generaron en distintos círculos sobre todo el científico y académico la necesidad de embarcarse en una transición hacia un mayor uso de las energías alternativas.
Los efectos al medioambiente que ocasiona la generación de energía convencional, no resultó ser el disparador necesario para volcarse hacia un modelo que tenga a la vivienda sustentable como una opción más real de lo que hoy es.
Curiosamente las razones coyunturales señaladas impulsan el desarrollo de conceptos y áreas que en un futuro no muy lejano serán cotidianos. Es el caso de la arquitectura bioclimática, también denominada arquitectura solar pasiva, que hace referencia a las formas en que la energía solar se capta, se almacena y se distribuye en la estructura. Se trata en definitiva del diseño y aporte de soluciones constructivas que permitan que un determinado edificio capte o refleje la energía solar según la época del año a fin de reducir las necesidades de calefacción, refrigeración o iluminación.
Ahora bien, tecnológicamente, ¿es posible adaptar una casa tradicional de tal manera que convivan el sistema de energía tradicional con un equipo de energía solar (fotovoltaica)?. ¿Es una opción válida?; ¿Qué ahorro de energía eléctrica se tendría? Estas y otras preguntas, fueron respondidas por la Doctora Noemí Sogarí, perteneciente al Grupo de Energías Renovables y del Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.
“En nuestra zona, el uso de paneles solares fotovoltaicos tiene gran ventaja, por la disponibilidad de radiación solar en esta región”. La doctora Sogari habla de “disponibilidad” a esa relación que no es igual en todo el territorio argentino: cantidad de energía del sol que llega por unidad de superficie terrestre. En el caso particular de Corrientes, si se mide en una escala de 0 a 1000 W/metros cuadrados, supera un promedio de 700 W/metros cuadrados anuales. Lo que la convierte en una zona ideal para la utilización de paneles solares, dado que estos colectarían, de acuerdo con la carta de irradiación solar anual entre 1,7 y 1,8 MWh/ m2 (Dr Hugo Grossi Gallegos)
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Fecha de Publicación: 21/04/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: NEA
Energía solar en el Hogar ¿conviene o no?, es el título de una publicación emanada de la Universidad Nacional del Nordeste.
El costo de la energía y un servicio colapsado en temporadas estivales, generaron en distintos círculos sobre todo el científico y académico la necesidad de embarcarse en una transición hacia un mayor uso de las energías alternativas.
Los efectos al medioambiente que ocasiona la generación de energía convencional, no resultó ser el disparador necesario para volcarse hacia un modelo que tenga a la vivienda sustentable como una opción más real de lo que hoy es.
Curiosamente las razones coyunturales señaladas impulsan el desarrollo de conceptos y áreas que en un futuro no muy lejano serán cotidianos. Es el caso de la arquitectura bioclimática, también denominada arquitectura solar pasiva, que hace referencia a las formas en que la energía solar se capta, se almacena y se distribuye en la estructura. Se trata en definitiva del diseño y aporte de soluciones constructivas que permitan que un determinado edificio capte o refleje la energía solar según la época del año a fin de reducir las necesidades de calefacción, refrigeración o iluminación.
Ahora bien, tecnológicamente, ¿es posible adaptar una casa tradicional de tal manera que convivan el sistema de energía tradicional con un equipo de energía solar (fotovoltaica)?. ¿Es una opción válida?; ¿Qué ahorro de energía eléctrica se tendría? Estas y otras preguntas, fueron respondidas por la Doctora Noemí Sogarí, perteneciente al Grupo de Energías Renovables y del Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.
“En nuestra zona, el uso de paneles solares fotovoltaicos tiene gran ventaja, por la disponibilidad de radiación solar en esta región”. La doctora Sogari habla de “disponibilidad” a esa relación que no es igual en todo el territorio argentino: cantidad de energía del sol que llega por unidad de superficie terrestre. En el caso particular de Corrientes, si se mide en una escala de 0 a 1000 W/metros cuadrados, supera un promedio de 700 W/metros cuadrados anuales. Lo que la convierte en una zona ideal para la utilización de paneles solares, dado que estos colectarían, de acuerdo con la carta de irradiación solar anual entre 1,7 y 1,8 MWh/ m2 (Dr Hugo Grossi Gallegos)
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Calefones solares: tendencia que crece y se consolida
Calefones solares: sí a la nueva tendencia, pero homologados y certificados
Fecha de Publicación: 21/04/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La tendencia crece y se consolida. En 2016 se duplicó la cantidad de instalaciones de equipos solares térmicos en el país, conocidos como “calefones solares” o, más propiamente, termotanques solares.
La importación y venta de estos productos se multiplicó por 3,6 veces en los últimos dos años y todo apunta a que, tarifazo del gas mediante, la tendencia continúe o se profundice. Se trata de un mercado de exponencial crecimiento en los países en desarrollo, que se encuentra casi virgen en Argentina, donde alcanzan prácticamente los dedos de una mano para contar los fabircantes de estos productos, concentrados en Santa Fe y San Luis.
Se trata de una tecnología que es una alternativa a las fuentes convencionales de energía y que combina ahorro energético y confiabilidad. Pero que como toda tecnología nueva, requiere de programas de apoyo y de una actualización normativa que acompañe y consolide el movimiento de estos productos en el territorio.
Con respecto a los programas que buscan promover estos sistemas que permiten un uso sostenible de los recursos, además de reducir costos en relación con las fuentes tradicionales de energía, algunas provincias lanzaron planes que contaron con el asesoramiento técnico del INTI.
Al primero puntapié en esto los efectuó el gobierno de Santa Fe, que desde 2015 puso en marcha, en alianza con el INTI, el plan “Un sol para tu techo”. Más tarde, el año pasado, el Banco de Córdoba lanzó una línea financiera especial dedicada específicamente a la compra e instalación de calefones solares.
Desde 2013, el INTI le prestó atención a esta tecnología, que se usó desde hace décadas en Israel y en otros países. “Desde el Instituto ensayamos la durabilidad y el rendimiento energético de los calefones solares, tanto de fabricación nacional como extranjera, los que deben tener una vida útil de alrededor de 20 años para su comercialización”, explicó Martín Cordi, coordinador del Área de Energía Solar Térmica del INTI.
De las pruebas se pasó al asesoramiento y de allí a la elaboración de normativas básicas, no sólo para la homologación de equipos sino también para la normativa de instalación.
En ese camino y para garantizar la oferta de mano de obra calificada y acompañar el crecimiento de este sector, el INTI presentó ahora la primera certificación en el país de competencias laborales para instaladores de termotanques o calefones solares.
La certificación, denominada “De nivel II”, se centra en los sistemas compactos o domiciliarios. “Se trata de la instalación más simple que se puede hacer en energía solar térmica, que se utiliza en viviendas. Esta certificación contempla sistemas de hasta seis metros cuadrados o 500 litros de acumulación de agua caliente sanitaria”, explicó el especialista del INTI.
Cordi destacó que en los últimos años “la instalación de equipos ha crecido ampliamente”, y agregó que “en la actualidad se instalan entre 15 y 20 mil equipos anualmente. La idea es llegar a 150 mil en un plazo de cuatro años, pero depende de muchas variables”. Según al Censo Solar Térmico realizado por el instituto en 2016, en el país hay como mínimo 72 instaladores.
Los exámenes teóricos y prácticos para alcanzar el reconocimiento formal comenzarán en la segunda mitad del año. Hasta entonces, las personas interesadas deberán inscribirse. Uno de los próximos objetivos es que las distintas provincias del país incorporen la certificación y así extender a todo el territorio la posibilidad de que los especialistas obtengan un aval formal que dé cuenta de sus competencias.
El Comité Técnico Asesor encargado de diseñar el proceso de certificación está integrado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), fabricantes, importadores, empresas de servicios ligadas a la actividad e instituciones educativas y de capacitación, además del INTI, por medio del Organismo de Certificación y del Centro de Energías Renovables.
La elaboración de las pautas para el surgimiento de esta certificación llevó casi tres años de trabajo. Se trata de un proceso individual, temporal -el certificado tiene cuatro años de validez-, de carácter voluntario, y no incluye capacitación.
Existe un programa de conocimientos obligatorios de 15 módulos y material de consulta sobre trabajo seguro en altura, que los postulantes a la certificación deben conocer. El proceso incluye un examen teórico y uno práctico, que consta de tres partes: criterios de elección de equipos, metodología de trabajo seguro y emplazamiento e instalación.
El 4 de abril pasado se realizó la presentación de la certificación, en el auditorio del INTI, en Buenos Aires. Estuvieron presentes el director nacional de Promoción de Energías Renovables, del Ministerio de Energía y Minería, Maximiliano Morrone; y el director de Tecnología y Producción, de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación -Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda-, Alejandro Bottoli. Allí, ambos destacaron la posibilidad de impulsar la instalación de equipos solares térmicos de industria nacional en las viviendas sociales.
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