Salta, lider en desmontar áreas protegidas
08:00 | 
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Según Greenpeace, Salta es la provincia que más desmontes de áreas protegidas realizó
Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Un informe del grupo ambientalista sostiene que en Salta se deforestaron 24.130 hectáreas, de las cuales 1618 hectáreas eran bosques protegidos en donde no se puede modificar nada.
El grupo ambientalista Greenpeace elaboró un informe en el que sostiene que Salta es la provincia del NOA en donde más desmontes se realizan en zonas protegidas por la Ley de Bosques. De acuerdo al trabajo, en Salta se desmontaron 24.130 hectáreas, de las cuales poco más de 1618 eran bosques protegidos en donde no puede mnodificar nada del suelo.
Si bien la provincia no es en donde más hectáreas de bosques se deforestó en total, sí es en donde más hectáreas protegidas se desmontó. De acuerdo al plan de Ordenamiento Territorial de las Áreas Boscosas de la provincia, existen zonas de alto valor de conservación que no deben transformarse, es decir, que no deben ser deforestadas.
De acuerdo al relevamiento que Greenpeace realiza todos los años, la provincia que más deforestó es Santiago del Estero con 32.691 hectáreas, de las cuales 22.441 hectáreas eran bosques protegidos. En Formosa se deforestaron 28.269 hectáreas, de las cuales 562 hectáreas eran bosques protegidos. En Chaco se desmontaron 27.162 hectáreas, de las cuales 13.749 hectáreas eran bosques protegidos. Esta sumatoria de hectáreas es entre las zonas rojas y zonas amarillas, que se encuentran protegidas.
Desde Greenpeace, sostienen que la destrucción de estos bosques “tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”.
Para el organismo, “resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Reglamentación
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se reglamentó en febrero de 2009 y establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) categorizando los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluye reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, y sitios que protejan cuencas hídricas de importancia.
Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, si es que el estudio del impacto ambiental así lo autoriza
En Salta, la norma parece no respetarse, de acuerdo al informe de Greenpeace.
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Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Un informe del grupo ambientalista sostiene que en Salta se deforestaron 24.130 hectáreas, de las cuales 1618 hectáreas eran bosques protegidos en donde no se puede modificar nada.
El grupo ambientalista Greenpeace elaboró un informe en el que sostiene que Salta es la provincia del NOA en donde más desmontes se realizan en zonas protegidas por la Ley de Bosques. De acuerdo al trabajo, en Salta se desmontaron 24.130 hectáreas, de las cuales poco más de 1618 eran bosques protegidos en donde no puede mnodificar nada del suelo.
Si bien la provincia no es en donde más hectáreas de bosques se deforestó en total, sí es en donde más hectáreas protegidas se desmontó. De acuerdo al plan de Ordenamiento Territorial de las Áreas Boscosas de la provincia, existen zonas de alto valor de conservación que no deben transformarse, es decir, que no deben ser deforestadas.
De acuerdo al relevamiento que Greenpeace realiza todos los años, la provincia que más deforestó es Santiago del Estero con 32.691 hectáreas, de las cuales 22.441 hectáreas eran bosques protegidos. En Formosa se deforestaron 28.269 hectáreas, de las cuales 562 hectáreas eran bosques protegidos. En Chaco se desmontaron 27.162 hectáreas, de las cuales 13.749 hectáreas eran bosques protegidos. Esta sumatoria de hectáreas es entre las zonas rojas y zonas amarillas, que se encuentran protegidas.
Desde Greenpeace, sostienen que la destrucción de estos bosques “tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”.
Para el organismo, “resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Reglamentación
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se reglamentó en febrero de 2009 y establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) categorizando los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluye reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, y sitios que protejan cuencas hídricas de importancia.
Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, si es que el estudio del impacto ambiental así lo autoriza
En Salta, la norma parece no respetarse, de acuerdo al informe de Greenpeace.
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Bergman insiste que la culpa de los incendios es de La Pampa
Incendios: Bergman insiste en responsabilizar al gobernador Verna
Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - La Pampa
El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, insistió en responsabilizar al gobierno pampeano de Carlos Verna por no haber realizado "trabajos preventivos que eran imprescindibles" para controlar el avance del fuego en la provincia, y apuntó también a los productores por no limpiar correctamente sus campos, lo que hubiera ayudado, dijo, a detener los incendios.
El ministro, quien en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por los incendios forestales que afectaron vastas zonas de La Pampa, Río Negro y el sudoeste bonaerense, volvió a rechazar la posibilidad de renunciar a su cargo.
En medio de las duras críticas que le hizo Verna por el manejo de la situación, Bergman cuestionó, a su vez, a la administración de La Pampa: "Mantener las picadas cortafuegos y los trabajos preventivos que eran imprescindibles hacer no fueron realizados", advirtió.
"La provincia de La Pampa ya, desde el mes de octubre, tenía los partes de anticipación del servicio meteorológico vinculado al sistema nacional de manejo de fuego: alta temperatura, sequedad, cantidad de material orgánico combustible que tienen los altos pastos porque durante el año sí llovió en esta zona", remarcó.
En este escenario, advirtió: "¿Qué había que hacer?: trabajar en el tema de los cortafuegos y movilizar los recursos locales; en caso de no poder hacerlo, avisar en tiempo y forma a la coordinación regional y luego a la autoridad nacional para que podamos intervenir".
Bergman, además, extendió parte de la responsabilidad a los productores rurales de la zona afectada por los incendios.
"Hablamos con los productores y ellos mismos asumían que tienen problemas entre vecinos porque un productor limpia su campo y lo tiene a raya y el vecino no lo hace; entonces él reclama y hace un acto de infracción, (pero) no se cumple con esa ley y esa responsabilidad y después cuando pasan estas cosas no hicimos las cosas en tiempo y en forma", se lamentó.
El funcionario nacional destacó: "No se trata solamente de estar persiguiendo y endosando a quien es culpable, sino que todos somos responsables en alguna medida".
Según la explicación de Defensa Civil de La Pampa, las picadas cortafuego son franjas libres de vegetación que impiden la propagación horizontal del fuego y, al mismo tiempo, permiten a los brigadistas llegar al lugar del incendio con mayor rapidez y realizar tareas de contrafuego con mayor seguridad. (NA).
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Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - La Pampa
El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, insistió en responsabilizar al gobierno pampeano de Carlos Verna por no haber realizado "trabajos preventivos que eran imprescindibles" para controlar el avance del fuego en la provincia, y apuntó también a los productores por no limpiar correctamente sus campos, lo que hubiera ayudado, dijo, a detener los incendios.
El ministro, quien en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por los incendios forestales que afectaron vastas zonas de La Pampa, Río Negro y el sudoeste bonaerense, volvió a rechazar la posibilidad de renunciar a su cargo.
En medio de las duras críticas que le hizo Verna por el manejo de la situación, Bergman cuestionó, a su vez, a la administración de La Pampa: "Mantener las picadas cortafuegos y los trabajos preventivos que eran imprescindibles hacer no fueron realizados", advirtió.
"La provincia de La Pampa ya, desde el mes de octubre, tenía los partes de anticipación del servicio meteorológico vinculado al sistema nacional de manejo de fuego: alta temperatura, sequedad, cantidad de material orgánico combustible que tienen los altos pastos porque durante el año sí llovió en esta zona", remarcó.
En este escenario, advirtió: "¿Qué había que hacer?: trabajar en el tema de los cortafuegos y movilizar los recursos locales; en caso de no poder hacerlo, avisar en tiempo y forma a la coordinación regional y luego a la autoridad nacional para que podamos intervenir".
Bergman, además, extendió parte de la responsabilidad a los productores rurales de la zona afectada por los incendios.
"Hablamos con los productores y ellos mismos asumían que tienen problemas entre vecinos porque un productor limpia su campo y lo tiene a raya y el vecino no lo hace; entonces él reclama y hace un acto de infracción, (pero) no se cumple con esa ley y esa responsabilidad y después cuando pasan estas cosas no hicimos las cosas en tiempo y en forma", se lamentó.
El funcionario nacional destacó: "No se trata solamente de estar persiguiendo y endosando a quien es culpable, sino que todos somos responsables en alguna medida".
Según la explicación de Defensa Civil de La Pampa, las picadas cortafuego son franjas libres de vegetación que impiden la propagación horizontal del fuego y, al mismo tiempo, permiten a los brigadistas llegar al lugar del incendio con mayor rapidez y realizar tareas de contrafuego con mayor seguridad. (NA).
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Agroquímicos de para bienes en Argentina
En 2016 aumentó el consumo de agroquímicos
Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), el consumo de agroquímicos y fertilizantes creció un 47,1% en el acumulado a noviembre del año pasado respecto al mismo período del 2015, al mismo tiempo que la producción tuvo un incremento del 10,5%,
Los primeros 11 meses del año pasado se consumieron en el país 3.623.000 de toneladas de dichos productos frente a las 2.463.000 que se adquirieron en el mismo período de 2015 y estimaron que durante todo 2016 se utilizaron 3.935.0000 de toneladas, lo que significaría un incremento del 50%. A su vez, la producción de estos productos aumentó un 10,5% en dicho período "a partir de la demanda sostenida de la actividad agrícola en la campaña 2016/17".
Por otra parte, las exportaciones subieron en cantidades un 15,5% al alcanzar las 319.000 toneladas comercializadas, aunque en valores cayeron 24,3% con respecto a los primeros 11 meses del 2015 al ubicarse en los u$s 421 millones. El principal destino fue Brasil, quién concentró el 41,8% de los envíos en valores, seguido por Paraguay (19,1%); Bolivia (10,3%); Chile (9,1%); y Uruguay (7,8%).
Según los datos de la consultora, se contrataron los herbicidas a base de glifosato, que presentaron una merma del 34,4%. Este producto representó el 28% del valor total exportado en el acumulado de enero-noviembre de 2016, de allí su incidencia en la caída de las exportaciones en valores. También fueron menores los envíos de los abonos nitrogenados, los cuales se contrajeron un 51,1% y los abonos potásicos que lo hicieron en un 86,4%, mientras que los abonos fosfatados se incrementaron un 103%, al igual que los productos químicos orgánicos treparon un 91,4%. Los funguicidas, por su parte, con una importante participación del 26%, presentaron una merma del 8,2%.
Finalmente, las importaciones de agroquímicos y fertilizantes subieron en valores 10,6% con respecto al acumulado de noviembre de 2015 al alcanzar los u$s 1.723 millones, mientras que en cantidades el aumento fue del 78,7%.
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Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), el consumo de agroquímicos y fertilizantes creció un 47,1% en el acumulado a noviembre del año pasado respecto al mismo período del 2015, al mismo tiempo que la producción tuvo un incremento del 10,5%,
Los primeros 11 meses del año pasado se consumieron en el país 3.623.000 de toneladas de dichos productos frente a las 2.463.000 que se adquirieron en el mismo período de 2015 y estimaron que durante todo 2016 se utilizaron 3.935.0000 de toneladas, lo que significaría un incremento del 50%. A su vez, la producción de estos productos aumentó un 10,5% en dicho período "a partir de la demanda sostenida de la actividad agrícola en la campaña 2016/17".
Por otra parte, las exportaciones subieron en cantidades un 15,5% al alcanzar las 319.000 toneladas comercializadas, aunque en valores cayeron 24,3% con respecto a los primeros 11 meses del 2015 al ubicarse en los u$s 421 millones. El principal destino fue Brasil, quién concentró el 41,8% de los envíos en valores, seguido por Paraguay (19,1%); Bolivia (10,3%); Chile (9,1%); y Uruguay (7,8%).
Según los datos de la consultora, se contrataron los herbicidas a base de glifosato, que presentaron una merma del 34,4%. Este producto representó el 28% del valor total exportado en el acumulado de enero-noviembre de 2016, de allí su incidencia en la caída de las exportaciones en valores. También fueron menores los envíos de los abonos nitrogenados, los cuales se contrajeron un 51,1% y los abonos potásicos que lo hicieron en un 86,4%, mientras que los abonos fosfatados se incrementaron un 103%, al igual que los productos químicos orgánicos treparon un 91,4%. Los funguicidas, por su parte, con una importante participación del 26%, presentaron una merma del 8,2%.
Finalmente, las importaciones de agroquímicos y fertilizantes subieron en valores 10,6% con respecto al acumulado de noviembre de 2015 al alcanzar los u$s 1.723 millones, mientras que en cantidades el aumento fue del 78,7%.
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Controversia por el OT de los bosques bonaerenses
Los bosques bonaerenses en disputa
Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: InfoGei
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue sancionada en diciembre en la Legislatura y formalizada por el Ejecutivo este miércoles. Había sido resistida por ambientalistas. Denuncian que desconoce el 80 %de los bosques nativos de la Provincia.
Mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo bonaerense promulgó la Ley 14.888 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), la cual fue sancionada por la Legislatura en diciembre pasado.
Cabe destacar que dicha norma contó con un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas que alertaron que da luz verde al “inmediato desmonte de miles de hectáreas” ya que “desconoce al 80% de los bosques nativos de la provincia, vulnerando el derecho al ambiente sano y amenazando la calidad de vida de la población”.
Delimitaciones
La norma sancionada establece tres categorías de conservación de los bosques nativos:" Categoría I (rojo): Áreas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse"; "Categoría II (amarillo): Áreas de mediano valor de conservación, que pueden estar degradadas pero que, a juicio de la Autoridad de Aplicación, con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación"; y "Categoría III (verde): Áreas de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad".
Además, se establece que el Ordenamiento de los Bosques Nativos deberá ser actualizado periódicamente. A tal fin, la Autoridad de Aplicación podrá, a través de un proceso participativo, disponer la recategorización a la categoría inmediata superior de algunos sectores de la categoría de conservación II y de la categoría de conservación III, e incorporar nuevas áreas de bosques nativos identificadas, debiendo justificarse técnicamente las modificaciones que se realicen.
A favor y en contra
Los ambientalistas denuncian que existen sectores forestales valiosos como no son considerados como tales en la presente legislación y que abre la puerta al desmonte para emprendimientos inmobiliarios de grandes empresas. “Es una vía libre a las empresas privadas para que usen en su propio beneficio los suelos donde se desarrollan los bosques en perjuicio de todos”, deslizaron.
“La provincia de Buenos Aires está en crisis forestal desde hace muchos años. Sólo le queda el 3 por ciento de masa forestal que había cuando llegó la conquista”, había explicado a fines de diciembre Claudio Bertonatti, ex director de la Fundación Vida Silvestre y de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
En dicha oportunidad y siendo consultado por Página/12 Bertonatti hizo hincapié en que la normativa tendría que tender a proteger aún más el poco bosque queda. “Sin embargo le han torcido el brazo a la conservación. Cancha abierta para la producción agrícola y la especulación inmobiliaria, primaron los intereses económicos. Lo único que están conservando es el interés de unos pocos” señaló.
En cambio, para el ministro de Agroindustria de la provincia y ex gerente de la multinacional Monsanto, Leonardo Sarquís, la sanción del Ordenamiento Territorial es una “gran noticia para el sector forestal”, que beneficiará el “desarrollo de la agroindustria provincial”. En efecto, como la provincia no contaba con una norma de este tipo, los productores forestales no podían gozar de los beneficios para la actividad forestal contemplados en la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados. Además, Buenos Aires tampoco recibían los fondos previstos para la conservación de los bosques nativos.
Un poco de historia
En el año 2005 fue publicado un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que informaba que en Argentina quedaban alrededor de 30 millones de hectáreas de bosque nativo. Un número sumamente inferior de las 100 millones que se pensaba que existían. Por este motivo, a fines del 2007 fue sancionada la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Nº 26.331) con el objetivo principal de detener los desmontes crecientes y proteger, de esa forma, los bosques nativos que aún quedaban en pie.
La Ley de Bosques estableció que cada provincia debía sancionar una ley provincial, llamada “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos” (OTBN). Los OTBN debían “ordenar” a los bosques provinciales en tres categorías según el valor de conservación. La provincia de Buenos Aires acaba de sancionar la suya, pero todo parece indicar que no es vista con buenos ojos.
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Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: InfoGei
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue sancionada en diciembre en la Legislatura y formalizada por el Ejecutivo este miércoles. Había sido resistida por ambientalistas. Denuncian que desconoce el 80 %de los bosques nativos de la Provincia.
Mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo bonaerense promulgó la Ley 14.888 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), la cual fue sancionada por la Legislatura en diciembre pasado.
Cabe destacar que dicha norma contó con un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas que alertaron que da luz verde al “inmediato desmonte de miles de hectáreas” ya que “desconoce al 80% de los bosques nativos de la provincia, vulnerando el derecho al ambiente sano y amenazando la calidad de vida de la población”.
Delimitaciones
La norma sancionada establece tres categorías de conservación de los bosques nativos:" Categoría I (rojo): Áreas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse"; "Categoría II (amarillo): Áreas de mediano valor de conservación, que pueden estar degradadas pero que, a juicio de la Autoridad de Aplicación, con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación"; y "Categoría III (verde): Áreas de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad".
Además, se establece que el Ordenamiento de los Bosques Nativos deberá ser actualizado periódicamente. A tal fin, la Autoridad de Aplicación podrá, a través de un proceso participativo, disponer la recategorización a la categoría inmediata superior de algunos sectores de la categoría de conservación II y de la categoría de conservación III, e incorporar nuevas áreas de bosques nativos identificadas, debiendo justificarse técnicamente las modificaciones que se realicen.
A favor y en contra
Los ambientalistas denuncian que existen sectores forestales valiosos como no son considerados como tales en la presente legislación y que abre la puerta al desmonte para emprendimientos inmobiliarios de grandes empresas. “Es una vía libre a las empresas privadas para que usen en su propio beneficio los suelos donde se desarrollan los bosques en perjuicio de todos”, deslizaron.
“La provincia de Buenos Aires está en crisis forestal desde hace muchos años. Sólo le queda el 3 por ciento de masa forestal que había cuando llegó la conquista”, había explicado a fines de diciembre Claudio Bertonatti, ex director de la Fundación Vida Silvestre y de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
En dicha oportunidad y siendo consultado por Página/12 Bertonatti hizo hincapié en que la normativa tendría que tender a proteger aún más el poco bosque queda. “Sin embargo le han torcido el brazo a la conservación. Cancha abierta para la producción agrícola y la especulación inmobiliaria, primaron los intereses económicos. Lo único que están conservando es el interés de unos pocos” señaló.
En cambio, para el ministro de Agroindustria de la provincia y ex gerente de la multinacional Monsanto, Leonardo Sarquís, la sanción del Ordenamiento Territorial es una “gran noticia para el sector forestal”, que beneficiará el “desarrollo de la agroindustria provincial”. En efecto, como la provincia no contaba con una norma de este tipo, los productores forestales no podían gozar de los beneficios para la actividad forestal contemplados en la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados. Además, Buenos Aires tampoco recibían los fondos previstos para la conservación de los bosques nativos.
Un poco de historia
En el año 2005 fue publicado un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que informaba que en Argentina quedaban alrededor de 30 millones de hectáreas de bosque nativo. Un número sumamente inferior de las 100 millones que se pensaba que existían. Por este motivo, a fines del 2007 fue sancionada la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Nº 26.331) con el objetivo principal de detener los desmontes crecientes y proteger, de esa forma, los bosques nativos que aún quedaban en pie.
La Ley de Bosques estableció que cada provincia debía sancionar una ley provincial, llamada “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos” (OTBN). Los OTBN debían “ordenar” a los bosques provinciales en tres categorías según el valor de conservación. La provincia de Buenos Aires acaba de sancionar la suya, pero todo parece indicar que no es vista con buenos ojos.
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Inundaciones en Santa Fe y Córdoba y un Estado ausente
Las inundaciones, otra marca del Estado voraz y ausente
Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba
Hay antecedentes de inundaciones en las mismas zonas de por lo menos un siglo. Nunca se hicieron las obras necesarias para evitarlas.
Dos imágenes resultan impactantes. No son de ayer, tampoco tienen la realidad del color: circulan casi en tono sepia y corresponden a 1962 y a 1966. En ellas se puede ver a la población bonaerense de La Emilia y a su zona totalmente anegadas.
Eran tiempos de mucho ganado a campo, entre pasturas vigorosas. La soja transgénica y la siembra directa podrían llegar a encontrarse sólo en algún libro de ciencia ficción.
¿Qué había pasado? También se registraron precipitaciones extraordinarias, de entre 300 y 400 milímetros, en pocas horas. Es imposible que un suelo tenga capacidad para absorber tanta agua en tan poco tiempo.
En muchas de las regiones de la “Pampa Gringa” que están inundadas en la actualidad se registran antecedentes parecidos, por lo menos desde el paso del ferrocarril (cuyas vías casi nunca se cubren de agua por la eficiencia de la ingeniería inglesa) hace entre 100 y 120 años atrás.
Es cierto que en esas zonas hubo desmonte, pero fue hace un siglo y tan necesario como para transformar en viable y productivo al país.
Más allá de lluvias o de sequías, de cambio climático o de las distintas interpretaciones sobre el manejo del suelo, lo que ocurre en una de las llanuras más fértiles del mundo es otra cosa.
Por décadas al campo se lo utilizó para generar recursos, sin nada a cambio. Si a la industria se la alimentó históricamente con beneficios impositivos y parques con la infraestructura necesaria para operar, entre otros aspectos, al sector agrícola argentino directamente se lo expolió.
De haberse creado en la Argentina un sistema de canales para evitar desbordes en situaciones excepcionales, el impacto sería menor.
Y no hacía falta destinar cuantiosas partidas presupuestarias, los recursos estuvieron y están en el mismo campo. De hecho, lo poco que se hace es a través de los consorcios canaleros, a cuenta de los productores.
Si bien el problema viene de larga data, lo ocurrido entre 2003 y 2015 fue directamente un saqueo al sector. Lo facilitó el hecho de que las materias primas lograron el mejor precio internacional de la historia.
Según la estadística elaborada por el economista Félix Piacentini, entre 2003 y 2014 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportaron sólo en retenciones unos 80 mil millones de dólares. Córdoba aportó casi 24 mil millones de dólares en ese lapso. Buenos Aires aportó 30 mil millones de dólares y Santa Fe, 18 mil millones.
Pero, claro, es sólo en concepto de retenciones. El sector aportó además otros impuestos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, por otros cientos de millones de dólares.
En ese lapso, sólo el dragado del Canal San Antonio, que baja de San Francisco hacia Cruz Alta, hubiera permitido que en este momento no se anegara gran parte de la zona tambera y agrícola del oeste santafesino y del este cordobés. Unas 100 mil hectáreas por cada provincia.
Recién ahora se anuncia que en febrero se licitaría una obra de dragado de ese canal de casi 200 kilómetros, construido en 1930, y que despertó insólitas disputas entre las distintas jurisdicciones. Es sólo un ejemplo, entre tantos.
También el Gobierno nacional actual se durmió o subestimó la situación. Es el mismo Estado que facilitó los canales clandestinos en un “sálvese quien pueda”.
Está claro que para que el campo siga pariendo las divisas que recogerán las distintas cajas, es tiempo de que le presten un poco de atención.
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Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba
Hay antecedentes de inundaciones en las mismas zonas de por lo menos un siglo. Nunca se hicieron las obras necesarias para evitarlas.
Dos imágenes resultan impactantes. No son de ayer, tampoco tienen la realidad del color: circulan casi en tono sepia y corresponden a 1962 y a 1966. En ellas se puede ver a la población bonaerense de La Emilia y a su zona totalmente anegadas.
Eran tiempos de mucho ganado a campo, entre pasturas vigorosas. La soja transgénica y la siembra directa podrían llegar a encontrarse sólo en algún libro de ciencia ficción.
¿Qué había pasado? También se registraron precipitaciones extraordinarias, de entre 300 y 400 milímetros, en pocas horas. Es imposible que un suelo tenga capacidad para absorber tanta agua en tan poco tiempo.
En muchas de las regiones de la “Pampa Gringa” que están inundadas en la actualidad se registran antecedentes parecidos, por lo menos desde el paso del ferrocarril (cuyas vías casi nunca se cubren de agua por la eficiencia de la ingeniería inglesa) hace entre 100 y 120 años atrás.
Es cierto que en esas zonas hubo desmonte, pero fue hace un siglo y tan necesario como para transformar en viable y productivo al país.
Más allá de lluvias o de sequías, de cambio climático o de las distintas interpretaciones sobre el manejo del suelo, lo que ocurre en una de las llanuras más fértiles del mundo es otra cosa.
Por décadas al campo se lo utilizó para generar recursos, sin nada a cambio. Si a la industria se la alimentó históricamente con beneficios impositivos y parques con la infraestructura necesaria para operar, entre otros aspectos, al sector agrícola argentino directamente se lo expolió.
De haberse creado en la Argentina un sistema de canales para evitar desbordes en situaciones excepcionales, el impacto sería menor.
Y no hacía falta destinar cuantiosas partidas presupuestarias, los recursos estuvieron y están en el mismo campo. De hecho, lo poco que se hace es a través de los consorcios canaleros, a cuenta de los productores.
Si bien el problema viene de larga data, lo ocurrido entre 2003 y 2015 fue directamente un saqueo al sector. Lo facilitó el hecho de que las materias primas lograron el mejor precio internacional de la historia.
Según la estadística elaborada por el economista Félix Piacentini, entre 2003 y 2014 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportaron sólo en retenciones unos 80 mil millones de dólares. Córdoba aportó casi 24 mil millones de dólares en ese lapso. Buenos Aires aportó 30 mil millones de dólares y Santa Fe, 18 mil millones.
Pero, claro, es sólo en concepto de retenciones. El sector aportó además otros impuestos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, por otros cientos de millones de dólares.
En ese lapso, sólo el dragado del Canal San Antonio, que baja de San Francisco hacia Cruz Alta, hubiera permitido que en este momento no se anegara gran parte de la zona tambera y agrícola del oeste santafesino y del este cordobés. Unas 100 mil hectáreas por cada provincia.
Recién ahora se anuncia que en febrero se licitaría una obra de dragado de ese canal de casi 200 kilómetros, construido en 1930, y que despertó insólitas disputas entre las distintas jurisdicciones. Es sólo un ejemplo, entre tantos.
También el Gobierno nacional actual se durmió o subestimó la situación. Es el mismo Estado que facilitó los canales clandestinos en un “sálvese quien pueda”.
Está claro que para que el campo siga pariendo las divisas que recogerán las distintas cajas, es tiempo de que le presten un poco de atención.
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El ICAA enganchado con la Economía Verde
El ICAA planifica actividades para promover Economía Verde
Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Corrienes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) planifica las acciones 2017 que tendrán como propósito llevar adelante actividades que promuevan conceptos y acciones que favorezcan el desarrollo sostenible en base a la Economía Verde.
La actividad se enmarca en el compromiso asumido durante el Primer Congreso de Economía Verde de Argentina realizado en la ciudad de Córdoba, en diciembre de 2016, del que participó la periodista Rosana Román, del área de Comunicación del organismo provincial.
El primer Congreso de Formación de Líderes de América Latina: “Economía Verde, Conciencia y Acción” tuvo como objetivo inicial concientizar a la sociedad, a las instituciones y a los gobiernos sobre la importancia del desarrollo sustentable de una forma innovadora.
Dicho congreso fue organizado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, junto con la Fundación Advanced Leadership y en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Participantes
Las jornadas fueron de formación intensiva, impartido por personalidades de gran relevancia y reconocimiento nacional e internacional sobre sostenibilidad, asistiendo cuatro ganadores del Premio Nobel: Shirin Ebadi (primera mujer musulmana en recibir el Nobel de la Paz), Ada Yonath (única mujer viva en recibir un Nobel de Química), Kurt Wurthrich (Premio Nobel de Química) y Mario Molina (pionero en investigación medioambiental).
También contó con las ponencias de grandes figuras internacionales, como Robert Kennedy Jr., destacado activista medioambiental y abogado especializado en medio ambiente; Alexandra Cousteau, nieta de Jacques Cousteau y activista medioambiental, Nohan Mamet, actual embajador de Estados Unidos en Argentina; Ken Salazar, ex ministro de Interior y senador de Estados Unidos; y Juan Verde, experto en Desarrollo Sustentable y presidente de la Fundación Advanced Leadership. Ellos fueron los encargados de formar a líderes argentinos para convertirlos en comunicadores de altísimo impacto social y mediático en sustentabilidad.
Los participantes fueron 300 líderes de diferentes ámbitos profesionales comprometidos con el medio ambiente, que oficiaron como representantes de todas las provincias argentinas para conseguir un evento de alcance a nivel nacional. Ellos, en su totalidad, fueron seleccionados a criterio por un comité organizador en atención a su perfil, presencia e influencia en el país.
Economía Verde, Conciencia y Acción, guió a todos los participantes para desarrollar habilidades valiosas, necesarias para comunicar de manera eficiente y clara la importancia del desarrollo sustentable.
El objetivo final del congreso fue motivar a los participantes a difundir el conocimiento adquirido para establecer una base sólida e influyente, con presencia en los medios de comunicación, donde se busque ampliar la conciencia social, gubernamental e institucional en el área del desarrollo sustentable.
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Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Corrienes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) planifica las acciones 2017 que tendrán como propósito llevar adelante actividades que promuevan conceptos y acciones que favorezcan el desarrollo sostenible en base a la Economía Verde.
La actividad se enmarca en el compromiso asumido durante el Primer Congreso de Economía Verde de Argentina realizado en la ciudad de Córdoba, en diciembre de 2016, del que participó la periodista Rosana Román, del área de Comunicación del organismo provincial.
El primer Congreso de Formación de Líderes de América Latina: “Economía Verde, Conciencia y Acción” tuvo como objetivo inicial concientizar a la sociedad, a las instituciones y a los gobiernos sobre la importancia del desarrollo sustentable de una forma innovadora.
Dicho congreso fue organizado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, junto con la Fundación Advanced Leadership y en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Participantes
Las jornadas fueron de formación intensiva, impartido por personalidades de gran relevancia y reconocimiento nacional e internacional sobre sostenibilidad, asistiendo cuatro ganadores del Premio Nobel: Shirin Ebadi (primera mujer musulmana en recibir el Nobel de la Paz), Ada Yonath (única mujer viva en recibir un Nobel de Química), Kurt Wurthrich (Premio Nobel de Química) y Mario Molina (pionero en investigación medioambiental).
También contó con las ponencias de grandes figuras internacionales, como Robert Kennedy Jr., destacado activista medioambiental y abogado especializado en medio ambiente; Alexandra Cousteau, nieta de Jacques Cousteau y activista medioambiental, Nohan Mamet, actual embajador de Estados Unidos en Argentina; Ken Salazar, ex ministro de Interior y senador de Estados Unidos; y Juan Verde, experto en Desarrollo Sustentable y presidente de la Fundación Advanced Leadership. Ellos fueron los encargados de formar a líderes argentinos para convertirlos en comunicadores de altísimo impacto social y mediático en sustentabilidad.
Los participantes fueron 300 líderes de diferentes ámbitos profesionales comprometidos con el medio ambiente, que oficiaron como representantes de todas las provincias argentinas para conseguir un evento de alcance a nivel nacional. Ellos, en su totalidad, fueron seleccionados a criterio por un comité organizador en atención a su perfil, presencia e influencia en el país.
Economía Verde, Conciencia y Acción, guió a todos los participantes para desarrollar habilidades valiosas, necesarias para comunicar de manera eficiente y clara la importancia del desarrollo sustentable.
El objetivo final del congreso fue motivar a los participantes a difundir el conocimiento adquirido para establecer una base sólida e influyente, con presencia en los medios de comunicación, donde se busque ampliar la conciencia social, gubernamental e institucional en el área del desarrollo sustentable.
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Inindaciones: impulsan un organismo de control hídrico
Impulsan en el Congreso la creación de un organismo de control hídrico permanente
Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Impulso Baires
Provincia/Región: Nacional
Se trata de una iniciativa propuesta por el legislador nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, tras recorrer varias zonas anegadas de la provincia de Santa Fe. Busca la conformación de un ente nacional destinado a monitorear en forma permanente las regiones más afectadas para aplicar políticas públicas en pos de atacar las causas de las inundaciones y no sólo sus consecuencias.
En las últimas horas, más de un millar de personas fueron evacuadas en el sur de Santa Fe y zonas de la provincia de Buenos Aires. Hay varias rutas cortadas y anegamientos de campos y zonas urbanas como resultado de las inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales.
En ese marco, el referente del massismo visitó ayer el centro de evacuados de Arroyo Seco y también recorrió la comuna de General Lagos, donde asumió ante las autoridades el compromiso de trabajar desde el Congreso para que se conforme un nuevo organismo nacional que permita coordinar la prevención de estos hechos, mancomunando intereses y obras entre todas las zonas que atraviesan la crisis hídrica.
Al respecto, el Diputado santafecino consideró que “ya no alcanza con organizar eventuales comités de crisis para asistir a los evacuados cada vez que se producen situaciones como esta”, ante lo cual señaló que “dado lo recurrente de este tipo de anegamientos, es necesario abandonar la idea de “emergencia” y trabajar de manera permanente con políticas de Estado de mediano y largo plazo que permitan prevenir los desastres causados por el agua”.
Además, expresó que “es importante entender que el cambio climático ya ha modificado definitivamente el régimen de lluvias y que eso esta afectando sistemáticamente a la producción de más de un millón de hectáreas de la zona productiva más significativa de la República Argentina y a la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, además de los tremendos inconvenientes que genera en las zonas urbanas”.
“Eso demuestra que ya no sirve decretar una emergencia hídrica o agropecuaria porque ya no se trata de casos eventuales o aislados” afirmó Grandinetti, y agregó que “se esta atravesando una crisis habitual, ante la cual el país necesita nuevas herramientas institucionales e interjurisdiccionales que le permitan salir adelante”.
En ese marco, reiteró que “es fundamental que haya un nuevo organismo abocado al seguimiento de la situación durante los 365 días del año, evaluando los cambios climáticos en tiempo real para abordar sus consecuencias con eficientes políticas de Estado”.
Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti adelantó que elevará la propuesta a la cámara baja en donde solicitará el apoyo del resto de los bloques para poder debatir y concretar la iniciativa en el corto plazo.
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Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Impulso Baires
Provincia/Región: Nacional
Se trata de una iniciativa propuesta por el legislador nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, tras recorrer varias zonas anegadas de la provincia de Santa Fe. Busca la conformación de un ente nacional destinado a monitorear en forma permanente las regiones más afectadas para aplicar políticas públicas en pos de atacar las causas de las inundaciones y no sólo sus consecuencias.
En las últimas horas, más de un millar de personas fueron evacuadas en el sur de Santa Fe y zonas de la provincia de Buenos Aires. Hay varias rutas cortadas y anegamientos de campos y zonas urbanas como resultado de las inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales.
En ese marco, el referente del massismo visitó ayer el centro de evacuados de Arroyo Seco y también recorrió la comuna de General Lagos, donde asumió ante las autoridades el compromiso de trabajar desde el Congreso para que se conforme un nuevo organismo nacional que permita coordinar la prevención de estos hechos, mancomunando intereses y obras entre todas las zonas que atraviesan la crisis hídrica.
Al respecto, el Diputado santafecino consideró que “ya no alcanza con organizar eventuales comités de crisis para asistir a los evacuados cada vez que se producen situaciones como esta”, ante lo cual señaló que “dado lo recurrente de este tipo de anegamientos, es necesario abandonar la idea de “emergencia” y trabajar de manera permanente con políticas de Estado de mediano y largo plazo que permitan prevenir los desastres causados por el agua”.
Además, expresó que “es importante entender que el cambio climático ya ha modificado definitivamente el régimen de lluvias y que eso esta afectando sistemáticamente a la producción de más de un millón de hectáreas de la zona productiva más significativa de la República Argentina y a la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, además de los tremendos inconvenientes que genera en las zonas urbanas”.
“Eso demuestra que ya no sirve decretar una emergencia hídrica o agropecuaria porque ya no se trata de casos eventuales o aislados” afirmó Grandinetti, y agregó que “se esta atravesando una crisis habitual, ante la cual el país necesita nuevas herramientas institucionales e interjurisdiccionales que le permitan salir adelante”.
En ese marco, reiteró que “es fundamental que haya un nuevo organismo abocado al seguimiento de la situación durante los 365 días del año, evaluando los cambios climáticos en tiempo real para abordar sus consecuencias con eficientes políticas de Estado”.
Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti adelantó que elevará la propuesta a la cámara baja en donde solicitará el apoyo del resto de los bloques para poder debatir y concretar la iniciativa en el corto plazo.
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Deforestación en Córdoba viculada con las inundaciones
“La feroz deforestación en Córdoba influyó en Santa Fe”
Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Un biólogo ambientalista opinó que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”
La influencia de malas políticas de deforestación implementadas en la región del Espinal de la provincia de Córdoba es uno de los principales factores que influyen en la zona agrícola de Santa Fe tras las intensas lluvias, según el biólogo ambientalista Raúl Montenegro, que habló con el programa A Diario de Radio Dos.
La polémica se generó a raíz de declaraciones del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que en diálogo con los medios expresó que “hay que analizar las cuentas de Córdoba que nos tiran el agua”. Al respecto, Montengro, consideró que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”.
Las medidas que se vienen tomando sobre el medio ambiente han sido erróneas, según el biólogo, y la nueva ley de bosques que se implementó a partir del año pasado en Córdoba redujo de 4 millones de hectáreas protegidas a 2 millones.
“En vez de resguardar la superficie de los bosque nativos para que colaboren con la absorción de agua, se cedió a las presiones que ejercen los grandes corporaciones rurales que se ven beneficiados sistemáticamente. Hay que proteger las cuencas y no los bolsillos de los grandes grupos económicos de la región”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Un biólogo ambientalista opinó que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”
La influencia de malas políticas de deforestación implementadas en la región del Espinal de la provincia de Córdoba es uno de los principales factores que influyen en la zona agrícola de Santa Fe tras las intensas lluvias, según el biólogo ambientalista Raúl Montenegro, que habló con el programa A Diario de Radio Dos.
La polémica se generó a raíz de declaraciones del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que en diálogo con los medios expresó que “hay que analizar las cuentas de Córdoba que nos tiran el agua”. Al respecto, Montengro, consideró que “la deforestación que se ha realizado en las localidades cordobesas que limitan con Santa Fe ha sido feroz y como consecuencia la absorción del agua en la tierra es prácticamente nula”.
Las medidas que se vienen tomando sobre el medio ambiente han sido erróneas, según el biólogo, y la nueva ley de bosques que se implementó a partir del año pasado en Córdoba redujo de 4 millones de hectáreas protegidas a 2 millones.
“En vez de resguardar la superficie de los bosque nativos para que colaboren con la absorción de agua, se cedió a las presiones que ejercen los grandes corporaciones rurales que se ven beneficiados sistemáticamente. Hay que proteger las cuencas y no los bolsillos de los grandes grupos económicos de la región”, concluyó.
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Neuquén presiona para el saneamiento de ríos
Miles de firmas contra la contaminación de los ríos en Neuquén
Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Un petitorio contra la contaminación del río, avalado por más de 2.000 firmas, fue entregado esta mañana a distintas autoridades de Neuquén.
El grupo de vecinos responsable de la actividad, recaudó los avales en las distintas movilizaciones que se organizaron en la ciudad desde que se dieron a conocer valores oficiales de la contaminación del río Limay.
Entre otros puntos, el petitorio exige un plan de saneamiento de 20 días y la renuncia del titular de la AIC, Elías Sapag. El documento fue enviado a este organismo, al presidente Mauricio Macri, al gobernador Omar Gutiérrez, al intendente Horacio Quiroga y al titular del EPAS Mauro Millán.
“Esperamos tener una pronta respuesta de los ejecutivos responsables de esta problemática, que atenta directamente contra salud y la vida de la población” manifestaron los vecinos frente a la Casa de Gobierno esta mañana.
Aunque la contaminación del río fue denunciada en agosto por los operarios del Epas de la planta de tratamiento cloacal Tronador, en diciembre se desató la polémica cuando se supo que los niveles de escherichia coli superaban el apto y se prohibió bañarse en el balneario Albino Cotro.
Luego de varias marchas, el gobierno provincial organizó reuniones con los municipios de la zona para diseñar un plan de saneamiento en conjunto que tendrá el apoyo financiero de la Nación.
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Fecha de Publicación: 20/01/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Un petitorio contra la contaminación del río, avalado por más de 2.000 firmas, fue entregado esta mañana a distintas autoridades de Neuquén.
El grupo de vecinos responsable de la actividad, recaudó los avales en las distintas movilizaciones que se organizaron en la ciudad desde que se dieron a conocer valores oficiales de la contaminación del río Limay.
Entre otros puntos, el petitorio exige un plan de saneamiento de 20 días y la renuncia del titular de la AIC, Elías Sapag. El documento fue enviado a este organismo, al presidente Mauricio Macri, al gobernador Omar Gutiérrez, al intendente Horacio Quiroga y al titular del EPAS Mauro Millán.
“Esperamos tener una pronta respuesta de los ejecutivos responsables de esta problemática, que atenta directamente contra salud y la vida de la población” manifestaron los vecinos frente a la Casa de Gobierno esta mañana.
Aunque la contaminación del río fue denunciada en agosto por los operarios del Epas de la planta de tratamiento cloacal Tronador, en diciembre se desató la polémica cuando se supo que los niveles de escherichia coli superaban el apto y se prohibió bañarse en el balneario Albino Cotro.
Luego de varias marchas, el gobierno provincial organizó reuniones con los municipios de la zona para diseñar un plan de saneamiento en conjunto que tendrá el apoyo financiero de la Nación.
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La política socio-ambiental ha sido y es subestimada
Inundaciones, sequías, incendios
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
¿Por qué la política socio-ambiental ha sido y es subestimada sistemáticamente por todos los gobiernos? ¿Es que los gobernantes de turno, más allá del color ideológico, no toman en cuenta las nefastas consecuencias que tiene la ausencia de una auténtica política socio-ambiental, incluso en su relación con los costos económicos? ¿Creerán que es una mera cuestión de cosmética, de sólo un par de slogans efectistas tras un discurso de marketing?
Se impone que la Argentina ponga en su verdadero lugar la problemática ecológica. Que ésta no sea pensada como “un aspecto” o “una dimensión más”, sino a partir de una perspectiva integral. Ni siquiera se trata de cambiar de Ministro de Ambiente y de reemplazarlo por uno más idóneo. En realidad, deben debatirse las consecuencias, ya inocultables, del modelo productivo/extractivista consolidado en nuestro país. Cualquier política ambiental que quiera llevarse a cabo sin debatir las múltiples implicancias del modelo de desarrollo hoy vigentes, será un parche, un recorte parcial, incluso un “ambientalismo superficial” (como dice laEnciclica Laudato Si), másque a una propuesta de discusión integral sobre sus consecuencias socio-ambientales, socio-sanitarias, económicas, culturales y políticas.
Las causas de la emergencia socio-ambiental que hoy golpean a la Argentina son de carácter complejo y pluridimensional, pero está lejos de aparecer como una “tragedia inevitable”. Existen dos factores mayores, íntimamente ligados, que explican la magnitud de estos eventos: uno es de carácter global, el Cambio climático, que profundiza y multiplica los fenómenos climáticos extremos; otra es de carácter nacional, vinculada a la expansión de un modelo de (mal) desarrollo, incompatible con los ciclos de la Naturaleza.
El cambio climático no es una excusa y mucho menos una abstracción. En realidad, es lo menos “natural” que existe, pues es de origen antrópico y nos recuerda que en la era delAntropoceno,el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global. Dicho carácter global no diluye ni tampoco atenúa la responsabilidad de los funcionarios y políticos, sino todo lo contrario, la acentúa y la pone en valor, a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas públicas territoriales o de gestar programas de control y prevención ante los impactos que éstas políticas han generado. Dicho de otro modo: los incendios, inundaciones, sequías y demás eventos extremos no son parte de una“profecía apocalíptica”,sino de un fenómeno extendido en el planeta, que las políticas de gobierno potencian a través de medidas en favor del agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica (fracking) y los megaemprendimientos inmobiliarios, entre otros.Más allá de sus diferencias internas, dichos modelos presentan una lógica común; gran escala, ocupación intensiva del territorio, amplificación de impactos ambientales y socio-sanitarios, preeminencia de grandes actores corporativos y democracia de baja intensidad. Ahora bien,¿qué país puede estar preparado para el Cambio Climático, o generarverdaderas estrategias de adaptación, si cuenta con políticas públicas que promueven ciegamente la deforestación, la destrucción de humedales, el incremento de la producción de combustibles fósiles, entre otros?
El corazón del modelo sojerototalmente inundado no es sólo consecuencia de altas precipitaciones, sino de un suelo que ya no absorbe los excesos hídricos, producto de un capitalismo agrario que necesita arrasar con bosques nativos y humedales en su avance por los territorios. Un modelo que es necesario replantear, porquesi bien trae riqueza para un sector de la población argentina, genera enormes impactos negativos que paga el resto de la sociedad y la naturaleza. ¿Acaso no cuentan ni siquiera los costos económicos que generan los daños producidos por las inundaciones y los incendios? ¿O los costos en salud, cuando no de vidas humanas?
Lamentablemente, gran parte de la clase política no puede -ni quiere- relacionar las causas de las inundaciones y de los voraces incendios con el modelo de desarrollo y los desastres ecológicos que éste genera. Es hora de hacerlo, no hay más excusas.
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Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
¿Por qué la política socio-ambiental ha sido y es subestimada sistemáticamente por todos los gobiernos? ¿Es que los gobernantes de turno, más allá del color ideológico, no toman en cuenta las nefastas consecuencias que tiene la ausencia de una auténtica política socio-ambiental, incluso en su relación con los costos económicos? ¿Creerán que es una mera cuestión de cosmética, de sólo un par de slogans efectistas tras un discurso de marketing?
Se impone que la Argentina ponga en su verdadero lugar la problemática ecológica. Que ésta no sea pensada como “un aspecto” o “una dimensión más”, sino a partir de una perspectiva integral. Ni siquiera se trata de cambiar de Ministro de Ambiente y de reemplazarlo por uno más idóneo. En realidad, deben debatirse las consecuencias, ya inocultables, del modelo productivo/extractivista consolidado en nuestro país. Cualquier política ambiental que quiera llevarse a cabo sin debatir las múltiples implicancias del modelo de desarrollo hoy vigentes, será un parche, un recorte parcial, incluso un “ambientalismo superficial” (como dice laEnciclica Laudato Si), másque a una propuesta de discusión integral sobre sus consecuencias socio-ambientales, socio-sanitarias, económicas, culturales y políticas.
Las causas de la emergencia socio-ambiental que hoy golpean a la Argentina son de carácter complejo y pluridimensional, pero está lejos de aparecer como una “tragedia inevitable”. Existen dos factores mayores, íntimamente ligados, que explican la magnitud de estos eventos: uno es de carácter global, el Cambio climático, que profundiza y multiplica los fenómenos climáticos extremos; otra es de carácter nacional, vinculada a la expansión de un modelo de (mal) desarrollo, incompatible con los ciclos de la Naturaleza.
El cambio climático no es una excusa y mucho menos una abstracción. En realidad, es lo menos “natural” que existe, pues es de origen antrópico y nos recuerda que en la era delAntropoceno,el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global. Dicho carácter global no diluye ni tampoco atenúa la responsabilidad de los funcionarios y políticos, sino todo lo contrario, la acentúa y la pone en valor, a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas públicas territoriales o de gestar programas de control y prevención ante los impactos que éstas políticas han generado. Dicho de otro modo: los incendios, inundaciones, sequías y demás eventos extremos no son parte de una“profecía apocalíptica”,sino de un fenómeno extendido en el planeta, que las políticas de gobierno potencian a través de medidas en favor del agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica (fracking) y los megaemprendimientos inmobiliarios, entre otros.Más allá de sus diferencias internas, dichos modelos presentan una lógica común; gran escala, ocupación intensiva del territorio, amplificación de impactos ambientales y socio-sanitarios, preeminencia de grandes actores corporativos y democracia de baja intensidad. Ahora bien,¿qué país puede estar preparado para el Cambio Climático, o generarverdaderas estrategias de adaptación, si cuenta con políticas públicas que promueven ciegamente la deforestación, la destrucción de humedales, el incremento de la producción de combustibles fósiles, entre otros?
El corazón del modelo sojerototalmente inundado no es sólo consecuencia de altas precipitaciones, sino de un suelo que ya no absorbe los excesos hídricos, producto de un capitalismo agrario que necesita arrasar con bosques nativos y humedales en su avance por los territorios. Un modelo que es necesario replantear, porquesi bien trae riqueza para un sector de la población argentina, genera enormes impactos negativos que paga el resto de la sociedad y la naturaleza. ¿Acaso no cuentan ni siquiera los costos económicos que generan los daños producidos por las inundaciones y los incendios? ¿O los costos en salud, cuando no de vidas humanas?
Lamentablemente, gran parte de la clase política no puede -ni quiere- relacionar las causas de las inundaciones y de los voraces incendios con el modelo de desarrollo y los desastres ecológicos que éste genera. Es hora de hacerlo, no hay más excusas.
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Los mapuches son pueblos preexistentes
Investigadores del CONICET: "Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes"
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: ANRed
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Patagonia
Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.
Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.
Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.
Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.
Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.
Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.
Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.
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Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.
Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.
Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.
Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.
Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.
Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.
Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.
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Riachuelo y la obsolescencia de ACUMAR
Cuenca Matanza Riachuelo: Obsolescencia de ACUMAR inducida desde el poder
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Diario NCO
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creada por la ley 26186, en 2008 recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mandato de recomponer la cuenca.
Casi una década más tarde no ha sabido hacerlo y hoy presenta una lamentable situación de confusión e inoperancia, que evidencia obsolescencia inducida desde el poder.
Por Raúl A. Estrada Oyuela, 16/1/2017
Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Miembro Honorario de Asociación de Vecinos La Boca
La Asociación de Vecinos La Boca (AVLB), que juntamente con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil integra el Cuerpo Colegiado creado por la misma corte para vigilar la ejecución de la sentencia, reiteradamente ha manifestado su preocupación por este estado, que la semana última se hizo aun más complejo con la designación de la diputada nacional Gladys González para presidir ACUMAR. A ella no se le conocen antecedentes este tema en particular ni en la materia ambiental en general.
Conforme la ley 26186 el Ministro de Ambiente, Rabino Sergio Bergman presidía la ACUMAR, aunque no está claro que hubiera comprendido lo que ello implicaba. Parecía haber delegado esa función en los dos “presidentes ejecutivos¨ que se sucedieron en el año. El 30 de noviembre último, cuando la Corte convocó una audiencia pública, el “presidente ejecutivo” de turno no se presentó porque estaba de viaje. Casi un desacato al tribunal que, después de unas palabras de carácter general del Ministro, prefirió interrogar a los subordinados que debían conocer la materia. Pero estos no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la eficiencia de las inversiones realizadas por el organismo desde su creación.
Con la presidencia ejecutiva de ACUMAR vacante, el Poder Ejecutivo introdujo un nuevo factor de confusión. En el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2017, dictado para crear los ministerios de Hacienda y de Finanzas, le sacó al Ministro de Ambiente la presidencia de ACUMAR, y estableció que ese cargo lo ejercerá un funcionario con jerarquía de Secretario designado por el PE. Ese DNU no lleva la firma del ministro despojado. Conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU deben hacerse en acuerdo de ministros. Entre 2003 y 2015 hubo muchos DNU pero ninguna reunión de gabinete donde deberían producirse los acuerdos de ministrs. En la fecha del DNU 2/2017 el Presidente se encontraba en la Patagonia y varios ministros de vacaciones. El acuerdo de ministros puede haberse hecho por whats app.
El Ministro Bergman sí firmó el 11 de enero el decreto 28/2017que designa a su reemplazante, la diputada González. Por el DNU 2103/2013 el gobierno anterior también le había sacado la presidencia de ACUMAR al entonces Secretario de Ambiente. Esto fue objetado de inconstitucional por quienes representaban en ACUMAR al gobierno de la CABA, ejercido entonces por el PRO. La ley de ministerios del actual gobierno le devolvió al Ministro de Ambiente el cargo que ahora se le retira. El DNU 2/2017 no indica en que ámbito queda la ACUMAR, razón por la cual impera el artículo 1 de la ley de creación del organismo, y la diputada González estará subordinada al Rabino Bergman, al menos teóricamente.
Lo que no parece resuelto es el requisito del artículo 72 de la Constitución, que dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. No hay constancia que esa autorización se haya otorgado. Algunas versiones periodísticas indican que la diputada González ha renunciado, pero sobre esto no hay certeza, no se han producido la aceptación de la renuncia ni el reemplazo de la legisladora que son los pasos que perfeccionarían esa renuncia. Entre tanto la designación podría ser objetada por nula.
El 18 de febrero de 2016, el juez federal Canicova Corral nombró a la diputada González interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cargo que desempeñó con notable repercusión pública, pero la Constitución no impone a los jueces la limitación que el art.72 establece para el Poder Ejecutivo.
Un pilar del sistema ideado por la Corte para asegurar el cumplimiento de su fallo es el Defensor del Pueblo de la Nación, pero este cargo creado por la Constitución Nacional se encuentra acéfalo desde 2009, cuando terminó el mandato de quien entonces era su titular. El congreso ha recibido exhortaciones del Poder Judicial para que designe al defensor pero puede asumirse que no existe interés político en hacerlo.
Esta situación de obsolescencia prematura perpetúa la contaminación del suelo, del aire y del agua, y consecuentemente afecta la salud y la expectativa de vida de los habitantes y los trabajadores expuestos. En mi opinión esa situación no se resuelve porque desde el poder se prefiere evitar el costo de controlarla, reducirla y suprimirla, para proteger en cambio las ganancias que derivan de aquello que la teoría económica llama externalidades negativas y en el lenguaje popular se dice “que lo pague Dios”.
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Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Diario NCO
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creada por la ley 26186, en 2008 recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mandato de recomponer la cuenca.
Casi una década más tarde no ha sabido hacerlo y hoy presenta una lamentable situación de confusión e inoperancia, que evidencia obsolescencia inducida desde el poder.
Por Raúl A. Estrada Oyuela, 16/1/2017
Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Miembro Honorario de Asociación de Vecinos La Boca
La Asociación de Vecinos La Boca (AVLB), que juntamente con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil integra el Cuerpo Colegiado creado por la misma corte para vigilar la ejecución de la sentencia, reiteradamente ha manifestado su preocupación por este estado, que la semana última se hizo aun más complejo con la designación de la diputada nacional Gladys González para presidir ACUMAR. A ella no se le conocen antecedentes este tema en particular ni en la materia ambiental en general.
Conforme la ley 26186 el Ministro de Ambiente, Rabino Sergio Bergman presidía la ACUMAR, aunque no está claro que hubiera comprendido lo que ello implicaba. Parecía haber delegado esa función en los dos “presidentes ejecutivos¨ que se sucedieron en el año. El 30 de noviembre último, cuando la Corte convocó una audiencia pública, el “presidente ejecutivo” de turno no se presentó porque estaba de viaje. Casi un desacato al tribunal que, después de unas palabras de carácter general del Ministro, prefirió interrogar a los subordinados que debían conocer la materia. Pero estos no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la eficiencia de las inversiones realizadas por el organismo desde su creación.
Con la presidencia ejecutiva de ACUMAR vacante, el Poder Ejecutivo introdujo un nuevo factor de confusión. En el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2017, dictado para crear los ministerios de Hacienda y de Finanzas, le sacó al Ministro de Ambiente la presidencia de ACUMAR, y estableció que ese cargo lo ejercerá un funcionario con jerarquía de Secretario designado por el PE. Ese DNU no lleva la firma del ministro despojado. Conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU deben hacerse en acuerdo de ministros. Entre 2003 y 2015 hubo muchos DNU pero ninguna reunión de gabinete donde deberían producirse los acuerdos de ministrs. En la fecha del DNU 2/2017 el Presidente se encontraba en la Patagonia y varios ministros de vacaciones. El acuerdo de ministros puede haberse hecho por whats app.
El Ministro Bergman sí firmó el 11 de enero el decreto 28/2017que designa a su reemplazante, la diputada González. Por el DNU 2103/2013 el gobierno anterior también le había sacado la presidencia de ACUMAR al entonces Secretario de Ambiente. Esto fue objetado de inconstitucional por quienes representaban en ACUMAR al gobierno de la CABA, ejercido entonces por el PRO. La ley de ministerios del actual gobierno le devolvió al Ministro de Ambiente el cargo que ahora se le retira. El DNU 2/2017 no indica en que ámbito queda la ACUMAR, razón por la cual impera el artículo 1 de la ley de creación del organismo, y la diputada González estará subordinada al Rabino Bergman, al menos teóricamente.
Lo que no parece resuelto es el requisito del artículo 72 de la Constitución, que dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. No hay constancia que esa autorización se haya otorgado. Algunas versiones periodísticas indican que la diputada González ha renunciado, pero sobre esto no hay certeza, no se han producido la aceptación de la renuncia ni el reemplazo de la legisladora que son los pasos que perfeccionarían esa renuncia. Entre tanto la designación podría ser objetada por nula.
El 18 de febrero de 2016, el juez federal Canicova Corral nombró a la diputada González interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cargo que desempeñó con notable repercusión pública, pero la Constitución no impone a los jueces la limitación que el art.72 establece para el Poder Ejecutivo.
Un pilar del sistema ideado por la Corte para asegurar el cumplimiento de su fallo es el Defensor del Pueblo de la Nación, pero este cargo creado por la Constitución Nacional se encuentra acéfalo desde 2009, cuando terminó el mandato de quien entonces era su titular. El congreso ha recibido exhortaciones del Poder Judicial para que designe al defensor pero puede asumirse que no existe interés político en hacerlo.
Esta situación de obsolescencia prematura perpetúa la contaminación del suelo, del aire y del agua, y consecuentemente afecta la salud y la expectativa de vida de los habitantes y los trabajadores expuestos. En mi opinión esa situación no se resuelve porque desde el poder se prefiere evitar el costo de controlarla, reducirla y suprimirla, para proteger en cambio las ganancias que derivan de aquello que la teoría económica llama externalidades negativas y en el lenguaje popular se dice “que lo pague Dios”.
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Termina inspección nacional (otra más) a la Barrick
La comisión del Ministerio de Ambiente finalizó la inspección en la Barrick
Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Luego del relevamiento en Lama, en el que se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, los técnicos comenzaron el descenso a San Juan para regresar a Buenos Aires y enviar mañana las muestras a laboratorio.
La comisión enviada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, finalizó ayer por la noche la inspección en Lama, donde realizó un relevamiento general y elaboró el acta correspondiente. Allí se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, entre ellos en distintos puntos de los ríos Las Taguas y Turbio, de las piletas de Tratamiento y de agua proveniente del túnel trasnacional, que el martes ingresarán a laboratorio.
La comisión, integrada también por personal del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, comenzó el descenso del predio de la Barrick a San Juan, donde finalizó la verificación de los hechos comunicados por la empresa minera tras el incidente reportado el último viernes. La comitiva ascendió el sábado para completar este domingo el tramo final hasta Lama, a 5.000 metros de altura. Tras completar la inspección, regresará a Buenos Aires esta noche, e ingresará mañana por la mañana las muestras tomadas al laboratorio.
La comitiva estuvo encabezada por el bioquímico y especialista en residuos peligrosos Carlos Martínez, y el especialista en Gestión Ambiental y Seguridad e Higiene Laboral, Mariano Miner, ambos de la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental; y la licenciada ambiental Andrea Celso de la Dirección de Residuos Peligrosos, todos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman. También participó de la comitiva personal de la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
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Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Luego del relevamiento en Lama, en el que se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, los técnicos comenzaron el descenso a San Juan para regresar a Buenos Aires y enviar mañana las muestras a laboratorio.
La comisión enviada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, finalizó ayer por la noche la inspección en Lama, donde realizó un relevamiento general y elaboró el acta correspondiente. Allí se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, entre ellos en distintos puntos de los ríos Las Taguas y Turbio, de las piletas de Tratamiento y de agua proveniente del túnel trasnacional, que el martes ingresarán a laboratorio.
La comisión, integrada también por personal del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, comenzó el descenso del predio de la Barrick a San Juan, donde finalizó la verificación de los hechos comunicados por la empresa minera tras el incidente reportado el último viernes. La comitiva ascendió el sábado para completar este domingo el tramo final hasta Lama, a 5.000 metros de altura. Tras completar la inspección, regresará a Buenos Aires esta noche, e ingresará mañana por la mañana las muestras tomadas al laboratorio.
La comitiva estuvo encabezada por el bioquímico y especialista en residuos peligrosos Carlos Martínez, y el especialista en Gestión Ambiental y Seguridad e Higiene Laboral, Mariano Miner, ambos de la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental; y la licenciada ambiental Andrea Celso de la Dirección de Residuos Peligrosos, todos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman. También participó de la comitiva personal de la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
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Podría frenarse Dioxitek en la ciudad de Formosa
Dictamen de un fiscal federal podría paralizar la construcción de Dioxitek en la ciudad de Formosa
Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El funcionario judicial acaba de plantear que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. “Se trata de un punto de inflexión, donde lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida y el medio ambiente de los formoseños”, consideró el senador Naidenoff, impulsor de las acciones en representación de los originarios.
En julio del 2014, integrantes de la comunidad toba del barrio Namqom, representados por el senador Luis Naidenoff y con el patrocinio de la Dra. Roxana Silva, promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional, la provincia de Formosa y Dioxitek SA por la instalación de una planta de tratamiento de uranio a cuatro kilómetros de donde se asienta ese conglomerado, también conocido como Lote 68.
En la presentación que dio origen a estas actuaciones, se sostuvo que la instalación debía ser suspendida por constituir un grave perjuicio y una irreversible afectación al derecho de la comunidad aborigen al no haber actuado, la Provincia, conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto del derecho de consulta previa informada, que establece que deberá realizarse con anterioridad a la adopción de la medida a ser consultada.
La acción judicial tiene en miras por medio del reconocimiento judicial de la consulta previa informada y veraz - que debía necesariamente ser realizada en forma previa al inicio de la construcción de Dioxitek- conocer el verdadero impacto ambiental de la instalación la planta a los territorios de la comunidad.
A mediados del año pasado, el Gobierno nacional ratificó la construcción de la planta procesadora de dióxido de uranio Dioxitek en Formosa y anticipó que empezará a operar hacia fines del año 2019.
Según un informe oficial presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, la obra se encuentra en un estado de avance del 18%.
Verdadero impacto
Respecto de la postura del fiscal, en las últimas horas Naidenoff explicó que “ante la falta de diálogo, la falta de información veraz y la mala fe de las autoridades gubernamentales sobre el verdadero impacto al medio ambiente los integrantes de la comunidad de Lote 68 acudimos a la Justicia federal para que garantice el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano. Esta causa se inició en el Juzgado federal 2 de Formosa, el cual se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.
La decisión fue recurrida y revocada por la Cámara Federal de Resistencia, que dispuso que la acción debía tramitarse ante la instancia originaria de la Corte Suprema”, se explayó el legislador de Cambiemos.
“Luego de un largo recorrido judicial, esta causa llegó a la CSJN y la Procuración en su dictamen, que no es vinculante, sentó su posición de que es la Corte la que debe entender en este tema”, explicó ahora el parlamentario
“Nosotros asumimos el compromiso de defender la vida y el ambiente en todas las instancias. Siempre fuimos contundentes. Ningún gobernante por un simple capricho puede poner en riesgo la vida y el ambiente de los formoseños, sin que los mismos sean consultados; por eso siempre bregamos por una consulta popular para que sean los propios ciudadanos los que decidan si Dioxitek se tiene que instalar o no en Formosa”, amplió.
Es su dictamen, el fiscal Víctor Abramovich de la Procuración General de Nación se expidió favorablemente por considerar que las actuaciones corresponden a la competencia originaria de la Corte Suprema en tanto se encuentran demandados el Estado nacional y una provincia, y la causa reviste un manifiesto contenido federal.
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Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El funcionario judicial acaba de plantear que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. “Se trata de un punto de inflexión, donde lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida y el medio ambiente de los formoseños”, consideró el senador Naidenoff, impulsor de las acciones en representación de los originarios.
En julio del 2014, integrantes de la comunidad toba del barrio Namqom, representados por el senador Luis Naidenoff y con el patrocinio de la Dra. Roxana Silva, promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional, la provincia de Formosa y Dioxitek SA por la instalación de una planta de tratamiento de uranio a cuatro kilómetros de donde se asienta ese conglomerado, también conocido como Lote 68.
En la presentación que dio origen a estas actuaciones, se sostuvo que la instalación debía ser suspendida por constituir un grave perjuicio y una irreversible afectación al derecho de la comunidad aborigen al no haber actuado, la Provincia, conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto del derecho de consulta previa informada, que establece que deberá realizarse con anterioridad a la adopción de la medida a ser consultada.
La acción judicial tiene en miras por medio del reconocimiento judicial de la consulta previa informada y veraz - que debía necesariamente ser realizada en forma previa al inicio de la construcción de Dioxitek- conocer el verdadero impacto ambiental de la instalación la planta a los territorios de la comunidad.
A mediados del año pasado, el Gobierno nacional ratificó la construcción de la planta procesadora de dióxido de uranio Dioxitek en Formosa y anticipó que empezará a operar hacia fines del año 2019.
Según un informe oficial presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, la obra se encuentra en un estado de avance del 18%.
Verdadero impacto
Respecto de la postura del fiscal, en las últimas horas Naidenoff explicó que “ante la falta de diálogo, la falta de información veraz y la mala fe de las autoridades gubernamentales sobre el verdadero impacto al medio ambiente los integrantes de la comunidad de Lote 68 acudimos a la Justicia federal para que garantice el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano. Esta causa se inició en el Juzgado federal 2 de Formosa, el cual se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.
La decisión fue recurrida y revocada por la Cámara Federal de Resistencia, que dispuso que la acción debía tramitarse ante la instancia originaria de la Corte Suprema”, se explayó el legislador de Cambiemos.
“Luego de un largo recorrido judicial, esta causa llegó a la CSJN y la Procuración en su dictamen, que no es vinculante, sentó su posición de que es la Corte la que debe entender en este tema”, explicó ahora el parlamentario
“Nosotros asumimos el compromiso de defender la vida y el ambiente en todas las instancias. Siempre fuimos contundentes. Ningún gobernante por un simple capricho puede poner en riesgo la vida y el ambiente de los formoseños, sin que los mismos sean consultados; por eso siempre bregamos por una consulta popular para que sean los propios ciudadanos los que decidan si Dioxitek se tiene que instalar o no en Formosa”, amplió.
Es su dictamen, el fiscal Víctor Abramovich de la Procuración General de Nación se expidió favorablemente por considerar que las actuaciones corresponden a la competencia originaria de la Corte Suprema en tanto se encuentran demandados el Estado nacional y una provincia, y la causa reviste un manifiesto contenido federal.
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Clausuran fábrica de cartón y papel por contaminar
Clausuran fábrica de por arrojar sustancias tóxicas para el medio ambiente
Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: online-911.com
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía de la Ciudad ordenó clausurar el 13 de enero la fábrica de cartón y papel de la firma CARTOINDUSTRIA SA, por arrojar sustancias insalubres al espacio público y violar la clausura impuesta por la autoridad. El lugar se encuentra en Avda. Directorio 5970, en el barrio de Mataderos.
La causa que lleva adelante la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), se inició por una denuncia de la Dirección de Control Ambiental de ACUMAR, luego de haberse detectado que el establecimiento funcionaba arrojando sustancias nocivas para la seguridad pública y el medio ambiente.
El titular de la UFEMA, Matías Michienzi, detectó que la firma había violado una clausura por derrames en el año 2012 y una clausura total del establecimiento en el 2013. A su vez, se obstruían en forma sistemática los controles ambientales.
Tras la constatación de los hechos, el fiscal Michienzi solicitó la inspección integral del predio y pudo comprobar que efectivamente el establecimiento seguía funcionando, incumpliendo la clausura de la autoridad ambiental y generando sustancias líquidas que ilegalmente se volcaban a los conductos cloacales, como consecuencia del proceso productivo de la fabricación de papel y cartón.
Ante las flagrantes contravenciones, sancionadas por los artículos 54 y 73 del Código Contravencional, el fiscal Matías Michienzi procedió a solicitar la clausura judicial con el objeto de hacer cesar la contravención, cumpliendo con el manual operativo ordenado por el Fiscal General Dr. Luis Cevasco en la Resolución FG 123/16. A continuación, se desalojó el predio y se soldaron todos los accesos.
Asimismo, el fiscal Michienzi ordenó que personal de laboratorio obtuviera muestras y las analizara para establecer la composición de las sustancias volcadas ilegalmente al espacio público y determinar su grado de nocividad ante la posible infracción a la Ley 24051.
A su vez, se individualizó al encargado y responsable del predio, quien quedó imputado de mano propia por ambos ilícitos. También se imputó a la persona jurídica que explota la actividad comercial, que actúa al amparo y/o en beneficio de ambos ilícitos conforme al artículo 13 del Código Contravencional. Finalmente, el fiscal anotició al Juez interviniente, Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº10.
El operativo fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, a cargo del Comisionado Roberto Ahmed; agentes de ACUMAR; inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA] y la Dirección General de Red Pluvial (DGSPLU) del GCBA; y por personal de AYSA.
Por su parte, los inspectores de la DGFYC dieron cuenta de las graves falencias encontradas al comprobar que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene. Es así que impusieron la clausura administrativa en forma inmediata y preventiva. Los inspectores de la DGCONTA intimaron a adecuar la actividad del predio conforme a la normativa ambiental local.
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Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: online-911.com
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía de la Ciudad ordenó clausurar el 13 de enero la fábrica de cartón y papel de la firma CARTOINDUSTRIA SA, por arrojar sustancias insalubres al espacio público y violar la clausura impuesta por la autoridad. El lugar se encuentra en Avda. Directorio 5970, en el barrio de Mataderos.
La causa que lleva adelante la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), se inició por una denuncia de la Dirección de Control Ambiental de ACUMAR, luego de haberse detectado que el establecimiento funcionaba arrojando sustancias nocivas para la seguridad pública y el medio ambiente.
El titular de la UFEMA, Matías Michienzi, detectó que la firma había violado una clausura por derrames en el año 2012 y una clausura total del establecimiento en el 2013. A su vez, se obstruían en forma sistemática los controles ambientales.
Tras la constatación de los hechos, el fiscal Michienzi solicitó la inspección integral del predio y pudo comprobar que efectivamente el establecimiento seguía funcionando, incumpliendo la clausura de la autoridad ambiental y generando sustancias líquidas que ilegalmente se volcaban a los conductos cloacales, como consecuencia del proceso productivo de la fabricación de papel y cartón.
Ante las flagrantes contravenciones, sancionadas por los artículos 54 y 73 del Código Contravencional, el fiscal Matías Michienzi procedió a solicitar la clausura judicial con el objeto de hacer cesar la contravención, cumpliendo con el manual operativo ordenado por el Fiscal General Dr. Luis Cevasco en la Resolución FG 123/16. A continuación, se desalojó el predio y se soldaron todos los accesos.
Asimismo, el fiscal Michienzi ordenó que personal de laboratorio obtuviera muestras y las analizara para establecer la composición de las sustancias volcadas ilegalmente al espacio público y determinar su grado de nocividad ante la posible infracción a la Ley 24051.
A su vez, se individualizó al encargado y responsable del predio, quien quedó imputado de mano propia por ambos ilícitos. También se imputó a la persona jurídica que explota la actividad comercial, que actúa al amparo y/o en beneficio de ambos ilícitos conforme al artículo 13 del Código Contravencional. Finalmente, el fiscal anotició al Juez interviniente, Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº10.
El operativo fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, a cargo del Comisionado Roberto Ahmed; agentes de ACUMAR; inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA] y la Dirección General de Red Pluvial (DGSPLU) del GCBA; y por personal de AYSA.
Por su parte, los inspectores de la DGFYC dieron cuenta de las graves falencias encontradas al comprobar que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene. Es así que impusieron la clausura administrativa en forma inmediata y preventiva. Los inspectores de la DGCONTA intimaron a adecuar la actividad del predio conforme a la normativa ambiental local.
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