Termina inspección nacional (otra más) a la Barrick
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La comisión del Ministerio de Ambiente finalizó la inspección en la Barrick
Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Luego del relevamiento en Lama, en el que se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, los técnicos comenzaron el descenso a San Juan para regresar a Buenos Aires y enviar mañana las muestras a laboratorio.
La comisión enviada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, finalizó ayer por la noche la inspección en Lama, donde realizó un relevamiento general y elaboró el acta correspondiente. Allí se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, entre ellos en distintos puntos de los ríos Las Taguas y Turbio, de las piletas de Tratamiento y de agua proveniente del túnel trasnacional, que el martes ingresarán a laboratorio.
La comisión, integrada también por personal del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, comenzó el descenso del predio de la Barrick a San Juan, donde finalizó la verificación de los hechos comunicados por la empresa minera tras el incidente reportado el último viernes. La comitiva ascendió el sábado para completar este domingo el tramo final hasta Lama, a 5.000 metros de altura. Tras completar la inspección, regresará a Buenos Aires esta noche, e ingresará mañana por la mañana las muestras tomadas al laboratorio.
La comitiva estuvo encabezada por el bioquímico y especialista en residuos peligrosos Carlos Martínez, y el especialista en Gestión Ambiental y Seguridad e Higiene Laboral, Mariano Miner, ambos de la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental; y la licenciada ambiental Andrea Celso de la Dirección de Residuos Peligrosos, todos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman. También participó de la comitiva personal de la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
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Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Luego del relevamiento en Lama, en el que se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, los técnicos comenzaron el descenso a San Juan para regresar a Buenos Aires y enviar mañana las muestras a laboratorio.
La comisión enviada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, finalizó ayer por la noche la inspección en Lama, donde realizó un relevamiento general y elaboró el acta correspondiente. Allí se tomaron 16 muestras de agua en 8 lugares diferentes, entre ellos en distintos puntos de los ríos Las Taguas y Turbio, de las piletas de Tratamiento y de agua proveniente del túnel trasnacional, que el martes ingresarán a laboratorio.
La comisión, integrada también por personal del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, comenzó el descenso del predio de la Barrick a San Juan, donde finalizó la verificación de los hechos comunicados por la empresa minera tras el incidente reportado el último viernes. La comitiva ascendió el sábado para completar este domingo el tramo final hasta Lama, a 5.000 metros de altura. Tras completar la inspección, regresará a Buenos Aires esta noche, e ingresará mañana por la mañana las muestras tomadas al laboratorio.
La comitiva estuvo encabezada por el bioquímico y especialista en residuos peligrosos Carlos Martínez, y el especialista en Gestión Ambiental y Seguridad e Higiene Laboral, Mariano Miner, ambos de la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental; y la licenciada ambiental Andrea Celso de la Dirección de Residuos Peligrosos, todos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman. También participó de la comitiva personal de la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
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Podría frenarse Dioxitek en la ciudad de Formosa
Dictamen de un fiscal federal podría paralizar la construcción de Dioxitek en la ciudad de Formosa
Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El funcionario judicial acaba de plantear que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. “Se trata de un punto de inflexión, donde lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida y el medio ambiente de los formoseños”, consideró el senador Naidenoff, impulsor de las acciones en representación de los originarios.
En julio del 2014, integrantes de la comunidad toba del barrio Namqom, representados por el senador Luis Naidenoff y con el patrocinio de la Dra. Roxana Silva, promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional, la provincia de Formosa y Dioxitek SA por la instalación de una planta de tratamiento de uranio a cuatro kilómetros de donde se asienta ese conglomerado, también conocido como Lote 68.
En la presentación que dio origen a estas actuaciones, se sostuvo que la instalación debía ser suspendida por constituir un grave perjuicio y una irreversible afectación al derecho de la comunidad aborigen al no haber actuado, la Provincia, conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto del derecho de consulta previa informada, que establece que deberá realizarse con anterioridad a la adopción de la medida a ser consultada.
La acción judicial tiene en miras por medio del reconocimiento judicial de la consulta previa informada y veraz - que debía necesariamente ser realizada en forma previa al inicio de la construcción de Dioxitek- conocer el verdadero impacto ambiental de la instalación la planta a los territorios de la comunidad.
A mediados del año pasado, el Gobierno nacional ratificó la construcción de la planta procesadora de dióxido de uranio Dioxitek en Formosa y anticipó que empezará a operar hacia fines del año 2019.
Según un informe oficial presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, la obra se encuentra en un estado de avance del 18%.
Verdadero impacto
Respecto de la postura del fiscal, en las últimas horas Naidenoff explicó que “ante la falta de diálogo, la falta de información veraz y la mala fe de las autoridades gubernamentales sobre el verdadero impacto al medio ambiente los integrantes de la comunidad de Lote 68 acudimos a la Justicia federal para que garantice el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano. Esta causa se inició en el Juzgado federal 2 de Formosa, el cual se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.
La decisión fue recurrida y revocada por la Cámara Federal de Resistencia, que dispuso que la acción debía tramitarse ante la instancia originaria de la Corte Suprema”, se explayó el legislador de Cambiemos.
“Luego de un largo recorrido judicial, esta causa llegó a la CSJN y la Procuración en su dictamen, que no es vinculante, sentó su posición de que es la Corte la que debe entender en este tema”, explicó ahora el parlamentario
“Nosotros asumimos el compromiso de defender la vida y el ambiente en todas las instancias. Siempre fuimos contundentes. Ningún gobernante por un simple capricho puede poner en riesgo la vida y el ambiente de los formoseños, sin que los mismos sean consultados; por eso siempre bregamos por una consulta popular para que sean los propios ciudadanos los que decidan si Dioxitek se tiene que instalar o no en Formosa”, amplió.
Es su dictamen, el fiscal Víctor Abramovich de la Procuración General de Nación se expidió favorablemente por considerar que las actuaciones corresponden a la competencia originaria de la Corte Suprema en tanto se encuentran demandados el Estado nacional y una provincia, y la causa reviste un manifiesto contenido federal.
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Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El funcionario judicial acaba de plantear que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. “Se trata de un punto de inflexión, donde lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida y el medio ambiente de los formoseños”, consideró el senador Naidenoff, impulsor de las acciones en representación de los originarios.
En julio del 2014, integrantes de la comunidad toba del barrio Namqom, representados por el senador Luis Naidenoff y con el patrocinio de la Dra. Roxana Silva, promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional, la provincia de Formosa y Dioxitek SA por la instalación de una planta de tratamiento de uranio a cuatro kilómetros de donde se asienta ese conglomerado, también conocido como Lote 68.
En la presentación que dio origen a estas actuaciones, se sostuvo que la instalación debía ser suspendida por constituir un grave perjuicio y una irreversible afectación al derecho de la comunidad aborigen al no haber actuado, la Provincia, conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto del derecho de consulta previa informada, que establece que deberá realizarse con anterioridad a la adopción de la medida a ser consultada.
La acción judicial tiene en miras por medio del reconocimiento judicial de la consulta previa informada y veraz - que debía necesariamente ser realizada en forma previa al inicio de la construcción de Dioxitek- conocer el verdadero impacto ambiental de la instalación la planta a los territorios de la comunidad.
A mediados del año pasado, el Gobierno nacional ratificó la construcción de la planta procesadora de dióxido de uranio Dioxitek en Formosa y anticipó que empezará a operar hacia fines del año 2019.
Según un informe oficial presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, la obra se encuentra en un estado de avance del 18%.
Verdadero impacto
Respecto de la postura del fiscal, en las últimas horas Naidenoff explicó que “ante la falta de diálogo, la falta de información veraz y la mala fe de las autoridades gubernamentales sobre el verdadero impacto al medio ambiente los integrantes de la comunidad de Lote 68 acudimos a la Justicia federal para que garantice el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano. Esta causa se inició en el Juzgado federal 2 de Formosa, el cual se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.
La decisión fue recurrida y revocada por la Cámara Federal de Resistencia, que dispuso que la acción debía tramitarse ante la instancia originaria de la Corte Suprema”, se explayó el legislador de Cambiemos.
“Luego de un largo recorrido judicial, esta causa llegó a la CSJN y la Procuración en su dictamen, que no es vinculante, sentó su posición de que es la Corte la que debe entender en este tema”, explicó ahora el parlamentario
“Nosotros asumimos el compromiso de defender la vida y el ambiente en todas las instancias. Siempre fuimos contundentes. Ningún gobernante por un simple capricho puede poner en riesgo la vida y el ambiente de los formoseños, sin que los mismos sean consultados; por eso siempre bregamos por una consulta popular para que sean los propios ciudadanos los que decidan si Dioxitek se tiene que instalar o no en Formosa”, amplió.
Es su dictamen, el fiscal Víctor Abramovich de la Procuración General de Nación se expidió favorablemente por considerar que las actuaciones corresponden a la competencia originaria de la Corte Suprema en tanto se encuentran demandados el Estado nacional y una provincia, y la causa reviste un manifiesto contenido federal.
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Clausuran fábrica de cartón y papel por contaminar
Clausuran fábrica de por arrojar sustancias tóxicas para el medio ambiente
Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: online-911.com
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía de la Ciudad ordenó clausurar el 13 de enero la fábrica de cartón y papel de la firma CARTOINDUSTRIA SA, por arrojar sustancias insalubres al espacio público y violar la clausura impuesta por la autoridad. El lugar se encuentra en Avda. Directorio 5970, en el barrio de Mataderos.
La causa que lleva adelante la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), se inició por una denuncia de la Dirección de Control Ambiental de ACUMAR, luego de haberse detectado que el establecimiento funcionaba arrojando sustancias nocivas para la seguridad pública y el medio ambiente.
El titular de la UFEMA, Matías Michienzi, detectó que la firma había violado una clausura por derrames en el año 2012 y una clausura total del establecimiento en el 2013. A su vez, se obstruían en forma sistemática los controles ambientales.
Tras la constatación de los hechos, el fiscal Michienzi solicitó la inspección integral del predio y pudo comprobar que efectivamente el establecimiento seguía funcionando, incumpliendo la clausura de la autoridad ambiental y generando sustancias líquidas que ilegalmente se volcaban a los conductos cloacales, como consecuencia del proceso productivo de la fabricación de papel y cartón.
Ante las flagrantes contravenciones, sancionadas por los artículos 54 y 73 del Código Contravencional, el fiscal Matías Michienzi procedió a solicitar la clausura judicial con el objeto de hacer cesar la contravención, cumpliendo con el manual operativo ordenado por el Fiscal General Dr. Luis Cevasco en la Resolución FG 123/16. A continuación, se desalojó el predio y se soldaron todos los accesos.
Asimismo, el fiscal Michienzi ordenó que personal de laboratorio obtuviera muestras y las analizara para establecer la composición de las sustancias volcadas ilegalmente al espacio público y determinar su grado de nocividad ante la posible infracción a la Ley 24051.
A su vez, se individualizó al encargado y responsable del predio, quien quedó imputado de mano propia por ambos ilícitos. También se imputó a la persona jurídica que explota la actividad comercial, que actúa al amparo y/o en beneficio de ambos ilícitos conforme al artículo 13 del Código Contravencional. Finalmente, el fiscal anotició al Juez interviniente, Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº10.
El operativo fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, a cargo del Comisionado Roberto Ahmed; agentes de ACUMAR; inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA] y la Dirección General de Red Pluvial (DGSPLU) del GCBA; y por personal de AYSA.
Por su parte, los inspectores de la DGFYC dieron cuenta de las graves falencias encontradas al comprobar que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene. Es así que impusieron la clausura administrativa en forma inmediata y preventiva. Los inspectores de la DGCONTA intimaron a adecuar la actividad del predio conforme a la normativa ambiental local.
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Fecha de Publicación: 18/01/2017
Fuente: online-911.com
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía de la Ciudad ordenó clausurar el 13 de enero la fábrica de cartón y papel de la firma CARTOINDUSTRIA SA, por arrojar sustancias insalubres al espacio público y violar la clausura impuesta por la autoridad. El lugar se encuentra en Avda. Directorio 5970, en el barrio de Mataderos.
La causa que lleva adelante la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), se inició por una denuncia de la Dirección de Control Ambiental de ACUMAR, luego de haberse detectado que el establecimiento funcionaba arrojando sustancias nocivas para la seguridad pública y el medio ambiente.
El titular de la UFEMA, Matías Michienzi, detectó que la firma había violado una clausura por derrames en el año 2012 y una clausura total del establecimiento en el 2013. A su vez, se obstruían en forma sistemática los controles ambientales.
Tras la constatación de los hechos, el fiscal Michienzi solicitó la inspección integral del predio y pudo comprobar que efectivamente el establecimiento seguía funcionando, incumpliendo la clausura de la autoridad ambiental y generando sustancias líquidas que ilegalmente se volcaban a los conductos cloacales, como consecuencia del proceso productivo de la fabricación de papel y cartón.
Ante las flagrantes contravenciones, sancionadas por los artículos 54 y 73 del Código Contravencional, el fiscal Matías Michienzi procedió a solicitar la clausura judicial con el objeto de hacer cesar la contravención, cumpliendo con el manual operativo ordenado por el Fiscal General Dr. Luis Cevasco en la Resolución FG 123/16. A continuación, se desalojó el predio y se soldaron todos los accesos.
Asimismo, el fiscal Michienzi ordenó que personal de laboratorio obtuviera muestras y las analizara para establecer la composición de las sustancias volcadas ilegalmente al espacio público y determinar su grado de nocividad ante la posible infracción a la Ley 24051.
A su vez, se individualizó al encargado y responsable del predio, quien quedó imputado de mano propia por ambos ilícitos. También se imputó a la persona jurídica que explota la actividad comercial, que actúa al amparo y/o en beneficio de ambos ilícitos conforme al artículo 13 del Código Contravencional. Finalmente, el fiscal anotició al Juez interviniente, Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº10.
El operativo fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, a cargo del Comisionado Roberto Ahmed; agentes de ACUMAR; inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA] y la Dirección General de Red Pluvial (DGSPLU) del GCBA; y por personal de AYSA.
Por su parte, los inspectores de la DGFYC dieron cuenta de las graves falencias encontradas al comprobar que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene. Es así que impusieron la clausura administrativa en forma inmediata y preventiva. Los inspectores de la DGCONTA intimaron a adecuar la actividad del predio conforme a la normativa ambiental local.
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González también promete hacer algo por el Riachuelo
Flamante titular de ACUMAR prometió firmeza 'para evitar que se siga contaminando'
Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La flamante presidenta de la ACUMAR, Gladys González, recorrió las 240 viviendas que construye el gobierno en Esteban Echeverría para habitantes en riesgo de la cuenca. "Me han confiado este desafío complejísimo pero fascinante, que merece el compromiso de todos", aseguró rodeada de autoridades locales y provinciales.
"La Cuenca nos exige trabajo sin respiro para mejorarle la calidad de vida a la gente", reflexionó y lanzó: "Firmeza y el peso de toda la autoridad que tiene ACUMAR para evitar que se siga contaminando".
Estuvo acompañada por Ivan Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Evert Van Tooren , presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia y Miguel Saredi, representante de la PBA en el Consejo Directivo de ACUMAR.
Además, afirmó "todo ello con el consenso de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de los catorce municipios, juntos asumiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer en la Cuenca".
El jueves el Gobierno oficializó la designación Gladys Esther González como nueva presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con rango de secretaría de Estado.
La ACUMAR es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168 que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
González llega al organismo interjurisdiccional después de que en diciembre renunciara Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano del secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín.
A principios de 2016 ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López.
González había tomado protagonismo en los medios en 2016 después de ser designada como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que era conducido por el ahora detenido Omar "Caballo" Suárez.
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Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La flamante presidenta de la ACUMAR, Gladys González, recorrió las 240 viviendas que construye el gobierno en Esteban Echeverría para habitantes en riesgo de la cuenca. "Me han confiado este desafío complejísimo pero fascinante, que merece el compromiso de todos", aseguró rodeada de autoridades locales y provinciales.
"La Cuenca nos exige trabajo sin respiro para mejorarle la calidad de vida a la gente", reflexionó y lanzó: "Firmeza y el peso de toda la autoridad que tiene ACUMAR para evitar que se siga contaminando".
Estuvo acompañada por Ivan Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Evert Van Tooren , presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia y Miguel Saredi, representante de la PBA en el Consejo Directivo de ACUMAR.
Además, afirmó "todo ello con el consenso de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de los catorce municipios, juntos asumiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer en la Cuenca".
El jueves el Gobierno oficializó la designación Gladys Esther González como nueva presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con rango de secretaría de Estado.
La ACUMAR es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168 que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
González llega al organismo interjurisdiccional después de que en diciembre renunciara Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano del secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín.
A principios de 2016 ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López.
González había tomado protagonismo en los medios en 2016 después de ser designada como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que era conducido por el ahora detenido Omar "Caballo" Suárez.
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Bergman denunciado por la contratación de helicópteros
Denunciaron a Bergman por las contrataciones de helicópteros
Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Jornadas poco halagüeñas se encuentra pasando por estas horas el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. A su incapacidad e inacción para contener los incendios que se vienen produciendo en Buenos Aires, Río Negro y La Pampa se suman ahora acusaciones en ámbitos tribunalicios, que ponen en duda su continuidad en el Gobierno.
Ayer, el mediático rabino fue acusado penalmente ante la Justicia por supuestas contrataciones irregulares de helicópteros para combatir incendios forestales y sospechas en el manejo de fondos públicos desde el área que él conduce.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que interviene en la causa junto con el fiscal Federico Delgado.
En el texto presentado ante el magistrado se establece que las acusaciones que pesan sobre Bergman son por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público al contratar, supuestamente sin licitación y en forma directa, seis helicópteros para combatir incendios.
Algunas de las pruebas que pesarían en contra del ministro macrista serían la contratación, en noviembre último, de seis helicópteros de la empresa española TAF, aduciendo como motivo central para la adquisición de los mismos la época del año y el hecho de acercarse la Argentina a la temporada alta de incendios forestales. Todo esto, que se realizó sin llamado a licitación, habría sido digitado “a dedo” y efectuado a sola firma.
A esto se agrega que desde el Ministerio no se tuvieron en cuenta las presentaciones hechas por otras firmas y que la empresa española tenía el agravante de no contar con la autorización oficial para volar sobre los cielos de nuestro país a la fecha de ser contratada. Es más, dicho permiso le fue otorgado después de conseguir la compra por parte del Estado nacional.
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Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Jornadas poco halagüeñas se encuentra pasando por estas horas el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. A su incapacidad e inacción para contener los incendios que se vienen produciendo en Buenos Aires, Río Negro y La Pampa se suman ahora acusaciones en ámbitos tribunalicios, que ponen en duda su continuidad en el Gobierno.
Ayer, el mediático rabino fue acusado penalmente ante la Justicia por supuestas contrataciones irregulares de helicópteros para combatir incendios forestales y sospechas en el manejo de fondos públicos desde el área que él conduce.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que interviene en la causa junto con el fiscal Federico Delgado.
En el texto presentado ante el magistrado se establece que las acusaciones que pesan sobre Bergman son por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público al contratar, supuestamente sin licitación y en forma directa, seis helicópteros para combatir incendios.
Algunas de las pruebas que pesarían en contra del ministro macrista serían la contratación, en noviembre último, de seis helicópteros de la empresa española TAF, aduciendo como motivo central para la adquisición de los mismos la época del año y el hecho de acercarse la Argentina a la temporada alta de incendios forestales. Todo esto, que se realizó sin llamado a licitación, habría sido digitado “a dedo” y efectuado a sola firma.
A esto se agrega que desde el Ministerio no se tuvieron en cuenta las presentaciones hechas por otras firmas y que la empresa española tenía el agravante de no contar con la autorización oficial para volar sobre los cielos de nuestro país a la fecha de ser contratada. Es más, dicho permiso le fue otorgado después de conseguir la compra por parte del Estado nacional.
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Tiburones en peligro en nuestro mar
Tiburones del mar Argentino están en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Esta semana marplatenses y turistas fueron soprendidos por la aparición de un tiburón con una soga al cuello, sin vida, en Playa Grande. Hace dos meses se había registrado un episodio similar, pero en la escollera Norte. Estos hallazgos son una pequeña muestra de un delicado fenómeno ecológico que un equipo de científicos del Conicet está documentando en detalle: la población de tiburones que habitan el mar Argentino viene descendiendo abruptamente. Y en algunas especies la disminución ya alcanza niveles críticos.
"Nos llevó casi tres años de trabajo completar el primer estudio abarcativo del cual pudimos extrapolar datos sobre lo que está pasando con la población de cuatro especies de tiburones que se encuentra en el mar Argentino?, le explicó a PERFIL Alejo Irigoyen, investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar), un instituto que depende del Conicet-Cenpat. Y las cifras que obtuvieron son más que preocupantes.
"Todo indica que en los últimos treinta años, la población de cuatro especies comunes de tiburón"el escalandrún, el cazón, el bacota y el gatopardo? disminuyeron en nada menos que un 90%, un 80%, un 70% y un 60% respectivamente"
Para poder llegar a esas cifras, Irigoyen, junto a Gastón Trobbiani, otro investigador del Cenpat, entrevistaron a lo largo de tres años a una treintena de reconocidos guías de pesca, que acumulan una experiencia de décadas en esta materia, y que efectúan salidas regulares desde poblaciones costeras, de San Clemente del Tuyú hasta Rawson.
"Esas cifras de caída de ejemplares son preocupantes?, le dijo PERFIL la doctora Ana Massa, responsable del Programa de Pesquerías de Condrictios (clase que incluye a los tiburones) en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), en Mar del Plata. Y detalló que los tiburones cumplen un rol de"predadores tope? en el ecosistema marino y son fundamentales para mantener su equilibrio."Diversos estudios han demostrado que la de-saparición de una especie de tiburón puede cambiar drásticamente la diversidad biológica de una zona y permitir, por ejemplo, que aparezcan especies exóticas o invasoras"
Por otra parte, la severa declinación de estas especies, sobre cuya etología, migración y comportamientos locales se conoce poco, no sólo genera problemas ecológicos."Además de valor ambiental, sabemos que los tiburones también tienen valor comercial, especialmente para muchos pescadores artesanales?, remarcó Irigoyen.
Explotación. ¿Cuáles son las causas detrás de esta abrupta caída de las poblaciones de tiburones?"Básicamente pensamos que está relacionado con la sobrepesca. De hecho, muchos de los pescadores que entrevistamos para el estudio, recordaban que en la década del 80 y parte de los 90 hubo una fuerte sobreexplotación de estos recursos?, destacó el experto del Conicet.
Por otra parte, los condrictios"que además de tiburones incluye a las rayas y quimeras? son especies de crecimiento lento y muy baja tasa de reproducción?, detalló Massa. Una hembra de escalandrún puede tardar hasta veinte años en alcanzar edad reproductiva. Y desde ese momento tener un par de crías cada dos años"
¿Cómo revertir este desastre ecológico en ciernes?"Por medio de medidas de conservación que se establezcan usando procesos participativos y llegando a un consenso con los actores del sector pesquero. Es la única manera en que podemos tener éxito?, opinó Irigoyen. Y Massa agregó que hay varias medidas, como por ejemplo"ir actualizando las aéreas de vedas y concientizar a los pescadores sobre ciertas prácticas de pesca para volverla una actividad sustentable, por ejemplo haciendo la devolución al mar de ejemplares de cierto tamaño"
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Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Esta semana marplatenses y turistas fueron soprendidos por la aparición de un tiburón con una soga al cuello, sin vida, en Playa Grande. Hace dos meses se había registrado un episodio similar, pero en la escollera Norte. Estos hallazgos son una pequeña muestra de un delicado fenómeno ecológico que un equipo de científicos del Conicet está documentando en detalle: la población de tiburones que habitan el mar Argentino viene descendiendo abruptamente. Y en algunas especies la disminución ya alcanza niveles críticos.
"Nos llevó casi tres años de trabajo completar el primer estudio abarcativo del cual pudimos extrapolar datos sobre lo que está pasando con la población de cuatro especies de tiburones que se encuentra en el mar Argentino?, le explicó a PERFIL Alejo Irigoyen, investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar), un instituto que depende del Conicet-Cenpat. Y las cifras que obtuvieron son más que preocupantes.
"Todo indica que en los últimos treinta años, la población de cuatro especies comunes de tiburón"el escalandrún, el cazón, el bacota y el gatopardo? disminuyeron en nada menos que un 90%, un 80%, un 70% y un 60% respectivamente"
Para poder llegar a esas cifras, Irigoyen, junto a Gastón Trobbiani, otro investigador del Cenpat, entrevistaron a lo largo de tres años a una treintena de reconocidos guías de pesca, que acumulan una experiencia de décadas en esta materia, y que efectúan salidas regulares desde poblaciones costeras, de San Clemente del Tuyú hasta Rawson.
"Esas cifras de caída de ejemplares son preocupantes?, le dijo PERFIL la doctora Ana Massa, responsable del Programa de Pesquerías de Condrictios (clase que incluye a los tiburones) en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), en Mar del Plata. Y detalló que los tiburones cumplen un rol de"predadores tope? en el ecosistema marino y son fundamentales para mantener su equilibrio."Diversos estudios han demostrado que la de-saparición de una especie de tiburón puede cambiar drásticamente la diversidad biológica de una zona y permitir, por ejemplo, que aparezcan especies exóticas o invasoras"
Por otra parte, la severa declinación de estas especies, sobre cuya etología, migración y comportamientos locales se conoce poco, no sólo genera problemas ecológicos."Además de valor ambiental, sabemos que los tiburones también tienen valor comercial, especialmente para muchos pescadores artesanales?, remarcó Irigoyen.
Explotación. ¿Cuáles son las causas detrás de esta abrupta caída de las poblaciones de tiburones?"Básicamente pensamos que está relacionado con la sobrepesca. De hecho, muchos de los pescadores que entrevistamos para el estudio, recordaban que en la década del 80 y parte de los 90 hubo una fuerte sobreexplotación de estos recursos?, destacó el experto del Conicet.
Por otra parte, los condrictios"que además de tiburones incluye a las rayas y quimeras? son especies de crecimiento lento y muy baja tasa de reproducción?, detalló Massa. Una hembra de escalandrún puede tardar hasta veinte años en alcanzar edad reproductiva. Y desde ese momento tener un par de crías cada dos años"
¿Cómo revertir este desastre ecológico en ciernes?"Por medio de medidas de conservación que se establezcan usando procesos participativos y llegando a un consenso con los actores del sector pesquero. Es la única manera en que podemos tener éxito?, opinó Irigoyen. Y Massa agregó que hay varias medidas, como por ejemplo"ir actualizando las aéreas de vedas y concientizar a los pescadores sobre ciertas prácticas de pesca para volverla una actividad sustentable, por ejemplo haciendo la devolución al mar de ejemplares de cierto tamaño"
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Ahora el freno al loteo en El Bolsón es de la justicia
Freno judicial al loteo en El Bolsón
Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro
La resolución de laJusticia rionegrina significa un duro traspié para el proyecto de Joe Lewis, amigo del presidente Macri.
Luego de la movilización de hace una semana, en la que 12 mil habitantes de El Bolsón (más de la mitad de la población de esa ciudad) rechazaron la cesión de 850 hectáreas para la construcción de una villa turística, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche aceptó el amparo colectivo presentado por 6 mil vecinos de El Bolsón para que se suspenda el loteo de 850 hectáreas de la reserva Pampa del Ludden para la construcción de una villa turística emprendida por una empresa vinculada a Joe Lewis, el magnate británico amigo personal del presidente Mauricio Macri.
El tribunal resolvió suspender la resolución municipal y las ordenanzas aprobadas el 16 de diciembre pasado que cedían los terrenos a la empresa Laderas S.A. para la urbanización de esa zona protegida por la legislación ambiental y prohibió cualquier inicio de obras. “A partir de este momento (la lucha del pueblo de El Bolsón) se abre una nueva dimensión”, porque desde los inicios del conflicto, en 2003, la población se dividió a favor y en contra del loteo, a tal punto que hubo ataques a los sectores ambientalistas que lo rechazaban, explicó a Página/12 Jorge Ronco, integrante de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua.
Hubo quienes comenzaron a mirar con buenos ojos la posibilidad del loteo desde antes de su inicio, cuando “Lewis empezó a hacer ofrecimientos de donaciones en el hospital con ambulancias”. Pero las autoridades de entonces denegaron esa iniciativa ante el rechazo de una parte de la comunidad, que advirtió que detrás de ello podría haber intenciones de incidir sobre la cesión de las tierras.
La presentación judicial había sido impulsada por las organizaciones ambientalistas y, para que quedara claro que el reclamo no era sectorial, se decidió ofrecer la adhesión a través de firmas durante la movilización del sábado. La cautelar fue presentada el lunes de la semana pasada y aceptada ayer por la Justicia.
A pesar de ser un duro revés para la iniciativa de Lewis y también para el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien cedió las tierras a pesar de que antes de las elecciones del año pasado había prometido que no lo haría, la cautelar puede ser apelada. “Si se lo hace, la Cámara tiene que decidir si le da curso a la apelación. Y si lo hace, va al Tribunal Superior de Justicia, que ya ha fallado sobre este tema en consonancia con lo que se acaba de fallar”, agregó Ronco.
Los antecedentes de Lewis demuestran el porqué de la lucha de los vecinos por el medio ambiente. En 2010, el magnate adquirió las tierras que rodean el Lago Escondido y fue denunciado por varias ONG de no permitir el acceso público a ese espejo de agua. La Justicia falló a favor de los denunciantes, pero Joe no acató la decisión. Mientras que el proyecto de Laderas con el loteo en la reserva ubicada al pie del cerro Perito Moreno esconde un perjuicio ambiental y también para los productores de la zona, porque afecta la reserva de agua que allí existe de la que dependen sus producciones.
El fallo indica que la cesión de tierras “vulnera” la suspensión dispuestas por el Tribunal Superior de Justicia, que en 2011 había determinado que el proyecto iba a contramano de “normas de derecho ambiental e implica graves riesgos” para El Bolsón. Además determina que “los antecedentes dominiales de las tierras involucradas en el emprendimiento son irregulares”.
También deja claro que, por sus características, el proyecto no se debe atener a la aprobación de la legislación local, sino también “cumplir con todos los recaudos y procedimientos previstos por las normas constitucionales, nacionales, provinciales y municipales sobre la materia”. Es decir que echa por tierra la polémica aprobación de impacto ambiental de la iniciativa.
¿Qué ocurrirá a partir de ahora? “Es difícil saberlo –reconoció Ronco-, pero esperemos que sean cosas buenas y que sea el reflejo de miles de personas que somos parte de una comunidad que piensa que al bosque, al agua, a las montañas y a la tierra hay que cuidarlas. Y que es una lucha contra un magnate que compra voluntades a diestra y siniestra y trató de dividir la población.”
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Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro
La resolución de laJusticia rionegrina significa un duro traspié para el proyecto de Joe Lewis, amigo del presidente Macri.
Luego de la movilización de hace una semana, en la que 12 mil habitantes de El Bolsón (más de la mitad de la población de esa ciudad) rechazaron la cesión de 850 hectáreas para la construcción de una villa turística, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche aceptó el amparo colectivo presentado por 6 mil vecinos de El Bolsón para que se suspenda el loteo de 850 hectáreas de la reserva Pampa del Ludden para la construcción de una villa turística emprendida por una empresa vinculada a Joe Lewis, el magnate británico amigo personal del presidente Mauricio Macri.
El tribunal resolvió suspender la resolución municipal y las ordenanzas aprobadas el 16 de diciembre pasado que cedían los terrenos a la empresa Laderas S.A. para la urbanización de esa zona protegida por la legislación ambiental y prohibió cualquier inicio de obras. “A partir de este momento (la lucha del pueblo de El Bolsón) se abre una nueva dimensión”, porque desde los inicios del conflicto, en 2003, la población se dividió a favor y en contra del loteo, a tal punto que hubo ataques a los sectores ambientalistas que lo rechazaban, explicó a Página/12 Jorge Ronco, integrante de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua.
Hubo quienes comenzaron a mirar con buenos ojos la posibilidad del loteo desde antes de su inicio, cuando “Lewis empezó a hacer ofrecimientos de donaciones en el hospital con ambulancias”. Pero las autoridades de entonces denegaron esa iniciativa ante el rechazo de una parte de la comunidad, que advirtió que detrás de ello podría haber intenciones de incidir sobre la cesión de las tierras.
La presentación judicial había sido impulsada por las organizaciones ambientalistas y, para que quedara claro que el reclamo no era sectorial, se decidió ofrecer la adhesión a través de firmas durante la movilización del sábado. La cautelar fue presentada el lunes de la semana pasada y aceptada ayer por la Justicia.
A pesar de ser un duro revés para la iniciativa de Lewis y también para el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien cedió las tierras a pesar de que antes de las elecciones del año pasado había prometido que no lo haría, la cautelar puede ser apelada. “Si se lo hace, la Cámara tiene que decidir si le da curso a la apelación. Y si lo hace, va al Tribunal Superior de Justicia, que ya ha fallado sobre este tema en consonancia con lo que se acaba de fallar”, agregó Ronco.
Los antecedentes de Lewis demuestran el porqué de la lucha de los vecinos por el medio ambiente. En 2010, el magnate adquirió las tierras que rodean el Lago Escondido y fue denunciado por varias ONG de no permitir el acceso público a ese espejo de agua. La Justicia falló a favor de los denunciantes, pero Joe no acató la decisión. Mientras que el proyecto de Laderas con el loteo en la reserva ubicada al pie del cerro Perito Moreno esconde un perjuicio ambiental y también para los productores de la zona, porque afecta la reserva de agua que allí existe de la que dependen sus producciones.
El fallo indica que la cesión de tierras “vulnera” la suspensión dispuestas por el Tribunal Superior de Justicia, que en 2011 había determinado que el proyecto iba a contramano de “normas de derecho ambiental e implica graves riesgos” para El Bolsón. Además determina que “los antecedentes dominiales de las tierras involucradas en el emprendimiento son irregulares”.
También deja claro que, por sus características, el proyecto no se debe atener a la aprobación de la legislación local, sino también “cumplir con todos los recaudos y procedimientos previstos por las normas constitucionales, nacionales, provinciales y municipales sobre la materia”. Es decir que echa por tierra la polémica aprobación de impacto ambiental de la iniciativa.
¿Qué ocurrirá a partir de ahora? “Es difícil saberlo –reconoció Ronco-, pero esperemos que sean cosas buenas y que sea el reflejo de miles de personas que somos parte de una comunidad que piensa que al bosque, al agua, a las montañas y a la tierra hay que cuidarlas. Y que es una lucha contra un magnate que compra voluntades a diestra y siniestra y trató de dividir la población.”
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CABA produce más de 400 Tn de plásticos diarios
La Ciudad de Buenos Aires produce 161.473 toneladas de residuos plásticos al año
Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Gran parte de este componente lo conforman las bolsas livianas, que afectan la infraestructura y el medioambiente porteño; el gobierno sigue repartiendo ecobolsas
La ciudad de Buenos Aires produjo 1.153.380 toneladas de basura, según un cálculo de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). El 13% corresponde a desechos plásticos, según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y éste es el único tipo de residuo que ha incrementado en los últimos 35 años, por sobre materiales de embalaje y envases. Se estima que más de la mitad podría ser reciclado, sin embargo, el material reutilizado es muy inferior.
Uno de los elementos plásticos que representa un grave problema para la infraestructura y el medioambiente de la Ciudad son las bolsas de plástico liviano. Según informó la directora ejecutiva adjunta en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Ana Di Pangracio, a LA NACIÓN: "Se producen 10.000 kilos diarios de plástico en formato de bolsas camiseta sólo para abastecer al sector de supermercados, hipermercados y autoservicios de CABA". Si se unen los 500 millones de bolsas anuales que se entregan en la Ciudad, alcanzaría para dar vuelta al planeta casi 7 veces".
El impacto ambiental es alto. Por su escaso peso, las bolsas de plástico se esparcen y transforman fácilmente en basura, lo que ocasiona daño a la infraestructura urbana: ensucian los parques y plazas, tapan sumideros y generan anegamientos durante las tormentas. Por estos motivos se destinan importantes recursos económicos y humanos para destapar los drenajes e impedir que la ciudad se inunde. Según Di Pangracio un tercio de los residuos recolectados durante la limpieza del sistema pluvial de la Ciudad son bolsas plásticas livianas. Por el viento, estos residuos afectan también cuencas hídricas, costas y humedales, entre otros.
Por ser una ciudad ribereña, las bolsas plásticas desechadas en Buenos Aires llegan a cuerpos de agua, como el Río de la Plata, e impactan sobres la fauna acuática. "Por ejemplo, las tortugas marinas confunden las bolsas con su principal fuente de alimentación, las medusas", dijo a LA NACION Manuel Jaramillo, director del Departamento Conservación y Desarrollo Sustentable en Fundación Vida Silvestre. Esto les ocasiona obstrucción intestinal que les impide sumergirse para desplazarse, huir de predadores y alimentarse, ocasionándoles la muerte.
Los residuos plásticos, una vez que se degradan, quedan como nano partículas en el agua. Estos químicos son incorporados por los peces, los cuales son, a su vez, una de nuestras fuentes de alimentación. "En el país se utilizan más de 1 millón de bolas plástica por minuto, 140 millones a nivel mundial. Solo el 5% se vuelve a usar", dijo Manuel Jaramillo. Precisó que el plástico tarda aproximadamente 150 años en degradarse.
El costo en el cual incurre la Ciudad para contrarrestar este problema incluye, no solo la recolección y el traslado de la basura, sino también el pago por el espacio utilizado: los basurales en la Provincia de Buenos Aires. Así lo observó Soledad Sede, vocera de Greenpeace a LA NACIÓN. "En vez de reciclar, enterramos (los residuos) para que contaminen el medio ambiente. Lo que hacemos no tiene sentido ni económica ni ecológicamente".
El economista Gonzalo Guilardes, asesor del ex legislador porteño Martín Hourest (GEN), según el último dato disponible dijo que "se asignó para todo el año para esta tarea $4.062 millones" en la Ciudad. Este monto es en concepto de Mantenimiento, Reparación y Limpieza de los Servicios de Higiene Urbana. Según los pliegos de la licitación, la Ciudad está conformada por 22.489 cuadras, lo cual equivale a un costo de recolección de $180.659 por cuadra, $ 25.292 solo para plásticos.
Con el fin de minimizar la generación de residuos, la Agencia de Protección Ambiental Porteña prohibió, a partir del pasado 1° de enero, la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios y su sustitución por aquellos que sí lo son. El Gobierno porteño prevé repartir 1 millón de ecobolsas (hasta la fecha entregó la mitad) en puntos de alto tránsito de personas y centros de consumo. Esta iniciativa está en sintonía con la Ley 1854, conocida como "Basura Cero".
Eduardo Macchiavelli , Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, dijo a LA NACIÓN que con la iniciativa de las ecobolsas buscan "no sólo evitar un impacto en el ambiente, sino contribuir a evitar perjuicios en la infraestructura pluvial de la Ciudad". Además, dijo es un paso más para seguir tomando conciencia y continuar en el camino de "reducir, reutilizar y reciclar".
Desde Greenpeace advierten que la aplicación de esta ley lleva un retraso de 7 años. "En el 2017 estamos cumpliendo lo que la Ley le ordenaba al Gobierno para el 2010, redujeron la basura solo en un 30%". Para el año en curso este porcentaje debería ser del 75%, según lo estipula la ley "Basura Cero", que dispone la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos.
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Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Gran parte de este componente lo conforman las bolsas livianas, que afectan la infraestructura y el medioambiente porteño; el gobierno sigue repartiendo ecobolsas
La ciudad de Buenos Aires produjo 1.153.380 toneladas de basura, según un cálculo de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). El 13% corresponde a desechos plásticos, según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y éste es el único tipo de residuo que ha incrementado en los últimos 35 años, por sobre materiales de embalaje y envases. Se estima que más de la mitad podría ser reciclado, sin embargo, el material reutilizado es muy inferior.
Uno de los elementos plásticos que representa un grave problema para la infraestructura y el medioambiente de la Ciudad son las bolsas de plástico liviano. Según informó la directora ejecutiva adjunta en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Ana Di Pangracio, a LA NACIÓN: "Se producen 10.000 kilos diarios de plástico en formato de bolsas camiseta sólo para abastecer al sector de supermercados, hipermercados y autoservicios de CABA". Si se unen los 500 millones de bolsas anuales que se entregan en la Ciudad, alcanzaría para dar vuelta al planeta casi 7 veces".
El impacto ambiental es alto. Por su escaso peso, las bolsas de plástico se esparcen y transforman fácilmente en basura, lo que ocasiona daño a la infraestructura urbana: ensucian los parques y plazas, tapan sumideros y generan anegamientos durante las tormentas. Por estos motivos se destinan importantes recursos económicos y humanos para destapar los drenajes e impedir que la ciudad se inunde. Según Di Pangracio un tercio de los residuos recolectados durante la limpieza del sistema pluvial de la Ciudad son bolsas plásticas livianas. Por el viento, estos residuos afectan también cuencas hídricas, costas y humedales, entre otros.
Por ser una ciudad ribereña, las bolsas plásticas desechadas en Buenos Aires llegan a cuerpos de agua, como el Río de la Plata, e impactan sobres la fauna acuática. "Por ejemplo, las tortugas marinas confunden las bolsas con su principal fuente de alimentación, las medusas", dijo a LA NACION Manuel Jaramillo, director del Departamento Conservación y Desarrollo Sustentable en Fundación Vida Silvestre. Esto les ocasiona obstrucción intestinal que les impide sumergirse para desplazarse, huir de predadores y alimentarse, ocasionándoles la muerte.
Los residuos plásticos, una vez que se degradan, quedan como nano partículas en el agua. Estos químicos son incorporados por los peces, los cuales son, a su vez, una de nuestras fuentes de alimentación. "En el país se utilizan más de 1 millón de bolas plástica por minuto, 140 millones a nivel mundial. Solo el 5% se vuelve a usar", dijo Manuel Jaramillo. Precisó que el plástico tarda aproximadamente 150 años en degradarse.
El costo en el cual incurre la Ciudad para contrarrestar este problema incluye, no solo la recolección y el traslado de la basura, sino también el pago por el espacio utilizado: los basurales en la Provincia de Buenos Aires. Así lo observó Soledad Sede, vocera de Greenpeace a LA NACIÓN. "En vez de reciclar, enterramos (los residuos) para que contaminen el medio ambiente. Lo que hacemos no tiene sentido ni económica ni ecológicamente".
El economista Gonzalo Guilardes, asesor del ex legislador porteño Martín Hourest (GEN), según el último dato disponible dijo que "se asignó para todo el año para esta tarea $4.062 millones" en la Ciudad. Este monto es en concepto de Mantenimiento, Reparación y Limpieza de los Servicios de Higiene Urbana. Según los pliegos de la licitación, la Ciudad está conformada por 22.489 cuadras, lo cual equivale a un costo de recolección de $180.659 por cuadra, $ 25.292 solo para plásticos.
Con el fin de minimizar la generación de residuos, la Agencia de Protección Ambiental Porteña prohibió, a partir del pasado 1° de enero, la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios y su sustitución por aquellos que sí lo son. El Gobierno porteño prevé repartir 1 millón de ecobolsas (hasta la fecha entregó la mitad) en puntos de alto tránsito de personas y centros de consumo. Esta iniciativa está en sintonía con la Ley 1854, conocida como "Basura Cero".
Eduardo Macchiavelli , Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, dijo a LA NACIÓN que con la iniciativa de las ecobolsas buscan "no sólo evitar un impacto en el ambiente, sino contribuir a evitar perjuicios en la infraestructura pluvial de la Ciudad". Además, dijo es un paso más para seguir tomando conciencia y continuar en el camino de "reducir, reutilizar y reciclar".
Desde Greenpeace advierten que la aplicación de esta ley lleva un retraso de 7 años. "En el 2017 estamos cumpliendo lo que la Ley le ordenaba al Gobierno para el 2010, redujeron la basura solo en un 30%". Para el año en curso este porcentaje debería ser del 75%, según lo estipula la ley "Basura Cero", que dispone la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos.
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Extienden habilitación a productora de dióxido de uranio
Dioxitek y una polémica extendida
Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más.
Los vecinos de Alta Córdoba se despertaron el pasado miércoles con la noticia poco alentadora de que en el corazón de esa populosa barriada, y durante dos años más, continuará operando la empresa productora de dióxido de uranio, Dioxitek.
En efecto, en virtud de un convenio refrendado por la Municipalidad de Córdoba, la firma estatal nacional y la Justicia Federal, se levantó la clausura que pesaba desde 2014 sobre esa planta, dedicada a la producción del insumo que se utiliza en la elaboración de elementos combustibles para las centrales nucleares de la Argentina.
El entendimiento no sólo significa un duro revés a los reclamos de esos vecinos para que las instalaciones sean erradicadas definitivamente del barrio, sino que pone al desnudo la vieja manía de las autoridades de prorrogar decisiones donde se requieren soluciones urgentes y de fondo que atiendan las exigencias de los ciudadanos.
Una larga historia de polémicas y promesas fallidas jalonó el derrotero de esta empresa, cuyas acciones pertenecen en un 99 por ciento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Pero la decisión ahora vigorizada por las tres partes mencionadas ahonda los interrogantes.
Si la planta fue cerrada de “manera definitiva” en noviembre de 2014 por la Municipalidad, atento a que violaba la ordenanza que prohíbe la radicación de este tipo de industrias en zonas urbanas, ¿qué cambió para dar curso ahora a una nueva habilitación?
¿Se han atendido en este marco de entendimiento los reclamos para preservar la salud de la población y el medio ambiente que elevaban los vecinos ya en 2006? Tampoco está dirimida una de las controversias centrales, como es el retiro y mudanza de unas 58 mil toneladas de residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo a la industria.
Ahora la Cnea retoma la agenda de promesas difusas en relación a nuevos plazos, estudios de factibilidad y recursos económicos destinados a la relocalización de Dioxitek en la provincia de Formosa.
Tampoco se entiende la contraprestación o condiciones contempladas en el acuerdo, cuyo “garante” es el juez federal Miguel Vaca Narvaja.
Se trata del compromiso asumido por la Cnea de proveer 400 luminarias solares para instalar en plazas; o el inicio de gestiones para que la Nación done al municipio el terreno ubicado frente a lo que fue la Cervecería Río Segundo, en la zona oeste del límite con Alta Córdoba, con fines de emplazar un parque.
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más, con la posibilidad de prórroga. Demasiado para un vecindario afligido.
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Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más.
Los vecinos de Alta Córdoba se despertaron el pasado miércoles con la noticia poco alentadora de que en el corazón de esa populosa barriada, y durante dos años más, continuará operando la empresa productora de dióxido de uranio, Dioxitek.
En efecto, en virtud de un convenio refrendado por la Municipalidad de Córdoba, la firma estatal nacional y la Justicia Federal, se levantó la clausura que pesaba desde 2014 sobre esa planta, dedicada a la producción del insumo que se utiliza en la elaboración de elementos combustibles para las centrales nucleares de la Argentina.
El entendimiento no sólo significa un duro revés a los reclamos de esos vecinos para que las instalaciones sean erradicadas definitivamente del barrio, sino que pone al desnudo la vieja manía de las autoridades de prorrogar decisiones donde se requieren soluciones urgentes y de fondo que atiendan las exigencias de los ciudadanos.
Una larga historia de polémicas y promesas fallidas jalonó el derrotero de esta empresa, cuyas acciones pertenecen en un 99 por ciento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Pero la decisión ahora vigorizada por las tres partes mencionadas ahonda los interrogantes.
Si la planta fue cerrada de “manera definitiva” en noviembre de 2014 por la Municipalidad, atento a que violaba la ordenanza que prohíbe la radicación de este tipo de industrias en zonas urbanas, ¿qué cambió para dar curso ahora a una nueva habilitación?
¿Se han atendido en este marco de entendimiento los reclamos para preservar la salud de la población y el medio ambiente que elevaban los vecinos ya en 2006? Tampoco está dirimida una de las controversias centrales, como es el retiro y mudanza de unas 58 mil toneladas de residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo a la industria.
Ahora la Cnea retoma la agenda de promesas difusas en relación a nuevos plazos, estudios de factibilidad y recursos económicos destinados a la relocalización de Dioxitek en la provincia de Formosa.
Tampoco se entiende la contraprestación o condiciones contempladas en el acuerdo, cuyo “garante” es el juez federal Miguel Vaca Narvaja.
Se trata del compromiso asumido por la Cnea de proveer 400 luminarias solares para instalar en plazas; o el inicio de gestiones para que la Nación done al municipio el terreno ubicado frente a lo que fue la Cervecería Río Segundo, en la zona oeste del límite con Alta Córdoba, con fines de emplazar un parque.
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más, con la posibilidad de prórroga. Demasiado para un vecindario afligido.
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Se sabía que podía haber incendios y nadie hizo nada
El informe del Gobierno que predijo los incendios hace un mes
Fecha de Publicación: 15/01/2017
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
LPO accedió al documento que advirtió "fuegos extremos". Gobernadores y ministros lo ignoraron.
A mediados de diciembre pasado el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, advirtió que en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro podrían registrarse "fuegos de comportamiento extremo" durante el verano y recomendó "monitorear" los campos.
La advertencia del funcionario finalmente se cumplió y un total de 1,4 millones de hectáreas fueron arrasadas en dichas provincias por el fuego, generando graves pérdidas económicas para el sector agropecuario con muerte de miles de cabezas de ganado incluidas.
El "Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación" que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente aseguró hace un mes que "el Índice de Combustible Disponible (BUI) se halla en valores elevados en todas las estaciones de referencia de la regional pampeana".
El documento técnico de la cartera de Bergman fue más allá e incluso brindó precisiones: "Particularmente las (zonas) centro y este de Buenos Aires y La Pampa se hallan por encima de los máximos, pudiendo esperarse fuegos de comportamiento extremo", señaló.
En este escenario, según pudo averiguar LPO, en una reunión que se realizó este lunes en La Pampa en donde se analizó el estado de los incendios, el rabino Bergman aprovechó para remarcar que él había advertido lo que ocurrió y nadie lo escuchó.
"Ni los gobernadores ni los ministros quisieron escucharlo", reconoció una fuente que participó de ese encuentro marcando de alguna manera la distancia que existe entre el ministro con las figuras más importantes del Gabinete y los mandatarios provinciales.
La inacción de distintos sectores el Gobierno frente a los incendios fue evidente. La muestra más clara fue que la interna entre Bregman y Guillermo Dietrich terminó impidiendo la llegada de helicópteros hidrantes. Como reveló este medio, el ministro de Transporte mandó a frenar la contratación directa de cuatro aeronaves por parte de su par de Ambiente.
En la reunión en La Pampa, de la que también participó el gobernador pampeano Carlos Verna, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ratificó la homologación de la Emergencia Agropecuaria en los próximos 15 días a raíz de los incendios ocurridos.
También se confirmó que durante el transcurso de la presente semana se enviarán a La Pampa unos 2500 rollos de pastura y maíz con el objetivo de llevar alimentos para la hacienda en zonas afectadas (el Senasa dispuso una serie de medidas para el traslado de animales).
Según datos oficiales, al momento hay alrededor de 800.000 hectáreas quemadas en La Pampa. El distrito más afectado es Caleu Caleu, con más de 450.000 hectáreas; luego se ubican los departamentos de Utracán y Chalileo, que superan las 100.000 hectáreas quemadas.
Así las cosas, se cuentan importantes pérdidas en infraestructura, especialmente en alambrados e instalaciones para el manejo de la hacienda. "En el corto plazo, lo más urgente será el suministro de alimento", aseguró un informe del INTA Anguil.
Por su parte, Héctor del Valle, investigador del Conicet, contó a LPO que es posible utilizar información satelital para detectar y estudiar los riesgos, amenazas y vulnerabilidad de los pastizales ante las quemas.
"Conocer las áreas propensas a la recurrencia de incendios, nos permiten visualizar las zonas donde el problema existe y establecer las medidas de prevención y control en estas áreas y sus adyacencias", afirmó Del Valle.
Para el científico la información es una herramienta fundamental para combatir incendios. "Se debe planificar y trabajar más en la prevención. Nosotros generamos información básica para luego transferirla", sostuvo.
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Fecha de Publicación: 15/01/2017
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
LPO accedió al documento que advirtió "fuegos extremos". Gobernadores y ministros lo ignoraron.
A mediados de diciembre pasado el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, advirtió que en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro podrían registrarse "fuegos de comportamiento extremo" durante el verano y recomendó "monitorear" los campos.
La advertencia del funcionario finalmente se cumplió y un total de 1,4 millones de hectáreas fueron arrasadas en dichas provincias por el fuego, generando graves pérdidas económicas para el sector agropecuario con muerte de miles de cabezas de ganado incluidas.
El "Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación" que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente aseguró hace un mes que "el Índice de Combustible Disponible (BUI) se halla en valores elevados en todas las estaciones de referencia de la regional pampeana".
El documento técnico de la cartera de Bergman fue más allá e incluso brindó precisiones: "Particularmente las (zonas) centro y este de Buenos Aires y La Pampa se hallan por encima de los máximos, pudiendo esperarse fuegos de comportamiento extremo", señaló.
En este escenario, según pudo averiguar LPO, en una reunión que se realizó este lunes en La Pampa en donde se analizó el estado de los incendios, el rabino Bergman aprovechó para remarcar que él había advertido lo que ocurrió y nadie lo escuchó.
"Ni los gobernadores ni los ministros quisieron escucharlo", reconoció una fuente que participó de ese encuentro marcando de alguna manera la distancia que existe entre el ministro con las figuras más importantes del Gabinete y los mandatarios provinciales.
La inacción de distintos sectores el Gobierno frente a los incendios fue evidente. La muestra más clara fue que la interna entre Bregman y Guillermo Dietrich terminó impidiendo la llegada de helicópteros hidrantes. Como reveló este medio, el ministro de Transporte mandó a frenar la contratación directa de cuatro aeronaves por parte de su par de Ambiente.
En la reunión en La Pampa, de la que también participó el gobernador pampeano Carlos Verna, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ratificó la homologación de la Emergencia Agropecuaria en los próximos 15 días a raíz de los incendios ocurridos.
También se confirmó que durante el transcurso de la presente semana se enviarán a La Pampa unos 2500 rollos de pastura y maíz con el objetivo de llevar alimentos para la hacienda en zonas afectadas (el Senasa dispuso una serie de medidas para el traslado de animales).
Según datos oficiales, al momento hay alrededor de 800.000 hectáreas quemadas en La Pampa. El distrito más afectado es Caleu Caleu, con más de 450.000 hectáreas; luego se ubican los departamentos de Utracán y Chalileo, que superan las 100.000 hectáreas quemadas.
Así las cosas, se cuentan importantes pérdidas en infraestructura, especialmente en alambrados e instalaciones para el manejo de la hacienda. "En el corto plazo, lo más urgente será el suministro de alimento", aseguró un informe del INTA Anguil.
Por su parte, Héctor del Valle, investigador del Conicet, contó a LPO que es posible utilizar información satelital para detectar y estudiar los riesgos, amenazas y vulnerabilidad de los pastizales ante las quemas.
"Conocer las áreas propensas a la recurrencia de incendios, nos permiten visualizar las zonas donde el problema existe y establecer las medidas de prevención y control en estas áreas y sus adyacencias", afirmó Del Valle.
Para el científico la información es una herramienta fundamental para combatir incendios. "Se debe planificar y trabajar más en la prevención. Nosotros generamos información básica para luego transferirla", sostuvo.
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Justicia ordena análisis al río Negro
Luz verde para someter al río Negro a un análisis bacteriológico
Fecha de Publicación: 15/01/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Fue ordenado por la jueza Federal de esta capital, Mirta Filipuzzi. Los análisis se realizarán en balnearios y en plantas potabilizadoras.
El agua del río Negro será sometida a un análisis bacteriológico. Fue ordenado por la jueza Federal de esta capital, Mirta Filipuzzi, al declararse competente para resolver el amparo colectivo presentado por ciudadanos de Viedma y Patagones en el que denunciaron que el volcado, sin tratar, de líquidos cloacales en ambas ciudades afectan al río y el medio ambiente.
La magistrada ordenó a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal realicen -a través de sus departementos técnicos- ese análisis para determinar la existencia o no de metales pesados y agroquímicos, a partir de muestras en pleamar y bajamar del agua del río Negro en las zonas destinadas a balnearios habilitados en Viedma y Patagones, así como en las zonas de toma del agua para tratamiento de potabilización con destino al consumo de las respectivas poblaciones.
En la resolución la jueza federal tuvo presente el informe solicitado por la fiscalía en función del resultado que arrojen los informes circunstanciados a requererir a los organismos involucrados, “siempre que su objeto -factibilidad de saneamiento- se vincule con una situación de hecho -supuesto vertido de líquidos cloacales en crudo- que debe ser dilucidada como también pudiéndose otorgar oportunamente la participación de ámbitos específicos de las universidades nacionales con de la región”.
En el amparo vecinos, concejales y un legislador provincial pidieron que se ordene a las empresas Aguas Rionegrinas SA, Aguas Bonaerenses, Departamento Provincial de Aguas y a la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas el cese inmediato del vertido de líquidos cloacales sin tratamiento en las aguas del río Negro “por provocar graves daños al medio ambiente y poner en riesgo la salubridad de la población que la utiliza, tanto para fines recreativos como para consumo diario”.
En relación al daño ambiental los vecinos advirtieron que tomaron conocimiento público sobre el vertido de los efluentes cloacales sin tratamiento por ambas ciudades en el río Negro, a tal punto que en la última semana de diciembre “se pudo avistar tal circunstancia a simple vista, a más de las emanaciones propias de la materia vertida, justamente cuando las aguas del río son utilizadas con mayor frecuencia para actividades recreativas”. Atribuyeron la situación “a la falta de capacidad o deficiente funcionamiento de las plantas de tratamiento existentes y a la falta de control por parte del DPA y Dipac en su carácter de entes reguladores de la concesión del servicio de distribución y tratamiento cloacal respecto de Arsa y Absa, considerando poco confiable los informes brindados por esos organismos provinciales frente a la patente contaminación”.
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Fecha de Publicación: 15/01/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Fue ordenado por la jueza Federal de esta capital, Mirta Filipuzzi. Los análisis se realizarán en balnearios y en plantas potabilizadoras.
El agua del río Negro será sometida a un análisis bacteriológico. Fue ordenado por la jueza Federal de esta capital, Mirta Filipuzzi, al declararse competente para resolver el amparo colectivo presentado por ciudadanos de Viedma y Patagones en el que denunciaron que el volcado, sin tratar, de líquidos cloacales en ambas ciudades afectan al río y el medio ambiente.
La magistrada ordenó a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal realicen -a través de sus departementos técnicos- ese análisis para determinar la existencia o no de metales pesados y agroquímicos, a partir de muestras en pleamar y bajamar del agua del río Negro en las zonas destinadas a balnearios habilitados en Viedma y Patagones, así como en las zonas de toma del agua para tratamiento de potabilización con destino al consumo de las respectivas poblaciones.
En la resolución la jueza federal tuvo presente el informe solicitado por la fiscalía en función del resultado que arrojen los informes circunstanciados a requererir a los organismos involucrados, “siempre que su objeto -factibilidad de saneamiento- se vincule con una situación de hecho -supuesto vertido de líquidos cloacales en crudo- que debe ser dilucidada como también pudiéndose otorgar oportunamente la participación de ámbitos específicos de las universidades nacionales con de la región”.
En el amparo vecinos, concejales y un legislador provincial pidieron que se ordene a las empresas Aguas Rionegrinas SA, Aguas Bonaerenses, Departamento Provincial de Aguas y a la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas el cese inmediato del vertido de líquidos cloacales sin tratamiento en las aguas del río Negro “por provocar graves daños al medio ambiente y poner en riesgo la salubridad de la población que la utiliza, tanto para fines recreativos como para consumo diario”.
En relación al daño ambiental los vecinos advirtieron que tomaron conocimiento público sobre el vertido de los efluentes cloacales sin tratamiento por ambas ciudades en el río Negro, a tal punto que en la última semana de diciembre “se pudo avistar tal circunstancia a simple vista, a más de las emanaciones propias de la materia vertida, justamente cuando las aguas del río son utilizadas con mayor frecuencia para actividades recreativas”. Atribuyeron la situación “a la falta de capacidad o deficiente funcionamiento de las plantas de tratamiento existentes y a la falta de control por parte del DPA y Dipac en su carácter de entes reguladores de la concesión del servicio de distribución y tratamiento cloacal respecto de Arsa y Absa, considerando poco confiable los informes brindados por esos organismos provinciales frente a la patente contaminación”.
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Denuncian estado de abandono de la Península Valdés
Gran cantidad de cajones de plástico contaminando Península Valdés
Fecha de Publicación: 15/01/2017
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
En las Redes Sociales está circulando una fotografía en la cual se puede observar la fauna de Península Valdés rodeada de basura, residuos y sobre todo una gran cantidad de cajones de plástico de distintas empresas pesqueras.
En la lista que se difunde se nombran: Tridos; Pesca Austral; Yaganes SA; Conarpesa; Marpes; Cabo Vírgenes; Pesquera Deseado; Kaleu; Victoria Fish; MG; Firsa. Hecomar: P Mar del Chubut; Brano; Congeladores Pa tagónicos; Surtrade; Achenar; Pesquera del Sur; Pescapuerta; Agustines, entre otras.
En el Facebook de Claudio Campagna Libros se manifiesta: "El problema inmediato es retirar los cajones, para luego avanzar en la solución de fondo: que ya no acaben nunca más en el mar. Si se plantea una limpieza, se requiere, creo, por la enorme cantidad de basura plástica, apoyatura desde el mar. No se pueden sacar miles de cajones por los acantilados, sería un proceso lento, costoso, poco efectivo y de alto impacto. Requiere entrar en campos privados por caminos de acceso en estado cuestionable.
Parecería más efectivo juntarlos en la costa y transportarlos, con botes inflables, a embarcaciones grandes que esperan a distancia prudencial. Existen en la región recursos humanos bien capacitados para la maniobra requerida; sería importante que sean ellos los que sugirieren soluciones. No se puede improvisar. Esta activad no debería realizarse ahora, en medio de la temporada de muda de los elefantes. Los meses del invierno serían los mejores para disminuir el impacto. Es absolutamente necesario coordinar con las autoridades, y con las pesqueras. Es un trabajo considerable que puede ser peligroso. Pero hay que hacerlo. La basura plástica grande genera basura más pequeña que termina en el estómago de aves, tortugas y mamíferos marinos.
El problema no es sacar la basura acumulada, el problema es que no siga acumulándose. Esta foto fue tomada hace tres días en Península Valdés. Arriba se listan las empresas que tienen responsabilidad en el tema. Si se desea contribuir a la solución, difundan los nombres".
Se están organizando reuniones para discutir un plan para sanear las playas. La cantidad de basura acumulada en algunas costas no se puede extraer por tierra. El problema afecta lugares poco accesibles, es mucha la basura y requiere planificación para que no ocurran otros impactos. Si se mantiene el interés público se facilitarán las soluciones.
Gracias a los que han compartido la lista de empresas que aparecen «firmando» la basura que impacta las playas de Valdés (una muestra de lo que ocurre en el mar y en el resto de las playas patagónicas). Quienes tengan fotos al respecto sería bueno que las difundan. No abandonemos el objetivo: quitar la contaminación".
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Fecha de Publicación: 15/01/2017
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
En las Redes Sociales está circulando una fotografía en la cual se puede observar la fauna de Península Valdés rodeada de basura, residuos y sobre todo una gran cantidad de cajones de plástico de distintas empresas pesqueras.
En la lista que se difunde se nombran: Tridos; Pesca Austral; Yaganes SA; Conarpesa; Marpes; Cabo Vírgenes; Pesquera Deseado; Kaleu; Victoria Fish; MG; Firsa. Hecomar: P Mar del Chubut; Brano; Congeladores Pa tagónicos; Surtrade; Achenar; Pesquera del Sur; Pescapuerta; Agustines, entre otras.
En el Facebook de Claudio Campagna Libros se manifiesta: "El problema inmediato es retirar los cajones, para luego avanzar en la solución de fondo: que ya no acaben nunca más en el mar. Si se plantea una limpieza, se requiere, creo, por la enorme cantidad de basura plástica, apoyatura desde el mar. No se pueden sacar miles de cajones por los acantilados, sería un proceso lento, costoso, poco efectivo y de alto impacto. Requiere entrar en campos privados por caminos de acceso en estado cuestionable.
Parecería más efectivo juntarlos en la costa y transportarlos, con botes inflables, a embarcaciones grandes que esperan a distancia prudencial. Existen en la región recursos humanos bien capacitados para la maniobra requerida; sería importante que sean ellos los que sugirieren soluciones. No se puede improvisar. Esta activad no debería realizarse ahora, en medio de la temporada de muda de los elefantes. Los meses del invierno serían los mejores para disminuir el impacto. Es absolutamente necesario coordinar con las autoridades, y con las pesqueras. Es un trabajo considerable que puede ser peligroso. Pero hay que hacerlo. La basura plástica grande genera basura más pequeña que termina en el estómago de aves, tortugas y mamíferos marinos.
El problema no es sacar la basura acumulada, el problema es que no siga acumulándose. Esta foto fue tomada hace tres días en Península Valdés. Arriba se listan las empresas que tienen responsabilidad en el tema. Si se desea contribuir a la solución, difundan los nombres".
Se están organizando reuniones para discutir un plan para sanear las playas. La cantidad de basura acumulada en algunas costas no se puede extraer por tierra. El problema afecta lugares poco accesibles, es mucha la basura y requiere planificación para que no ocurran otros impactos. Si se mantiene el interés público se facilitarán las soluciones.
Gracias a los que han compartido la lista de empresas que aparecen «firmando» la basura que impacta las playas de Valdés (una muestra de lo que ocurre en el mar y en el resto de las playas patagónicas). Quienes tengan fotos al respecto sería bueno que las difundan. No abandonemos el objetivo: quitar la contaminación".
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Continúan los peligros en Jujuy tras el alud
Drama en Jujuy: el barro ya borró a casi todo un pueblo y sigue el alerta
Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: Jujuy
El ministerio de Defensa y la Cruz Roja trabajan en el lugar del desastre natural.
El drama de muchas familias jujeñas parece no tener fin, merced al alud de barro y las inundaciones registradas desde este martes. La localidad más afectadas es Volcán y también Tumbaya y Bárcena, en el primer tramo de ingreso a la Quebrada de Humahuaca y a unos 3 mil metros sobre el nivel del mar. En total, la población afectada en los tres municipios suma unas 1.700 personas, de las cuales alrededor de medio millar fueron trasladadas a centros especiales.
El marrón del barro cubrió la totalidad de las casas de adobe que se encontraban a la vera de la ruta, y desde allí, el camino se hace imperceptible por el agua. Las autoridades locales declararon "zona de desastre”. Hasta ayer, dos personas seguían desaparecidas. Se trata de Elena Zambrano (77) y su hijo Juan Carlos Zambrano (59), de quienes su familia no tiene noticias desde el martes, última ocasión que pudieron comunicarse con ellos. Asimismo, el alud se cobró dos vidas en la localidad de Bárcena.
Al ingresar al pueblo de Volcán, los testimonios son desgarradores. Como el de Sandra López, que contó que luego del "poderoso rugido” que trajo el alud el martes, perdió absolutamente todas sus pertenencias.
La mayoría de los pobladores, embarrados desde la cintura para abajo, trabaja arduamente para recuperar los pocos elementos que no arrastró el agua y pidieron la colaboración de todos los jujeños para levantar el pueblo. La ruta 9 sigue cortada mientras personal provincial trabaja para despejar los caminos afectados.
En Tumbaya, el 80 % de sus viviendas resultaron afectadas y hay 296 personas en centros de evacuados. El terreno sufre también con desmoronamientos a cada rato e inundaciones con alturas superiores a 1,2 metros. El comisionado de lugar, Hugo Mamaní, contó que hay gente "que ha perdido el 100% de sus pertenencias”. Y la mayoría de los pobladores están sin servicios básicos.
Para mitigar la situación, cuadrillas de bomberos, policías, personal de Defensa Civil y el Ejército, trabajan en el lugar para llevar un poco de normalidad y calma. Un panorama similar se vive en Bárcena, con 100 de sus 158 habitantes desplazados de sus casas. Del pueblo no ha quedado prácticamente nada.
Hay también otras zonas en las que la capa de barro desplazada por el alud alcanza los dos metros, lo que complica mucho más "la vuelta a casa” que una inundación de agua normal porque afecta a las estructuras de las construcciones. También están colapsados el abastecimiento de agua potable en la zona y los sistemas de cloacas, de electricidad y de telefonía, con lo cual muchas familias se encuentran incomunicadas.
Parte de estas áreas están incomunicadas. No hay combustible ni alimentos y por tal motivo van a evacuar a los más de 2 mil turistas que quedaron varados en Purmamarca, Tilcara y Maimará, tras el peor alud de los últimos 40 años. Además, se le pidió a la población y a los turistas no viajar a la zona por el momento.
La ruta 9, única vía de acceso a la zona, se encuentra interrumpida al tránsito devido a la cantidad de barrio acumulado sobre su calzada. Las autoridades provinciales advirtieron a los viajeros que cruzan entre Chile y Argentina que deberán utilizar el Paso de Sico en lugar del de Jama (que se encuentra al norte del primero). En esa vía, fue donde encontraron muertos a un hombre y una mujer -únicas víctimas fatales hasta ahora- en un coche volcado que fue arrastrado por el alud de barro y piedras.
A estos desastres se le suma que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por tormentas fuertes para la zona afectada, ya saturada de agua por las precipitaciones de los últimos dos días.
La población afectada en las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya suma más de 1.700 personas, de las cuales alrededor de 500 fueron trasladadas a centros de evacuados.
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Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: Jujuy
El ministerio de Defensa y la Cruz Roja trabajan en el lugar del desastre natural.
El drama de muchas familias jujeñas parece no tener fin, merced al alud de barro y las inundaciones registradas desde este martes. La localidad más afectadas es Volcán y también Tumbaya y Bárcena, en el primer tramo de ingreso a la Quebrada de Humahuaca y a unos 3 mil metros sobre el nivel del mar. En total, la población afectada en los tres municipios suma unas 1.700 personas, de las cuales alrededor de medio millar fueron trasladadas a centros especiales.
El marrón del barro cubrió la totalidad de las casas de adobe que se encontraban a la vera de la ruta, y desde allí, el camino se hace imperceptible por el agua. Las autoridades locales declararon "zona de desastre”. Hasta ayer, dos personas seguían desaparecidas. Se trata de Elena Zambrano (77) y su hijo Juan Carlos Zambrano (59), de quienes su familia no tiene noticias desde el martes, última ocasión que pudieron comunicarse con ellos. Asimismo, el alud se cobró dos vidas en la localidad de Bárcena.
Al ingresar al pueblo de Volcán, los testimonios son desgarradores. Como el de Sandra López, que contó que luego del "poderoso rugido” que trajo el alud el martes, perdió absolutamente todas sus pertenencias.
La mayoría de los pobladores, embarrados desde la cintura para abajo, trabaja arduamente para recuperar los pocos elementos que no arrastró el agua y pidieron la colaboración de todos los jujeños para levantar el pueblo. La ruta 9 sigue cortada mientras personal provincial trabaja para despejar los caminos afectados.
En Tumbaya, el 80 % de sus viviendas resultaron afectadas y hay 296 personas en centros de evacuados. El terreno sufre también con desmoronamientos a cada rato e inundaciones con alturas superiores a 1,2 metros. El comisionado de lugar, Hugo Mamaní, contó que hay gente "que ha perdido el 100% de sus pertenencias”. Y la mayoría de los pobladores están sin servicios básicos.
Para mitigar la situación, cuadrillas de bomberos, policías, personal de Defensa Civil y el Ejército, trabajan en el lugar para llevar un poco de normalidad y calma. Un panorama similar se vive en Bárcena, con 100 de sus 158 habitantes desplazados de sus casas. Del pueblo no ha quedado prácticamente nada.
Hay también otras zonas en las que la capa de barro desplazada por el alud alcanza los dos metros, lo que complica mucho más "la vuelta a casa” que una inundación de agua normal porque afecta a las estructuras de las construcciones. También están colapsados el abastecimiento de agua potable en la zona y los sistemas de cloacas, de electricidad y de telefonía, con lo cual muchas familias se encuentran incomunicadas.
Parte de estas áreas están incomunicadas. No hay combustible ni alimentos y por tal motivo van a evacuar a los más de 2 mil turistas que quedaron varados en Purmamarca, Tilcara y Maimará, tras el peor alud de los últimos 40 años. Además, se le pidió a la población y a los turistas no viajar a la zona por el momento.
La ruta 9, única vía de acceso a la zona, se encuentra interrumpida al tránsito devido a la cantidad de barrio acumulado sobre su calzada. Las autoridades provinciales advirtieron a los viajeros que cruzan entre Chile y Argentina que deberán utilizar el Paso de Sico en lugar del de Jama (que se encuentra al norte del primero). En esa vía, fue donde encontraron muertos a un hombre y una mujer -únicas víctimas fatales hasta ahora- en un coche volcado que fue arrastrado por el alud de barro y piedras.
A estos desastres se le suma que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por tormentas fuertes para la zona afectada, ya saturada de agua por las precipitaciones de los últimos dos días.
La población afectada en las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya suma más de 1.700 personas, de las cuales alrededor de 500 fueron trasladadas a centros de evacuados.
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Riachuelo: se ataca parcialmente los efectos, no causas
Cuenca Matanza Riachuelo: recomposición del 20% de los efectos, pero nada de las causas
Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Diario NCO - Por Raúl A. Estrada Oyuela
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó a la Corte Suprema que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las preguntas del doctor Ricardo Lorenzetti pidiendo precisiones, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje.
Quienes asistimos a la audiencia, por lo que vimos y oímos, sabemos que podría haber dicho 16% o 22%, daba lo mismo, no hubo detalles ni desagregación, a pesar de la insistencia del presidente de la Corte. Parecía más un pálpito que un dato. Aun peor: se refería a la recomposición de daños causados por la contaminación, porque nada se ha hecho con respecto a las causas de la contaminación rampante.
El hacinamiento en asentamientos insalubres, por ejemplo, que se procura solucionar con planes de viviendas que no se cumplen, es consecuencia de la pobreza y la falta de trabajo que lleva a quienes las sufren a vivir en los lugares que, por contaminados, son eludidos por quienes tienen mejores recursos. Esta bien ofrecer viviendas, pero si no se resuelven la contaminación y la pobreza, el asentamiento resurgirá.
La audiencia comenzó con una crítica exposición de las ONGs designadas por la Corte para observar el cumplimiento del fallo que manifestaron su insatisfacción, seguida por una exposición de la Auditoría General de la Nación que puntualizó los defectos del sistema de indicadores de resultados y del manejo de los fondos asignados a la ACUMAR.
Ante la demanda de un grupo de personas a las que se sumaron el Defensor del Pueblo de la Nación y varias organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2006, aplicando la ley general del ambiente (ley 25675), la Corte ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, hacer un Plan Integrado de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca que contemplara el ordenamiento ambiental de territorio, el control del desarrollo de actividades antrópicas, el estudio del impacto ambiental del grupo de empresas demandadas, y un programa de educación ambiental.
Para cumplir esos encargos, en noviembre de 2006, se creó la ACUMAR por ley 26168. La audiencia convocada por la Corte 10 años después fue para “evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos”, porque esos objetivos no se han cumplido.
En su primera reunión ACUMAR adoptó la Resolución 1/2007 sobre los efluentes líquidos contaminados que se vierten en la cuenca. Esa norma que sigue vigente, exime de controles las aguas cloacales que descargan AySA y ABSA. No pone limite a los coliformes fecales que puedan contener los efluentes volcados por otras fuentes que hay, y no regula la masa total con desprecio de la capacidad de procesamiento que podría tener el río. La Resolución no cumple con la ley 24.051 vigente desde 1991 sobre residuos peligrosos. Los niveles de contaminación que autoriza en los vertidos son prácticamente los que se estaban descargando entonces. No cumple la ley 25.688 de 2002 sobre gestión ambiental de los recursos hídricos que manda establecer primero el uso del río y luego determinar las descargas de efluentes que se tolerarán. Esta resolución sigue vigente y atravesó airosa los esfuerzos de la Corte, inclusive el fallo más preciso del 8 de julio de 2008. El monitoreo del río parece estar suspendido desde junio y nunca se informó sobre la toxicidad de los contaminantes acumulados.
También en su primera reunión, ACUMAR adoptó la Resolución 2/2007 que establece los parámetros de contaminación del aire que deben medirse. La lista ni siquiera contiene todas las sustancias indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de la Cuenca, aunque tiene facultades para hacerlo, no ha tomado medidas para controlar las fuentes de emisiones de gases y material particulado que, tanto según la Unión Europea como el Banco Mundial, tienen fuerte impacto negativo en la expectativa de vida porque causan cardiopatía isquémica, infecciones en las vías respiratorias y EPOC. El último informe presentado por ACUMAR dice que la calidad del aire en la cuenca es mala, pero no anuncia medidas para mejorarlo.
Después aquel fallo de 2006, la Corte dictó otro el 8 de julio de 2008, con órdenes precisas para mejorar la vida de los habitantes, recomponer el agua, el aire y el suelo, y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción. Impuso plazos que no se cumplieron y multas que no se aplicaron.
Perseverando en su empeño, ACUMAR adoptó la resolución 3/2009 que establece un uso para el mediano y largo plazo de la Cuenca con estándares inferiores a las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el expediente judicial la autoridad reconoció que ese uso carece de antecedentes en otro lugar del mundo.
Sobre la neutralización de esta causas de la contaminación no hay noticias. La mayor obra de saneamiento cloacal proyectada es el colector de la margen izquierda del Río. Tiene un crédito del Banco Mundial otorgado en 2009. Debía haberse concluido en marzo de este año. En la Corte AySA, dijo que espera terminarlo en 2021. Las reglas del arte indican que la disposición final de aguas cloacales requiere la separación de objetos sólidos o pretratamiento, el tratamiento biológico aeróbico, la sedimentación secundaria, la concentración de lodos y finalmente la deshidratación de lodos. AySA no es clara con respecto a la calidad de las aguas que saldran de sus plantas de procesamiento y es esquiva en precisiones, pero tanto planta de Berazategui como la proyectada en DockSud solo tendrán pretratamiento y un difusor vertirá aguas cloacales crudas en el Río de la Plata, de donde se obtiene el agua para consumo humano en Buenos Aires.
Resta ahora esperar el nuevo impulso que la Corte dará al proceso de recomposición ambiental, ante el precario nivel alcanzado en 10 años.
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Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Diario NCO - Por Raúl A. Estrada Oyuela
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó a la Corte Suprema que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las preguntas del doctor Ricardo Lorenzetti pidiendo precisiones, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje.
Quienes asistimos a la audiencia, por lo que vimos y oímos, sabemos que podría haber dicho 16% o 22%, daba lo mismo, no hubo detalles ni desagregación, a pesar de la insistencia del presidente de la Corte. Parecía más un pálpito que un dato. Aun peor: se refería a la recomposición de daños causados por la contaminación, porque nada se ha hecho con respecto a las causas de la contaminación rampante.
El hacinamiento en asentamientos insalubres, por ejemplo, que se procura solucionar con planes de viviendas que no se cumplen, es consecuencia de la pobreza y la falta de trabajo que lleva a quienes las sufren a vivir en los lugares que, por contaminados, son eludidos por quienes tienen mejores recursos. Esta bien ofrecer viviendas, pero si no se resuelven la contaminación y la pobreza, el asentamiento resurgirá.
La audiencia comenzó con una crítica exposición de las ONGs designadas por la Corte para observar el cumplimiento del fallo que manifestaron su insatisfacción, seguida por una exposición de la Auditoría General de la Nación que puntualizó los defectos del sistema de indicadores de resultados y del manejo de los fondos asignados a la ACUMAR.
Ante la demanda de un grupo de personas a las que se sumaron el Defensor del Pueblo de la Nación y varias organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2006, aplicando la ley general del ambiente (ley 25675), la Corte ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, hacer un Plan Integrado de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca que contemplara el ordenamiento ambiental de territorio, el control del desarrollo de actividades antrópicas, el estudio del impacto ambiental del grupo de empresas demandadas, y un programa de educación ambiental.
Para cumplir esos encargos, en noviembre de 2006, se creó la ACUMAR por ley 26168. La audiencia convocada por la Corte 10 años después fue para “evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos”, porque esos objetivos no se han cumplido.
En su primera reunión ACUMAR adoptó la Resolución 1/2007 sobre los efluentes líquidos contaminados que se vierten en la cuenca. Esa norma que sigue vigente, exime de controles las aguas cloacales que descargan AySA y ABSA. No pone limite a los coliformes fecales que puedan contener los efluentes volcados por otras fuentes que hay, y no regula la masa total con desprecio de la capacidad de procesamiento que podría tener el río. La Resolución no cumple con la ley 24.051 vigente desde 1991 sobre residuos peligrosos. Los niveles de contaminación que autoriza en los vertidos son prácticamente los que se estaban descargando entonces. No cumple la ley 25.688 de 2002 sobre gestión ambiental de los recursos hídricos que manda establecer primero el uso del río y luego determinar las descargas de efluentes que se tolerarán. Esta resolución sigue vigente y atravesó airosa los esfuerzos de la Corte, inclusive el fallo más preciso del 8 de julio de 2008. El monitoreo del río parece estar suspendido desde junio y nunca se informó sobre la toxicidad de los contaminantes acumulados.
También en su primera reunión, ACUMAR adoptó la Resolución 2/2007 que establece los parámetros de contaminación del aire que deben medirse. La lista ni siquiera contiene todas las sustancias indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de la Cuenca, aunque tiene facultades para hacerlo, no ha tomado medidas para controlar las fuentes de emisiones de gases y material particulado que, tanto según la Unión Europea como el Banco Mundial, tienen fuerte impacto negativo en la expectativa de vida porque causan cardiopatía isquémica, infecciones en las vías respiratorias y EPOC. El último informe presentado por ACUMAR dice que la calidad del aire en la cuenca es mala, pero no anuncia medidas para mejorarlo.
Después aquel fallo de 2006, la Corte dictó otro el 8 de julio de 2008, con órdenes precisas para mejorar la vida de los habitantes, recomponer el agua, el aire y el suelo, y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción. Impuso plazos que no se cumplieron y multas que no se aplicaron.
Perseverando en su empeño, ACUMAR adoptó la resolución 3/2009 que establece un uso para el mediano y largo plazo de la Cuenca con estándares inferiores a las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el expediente judicial la autoridad reconoció que ese uso carece de antecedentes en otro lugar del mundo.
Sobre la neutralización de esta causas de la contaminación no hay noticias. La mayor obra de saneamiento cloacal proyectada es el colector de la margen izquierda del Río. Tiene un crédito del Banco Mundial otorgado en 2009. Debía haberse concluido en marzo de este año. En la Corte AySA, dijo que espera terminarlo en 2021. Las reglas del arte indican que la disposición final de aguas cloacales requiere la separación de objetos sólidos o pretratamiento, el tratamiento biológico aeróbico, la sedimentación secundaria, la concentración de lodos y finalmente la deshidratación de lodos. AySA no es clara con respecto a la calidad de las aguas que saldran de sus plantas de procesamiento y es esquiva en precisiones, pero tanto planta de Berazategui como la proyectada en DockSud solo tendrán pretratamiento y un difusor vertirá aguas cloacales crudas en el Río de la Plata, de donde se obtiene el agua para consumo humano en Buenos Aires.
Resta ahora esperar el nuevo impulso que la Corte dará al proceso de recomposición ambiental, ante el precario nivel alcanzado en 10 años.
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Lo que no se dice de Vaca Muerta
Gremio petrolero argentino critica plan de impulso a inversión en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: InfoLatam
Provincia/Región: Nacional
Un sector de los empleados de la gigantesca formación hidrocarburífera argentina de Vaca Muerta (suroeste) criticó el acuerdo firmado por el Gobierno, las petroleras y los gremios mayoritarios del área para fomentar la inversión por considerar que implica “flexibilización laboral”.
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut -una de las cuatro provincias sobre las que se extiende Vaca Muerta-, Jorge Ávila, evidenció la división de opiniones entre los representantes de los trabajadores sobre el impacto que tendrá el plan anunciado este martes por el presidente argentino, Mauricio Macri.
“No es conveniente para nadie. Es una flexibilización laboral encubierta que indudablemente, seguramente, lo han hecho los sindicalistas y no los trabajadores, habría que preguntarle qué piensan los trabajadores”, afirmó en declaraciones realizadas a radio Delta.
Ávila lamentó que el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, mayoritario por representar a un 70 % de los trabajadores de la zona de Vaca Muerta, accediera a firmar un acuerdo que implica “reducir salario” y poner en juego condiciones que afectan a la “vida de los trabajadores”.
“Lo que quieren es volvernos al convenio del año 70”, recalcó.
El sindicalista chubutense explicó que su gremio iniciará conversaciones con el Ejecutivo la semana que viene para valorar suscribir el acuerdo aunque aseguró que, si lo hacen, será solo de forma “temporal”.
El acuerdo anunciado ayer es un compromiso multilateral que, según el Gobierno, supondrá una inversión de 5.000 millones de dólares en 2017, una cifra que prevén que se duplique y triplique en los próximos años.
Los suscriptores, hasta el momento, son el Ejecutivo nacional y el de la provincia de Neuquén, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las petroleras Pan American Energy, la francesa Total, la anglo-holandesa Shell, las estadounidenses Chevron y Dow, y la estatal YPF, que tiene el 50 % de la superficie del yacimiento.
El plan incluye no aumentar los impuestos provinciales para garantizar la estabilidad presupuestaria de los inversores, el compromiso de mejorar las infraestructuras y algunos cambios en las condiciones de trabajo, como la posibilidad de reubicar a los empleados en tareas diferentes sin afectar el sueldo.
Ávila rechazó hoy que se busque “seducir” a los empresarios para que inviertan a costa de los trabajadores, en lugar de tratar de bajar los “índices de accidentes” y de “enfermedad”, o revisar otros factores que afectan a la “productividad”, como la anticuada tecnología.
Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo y su explotación es duramente criticada por ambientalistas, agricultores e indígenas de Neuquén, quienes denuncian la liberación de grandes cantidades de gas metano y la contaminación de los acuíferos de la región.
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Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: InfoLatam
Provincia/Región: Nacional
Un sector de los empleados de la gigantesca formación hidrocarburífera argentina de Vaca Muerta (suroeste) criticó el acuerdo firmado por el Gobierno, las petroleras y los gremios mayoritarios del área para fomentar la inversión por considerar que implica “flexibilización laboral”.
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut -una de las cuatro provincias sobre las que se extiende Vaca Muerta-, Jorge Ávila, evidenció la división de opiniones entre los representantes de los trabajadores sobre el impacto que tendrá el plan anunciado este martes por el presidente argentino, Mauricio Macri.
“No es conveniente para nadie. Es una flexibilización laboral encubierta que indudablemente, seguramente, lo han hecho los sindicalistas y no los trabajadores, habría que preguntarle qué piensan los trabajadores”, afirmó en declaraciones realizadas a radio Delta.
Ávila lamentó que el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, mayoritario por representar a un 70 % de los trabajadores de la zona de Vaca Muerta, accediera a firmar un acuerdo que implica “reducir salario” y poner en juego condiciones que afectan a la “vida de los trabajadores”.
“Lo que quieren es volvernos al convenio del año 70”, recalcó.
El sindicalista chubutense explicó que su gremio iniciará conversaciones con el Ejecutivo la semana que viene para valorar suscribir el acuerdo aunque aseguró que, si lo hacen, será solo de forma “temporal”.
El acuerdo anunciado ayer es un compromiso multilateral que, según el Gobierno, supondrá una inversión de 5.000 millones de dólares en 2017, una cifra que prevén que se duplique y triplique en los próximos años.
Los suscriptores, hasta el momento, son el Ejecutivo nacional y el de la provincia de Neuquén, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las petroleras Pan American Energy, la francesa Total, la anglo-holandesa Shell, las estadounidenses Chevron y Dow, y la estatal YPF, que tiene el 50 % de la superficie del yacimiento.
El plan incluye no aumentar los impuestos provinciales para garantizar la estabilidad presupuestaria de los inversores, el compromiso de mejorar las infraestructuras y algunos cambios en las condiciones de trabajo, como la posibilidad de reubicar a los empleados en tareas diferentes sin afectar el sueldo.
Ávila rechazó hoy que se busque “seducir” a los empresarios para que inviertan a costa de los trabajadores, en lugar de tratar de bajar los “índices de accidentes” y de “enfermedad”, o revisar otros factores que afectan a la “productividad”, como la anticuada tecnología.
Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo y su explotación es duramente criticada por ambientalistas, agricultores e indígenas de Neuquén, quienes denuncian la liberación de grandes cantidades de gas metano y la contaminación de los acuíferos de la región.
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