El daño ambiental de YPF aún no se debate
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El daño ambiental aún no se debate
Fecha de Publicación: 12/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En los últimos meses, cuatro bloques legislativos plantearon sin éxito investigar los daños de la industria hidrocarburífera en la provincia. Fue antes de que el gobierno nacional difundiera faltas de Repsol.
En los últimos seis meses, bloques de la oposición en la Legislatura presentaron cuatro pedidos de informe para conocer el daño ambiental que dejó la administración española de YPF. Ocurrió antes de que el gobierno nacional confirmara el pasivo por falta de remediación en los principales pozos de la provincia. Sin embargo, el tema sigue sin discutirse en la Cámara y ninguna de las iniciativas avanzó en las comisiones de trabajo.
Daniel Baum, diputado de Unión Popular y uno de los autores de la ley que regula los controles en la industria petrolera, anticipó que pedirá discutir el tema en la próxima reunión de la comisión de Hidrocarburos. Dijo que el documento difundido recientemente por el gobierno nacional -titulado Informe Mosconi- confirmó “que sólo se remedió un 3% sobre 1,8 millones de metros cúbicos de tierra contaminada".
“La ley preveía un presupuesto de millones de pesos con una tasa ambiental para garantizar los controles y hay que ver qué pasó”, sostuvo Baum. Recordó además que la ley de control ambiental que se sancionó en 2008, si bien sufrió modificaciones hasta el año pasado, está en plena vigencia.
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos y diputado del MPN, Luis Sapag, opinó que el pasivo ambiental “es un tema que hay que tomar con profundidad" y que "requiere legislaciones específicas". “Las leyes genéricas están y son buenas; pasa que hay que aplicarlas bien. No quiero decir que hoy se esté haciendo mal, sino que siempre se puede mejorar”, planteó.
En febrero, el bloque de UNE-FPN pidió al ministro de Energía Guillermo Coco que detallara la situación ambiental. Reiteraron el planteo un mes después, acotándolo al área Octógono Fiscal de Plaza Huincul. Ninguno de los dos proyectos fue tratado.
En abril, ante la nacionalización de YPF, Libres del Sur impulsó una declaración para que el Ejecutivo investigara el pasivo que dejó Repsol. La propuesta fue rechazada por el oficialismo en la comisión y en la Cámara.
También en abril, la UCR propuso una comisión especial para auditar la contaminación. El diputado Alejandro Vidal defendió la propuesta en la Cámara, sin mayor éxito que sus pares de UNE-FPN y Libres del Sur. Reiteró además la invitación a Coco para que diera explicaciones, pero el ministro recibió a los diputados en un hotel céntrico de la capital y no fue a la Legislatura.
Las respuestas, aunque informales, llegaron a fines de abril. El subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, aseguró que su área tenía 50 inspectores para garantizar los controles y que se había avanzado en la remediación ambiental “histórica”. El mes pasado, el ministro Coco estimó que el pasivo ronda los 1.500 millones de dólares y, por esas declaraciones, el diputado Rodolfo Canini (Frente Grande-MUN) elevó un nuevo pedido, esta vez a la vicegobernadora Ana Pechen. “Se supone que los diputados recibimos un informe cuatrimestral sobre la actividad petrolera, pero no encontré nada sobre lo que dijo el ministro", explicó Canini sobre la nota que aún no tuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 12/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En los últimos meses, cuatro bloques legislativos plantearon sin éxito investigar los daños de la industria hidrocarburífera en la provincia. Fue antes de que el gobierno nacional difundiera faltas de Repsol. En los últimos seis meses, bloques de la oposición en la Legislatura presentaron cuatro pedidos de informe para conocer el daño ambiental que dejó la administración española de YPF. Ocurrió antes de que el gobierno nacional confirmara el pasivo por falta de remediación en los principales pozos de la provincia. Sin embargo, el tema sigue sin discutirse en la Cámara y ninguna de las iniciativas avanzó en las comisiones de trabajo.
Daniel Baum, diputado de Unión Popular y uno de los autores de la ley que regula los controles en la industria petrolera, anticipó que pedirá discutir el tema en la próxima reunión de la comisión de Hidrocarburos. Dijo que el documento difundido recientemente por el gobierno nacional -titulado Informe Mosconi- confirmó “que sólo se remedió un 3% sobre 1,8 millones de metros cúbicos de tierra contaminada".
“La ley preveía un presupuesto de millones de pesos con una tasa ambiental para garantizar los controles y hay que ver qué pasó”, sostuvo Baum. Recordó además que la ley de control ambiental que se sancionó en 2008, si bien sufrió modificaciones hasta el año pasado, está en plena vigencia.
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos y diputado del MPN, Luis Sapag, opinó que el pasivo ambiental “es un tema que hay que tomar con profundidad" y que "requiere legislaciones específicas". “Las leyes genéricas están y son buenas; pasa que hay que aplicarlas bien. No quiero decir que hoy se esté haciendo mal, sino que siempre se puede mejorar”, planteó.
En febrero, el bloque de UNE-FPN pidió al ministro de Energía Guillermo Coco que detallara la situación ambiental. Reiteraron el planteo un mes después, acotándolo al área Octógono Fiscal de Plaza Huincul. Ninguno de los dos proyectos fue tratado.
En abril, ante la nacionalización de YPF, Libres del Sur impulsó una declaración para que el Ejecutivo investigara el pasivo que dejó Repsol. La propuesta fue rechazada por el oficialismo en la comisión y en la Cámara.
También en abril, la UCR propuso una comisión especial para auditar la contaminación. El diputado Alejandro Vidal defendió la propuesta en la Cámara, sin mayor éxito que sus pares de UNE-FPN y Libres del Sur. Reiteró además la invitación a Coco para que diera explicaciones, pero el ministro recibió a los diputados en un hotel céntrico de la capital y no fue a la Legislatura.
Las respuestas, aunque informales, llegaron a fines de abril. El subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, aseguró que su área tenía 50 inspectores para garantizar los controles y que se había avanzado en la remediación ambiental “histórica”. El mes pasado, el ministro Coco estimó que el pasivo ronda los 1.500 millones de dólares y, por esas declaraciones, el diputado Rodolfo Canini (Frente Grande-MUN) elevó un nuevo pedido, esta vez a la vicegobernadora Ana Pechen. “Se supone que los diputados recibimos un informe cuatrimestral sobre la actividad petrolera, pero no encontré nada sobre lo que dijo el ministro", explicó Canini sobre la nota que aún no tuvo respuesta.
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Agroquímicos: juzgan a productores por contaminación
Los agrotóxicos llegaron a juicio oral
Fecha de Publicación: 11/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez en el país, una causa por fumigación con glifosato y endosulfán llega a juicio oral. Es el caso del barrio Ituzaingó, en Córdoba, donde se vienen haciendo denuncias desde hace una década. Hoy habrá una marcha en apoyo a la investigación.
El primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzará hoy en Córdoba. El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.
“El uso masivo y creciente de agrotóxicos es un problema de soberanía popular”, expresaron las organizaciones Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, impulsoras del juicio, junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El proceso judicial, a cargo de la Cámara 1 del Crimen, comenzará a las 9 con una audiencia de acusaciones y testimonios respecto del uso ilegal de sustancias tóxicas en el barrio. La querella intentará una condena por el delito de “contaminación dolosa” para los tres imputados: los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión fumigador Edgardo Jorge Pancello.
El juicio unificará dos demandas presentadas en 2004 y 2008, aunque el problema se remonta a fines de 2001, cuando un grupo de mujeres, integrantes hoy de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, comenzó a notar el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación. “Las mujeres andaban con pañuelo en la cabeza, rapadas por la quimioterapia, y los niños, todos con barbijo”, relató a Página/12 María Godoy, militante de esa agrupación. “Lo lamentable –expresó– es que a pesar de todo lo que conseguimos, como ordenanzas y amparos, seguimos viéndolos enfermos por la calle.” En 2004, Sofía Gatica, una de estas madres, realizó la primera denuncia por la fumigación terrestre de agroquímicos en el “campo de Parra”.
Gatica, contó Godoy, “había perdido una hija con malformación de riñón y fue quien descubrió que estábamos todos afectados. En 2011, se hizo un estudio de sangre a 140 niños del barrio que determinó que el 80 por ciento de ellos tienen agrotóxico en la sangre. El anterior había sido en 2005, a 30 niños, y había determinado que 9 de cada 10 tenía el veneno. Esto significa que el daño es irreparable, estamos contaminados”.
La segunda causa, de 2008, fue iniciada por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y hoy referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez, que denunció la fumigación aérea de glifosato y endosulfán por parte de una avioneta sin identificar, que resultó ser propiedad de Pancello. Además de violar las ordenanzas municipales y la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164 –que advierte que el endosulfán no debe ser aplicado en un radio menor a 1500 metros y el glifosato a menos de 500 metros de zonas urbanas–, violaba la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El piloto había sido contratado por los empresarios sojeros Parra (el mismo denunciado por Gatica) y Gabrielli.
“Esta es la primera causa por agroquímicos de toda Latinoamérica. Hemos tenido recursos de amparo en muchas provincias, pero una causa penal, nunca. Entonces es especialmente importante que la condena sea ejemplar. No podemos permitir que apliquen veneno sobre nuestros niños”, señaló a este diario Avila Vázquez. A mediados de mayo último, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó investigar si existe una relación directa entre la fumigación y las muertes por cáncer en el barrio. Para ello, resolvió imputar a Gabrielli y Parra por “contaminación dolosa”, según la Ley 24.051, que prevé de tres a diez años de prisión, aunque la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”, con penas de 10 a 25 años de prisión.
Más Información:
- Infobae - Córdoba: primer juicio por contaminación con agroquímicos
- El Litoral - Contaminación de agroquímicos
- Rosario 3 - Primer juicio por contaminación con agroquímicos
- Telam - Por primera vez en Córdoba, juzgan a productores ...
- AIM - Comienza el primer juicio nacional por uso de agrotóxicos
- Ver todas las noticias del día en los Diarios de Córdoba en edición impresa
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Fecha de Publicación: 11/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez en el país, una causa por fumigación con glifosato y endosulfán llega a juicio oral. Es el caso del barrio Ituzaingó, en Córdoba, donde se vienen haciendo denuncias desde hace una década. Hoy habrá una marcha en apoyo a la investigación.El primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzará hoy en Córdoba. El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.
“El uso masivo y creciente de agrotóxicos es un problema de soberanía popular”, expresaron las organizaciones Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, impulsoras del juicio, junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El proceso judicial, a cargo de la Cámara 1 del Crimen, comenzará a las 9 con una audiencia de acusaciones y testimonios respecto del uso ilegal de sustancias tóxicas en el barrio. La querella intentará una condena por el delito de “contaminación dolosa” para los tres imputados: los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión fumigador Edgardo Jorge Pancello.
El juicio unificará dos demandas presentadas en 2004 y 2008, aunque el problema se remonta a fines de 2001, cuando un grupo de mujeres, integrantes hoy de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, comenzó a notar el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación. “Las mujeres andaban con pañuelo en la cabeza, rapadas por la quimioterapia, y los niños, todos con barbijo”, relató a Página/12 María Godoy, militante de esa agrupación. “Lo lamentable –expresó– es que a pesar de todo lo que conseguimos, como ordenanzas y amparos, seguimos viéndolos enfermos por la calle.” En 2004, Sofía Gatica, una de estas madres, realizó la primera denuncia por la fumigación terrestre de agroquímicos en el “campo de Parra”.
Gatica, contó Godoy, “había perdido una hija con malformación de riñón y fue quien descubrió que estábamos todos afectados. En 2011, se hizo un estudio de sangre a 140 niños del barrio que determinó que el 80 por ciento de ellos tienen agrotóxico en la sangre. El anterior había sido en 2005, a 30 niños, y había determinado que 9 de cada 10 tenía el veneno. Esto significa que el daño es irreparable, estamos contaminados”.
La segunda causa, de 2008, fue iniciada por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y hoy referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez, que denunció la fumigación aérea de glifosato y endosulfán por parte de una avioneta sin identificar, que resultó ser propiedad de Pancello. Además de violar las ordenanzas municipales y la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164 –que advierte que el endosulfán no debe ser aplicado en un radio menor a 1500 metros y el glifosato a menos de 500 metros de zonas urbanas–, violaba la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El piloto había sido contratado por los empresarios sojeros Parra (el mismo denunciado por Gatica) y Gabrielli.
“Esta es la primera causa por agroquímicos de toda Latinoamérica. Hemos tenido recursos de amparo en muchas provincias, pero una causa penal, nunca. Entonces es especialmente importante que la condena sea ejemplar. No podemos permitir que apliquen veneno sobre nuestros niños”, señaló a este diario Avila Vázquez. A mediados de mayo último, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó investigar si existe una relación directa entre la fumigación y las muertes por cáncer en el barrio. Para ello, resolvió imputar a Gabrielli y Parra por “contaminación dolosa”, según la Ley 24.051, que prevé de tres a diez años de prisión, aunque la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”, con penas de 10 a 25 años de prisión.
Más Información:
- Infobae - Córdoba: primer juicio por contaminación con agroquímicos
- El Litoral - Contaminación de agroquímicos
- Rosario 3 - Primer juicio por contaminación con agroquímicos
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Basura: un problema a punto de estallar
Basura: un problema a punto de estallar del que nadie se hace cargo
Fecha de Publicación: 10/06/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el área metropolitana, la Ceamse se encarga desde 1977 de los predios a cielo abierto donde se entierran los desechos de treinta municipios. Aunque la mayoría podría reutilizarse y reciclarse, no hay inversiones, y el tema se convirtió en una verdadera bomba de tiempo: según expertos, no sólo hay falta de espacios –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano–, sino también peligro de explosiones. Algunos ya trabajan en alternativas.
El conflicto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad sobre dónde depositará cada territorio la basura desató una serie de reclamos que tiempo atrás, tanto ambientalistas como organismos especializados, venían solicitando: una política macro fuerte a largo plazo que busque gestionar de manera responsable los residuos sólidos urbanos (RSU) de toda la zona metropolitana.
Se suele decir que la problemática de la basura termina cuando el camión recolector pasa por la puerta de una propiedad. Pero es ahí cuando recién empieza. De las 16 mil toneladas de basura diarias que recibe la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), proveniente de treinta municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, la gran mayoría podría reutilizarse y reciclarse. Sin embargo, la generación de residuos aumenta año tras año (de más de un millón de toneladas en 1980 pasó a más del doble en 2000) y diversas ONG, grupos ambientalistas y organismos especializados debatieron con PERFIL acerca de las problemáticas que genera el enterramiento y de las alternativas que algunos llevan adelante.
La implementación del método de disposición final en rellenos sanitarios nació en el país hace 35 años, bajo el mando de la Ceamse, una entidad creada en 1977 y compartida entre el Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese año, la gestión de los residuos adquirió escala metropolitana. “Si bien en su momento esto fue tomado como un avance con relación a las incineraciones con residuo fósil que se venían haciendo. Nunca se pensó en invertir en maquinarias ni tecnología de recuperación o reciclaje desde la separación en origen”, planteó a PERFIL una especialista en residuos urbanos y miembro de Greenpeace, Consuelo Vilbao.
Por lo cual, luego de varios años, la disposición final se fue convirtiendo en una “bomba de tiempo”. Según la estudiosa del tema, en la actualidad se está viviendo una etapa de colapso de este sistema; no sólo por la falta de disponibilidad de nuevas tierras para enterrar desechos –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano bonaerense–, sino porque los rellenos conforman un “combo tóxico”.
El consultor ambiental y asesor de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público Alvaro Huguet confirmó que los rellenos traen aparejado “contaminación de subsuelo y napas freáticas, cuyo contacto puede ocasionar enfermedades como lupus, púrpura y cáncer. Además de olores desagradables, venteo de gas metano, degradación del paisaje y atracción de roedores y plagas”.
Cómo tratarlos. La mayor tajada de los residuos que se depositan en la Ceamse es la de los residuos orgánicos (restos de alimentos, pasto) con un 60 por ciento del total de lo enterrado.
Distintos especialistas consultados coinciden en que esta fracción es la que trae aparejadas las peores consecuencias. “Al ser húmeda, es la más peligrosa y conflictiva porque es la que conlleva la putrefacción de los basurales y la generación de los lixiviados y gas metano”, detalla Huguet, quien es el creador de los biodigestores anaeróbicos, una de las soluciones que puede dársele a este tipo de residuos: transformarlos en compost, alimento para la lombriz roja californiana, producir biogás, energía renovable.
De esta manera, a partir de las explicaciones de los analistas, los residuos vuelven a la naturaleza y le generan un corte en el gasto municipal ya que cada gobierno comunal se responsabiliza de la recolección y el transporte de los residuos hacia el correspondiente relleno sanitario. Es decir, cada municipio contrata una empresa recolectora, cuyo gasto demanda un alto porcentaje del presupuesto, y a la vez le paga a la Ceamse por tonelada entregada. “En el Conurbano está el 50% de la basura del país, junto con Ciudad y La Plata. Lo orgánico es el negocio porque al estar mojado, hace más peso”, denuncia sin cobardía Huguet.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó en diciembre de 2006 la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que abarca a todos los municipios de provincia y planteaba como principal objetivo alcanzar una reducción del 30% del total de residuos para 2011. Poco se hizo al respecto ya que la gran mayoría lo sigue depositando en la Ceamse.
Sin embargo, desde dicho organismo, el ingeniero Marcelo Rosso, gerente de Operaciones de la empresa, destacó a este medio que “en cualquier sistema de gestión integral de residuos, aquí o en cualquier parte del mundo, debe contener para su etapa final uno o más rellenos sanitarios. Independientemente de las técnicas de recupero, reciclado o valoración térmica”.
Desde Greenpeace critican que no se hayan tomado las medidas suficientes para que se redujera la basura, ni que los rellenos cuenten con un adecuado sistema de impermeabilización para evitar que los lixiviados migren hacia las aguas subterráneas, como sucede en González Catán, partido de La Matanza (ver recuadro).
Aunque la Ceamse respondió que desde 2001 opera la planta de compostaje “más grande de Argentina” con una capacidad de procesamiento de 1.200 toneladas al mes, en el Norte III, uno de los rellenos más importantes y el único habilitado, pero con poco tiempo de vida útil: su fecha de colapso es en abril de 2013.
“Estas plantas son buenas si están dentro de un eslabón, porque si juntás un papel y lo humedeciste, ese papel ya no sirve más. La clave está en la separación en origen. Para ello, debe haber incentivos para esa separación, como descuentos en las tasas o multas. Es que esto es un negocio para pocos”, detalló Vilbao.
Como a principios del año que viene se agotaría la capacidad del relleno Norte III, Rosso explicó que están en desarrollo las gestiones con el Ministerio de Defensa del Gobierno nacional para extender la superficie y construir un nuevo módulo en la zona.
Experiencias alternativas. A pesar de la situación, en el país existen diversas iniciativas que promueven el reciclado y reutilización de todos los RSU.
Se calcula que en el país existen 200 plantas de tratamiento de residuos orgánicos, promovidos por sectores públicos y privados. Por ejemplo –aunque los municipios del Conurbano bonaerense no se destaquen por hacer esta clase de tareas– es notable el programa “Morón Recicla”, que lleva adelante ese municipio en algunas localidades, donde los vecinos separan los residuos reciclables secos y limpios para que promotores ambientales los recolecten. En La Plata, los ciudadanos hacen algo similar, al depositar la basura reciclable en una “bolsa verde”, para ser tratados posteriormente. Tanto en Avellaneda como Morón se prevé la instalación de plantas de tratamiento diferenciado de residuos.
En el interior de la provincia también se vivencian casos de tratamiento, como Trenque Lauquen, que desde los ‘90 desarrolla un proyecto que clasifica la basura en residuos orgánicos e inorgánicos. Los primeros vuelven a ser clasificados en una planta de tratamiento, que genera compost.
Por su parte, en varias provincias del país, como la ciudad de Santa Fe, se dan modelos de recolección diferenciada en los domicilios particulares. Allí se trabaja fuertemente con los supermercados, hospitales, comercios, industrias y locales gastronómicos.
En tanto, científicos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Iniboma) elaboraron un proyecto de generación de basura y reciclado en Aluminé (Neuquén), que contempla el cierre de un antiguo basurero y la discriminación de desechos húmedos y secos. En Colón, Entre Ríos, se acaba de instalar un biodigestor en una escuela que genera biogás.
De todos modos, la pregunta sigue siendo compleja: ¿qué hacemos con la basura?
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Fecha de Publicación: 10/06/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el área metropolitana, la Ceamse se encarga desde 1977 de los predios a cielo abierto donde se entierran los desechos de treinta municipios. Aunque la mayoría podría reutilizarse y reciclarse, no hay inversiones, y el tema se convirtió en una verdadera bomba de tiempo: según expertos, no sólo hay falta de espacios –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano–, sino también peligro de explosiones. Algunos ya trabajan en alternativas.El conflicto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad sobre dónde depositará cada territorio la basura desató una serie de reclamos que tiempo atrás, tanto ambientalistas como organismos especializados, venían solicitando: una política macro fuerte a largo plazo que busque gestionar de manera responsable los residuos sólidos urbanos (RSU) de toda la zona metropolitana.
Se suele decir que la problemática de la basura termina cuando el camión recolector pasa por la puerta de una propiedad. Pero es ahí cuando recién empieza. De las 16 mil toneladas de basura diarias que recibe la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), proveniente de treinta municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, la gran mayoría podría reutilizarse y reciclarse. Sin embargo, la generación de residuos aumenta año tras año (de más de un millón de toneladas en 1980 pasó a más del doble en 2000) y diversas ONG, grupos ambientalistas y organismos especializados debatieron con PERFIL acerca de las problemáticas que genera el enterramiento y de las alternativas que algunos llevan adelante.
La implementación del método de disposición final en rellenos sanitarios nació en el país hace 35 años, bajo el mando de la Ceamse, una entidad creada en 1977 y compartida entre el Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese año, la gestión de los residuos adquirió escala metropolitana. “Si bien en su momento esto fue tomado como un avance con relación a las incineraciones con residuo fósil que se venían haciendo. Nunca se pensó en invertir en maquinarias ni tecnología de recuperación o reciclaje desde la separación en origen”, planteó a PERFIL una especialista en residuos urbanos y miembro de Greenpeace, Consuelo Vilbao.
Por lo cual, luego de varios años, la disposición final se fue convirtiendo en una “bomba de tiempo”. Según la estudiosa del tema, en la actualidad se está viviendo una etapa de colapso de este sistema; no sólo por la falta de disponibilidad de nuevas tierras para enterrar desechos –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano bonaerense–, sino porque los rellenos conforman un “combo tóxico”.
El consultor ambiental y asesor de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público Alvaro Huguet confirmó que los rellenos traen aparejado “contaminación de subsuelo y napas freáticas, cuyo contacto puede ocasionar enfermedades como lupus, púrpura y cáncer. Además de olores desagradables, venteo de gas metano, degradación del paisaje y atracción de roedores y plagas”.
Cómo tratarlos. La mayor tajada de los residuos que se depositan en la Ceamse es la de los residuos orgánicos (restos de alimentos, pasto) con un 60 por ciento del total de lo enterrado.
Distintos especialistas consultados coinciden en que esta fracción es la que trae aparejadas las peores consecuencias. “Al ser húmeda, es la más peligrosa y conflictiva porque es la que conlleva la putrefacción de los basurales y la generación de los lixiviados y gas metano”, detalla Huguet, quien es el creador de los biodigestores anaeróbicos, una de las soluciones que puede dársele a este tipo de residuos: transformarlos en compost, alimento para la lombriz roja californiana, producir biogás, energía renovable.
De esta manera, a partir de las explicaciones de los analistas, los residuos vuelven a la naturaleza y le generan un corte en el gasto municipal ya que cada gobierno comunal se responsabiliza de la recolección y el transporte de los residuos hacia el correspondiente relleno sanitario. Es decir, cada municipio contrata una empresa recolectora, cuyo gasto demanda un alto porcentaje del presupuesto, y a la vez le paga a la Ceamse por tonelada entregada. “En el Conurbano está el 50% de la basura del país, junto con Ciudad y La Plata. Lo orgánico es el negocio porque al estar mojado, hace más peso”, denuncia sin cobardía Huguet.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó en diciembre de 2006 la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que abarca a todos los municipios de provincia y planteaba como principal objetivo alcanzar una reducción del 30% del total de residuos para 2011. Poco se hizo al respecto ya que la gran mayoría lo sigue depositando en la Ceamse.
Sin embargo, desde dicho organismo, el ingeniero Marcelo Rosso, gerente de Operaciones de la empresa, destacó a este medio que “en cualquier sistema de gestión integral de residuos, aquí o en cualquier parte del mundo, debe contener para su etapa final uno o más rellenos sanitarios. Independientemente de las técnicas de recupero, reciclado o valoración térmica”.
Desde Greenpeace critican que no se hayan tomado las medidas suficientes para que se redujera la basura, ni que los rellenos cuenten con un adecuado sistema de impermeabilización para evitar que los lixiviados migren hacia las aguas subterráneas, como sucede en González Catán, partido de La Matanza (ver recuadro).
Aunque la Ceamse respondió que desde 2001 opera la planta de compostaje “más grande de Argentina” con una capacidad de procesamiento de 1.200 toneladas al mes, en el Norte III, uno de los rellenos más importantes y el único habilitado, pero con poco tiempo de vida útil: su fecha de colapso es en abril de 2013.
“Estas plantas son buenas si están dentro de un eslabón, porque si juntás un papel y lo humedeciste, ese papel ya no sirve más. La clave está en la separación en origen. Para ello, debe haber incentivos para esa separación, como descuentos en las tasas o multas. Es que esto es un negocio para pocos”, detalló Vilbao.
Como a principios del año que viene se agotaría la capacidad del relleno Norte III, Rosso explicó que están en desarrollo las gestiones con el Ministerio de Defensa del Gobierno nacional para extender la superficie y construir un nuevo módulo en la zona.
Experiencias alternativas. A pesar de la situación, en el país existen diversas iniciativas que promueven el reciclado y reutilización de todos los RSU.
Se calcula que en el país existen 200 plantas de tratamiento de residuos orgánicos, promovidos por sectores públicos y privados. Por ejemplo –aunque los municipios del Conurbano bonaerense no se destaquen por hacer esta clase de tareas– es notable el programa “Morón Recicla”, que lleva adelante ese municipio en algunas localidades, donde los vecinos separan los residuos reciclables secos y limpios para que promotores ambientales los recolecten. En La Plata, los ciudadanos hacen algo similar, al depositar la basura reciclable en una “bolsa verde”, para ser tratados posteriormente. Tanto en Avellaneda como Morón se prevé la instalación de plantas de tratamiento diferenciado de residuos.
En el interior de la provincia también se vivencian casos de tratamiento, como Trenque Lauquen, que desde los ‘90 desarrolla un proyecto que clasifica la basura en residuos orgánicos e inorgánicos. Los primeros vuelven a ser clasificados en una planta de tratamiento, que genera compost.
Por su parte, en varias provincias del país, como la ciudad de Santa Fe, se dan modelos de recolección diferenciada en los domicilios particulares. Allí se trabaja fuertemente con los supermercados, hospitales, comercios, industrias y locales gastronómicos.
En tanto, científicos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Iniboma) elaboraron un proyecto de generación de basura y reciclado en Aluminé (Neuquén), que contempla el cierre de un antiguo basurero y la discriminación de desechos húmedos y secos. En Colón, Entre Ríos, se acaba de instalar un biodigestor en una escuela que genera biogás.
De todos modos, la pregunta sigue siendo compleja: ¿qué hacemos con la basura?
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En Neuquén recurren al TSJ por Loncopué
Minería: la Provincia va el lunes al TSJ
Fecha de Publicación: 09/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia a la consulta que rechazó la actividad en Loncopué. “Durante el fin de semana se terminará de trabajar en la presentación”, afirmó.
No dieron los tiempos y el gobierno provincial pospuso para el lunes la presentación contra la consulta realizada el fin de semana pasado en Loncopué, que derivó en la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la localidad.
“No la presentamos. Lo vamos a hacer el lunes. Vamos a trabajarla el fin de semana”, confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia al recurso con el que el gobierno provincial intentará dejar sin efecto el resultado de la consulta pública y, en consecuencia, también la ordenanza por la que fue convocada.
El camino elegido por los equipos legales de la Provincia sería el de la acción de inconstitucionalidad, en tanto que uno de los principales argumentos que se terminarán de trabajar durante el fin de semana apunta a demostrar que el municipio de Loncopué se habría excedido en sus facultades al convocar al acto eleccionario. Además, que se habría inmiscuido en las que le corresponden, por Constitución, al gobierno provincial.
Gaitán evitó precisar el rumbo del escrito, pero en diálogo con La Mañana de Neuquén confirmó que se cuestionará, además del acto, la ordenanza en la que derivó. “Lo de la ordenanza se va a pedir que se pare, pero no puedo adelantar más. El lunes vamos a presentarnos”, sostuvo el fiscal de Estado.
El objetivo del gobierno provincial es que el TSJ intervenga en lo que considera un conflicto de poderes. Así lo plantearon en los últimos días diputados, el gobernador Jorge Sapag y su vice, Ana Pechen. El punto común del discurso es que el artículo 311 de la Constitución Provincial no faculta a los municipios a hacer consultas obligatorias y vinculantes que, sostienen, es lo que ocurrió el domingo pasado en Loncopué.
Definirá el pleno
Cuando la Corporación Minera de la Provincia (Cormine) intentó frenar la consulta, la Sala Procesal Administrativa del TSJ, integrada por Oscar Massei y Antonio Labate, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar. Se advirtió en el fallo que si eventualmente se sancionara la norma sometida a votación, ésta podía ser igualmente sometida a revisión jurisdiccional.
Ante el nuevo recurso no resolvería la sala, sino el cuerpo de los cinco vocales en su conjunto. Es que las acciones de inconstitucionalidad, según la ley orgánica del Poder Judicial, se definen por el pleno.
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Fecha de Publicación: 09/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia a la consulta que rechazó la actividad en Loncopué. “Durante el fin de semana se terminará de trabajar en la presentación”, afirmó.
No dieron los tiempos y el gobierno provincial pospuso para el lunes la presentación contra la consulta realizada el fin de semana pasado en Loncopué, que derivó en la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la localidad.
“No la presentamos. Lo vamos a hacer el lunes. Vamos a trabajarla el fin de semana”, confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia al recurso con el que el gobierno provincial intentará dejar sin efecto el resultado de la consulta pública y, en consecuencia, también la ordenanza por la que fue convocada.
El camino elegido por los equipos legales de la Provincia sería el de la acción de inconstitucionalidad, en tanto que uno de los principales argumentos que se terminarán de trabajar durante el fin de semana apunta a demostrar que el municipio de Loncopué se habría excedido en sus facultades al convocar al acto eleccionario. Además, que se habría inmiscuido en las que le corresponden, por Constitución, al gobierno provincial.
Gaitán evitó precisar el rumbo del escrito, pero en diálogo con La Mañana de Neuquén confirmó que se cuestionará, además del acto, la ordenanza en la que derivó. “Lo de la ordenanza se va a pedir que se pare, pero no puedo adelantar más. El lunes vamos a presentarnos”, sostuvo el fiscal de Estado.
El objetivo del gobierno provincial es que el TSJ intervenga en lo que considera un conflicto de poderes. Así lo plantearon en los últimos días diputados, el gobernador Jorge Sapag y su vice, Ana Pechen. El punto común del discurso es que el artículo 311 de la Constitución Provincial no faculta a los municipios a hacer consultas obligatorias y vinculantes que, sostienen, es lo que ocurrió el domingo pasado en Loncopué.
Definirá el pleno
Cuando la Corporación Minera de la Provincia (Cormine) intentó frenar la consulta, la Sala Procesal Administrativa del TSJ, integrada por Oscar Massei y Antonio Labate, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar. Se advirtió en el fallo que si eventualmente se sancionara la norma sometida a votación, ésta podía ser igualmente sometida a revisión jurisdiccional.
Ante el nuevo recurso no resolvería la sala, sino el cuerpo de los cinco vocales en su conjunto. Es que las acciones de inconstitucionalidad, según la ley orgánica del Poder Judicial, se definen por el pleno.
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Buscan soluciones al arsénico
Científicos argentinos avanzan en soluciones contra el arsénico
Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Un equipo realiza investigaciones tendientes a eliminar este contaminante natural del medio ambiente, por lo que han obtenido diversas distinciones.
El arsénico es un metaloide -tiene propiedades de los metales y de los no metales que está presente en la atmósfera, suelo y rocas, y aparece por causa de la erosión o procesos volcánicos. Es un contaminante, y su principal complicación es que es mayoritariamente de origen natural y se encuentra en las aguas de muchas partes del planeta. Su ingesta en pequeñas dosis durante períodos prolongados se asocia a una serie de manifestaciones dermatológicas y viscerales que se conoce como hidroarsenicismo crónico regional endémico, que puede provocar desde lesiones hasta cáncer. Por sus efectos en la salud humana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que 10 microgramos por litroes la máxima concentración segura en agua para consumo.
El problema del arsénico en el Mercosur. Un abordaje integrado y multidisciplinar en la investigación y desarrollo para contribuir a su resolución es un trabajo que ganó el premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2011. Lo dirigió Marta Litter, química e investigadora del Conicet en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y fue publicado a comienzos de año en la revista Environmental Science and Technology.
Litter y su equipo ya habían sido reconocidos en el mismo certamen en 2006, también por el problema del arsénico y de la provisión de agua segura en zonas rurales aisladas. En 2009, además, sus investigaciones les valieron el Premio Innovar, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Tanto en ciencia básica como en aplicada, Litter y su grupo están dedicados a la remoción de este contaminante en agua, una problemática que, a nivel mundial, distintos estudios se han ocupado de buscarle solución.
El equipo argentino trabaja en lo que se conoce como tecnologías avanzadas de oxidación, procesos químicos por los cuales se generan productos -especies o sustancias- que interactúan con contaminantes en agua, aire y suelo y los transforma en sustancias menos tóxicas, o que pueden ser retiradas del medio.
En su búsqueda por remover y eliminar el arsénico en el agua mediante estas tecnologías, los investigadores consiguieron transformar el arsénico del estado de oxidación +3 al +5, que es menos tóxico, y luego separarlo del agua. Pero lo más novedoso que han alcanzado recientemente es llevar el arsénico al estado 0, menos tóxico aún y sólido, lo que lo hace fácil de retirar del agua. Esto se obtuvo mediante una metodología llamada fotocatálisis heterogénea reductiva y supuso un importante logro que no registra antecedentes hasta el momento.
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Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Un equipo realiza investigaciones tendientes a eliminar este contaminante natural del medio ambiente, por lo que han obtenido diversas distinciones.
El arsénico es un metaloide -tiene propiedades de los metales y de los no metales que está presente en la atmósfera, suelo y rocas, y aparece por causa de la erosión o procesos volcánicos. Es un contaminante, y su principal complicación es que es mayoritariamente de origen natural y se encuentra en las aguas de muchas partes del planeta. Su ingesta en pequeñas dosis durante períodos prolongados se asocia a una serie de manifestaciones dermatológicas y viscerales que se conoce como hidroarsenicismo crónico regional endémico, que puede provocar desde lesiones hasta cáncer. Por sus efectos en la salud humana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que 10 microgramos por litroes la máxima concentración segura en agua para consumo.
El problema del arsénico en el Mercosur. Un abordaje integrado y multidisciplinar en la investigación y desarrollo para contribuir a su resolución es un trabajo que ganó el premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2011. Lo dirigió Marta Litter, química e investigadora del Conicet en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y fue publicado a comienzos de año en la revista Environmental Science and Technology.
Litter y su equipo ya habían sido reconocidos en el mismo certamen en 2006, también por el problema del arsénico y de la provisión de agua segura en zonas rurales aisladas. En 2009, además, sus investigaciones les valieron el Premio Innovar, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Tanto en ciencia básica como en aplicada, Litter y su grupo están dedicados a la remoción de este contaminante en agua, una problemática que, a nivel mundial, distintos estudios se han ocupado de buscarle solución.
El equipo argentino trabaja en lo que se conoce como tecnologías avanzadas de oxidación, procesos químicos por los cuales se generan productos -especies o sustancias- que interactúan con contaminantes en agua, aire y suelo y los transforma en sustancias menos tóxicas, o que pueden ser retiradas del medio.
En su búsqueda por remover y eliminar el arsénico en el agua mediante estas tecnologías, los investigadores consiguieron transformar el arsénico del estado de oxidación +3 al +5, que es menos tóxico, y luego separarlo del agua. Pero lo más novedoso que han alcanzado recientemente es llevar el arsénico al estado 0, menos tóxico aún y sólido, lo que lo hace fácil de retirar del agua. Esto se obtuvo mediante una metodología llamada fotocatálisis heterogénea reductiva y supuso un importante logro que no registra antecedentes hasta el momento.
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Corpacci quiere que las mineras inviertan socialmente
Catamarca y minería
Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales y a los municipios, que inviertan en obras de “alto impacto social”. En la misma línea, el gobierno nacional busca que las empresas sustituyan importaciones y aumenten el grado de vinculación con el sector metalúrgico. Esa sería una forma de mejorar el impacto de la actividad en el desarrollo económico sin modificar el entramado legal que la regula y que es otra herencia de los ’90. Entre otros beneficios, la legislación establece que las empresas gozan de estabilidad fiscal por 30 años.
Corpacci pidió a las multinacionales mineras “un mayor de-sarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial” y ocupar “más mano de obra en la región en la que están instaladas”. “La realidad nos muestra que las empresas mineras contratan poca mano de obra catamarqueña, espero que esta situación se revierta”, pidió la gobernadora. Se refiere fundamentalmente a Minera La Alumbrera, que opera la anglo-suiza Xstrata en el departamento de Belén y ocupa para ello a trabajadores tucumanos.
“Las poblaciones más cercanas a los proyectos mineros son las más postergadas. Carecen de agua y otros servicios básicos. Es necesario que el grupo empresario minero implemente los mecanismos necesarios a los fines de satisfacer y brindar dichos beneficios a las zonas aludidas, ya sea a través de un fideicomiso o de otra forma”, dijo Corpacci. Pidió a los intendentes de los 36 municipios catamarqueños que “el dinero proveniente de regalías mineras sea utilizado para obras de alto impacto social”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales y a los municipios, que inviertan en obras de “alto impacto social”. En la misma línea, el gobierno nacional busca que las empresas sustituyan importaciones y aumenten el grado de vinculación con el sector metalúrgico. Esa sería una forma de mejorar el impacto de la actividad en el desarrollo económico sin modificar el entramado legal que la regula y que es otra herencia de los ’90. Entre otros beneficios, la legislación establece que las empresas gozan de estabilidad fiscal por 30 años.
Corpacci pidió a las multinacionales mineras “un mayor de-sarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial” y ocupar “más mano de obra en la región en la que están instaladas”. “La realidad nos muestra que las empresas mineras contratan poca mano de obra catamarqueña, espero que esta situación se revierta”, pidió la gobernadora. Se refiere fundamentalmente a Minera La Alumbrera, que opera la anglo-suiza Xstrata en el departamento de Belén y ocupa para ello a trabajadores tucumanos.
“Las poblaciones más cercanas a los proyectos mineros son las más postergadas. Carecen de agua y otros servicios básicos. Es necesario que el grupo empresario minero implemente los mecanismos necesarios a los fines de satisfacer y brindar dichos beneficios a las zonas aludidas, ya sea a través de un fideicomiso o de otra forma”, dijo Corpacci. Pidió a los intendentes de los 36 municipios catamarqueños que “el dinero proveniente de regalías mineras sea utilizado para obras de alto impacto social”.
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Detienen a dueño de curtiembre en el Riachuelo
Detienen a dueño de una curtiembre del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El dueño de una curtiembre del partido bonaerense de Lanús fue detenido por haber violado la clausura del establecimiento que había dispuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La medida la ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por disposición de la Corte Suprema, luego de que "personal policial, con intervención de inspectores de la Acumar, advirtió la violación de la clausura que había sido dispuesta por las autoridades de ese organismo", informaron este jueves fuentes judiciales.
Este es "el tercer caso de violación de clausura dispuesta por Acumar que ha sido detectado en los últimos 30 días, todos ellos en Lanús", señalaron las fuentes y recordaron que los responsables pueden ser castigados con penas que llegan a los dos años de prisión.
En la misma causa, el 31 de mayo último el juez excarceló a Oscar Florencio Córdoba, titular de una empresa de galvanoplastía, también ubicada en Lanús y dedicada al niquelado de metales, que había sido clausurada por volcar residuos al río.
La clausura dispuesta por la Acumar, que actualmente pesa sobre el establecimiento, es para evitar que se prosigan volcando líquidos o sustancias tóxicas a la cuenca hídrica, cuyo saneamiento fue ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”.
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El dueño de una curtiembre del partido bonaerense de Lanús fue detenido por haber violado la clausura del establecimiento que había dispuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La medida la ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por disposición de la Corte Suprema, luego de que "personal policial, con intervención de inspectores de la Acumar, advirtió la violación de la clausura que había sido dispuesta por las autoridades de ese organismo", informaron este jueves fuentes judiciales.
Este es "el tercer caso de violación de clausura dispuesta por Acumar que ha sido detectado en los últimos 30 días, todos ellos en Lanús", señalaron las fuentes y recordaron que los responsables pueden ser castigados con penas que llegan a los dos años de prisión.
En la misma causa, el 31 de mayo último el juez excarceló a Oscar Florencio Córdoba, titular de una empresa de galvanoplastía, también ubicada en Lanús y dedicada al niquelado de metales, que había sido clausurada por volcar residuos al río.
La clausura dispuesta por la Acumar, que actualmente pesa sobre el establecimiento, es para evitar que se prosigan volcando líquidos o sustancias tóxicas a la cuenca hídrica, cuyo saneamiento fue ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”.
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Chaco: Eurnekian deberá limitar las fumigaciones
Acuerdo por las fumigaciones en la Estancia Don Panos
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El establecimiento del Grupo Eurnekian se comprometió a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. Distintos estamentos del Estado, la Justicia y el grupo empresario junto a los vecinos firmaron el acta acuerdo que será controlado dentro de 15 días.
El establecimiento Don Panos suscribió un acuerdo comprometiéndose a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. El acuerdo se dio en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría de la Provincia del Chaco y de la Nación y en quince días los firmantes volverán a reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso.
El acta acuerdo se firmó ayer en Pampa del Indio, entre el defensor del Pueblo del Chaco, el representante del Defensor del Pueblo la Nación, representantes de Unitec Agro, la Fiscalía de Investigación de San Martín, la Subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, los intendentes de Pampa del Indio y de Presidencia Roca, representantes de los consorcios de servicios rurales lindantes, los vecinos afectados y la Red de Salud, Ramón Carrillo.
El acuerdo surge menos de una semana después que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, había revelado que la Fiscalía de Investigación Nº 1 de San Martín, ordenó suspender las fumigaciones aéreas en una parte de la Estancia Don Panos del Grupo Eurnekián, pero a la vez reclamó que se amplíe a todos los vecinos del establecimiento agrícola-ganadero.
Corregido explicó al final del encuentro que “el acuerdo alcanzado es mucho más amplio que el ordenado por el Fiscal, porque comprende todo el lindero hacia Campo Medina y Campo Nuevo, en total siete mil metros por seiscientos metros, en el que no se podrá realizar pulverizaciones".
Los firmantes fueron Gustavo A.Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, Roberto Mena, a cargo de la Oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, Luis Casas, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, por la empresa Unitec S.A. Estancia Don Panos, Francisco Pini, Juan Arenaza y Roxana Gerez;, por la subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Ricardo Ferrara, Gerardo Marin, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karaciuk, el intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, por la Red de Salud, Alejandra Gomez; los vecinos Mariano Peñaloza, de Campo Medina y productor, por el Consorcio Rural N°1, Silvia Godoy y por el N°56 el Sr. Mansilla,
El acuerdo
La empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Agropecuario Don Panos arbitrará los mecanismos técnicos convenientes y se abstendrá de provocar deriva de agroquímicos evitando su impacto a todos los vecinos linderos comprendidos en Campo Medina y Campo Nuevo dejando una franja de seguridad de 600 metros campo adentro del Establecimiento Don Panos para resguardo de las pulverizaciones.
Además, la Fiscalización de esta Acta-Compromiso estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente en conjunto con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, La Red de Salud, la Fiscalía de Investigaciones N°1 de General San Martin, la Municipalidad de Presidencia Roca, el IDACH.
En esa línea, el Ministerio de Planificación y Ambiente elaborará con los vecinos de Campo Nuevo y Campo Medina un plan de desarrollo sustentable según la categoría de pequeños productores con el Consorcio Rural N°1 y 56 y con la Subsecretaría de Desarrollo Rural coordinando asistencia a fin de restablecer las unidades productivas, chacras de Campo Medina y Campo Nuevo. Además el Ministerio de Planificación y Ambiente con la empresa SAMEEP y el APA, así como con la empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Don Panos, elaborarán un plan de distribución de agua en provecho sustentable de los pobladores de la ciudad de Pampa del Indio.
Finalmente el Ministerio de Planificación y Ambiente también elaborará un plan de identificación de empresas agrarias que empleen agroquímicos en la zona.
Cara a cara
Corregido, dijo además que “el motivo de la queja y la desconfianza ante éste acuerdo, por parte de los pobladores Campo Nuevo y Campo Medina es legítimo” y agregó que “es que hace tanto tiempo que hacen denuncias y nadie los escucha. Hoy en Pampa del Indio, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente, los intendentes, demás funcionarios y creo que es la primera vez que los pobladores le pueden plantear las cosas en la cara a los responsables de Don Panos”.
Reveló además que los representantes de Unitec Agro “explicaron que siguen precisas instrucciones de Eurnekián en éste compromiso, para poner punto final al conflicto”, y anticipó que “dentro de quince días nos reunimos otra vez, todos los que suscribimos el acuerdo con las comunidades afectadas para saber cómo evoluciona el cumplimiento de lo acordado".
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El establecimiento del Grupo Eurnekian se comprometió a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. Distintos estamentos del Estado, la Justicia y el grupo empresario junto a los vecinos firmaron el acta acuerdo que será controlado dentro de 15 días.El establecimiento Don Panos suscribió un acuerdo comprometiéndose a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. El acuerdo se dio en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría de la Provincia del Chaco y de la Nación y en quince días los firmantes volverán a reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso.
El acta acuerdo se firmó ayer en Pampa del Indio, entre el defensor del Pueblo del Chaco, el representante del Defensor del Pueblo la Nación, representantes de Unitec Agro, la Fiscalía de Investigación de San Martín, la Subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, los intendentes de Pampa del Indio y de Presidencia Roca, representantes de los consorcios de servicios rurales lindantes, los vecinos afectados y la Red de Salud, Ramón Carrillo.
El acuerdo surge menos de una semana después que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, había revelado que la Fiscalía de Investigación Nº 1 de San Martín, ordenó suspender las fumigaciones aéreas en una parte de la Estancia Don Panos del Grupo Eurnekián, pero a la vez reclamó que se amplíe a todos los vecinos del establecimiento agrícola-ganadero.
Corregido explicó al final del encuentro que “el acuerdo alcanzado es mucho más amplio que el ordenado por el Fiscal, porque comprende todo el lindero hacia Campo Medina y Campo Nuevo, en total siete mil metros por seiscientos metros, en el que no se podrá realizar pulverizaciones".
Los firmantes fueron Gustavo A.Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, Roberto Mena, a cargo de la Oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, Luis Casas, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, por la empresa Unitec S.A. Estancia Don Panos, Francisco Pini, Juan Arenaza y Roxana Gerez;, por la subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Ricardo Ferrara, Gerardo Marin, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karaciuk, el intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, por la Red de Salud, Alejandra Gomez; los vecinos Mariano Peñaloza, de Campo Medina y productor, por el Consorcio Rural N°1, Silvia Godoy y por el N°56 el Sr. Mansilla,
El acuerdo
La empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Agropecuario Don Panos arbitrará los mecanismos técnicos convenientes y se abstendrá de provocar deriva de agroquímicos evitando su impacto a todos los vecinos linderos comprendidos en Campo Medina y Campo Nuevo dejando una franja de seguridad de 600 metros campo adentro del Establecimiento Don Panos para resguardo de las pulverizaciones.
Además, la Fiscalización de esta Acta-Compromiso estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente en conjunto con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, La Red de Salud, la Fiscalía de Investigaciones N°1 de General San Martin, la Municipalidad de Presidencia Roca, el IDACH.
En esa línea, el Ministerio de Planificación y Ambiente elaborará con los vecinos de Campo Nuevo y Campo Medina un plan de desarrollo sustentable según la categoría de pequeños productores con el Consorcio Rural N°1 y 56 y con la Subsecretaría de Desarrollo Rural coordinando asistencia a fin de restablecer las unidades productivas, chacras de Campo Medina y Campo Nuevo. Además el Ministerio de Planificación y Ambiente con la empresa SAMEEP y el APA, así como con la empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Don Panos, elaborarán un plan de distribución de agua en provecho sustentable de los pobladores de la ciudad de Pampa del Indio.
Finalmente el Ministerio de Planificación y Ambiente también elaborará un plan de identificación de empresas agrarias que empleen agroquímicos en la zona.
Cara a cara
Corregido, dijo además que “el motivo de la queja y la desconfianza ante éste acuerdo, por parte de los pobladores Campo Nuevo y Campo Medina es legítimo” y agregó que “es que hace tanto tiempo que hacen denuncias y nadie los escucha. Hoy en Pampa del Indio, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente, los intendentes, demás funcionarios y creo que es la primera vez que los pobladores le pueden plantear las cosas en la cara a los responsables de Don Panos”.
Reveló además que los representantes de Unitec Agro “explicaron que siguen precisas instrucciones de Eurnekián en éste compromiso, para poner punto final al conflicto”, y anticipó que “dentro de quince días nos reunimos otra vez, todos los que suscribimos el acuerdo con las comunidades afectadas para saber cómo evoluciona el cumplimiento de lo acordado".
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No pudieron acceder a yacimiento de "Agua Rica"
Fracasó verificación de Agua Rica por la impunidad minera
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
El 26 de Mayo pasado el Intendente de la ciudad de Andalgalá, Sr. Alejandro Paez, se constituyó en el portón de acceso al yacimiento de "Agua Rica"; lo acompañaba un grupo de vecinos integrantes de la multisectorial, autoconvocados de la Asamblea del Algarrobo, representantes de los pueblos originarios, profesionales convocados, documentalistas y una Escribana encargada de labrar el acta correspondiente de todo lo que se actuara en la ocasión y en el lugar.
El objeto de la reunión tuvo el claro propósito de observar el estado de desarrollo de los trabajos exploratorios por parte de la minera, y reafirmar lo expresado en tantas ocasiones, sobre la inviabilidad del proyecto minero "Agua Rica", su posible futura explotación y los daños ambientales que este emprendimiento ocasionaría a la población de Andalgalá, de llegar a materializarse.
Como profesional invitado, cumpliendo los requisitos previos de brindar nombre, apellido y número de documento de identidad tuve la sensación y posteriormente la certeza de que la minera interferiría en el cometido del Intendente y las fuerzas vivas de la ciudad y que la tarea fracasaría totalmente. Los elementos fundantes de mi juicio son: la nota de Minera Alumbrera dirigida al Sr. Intendente con fecha 25 de mayo de 2012; la referencia al convenio celebrado entre la Intendencia anterior y la empresa minera, también anterior a la concesionaria actual, con fecha 8 de setiembre de 2006 y la interpretación que para esta ocasión se hace del ejercicio del poder de policía por parte del Intendente.
Seguidamente incursionaré en los tres aspectos mencionados y me extenderé en las consideraciones que a mi criterio fueron decisivas para que el propósito popular fracasara rotundamente.
Nota de la Minera
Minera Alumbrera hace referencia a dos notas de la Intendencia -093/12- y -0160/12- desprendiéndose de estos hechos que el Intendente le comunicó a la empresa su voluntad de visitar la zona del proyecto. Por lo tanto esta última se encontraba en conocimiento de la intención del Sr. Pelaez.
La minera está lejos de interpretar que el Intendente tiene el propósito de subir hasta el yacimiento para ejercer el poder de policía, es más La Alumbrera le impone condiciones a quien quiere constituirse como autoridad y de las actitudes tomadas por Pelaez salta a la luz que o no conoce verdaderamente lo que es ejercer el poder de policía o que su arribo a la tranquera de "Agua Rica" se hizo bajo una extraordinaria presión de ambos lados.
Una sola actitud de Pelaez desnuda su intención de ser solo un observador imparcial cuando recurre a la Justicia para solicitar autorización para ingresar y lo hace enviando un recado con la fuerza pública quienes luego de transcurrido un tiempo prudencial no regresaron.
Ante tamaño desaire, las fuerzas vivas congregadas optaron por regresar a la ciudad abandonando, de momento, la intención de llegar hasta el yacimiento.
Convenio entre la minera y la intendencia
El 8 de setiembre de 2006 se firmó el convenio de marras entre el Intendente Perea y Minera "Agua Rica" LLC, en él se acordaba la participación de la Intendencia en los monitoreos periódicos establecidos por la empresa para controlar la calidad del agua en la zona de la mina.
En modo alguno el Convenio tiene algo que ver con el ejercicio del poder de policía que ejerce la autoridad municipal, además es un convenio superado por la realidad actual: el Intendente es otro y la empresa minera también, por lo que su cumplimiento está decaído en el tiempo aunque ello, no hubiera sido denunciado o explicitado por ninguna de las partes.
El poder de policía
Es una facultad que acompaña la investidura del Intendente municipal; para realizar una visita de inspección no tiene que pedir permiso a la autoridad judicial y mucho menos informar a la empresa de su pretensión, esto último sería advertir para que preparen una especie de City Tour donde a la comitiva solo se le permita ver aquello que la minera no tiene problemas en mostrar.
La empresa minera en su nota de fecha 25 de mayo ppdo. Invoca los términos del convenio del 2006 porque es el "traje" que más le conviene soslayando la cuestión del poder de policía que aparentemente, en nada la beneficiaría, si no fuera así, ¿cuales serían las razones para impedir el ingreso?, más tratándose de acciones aisladas que están previstas en el ejercicio de la autoridad municipal.
Conclusión
De esta visita realizada y de la participación en la propuesta de los organismos autoconvocados, me quedan algunas cuestiones que necesito exponer a la ciudadanía, a saber:
a) cada vez que se pretenda realizar un acto como el que se programó el 26 de mayo pasado, fracasará si en el mismo se incluyen sendos avisos a la empresa minera y a los organismos públicos involucrados en el tema minero;
b) en el portón de acceso a "Agua Rica" el Ing. Velez dijo que el pueblo de Andalgalá debía cuidar a su Intendente, yo esa noche manifesté, desde la plaza, que hacía mías las palabras del Ing. Velez pero que le daba dos interpretaciones: la primera de cuidarlo, verdaderamente, porque pocos se atreven a explicitar que son antimineros en una provincia tan conflictuada como Catamarca y la segunda hacía referencia al control que el pueblo debe ejercer sobre sus mandantes en especial cuando enfrente se tiene una empresa que es capaz de cooptar a cualquier persona, organismo, o entidad que se oponga o interfiera en su antojadizo e inescrupuloso accionar.
c) En la medida que el Intendente acompañe a los vecinos que confiaron en su discurso, lo apoyaron y lo eligieron como su autoridad, tendrá toda la consideración y el respeto de su pueblo, de lo contrario solo le quedará el tristísimo camino de la soledad y el descrédito.
d) El Intendente debe recordar que el día que las empresas mineras se vayan buscando otros horizontes, solo le quedarán los andalgalenses y con ellos deberá seguir conviviendo.
Geólogo Dr. Carlos A Seara
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
El 26 de Mayo pasado el Intendente de la ciudad de Andalgalá, Sr. Alejandro Paez, se constituyó en el portón de acceso al yacimiento de "Agua Rica"; lo acompañaba un grupo de vecinos integrantes de la multisectorial, autoconvocados de la Asamblea del Algarrobo, representantes de los pueblos originarios, profesionales convocados, documentalistas y una Escribana encargada de labrar el acta correspondiente de todo lo que se actuara en la ocasión y en el lugar.
El objeto de la reunión tuvo el claro propósito de observar el estado de desarrollo de los trabajos exploratorios por parte de la minera, y reafirmar lo expresado en tantas ocasiones, sobre la inviabilidad del proyecto minero "Agua Rica", su posible futura explotación y los daños ambientales que este emprendimiento ocasionaría a la población de Andalgalá, de llegar a materializarse.
Como profesional invitado, cumpliendo los requisitos previos de brindar nombre, apellido y número de documento de identidad tuve la sensación y posteriormente la certeza de que la minera interferiría en el cometido del Intendente y las fuerzas vivas de la ciudad y que la tarea fracasaría totalmente. Los elementos fundantes de mi juicio son: la nota de Minera Alumbrera dirigida al Sr. Intendente con fecha 25 de mayo de 2012; la referencia al convenio celebrado entre la Intendencia anterior y la empresa minera, también anterior a la concesionaria actual, con fecha 8 de setiembre de 2006 y la interpretación que para esta ocasión se hace del ejercicio del poder de policía por parte del Intendente.
Seguidamente incursionaré en los tres aspectos mencionados y me extenderé en las consideraciones que a mi criterio fueron decisivas para que el propósito popular fracasara rotundamente.
Nota de la Minera
Minera Alumbrera hace referencia a dos notas de la Intendencia -093/12- y -0160/12- desprendiéndose de estos hechos que el Intendente le comunicó a la empresa su voluntad de visitar la zona del proyecto. Por lo tanto esta última se encontraba en conocimiento de la intención del Sr. Pelaez.
La minera está lejos de interpretar que el Intendente tiene el propósito de subir hasta el yacimiento para ejercer el poder de policía, es más La Alumbrera le impone condiciones a quien quiere constituirse como autoridad y de las actitudes tomadas por Pelaez salta a la luz que o no conoce verdaderamente lo que es ejercer el poder de policía o que su arribo a la tranquera de "Agua Rica" se hizo bajo una extraordinaria presión de ambos lados.
Una sola actitud de Pelaez desnuda su intención de ser solo un observador imparcial cuando recurre a la Justicia para solicitar autorización para ingresar y lo hace enviando un recado con la fuerza pública quienes luego de transcurrido un tiempo prudencial no regresaron.
Ante tamaño desaire, las fuerzas vivas congregadas optaron por regresar a la ciudad abandonando, de momento, la intención de llegar hasta el yacimiento.
Convenio entre la minera y la intendencia
El 8 de setiembre de 2006 se firmó el convenio de marras entre el Intendente Perea y Minera "Agua Rica" LLC, en él se acordaba la participación de la Intendencia en los monitoreos periódicos establecidos por la empresa para controlar la calidad del agua en la zona de la mina.
En modo alguno el Convenio tiene algo que ver con el ejercicio del poder de policía que ejerce la autoridad municipal, además es un convenio superado por la realidad actual: el Intendente es otro y la empresa minera también, por lo que su cumplimiento está decaído en el tiempo aunque ello, no hubiera sido denunciado o explicitado por ninguna de las partes.
El poder de policía
Es una facultad que acompaña la investidura del Intendente municipal; para realizar una visita de inspección no tiene que pedir permiso a la autoridad judicial y mucho menos informar a la empresa de su pretensión, esto último sería advertir para que preparen una especie de City Tour donde a la comitiva solo se le permita ver aquello que la minera no tiene problemas en mostrar.
La empresa minera en su nota de fecha 25 de mayo ppdo. Invoca los términos del convenio del 2006 porque es el "traje" que más le conviene soslayando la cuestión del poder de policía que aparentemente, en nada la beneficiaría, si no fuera así, ¿cuales serían las razones para impedir el ingreso?, más tratándose de acciones aisladas que están previstas en el ejercicio de la autoridad municipal.
Conclusión
De esta visita realizada y de la participación en la propuesta de los organismos autoconvocados, me quedan algunas cuestiones que necesito exponer a la ciudadanía, a saber:
a) cada vez que se pretenda realizar un acto como el que se programó el 26 de mayo pasado, fracasará si en el mismo se incluyen sendos avisos a la empresa minera y a los organismos públicos involucrados en el tema minero;
b) en el portón de acceso a "Agua Rica" el Ing. Velez dijo que el pueblo de Andalgalá debía cuidar a su Intendente, yo esa noche manifesté, desde la plaza, que hacía mías las palabras del Ing. Velez pero que le daba dos interpretaciones: la primera de cuidarlo, verdaderamente, porque pocos se atreven a explicitar que son antimineros en una provincia tan conflictuada como Catamarca y la segunda hacía referencia al control que el pueblo debe ejercer sobre sus mandantes en especial cuando enfrente se tiene una empresa que es capaz de cooptar a cualquier persona, organismo, o entidad que se oponga o interfiera en su antojadizo e inescrupuloso accionar.
c) En la medida que el Intendente acompañe a los vecinos que confiaron en su discurso, lo apoyaron y lo eligieron como su autoridad, tendrá toda la consideración y el respeto de su pueblo, de lo contrario solo le quedará el tristísimo camino de la soledad y el descrédito.
d) El Intendente debe recordar que el día que las empresas mineras se vayan buscando otros horizontes, solo le quedarán los andalgalenses y con ellos deberá seguir conviviendo.
Geólogo Dr. Carlos A Seara
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Cuestionan a Uruguay por controles en Botnia
Nueva disputa con Uruguay por los controles en Botnia
Fecha de Publicación: 06/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina dijo que se manipuló el monitoreo ambiental; enérgica respuesta de Motevideo
La pastera UPM (ex Botnia) volvió a ser centro de batalla entre Uruguay y la Argentina, con duras acusaciones públicas cruzadas acerca de los controles ambientales conjuntos que ordenó la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En Uruguay, donde por decisión política del presidente José Mujica se extreman los cuidados en la relación bilateral, esta vez no se ocultó el malestar generado por las palabras del vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, que en Gualeguaychú abrió sospechas de contaminación por la pastera.
Rodríguez dijo que el gobierno uruguayo está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM, ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa. El delegado del gobierno de Cristina Kirchner ante la CARU dijo que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay respondió anoche con un comunicado que lleva la firma de la delegación uruguaya ante la CARU y se preocupó por aclarar que su actitud ha sido siempre de "transparencia" en los datos de controles ambientales. También resaltó que la Argentina obstaculizó la divulgación de esos estudios y que la fábrica de UPM no genera contaminación.
Rodríguez había acusado a Uruguay de haber cambiado unilateralmente "el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes" y que eso fue "para favorecer a (la ex) Botnia". Añadió que eso se hace "en violación del mandato de la sentencia" internacional de la Corte de La Haya. "Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", subrayó Rodríguez. El representante argentino dijo que el gobierno de Mujica aplica "una continuación en la estrategia de los hechos consumados".
Estas palabras cayeron mal en Montevideo y se evaluó que correspondía "una respuesta firme y contundente", según dijeron a LA NACION fuentes del gobierno oriental.
Para mostrar la voluntad de divulgación de los controles ambientales, Uruguay divulgó un tramo del acta de la reunión del 16 de septiembre de 2011, que sostuvo: "Para la delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados, por lo cual entiende que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, las conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público conocimiento, sin más dilaciones". El comunicado oficial agregó que ante ese planteo "la delegación argentina no prestó su conformidad".
Sobre la posibilidad de que la ex Botnia genere impacto negativo en el ambiente, el comunicado fue contundente: "No existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional".
Para que no quedaran dudas de la postura uruguaya, la declaración determinó que "luego de cinco años de funcionamiento de la planta todos los controles que realiza la autoridad nacional competente siguen demostrando que los parámetros medioambientales se ajustan a los límites autorizados".
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Fecha de Publicación: 06/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina dijo que se manipuló el monitoreo ambiental; enérgica respuesta de MotevideoLa pastera UPM (ex Botnia) volvió a ser centro de batalla entre Uruguay y la Argentina, con duras acusaciones públicas cruzadas acerca de los controles ambientales conjuntos que ordenó la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En Uruguay, donde por decisión política del presidente José Mujica se extreman los cuidados en la relación bilateral, esta vez no se ocultó el malestar generado por las palabras del vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, que en Gualeguaychú abrió sospechas de contaminación por la pastera.
Rodríguez dijo que el gobierno uruguayo está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM, ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa. El delegado del gobierno de Cristina Kirchner ante la CARU dijo que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay respondió anoche con un comunicado que lleva la firma de la delegación uruguaya ante la CARU y se preocupó por aclarar que su actitud ha sido siempre de "transparencia" en los datos de controles ambientales. También resaltó que la Argentina obstaculizó la divulgación de esos estudios y que la fábrica de UPM no genera contaminación.
Rodríguez había acusado a Uruguay de haber cambiado unilateralmente "el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes" y que eso fue "para favorecer a (la ex) Botnia". Añadió que eso se hace "en violación del mandato de la sentencia" internacional de la Corte de La Haya. "Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", subrayó Rodríguez. El representante argentino dijo que el gobierno de Mujica aplica "una continuación en la estrategia de los hechos consumados".
Estas palabras cayeron mal en Montevideo y se evaluó que correspondía "una respuesta firme y contundente", según dijeron a LA NACION fuentes del gobierno oriental.
Para mostrar la voluntad de divulgación de los controles ambientales, Uruguay divulgó un tramo del acta de la reunión del 16 de septiembre de 2011, que sostuvo: "Para la delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados, por lo cual entiende que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, las conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público conocimiento, sin más dilaciones". El comunicado oficial agregó que ante ese planteo "la delegación argentina no prestó su conformidad".
Sobre la posibilidad de que la ex Botnia genere impacto negativo en el ambiente, el comunicado fue contundente: "No existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional".
Para que no quedaran dudas de la postura uruguaya, la declaración determinó que "luego de cinco años de funcionamiento de la planta todos los controles que realiza la autoridad nacional competente siguen demostrando que los parámetros medioambientales se ajustan a los límites autorizados".
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CJ de Salta intenvendrá por los desmontes
La Justicia salteña actuará en el amparo por los desmontes
Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el amparo promovido contra la provincia por los desmontes. La causa, denominada “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional”, había sido derivada a la Justicia local tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que la acción de amparo fue interpuesta para que cesen de forma inmediata y definitiva los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La paralización de la actividad se logró un par de años.
Entre otros puntos, el recurso también pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas para desmontes y se prohíba otorgarlas en el futuro.
La Corte Suprema Federal había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas, ordenando en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.
Destacó, además, las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la ley 7543 y los decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.
Al recibir la causa, la Justicia de Salta días atrás se había declarado competente y ahora deberá decidir sobre el caso.
En el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aun después, el gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el amparo promovido contra la provincia por los desmontes. La causa, denominada “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional”, había sido derivada a la Justicia local tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Cabe recordar que la acción de amparo fue interpuesta para que cesen de forma inmediata y definitiva los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La paralización de la actividad se logró un par de años.
Entre otros puntos, el recurso también pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas para desmontes y se prohíba otorgarlas en el futuro.
La Corte Suprema Federal había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas, ordenando en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.
Destacó, además, las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la ley 7543 y los decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.
Al recibir la causa, la Justicia de Salta días atrás se había declarado competente y ahora deberá decidir sobre el caso.
En el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aun después, el gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Salta.
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Otra vez denuncian a la ex Botnia
Argentina denuncia que Uruguay está "violando" mandato de La Haya
Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Sostiene que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la pastera UPM.
Uno de los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que el gobierno de José Mujica está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM (ex Botnia), ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la delegación argentina en la Cari, Héctor Rodríguez, quien remarcó que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya que ordena no agravar la situación" de conflicto binacional.
Luego de la larga lucha por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos, fuertemente rechazada en Gualeguaychú por los posibles efectos contaminantes, fue creado un comité científico binacional dependiente de la Caru para el monitoreo de la empresa, tal como lo dispuso la Corte de La Haya.
Pero en los últimos tiempos, dijo Rodríguez, "Uruguay unilateralmente ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes con la resolución 370/11".
Normativa. Esa norma, advirtió, fue emitida "para favorecer a Botnia inconstitucionalmente en violación del mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya de 2010 que ordena no agravar la situación y consultar todo lo que tiene que ver con esa planta".
"Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del Río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", remarcó Rodríguez.
El gobierno de Mujica manifiesta "una continuación en la estrategia de los hechos consumados", puntualizó, en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que los representantes argentinos tienen "pruebas fehacientes de que se ha aumentado de hecho la capacidad de producción anual en tonelajes de Botnia", algo que Argentina "ha denunciado enfáticamente en las actas de la CARU", pero sin haber "recibido la más mínima respuesta".
Rodríguez manifestó asimismo que análisis realizados por laboratorios internacionales fueron "verdaderamente un fiasco", y aseguró que como fueron "burdos" en sus resultados, debieron realizarse nuevamente.
El comité científico, dijo, ingresó ocho veces a la planta, pero advirtió que los resultados de laboratorio aún no han sido validados porque no existe acuerdo en los parámetros a medir.
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Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Sostiene que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la pastera UPM.
Uno de los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que el gobierno de José Mujica está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM (ex Botnia), ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la delegación argentina en la Cari, Héctor Rodríguez, quien remarcó que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya que ordena no agravar la situación" de conflicto binacional.
Luego de la larga lucha por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos, fuertemente rechazada en Gualeguaychú por los posibles efectos contaminantes, fue creado un comité científico binacional dependiente de la Caru para el monitoreo de la empresa, tal como lo dispuso la Corte de La Haya.
Pero en los últimos tiempos, dijo Rodríguez, "Uruguay unilateralmente ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes con la resolución 370/11".
Normativa. Esa norma, advirtió, fue emitida "para favorecer a Botnia inconstitucionalmente en violación del mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya de 2010 que ordena no agravar la situación y consultar todo lo que tiene que ver con esa planta".
"Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del Río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", remarcó Rodríguez.
El gobierno de Mujica manifiesta "una continuación en la estrategia de los hechos consumados", puntualizó, en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que los representantes argentinos tienen "pruebas fehacientes de que se ha aumentado de hecho la capacidad de producción anual en tonelajes de Botnia", algo que Argentina "ha denunciado enfáticamente en las actas de la CARU", pero sin haber "recibido la más mínima respuesta".
Rodríguez manifestó asimismo que análisis realizados por laboratorios internacionales fueron "verdaderamente un fiasco", y aseguró que como fueron "burdos" en sus resultados, debieron realizarse nuevamente.
El comité científico, dijo, ingresó ocho veces a la planta, pero advirtió que los resultados de laboratorio aún no han sido validados porque no existe acuerdo en los parámetros a medir.
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Amplio rechazo a la minería en pueblo neuquino
Loncopué rechazó la explotación minera
Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Los ciudadanos de Loncopué votaron este domingo y respaldaron la ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano. Sufragaron 2589 electores: un 82,08 por ciento respaldó la prohibición y el 14,99 la rechazó. Hubo un 1,5 por ciento de votos en blanco y 1,4 impugnados.
Luego de conocidos los resultados, la gente festejó en la plaza de la localidad lo que consideró una victoria frente al hostigamiento del gobierno provincial.
La ciudadanía de Loncopué respaldó la prohibición de la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, actividades que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el acopio y almacenamiento o transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos, la construcción de mineraloductos y cualquier tarea de exploración minera.
El gobierno de Sapag hizo lo imposible para que prosperaran en Loncopué los proyectos de explotación minera a cielo abierto. No contaba que enfrente tenía una pared. Un muro. No sabía -nadie sabía- qué tan sólido era. Podía tener fisuras, resquebrajarse, o derrumbarse como un castillo de naipes.
Lo que sí se sabía era que había un grupo de vecinos y vecinas -pequeño- que agitaba con más convicción que recursos su postura anti minera. Aun cuando fuera pequeño, la estrategia de Sapag fue ponerle todos los palos posibles para que cayera.
Recurrió a la justicia con insistencia. Operó políticamente. Metió presión. Incluso intentó suspender el referendum pocas horas antes de su realización. Y cuando la suerte ya estaba echada, salió a anticipar su estrategia: invalidar moral y judicialmente la movida.
Le falló todo. El pueblo de Loncopué no tuvo miedo. Salió a la calle, votó y le dió un masazo a la pretensión oficial de avanzar contra la explotación minera.
Más Información:
- Página/12 - Un pueblo dijo “no” a la megaminería
- ADN - Loncopué votó en contra de la megaminería
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Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Los ciudadanos de Loncopué votaron este domingo y respaldaron la ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano. Sufragaron 2589 electores: un 82,08 por ciento respaldó la prohibición y el 14,99 la rechazó. Hubo un 1,5 por ciento de votos en blanco y 1,4 impugnados.Luego de conocidos los resultados, la gente festejó en la plaza de la localidad lo que consideró una victoria frente al hostigamiento del gobierno provincial.
La ciudadanía de Loncopué respaldó la prohibición de la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, actividades que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el acopio y almacenamiento o transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos, la construcción de mineraloductos y cualquier tarea de exploración minera.
El gobierno de Sapag hizo lo imposible para que prosperaran en Loncopué los proyectos de explotación minera a cielo abierto. No contaba que enfrente tenía una pared. Un muro. No sabía -nadie sabía- qué tan sólido era. Podía tener fisuras, resquebrajarse, o derrumbarse como un castillo de naipes.
Lo que sí se sabía era que había un grupo de vecinos y vecinas -pequeño- que agitaba con más convicción que recursos su postura anti minera. Aun cuando fuera pequeño, la estrategia de Sapag fue ponerle todos los palos posibles para que cayera.
Recurrió a la justicia con insistencia. Operó políticamente. Metió presión. Incluso intentó suspender el referendum pocas horas antes de su realización. Y cuando la suerte ya estaba echada, salió a anticipar su estrategia: invalidar moral y judicialmente la movida.
Le falló todo. El pueblo de Loncopué no tuvo miedo. Salió a la calle, votó y le dió un masazo a la pretensión oficial de avanzar contra la explotación minera.
Más Información:
- Página/12 - Un pueblo dijo “no” a la megaminería
- ADN - Loncopué votó en contra de la megaminería
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Quemar basura no paliará la crisis energética
Quemar basura no paliará la crisis energética
Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana está, como todos sabemos, en un momento crítico. Desde hace una década no se encuentran sitios alternativos para la disposición de los residuos, los rellenos sanitarios actuales están al borde del colapso, y son rechazados por vecinos cansados de padecer los impactos contaminantes de estas mega-montañas de basura. Ante esta situación, bajo el disfraz de "generación de energía" las autoridades nacionales apuestan una vez más al corto plazo y ofrecen como solución mágica la quema de residuos.
En las últimas semanas se conoció el proyecto de la empresa estatal ENARSA y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para quemar basura hogareña de esta Cuenca en predios de la CEAMSE en el partido bonaerense de San Miguel. El supuesto objetivo del plan es solucionar la crisis de los rellenos sanitarios.
La incineración de basura, en todas sus versiones, emite sustancias tóxicas al ambiente que afectan la salud de la población. Cuando, además, se busca obtener energía con la combustión, compite con los programas de reciclaje, ya que los materiales de mayor poder calorífico son aquellos más fácilmente reciclables y fuente de ingresos de cientos de recuperadores urbanos.
La excusa es la generación de energía; sin embargo, no se informa claramente que se recuperan niveles bajísimos y desproporcionados en relación a los gastos que genera sostener estas instalaciones. Así es incluso en lugares con altos niveles de incineración de basura, como en la Unión Europea, donde el porcentaje de recuperación de energía es mínimo, y muchos países deben importar basura para mantener las plantas en marcha y justificar las inversiones.
Incluso con ese marco de referencia, el proyecto impulsado por las autoridades nacionales será financiado a través de la Ley de Energías Renovables, por fuera de lo que establece esa norma, que excluye expresamente a los residuos sólidos urbanos y apuesta a promover verdaderas fuentes "verdes" como la energía eólica y solar.
Los vecinos de la Cuenca del río Reconquista, deberán sumar la contaminación de la quema de basura a la que hoy padecen por el entierro de más de 14.000 toneladas diarias de residuos provenientes en gran parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que genera la mayor cantidad de residuos que se envían a enterrar en rellenos sanitarios de la CEAMSE, la Ley 1.854 establece un cronograma de reducción progresiva de los residuos que se entierran mediante la implementación de programas de recolección diferenciada, reciclado y recuperación de materiales que se encuentran en los residuos, entre otras acciones. Sin embargo esta ley es ignorada por el Gobierno porteño desde hace más de cuatro años, en una estrategia que en realidad parece buscar que la Ciudad quede sin alternativas de disposición, para así cumplir con uno de los proyectos impulsados por el PRO incluso antes de asumir el primer mandato; quemar la basura porteña, en contra de lo que establece la Ley de Basura Cero.
Situaciones graves como la actual deben servir para establecer prioridades en materia de políticas sustentables de gestión de residuos e invertir en el cumplimiento de la normativa vigente que exige el reciclado y la recuperación de materiales. Plantear como estrategia seguir enterrando basura, o dónde y cómo quemarla es apagar un incendio con fuego.
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Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana está, como todos sabemos, en un momento crítico. Desde hace una década no se encuentran sitios alternativos para la disposición de los residuos, los rellenos sanitarios actuales están al borde del colapso, y son rechazados por vecinos cansados de padecer los impactos contaminantes de estas mega-montañas de basura. Ante esta situación, bajo el disfraz de "generación de energía" las autoridades nacionales apuestan una vez más al corto plazo y ofrecen como solución mágica la quema de residuos.
En las últimas semanas se conoció el proyecto de la empresa estatal ENARSA y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para quemar basura hogareña de esta Cuenca en predios de la CEAMSE en el partido bonaerense de San Miguel. El supuesto objetivo del plan es solucionar la crisis de los rellenos sanitarios.
La incineración de basura, en todas sus versiones, emite sustancias tóxicas al ambiente que afectan la salud de la población. Cuando, además, se busca obtener energía con la combustión, compite con los programas de reciclaje, ya que los materiales de mayor poder calorífico son aquellos más fácilmente reciclables y fuente de ingresos de cientos de recuperadores urbanos.
La excusa es la generación de energía; sin embargo, no se informa claramente que se recuperan niveles bajísimos y desproporcionados en relación a los gastos que genera sostener estas instalaciones. Así es incluso en lugares con altos niveles de incineración de basura, como en la Unión Europea, donde el porcentaje de recuperación de energía es mínimo, y muchos países deben importar basura para mantener las plantas en marcha y justificar las inversiones.
Incluso con ese marco de referencia, el proyecto impulsado por las autoridades nacionales será financiado a través de la Ley de Energías Renovables, por fuera de lo que establece esa norma, que excluye expresamente a los residuos sólidos urbanos y apuesta a promover verdaderas fuentes "verdes" como la energía eólica y solar.
Los vecinos de la Cuenca del río Reconquista, deberán sumar la contaminación de la quema de basura a la que hoy padecen por el entierro de más de 14.000 toneladas diarias de residuos provenientes en gran parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que genera la mayor cantidad de residuos que se envían a enterrar en rellenos sanitarios de la CEAMSE, la Ley 1.854 establece un cronograma de reducción progresiva de los residuos que se entierran mediante la implementación de programas de recolección diferenciada, reciclado y recuperación de materiales que se encuentran en los residuos, entre otras acciones. Sin embargo esta ley es ignorada por el Gobierno porteño desde hace más de cuatro años, en una estrategia que en realidad parece buscar que la Ciudad quede sin alternativas de disposición, para así cumplir con uno de los proyectos impulsados por el PRO incluso antes de asumir el primer mandato; quemar la basura porteña, en contra de lo que establece la Ley de Basura Cero.
Situaciones graves como la actual deben servir para establecer prioridades en materia de políticas sustentables de gestión de residuos e invertir en el cumplimiento de la normativa vigente que exige el reciclado y la recuperación de materiales. Plantear como estrategia seguir enterrando basura, o dónde y cómo quemarla es apagar un incendio con fuego.
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Presentaron un proyecto para conservar ecosistemas
Apoyo al proyecto de ley de ecosistemas
Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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