Hoy audiencia en el Senado por los Glaciares
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Aumenta la presión por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres gobernadores, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de la organización ambientalista Greenpeace, entre otros invitados, debatirán hoy en el Senado sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, iniciativa que la Cámara alta tiene previsto discutir en el recinto el próximo 30 del corriente en sesión especial.
El debate comenzará a las 10 en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y promete enfrentar a los representantes provinciales y de la Nación con los ambientalistas, que impulsan la sanción del proyecto aprobado por la Cámara baja en agosto último.
Los mandatarios provinciales y Mayoral, en tanto, pretenden que el Senado insista en la versión que el cuerpo aprobó el año pasado y que modificó la Cámara baja. En realidad rechazan cualquier tipo de ley por sostener que vulnera las autonomías provinciales para disponer de los recursos existentes en sus subsuelos, facultad contemplada por la Constitución nacional.
Los gobernadores que asistirán son José Luis Gioja (San Juan), principal detractor del texto aprobado por Diputados con el apoyo de Greenpeace, Luis Beder Herrera (La Rioja) y Walter Barrionuevo (Jujuy). La insistencia en el texto aprobado por el Senado cuenta también con el aval de varias provincias con intereses mineros, como Salta, Catamarca y Neuquén.
La opinión de provincias petroleras es movilizada por Gioja, quien pretende sumarlos a su cruzada contra el texto elaborado por Miguel Bonasso con el argumento de que si la ley es sancionada según esa versión, también les impedirá a esos distritos desarrollar nuevos emprendimientos para la explotación de hidrocarburos. La clave de la disputa pasa porque el proyecto de la Cámara baja impide la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas denominadas como periglaciares, incluyendo en ellas todo terreno de alta montaña congelado, además de las grandes masas de hielo eternos.
Además, ordena el cese de toda actividad que se encuentre en desarrollo en esas regiones. Para los ambientalistas, detrás de la movida que encabeza Gioja se encuentran los intereses de la minera canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo el emprendimiento Veladero, en San Juan.
Desfile por los glaciares
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de al menos tres gobernadores cordilleranos ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Senado tratará de avanzar hoy en la discusión sobre el proyecto de ley de glaciares, que ya tiene media sanción de Diputados y que planean llevar al recinto el 30 de septiembre. Los gobernadores que comprometieron su presencia hoy son el sanjuanino José Luis Gioja y el riojano Luis Beder Herrera –los más reacios al proyecto–, además del jujeño Walter Barrionuevo. También serán de la partida el secretario de Minería, Jorge Mayoral; las cámaras de Empresarios Mineros, los viñateros de San Juan, académicos de universidades nacionales y organizaciones ecologistas como Greenpeace.
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres gobernadores, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de la organización ambientalista Greenpeace, entre otros invitados, debatirán hoy en el Senado sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, iniciativa que la Cámara alta tiene previsto discutir en el recinto el próximo 30 del corriente en sesión especial.
El debate comenzará a las 10 en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y promete enfrentar a los representantes provinciales y de la Nación con los ambientalistas, que impulsan la sanción del proyecto aprobado por la Cámara baja en agosto último.
Los mandatarios provinciales y Mayoral, en tanto, pretenden que el Senado insista en la versión que el cuerpo aprobó el año pasado y que modificó la Cámara baja. En realidad rechazan cualquier tipo de ley por sostener que vulnera las autonomías provinciales para disponer de los recursos existentes en sus subsuelos, facultad contemplada por la Constitución nacional.
Los gobernadores que asistirán son José Luis Gioja (San Juan), principal detractor del texto aprobado por Diputados con el apoyo de Greenpeace, Luis Beder Herrera (La Rioja) y Walter Barrionuevo (Jujuy). La insistencia en el texto aprobado por el Senado cuenta también con el aval de varias provincias con intereses mineros, como Salta, Catamarca y Neuquén.
La opinión de provincias petroleras es movilizada por Gioja, quien pretende sumarlos a su cruzada contra el texto elaborado por Miguel Bonasso con el argumento de que si la ley es sancionada según esa versión, también les impedirá a esos distritos desarrollar nuevos emprendimientos para la explotación de hidrocarburos. La clave de la disputa pasa porque el proyecto de la Cámara baja impide la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas denominadas como periglaciares, incluyendo en ellas todo terreno de alta montaña congelado, además de las grandes masas de hielo eternos.
Además, ordena el cese de toda actividad que se encuentre en desarrollo en esas regiones. Para los ambientalistas, detrás de la movida que encabeza Gioja se encuentran los intereses de la minera canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo el emprendimiento Veladero, en San Juan.
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Desfile por los glaciares
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de al menos tres gobernadores cordilleranos ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Senado tratará de avanzar hoy en la discusión sobre el proyecto de ley de glaciares, que ya tiene media sanción de Diputados y que planean llevar al recinto el 30 de septiembre. Los gobernadores que comprometieron su presencia hoy son el sanjuanino José Luis Gioja y el riojano Luis Beder Herrera –los más reacios al proyecto–, además del jujeño Walter Barrionuevo. También serán de la partida el secretario de Minería, Jorge Mayoral; las cámaras de Empresarios Mineros, los viñateros de San Juan, académicos de universidades nacionales y organizaciones ecologistas como Greenpeace.
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Relleno de Tucumán altamente contaminado
Un estudio revela que Pacará Pintado contamina
Fecha de Publicación: 20/09/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los análisis de las muestras de suelo, aire y agua dispuestos por la Justicia provincial dan cuenta de sustancias perjudiciales en la planta. Los resultados de las pericias serán claves para resolver una causa que persigue el cierre del predio de tratamiento de residuos.
Contamina el aire, el suelo y el agua. Los resultados de las muestras ordenadas por la Justicia provincial en la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado constatan la polución que genera el predio que administra la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
Las pericias fueron concretadas el año pasado por la ingeniera química María Luisa Genta, en cumplimiento de lo dispuesto por los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila. Los magistrados esperaban contar con esos estudios antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
Riesgos
A lo largo de un trabajo detallado en 58 páginas, la especialista expuso severas observaciones al tratamiento que brinda la empresa representada por Mario Delfor Criado a unas 800 toneladas diarias de residuos.
En rigor, antes de precisar su trabajo, la perito hizo suya una advertencia formulada en 2004 por el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT (Ingema), respecto de que el terreno en el que se asienta la planta no es apto para el resguardo de la basura, porque tiene una capacidad de infiltración rápida. Esto acrecienta el riesgo de que los lixiviados (líquidos que se desprenden de los residuos en descomposición) pasen a los acuíferos subterráneos.
Con respecto a la contaminación de los suelos, Genta aclaró que el impacto actual es mínimo, pero lanzó una señal de alerta al mencionar la presencia de elementos contaminantes.
En cuanto al aire, la especialista encontró elevados valores de óxidos de nitrógeno: la concentración de estos gases puede llegar a originar irritación ocular y respiratoria, además de provocar la destrucción de la capa de ozono. Precisamente, en las celdas en las que se depositan los residuos, puntualmente la 6 y la 7 (esta última es la que se incendió a fines de 2009), el contenido de dióxido de nitrógeno es 700 veces superior a los valores del aire libre de contaminación, según las muestras recogidas por la perito.
Pacará Pintado también sobrepasa los límites establecidos por las normas de calidad de vida en emisión de hidrocarburos (produce irritación de ojos y, dependiendo del tiempo de exposición, dolor de cabeza, tos, irritación del aparato respiratorio y dolor de garganta) y de óxidos de azufre (provoca irritación de los ojos y del sistema respiratorio). En este caso, el contenido en las celdas 6 y 7 es 5.000 veces superior a los valores del aire libre de contaminación. "Téngase en cuenta que esta medición fue hecha en situación normal de funcionamiento de la planta. Grave es el caso de, por ejemplo, cuando se produjo el incendio, horas después de haberse hecho las mediciones. En este caso, al haber gran producción de gases de combustión, los valores son indudablemente mayores y las consecuencias durante el incendio y días posteriores, también mayores", advirtió la experta.
De inmediato, la ingeniera química precisó que, pese a la realización de la pericia, no puede establecerse el margen de tolerancia de los elementos contaminantes "porque se trató de una sola medida tomada en un día puntual y la empresa no tiene los datos de seguimiento que por ley debería determinar". No obstante, insistió en que los valores detectados de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno superan los límites fijados para la protección de la salud humana y de los ecosistemas "establecidos por los países más avanzados".
En cuanto a la emisión de gases (como el metano), que contribuyen al efecto invernadero y al aumento de la temperatura, Genta señaló que la empresa no exhibió documentación alguna y "que un seguimiento de las celdas que permanecen abiertas (recibiendo residuos) debería formar parte de la planificación del control que la firma está obligada a realizar".
Bacterias fecales
En cuanto a la contaminación de las napas freáticas, la perito advirtió que en los análisis microbiológicos se halló la presencia de contaminantes fecales y de "pseudomonas aeruginosas". "Cuando esta especie está presente en el agua no solamente manifiesta una contaminación inaceptable, sino que además puede jugar en ciertas condiciones un papel patógeno nada despreciable", sentenció.
Finalmente, detectó presencia de cadmio, de plomo, de mercurio y de cobre, metales que debieran estar ausentes según las leyes nacionales y provinciales.
Fecha de Publicación: 20/09/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los análisis de las muestras de suelo, aire y agua dispuestos por la Justicia provincial dan cuenta de sustancias perjudiciales en la planta. Los resultados de las pericias serán claves para resolver una causa que persigue el cierre del predio de tratamiento de residuos.
Contamina el aire, el suelo y el agua. Los resultados de las muestras ordenadas por la Justicia provincial en la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado constatan la polución que genera el predio que administra la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
Las pericias fueron concretadas el año pasado por la ingeniera química María Luisa Genta, en cumplimiento de lo dispuesto por los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila. Los magistrados esperaban contar con esos estudios antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
Riesgos
A lo largo de un trabajo detallado en 58 páginas, la especialista expuso severas observaciones al tratamiento que brinda la empresa representada por Mario Delfor Criado a unas 800 toneladas diarias de residuos.
En rigor, antes de precisar su trabajo, la perito hizo suya una advertencia formulada en 2004 por el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT (Ingema), respecto de que el terreno en el que se asienta la planta no es apto para el resguardo de la basura, porque tiene una capacidad de infiltración rápida. Esto acrecienta el riesgo de que los lixiviados (líquidos que se desprenden de los residuos en descomposición) pasen a los acuíferos subterráneos.
Con respecto a la contaminación de los suelos, Genta aclaró que el impacto actual es mínimo, pero lanzó una señal de alerta al mencionar la presencia de elementos contaminantes.
En cuanto al aire, la especialista encontró elevados valores de óxidos de nitrógeno: la concentración de estos gases puede llegar a originar irritación ocular y respiratoria, además de provocar la destrucción de la capa de ozono. Precisamente, en las celdas en las que se depositan los residuos, puntualmente la 6 y la 7 (esta última es la que se incendió a fines de 2009), el contenido de dióxido de nitrógeno es 700 veces superior a los valores del aire libre de contaminación, según las muestras recogidas por la perito.
Pacará Pintado también sobrepasa los límites establecidos por las normas de calidad de vida en emisión de hidrocarburos (produce irritación de ojos y, dependiendo del tiempo de exposición, dolor de cabeza, tos, irritación del aparato respiratorio y dolor de garganta) y de óxidos de azufre (provoca irritación de los ojos y del sistema respiratorio). En este caso, el contenido en las celdas 6 y 7 es 5.000 veces superior a los valores del aire libre de contaminación. "Téngase en cuenta que esta medición fue hecha en situación normal de funcionamiento de la planta. Grave es el caso de, por ejemplo, cuando se produjo el incendio, horas después de haberse hecho las mediciones. En este caso, al haber gran producción de gases de combustión, los valores son indudablemente mayores y las consecuencias durante el incendio y días posteriores, también mayores", advirtió la experta.
De inmediato, la ingeniera química precisó que, pese a la realización de la pericia, no puede establecerse el margen de tolerancia de los elementos contaminantes "porque se trató de una sola medida tomada en un día puntual y la empresa no tiene los datos de seguimiento que por ley debería determinar". No obstante, insistió en que los valores detectados de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno superan los límites fijados para la protección de la salud humana y de los ecosistemas "establecidos por los países más avanzados".
En cuanto a la emisión de gases (como el metano), que contribuyen al efecto invernadero y al aumento de la temperatura, Genta señaló que la empresa no exhibió documentación alguna y "que un seguimiento de las celdas que permanecen abiertas (recibiendo residuos) debería formar parte de la planificación del control que la firma está obligada a realizar".
Bacterias fecales
En cuanto a la contaminación de las napas freáticas, la perito advirtió que en los análisis microbiológicos se halló la presencia de contaminantes fecales y de "pseudomonas aeruginosas". "Cuando esta especie está presente en el agua no solamente manifiesta una contaminación inaceptable, sino que además puede jugar en ciertas condiciones un papel patógeno nada despreciable", sentenció.
Finalmente, detectó presencia de cadmio, de plomo, de mercurio y de cobre, metales que debieran estar ausentes según las leyes nacionales y provinciales.
Asambleístas de Gualeguaychú vuelven a la ruta
Asambleístas de Gualeguaychú vuelven a la ruta
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
La movilización se realiza luego de que el jueves se confirmara que la Justicia Federal abrió una tercera causa contra asambleístas por los cortes de tránsito que realizaron sobre la misma ruta durante tres años en rechazo a la pastera que Uruguay autorizó instalar sobre el río sin consultar a la contraparte argentina.
Fuentes de la organización dijeron que a las 18 se realizará la reunión de los domingos y los asambleístas resolverán si harán su protesta sobre la ruta, o al costado de la carretera, donde existe un refugio.
La de hoy será la tercera de las cuatro movilizaciones previstas por la Asamblea para los domingos de septiembre con el objetivo de recordar que "el conflicto por Botnia no terminó".
El juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel dispuso citar a indagatoria a 15 asambleístas por el corte de dos horas realizado el domingo 5 de septiembre.
Ese día y el domingo 12, los asambleístas marcharon hacia Arroyo Verde, lugar donde se realizara el largo corte en la ruta que va desde Gualeguaychú hacia el puente binacional General San Martín, que desemboca en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
"Haremos una concentración de dos horas previa a la asamblea de las seis de la tarde, compartiremos música y chocolate, en familia", dijo la asambleísta Paola Robles.
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
La movilización se realiza luego de que el jueves se confirmara que la Justicia Federal abrió una tercera causa contra asambleístas por los cortes de tránsito que realizaron sobre la misma ruta durante tres años en rechazo a la pastera que Uruguay autorizó instalar sobre el río sin consultar a la contraparte argentina.
Fuentes de la organización dijeron que a las 18 se realizará la reunión de los domingos y los asambleístas resolverán si harán su protesta sobre la ruta, o al costado de la carretera, donde existe un refugio.
La de hoy será la tercera de las cuatro movilizaciones previstas por la Asamblea para los domingos de septiembre con el objetivo de recordar que "el conflicto por Botnia no terminó".
El juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel dispuso citar a indagatoria a 15 asambleístas por el corte de dos horas realizado el domingo 5 de septiembre.
Ese día y el domingo 12, los asambleístas marcharon hacia Arroyo Verde, lugar donde se realizara el largo corte en la ruta que va desde Gualeguaychú hacia el puente binacional General San Martín, que desemboca en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
"Haremos una concentración de dos horas previa a la asamblea de las seis de la tarde, compartiremos música y chocolate, en familia", dijo la asambleísta Paola Robles.
Cuatro gobernadores, por la minería
Cuatro gobernadores, por la minería
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La defensa de la actividad minera a cielo abierto en la alta montaña que harán el próximo martes en el Senado cuatro gobernadores de provincias le agrega una vuelta de tuerca al debate sobre la ley de glaciares. La norma está cruzada por presiones de los que no quieren ninguna ley nacional, como los distritos mineros y aquellos que pelean por una legislación que proteja de la contaminación a los glaciares y su zona de influencia.
Los gobernadores que expondrán el martes en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable son: José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta) Walter Barrionuevo (Jujuy) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
Hasta ahora Mario Das Neves (PJ-disidente, Chubut) y el kirchnerista Celso Jaque, anticiparon que no se sumarán a esta tenida . En cambio Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) adelantó que ratificará la competencia provincial para legisla r, en este caso sobre los glaciares. Brizuela puntualizó que “se pueden hacer las dos cosas, preservar y trabajar con los recursos naturales”, completó El sanjuanino Gioja, luego de una reunión que mantuvo días atrás con el tercer senador de esa provincia Roberto Basualdo (PJ-disidente), dijo que “no pude convencerlo que los dos proyectos -el del Senado y el de Diputados- son claramente inconstitucionales . Las provincias nunca delegaron facultades en esos temas”, dijo. Y en respuesta a las acusaciones de estar al servicio de la Barrick Gold que explota en San Juan una mina de oro, respondió desafiante “me cago en la Barrick, a mí me importan los sanjuaninos”, soltó.
También Daniel Peralta (Santa Cruz) salió al ruedo y dijo que en el Senado se buscaba “vetar la actividad minera” . Además destacó que había interesados en “vulnerar la soberanía de la utilización de nuestros recursos naturales”.
Recién en los últimos días comenzó a blanquearse un fuerte lobby que los empresarios vienen realizando en contra de los proyectos en danza. En este sentido fue ilustrativa la solicitada publicada el viernes y firmada por la cámara que agrupa a las empresas mineras, la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción.
En el debate, el Senado puede optar por una mayor preservación de los glaciares como propone la sanción de Diputados (la llamada ley Bonasso) o insistir con su postura, considerada más permisiva para la actividad minera. El kirchnerista Daniel Filmus acordó con Bonasso defender en la Cámara Alta la sanción de Diputados y había en todos lo bloques un ambiente favorable a esta norma. En 2008 un proyecto similar al de Bonasso fue vetado por la presidenta. Sin embargo ahora la Presidenta adelantó que no aplicará el veto sobre la ley que se vote.
Pero la irrupción de los gobernadores que trabajan para que no salga ninguna ley (a lo sumo algunos aceptan el proyecto del Senado) más el lobby empresario abrió un nuevo interrogant e acerca de cómo votarán los legisladores de esas provincias y que hará el resto.
Los ambientalistas presentarán batalla: Greenpeace dijo que “resulta alarmante la oposición manifestada por los gobernadores Gioja, Beder Herrera (La Rioja), Brizuela del Moral y Urtubey (Salta) que demuestra la existencia de fuertes presiones de las corporaciones político-económicas sobre el Senado para frenar la ley”.
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La defensa de la actividad minera a cielo abierto en la alta montaña que harán el próximo martes en el Senado cuatro gobernadores de provincias le agrega una vuelta de tuerca al debate sobre la ley de glaciares. La norma está cruzada por presiones de los que no quieren ninguna ley nacional, como los distritos mineros y aquellos que pelean por una legislación que proteja de la contaminación a los glaciares y su zona de influencia.
Los gobernadores que expondrán el martes en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable son: José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta) Walter Barrionuevo (Jujuy) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
Hasta ahora Mario Das Neves (PJ-disidente, Chubut) y el kirchnerista Celso Jaque, anticiparon que no se sumarán a esta tenida . En cambio Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) adelantó que ratificará la competencia provincial para legisla r, en este caso sobre los glaciares. Brizuela puntualizó que “se pueden hacer las dos cosas, preservar y trabajar con los recursos naturales”, completó El sanjuanino Gioja, luego de una reunión que mantuvo días atrás con el tercer senador de esa provincia Roberto Basualdo (PJ-disidente), dijo que “no pude convencerlo que los dos proyectos -el del Senado y el de Diputados- son claramente inconstitucionales . Las provincias nunca delegaron facultades en esos temas”, dijo. Y en respuesta a las acusaciones de estar al servicio de la Barrick Gold que explota en San Juan una mina de oro, respondió desafiante “me cago en la Barrick, a mí me importan los sanjuaninos”, soltó.
También Daniel Peralta (Santa Cruz) salió al ruedo y dijo que en el Senado se buscaba “vetar la actividad minera” . Además destacó que había interesados en “vulnerar la soberanía de la utilización de nuestros recursos naturales”.
Recién en los últimos días comenzó a blanquearse un fuerte lobby que los empresarios vienen realizando en contra de los proyectos en danza. En este sentido fue ilustrativa la solicitada publicada el viernes y firmada por la cámara que agrupa a las empresas mineras, la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción.
En el debate, el Senado puede optar por una mayor preservación de los glaciares como propone la sanción de Diputados (la llamada ley Bonasso) o insistir con su postura, considerada más permisiva para la actividad minera. El kirchnerista Daniel Filmus acordó con Bonasso defender en la Cámara Alta la sanción de Diputados y había en todos lo bloques un ambiente favorable a esta norma. En 2008 un proyecto similar al de Bonasso fue vetado por la presidenta. Sin embargo ahora la Presidenta adelantó que no aplicará el veto sobre la ley que se vote.
Pero la irrupción de los gobernadores que trabajan para que no salga ninguna ley (a lo sumo algunos aceptan el proyecto del Senado) más el lobby empresario abrió un nuevo interrogant e acerca de cómo votarán los legisladores de esas provincias y que hará el resto.
Los ambientalistas presentarán batalla: Greenpeace dijo que “resulta alarmante la oposición manifestada por los gobernadores Gioja, Beder Herrera (La Rioja), Brizuela del Moral y Urtubey (Salta) que demuestra la existencia de fuertes presiones de las corporaciones político-económicas sobre el Senado para frenar la ley”.
Se podrá sembrar arroz en La Leonesa
La Justicia levantó las suspensiones y se podrá sembrar arroz en La Leonesa
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El juez Héctor Edgardo García Redondo levantó las suspensiones dispuestas a los establecimientos arroceros San Carlos y Cancha Larga, de 3500 hectáreas, y ahora podrá implantar el cultivo justo cuando finaliza el tiempo óptimo de la siembra.
El emprendimiento cuenta con 3500 hectáreas de arroz, que generan una producción superior a los 20.000.000 pesos anuales había sido cuestionado por parte de la población y ambientalistas, demostrándose que no hubo contaminación, según las pruebas que tiene el juez en sus manos.
El magistrado basó su decisión en el estudio de impacto ambiental que ordenó, donde se demostró que no existe ninguna zona contaminada con herbicidas, y además todo el desarrollo productivo es amigable con el medioambiente y resulta viable en términos abióticos, bióticos y antrópicos.
Por otra parte, la APA presentó informes de estudios realizados donde consta que no se ha contaminado ni un curso de agua en la zona de las arroceras. Asimismo el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco reconoció y avaló el informe del Director de Epidemiología doctor Mario Echevarría, que establece que no existen aumentos de casos de cáncer infantil y que los datos que presentaron los denunciantes no resultan confiables.
Los abogados señalaron que los testigos propuestos por los propios amparistas quedaron en evidencia sobre la falta de sustento de las denuncias que realizaron pues debieron reconocer lo siguiente: El bioquímico Raúl Horacio Lucero, que jamás tomó muestras de las arroceras para realizar análisis y que sólo anduvo por la periferia, y el testigo Rodolfo Ramón Acosta, ingeniero agrónomo, expresó que no le consta un solo caso de enfermedad oncológica atribuible a las arroceras.
NORTE tuvo acceso a la resolución del juez García Redondo, quien toma decisiones para proteger a las personas y el medio ambiente. La resolución es la siguiente: Modificar la extensión de la suspensión de las fumigaciones terrestres en el establecimiento arrocero San Carlos, suspendiéndose en una distancia no menor de los 500 metros, a contar esas medidas desde el límite de la zona urbana del barrio La Ralera, con ningún tipo de agroquímico o producto de los relacionados en la postulación de la medida cautelar. Levantar las suspensiones dispuestas a los establecimientos San Carlos y Cancha Larga respecto de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, por contarse de los canales o cursos de agua que tengan derivas y descargas en las lagunas El Moncholo, Palmar, Riacho Tatané, arroyo Quiá, San Fernando y Caracolo, debiéndose realizarse muestreos periódicos siguiendo un Plan de Gestión Ambiental, a los fines de demostrar durante la campaña arrocera, si el sistema hídrico resulta afectado por el empleo de agroquímicos.
“Todo lo que nos hicieron es injusto, pero tuvimos siempre confianza en la justicia y, como productores, seguiremos trabajando en la zona, brindando trabajo y seguridad a esta zona”, dijo ayer Eduardo Meichtry, dueño de las arroceras.
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El juez Héctor Edgardo García Redondo levantó las suspensiones dispuestas a los establecimientos arroceros San Carlos y Cancha Larga, de 3500 hectáreas, y ahora podrá implantar el cultivo justo cuando finaliza el tiempo óptimo de la siembra.
El emprendimiento cuenta con 3500 hectáreas de arroz, que generan una producción superior a los 20.000.000 pesos anuales había sido cuestionado por parte de la población y ambientalistas, demostrándose que no hubo contaminación, según las pruebas que tiene el juez en sus manos.
El magistrado basó su decisión en el estudio de impacto ambiental que ordenó, donde se demostró que no existe ninguna zona contaminada con herbicidas, y además todo el desarrollo productivo es amigable con el medioambiente y resulta viable en términos abióticos, bióticos y antrópicos.
Por otra parte, la APA presentó informes de estudios realizados donde consta que no se ha contaminado ni un curso de agua en la zona de las arroceras. Asimismo el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco reconoció y avaló el informe del Director de Epidemiología doctor Mario Echevarría, que establece que no existen aumentos de casos de cáncer infantil y que los datos que presentaron los denunciantes no resultan confiables.
Los abogados señalaron que los testigos propuestos por los propios amparistas quedaron en evidencia sobre la falta de sustento de las denuncias que realizaron pues debieron reconocer lo siguiente: El bioquímico Raúl Horacio Lucero, que jamás tomó muestras de las arroceras para realizar análisis y que sólo anduvo por la periferia, y el testigo Rodolfo Ramón Acosta, ingeniero agrónomo, expresó que no le consta un solo caso de enfermedad oncológica atribuible a las arroceras.
NORTE tuvo acceso a la resolución del juez García Redondo, quien toma decisiones para proteger a las personas y el medio ambiente. La resolución es la siguiente: Modificar la extensión de la suspensión de las fumigaciones terrestres en el establecimiento arrocero San Carlos, suspendiéndose en una distancia no menor de los 500 metros, a contar esas medidas desde el límite de la zona urbana del barrio La Ralera, con ningún tipo de agroquímico o producto de los relacionados en la postulación de la medida cautelar. Levantar las suspensiones dispuestas a los establecimientos San Carlos y Cancha Larga respecto de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, por contarse de los canales o cursos de agua que tengan derivas y descargas en las lagunas El Moncholo, Palmar, Riacho Tatané, arroyo Quiá, San Fernando y Caracolo, debiéndose realizarse muestreos periódicos siguiendo un Plan de Gestión Ambiental, a los fines de demostrar durante la campaña arrocera, si el sistema hídrico resulta afectado por el empleo de agroquímicos.
“Todo lo que nos hicieron es injusto, pero tuvimos siempre confianza en la justicia y, como productores, seguiremos trabajando en la zona, brindando trabajo y seguridad a esta zona”, dijo ayer Eduardo Meichtry, dueño de las arroceras.
Audiencia pública en el Congreso por agrotóxicos
Audiencia pública en el Congreso de la Nación por agrotóxicos
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Diputada Nacional Cecilia Merchán junto al interbloque Proyecto Sur convocan a una Audiencia Pública el día martes 21 de septiembre a partir de las 16.30 hs, en la sala 1 del edificio anexo de la HCD, para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agroquímicos.
La Justicia ha resuelto en varios casos recientes, La Leonesa (Chaco, 2010), San Jorge (Santa Fé, 2009), Bº Ituzaingó (Córdoba, 2008), Mercedes (Pcia Bs As, 2008), lo que vecinos y vecinas solicitan en cientos de localidades del país: desde la suspensión de las fumigaciones aéreas con plaguicidas, hasta una mayor distancia para su aplicación en campos cercanos a viviendas. En el caso de La Leonesa, las razones son más que contundentes: según lo investigado por la Comisión Provincial de Contaminantes del Agua, en esta localidad de diez mil habitantes, rodeada de cultivos de arroz y soja, en la última década los casos de cáncer en niños (leucemia, tumores cerebrales) se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400 por ciento.
En la audiencia se presentará el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010). Asimismo se analizarán otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
Participarán
Dr. Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Dr. Raúl Horacio Lucero (UNNE, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Dr. Medardo Avila Vazquez (UNC, Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Ing. Claudio Lowy (Mstr. Des. Hum. Sostenible), Carlos Martinez (Dip. Pcial. Chaco), Grupo Ambiental Sn. Salvador (Entre Ríos), Salvemos al Iberá (Corrientes), Vecinos de San Pedro (Pcia. de Bs. As).
Contará con la presencia de los/as diputados/as:
Cecilia Merchán, Fernando Solanas, Miguel Bonasso, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe (Interbloque Proyecto Sur); Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Fabián Peralta (GEN), Lisandro Viale (Partido Socialista), Julia Perié (Frente para la Victoria) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro PyS)
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Diputada Nacional Cecilia Merchán junto al interbloque Proyecto Sur convocan a una Audiencia Pública el día martes 21 de septiembre a partir de las 16.30 hs, en la sala 1 del edificio anexo de la HCD, para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agroquímicos.
La Justicia ha resuelto en varios casos recientes, La Leonesa (Chaco, 2010), San Jorge (Santa Fé, 2009), Bº Ituzaingó (Córdoba, 2008), Mercedes (Pcia Bs As, 2008), lo que vecinos y vecinas solicitan en cientos de localidades del país: desde la suspensión de las fumigaciones aéreas con plaguicidas, hasta una mayor distancia para su aplicación en campos cercanos a viviendas. En el caso de La Leonesa, las razones son más que contundentes: según lo investigado por la Comisión Provincial de Contaminantes del Agua, en esta localidad de diez mil habitantes, rodeada de cultivos de arroz y soja, en la última década los casos de cáncer en niños (leucemia, tumores cerebrales) se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400 por ciento.
En la audiencia se presentará el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010). Asimismo se analizarán otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
Participarán
Dr. Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Dr. Raúl Horacio Lucero (UNNE, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Dr. Medardo Avila Vazquez (UNC, Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Ing. Claudio Lowy (Mstr. Des. Hum. Sostenible), Carlos Martinez (Dip. Pcial. Chaco), Grupo Ambiental Sn. Salvador (Entre Ríos), Salvemos al Iberá (Corrientes), Vecinos de San Pedro (Pcia. de Bs. As).
Contará con la presencia de los/as diputados/as:
Cecilia Merchán, Fernando Solanas, Miguel Bonasso, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe (Interbloque Proyecto Sur); Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Fabián Peralta (GEN), Lisandro Viale (Partido Socialista), Julia Perié (Frente para la Victoria) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro PyS)
Polémica por una planta de basura en La Matanza
Polémica por una recicladora de basura
Fecha de Publicación: 17/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La instalarán en La Matanza para reemplazar un basural a cielo abierto; el convenio se firmó con De Vido; los vecinos temen por su salud
Durante una controvertida sesión, que se extendió por seis horas, en las que no faltaron insultos, acusaciones y denuncias de amenazas, el Concejo Deliberante de La Matanza autorizó ayer un convenio firmado entre ese municipio, a cargo de Fernando Espinoza (Frente para la Victoria), y el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, para la creación de un Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE), calificado por sus impulsores como "único en el mundo".
Según lo aprobado, ese centro demandará una inversión de $ 600 millones. Se trata de una planta incineradora que convierte residuos en energía. Estará a cargo de la firma estatal Empresa Nacional de Energía Argentina SA (Enarsa).
Los vecinos de La Matanza esperan desde 2003 que la Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) cierre definitivamente el centro de acopio de residuos de González Catán. Sin embargo, rechazan que se lo sustituya por esta planta que el municipio convino crear con la Nación, sin mediación de la provincia, pues sostienen que nadie nunca les proveyó la información suficiente respecto de que esa nueva tecnología vaya a ser inocua para la salud.
El hecho de que se la presente como "única en el mundo" no hace más que agregarles desconcierto, pues no se sabe a ciencia cierta qué grado de afectación podrá significar en el desarrollo de sus vidas.
Es más: aun habiendo existido una experiencia previa, vecinos y ambientalistas cuestionan que se la quiera instalar a sólo 20 cuadras del relleno que hoy ya perjudica su calidad de vida (ver aparte).
La norma, que necesitaba los votos de los dos tercios de los miembros del Concejo, compuesto por 24 ediles, recibió el respaldo justo, con 16 votos en favor y 6 en contra. Hubo dos ausencias. La apoyaron los 13 integrantes del bloque oficialista, Ariel Martínez (Sentimiento Peronista) y Ricardo Maidana (Peronismo Independiente), que responden a Eduardo Duhalde, y Juan Giffoni, cercano al diputado nacional Julio Ledesma (Corriente Peronista Bonaerense).
Esa aprobación significa la autorización para que el intendente Espinoza ceda terrenos situados en el cruce de la calle Conde y la ruta provincial 1001.
Olor nauseabundo
Ayer, durante el debate en el Concejo, el aire era tan nauseabundo como el que emanan los residuos acumulados por la Ceamse. Es que no faltaron las bombas de mal olor arrojadas bajo las butacas de los ediles. A pesar de eso y de los gritos destemplados de algunos concejales, la tercera fue la vencida. El tratamiento de la propuesta de De Vido ya había fracasado dos veces.
En algunos pasajes de la caldeada reunión tuvo que intervenir el personal de vigilancia de ese cuerpo, ya que hubo agresiones verbales, que casi llegaron a físicas, entre vecinos y concejales y entre los propios ediles.
Las acusaciones de los opositores, de Movimiento Libres del Sur, Acuerdo La Matanza, Coalición Cívica y Unión Peronismo Federal (UPF), giraron en torno a la falta de información sobre la tecnología para reconvertir los residuos sólidos en energía eléctrica y combustible diésel sintético, según reza el convenio finalmente aprobado.
Una de las voces más críticas fue la del presidente del bloque UPF, Adrián Verdini: "Este tema es inviable y carece de sustento legal, pues no tiene la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como establece el artículo 42 de la ley orgánica de las municipalidades", dijo.
Manuel Atencio, de Acuerdo La Matanza, expresó: "Desde 2007 venimos presentando proyectos para solucionar el tema de la Ceamse y nunca fueron escuchados. No queremos ser el basurero de La Matanza".
El presidente del FPV, Ricardo Rolleri, sumó a la polémica, pues para defender la postura oficial se basó en la lectura de fragmentos de publicaciones periodísticas zonales que destacaban la necesidad de instalar la planta de la polémica.
Hubo, incluso, tres ediles opositores que, a último momento, decidieron cambiar su voto negativo. El argumento que dieron para permitir que el oficialismo consiguiera su propósito fue que no tenían la certeza de que el nuevo sistema pudiera llegar a ser perjudicial para los vecinos.
Del presupuesto anual municipal, el 20 por ciento se destina al sistema de recolección y disposición final de residuos.
Los vecinos, dentro y fuera del recinto, también se hicieron oír ayer. Centenares de personas abarrotaron la sala de reuniones y toda la extensión de Hipólito Yrigoyen al 2500, donde se sitúa el edificio legislativo.
Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando al promediar la sesión el concejal Marcelo Rocca (FPV) se acercó a un hombre que había cuestionado sus dichos y a quien habría amenazado. Hubo gritos, empujones e insultos. Incluso se vio a un par de personas con armas en la cintura. No llegaron a las manos por la intervención del personal de seguridad del Concejo. En ese mismo momento, en el estrado, el vicepresidente segundo del cuerpo, Fernando Asencio (UPF), increpó al titular del cuerpo, Daniel Castro (FPV). Se levantó de su banca y le dijo: "Vos dejaste entrar a la patota. Sos un h... de p...".
Fecha de Publicación: 17/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La instalarán en La Matanza para reemplazar un basural a cielo abierto; el convenio se firmó con De Vido; los vecinos temen por su salud
Durante una controvertida sesión, que se extendió por seis horas, en las que no faltaron insultos, acusaciones y denuncias de amenazas, el Concejo Deliberante de La Matanza autorizó ayer un convenio firmado entre ese municipio, a cargo de Fernando Espinoza (Frente para la Victoria), y el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, para la creación de un Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE), calificado por sus impulsores como "único en el mundo".
Según lo aprobado, ese centro demandará una inversión de $ 600 millones. Se trata de una planta incineradora que convierte residuos en energía. Estará a cargo de la firma estatal Empresa Nacional de Energía Argentina SA (Enarsa).
Los vecinos de La Matanza esperan desde 2003 que la Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) cierre definitivamente el centro de acopio de residuos de González Catán. Sin embargo, rechazan que se lo sustituya por esta planta que el municipio convino crear con la Nación, sin mediación de la provincia, pues sostienen que nadie nunca les proveyó la información suficiente respecto de que esa nueva tecnología vaya a ser inocua para la salud.
El hecho de que se la presente como "única en el mundo" no hace más que agregarles desconcierto, pues no se sabe a ciencia cierta qué grado de afectación podrá significar en el desarrollo de sus vidas.
Es más: aun habiendo existido una experiencia previa, vecinos y ambientalistas cuestionan que se la quiera instalar a sólo 20 cuadras del relleno que hoy ya perjudica su calidad de vida (ver aparte).
La norma, que necesitaba los votos de los dos tercios de los miembros del Concejo, compuesto por 24 ediles, recibió el respaldo justo, con 16 votos en favor y 6 en contra. Hubo dos ausencias. La apoyaron los 13 integrantes del bloque oficialista, Ariel Martínez (Sentimiento Peronista) y Ricardo Maidana (Peronismo Independiente), que responden a Eduardo Duhalde, y Juan Giffoni, cercano al diputado nacional Julio Ledesma (Corriente Peronista Bonaerense).
Esa aprobación significa la autorización para que el intendente Espinoza ceda terrenos situados en el cruce de la calle Conde y la ruta provincial 1001.
Olor nauseabundo
Ayer, durante el debate en el Concejo, el aire era tan nauseabundo como el que emanan los residuos acumulados por la Ceamse. Es que no faltaron las bombas de mal olor arrojadas bajo las butacas de los ediles. A pesar de eso y de los gritos destemplados de algunos concejales, la tercera fue la vencida. El tratamiento de la propuesta de De Vido ya había fracasado dos veces.
En algunos pasajes de la caldeada reunión tuvo que intervenir el personal de vigilancia de ese cuerpo, ya que hubo agresiones verbales, que casi llegaron a físicas, entre vecinos y concejales y entre los propios ediles.
Las acusaciones de los opositores, de Movimiento Libres del Sur, Acuerdo La Matanza, Coalición Cívica y Unión Peronismo Federal (UPF), giraron en torno a la falta de información sobre la tecnología para reconvertir los residuos sólidos en energía eléctrica y combustible diésel sintético, según reza el convenio finalmente aprobado.
Una de las voces más críticas fue la del presidente del bloque UPF, Adrián Verdini: "Este tema es inviable y carece de sustento legal, pues no tiene la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como establece el artículo 42 de la ley orgánica de las municipalidades", dijo.
Manuel Atencio, de Acuerdo La Matanza, expresó: "Desde 2007 venimos presentando proyectos para solucionar el tema de la Ceamse y nunca fueron escuchados. No queremos ser el basurero de La Matanza".
El presidente del FPV, Ricardo Rolleri, sumó a la polémica, pues para defender la postura oficial se basó en la lectura de fragmentos de publicaciones periodísticas zonales que destacaban la necesidad de instalar la planta de la polémica.
Hubo, incluso, tres ediles opositores que, a último momento, decidieron cambiar su voto negativo. El argumento que dieron para permitir que el oficialismo consiguiera su propósito fue que no tenían la certeza de que el nuevo sistema pudiera llegar a ser perjudicial para los vecinos.
Del presupuesto anual municipal, el 20 por ciento se destina al sistema de recolección y disposición final de residuos.
Los vecinos, dentro y fuera del recinto, también se hicieron oír ayer. Centenares de personas abarrotaron la sala de reuniones y toda la extensión de Hipólito Yrigoyen al 2500, donde se sitúa el edificio legislativo.
Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando al promediar la sesión el concejal Marcelo Rocca (FPV) se acercó a un hombre que había cuestionado sus dichos y a quien habría amenazado. Hubo gritos, empujones e insultos. Incluso se vio a un par de personas con armas en la cintura. No llegaron a las manos por la intervención del personal de seguridad del Concejo. En ese mismo momento, en el estrado, el vicepresidente segundo del cuerpo, Fernando Asencio (UPF), increpó al titular del cuerpo, Daniel Castro (FPV). Se levantó de su banca y le dijo: "Vos dejaste entrar a la patota. Sos un h... de p...".
Audiencia entre Gioja y Greenpeace por glaciares
Gioja - Greenpeace: audiencia abierta que no deja nada nuevo
Fecha de Publicación: 16/09/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
En una audiencia inusual, José Luis Gioja abrió las puertas a la prensa en su reunión con los representantes de la ONG ambientalista. Como era de esperarse, por el momento nadie cede ni un mínimo espacio o concepto.El referente de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, se manifestó conforme con el proyecto de ley que tiene media sanción de diputados porque “tenemos un brazo ejecutor como es el Ianiglia, que tendrá una responsabilidad, y en ella corre con su prestigio. Mas allá de lo que puedan discutir los legisladores, quienes deberán relevar cada metro cuadrado de la cordillera es esa institución”, apuntó Villalonga.
Villalonga circunscribió el voto positivo de diputados a cuestiones meramente ambientales. “Nos parece que al tema que surge de diputados no deben agregárseles connotaciones políticas, aunque estuvo cruzado por ellas. Nosotros no estábamos conformes con los proyectos anteriores, que eran estructuralmente lo mismo”, apuntó.
Acto seguido tomó la palabra el gobernador provincial, que aseguró que “creemos en el diálogo. Nosotros te contamos nuestra visión”, le dijo a Villalonga, a quien trató de “vos” durante toda la alocución, sin desprenderse de un particular estilo coloquial que tiene frente a algunos invitados y frente a la prensa. “No nos sentimos dueños de la verdad, pero representamos a los sanjuaninos que nos votaron con el 62 %”, sentó.
“Esto es San Juan”, le dijo al ambientalista, mientras señalaba un pequeño mapa colgado en la pared. “Mirá este mapita, en estos valles vivimos”, agregó, mientras daba datos poblacionales de cada uno de los vergeles sanjuaninos. “En esta zona que no tiene río, que se parece un poco a la pampa húmeda, pero no lo es aunque se vea verde. Eso es Valle Fértil”, añadió.
“En este Valle del Tulum vivimos nosotros, en este Valle que es el corazón de San Juan”, expresó. “De los 90.000 metros cuadrados de nuestra provincia, solo el 3% son estos valles que te mostré. ¿Sabés que es el resto?”, preguntó, retórico. “El resto es desierto”, se respondió, ante un Villalonga que asistía en silencio a la verborragia oficial. “Lo primero que quiero que entiendas es que no debe haber en la tierra alguien más interesado que nosotros en cuidar el agua”.
“¿Y sabés que significa esto?”, volvió a interrogar. “Esto significa que nadie, en ningún lugar del mundo como en San Juan, sabe lo que significa el agua como elemento vital, y que nadie, en ningún lugar del mundo sabe cuidar el agua como los sanjuaninos”.
“Además”, agregó Gioja, “no queremos que llueva, porque queremos que el agua venga del río, por las acequias, para que nuestras uvas sean lo que son, y nuestras verduras, y nuestras semillas”, agregó.
“Y por eso”, continuó Gioja, “creamos el Departamento de Hidráulica, que es de los más importantes de San Juan. Desde allí, año a año nosotros relevamos la nieve que cae, porque el recurso principal del agua del Río Jáchal y del Río San Juan es de deshielo. Por eso hemos hechos los diques que hicimos y estamos ahora tras Punta Negra, que nos permite regular el río”, apuntó.
“Nosotros, en uso de nuestras facultades institucionales, repito, sin sentirnos dueños de la verdad, pero sintiéndonos autónomos, sancionamos por unanimidad de todas las fuerzas políticas nuestra Ley de Glaciares, el 14 de julio de este año, y el 22 hicimos el decreto reglamentario que dejó constituido el Concejo de Protección de Glaciares, que integra cada sector político con un representante”, continuó, al tiempo que le ofreció “una copia para que la veas, y si querés te doy una copia del mapa también”.
El amable intercambio, como era de esperar, fue subiendo de tono, hasta que el gobernador le enrostró a Villalonga que “hemos seguido declaraciones de ustedes. Hace un par de meses ustedes acordaban con la ley del senado. ¿Qué hay especulaciones?, es normal esto en la política”, sinceró Gioja, “pero lo que a veces nosotros sentimos es que somos los únicos conejillos de indias. Pero esto no nos afecta. Alguien me dijo: `Flaco, estás corriendo riesgos políticos´. No siento eso, siento que defiendo lo que sienten los sanjuaninos que me votaron, para proteger una actividad que da trabajo y salarios dignos, y que cuida el medio ambiente y el agua”, aseveró.
Con movimientos de manos ampulosos, se quejó de que “resulta que se parece que somos unos perversos. Bonasso dijo que yo soy empleado de la Barrick, y ¿sabes qué?, yo me cago en la Barrick o en cualquiera, sólo pienso en los sanjuaninos”, se exaltó. El debate continuó ante la azorada mirada de los periodistas que asistieron a este inusual encuentro “protocolar”, en el que asesores del gobernador y de Villalonga pugnaban por meter la cuchara en un plato en que los disertantes tenían puestas las dos manos.
Cruces, interrupciones, conceptos que no quedan claros porque se cruzan en las voces en el aire de la Casa de Gobierno.
Fecha de Publicación: 16/09/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
En una audiencia inusual, José Luis Gioja abrió las puertas a la prensa en su reunión con los representantes de la ONG ambientalista. Como era de esperarse, por el momento nadie cede ni un mínimo espacio o concepto.El referente de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, se manifestó conforme con el proyecto de ley que tiene media sanción de diputados porque “tenemos un brazo ejecutor como es el Ianiglia, que tendrá una responsabilidad, y en ella corre con su prestigio. Mas allá de lo que puedan discutir los legisladores, quienes deberán relevar cada metro cuadrado de la cordillera es esa institución”, apuntó Villalonga.
Villalonga circunscribió el voto positivo de diputados a cuestiones meramente ambientales. “Nos parece que al tema que surge de diputados no deben agregárseles connotaciones políticas, aunque estuvo cruzado por ellas. Nosotros no estábamos conformes con los proyectos anteriores, que eran estructuralmente lo mismo”, apuntó.
Acto seguido tomó la palabra el gobernador provincial, que aseguró que “creemos en el diálogo. Nosotros te contamos nuestra visión”, le dijo a Villalonga, a quien trató de “vos” durante toda la alocución, sin desprenderse de un particular estilo coloquial que tiene frente a algunos invitados y frente a la prensa. “No nos sentimos dueños de la verdad, pero representamos a los sanjuaninos que nos votaron con el 62 %”, sentó.
“Esto es San Juan”, le dijo al ambientalista, mientras señalaba un pequeño mapa colgado en la pared. “Mirá este mapita, en estos valles vivimos”, agregó, mientras daba datos poblacionales de cada uno de los vergeles sanjuaninos. “En esta zona que no tiene río, que se parece un poco a la pampa húmeda, pero no lo es aunque se vea verde. Eso es Valle Fértil”, añadió.
“En este Valle del Tulum vivimos nosotros, en este Valle que es el corazón de San Juan”, expresó. “De los 90.000 metros cuadrados de nuestra provincia, solo el 3% son estos valles que te mostré. ¿Sabés que es el resto?”, preguntó, retórico. “El resto es desierto”, se respondió, ante un Villalonga que asistía en silencio a la verborragia oficial. “Lo primero que quiero que entiendas es que no debe haber en la tierra alguien más interesado que nosotros en cuidar el agua”.
“¿Y sabés que significa esto?”, volvió a interrogar. “Esto significa que nadie, en ningún lugar del mundo como en San Juan, sabe lo que significa el agua como elemento vital, y que nadie, en ningún lugar del mundo sabe cuidar el agua como los sanjuaninos”.
“Además”, agregó Gioja, “no queremos que llueva, porque queremos que el agua venga del río, por las acequias, para que nuestras uvas sean lo que son, y nuestras verduras, y nuestras semillas”, agregó.
“Y por eso”, continuó Gioja, “creamos el Departamento de Hidráulica, que es de los más importantes de San Juan. Desde allí, año a año nosotros relevamos la nieve que cae, porque el recurso principal del agua del Río Jáchal y del Río San Juan es de deshielo. Por eso hemos hechos los diques que hicimos y estamos ahora tras Punta Negra, que nos permite regular el río”, apuntó.
“Nosotros, en uso de nuestras facultades institucionales, repito, sin sentirnos dueños de la verdad, pero sintiéndonos autónomos, sancionamos por unanimidad de todas las fuerzas políticas nuestra Ley de Glaciares, el 14 de julio de este año, y el 22 hicimos el decreto reglamentario que dejó constituido el Concejo de Protección de Glaciares, que integra cada sector político con un representante”, continuó, al tiempo que le ofreció “una copia para que la veas, y si querés te doy una copia del mapa también”.
El amable intercambio, como era de esperar, fue subiendo de tono, hasta que el gobernador le enrostró a Villalonga que “hemos seguido declaraciones de ustedes. Hace un par de meses ustedes acordaban con la ley del senado. ¿Qué hay especulaciones?, es normal esto en la política”, sinceró Gioja, “pero lo que a veces nosotros sentimos es que somos los únicos conejillos de indias. Pero esto no nos afecta. Alguien me dijo: `Flaco, estás corriendo riesgos políticos´. No siento eso, siento que defiendo lo que sienten los sanjuaninos que me votaron, para proteger una actividad que da trabajo y salarios dignos, y que cuida el medio ambiente y el agua”, aseveró.
Con movimientos de manos ampulosos, se quejó de que “resulta que se parece que somos unos perversos. Bonasso dijo que yo soy empleado de la Barrick, y ¿sabes qué?, yo me cago en la Barrick o en cualquiera, sólo pienso en los sanjuaninos”, se exaltó. El debate continuó ante la azorada mirada de los periodistas que asistieron a este inusual encuentro “protocolar”, en el que asesores del gobernador y de Villalonga pugnaban por meter la cuchara en un plato en que los disertantes tenían puestas las dos manos.
Cruces, interrupciones, conceptos que no quedan claros porque se cruzan en las voces en el aire de la Casa de Gobierno.
La Corte y la represa
La Corte y la represa
Fecha de Publicación: 15/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
La Corte Suprema de Justicia se declaró competente en el amparo judicial presentado por el Estado nacional contra la construcción de la represa Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. Antes de determinar si las obras deben ser suspendidas o no, exhortó al gobierno provincial a notificar en un plazo de diez días el estado de avance del proyecto y a proveer el estudio de impacto ambiental correspondiente en un lapso no mayor a los treinta días. El gobierno de Ricardo Colombi (foto) había apelado la demanda y había defendido el emprendimiento encabezado por las empresas vinculadas al magnate húngaro George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
La medida fue dispuesta ayer por la Corte, tras aceptar su competencia “originaria” en la demanda de la Nación contra la provincia de Corrientes por la construcción de esa represa cercana a los Esteros del Iberá, que pretende inundar un área aproximada de ocho mil hectáreas para el riego de plantaciones de arroz. El Estado había invocado la posibilidad de que el emprendimiento, del que carece de información, afectara al río Uruguay, lo que podría generar una “responsabilidad internacional de la Argentina” frente a un incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
La gobernación correntina deberá informar, dentro de los próximos diez días, “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción”, sostuvo el fallo. La decisión –adoptada por unanimidad de los jueces– exige que la provincia de Corrientes “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto”, a la Cancillería. Corrientes dispondrá de un mes para remitir los informes para que “las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay”, dijo la Corte, a través de su resolución. Tras ese informe, el Tribunal decidirá si hace lugar al pedido de paralizar el emprendimiento.
Fecha de Publicación: 15/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
La Corte Suprema de Justicia se declaró competente en el amparo judicial presentado por el Estado nacional contra la construcción de la represa Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. Antes de determinar si las obras deben ser suspendidas o no, exhortó al gobierno provincial a notificar en un plazo de diez días el estado de avance del proyecto y a proveer el estudio de impacto ambiental correspondiente en un lapso no mayor a los treinta días. El gobierno de Ricardo Colombi (foto) había apelado la demanda y había defendido el emprendimiento encabezado por las empresas vinculadas al magnate húngaro George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
La medida fue dispuesta ayer por la Corte, tras aceptar su competencia “originaria” en la demanda de la Nación contra la provincia de Corrientes por la construcción de esa represa cercana a los Esteros del Iberá, que pretende inundar un área aproximada de ocho mil hectáreas para el riego de plantaciones de arroz. El Estado había invocado la posibilidad de que el emprendimiento, del que carece de información, afectara al río Uruguay, lo que podría generar una “responsabilidad internacional de la Argentina” frente a un incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
La gobernación correntina deberá informar, dentro de los próximos diez días, “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción”, sostuvo el fallo. La decisión –adoptada por unanimidad de los jueces– exige que la provincia de Corrientes “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto”, a la Cancillería. Corrientes dispondrá de un mes para remitir los informes para que “las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay”, dijo la Corte, a través de su resolución. Tras ese informe, el Tribunal decidirá si hace lugar al pedido de paralizar el emprendimiento.
Corte rechazó reclamo por desmontes en Salta
La Corte Suprema rechazó reclamo en la causa por desmontes en Salta
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional - Salta
Lo habían realizado los representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta, que denunciaron el desmonte en zona prohibida donde vivían poblaciones indígenas. Los magistrados consideraron que el planteo realizado excede la causa que lleva la Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy un pedido de comunidades aborígenes de Salta para investigar si se habrían realizado desmontes en esa provincia en violación al fallo del 2008 del máximo tribunal que dispuso la prohibición de la tala de bosques nativos.
Representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta denunciaron que entre el 22 de enero y el 21 de octubre del año pasado se produjeron desmontes en zonas prohibidas para esa actividad y en la que vivirían pueblos indígenas y poblaciones criollas.
La entidad le pidió a la Corte que a través de imágenes satelitales se determine si se realizaron desmontes y que extreme el control del cumplimiento de la prohibición de realizar esas actividades.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo al sostener que excede el marco de la causa que lleva la Corte, se informó hoy en Tribunales. Los magistrados agregaron en el fallo que determinar la magnitud de los eventuales desmontes "sólo podría dar lugar eventualmente a reclamos vinculados con las consecuencias dañosas que esos hechos pudieran haber ocasionado, cuestión que excedería el marco de este proceso".
La Corte prohibió la tala indiscriminada y los desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria y ordenó un estudio de impacto ambiental, al hacer lugar a un reclamo de grupos aborígenes wichis. Los pueblos originarios habían solicitado la inconstitucionalidad y la nulidad de las autorizaciones dadas para el desmonte y para que se prohíban nuevos permisos.
Los aborígenes denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo "masivas e indiscriminadas" autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional - Salta
Lo habían realizado los representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta, que denunciaron el desmonte en zona prohibida donde vivían poblaciones indígenas. Los magistrados consideraron que el planteo realizado excede la causa que lleva la Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy un pedido de comunidades aborígenes de Salta para investigar si se habrían realizado desmontes en esa provincia en violación al fallo del 2008 del máximo tribunal que dispuso la prohibición de la tala de bosques nativos.
Representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta denunciaron que entre el 22 de enero y el 21 de octubre del año pasado se produjeron desmontes en zonas prohibidas para esa actividad y en la que vivirían pueblos indígenas y poblaciones criollas.
La entidad le pidió a la Corte que a través de imágenes satelitales se determine si se realizaron desmontes y que extreme el control del cumplimiento de la prohibición de realizar esas actividades.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo al sostener que excede el marco de la causa que lleva la Corte, se informó hoy en Tribunales. Los magistrados agregaron en el fallo que determinar la magnitud de los eventuales desmontes "sólo podría dar lugar eventualmente a reclamos vinculados con las consecuencias dañosas que esos hechos pudieran haber ocasionado, cuestión que excedería el marco de este proceso".
La Corte prohibió la tala indiscriminada y los desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria y ordenó un estudio de impacto ambiental, al hacer lugar a un reclamo de grupos aborígenes wichis. Los pueblos originarios habían solicitado la inconstitucionalidad y la nulidad de las autorizaciones dadas para el desmonte y para que se prohíban nuevos permisos.
Los aborígenes denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo "masivas e indiscriminadas" autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
Multan a una firma por la ex papelera Massuh
Multan a una firma del Nación por la ex papelera Massuh
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Para cubrir daños ambientales, un juez ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones para cubrir los daños ambientales ocasionados por la Papelera Quilmes, ex Massuh.
La producción de la fábrica está paralizada. Se suponía que pasaría a ser una cooperativa gerenciada por el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que reactivaría su producción. Pero esto no ocurrió.
"Tengo entendido que la pastera no está trabajando y está en conflicto con los empleados -informó el juez a LA NACION-. Ante el anuncio de liquidación de la planta por parte de Nación Fideicomisos [la empresa de servicios financieros del Banco Nación, administradora de los fondos destinados a la reactivación de la planta], se dispuso esta medida para reparar el pasivo ambiental que perjudica a los vecinos", agregó.
Voceros de Nación Fideicomisos informaron que todavía no se recibió la notificación del fallo.
El magistrado, además, multó con 400.000 pesos por temeridad y malicia a la Municipalidad de Quilmes; a su intendente, Francisco Gutiérrez, y a otros cuatro funcionarios comunales por incumplir con obras forestales e hidráulicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
"Es ridículo. Una situación tremendamente extraña, ya que este juez no tiene jurisdicción sobre el municipio y se empecinó en atacar a esta administración", dijo a LA NACION Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de la municipalidad.
El juez platense interviene en la causa Vela Darío René y otros contra Massuh SA y otros, sobre reparación o recomposición de daño ambiental, que inició un grupo de vecinos por la contaminación que generó durante los últimos tiempos la papelera de Quilmes Oeste.
La semana pasada, Arias ordenó a la firma financiera estatal que informara, en el plazo de dos días y de manera detallada, el estado del proceso de liquidación judicial del fideicomiso financiero y de administración Empresa Papelera de Quilmes. Para ello, requirió que se agregara el último estado patrimonial y financiero certificado por contador público, y se pidió un informe sobre la vigencia del contrato de seguro ambiental.
El juez ordenó también al Ministerio de Salud provincial que realizara en el vecindario de la planta un operativo para verificar si los habitantes padecen patologías compatibles con la contaminación.
Acciones pendientes
Además, el magistrado ordenó solicitar al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata la elaboración de un informe sobre las acciones pendientes en materia ambiental. Arias aclaró expresamente por escrito que Nación Fideicomisos deberá hacerse cargo del costo de este estudio.
Al analizar los motivos por los que reclama a esa firma que se responsabilice de los daños, el fallo expresa que hubo un acuerdo escrito el 24 de septiembre de 2009, en el cual el fideicomiso asumió obligaciones tendientes a lograr el cese o una solución por el daño ambiental que afectara a los vecinos.
El juez advirtió, además, que su resolución es pertinente, atento a que la liquidación judicial del fideicomiso importa un riesgo cierto de incumplimiento de los compromisos que fueron asumidos al suscribir el convenio .
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Para cubrir daños ambientales, un juez ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones para cubrir los daños ambientales ocasionados por la Papelera Quilmes, ex Massuh.
La producción de la fábrica está paralizada. Se suponía que pasaría a ser una cooperativa gerenciada por el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que reactivaría su producción. Pero esto no ocurrió.
"Tengo entendido que la pastera no está trabajando y está en conflicto con los empleados -informó el juez a LA NACION-. Ante el anuncio de liquidación de la planta por parte de Nación Fideicomisos [la empresa de servicios financieros del Banco Nación, administradora de los fondos destinados a la reactivación de la planta], se dispuso esta medida para reparar el pasivo ambiental que perjudica a los vecinos", agregó.
Voceros de Nación Fideicomisos informaron que todavía no se recibió la notificación del fallo.
El magistrado, además, multó con 400.000 pesos por temeridad y malicia a la Municipalidad de Quilmes; a su intendente, Francisco Gutiérrez, y a otros cuatro funcionarios comunales por incumplir con obras forestales e hidráulicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
"Es ridículo. Una situación tremendamente extraña, ya que este juez no tiene jurisdicción sobre el municipio y se empecinó en atacar a esta administración", dijo a LA NACION Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de la municipalidad.
El juez platense interviene en la causa Vela Darío René y otros contra Massuh SA y otros, sobre reparación o recomposición de daño ambiental, que inició un grupo de vecinos por la contaminación que generó durante los últimos tiempos la papelera de Quilmes Oeste.
La semana pasada, Arias ordenó a la firma financiera estatal que informara, en el plazo de dos días y de manera detallada, el estado del proceso de liquidación judicial del fideicomiso financiero y de administración Empresa Papelera de Quilmes. Para ello, requirió que se agregara el último estado patrimonial y financiero certificado por contador público, y se pidió un informe sobre la vigencia del contrato de seguro ambiental.
El juez ordenó también al Ministerio de Salud provincial que realizara en el vecindario de la planta un operativo para verificar si los habitantes padecen patologías compatibles con la contaminación.
Acciones pendientes
Además, el magistrado ordenó solicitar al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata la elaboración de un informe sobre las acciones pendientes en materia ambiental. Arias aclaró expresamente por escrito que Nación Fideicomisos deberá hacerse cargo del costo de este estudio.
Al analizar los motivos por los que reclama a esa firma que se responsabilice de los daños, el fallo expresa que hubo un acuerdo escrito el 24 de septiembre de 2009, en el cual el fideicomiso asumió obligaciones tendientes a lograr el cese o una solución por el daño ambiental que afectara a los vecinos.
El juez advirtió, además, que su resolución es pertinente, atento a que la liquidación judicial del fideicomiso importa un riesgo cierto de incumplimiento de los compromisos que fueron asumidos al suscribir el convenio .
Organizaciones tienen un espacio en la ACUMAR
Las organizaciones sociales tienen un espacio en la ACUMAR
Fecha de Publicación: 13/09/2010
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) inició este lunes, la inscripción para las organizaciones sociales interesadas en participar y aportar su visión en el marco de los lineamientos de acción previstos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca, que resulten funcionales para su mejor ejecución.
La Comisión de Participación Social permitirá ampliar el número de actores comprometidos con las acciones de saneamiento ambiental gestionadas por la ACUMAR incorporando, en este caso, a las organizaciones sociales.
Asimismo, constituye un instrumento clave para ampliar los espacios de participación y acceso de la información pública, aspectos fundamentales en la implementación de una política ambiental basada en el desarrollo sustentable.
La puesta en marcha de la Comisión, representa un paso más hacia un trabajo conjunto y articulado entre los diversos sectores de la sociedad que permitan alcanzar los consensos necesarios sobre las acciones de saneamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca.
Todas aquellas organizaciones interesadas, podrán registrarse en forma gratuita completando el formulario en el sitio web de la ACUMAR y luego presentado la documentación allí solicitada.
Fecha de Publicación: 13/09/2010
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) inició este lunes, la inscripción para las organizaciones sociales interesadas en participar y aportar su visión en el marco de los lineamientos de acción previstos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca, que resulten funcionales para su mejor ejecución.
La Comisión de Participación Social permitirá ampliar el número de actores comprometidos con las acciones de saneamiento ambiental gestionadas por la ACUMAR incorporando, en este caso, a las organizaciones sociales.
Asimismo, constituye un instrumento clave para ampliar los espacios de participación y acceso de la información pública, aspectos fundamentales en la implementación de una política ambiental basada en el desarrollo sustentable.
La puesta en marcha de la Comisión, representa un paso más hacia un trabajo conjunto y articulado entre los diversos sectores de la sociedad que permitan alcanzar los consensos necesarios sobre las acciones de saneamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca.
Todas aquellas organizaciones interesadas, podrán registrarse en forma gratuita completando el formulario en el sitio web de la ACUMAR y luego presentado la documentación allí solicitada.
La ley de glaciares divide el oficialismo
La ley de glaciares divide opiniones en el oficialismo
Fecha de Publicación: 13/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios senadores kirchneristas se niegan a aprobar un proyecto fuertemente cuestionado
La sanción de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares mantiene al bloque kirchnerista del Senado en un virtual estado de rebelión, como consecuencia de la queja de varios legisladores que no quieren quedar "pegados" a las denuncias de las organizaciones ambientalistas.
La disputa está dada por la disyuntiva que debe afrontar la Cámara alta entre sancionar la versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto último, impulsada por los ambientalistas, o insistir en la sanción del año pasado de la Cámara alta, que es apoyada por las provincias con intereses mineros.
El problema radica en que esta última versión, que fue aprobada por unanimidad, quedó fuertemente impugnada por las denuncias del diputado Miguel Bonasso, quien dijo en varias oportunidades que el texto favorece a las empresas mineras y, sobre todo, a la canadiense Barrick Gold.
Esta firma tiene su mayor emprendimiento en la provincia de San Juan. Por eso a nadie extraña que el principal impulsor de la insistencia en el texto del Senado sea César Gioja, senador por esa provincia y hermano del gobernador, José Luis Gioja.
Lo cierto es que las denuncias de Bonasso y de las organizaciones ambientalistas como Greenpeace caló hondo entre varios senadores del bloque kirchnerista.
"No queremos quedar pegados con la Barrick Gold. Si tanto les interesa el proyecto, que lo voten ellos", se ha quejado al menos un par de legisladores oficialistas ante el jefe de bloque, Miguel Pichetto, en las últimas semanas.
El "ellos" es en alusión a los hermanos Gioja y a sus compañeros de bloque que representan a provincias con intereses en la minería. Este grupo es encabezado por el porteño Daniel Filmus, que, paradojas de la política, fue miembro informante del proyecto que aprobó el Senado el año pasado y que ahora se niega a votar.
A este miedo a quedar expuestos ante la opinión pública favoreciendo a un interés particular se suma el silencio que ha adoptado el Poder Ejecutivo desde que el mes pasado Diputados modificó el proyecto originalmente sancionado por el Senado.
Peor aún, la presidenta Cristina Kirchner dijo que no iba a vetar la ley, cualquiera que fuere la versión que finalmente terminara siendo sancionada.
El problema radica en que el mensaje público no se condice con el que llega a los despachos de los principales referentes del bloque kirchnerista.
"En realidad, el Gobierno no quiere el proyecto aprobado por Diputados, pero no quieren hablar más del tema", confesó un prominente senador oficialista a LA NACION cuando se lo consultó sobre del Poder Ejecutivo.
La respuesta no se hizo esperar. "Nosotros necesitamos que alguien explique y justifique en público la razón para votar por la versión del Senado y no por la de Diputados", se le escuchó decir a un senador en la última reunión de bloque, el martes pasado.
Exposición pública
Para evitar males mayores, los Gioja decidieron asumir la responsabilidad que el Poder Ejecutivo viene negándose a asumir.
Así, a partir de la semana próxima, concurrirán a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado gobernadores y funcionarios de las provincias mineras.
La cita es para el 21 del actual. Ese día se presentarán los mandatarios de las provincias de Cuyo, en particular San Juan y Mendoza, quienes más vienen bregando por la sanción de la ley tal cual la aprobó el Senado en primera instancia. Después, se espera que asistan los gobernadores de otras provincias, como La Rioja, Salta y Catamarca, que también rechazan el texto de Diputados por considerar que avasalla potestades que la Constitución reconoce a los estados provinciales.
Pero la polémica por los glaciares atraviesa a todos los bloques. Así, por ejemplo, los radicales catamarqueños avalan a las provincias mineras, al igual que los tres senadores salteños, ninguno de los cuales responde al kirchnerismo.
La definición se conocerá el próximo 30 del corriente, cuando el tema se debata en sesión especial.
Fecha de Publicación: 13/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios senadores kirchneristas se niegan a aprobar un proyecto fuertemente cuestionado
La sanción de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares mantiene al bloque kirchnerista del Senado en un virtual estado de rebelión, como consecuencia de la queja de varios legisladores que no quieren quedar "pegados" a las denuncias de las organizaciones ambientalistas.
La disputa está dada por la disyuntiva que debe afrontar la Cámara alta entre sancionar la versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto último, impulsada por los ambientalistas, o insistir en la sanción del año pasado de la Cámara alta, que es apoyada por las provincias con intereses mineros.
El problema radica en que esta última versión, que fue aprobada por unanimidad, quedó fuertemente impugnada por las denuncias del diputado Miguel Bonasso, quien dijo en varias oportunidades que el texto favorece a las empresas mineras y, sobre todo, a la canadiense Barrick Gold.
Esta firma tiene su mayor emprendimiento en la provincia de San Juan. Por eso a nadie extraña que el principal impulsor de la insistencia en el texto del Senado sea César Gioja, senador por esa provincia y hermano del gobernador, José Luis Gioja.
Lo cierto es que las denuncias de Bonasso y de las organizaciones ambientalistas como Greenpeace caló hondo entre varios senadores del bloque kirchnerista.
"No queremos quedar pegados con la Barrick Gold. Si tanto les interesa el proyecto, que lo voten ellos", se ha quejado al menos un par de legisladores oficialistas ante el jefe de bloque, Miguel Pichetto, en las últimas semanas.
El "ellos" es en alusión a los hermanos Gioja y a sus compañeros de bloque que representan a provincias con intereses en la minería. Este grupo es encabezado por el porteño Daniel Filmus, que, paradojas de la política, fue miembro informante del proyecto que aprobó el Senado el año pasado y que ahora se niega a votar.
A este miedo a quedar expuestos ante la opinión pública favoreciendo a un interés particular se suma el silencio que ha adoptado el Poder Ejecutivo desde que el mes pasado Diputados modificó el proyecto originalmente sancionado por el Senado.
Peor aún, la presidenta Cristina Kirchner dijo que no iba a vetar la ley, cualquiera que fuere la versión que finalmente terminara siendo sancionada.
El problema radica en que el mensaje público no se condice con el que llega a los despachos de los principales referentes del bloque kirchnerista.
"En realidad, el Gobierno no quiere el proyecto aprobado por Diputados, pero no quieren hablar más del tema", confesó un prominente senador oficialista a LA NACION cuando se lo consultó sobre del Poder Ejecutivo.
La respuesta no se hizo esperar. "Nosotros necesitamos que alguien explique y justifique en público la razón para votar por la versión del Senado y no por la de Diputados", se le escuchó decir a un senador en la última reunión de bloque, el martes pasado.
Exposición pública
Para evitar males mayores, los Gioja decidieron asumir la responsabilidad que el Poder Ejecutivo viene negándose a asumir.
Así, a partir de la semana próxima, concurrirán a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado gobernadores y funcionarios de las provincias mineras.
La cita es para el 21 del actual. Ese día se presentarán los mandatarios de las provincias de Cuyo, en particular San Juan y Mendoza, quienes más vienen bregando por la sanción de la ley tal cual la aprobó el Senado en primera instancia. Después, se espera que asistan los gobernadores de otras provincias, como La Rioja, Salta y Catamarca, que también rechazan el texto de Diputados por considerar que avasalla potestades que la Constitución reconoce a los estados provinciales.
Pero la polémica por los glaciares atraviesa a todos los bloques. Así, por ejemplo, los radicales catamarqueños avalan a las provincias mineras, al igual que los tres senadores salteños, ninguno de los cuales responde al kirchnerismo.
La definición se conocerá el próximo 30 del corriente, cuando el tema se debata en sesión especial.
Se rompió un caño de Botnia y hay afectados
Se rompió un caño de Botnia y hay afectados en Fray Bentos
Fecha de Publicación: 12/09/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El jueves se rompió un caño en la pastera Botnia, según dieron cuenta los asambleístas y varios vecinos de Fray Bentos.
La información trascendió ayer, aunque las autoridades uruguayas sindicaban a los olores desagradables a la actividad de un frigorífico fraybentino. Lo curioso es que ninguna autoridad pública en ambas orillas, de ningún nivel, confirmó o desmintió la información, generando con ese silencio el crecimiento de la sospecha.
Más extraño aún fue el silencio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que tiene a cargo el monitoreo de la planta y del recurso compartido. Ni siquiera articularon un sistema de comunicación para saber qué realmente está ocurriendo.
El integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Jorge Fritzler, dijo que recibieron llamadas de vecinos de Fray Bentos “que avisaron que se rompió un caño en Botnia y hay mucha gente descompuesta, con náuseas, alergias, laringitis por el olor desagradable que hay”.
“Muchos vecinos se comunicaron con nosotros para informarnos del mal olor que hay por el caño roto, sin embargo, como nadie quiere reconocer esto, se le estaba echando la culpa a un frigorífico que está cerca, pero sabemos que no es así, que la culpa es de la pastera”, indicó el ambientalista en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
En ese sentido remarcó: “Ayer estaban muy concurridos la clínica y el hospital de Fray Bentos por este episodio de contaminación que se dio”.
Mañana, como los asambleístas volverán a reunirse en Arroyo Verde, y tal como se mocionó se realizará una concentración sobre la ruta internacional 136.
Fecha de Publicación: 12/09/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El jueves se rompió un caño en la pastera Botnia, según dieron cuenta los asambleístas y varios vecinos de Fray Bentos.
La información trascendió ayer, aunque las autoridades uruguayas sindicaban a los olores desagradables a la actividad de un frigorífico fraybentino. Lo curioso es que ninguna autoridad pública en ambas orillas, de ningún nivel, confirmó o desmintió la información, generando con ese silencio el crecimiento de la sospecha.
Más extraño aún fue el silencio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que tiene a cargo el monitoreo de la planta y del recurso compartido. Ni siquiera articularon un sistema de comunicación para saber qué realmente está ocurriendo.
El integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Jorge Fritzler, dijo que recibieron llamadas de vecinos de Fray Bentos “que avisaron que se rompió un caño en Botnia y hay mucha gente descompuesta, con náuseas, alergias, laringitis por el olor desagradable que hay”.
“Muchos vecinos se comunicaron con nosotros para informarnos del mal olor que hay por el caño roto, sin embargo, como nadie quiere reconocer esto, se le estaba echando la culpa a un frigorífico que está cerca, pero sabemos que no es así, que la culpa es de la pastera”, indicó el ambientalista en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
En ese sentido remarcó: “Ayer estaban muy concurridos la clínica y el hospital de Fray Bentos por este episodio de contaminación que se dio”.
Mañana, como los asambleístas volverán a reunirse en Arroyo Verde, y tal como se mocionó se realizará una concentración sobre la ruta internacional 136.
Para que no vuelva la fiebre del oro en Chubut
Para que no vuelva la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 11/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Desde la polémica por la mina de oro en Esquel, Chubut tiene una ley que prohíbe la minería, pero avanza un proyecto en el centro de la provincia. Asambleas socioambientales y comunidades indígenas marchan hoy para reclamar que no se concrete.
“La explotación minera no es la única alternativa de desarrollo. Todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de nuestro trabajo y animales. La explotación minera nos dejará más pobres”, explican con firmeza las comunidades originarias de la meseta de Chubut que hoy realizarán una marcha de antorchas por las calles de Gan Gan, en el centro geográfico de la provincia, donde la compañía canadiense Pan American Silver impulsa la extracción de plomo y plata, a pesar de la negativa de los pueblos originarios y una ley que prohíbe la actividad extractiva. También se movilizarán asambleas socioambientales y organizaciones sociales de los extremos de la provincia, cordillera y la costa este, que alertan sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería metalífera, con enormes consumos de agua, en la zona más pobre y desértica de la provincia.
En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.
“Marcharemos hacia los pueblos de Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada y Telsen, la meseta de Chubut, la región que el gobierno pretende declarar ‘zona de sacrificio’ para entregarla a las empresas mineras sin importar la tierra y el agua”, denunció el Foro Ambiental Social de la Patagonia (FASP), que anunció caravanas de vehículos que partirán desde la zona cordillerana (Esquel, Lago Puelo y El Bolsón) y también del Este (Puerto Madryn, Trelew, Rawson, y Comodoro Rivadavia).
El yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grandes del mundo aún sin explotar. En 2002 se detectaron reservas por 3000 millones de dólares, pero la última estimación, realizada por la empresa Aquiline Resource en 2008, fijaba un piso de minerales por diez mil millones de dólares.
A pesar de que Chubut y Río Negro cuentan con leyes que limitan la minería a gran escala, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 dos yacimientos: Calcatreu (Río Negro) y Navidad. Compañía líder del sector, explota en Santa Cruz el yacimiento de oro Manantial Espejo y cuenta con otros seis proyectos en México, Perú y Bolivia. El gerente de Relaciones Institucionales para Argentina, Fernando Muratore, señaló que “la empresa respeta todas las leyes, no se avanzará mientras exista la prohibición” y confirmó que la etapa de factibilidad terminaría en el primer trimestre de 2011. “En cuanto el gobierno dé luz verde, nosotros arrancaremos con la construcción, es nuestra decisión y hemos invertido 600 millones de dólares para que el proyecto entre en producción”, afirmó Muratore, que prefirió no opinar sobre la posible derogación de la ley.
El Foro Ambiental y la Asamblea de Esquel acusan al gobernador, Mario Das Neves, de querer modificar la Ley 5001. Página/12 consultó al Ministerio de Ambiente de Chubut, pero prefirieron no referirse al tema.
Sí habló el director ejecutivo de la compañía, Geoff Burns, el 19 de agosto pasado. Brindó una conferencia de prensa en Canadá, luego de reunirse con Das Neves. “El gobierno provincial está completamente al tanto de nuestros progresos y solicitudes para el desarrollo del proyecto Navidad. Estoy absolutamente confiado en que la enmienda necesaria a la actual ley minera, que nos permitirá proseguir, será introducida antes de fines de este año”, sinceró.
En la meseta de Chubut viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que le dan la legitimidad: el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (pacto internacional al que Argentina suscribió) legislan sobre la obligación de “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut realiza desde hace tres años un relevamiento anual sobre la situación del pueblo mapuche y tehuelche. “En la provincia se vulneran sistemáticamente los derechos de autodeterminación, participación y consentimiento previo, libre e informado, todos derechos que los Estados deben hacer respetar”, denunció.
“Muchos años vivimos sin minería y no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos a defender la tierra”, advirtieron ayer en un comunicado conjunto las comunidades Laguna Fría, Los Pino y Mallín de los Cual y explicaron que Navidad pretende ser la primera de “una serie de mineras a instalarse”.
El 20 de mayo último las comunidades indígenas de la meseta se movilizaron hasta Rawson. Llevaban escrito su rechazo a la minería y su reclamo por el reconocimiento efectivo de las tierras que habitan desde hace generaciones. Ancianos y niños, hombres y mujeres, todos marcharon por las calles y esperaron siete horas frente a la casa de gobierno una entrevista con Das Neves, pero no fueron recibidos. Las nueve comunidades de la meseta difundieron una carta abierta: “Al gobernador y los legisladores les exigimos que respeten y hagan efectivos nuestros derechos. No permitiremos que invadan y contaminen nuestros territorios”.
Fecha de Publicación: 11/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Desde la polémica por la mina de oro en Esquel, Chubut tiene una ley que prohíbe la minería, pero avanza un proyecto en el centro de la provincia. Asambleas socioambientales y comunidades indígenas marchan hoy para reclamar que no se concrete.
“La explotación minera no es la única alternativa de desarrollo. Todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de nuestro trabajo y animales. La explotación minera nos dejará más pobres”, explican con firmeza las comunidades originarias de la meseta de Chubut que hoy realizarán una marcha de antorchas por las calles de Gan Gan, en el centro geográfico de la provincia, donde la compañía canadiense Pan American Silver impulsa la extracción de plomo y plata, a pesar de la negativa de los pueblos originarios y una ley que prohíbe la actividad extractiva. También se movilizarán asambleas socioambientales y organizaciones sociales de los extremos de la provincia, cordillera y la costa este, que alertan sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería metalífera, con enormes consumos de agua, en la zona más pobre y desértica de la provincia.
En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.
“Marcharemos hacia los pueblos de Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada y Telsen, la meseta de Chubut, la región que el gobierno pretende declarar ‘zona de sacrificio’ para entregarla a las empresas mineras sin importar la tierra y el agua”, denunció el Foro Ambiental Social de la Patagonia (FASP), que anunció caravanas de vehículos que partirán desde la zona cordillerana (Esquel, Lago Puelo y El Bolsón) y también del Este (Puerto Madryn, Trelew, Rawson, y Comodoro Rivadavia).
El yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grandes del mundo aún sin explotar. En 2002 se detectaron reservas por 3000 millones de dólares, pero la última estimación, realizada por la empresa Aquiline Resource en 2008, fijaba un piso de minerales por diez mil millones de dólares.
A pesar de que Chubut y Río Negro cuentan con leyes que limitan la minería a gran escala, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 dos yacimientos: Calcatreu (Río Negro) y Navidad. Compañía líder del sector, explota en Santa Cruz el yacimiento de oro Manantial Espejo y cuenta con otros seis proyectos en México, Perú y Bolivia. El gerente de Relaciones Institucionales para Argentina, Fernando Muratore, señaló que “la empresa respeta todas las leyes, no se avanzará mientras exista la prohibición” y confirmó que la etapa de factibilidad terminaría en el primer trimestre de 2011. “En cuanto el gobierno dé luz verde, nosotros arrancaremos con la construcción, es nuestra decisión y hemos invertido 600 millones de dólares para que el proyecto entre en producción”, afirmó Muratore, que prefirió no opinar sobre la posible derogación de la ley.
El Foro Ambiental y la Asamblea de Esquel acusan al gobernador, Mario Das Neves, de querer modificar la Ley 5001. Página/12 consultó al Ministerio de Ambiente de Chubut, pero prefirieron no referirse al tema.
Sí habló el director ejecutivo de la compañía, Geoff Burns, el 19 de agosto pasado. Brindó una conferencia de prensa en Canadá, luego de reunirse con Das Neves. “El gobierno provincial está completamente al tanto de nuestros progresos y solicitudes para el desarrollo del proyecto Navidad. Estoy absolutamente confiado en que la enmienda necesaria a la actual ley minera, que nos permitirá proseguir, será introducida antes de fines de este año”, sinceró.
En la meseta de Chubut viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que le dan la legitimidad: el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (pacto internacional al que Argentina suscribió) legislan sobre la obligación de “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut realiza desde hace tres años un relevamiento anual sobre la situación del pueblo mapuche y tehuelche. “En la provincia se vulneran sistemáticamente los derechos de autodeterminación, participación y consentimiento previo, libre e informado, todos derechos que los Estados deben hacer respetar”, denunció.
“Muchos años vivimos sin minería y no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos a defender la tierra”, advirtieron ayer en un comunicado conjunto las comunidades Laguna Fría, Los Pino y Mallín de los Cual y explicaron que Navidad pretende ser la primera de “una serie de mineras a instalarse”.
El 20 de mayo último las comunidades indígenas de la meseta se movilizaron hasta Rawson. Llevaban escrito su rechazo a la minería y su reclamo por el reconocimiento efectivo de las tierras que habitan desde hace generaciones. Ancianos y niños, hombres y mujeres, todos marcharon por las calles y esperaron siete horas frente a la casa de gobierno una entrevista con Das Neves, pero no fueron recibidos. Las nueve comunidades de la meseta difundieron una carta abierta: “Al gobernador y los legisladores les exigimos que respeten y hagan efectivos nuestros derechos. No permitiremos que invadan y contaminen nuestros territorios”.
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