Informe oficial admite que el Bermejo está contaminado
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La vida acuática del Bermejo está amenazada por la contaminación
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
Un informe oficial, emitido tras la última mortandad de peces, agrandó las dudas. Los coliformes fecales superan todos los límites y hay niveles tóxicos de nitritos.
El pasado 27 de septiembre pobladores ribereños de Embarcación y Pichanal se encontraron con cientos de surubíes, dorados, bagres y sábalos muertos en el Bermejo por causas que aún no fueron aclaradas con rigor científico.
Sin consuelo ni respuestas, pescadores de Salta y Jujuy apuntaron en las redes sociales contra la vinaza, un desecho de la destilación del alcohol de caña que consume el oxígeno del agua y que tiene abierto un delicado conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán por los estragos causados en la ictiofauna del sistema hídrico Salí-Dulce.
Rápidamente, Industrias Tabacal sacó un comunicado en el que aclaró que aportó a organismos competentes "información y muestras correspondientes al canal de ingreso y la compuerta de salida de la fábrica, obtenidas días previos al suceso mencionado, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente".
Siete años atrás, en septiembre de 2011, sus efluentes industriales ya habían sido señalados como supuesta causal de otra masiva mortandad de peces que movió actuaciones tanto en Salta como en Tarija (Bolivia). También por aquellos días el ingenio oranense había desmentido el supuesto impacto de sus vinazas y, poco después, el comité de frontera de Aguas Blancas y Bermejo apuntó a una empresa minera de Bolivia como presunta responsable. La Secretaría de Ambiente de la Provincia anunció entonces que, ni bien se completaran los análisis químicos, emitiría un informe concluyente que nunca salió. En siete años nada se supo de las muestras que se colectaron en el mismo tramo del Bermejo que ahora ocupa al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
"Falta de oxígeno"
El pasado 2 de octubre, el director Ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental, Ignacio Goytia, manifestó en los medios que ese organismo había descartado varias hipótesis, entre las que se incluía la posible contaminación con desechos de la industria sucro-alcoholera. Sin evidencias determinantes, el funcionario dijo que la mortandad de peces pudo deberse a una combinación de "altas temperaturas", "bajos caudales" y "falta de oxígeno" en el agua. Goytia aclaró, no obstante, que aguardaría los resultados de los análisis de laboratorio para confirmar o revisar la teoría.
Días después, ante un pedido de informes de Diputados, el Programa de Monitoreo Hídrico de la Provincia comenzó a preparar la contestación al requerimiento legislativo. El informe técnico fue elevado el 23 de octubre al secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean, y en la misma semana llegó a la Cámara Baja. Quizás por la complejidad de sus gráficos témporo-espaciales, o por la dificultosa interpretación de los parámetros expuestos, el informe quedó confinado en un escritorio y su contenido recién pudo conocerse días atrás.
Son 21 carillas que exponen diferentes indicadores de la crónica degradación ambiental que presenta el río Bermejo, fundamentalmente por las aguas residuales que recibe sin adecuado tratamiento, o directamente crudas, desde la cuenca superior tarijeña hasta Pichanal.
En el informe hay detalles que llaman la atención. En sus registros la continuidad de los muestreos realizados desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco solo se evidencia desde 2012 hasta 2015. No hay una sola mención de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se hayan realizado durante 2016. De 2017 y 2018 solo hay dos referencias muy puntuales y con indicadores aislados.
Aún así, el informe deja ver el impacto de los efluentes cloacales, agrícolas e industriales de Bermejo y otras poblaciones de Tarija (Bolivia), Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Pichanal.
En el tramo salteño de 160 kilómetros que se extiende desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco, en Pichanal, el Bermejo recibe aportes de aguas residuales de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación. A través del sistema del río San Francisco se suman efluentes domiciliarios, industriales y agrícolas de otros municipios de Salta y Jujuy. Los técnicos de Recursos Hídricos remarcaron que los sistemas de tratamiento de Aguas Blancas y de la ciudad de Orán "se encuentran fuera de servicio y, en función a la información remitida por Aguas del Norte en respuesta a nuestro requerimiento, están pendientes obras de reparación y ampliación, por lo que dichos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno".
Aguas Blancas
Los registros bacteriológicos expresados en las tablas gráficas del informe evidencian un acentuado impacto de las descargas cloacales crudas de Aguas Blancas y la vecina población fronteriza de Bermejo.
A dos kilómetros aguas abajo del puente internacional se midieron concentraciones de coliformes fecales que superan en 50 veces el valor guía fijado para la protección de la vida acuática. En coliformes totales, se registraron niveles hasta 1.000 veces más altos.
Las muestras que se tomaron aguas abajo de la localidad de Aguas Blancas y la fronteriza localidad de Bermejo también arrojaron concentraciones de amoníaco de hasta 4 miligramos por litro (mg/l), un valor que triplica el límite establecido por las normas nacionales.
En nitritos, otro claro indicador de contaminación con aguas residuales e industriales, se midieron valores de hasta 0,8 mg/l. La ley nacional de residuos peligrosos fija un máximo de 0,06 mg/l para la preservación de la vida acuática. Una amplía bibliografía científica advierte que valores de nitritos por encima de 0,1 mg/l, dependiendo del PH de las aguas, son tóxicos y se consideran un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola.
Las mediciones en Orán
A la altura de Pozo Sarmiento, el Bermejo recibe los efluentes cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Allí los parámetros de contaminación asociados a la serie del nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y el oxígeno disuelto son más bajos que en Aguas Blancas, debido a los caudales que aportan el río Pescado y otros cursos tributarios.
Sin embargo, la presencia de los aportes cloacales de la segunda ciudad más poblada de la provincia se manifiesta en una alta carga bacteriana. En el citado punto de muestreos se registraron concentraciones de coliformes fecales 40 veces más elevados que el valor guía de la legislación vigente y niveles de coliformes totales 50 veces mayores.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
Un informe oficial, emitido tras la última mortandad de peces, agrandó las dudas. Los coliformes fecales superan todos los límites y hay niveles tóxicos de nitritos.
El pasado 27 de septiembre pobladores ribereños de Embarcación y Pichanal se encontraron con cientos de surubíes, dorados, bagres y sábalos muertos en el Bermejo por causas que aún no fueron aclaradas con rigor científico.
Sin consuelo ni respuestas, pescadores de Salta y Jujuy apuntaron en las redes sociales contra la vinaza, un desecho de la destilación del alcohol de caña que consume el oxígeno del agua y que tiene abierto un delicado conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán por los estragos causados en la ictiofauna del sistema hídrico Salí-Dulce.
Rápidamente, Industrias Tabacal sacó un comunicado en el que aclaró que aportó a organismos competentes "información y muestras correspondientes al canal de ingreso y la compuerta de salida de la fábrica, obtenidas días previos al suceso mencionado, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente".
Siete años atrás, en septiembre de 2011, sus efluentes industriales ya habían sido señalados como supuesta causal de otra masiva mortandad de peces que movió actuaciones tanto en Salta como en Tarija (Bolivia). También por aquellos días el ingenio oranense había desmentido el supuesto impacto de sus vinazas y, poco después, el comité de frontera de Aguas Blancas y Bermejo apuntó a una empresa minera de Bolivia como presunta responsable. La Secretaría de Ambiente de la Provincia anunció entonces que, ni bien se completaran los análisis químicos, emitiría un informe concluyente que nunca salió. En siete años nada se supo de las muestras que se colectaron en el mismo tramo del Bermejo que ahora ocupa al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
"Falta de oxígeno"
El pasado 2 de octubre, el director Ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental, Ignacio Goytia, manifestó en los medios que ese organismo había descartado varias hipótesis, entre las que se incluía la posible contaminación con desechos de la industria sucro-alcoholera. Sin evidencias determinantes, el funcionario dijo que la mortandad de peces pudo deberse a una combinación de "altas temperaturas", "bajos caudales" y "falta de oxígeno" en el agua. Goytia aclaró, no obstante, que aguardaría los resultados de los análisis de laboratorio para confirmar o revisar la teoría.
Días después, ante un pedido de informes de Diputados, el Programa de Monitoreo Hídrico de la Provincia comenzó a preparar la contestación al requerimiento legislativo. El informe técnico fue elevado el 23 de octubre al secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean, y en la misma semana llegó a la Cámara Baja. Quizás por la complejidad de sus gráficos témporo-espaciales, o por la dificultosa interpretación de los parámetros expuestos, el informe quedó confinado en un escritorio y su contenido recién pudo conocerse días atrás.
Son 21 carillas que exponen diferentes indicadores de la crónica degradación ambiental que presenta el río Bermejo, fundamentalmente por las aguas residuales que recibe sin adecuado tratamiento, o directamente crudas, desde la cuenca superior tarijeña hasta Pichanal.
En el informe hay detalles que llaman la atención. En sus registros la continuidad de los muestreos realizados desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco solo se evidencia desde 2012 hasta 2015. No hay una sola mención de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se hayan realizado durante 2016. De 2017 y 2018 solo hay dos referencias muy puntuales y con indicadores aislados.
Aún así, el informe deja ver el impacto de los efluentes cloacales, agrícolas e industriales de Bermejo y otras poblaciones de Tarija (Bolivia), Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Pichanal.
En el tramo salteño de 160 kilómetros que se extiende desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco, en Pichanal, el Bermejo recibe aportes de aguas residuales de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación. A través del sistema del río San Francisco se suman efluentes domiciliarios, industriales y agrícolas de otros municipios de Salta y Jujuy. Los técnicos de Recursos Hídricos remarcaron que los sistemas de tratamiento de Aguas Blancas y de la ciudad de Orán "se encuentran fuera de servicio y, en función a la información remitida por Aguas del Norte en respuesta a nuestro requerimiento, están pendientes obras de reparación y ampliación, por lo que dichos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno".
Aguas Blancas
Los registros bacteriológicos expresados en las tablas gráficas del informe evidencian un acentuado impacto de las descargas cloacales crudas de Aguas Blancas y la vecina población fronteriza de Bermejo.
A dos kilómetros aguas abajo del puente internacional se midieron concentraciones de coliformes fecales que superan en 50 veces el valor guía fijado para la protección de la vida acuática. En coliformes totales, se registraron niveles hasta 1.000 veces más altos.
Las muestras que se tomaron aguas abajo de la localidad de Aguas Blancas y la fronteriza localidad de Bermejo también arrojaron concentraciones de amoníaco de hasta 4 miligramos por litro (mg/l), un valor que triplica el límite establecido por las normas nacionales.
En nitritos, otro claro indicador de contaminación con aguas residuales e industriales, se midieron valores de hasta 0,8 mg/l. La ley nacional de residuos peligrosos fija un máximo de 0,06 mg/l para la preservación de la vida acuática. Una amplía bibliografía científica advierte que valores de nitritos por encima de 0,1 mg/l, dependiendo del PH de las aguas, son tóxicos y se consideran un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola.
Las mediciones en Orán
A la altura de Pozo Sarmiento, el Bermejo recibe los efluentes cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Allí los parámetros de contaminación asociados a la serie del nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y el oxígeno disuelto son más bajos que en Aguas Blancas, debido a los caudales que aportan el río Pescado y otros cursos tributarios.
Sin embargo, la presencia de los aportes cloacales de la segunda ciudad más poblada de la provincia se manifiesta en una alta carga bacteriana. En el citado punto de muestreos se registraron concentraciones de coliformes fecales 40 veces más elevados que el valor guía de la legislación vigente y niveles de coliformes totales 50 veces mayores.
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Quieren los tucanes de nuevo en Tucumán
Buscan que los tucanes vuelen nuevamente en los cielos tucumanos
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un proyecto se propone a reintroducir esta especie que desapareció de la provincia durante la década del ochenta. Desde hace algunos años, se lo comenzó a ver esporádicamente en algunas zonas. Ahora, dos universidades y una dependencia pública trabajan para que vuelva.
Un grupo de especialistas trabajará en el proyecto “Retorno del Tucán grande a Tucumán”. La especie desapareció de la provincia en la década del ochenta y desde hace algunos años, se realizaron avistamientos esporádicos. Este viernes, se firmó un convenio para poner en marcha su reinserción en el ecosistema tucumano.
Este tipo de ave se consideraba casi extinto en la provincia a raíz de que es una especie muy buscada como mascota y, además, gran parte de su hábitat se perdió por el avance de la frontera agropecuaria, pero esa situación podría revertirse en un futuro cercano. Un convenio entre la Universidad de San Pablo T, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (UNT), la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la Provincia y la Secretaría de Desarrollo Productivo pondrá en marcha el primer proyecto de reintroducción de una especie de fauna silvestre en Tucumán y el NOA.
Juan Pablo Julliá, director de la Reserva San Pablo y de la de Horco Molle, explicó que el tucán desapareció a mediados de la década del 80 y reapareció en el 2010 en el Valle de la Sala y en Villa Nougués. "Desde entonces se lo ve esporádicamente y lo venimos siguiendo. Con este convenio trabajamos para devolverlo a las selvas tucumanas”, explicó.
Una de las principales amenazas contra esta y otras especies es el comercio de especies exóticas, que está tercera en el ranking de actividades ilícitas a nivel mundial. Por eso, uno de los puntos del proyecto contempla la lucha contra este tipo de prácticas.
Álvaro Simón Padrós, titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo, señaló: “Hace poco hicimos el secuestro de varias jaulas con aves y la investigación la hizo la Policía Federal. Tal vez no tenemos los recursos para hacer la investigación y ahí hay que pedir la colaboración de la sociedad porque preservar la fauna silvestre debería ser una responsabilidad de toda la sociedad”. “Una de las maneras de preservar la fauna hoy es involucrándose, haciendo la denuncia y ahí el Estado comienza a funcionar”, agregó.
En ese sentido, Julliá explicó que el proyecto también prevé rescatar a los tucanes que están en manos de privados o en el circuito de tráficos. La intención es recuperarlos y devolverlos a la naturaleza en las sierras de San Javier.
Recursos humanos de Tucumán
El decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, señaló que la apertura de las tareas de traer especies que se perdieron a la provincia se lleva adelante con profesionales de formados en la UNT. “Las hacemos con personal nuestro, son tucumanos formados en la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán. Es un orgullo que nuestros profesionales estén trabajando en proyectos de esta magnitud”, celebró.
Por su parte, Catalina Lonac, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, destacó que se trabaje conjuntamente por este objetivo. “Tenemos que tener una mirada holística hacia la palabra desarrollo. No puede darse un desarrollo donde la naturaleza vaya en contra. A través de este proyecto, los tucumanos empezamos a caminar definitivamente todos juntos de la mano hacia un verdadero desarrollo", reflexionó.
Denunciá la venta ilegal
“Esta también es una oportunidad de educación ambiental, de generar sensibilización por lo que significa el trafico de fauna. Porque hay que saber que de las aves que se vende en los comercios, mueren entre 8 y 9 en el proceso de captura, traslado y comercialización”, advirtió Juliá.
Además, en esta época, el comercio ilegal de estas especies se incrementa. Desde el área de Fauna Silvestre de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que pertenece a la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo, solicitan que la población se abstenga de comprar las aves. Piden, además, que la población denunciar la venta en la vía pública. Para comunicarse con el Área de Fauna Silvestre, dirigirse a Córdoba 1.039, en San Miguel de Tucumán, o llamar al (0381) 4218150 – interno 118.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Un proyecto se propone a reintroducir esta especie que desapareció de la provincia durante la década del ochenta. Desde hace algunos años, se lo comenzó a ver esporádicamente en algunas zonas. Ahora, dos universidades y una dependencia pública trabajan para que vuelva.
Un grupo de especialistas trabajará en el proyecto “Retorno del Tucán grande a Tucumán”. La especie desapareció de la provincia en la década del ochenta y desde hace algunos años, se realizaron avistamientos esporádicos. Este viernes, se firmó un convenio para poner en marcha su reinserción en el ecosistema tucumano.
Este tipo de ave se consideraba casi extinto en la provincia a raíz de que es una especie muy buscada como mascota y, además, gran parte de su hábitat se perdió por el avance de la frontera agropecuaria, pero esa situación podría revertirse en un futuro cercano. Un convenio entre la Universidad de San Pablo T, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (UNT), la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la Provincia y la Secretaría de Desarrollo Productivo pondrá en marcha el primer proyecto de reintroducción de una especie de fauna silvestre en Tucumán y el NOA.
Juan Pablo Julliá, director de la Reserva San Pablo y de la de Horco Molle, explicó que el tucán desapareció a mediados de la década del 80 y reapareció en el 2010 en el Valle de la Sala y en Villa Nougués. "Desde entonces se lo ve esporádicamente y lo venimos siguiendo. Con este convenio trabajamos para devolverlo a las selvas tucumanas”, explicó.
Una de las principales amenazas contra esta y otras especies es el comercio de especies exóticas, que está tercera en el ranking de actividades ilícitas a nivel mundial. Por eso, uno de los puntos del proyecto contempla la lucha contra este tipo de prácticas.
Álvaro Simón Padrós, titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo, señaló: “Hace poco hicimos el secuestro de varias jaulas con aves y la investigación la hizo la Policía Federal. Tal vez no tenemos los recursos para hacer la investigación y ahí hay que pedir la colaboración de la sociedad porque preservar la fauna silvestre debería ser una responsabilidad de toda la sociedad”. “Una de las maneras de preservar la fauna hoy es involucrándose, haciendo la denuncia y ahí el Estado comienza a funcionar”, agregó.
En ese sentido, Julliá explicó que el proyecto también prevé rescatar a los tucanes que están en manos de privados o en el circuito de tráficos. La intención es recuperarlos y devolverlos a la naturaleza en las sierras de San Javier.
Recursos humanos de Tucumán
El decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, señaló que la apertura de las tareas de traer especies que se perdieron a la provincia se lleva adelante con profesionales de formados en la UNT. “Las hacemos con personal nuestro, son tucumanos formados en la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán. Es un orgullo que nuestros profesionales estén trabajando en proyectos de esta magnitud”, celebró.
Por su parte, Catalina Lonac, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, destacó que se trabaje conjuntamente por este objetivo. “Tenemos que tener una mirada holística hacia la palabra desarrollo. No puede darse un desarrollo donde la naturaleza vaya en contra. A través de este proyecto, los tucumanos empezamos a caminar definitivamente todos juntos de la mano hacia un verdadero desarrollo", reflexionó.
Denunciá la venta ilegal
“Esta también es una oportunidad de educación ambiental, de generar sensibilización por lo que significa el trafico de fauna. Porque hay que saber que de las aves que se vende en los comercios, mueren entre 8 y 9 en el proceso de captura, traslado y comercialización”, advirtió Juliá.
Además, en esta época, el comercio ilegal de estas especies se incrementa. Desde el área de Fauna Silvestre de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que pertenece a la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo, solicitan que la población se abstenga de comprar las aves. Piden, además, que la población denunciar la venta en la vía pública. Para comunicarse con el Área de Fauna Silvestre, dirigirse a Córdoba 1.039, en San Miguel de Tucumán, o llamar al (0381) 4218150 – interno 118.
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Acumar pasa al Ministerio del Interior
La Acumar quedará dentro de la órbita del Ministerio del Interior
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) quedará en los próximos días dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, adelantaron fuentes oficiales a *LA NACION*.
La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri, que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.
La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral. La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.
El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".
Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.
En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la
Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.
El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.
El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.
El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas
Tal como publicó *LA NACION*, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) quedará en los próximos días dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, adelantaron fuentes oficiales a *LA NACION*.
La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri, que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.
La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral. La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.
El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".
Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.
En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la
Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.
El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.
El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.
El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas
Tal como publicó *LA NACION*, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
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Sierra Pintada podría ser remediada luego de décadas de olvido
Comienza el saneamiento de Sierra Pintada: puede durar 10 años
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno convocó a audiencia pública para comenzar el proceso de saneamiento del complejo Sierra Pintada, que tiene toneladas de residuos contaminantes. Usarán sustancias prohibidas por la 7722, pero no para producir sino para remediar. El proceso podría durar hasta una década.
Los pasivos dejados por el complejo fabril Sierra Pintada, de donde se producía uranio, es uno de los problemas ambientales más graves de Mendoza y el peor antecedente de la minería. Ahora se avanza en el proceso para sanear esos residuos contaminantes y para ello el Gobierno detonó el mecanismo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proceso que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. El dato trascendente es que para ejecutar el proceso es necesario emular el proceso industrial por el cual se producía uranio y usar algunas de las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. El proceso estimado de saneamiento completo puede durar hasta una década.
Ese proceso es uno de los desafíos ambientales más importantes que tiene Mendoza. Y tras un larguísimo proceso, se convocó a audiencia pública para ejecutarlo. En realidad es el segundo intento, pues hace una década se inició un camino similar y fracasó. Ahora se buscó consenso legal con la justicia y se convocó a una nueva audiencia para el 9 de enero.
La clave para ejecutar el proceso usando ácido sulfúrico es que la ley 7722 prohíbe el uso de sustancias para los procesos de exploración y explotación minera, pero no para el saneamiento de pasivos ambientales. Antes, se determinó el orden de prioridades según el riesgo de la basura acumulada. “En base a lo requerido y atendiendo a los potenciales riesgos de los pasivos ambientales sin gestionar, productos de las actividades mineras y del proceso productivo de concentrado de uranio, acuerda y coincide con el orden de prioridad establecido para la gestión de los mismos y sugiere el tratamiento y gestión inmediata de los pasivos ambientales como agua de cantera y residuos sólidos de disposición transitoria”, cita la resolución de la Dirección de Protección Ambiental que convoca a la audiencia. En ese sentido, aseguran que los procedimientos propuestos son “técnicamente factibles”.
La basura
Tras el cese de la actividad en Sierra Pintada quedaron abandonados los pasivos ambientales del proceso que se realizaba, pero también otros provenientes de Córdoba. Los residuos sólidos provienen de la concentración de dióxido de Uranio y están ubicados en trincheras construidas con de material proveniente de las colas solidas resultantes del procesamiento del mineral de Uranio en la planta. Pero además existen 5223 tambores equivalentes a 1.067 tn de precipitados húmedos. Los tambores fueron trasladados entre 1995 y 2000 desde la planta de Dioxitex, en Córdoba.
Las colas del proceso de producción es otro de los residuos peligrosos. Es material finamente particulado proveniente del uranio tratado en la planta, proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico. El total hay 1.056.162 m2 de ese material. Esas colas de mineral no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que “existe posibilidad de afectación de cursos de agua”. El agua de cantera tiene alta conductividad contienen metales pesados, con contenido de uranio superior al admisible.
Las prioridades son tratar el agua de cantera y los residuos sólidos. Luego las colas de tratamiento, los minerales de tratamiento.
Cómo se hará
El agua de cantera contiene radio, uranio y arsénico. Con el tratamiento se busca eliminar esos compuestos bajando su concentración a valores inferiores a los establecidos por las normas. Para el tratamiento se transporta el agua a cisternas de depósito, se circula el líquido a través de Resina de Intercambio Iónico que fija el Uranio. Las columnas de resinas saturadas de Uranio se lavan con solución acida. El precipitado conteniendo uranio se centrifuga, se extrusa y se seca. El efluente se trata con Sulfato férrico y Sulfato de Aluminio para precipitar el Arsénico y Radon como Sulfatos Se tratan aproximadamente 100.000 litros por año.
El tratamiento de los residuos sólidos es más complejo. Primero se realiza la apertura de los tachos, se hace un triple lavado (con agua de cantera). El agua de lavado se trata y se envía a diques de evaporación. Luego se diluye el uranio contenido en los sólidos con ácido sulfúrico (se usa en la solución agua de cantera); se decanta y se extrae el líquido conteniendo Uranio. Se trata el líquido a través de Resina de Intercambio Ionico que fija el Uranio. Se prevé extraer por año 2140 kg de Uranio
Los intentos anteriores para sanear el problema se bloquearon por la desconfianza de la comunidad de San Rafael. Es que el plan original del Ejecutivo nacional (con Néstor Kirchner como presidente) era reabrir la planta para volver a producir uranio. Esa idea era parte del plan nuclear, por el cual buscaban potenciar la energía atómica, producir uranio en Argentina y dejar de importar. Pero la reapertura de la mina encontró fuerte resistencia. Por eso el Gobierno separó los procesos y determinó, con comunicación a la CNEA, que debían sanearse los pasivos sin que ello implique la reactivación de la producción.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso previo se demoró más de lo esperado, pero que para ellos es prioritario sanear esos pasivos por el riesgo potencial que tienen para el ambiente.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno convocó a audiencia pública para comenzar el proceso de saneamiento del complejo Sierra Pintada, que tiene toneladas de residuos contaminantes. Usarán sustancias prohibidas por la 7722, pero no para producir sino para remediar. El proceso podría durar hasta una década.
Los pasivos dejados por el complejo fabril Sierra Pintada, de donde se producía uranio, es uno de los problemas ambientales más graves de Mendoza y el peor antecedente de la minería. Ahora se avanza en el proceso para sanear esos residuos contaminantes y para ello el Gobierno detonó el mecanismo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proceso que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. El dato trascendente es que para ejecutar el proceso es necesario emular el proceso industrial por el cual se producía uranio y usar algunas de las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, como el ácido sulfúrico. El proceso estimado de saneamiento completo puede durar hasta una década.
Ese proceso es uno de los desafíos ambientales más importantes que tiene Mendoza. Y tras un larguísimo proceso, se convocó a audiencia pública para ejecutarlo. En realidad es el segundo intento, pues hace una década se inició un camino similar y fracasó. Ahora se buscó consenso legal con la justicia y se convocó a una nueva audiencia para el 9 de enero.
La clave para ejecutar el proceso usando ácido sulfúrico es que la ley 7722 prohíbe el uso de sustancias para los procesos de exploración y explotación minera, pero no para el saneamiento de pasivos ambientales. Antes, se determinó el orden de prioridades según el riesgo de la basura acumulada. “En base a lo requerido y atendiendo a los potenciales riesgos de los pasivos ambientales sin gestionar, productos de las actividades mineras y del proceso productivo de concentrado de uranio, acuerda y coincide con el orden de prioridad establecido para la gestión de los mismos y sugiere el tratamiento y gestión inmediata de los pasivos ambientales como agua de cantera y residuos sólidos de disposición transitoria”, cita la resolución de la Dirección de Protección Ambiental que convoca a la audiencia. En ese sentido, aseguran que los procedimientos propuestos son “técnicamente factibles”.
La basura
Tras el cese de la actividad en Sierra Pintada quedaron abandonados los pasivos ambientales del proceso que se realizaba, pero también otros provenientes de Córdoba. Los residuos sólidos provienen de la concentración de dióxido de Uranio y están ubicados en trincheras construidas con de material proveniente de las colas solidas resultantes del procesamiento del mineral de Uranio en la planta. Pero además existen 5223 tambores equivalentes a 1.067 tn de precipitados húmedos. Los tambores fueron trasladados entre 1995 y 2000 desde la planta de Dioxitex, en Córdoba.
Las colas del proceso de producción es otro de los residuos peligrosos. Es material finamente particulado proveniente del uranio tratado en la planta, proveniente de la lixiviación con ácido sulfúrico. El total hay 1.056.162 m2 de ese material. Esas colas de mineral no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte por lo que “existe posibilidad de afectación de cursos de agua”. El agua de cantera tiene alta conductividad contienen metales pesados, con contenido de uranio superior al admisible.
Las prioridades son tratar el agua de cantera y los residuos sólidos. Luego las colas de tratamiento, los minerales de tratamiento.
Cómo se hará
El agua de cantera contiene radio, uranio y arsénico. Con el tratamiento se busca eliminar esos compuestos bajando su concentración a valores inferiores a los establecidos por las normas. Para el tratamiento se transporta el agua a cisternas de depósito, se circula el líquido a través de Resina de Intercambio Iónico que fija el Uranio. Las columnas de resinas saturadas de Uranio se lavan con solución acida. El precipitado conteniendo uranio se centrifuga, se extrusa y se seca. El efluente se trata con Sulfato férrico y Sulfato de Aluminio para precipitar el Arsénico y Radon como Sulfatos Se tratan aproximadamente 100.000 litros por año.
El tratamiento de los residuos sólidos es más complejo. Primero se realiza la apertura de los tachos, se hace un triple lavado (con agua de cantera). El agua de lavado se trata y se envía a diques de evaporación. Luego se diluye el uranio contenido en los sólidos con ácido sulfúrico (se usa en la solución agua de cantera); se decanta y se extrae el líquido conteniendo Uranio. Se trata el líquido a través de Resina de Intercambio Ionico que fija el Uranio. Se prevé extraer por año 2140 kg de Uranio
Los intentos anteriores para sanear el problema se bloquearon por la desconfianza de la comunidad de San Rafael. Es que el plan original del Ejecutivo nacional (con Néstor Kirchner como presidente) era reabrir la planta para volver a producir uranio. Esa idea era parte del plan nuclear, por el cual buscaban potenciar la energía atómica, producir uranio en Argentina y dejar de importar. Pero la reapertura de la mina encontró fuerte resistencia. Por eso el Gobierno separó los procesos y determinó, con comunicación a la CNEA, que debían sanearse los pasivos sin que ello implique la reactivación de la producción.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso previo se demoró más de lo esperado, pero que para ellos es prioritario sanear esos pasivos por el riesgo potencial que tienen para el ambiente.
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Misiones: varios procedimientos por desmontes
Ecología y Gendarmería frenan desmontes en varios puntos de la provincia
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En sucesivos y coordinados procedimientos realizados en conjunto por el Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a través de la Dirección General de Bosques Nativos y Dirección de Control Forestal, y la Gendarmería Nacional, Escuadrón XII de Irigoyen y San Pedro, se detectó actividad en incumplimiento a la normativa ambiental vigente en lotes varios ubicados municipios de San Pedro y de Bernardo de Irigoyen.
Así el pasado Lunes 3 de diciembre, se detectó un área de acopio de material forestal nativo, con una planchada sin autorización vigente, de 218 rollos de especies varias, con un volumen de 174, 73 m3, decomisándose un Camión Marca Fiat 673, sobre el cual se encontraron otros 11 rollizos con un total de 10 m3, asimismo también se procedió al decomiso de un zanello color naranja sin número de identificación, todo sobre el Lote 1-B Sección IX, Col. San Pedro.
El día Martes 4, en un lote lindante al Escuadrón 12 de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen se detectó un rozado de 6 has. Sin autorización, que incluye apeo de araucaria angustifolia, entre otras especies nativas totalizando 7,08 m3, se cauciona una motosierra y una motoarrastradora Marca Pollack.
El día Miércoles 5, en el marco de un plan de aprovechamiento sobre Ruta 18, se detecta actividad en área no habilitada por obrajero no autorizado, se caucionan motosierra y motoarrastradora que se deja en depósito en la Comisaría de Irigoyen, se decomisan 22 rollos de especies varias.
Esto se concreta en el marco de la profundización de los trabajos de control y fiscalización de bosque nativo llevados adelante por la cartera ecológica, utilizando nuevas tecnologías de teledetección, que permiten contar con información casi en tiempo real sobre desmonte no autorizado, así como también mediante la utilización de las líneas de contacto directo con el ciudadano, “Ecología te Escucha”, además del apoyo e inteligencia de la Gendarmería y de la Policía provincial. El material forestal decomisado fue dejado en depósito de los titulares de los lotes mientras que los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con los sumarios ambientales respectivos.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En sucesivos y coordinados procedimientos realizados en conjunto por el Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a través de la Dirección General de Bosques Nativos y Dirección de Control Forestal, y la Gendarmería Nacional, Escuadrón XII de Irigoyen y San Pedro, se detectó actividad en incumplimiento a la normativa ambiental vigente en lotes varios ubicados municipios de San Pedro y de Bernardo de Irigoyen.
Así el pasado Lunes 3 de diciembre, se detectó un área de acopio de material forestal nativo, con una planchada sin autorización vigente, de 218 rollos de especies varias, con un volumen de 174, 73 m3, decomisándose un Camión Marca Fiat 673, sobre el cual se encontraron otros 11 rollizos con un total de 10 m3, asimismo también se procedió al decomiso de un zanello color naranja sin número de identificación, todo sobre el Lote 1-B Sección IX, Col. San Pedro.
El día Martes 4, en un lote lindante al Escuadrón 12 de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen se detectó un rozado de 6 has. Sin autorización, que incluye apeo de araucaria angustifolia, entre otras especies nativas totalizando 7,08 m3, se cauciona una motosierra y una motoarrastradora Marca Pollack.
El día Miércoles 5, en el marco de un plan de aprovechamiento sobre Ruta 18, se detecta actividad en área no habilitada por obrajero no autorizado, se caucionan motosierra y motoarrastradora que se deja en depósito en la Comisaría de Irigoyen, se decomisan 22 rollos de especies varias.
Esto se concreta en el marco de la profundización de los trabajos de control y fiscalización de bosque nativo llevados adelante por la cartera ecológica, utilizando nuevas tecnologías de teledetección, que permiten contar con información casi en tiempo real sobre desmonte no autorizado, así como también mediante la utilización de las líneas de contacto directo con el ciudadano, “Ecología te Escucha”, además del apoyo e inteligencia de la Gendarmería y de la Policía provincial. El material forestal decomisado fue dejado en depósito de los titulares de los lotes mientras que los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con los sumarios ambientales respectivos.
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Empresas sustentables beneficiadas con un proyecto de ley
Avanza en el Congreso ley para legalizar empresas sustentables
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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Modificación de la 7.722 en la incertidumbre
Los proyectos para modificar la Ley antiminera quedaron estancados
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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La "Liga Bioenergética" rechazan nuevos impuestos
Provincias productoras de biocombustibles insisten en rechazar el impuesto de Iguacel
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Las amenazas a los bosques nativos de Tucumán
“No tenemos topadoras que desmontan pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos”
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las principales amenazas que enfrentan los bosques nativos son la falta de un ordenamiento territorial, los countries y el avance la frontera agrícola.
¿Alcanzaremos los tucumanos los objetivos de desarrollo sustentable?
“En Tucumán no hay grandes topadoras desmontando miles de hectáreas de bosques. Pero hay acciones hormiga de miles de tucumanos, como los empresarios inmobiliarios y agropecuarios o los enduristas. Y ese desmonte es el más difícil de detectar”. Fernando Korstanje no tiene pelos en la lengua para decir, delante de unas 50 personas, que el “desordenamiento” territorial, los countries y los cultivos han arrasado con los bosques nativos.
Lo dice, pese a que a él le cabe parte de la responsabilidad de morigerar esa situación. Korstanje es uno de los artífices de la actualización de la Ley Provincial de Bosques (8.304), que en unos meses saldrá a la luz. Durante años, trabajó con comunidades rurales para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés). Ese antecedente puede que le haya valido su contrato en la subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la dependencia que debe poner los mapas al día.
“Lo mejor que tiene Tucumán son sus bosques. Por lejos, podríamos explotar el turismo sustentable. La Casa Histórica pasaría a ser un detalle, si lográsemos esa transformación”, ironiza. La semana pasada, Korstanje fue uno de los disertantes de un seminario sobre transición forestal.
En su exposición, hizo una instrospección respecto de ese proceso de actualización, que se inició en agosto pasado. Contó que, desde entonces, se llevaron a cabo 33 talleres de participación ciudadana, con productores agropecuarios, constructoras, deportistas y comunidades indígenas, entre otros grupos.
A esa etapa le sucederá una audiencia pública, en la que presentarán las conclusiones de los sondeos sectoriales y el nuevo mapa de bosques.
“La mayoría de los participantes planteó la necesidad de un ordenamiento territorial integral: ‘no me vengan a hablar de bosques, únicamente. Aquí necesitamos un ordenamiento para los bosques; para el crecimiento urbano; para los márgenes de los ríos; para los basurales; para las rutas que cortan pendientes; para las cloacas...’”, cuenta que expresaron los entrevistados.
- ¿Qué cree que Tucumán debería incrementar: su vocación conservacionista o “productivista”?
- Más del 50 % de las personas que respondieron a esas encuestas pidió que se aumente la vocación conservacionista. Hoy, una de las principales amenazas que enfrentan los bosques es la falta de orden en el territorio. Luego podríamos hablar de la expansión de los countries, del aprovechamiento silvopastoril, del descuido en estas áreas protegidas, de la agricultura en las riberas y de la usurpación de las tierras, en ese orden.
- ¿Qué opinan los representantes del sector productivo?
- Hubo mucho empuje de los sectores forestal y productivo para hacer intervenciones sustentables en las zonas de bosques nativos. Ellos han planteado que se puede conseguir una gestión sostenible y, al mismo tiempo, aumentar la producción agrícola. Se trata, dijeron, de ver al bosque como una oportunidad productiva; de salir del esquema de bosque cerrado.
- ¿A usted le gusta esa idea?
- Tengo dudas. Pienso que los bosques están para ser disfrutados... por mucho tiempo. Cada vez que hemos integrado la ganadería, hemos tenido malas experiencias. En general, eso ha significado un desmonte a cuentagotas: como las vacas pisotean y mastican los pastos, no crecen árboles.
- La ley nacional que protege los bosques ha cumplido 11 años. ¿Cree que ha habido resultados concretos contra la frontera agrícola?
- Sí. Aunque no hemos logrado recuperar ninguna de las hectáreas que han sido arrasadas por la soja, se ha logrado frenar el desmonte. La tasa de deforestación ha descendido con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley. Un par de años atrás, se sembraba soja hasta en las banquinas.
- ¿Cuál será el eje de la actualización a nivel provincial?
- La nueva ley revalidará la existente; revalidará el actual ordenamiento de bosques. Queremos salvar lo que ha sobrevivido en las pendientes de las montañas. En las llanuras, en cambio, casi no quedan bosques. Para ello, además de ratificar el texto vigente tenemos que poner énfasis en la protección de los bordes de los ríos.
- ¿Por qué les adjudica importancia a las riberas?
- Los bosques son las paredes de los ríos. Si no se protegen esos sectores, se producen desbordes e inundaciones, como los que hemos visto. En Tucumán, la ley exige 57 metros de retiro. Pero si se mira un mapa de Google, se advierte que los pequeños productores, especialmente los cañeros, están al lado de los ríos. Hay que dejar los bordes libres.
- ¿La ayuda de los satélites es una oportunidad para salvar los árboles?
- Las imágenes satelitales son imprescindibles. Hoy contamos con información de organismos internacionales que generan mapas de alertas en tiempo real.
- Muchos bosques se encuentran habitados por comunidades indígenas. Es tema de discusión determinar dominio y tenencia.
- Creo que las comunidades originarias son las que mejor pueden conservar los bosques, si se las capacita. Según la ONU, los territorios que habitan los pueblos nativos sufren menos deforestación que otros.
- Se oye como un contexto difícil para la toma de decisiones.
- Sin dudas. La protección de los bosques enfrenta, de modo permanente, el derecho privado con el derecho colectivo. Hay gente que tiene fincas enteras dentro de bosques protegidos. A ellos habría que ofrecerles subsidios para reforestación. En medio de esa tensión permanente, lo que debe primar es el futuro de las generaciones. Nadie tiene el dominio absoluto de su propiedad. Hasta los derechos retroactivos están siendo discutidos.
- Se han hecho desmontes bajo el razonamiento de que, cuando un bosque cuenta con especies invasoras, como el ligustro, deja de ser nativo. Y por ende, no puede ser puesto bajo protección.
- Un bosque natural, aunque cuente con ligustros o con otras especies invasoras, sigue siendo un bosque. Y si se encuentra dentro de las categorías roja o amarilla de zonificación, más todavía: no puede sacarse ningún árbol. Hay que frenar el avance desde el cerro y hacia el cerro. Hoy se encuentra carcomido.
Zonificación
A fines de 2007, Argentina aprobó su Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). Fue reglamentada en febrero de 2009, tras el reclamo que por aquel entonces hicieron más de 70 organizaciones sociales y ecologistas.
La ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, y cada cinco años. También categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable. Así las cosas, zonifica los bosques de la siguiente manera:
- Rojo: sectores de muy alto valor de conservación, que no deben desmontarse. Tienen que mantenerse como bosques para siempre. Se incluyen las reservas naturales (y áreas circundantes) y las cuencas hídricas de importancia.
- Amarillo: sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados y que podrían ser restaurados. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrían ser sometidas a algunos usos.
- Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse, tras una evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante de la normativa es que se conformó un fondo nacional para la conservación de los bosques nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que se ocupan de sus árboles. Este mecanismo se enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido; necesita de políticas activas.
Al tratarse de recursos finitos, estos fondos pueden direccionarse a algunas áreas en desmedro de otras. “Cuando presentemos las conclusiones de los talleres, diremos que los consultados indicaron que ese dinero debería emplearse para la protección de las áreas protegidas, de las riberas y de las comunidades indígenas”, concluye Korstanje.
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El Parque Nacional Iberá se convirtió en ley
El Parque Nacional Iberá es Ley
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La norma sancionada busca proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Además, obtuvo media sanción el proyecto de creación de dos nuevas áreas marinas protegidas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, celebra la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes, que se convirtió en ley durante la jornada legislativa de hoy, en la que, a su vez, se dio media sanción para las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II.
“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es duplicar la superficie de áreas protegidas, tema que encabeza la Secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. Esto se inscribe en el marco del compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri de ampliar dicha superficie durante su mandato”, aseguró Bergman.
La norma nacional sancionada constituye formalmente el Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos, tras la cesión de la jurisdicción ambiental de las tierras por parte del Estado provincial a la Administración de Parques Nacionales (APN). Esto fue posible mediante la aprobación de la Legislatura correntina a través de la Ley N.° 6384 aprobada en 2016.
El Congreso de la Nación brinda así el marco normativo al proceso de traspaso de las unidades operativas que Conservation Land Trust (CLT) donó al Estado nacional. En este contexto, la APN tomó posesión de los núcleos Cambyretá, en 2016, y San Nicolás, en 2017, mientras que recientemente comenzó el proceso de donación del portal Laguna Iberá. La conformación final del área protegida continuará con la incorporación de un núcleo operativo más para completar las 157 mil hectáreas del Parque Nacional Iberá. Asimismo, la ley aprobada contempla la protección de aproximadamente 23 mil hectáreas más bajo la categoría de Reserva Nacional.
Los Esteros del Iberá, además de representar uno de los humedales más importantes del país, albergan una enorme diversidad de vida silvestre, incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguará guazú y una amplia variedad de aves.
La creación del Parque Nacional Iberá había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara alta el 18 de abril último. Así, al proyecto de “cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de Corrientes al Estado nacional para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá” solo le restaba el aval de Diputados.
Luego de que el Gobierno nacional oficializó el tratamiento de este y otros proyectos mediante el Decreto 1087/2018, por el cual el presidente Mauricio Macri convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley la creación de la nueva área natural protegida.
Áreas marinas protegidas
Durante la sesión en Diputados también se dio tratamiento y consiguió media sanción el proyecto de Ley por el cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá — Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
La creación de las mismas permitirá poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Al respecto, Javier García Espil, director nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó: “El proyecto de ley es el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre todos los sectores que realizan actividades en el mar Argentino”. A su vez indicó que “a partir de la identificación de las áreas de mayor valor de conservación, por su biodiversidad, se analizaron cuestiones que hacen al interés científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores”.
La incorporación de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Dichas áreas están ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina y constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá–Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La norma sancionada busca proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos. Además, obtuvo media sanción el proyecto de creación de dos nuevas áreas marinas protegidas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, celebra la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes, que se convirtió en ley durante la jornada legislativa de hoy, en la que, a su vez, se dio media sanción para las áreas marinas protegidas Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II.
“Uno de los objetivos del Gobierno nacional es duplicar la superficie de áreas protegidas, tema que encabeza la Secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. Esto se inscribe en el marco del compromiso que asumió el presidente Mauricio Macri de ampliar dicha superficie durante su mandato”, aseguró Bergman.
La norma nacional sancionada constituye formalmente el Parque y Reserva Nacional Iberá para proteger los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos, tras la cesión de la jurisdicción ambiental de las tierras por parte del Estado provincial a la Administración de Parques Nacionales (APN). Esto fue posible mediante la aprobación de la Legislatura correntina a través de la Ley N.° 6384 aprobada en 2016.
El Congreso de la Nación brinda así el marco normativo al proceso de traspaso de las unidades operativas que Conservation Land Trust (CLT) donó al Estado nacional. En este contexto, la APN tomó posesión de los núcleos Cambyretá, en 2016, y San Nicolás, en 2017, mientras que recientemente comenzó el proceso de donación del portal Laguna Iberá. La conformación final del área protegida continuará con la incorporación de un núcleo operativo más para completar las 157 mil hectáreas del Parque Nacional Iberá. Asimismo, la ley aprobada contempla la protección de aproximadamente 23 mil hectáreas más bajo la categoría de Reserva Nacional.
Los Esteros del Iberá, además de representar uno de los humedales más importantes del país, albergan una enorme diversidad de vida silvestre, incluyendo especies con un frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguará guazú y una amplia variedad de aves.
La creación del Parque Nacional Iberá había obtenido media sanción por unanimidad en la Cámara alta el 18 de abril último. Así, al proyecto de “cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de Corrientes al Estado nacional para la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá” solo le restaba el aval de Diputados.
Luego de que el Gobierno nacional oficializó el tratamiento de este y otros proyectos mediante el Decreto 1087/2018, por el cual el presidente Mauricio Macri convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, la Cámara baja aprobó y convirtió en ley la creación de la nueva área natural protegida.
Áreas marinas protegidas
Durante la sesión en Diputados también se dio tratamiento y consiguió media sanción el proyecto de Ley por el cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá — Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
La creación de las mismas permitirá poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Al respecto, Javier García Espil, director nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó: “El proyecto de ley es el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre todos los sectores que realizan actividades en el mar Argentino”. A su vez indicó que “a partir de la identificación de las áreas de mayor valor de conservación, por su biodiversidad, se analizaron cuestiones que hacen al interés científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores”.
La incorporación de estas reservas aportará más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Dichas áreas están ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina y constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá–Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
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Malas perspectivas para el biodiesel argentino en Europa
Europa vuelve a cerrar sus fronteras al biodiesel argentino
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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El proyecto de Vale de interés de China
El gobierno chino interesado en el potasio de Mendoza
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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En Salta por fin ponen una dura sanción por desmonte
Por desmonte ilegal, condenaron a un productor a reforestar 11 mil hectáreas en Salta
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Amarillo Grande y la resistencia a la minería de uranio
Resistencia a la minería de uranio en Río Negro
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El proyecto Amarillo Grande entrará próximamente en la etapa de extracción. El futuro de las localidades más afectadas por la minera, Regina, Lamarque, Valcheta, San Antonio, Sierra Grande, etc., estará muy comprometido Es inadmisible que el gobierno haya permitido el avance del proyecto sin que exista licencia social.
No tal cual la entienden las mineras y el gobierno, esto es, el ok de las autoridades locales y de unos pocos referentes, a cambio de migajas prometidas en la responsabilidad social empresaria, sino de la conformidad libre e informada de las mayorías populares, que incluye a los que no son referentes de nada y que nunca son escuchados.
Para ello el gobierno debería garantizar el acceso a la documentación vinculada al proyecto, dar tiempo suficiente para que las comunidades puedan evaluar los pro y los contra y hacer su propio balance, y respetar su decisión final, por sí o por no.
La mayoría de los rionegrinos no quiere este tipo de (mal) desarrollo y cree que la megaminería es perjudicial a los intereses de la provincia.
La mayoría sabe que la Blue Sky Uranium generará pocos puestos de trabajo durante poco tiempo, que no remediará nada cuando se vaya, que nadie los controlará, y que afectará irreversiblemente el medioambiente.
El gobierno debería consultarnos (no solamente informarnos para tranquilizarnos) y respetar nuestra decisión.
No queremos que la voracidad de la empresa con la complicidad del gobierno ponga en riesgo la salud y la calidad de vida de las próximas generaciones de rionegrinos.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El proyecto Amarillo Grande entrará próximamente en la etapa de extracción. El futuro de las localidades más afectadas por la minera, Regina, Lamarque, Valcheta, San Antonio, Sierra Grande, etc., estará muy comprometido Es inadmisible que el gobierno haya permitido el avance del proyecto sin que exista licencia social.
No tal cual la entienden las mineras y el gobierno, esto es, el ok de las autoridades locales y de unos pocos referentes, a cambio de migajas prometidas en la responsabilidad social empresaria, sino de la conformidad libre e informada de las mayorías populares, que incluye a los que no son referentes de nada y que nunca son escuchados.
Para ello el gobierno debería garantizar el acceso a la documentación vinculada al proyecto, dar tiempo suficiente para que las comunidades puedan evaluar los pro y los contra y hacer su propio balance, y respetar su decisión final, por sí o por no.
La mayoría de los rionegrinos no quiere este tipo de (mal) desarrollo y cree que la megaminería es perjudicial a los intereses de la provincia.
La mayoría sabe que la Blue Sky Uranium generará pocos puestos de trabajo durante poco tiempo, que no remediará nada cuando se vaya, que nadie los controlará, y que afectará irreversiblemente el medioambiente.
El gobierno debería consultarnos (no solamente informarnos para tranquilizarnos) y respetar nuestra decisión.
No queremos que la voracidad de la empresa con la complicidad del gobierno ponga en riesgo la salud y la calidad de vida de las próximas generaciones de rionegrinos.
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Reflexiones sobre post G20 y minería
Después del G20, ¿minería a cualquier costo?
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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Neuquén: denuncian agua contaminada con hidrocarburos
Vecinos de Añelo denuncian que el agua está contaminada
Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Señalaron que se hizo un estudio que da cuenta que presenta plomo y mercurio.Denuncian que impactó en la salud de algunos vecinos.
Un grupo de vecinos denunció que el agua en Añelo está contaminada de resabios de hidrocarburos y que afecta no sólo la salud de los pobladores sino el río Neuquén.
“Ya no se puede tomar el agua. Hay gente que falleció como consecuencia de eso, como el caso del vecino Araneda y su esposa. Hay mucha gente enferma. El agua sale como chocolate de la canilla”, sostuvo en diálogo con LU5 María Isabel Mansilla, vecina de Añelo.
Aseguró que “se hizo un estudio con la policía científica federal y el agua está contaminada”, en función de los resultados, Mansilla radicó una denuncia en el Juzgado Federal N°2.
“Esta todo contaminado y comprobado. Se encontró plomo y mercurio. Empresas petroleras hacen el descarte. Cuando llueve va a los barriales y cae al río Neuquén. Nosotros fuimos con una retro y el olor es tan fuerte que no se puede aguantar”, ejemplificó la vecina quien concurrirá esta mañana a la Legislatura junto a otros pobladores de la localidad para dar a conocer la situación.
La denunciante sostuvo que representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) se presentaron el pasado domingo, al igual que otras autoridades provinciales, quienes se habrían comprometido a realizar nuevas muestras del agua, de observar el impacto en la salud de algunos vecinos y de acercar bidones de agua.
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Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Señalaron que se hizo un estudio que da cuenta que presenta plomo y mercurio.Denuncian que impactó en la salud de algunos vecinos.
Un grupo de vecinos denunció que el agua en Añelo está contaminada de resabios de hidrocarburos y que afecta no sólo la salud de los pobladores sino el río Neuquén.
“Ya no se puede tomar el agua. Hay gente que falleció como consecuencia de eso, como el caso del vecino Araneda y su esposa. Hay mucha gente enferma. El agua sale como chocolate de la canilla”, sostuvo en diálogo con LU5 María Isabel Mansilla, vecina de Añelo.
Aseguró que “se hizo un estudio con la policía científica federal y el agua está contaminada”, en función de los resultados, Mansilla radicó una denuncia en el Juzgado Federal N°2.
“Esta todo contaminado y comprobado. Se encontró plomo y mercurio. Empresas petroleras hacen el descarte. Cuando llueve va a los barriales y cae al río Neuquén. Nosotros fuimos con una retro y el olor es tan fuerte que no se puede aguantar”, ejemplificó la vecina quien concurrirá esta mañana a la Legislatura junto a otros pobladores de la localidad para dar a conocer la situación.
La denunciante sostuvo que representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) se presentaron el pasado domingo, al igual que otras autoridades provinciales, quienes se habrían comprometido a realizar nuevas muestras del agua, de observar el impacto en la salud de algunos vecinos y de acercar bidones de agua.
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Afirman que si hay contaminación en Allen tras el derrame
Derrame en Allen: organizaciones antifracking dicen que hay contaminación
Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua anunció que realizará una denuncia. Evalúan si la presentarán ante la justicia provincial o federal.
“Ayer después de la 20 decían que estaba todo controlado pero no se le puede creer a YPF porque en un comunicado anterior aseguraban lo mismo”, expresó Juan Carlos Ponce, uno de los referentes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua en Allen en referencia al derrame que se produjo el sábado pasado.
Ponce contó que cuando ocurrió el incidente llegaron a las 15 y era “impresionante la cantidad de calcáreo que pusieron para contener y tapar todo”.
La organización realizará estos días una denuncia por contaminación y están evaluando si será presentada ante la justicia provincial o federal.
“Ahí quedó contaminando el suelo, hace dos semanas fuimos y vimos cómo las napas contaminadas iban corriendo y afectando a los frutales”, expresó.
“Ellos están trabajando en un lugar donde no deberían hacerlo. El Valle se hizo para que sea un lugar para producir alimentos”, enfatizó.
Ponce manifestó que no han tenido datos sobre la investigación que están llevando a cabo los fiscales.
El referente recordó en el 2017 YPF tuvo “su primera multa por contaminación en Allen” por derrame en la chacra 60.
El serio incidente ocurrió en octubre de 2016 en la zona rural allense debido a una válvula mal cerrada de un pozo de gas provocó el derrame de casi 240.000 litros de agua salada, en el sector donde se encuentran los pozos gasíferos EFO 360 y 362. La locación quedó inundada y días después comenzaron a secarse los frutales y álamos contiguos al pozo. Desde YPF reconocieron la afectación causada en las plantaciones y atribuyeron el hecho a “un error humano”.
Tras informes realizados a raíz del incidente, el Departamento Provincial de Aguas multó a los responsables por un monto de 2,5 millones de pesos.
Ayer la compañía estatal informó que “logró controlar la surgencia de gas” en el pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro, tras el incidente registrado este sábado en la zona de Allen. Según estimaron en un comunicado de prensa, ya se ha llevado a “una condición normal de operación” e insistieron en que “ninguna fuente de agua resultó afectada” por el derrame.
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Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea Permanente del Comahue por el Agua anunció que realizará una denuncia. Evalúan si la presentarán ante la justicia provincial o federal.
“Ayer después de la 20 decían que estaba todo controlado pero no se le puede creer a YPF porque en un comunicado anterior aseguraban lo mismo”, expresó Juan Carlos Ponce, uno de los referentes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua en Allen en referencia al derrame que se produjo el sábado pasado.
Ponce contó que cuando ocurrió el incidente llegaron a las 15 y era “impresionante la cantidad de calcáreo que pusieron para contener y tapar todo”.
La organización realizará estos días una denuncia por contaminación y están evaluando si será presentada ante la justicia provincial o federal.
“Ahí quedó contaminando el suelo, hace dos semanas fuimos y vimos cómo las napas contaminadas iban corriendo y afectando a los frutales”, expresó.
“Ellos están trabajando en un lugar donde no deberían hacerlo. El Valle se hizo para que sea un lugar para producir alimentos”, enfatizó.
Ponce manifestó que no han tenido datos sobre la investigación que están llevando a cabo los fiscales.
El referente recordó en el 2017 YPF tuvo “su primera multa por contaminación en Allen” por derrame en la chacra 60.
El serio incidente ocurrió en octubre de 2016 en la zona rural allense debido a una válvula mal cerrada de un pozo de gas provocó el derrame de casi 240.000 litros de agua salada, en el sector donde se encuentran los pozos gasíferos EFO 360 y 362. La locación quedó inundada y días después comenzaron a secarse los frutales y álamos contiguos al pozo. Desde YPF reconocieron la afectación causada en las plantaciones y atribuyeron el hecho a “un error humano”.
Tras informes realizados a raíz del incidente, el Departamento Provincial de Aguas multó a los responsables por un monto de 2,5 millones de pesos.
Ayer la compañía estatal informó que “logró controlar la surgencia de gas” en el pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro, tras el incidente registrado este sábado en la zona de Allen. Según estimaron en un comunicado de prensa, ya se ha llevado a “una condición normal de operación” e insistieron en que “ninguna fuente de agua resultó afectada” por el derrame.
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Formosa tendrá su propia APN
La provincia dispondrá de su propia Administración de Parques Naturales
Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: El Comercial (Formosa)
Provincia/Región: Formosa
El ministerio de la Producción y Ambiente trabajó en la elaboración de este proyecto.La reciente ley de creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas que aprobó por unanimidad la legislatura local, norma de avanzada en su tipo que incluye novedosas particularidades, como la creación de una administración provincial de Parques Naturales.
Aunque el objetivo central es que sirva como instrumento marco para ordenar los espacios provinciales dedicados a la conservación de recursos naturales y la biodiversidad.
El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, destacó la decisión política del titular del PE, por lo cual el ministerio de la Producción y Ambiente trabajó en la elaboración de este proyecto con el propósito de “proteger espacios representativos de los ambientes naturales de tal modo de poder garantizar las poblaciones de especies de fauna y flora que viven y habitan, y de esta manera preservar la biodiversidad y las funciones eco sistémicas que cumplen estos sistemas naturales”.
Expuso que “si bien los objetivos son muy amplios uno de los principales es crear un sistema que a su vez establezca cuales son los diferentes tipos de áreas naturales ya que no todas presentan las mismas características. Y en función de esto establece cuales son las diferentes áreas naturales que estarán contempladas en la provincia de Formosa”.
Bay explicó que “una novedad es que van a poder contemplar áreas naturales municipales y esto permitirá que las comunas puedan crear parques bajo su jurisdicción, y también las reservas privadas, esto significa que cualquier particular puede afectar su predio y mantenerlo para su conservación”.
“El estado es quien genera este sistema, y tendremos nuestra propia administración de parques provinciales, dentro de la cual las comunas que así lo consideren, podrán crear sus áreas naturales municipales”, expuso, destacando que “se establecen mecanismos financieros a fin de ayudar al mantenimiento y otras acciones propias de estos espacios”.
Reveló asimismo que “cada una de estas figuras tiene distintas categorías de conservación y manejos, que son las que van a determinar qué es lo que se puede y lo que no se debe hacer para la preservación de los ambientes, y en base a ello se tendrá que elaborar un plan de manejo”.
Clarificó que “existen distintos tipos de reservas naturales: Van desde la reserva natural estricta, los parques provinciales, las reservas de usos múltiples, se incorpora la figura de paisajes protegidos, las reservas hídricas como el bañado La Estrella”.
El subsecretario expuso que la norma “dictamina de qué modo y hasta donde se puede intervenir el ambiente para generar menos impacto”, además de establecer en que lugares no se pueden realizar cambios de uso de suelo, es decir, donde no se puede modificar el ambiente, permite transformar el ambiente pero de modo tal que ese ambiente no se vea afectado en su plenitud. “Esta ley protege los ambientes de actividades como los desmontes o los cambios de subsuelos”, significó.
Estancia La Fidelidad
Acerca de la decisión en torno a la conocida estancia de 250 mil hectáreas La Fidelidad, dijo que de las 150 mil hectáreas del lado chaqueño unas 130 mil comprende un nuevo Parque Nacional, las 100 mil hectáreas en territorio formoseño tuvo otro tratamiento.
“Al tratarse de un predio privado hay que pagarlo –en Chaco aun están en litigio porque los herederos propietarios de oponen al monto que quieren pagar por la expropiación-, y lo que hicimos nosotros fue re categorizarlo en la ley de Reordenamiento Territorial”, explicó.
Dijo que “se estableció que el 85%, o sea 85 mil hectáreas, no pueden ser transformadas, no hay que hacer desmontes y ningún cambio de uso de suelo a partir de otorgársele la categoría roja, y en la porción que es amarilla se permite un aprovechamiento forestal. Quedan solo 15 mil hectáreas que pueden ser transformadas”
“Pero lo que ya aseguramos es que este ambiente no será tocado y, con esta ley viabilizar la posibilidad de convertirla en un área natural bajo forma privada o estatal”, destacó Bay.
Otra novedad de la ley es que “uno de los tipos de reservas creadas es la Hídrica, o sea todos aquellos ambientes acuáticos, que por sus características sean actuales o potenciales, y en este último caso ingresan los acuíferos
Y esto reviste importancia en cuanto a la conservación de los humedales y para la prestación de servicios a las actividades humanas” .
Pueden ser de dos tipos: Reservas de biodiversidad hídrica, buscando conservar la naturaleza en zonas acuáticas como la de cría o desove de peces, concentración de cardúmenes, toda flora y fauna relacionada con el agua.
También se cuentan las reservas de protección hídrica que son las de acumulación de agua vinculada con una dinámica hidrológica y lo que se busca es proteger el bien social del recurso agua.
Con la gente adentro
“Es una ley muy completa y moderna, y deja atrás esa vieja visión cerrada de los parques naturales donde el ser humano no podía ingresar y si lo hacía no podía hacer nada”, significó, subrayando que “acá se crearan reservas naturales con gente habitando en las mismas, que se deberán adaptar al plan de manejo que se establezca”.
Puso como ejemplo el bañado La Estrella con una “biodiversidad explosiva en términos de cantidad y calidad, y con poblaciones aborígenes y criollas adecuadas en términos de sus producciones. Al ser un área natural se buscara un esquema de manejo buscando proteger a perpetuidad ese ambiente con esas comunidades habitando allí”.
Significó que “esta ley viene a cerrar ese círculo virtuoso de una Formosa que pueda desarrollarse generando mayores superficies productivas de manera sustentable, logrando el equilibrio entre producción y la conservación de la naturaleza”.
Concluyó afirmando que “estamos creando las condiciones para producir con sustentabilidad los próximos 30 a 40 años y, al mismo tiempo fortaleciendo el turismo vinculado a la naturaleza que tiene enormes potenciales en todo nuestro territorio, profundizando las reglas en cuanto al cuidado del ambiente”.
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Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: El Comercial (Formosa)
Provincia/Región: Formosa
El ministerio de la Producción y Ambiente trabajó en la elaboración de este proyecto.La reciente ley de creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas que aprobó por unanimidad la legislatura local, norma de avanzada en su tipo que incluye novedosas particularidades, como la creación de una administración provincial de Parques Naturales.
Aunque el objetivo central es que sirva como instrumento marco para ordenar los espacios provinciales dedicados a la conservación de recursos naturales y la biodiversidad.
El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay, destacó la decisión política del titular del PE, por lo cual el ministerio de la Producción y Ambiente trabajó en la elaboración de este proyecto con el propósito de “proteger espacios representativos de los ambientes naturales de tal modo de poder garantizar las poblaciones de especies de fauna y flora que viven y habitan, y de esta manera preservar la biodiversidad y las funciones eco sistémicas que cumplen estos sistemas naturales”.
Expuso que “si bien los objetivos son muy amplios uno de los principales es crear un sistema que a su vez establezca cuales son los diferentes tipos de áreas naturales ya que no todas presentan las mismas características. Y en función de esto establece cuales son las diferentes áreas naturales que estarán contempladas en la provincia de Formosa”.
Bay explicó que “una novedad es que van a poder contemplar áreas naturales municipales y esto permitirá que las comunas puedan crear parques bajo su jurisdicción, y también las reservas privadas, esto significa que cualquier particular puede afectar su predio y mantenerlo para su conservación”.
“El estado es quien genera este sistema, y tendremos nuestra propia administración de parques provinciales, dentro de la cual las comunas que así lo consideren, podrán crear sus áreas naturales municipales”, expuso, destacando que “se establecen mecanismos financieros a fin de ayudar al mantenimiento y otras acciones propias de estos espacios”.
Reveló asimismo que “cada una de estas figuras tiene distintas categorías de conservación y manejos, que son las que van a determinar qué es lo que se puede y lo que no se debe hacer para la preservación de los ambientes, y en base a ello se tendrá que elaborar un plan de manejo”.
Clarificó que “existen distintos tipos de reservas naturales: Van desde la reserva natural estricta, los parques provinciales, las reservas de usos múltiples, se incorpora la figura de paisajes protegidos, las reservas hídricas como el bañado La Estrella”.
El subsecretario expuso que la norma “dictamina de qué modo y hasta donde se puede intervenir el ambiente para generar menos impacto”, además de establecer en que lugares no se pueden realizar cambios de uso de suelo, es decir, donde no se puede modificar el ambiente, permite transformar el ambiente pero de modo tal que ese ambiente no se vea afectado en su plenitud. “Esta ley protege los ambientes de actividades como los desmontes o los cambios de subsuelos”, significó.
Estancia La Fidelidad
Acerca de la decisión en torno a la conocida estancia de 250 mil hectáreas La Fidelidad, dijo que de las 150 mil hectáreas del lado chaqueño unas 130 mil comprende un nuevo Parque Nacional, las 100 mil hectáreas en territorio formoseño tuvo otro tratamiento.
“Al tratarse de un predio privado hay que pagarlo –en Chaco aun están en litigio porque los herederos propietarios de oponen al monto que quieren pagar por la expropiación-, y lo que hicimos nosotros fue re categorizarlo en la ley de Reordenamiento Territorial”, explicó.
Dijo que “se estableció que el 85%, o sea 85 mil hectáreas, no pueden ser transformadas, no hay que hacer desmontes y ningún cambio de uso de suelo a partir de otorgársele la categoría roja, y en la porción que es amarilla se permite un aprovechamiento forestal. Quedan solo 15 mil hectáreas que pueden ser transformadas”
“Pero lo que ya aseguramos es que este ambiente no será tocado y, con esta ley viabilizar la posibilidad de convertirla en un área natural bajo forma privada o estatal”, destacó Bay.
Otra novedad de la ley es que “uno de los tipos de reservas creadas es la Hídrica, o sea todos aquellos ambientes acuáticos, que por sus características sean actuales o potenciales, y en este último caso ingresan los acuíferos
Y esto reviste importancia en cuanto a la conservación de los humedales y para la prestación de servicios a las actividades humanas” .
Pueden ser de dos tipos: Reservas de biodiversidad hídrica, buscando conservar la naturaleza en zonas acuáticas como la de cría o desove de peces, concentración de cardúmenes, toda flora y fauna relacionada con el agua.
También se cuentan las reservas de protección hídrica que son las de acumulación de agua vinculada con una dinámica hidrológica y lo que se busca es proteger el bien social del recurso agua.
Con la gente adentro
“Es una ley muy completa y moderna, y deja atrás esa vieja visión cerrada de los parques naturales donde el ser humano no podía ingresar y si lo hacía no podía hacer nada”, significó, subrayando que “acá se crearan reservas naturales con gente habitando en las mismas, que se deberán adaptar al plan de manejo que se establezca”.
Puso como ejemplo el bañado La Estrella con una “biodiversidad explosiva en términos de cantidad y calidad, y con poblaciones aborígenes y criollas adecuadas en términos de sus producciones. Al ser un área natural se buscara un esquema de manejo buscando proteger a perpetuidad ese ambiente con esas comunidades habitando allí”.
Significó que “esta ley viene a cerrar ese círculo virtuoso de una Formosa que pueda desarrollarse generando mayores superficies productivas de manera sustentable, logrando el equilibrio entre producción y la conservación de la naturaleza”.
Concluyó afirmando que “estamos creando las condiciones para producir con sustentabilidad los próximos 30 a 40 años y, al mismo tiempo fortaleciendo el turismo vinculado a la naturaleza que tiene enormes potenciales en todo nuestro territorio, profundizando las reglas en cuanto al cuidado del ambiente”.
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¿Puede Argentina cumplir el Acuerdo de París?
Cambio climático: ¿Argentina cumplirá con el Acuerdo de París?
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático fue uno de los temas que Argentina trabajó en la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires.
Esta movida diplomática ha ubicado al país como un potencial líder en las negociaciones para luchar contra este problema global. Y la primera prueba será la cumbre sobre el tema que la Organización de la Naciones Unidas está llevando a cabo desde este lunes en Katowice, Polonia (COP24).
“Es la cumbre más importante luego de la realizada en París (2015). Vamos a tener que escribir la reglamentación del Acuerdo de París. Será una cumbre muy técnica, pero fundamental, porque, si no se logra ese reglamento, corre riesgo el cumplimiento del tratado”, dice Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
El funcionario entiende que Argentina tendrá un rol protagónico en Polonia. “Vamos a estar en el centro del debate sobre el cambio climático. Siempre ha sido el objetivo de este gobierno asumir el liderazgo, y la cumbre del G-20 nos ha dado ese impulso”, comenta.
Gentile menciona diferentes temáticas tratadas en la Cumbre del G-20, como generación de infraestructura resiliente al clima cambiante, el impacto en el empleo del cambio climático y la búsqueda de estrategias de desarrollo a largo plazo en bajas en emisiones.
“Todo este trabajo estuvo centrado en posicionar a Argentina como una referencia sobre este tema en el mundo. Estamos muy contentos de haberlo logrado”, dice.
Informe negativo
Sin embargo, el último informe de la ONU Medio Ambiente deja mal parada a la Argentina. El documento, llamado “Informe sobre la brecha de emisiones", estima que nuestro país no logrará cumplir su compromiso de mitigación presentado en el marco del Acuerdo de París.
La Argentina propuso una meta de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero del 15 por ciento para 2030.
“Las medidas que Argentina dijo que iba a tomar para cumplir con su compromiso están todas en veremos, por lo que uno infiere que no va a cumplir con su compromiso”, asegura Gabriel Blanco, especialista en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró con el informe.
Y detalla: “El programa Renovar está avanzando lentamente, pero al mismo tiempo se está impulsando la explotación de Vaca Muerta y ahora se ha llamado a licitación internacional para la explotación de petróleo y de gas natural de la plataforma marítima”.
Sobre las medidas para evitar la deforestación, Blanco indica que el presupuesto 2019 destinado a este tema es apenas el cinco por ciento de lo que prevé la ley de bosques, y que en 2017 la deforestación volvió a crecer.
"Vamos a cumplir"
Gentile no coincide con el informe. “No entendemos por qué dice eso. El informe no lo fundamenta. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos en ese camino porque las medidas que se dijeron que se iban a tomar se están tomando. Tenemos nuevas regulaciones en eficiencia energética y el programa Renovar se está llevando a cabo. Hay 30 proyectos para generar energía de manera sustentable que ya están en construcción”, asegura.
Y agrega: “La macroeconomía puede retrasarlo un poco, pero esta situación de menos crecimiento también ayuda a lograr nuestro objetivo, a pesar de que nosotros quisiéramos alcanzarlo con más crecimiento y más empleo”.
Sobre Vaca Muerta, el funcionario aclara que este proyecto de extracción de petróleo y de gas no convencional siempre estuvo considerado en el escenario, aunque no con los volúmenes de producción que se están planificando ahora.
“Entonces, trabajamos en nuevas medidas para compensar las emisiones adicionales que generará Vaca Muerta. Entre estas medidas están un aumento en la eficiencia energética en la demanda y en la oferta, extender el programa Renovar a 2030 y gasificar el transporte pesado de carga y el de pasajeros”, detalla Gentile.
Blanco no parece convencido. “Lo único que cambió entre la gestión del kirchnerismo y la actual gestión es un discurso más fuerte contra el cambio climático, pero no hay hechos. El único avance ha sido el programa Renovar, pero se ha realizado con la misma lógica que tiene el sector energético”, asegura el experto.
Y detalla: “Las energías renovables podrían ayudar al desarrollo local y a la generación del empleo, pero no se están aprovechando”.
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Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático fue uno de los temas que Argentina trabajó en la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires.
Esta movida diplomática ha ubicado al país como un potencial líder en las negociaciones para luchar contra este problema global. Y la primera prueba será la cumbre sobre el tema que la Organización de la Naciones Unidas está llevando a cabo desde este lunes en Katowice, Polonia (COP24).
“Es la cumbre más importante luego de la realizada en París (2015). Vamos a tener que escribir la reglamentación del Acuerdo de París. Será una cumbre muy técnica, pero fundamental, porque, si no se logra ese reglamento, corre riesgo el cumplimiento del tratado”, dice Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
El funcionario entiende que Argentina tendrá un rol protagónico en Polonia. “Vamos a estar en el centro del debate sobre el cambio climático. Siempre ha sido el objetivo de este gobierno asumir el liderazgo, y la cumbre del G-20 nos ha dado ese impulso”, comenta.
Gentile menciona diferentes temáticas tratadas en la Cumbre del G-20, como generación de infraestructura resiliente al clima cambiante, el impacto en el empleo del cambio climático y la búsqueda de estrategias de desarrollo a largo plazo en bajas en emisiones.
“Todo este trabajo estuvo centrado en posicionar a Argentina como una referencia sobre este tema en el mundo. Estamos muy contentos de haberlo logrado”, dice.
Informe negativo
Sin embargo, el último informe de la ONU Medio Ambiente deja mal parada a la Argentina. El documento, llamado “Informe sobre la brecha de emisiones", estima que nuestro país no logrará cumplir su compromiso de mitigación presentado en el marco del Acuerdo de París.
La Argentina propuso una meta de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero del 15 por ciento para 2030.
“Las medidas que Argentina dijo que iba a tomar para cumplir con su compromiso están todas en veremos, por lo que uno infiere que no va a cumplir con su compromiso”, asegura Gabriel Blanco, especialista en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró con el informe.
Y detalla: “El programa Renovar está avanzando lentamente, pero al mismo tiempo se está impulsando la explotación de Vaca Muerta y ahora se ha llamado a licitación internacional para la explotación de petróleo y de gas natural de la plataforma marítima”.
Sobre las medidas para evitar la deforestación, Blanco indica que el presupuesto 2019 destinado a este tema es apenas el cinco por ciento de lo que prevé la ley de bosques, y que en 2017 la deforestación volvió a crecer.
"Vamos a cumplir"
Gentile no coincide con el informe. “No entendemos por qué dice eso. El informe no lo fundamenta. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos en ese camino porque las medidas que se dijeron que se iban a tomar se están tomando. Tenemos nuevas regulaciones en eficiencia energética y el programa Renovar se está llevando a cabo. Hay 30 proyectos para generar energía de manera sustentable que ya están en construcción”, asegura.
Y agrega: “La macroeconomía puede retrasarlo un poco, pero esta situación de menos crecimiento también ayuda a lograr nuestro objetivo, a pesar de que nosotros quisiéramos alcanzarlo con más crecimiento y más empleo”.
Sobre Vaca Muerta, el funcionario aclara que este proyecto de extracción de petróleo y de gas no convencional siempre estuvo considerado en el escenario, aunque no con los volúmenes de producción que se están planificando ahora.
“Entonces, trabajamos en nuevas medidas para compensar las emisiones adicionales que generará Vaca Muerta. Entre estas medidas están un aumento en la eficiencia energética en la demanda y en la oferta, extender el programa Renovar a 2030 y gasificar el transporte pesado de carga y el de pasajeros”, detalla Gentile.
Blanco no parece convencido. “Lo único que cambió entre la gestión del kirchnerismo y la actual gestión es un discurso más fuerte contra el cambio climático, pero no hay hechos. El único avance ha sido el programa Renovar, pero se ha realizado con la misma lógica que tiene el sector energético”, asegura el experto.
Y detalla: “Las energías renovables podrían ayudar al desarrollo local y a la generación del empleo, pero no se están aprovechando”.
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Polémica ley de reforestación en Córdoba
Polémica por los árboles que se podrán plantar en la provincia
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se recomienda usar pinos y eucaliptos para que los productores cumplan con la ley agroforestal. Pero ecólogos aseguran que estas son especies exóticas e invasoras, de impacto negativo.
La Provincia aspira a que se planten 40 millones de árboles en Córdoba gracias a la ley agroforestal. La cifra impresiona y a priori nadie puede dudar de los beneficios ambientales que tendría esta iniciativa.
La forestación ayuda a mitigar el cambio climático ya que los árboles absorben el dióxido de carbono atmosférico, principal gas responsable del sobrecalentamiento del planeta. Además, para toda la gente el árbol es sinónimo de naturaleza.
Sin embargo, biólogos y ecólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advierten que algunas de las especies recomendadas por la Provincia para cumplir con la ley serían perjudiciales para el ambiente.
Son especies exóticas e invasoras que demandan gran cantidad de agua, por lo que perjudicarían las cuencas hídricas provinciales.
La Provincia argumenta que el listado de especies fue elaborado por expertos en forestación.
La ley agroforestal fue sancionada en agosto de 2017, luego de una larga discusión. Sin embargo, la resolución con los listados de especies recomendadas y de especies exóticas invasoras prohibidas se dio a conocer en septiembre de este año.
La norma prevé que cada dueño de un predio deberá forestar del dos al cinco por ciento de la superficie. Hasta fin de año tienen tiempo de presentar una declaración sobre cuántos árboles ya tienen en su campo. El año que viene deberán presentar su plan de forestación, que podrán completar en un plazo de hasta 10 años.
Hace unos días, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, dependiente de la UNC y Conicet) envió una nota al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, autoridad de aplicación de la ley, en la que advierte que dentro de los árboles recomendados figuran especies exóticas e invasoras, de probados daños ambientales en Córdoba.
Los casos emblemáticos son los del pino eliottis y los eucaliptos. Sobre el pino, el informe recuerda un trabajo científico que determinó que un pinar consume casi el doble de agua que un pastizal autóctono de la región de Calamuchita.
“Esta especie es invasora en el mundo y en la provincia, y tiene un significativo impacto sobre la provisión de agua, un recurso clave para Córdoba”, dice el trabajo.
Respuesta
“No hay una percepción generalizada de que el pino sea una especie invasora. No he visto un pino que se haya escapado de Calamuchita en 38 años de ingeniero agrónomo dedicado a temas forestales”, aseguró Ricardo Renaudeau, experto de la Secretaría de Agricultura.
Además, recordó que los predios que están a más de 1.600 metros de altura están exceptuados de realizar el plan de forestación. “Eso implica que no se van a afectar las cuencas hídricas más altas”, dijo.
Otros árboles cuestionados por los ecólogos son los eucaliptos. “Todas las especies de este género han sido reportadas como invasoras y constituyen serios riesgos para las distintas ecorregiones de la Provincia”, dice el informe del Imbiv.
Entre los riesgos de forestar con eucaliptos se señala otra vez el hídrico, además de problemas de salinización o acidificación de suelos. Además, los ejemplares exóticos aumentan el riesgo de incendio.
“No creemos que se vayan a plantar eucaliptos en Calamuchita, pero es un árbol que puede ayudar a solucionar los problemas de las napas freáticas muy altas y los campos que se anegan en otros sectores de la Provincia”, comentó Renaudeau.
El informe del Imbiv también advierte sobre otras especies frutales que figuran en el listado de árboles recomendados por la Provincia.
A Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, le llamó la atención que se cuestione la forestación con olivos. “Hace 20 años que estoy en la olivicultura y, la verdad, nunca escuché que el olivo sea una especie invasora”, aseguró.
Para el funcionario, el riesgo de invasión de cualquiera de estas especies es muy bajo porque serán forestaciones productivas, las cuales se controlan como si fuera un cultivo.
En la nota, el Imbiv pide que se eliminen del listado de especies recomendadas los pinos y eucaliptos y que directamente se prohíba su implantación en las zonas serranas y de pedemonte.
Blanda aseguró que estudiarán en detalle el pedido, pero aclaró: “Las decisiones no se tomaron arbitrariamente. Hubo una mesa técnica que recibió el respaldo científico desde las universidades y otros organismos que conocen del tema”.
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Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se recomienda usar pinos y eucaliptos para que los productores cumplan con la ley agroforestal. Pero ecólogos aseguran que estas son especies exóticas e invasoras, de impacto negativo.
La Provincia aspira a que se planten 40 millones de árboles en Córdoba gracias a la ley agroforestal. La cifra impresiona y a priori nadie puede dudar de los beneficios ambientales que tendría esta iniciativa.
La forestación ayuda a mitigar el cambio climático ya que los árboles absorben el dióxido de carbono atmosférico, principal gas responsable del sobrecalentamiento del planeta. Además, para toda la gente el árbol es sinónimo de naturaleza.
Sin embargo, biólogos y ecólogos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advierten que algunas de las especies recomendadas por la Provincia para cumplir con la ley serían perjudiciales para el ambiente.
Son especies exóticas e invasoras que demandan gran cantidad de agua, por lo que perjudicarían las cuencas hídricas provinciales.
La Provincia argumenta que el listado de especies fue elaborado por expertos en forestación.
La ley agroforestal fue sancionada en agosto de 2017, luego de una larga discusión. Sin embargo, la resolución con los listados de especies recomendadas y de especies exóticas invasoras prohibidas se dio a conocer en septiembre de este año.
La norma prevé que cada dueño de un predio deberá forestar del dos al cinco por ciento de la superficie. Hasta fin de año tienen tiempo de presentar una declaración sobre cuántos árboles ya tienen en su campo. El año que viene deberán presentar su plan de forestación, que podrán completar en un plazo de hasta 10 años.
Hace unos días, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, dependiente de la UNC y Conicet) envió una nota al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, autoridad de aplicación de la ley, en la que advierte que dentro de los árboles recomendados figuran especies exóticas e invasoras, de probados daños ambientales en Córdoba.
Los casos emblemáticos son los del pino eliottis y los eucaliptos. Sobre el pino, el informe recuerda un trabajo científico que determinó que un pinar consume casi el doble de agua que un pastizal autóctono de la región de Calamuchita.
“Esta especie es invasora en el mundo y en la provincia, y tiene un significativo impacto sobre la provisión de agua, un recurso clave para Córdoba”, dice el trabajo.
Respuesta
“No hay una percepción generalizada de que el pino sea una especie invasora. No he visto un pino que se haya escapado de Calamuchita en 38 años de ingeniero agrónomo dedicado a temas forestales”, aseguró Ricardo Renaudeau, experto de la Secretaría de Agricultura.
Además, recordó que los predios que están a más de 1.600 metros de altura están exceptuados de realizar el plan de forestación. “Eso implica que no se van a afectar las cuencas hídricas más altas”, dijo.
Otros árboles cuestionados por los ecólogos son los eucaliptos. “Todas las especies de este género han sido reportadas como invasoras y constituyen serios riesgos para las distintas ecorregiones de la Provincia”, dice el informe del Imbiv.
Entre los riesgos de forestar con eucaliptos se señala otra vez el hídrico, además de problemas de salinización o acidificación de suelos. Además, los ejemplares exóticos aumentan el riesgo de incendio.
“No creemos que se vayan a plantar eucaliptos en Calamuchita, pero es un árbol que puede ayudar a solucionar los problemas de las napas freáticas muy altas y los campos que se anegan en otros sectores de la Provincia”, comentó Renaudeau.
El informe del Imbiv también advierte sobre otras especies frutales que figuran en el listado de árboles recomendados por la Provincia.
A Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, le llamó la atención que se cuestione la forestación con olivos. “Hace 20 años que estoy en la olivicultura y, la verdad, nunca escuché que el olivo sea una especie invasora”, aseguró.
Para el funcionario, el riesgo de invasión de cualquiera de estas especies es muy bajo porque serán forestaciones productivas, las cuales se controlan como si fuera un cultivo.
En la nota, el Imbiv pide que se eliminen del listado de especies recomendadas los pinos y eucaliptos y que directamente se prohíba su implantación en las zonas serranas y de pedemonte.
Blanda aseguró que estudiarán en detalle el pedido, pero aclaró: “Las decisiones no se tomaron arbitrariamente. Hubo una mesa técnica que recibió el respaldo científico desde las universidades y otros organismos que conocen del tema”.
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