Denuncian degradación de la cuenca del Salado
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Más contaminación en la cuenca del Salado
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Al observar lo que se demora la implementación y puesta en marcha del comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó se advierte lo poco, o nada, que le ha interesado ese sistema fluvial al gobierno de la Nación, que privilegió el impulso de las provincias arribeñas antes que el desarrollo armónico de esa enorme porción central del país. En esa desidia también toleró, claro está, los disparates que esgrimieron los estados integrantes de la cuenca para justificar tamaño absurdo: río inexistente; sistema perimido; mero zanjón de desagüe… Esa falta de interés por un enfoque integral tarde o temprano tenía que evidenciarse en otros aspectos y el desempeño de un gobierno neoliberal ha sido el ideal para que ellos aparezcan.
Los últimos análisis de sus aguas han demostrado que el río La Palca, un afluente de tercer orden de la gran cuenca, situado en el noroeste de la provincia de San Juan, sufre un incremento exponencial de la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis fueron hechos por la Universidad Nacional de Cuyo y la causa de esos riesgos ciertos de envenenamiento para quienes se surten de su caudal está en la mina de oro Veladero, operada por la empresa Barrick Gold. El La Palca -al margen de un notable potencial hidroléctrico- representa un porcentaje de aporte al caudal del río Jáchal del orden del 70 por ciento, y los valores detectados no solamente son muy peligrosos para la salud humana sino que también están en el límite, o incluso lo transgreden, de algunos cultivos de la zona. Para que no queden dudas de la peligrosa irregularidad en los seis años anteriores de monitoreo del curso no hubo contaminación fuera de lo tenido legalmente por normal, pero desde el establecimiento de la compañía minera el aumento de algunos valores de riesgo fue del 5.000, 18.000 y 50.000 por ciento. Los grandes derrames al río, que se procuró ocultar, fueron de compuestos cianurados que se utilizan para la extracción de oro.
Ante semejante descubrimiento ¿qué está haciendo el Estado?: aceptar las falsedades de la compañía que procura ocultar los comprobados derrames de cianuro, y proteger a los infractores que en realidad están llevando a cabo acciones de extrema irresponsabilidad y muy peligrosos para la vida humana, animal y vegetal. Además hay que recordar que la explotación se encuentra en una zona prohibida por la Ley de Glaciares. Este instrumento jurídico-ambiental tuvo su origen en la necesidad de proteger la provisión de agua en los Andes Aridos pero el gobierno nacional no solamente no aplica la norma sino que intenta modificarla para avanzar con otros proyectos mineros que afectarían incluso el ambiente periglacial; la excusa utilizada forma parte de un repertorio conocido al sostener que obrando con semejante nivel de permisividad “se favorecerá la llegada de inversiones”.
Retomando las líneas iniciales de esta columna se advierte que la consideración integral de la cuenca no sólo sigue ignorada sino que su red de afluentes es agredida en función de intereses mucho más poderosos que los correspondientes a la tierra bajo riego a la cual se está poniendo bajo serios riesgos. Por no hablar de que la agresión ambiental se disimula con mentiras o, directamente, indiferencia.
En abierta complicidad, la Nación junto con el gobierno provincial y municipal sanjuaninos se empeñan en compartir el discurso de la compañía repitiendo que no hubo derrames y los ríos portan esos metales de “forma natural”. Despreciando los rotundos resultados de los análisis, comprobaciones y declaraciones el subsecretario de Minería de Nación, restó importancia al problema y en una postura muy parecida a la burla dijo que “el cianuro es una sal; lo pueden consumir los humanos y los animales”. Peor definición, imposible.
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Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Al observar lo que se demora la implementación y puesta en marcha del comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó se advierte lo poco, o nada, que le ha interesado ese sistema fluvial al gobierno de la Nación, que privilegió el impulso de las provincias arribeñas antes que el desarrollo armónico de esa enorme porción central del país. En esa desidia también toleró, claro está, los disparates que esgrimieron los estados integrantes de la cuenca para justificar tamaño absurdo: río inexistente; sistema perimido; mero zanjón de desagüe… Esa falta de interés por un enfoque integral tarde o temprano tenía que evidenciarse en otros aspectos y el desempeño de un gobierno neoliberal ha sido el ideal para que ellos aparezcan.
Los últimos análisis de sus aguas han demostrado que el río La Palca, un afluente de tercer orden de la gran cuenca, situado en el noroeste de la provincia de San Juan, sufre un incremento exponencial de la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis fueron hechos por la Universidad Nacional de Cuyo y la causa de esos riesgos ciertos de envenenamiento para quienes se surten de su caudal está en la mina de oro Veladero, operada por la empresa Barrick Gold. El La Palca -al margen de un notable potencial hidroléctrico- representa un porcentaje de aporte al caudal del río Jáchal del orden del 70 por ciento, y los valores detectados no solamente son muy peligrosos para la salud humana sino que también están en el límite, o incluso lo transgreden, de algunos cultivos de la zona. Para que no queden dudas de la peligrosa irregularidad en los seis años anteriores de monitoreo del curso no hubo contaminación fuera de lo tenido legalmente por normal, pero desde el establecimiento de la compañía minera el aumento de algunos valores de riesgo fue del 5.000, 18.000 y 50.000 por ciento. Los grandes derrames al río, que se procuró ocultar, fueron de compuestos cianurados que se utilizan para la extracción de oro.
Ante semejante descubrimiento ¿qué está haciendo el Estado?: aceptar las falsedades de la compañía que procura ocultar los comprobados derrames de cianuro, y proteger a los infractores que en realidad están llevando a cabo acciones de extrema irresponsabilidad y muy peligrosos para la vida humana, animal y vegetal. Además hay que recordar que la explotación se encuentra en una zona prohibida por la Ley de Glaciares. Este instrumento jurídico-ambiental tuvo su origen en la necesidad de proteger la provisión de agua en los Andes Aridos pero el gobierno nacional no solamente no aplica la norma sino que intenta modificarla para avanzar con otros proyectos mineros que afectarían incluso el ambiente periglacial; la excusa utilizada forma parte de un repertorio conocido al sostener que obrando con semejante nivel de permisividad “se favorecerá la llegada de inversiones”.
Retomando las líneas iniciales de esta columna se advierte que la consideración integral de la cuenca no sólo sigue ignorada sino que su red de afluentes es agredida en función de intereses mucho más poderosos que los correspondientes a la tierra bajo riego a la cual se está poniendo bajo serios riesgos. Por no hablar de que la agresión ambiental se disimula con mentiras o, directamente, indiferencia.
En abierta complicidad, la Nación junto con el gobierno provincial y municipal sanjuaninos se empeñan en compartir el discurso de la compañía repitiendo que no hubo derrames y los ríos portan esos metales de “forma natural”. Despreciando los rotundos resultados de los análisis, comprobaciones y declaraciones el subsecretario de Minería de Nación, restó importancia al problema y en una postura muy parecida a la burla dijo que “el cianuro es una sal; lo pueden consumir los humanos y los animales”. Peor definición, imposible.
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CABA: 6 de cada 10 frutas y verduras con agrotóxicos
No vivas de ensalada: al menos 6 de cada 10 frutas y verduras que se ofrecen en Capital vienen con agrotóxicos y se exporta lo sano
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Los excesos hídricos en Santa Fe lejos de finalizar
Alertan sobre la delicada situación de la laguna La Picasa
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un productor agrario de la localidad de Amenábar advirtió que la cota subió pese a que las lluvias ahora son menores al promedio histórico.
El productor agrario de Amenábar, e integrante de la Sociedad Rural de Rosario, Angel Carlos Borello, planteó un escenario complicado en torno a la solución a la problemática de la laguna La Picasa y responsabilizó a los gobiernos provinciales de los últimos 20 años "en no dar las soluciones correspondientes".
Según Borello "el Comité de Cuenca La Picasa y Alternativa Norte, creado hace unos siete años, fue convertido por decisión provincial , y con el acompañamiento de quienes lo dirigen, en el instrumento para manejar uno de los problemas hídricos e hidrológicos más graves no sólo de Santa Fe sino de toda la región que comprende a tres provincias".
En tal sentido, desligó de responsabilidad alguna al Comité de Cuenca, y señaló que "lejos está de la lógica y de las posibilidades técnicas que una entidad de estas características y destinada a atender situaciones determinadas de los productores, que con su aporte la sostienen, de hacerse cargo de obras estructurales y de llevar adelante políticas que en más de 20 años el gobierno de Santa Fe no pudo, no supo o no quiso ni resolver ni atenuar".
Para el productor de Amenábar "todo esto quedó evidenciado en la última asamblea plenaria del pasado martes 15 en Villa Cañás. Lo que nos contaron el presidente del comité y el técnico tiene aspectos curiosos: durante el prolongado período sin lluvias no se pudo concluir con las obras del modesto canal de cinco kilómetros que reemplazará el inexistente bombeo de la estación destruida de la Alternativa Norte".
Sólo dos alcantarillas
"La empresa contratada de manera directa para ejecutar cuatro alcantarillas, con aportes nacionales, sólo hizo dos y mal. Una ya fue demolida para reconstruirla. Mientras tanto, gracias a un aporte de dinero, se restableció el bombeo de la Sur . Aparentemente, las necesidades de las lagunas de Junín, con poca agua por la sequía, ni la movida política que eso generó fueron suficientes y productores de Santa Fe pusimos la plata para que arrancara".
En tono dramático dijo que "esto no es lo más grave. En el informe del estado del sistema, según los directivos y técnicos del comité, están saliendo de La Picasa 4,5 metros cúbicos por segundo por rebalse natural por la Alternativa Norte, y otros 4,5 por segundo por bombeo en la Alternativa Sur, es decir el 90 por ciento de lo convenido con Buenos Aires. Ahora bien, las lluvias de mayo, no sólo detuvieron el descenso del nivel, sino que creció nueve centímetros hasta la cota actual de 104,86 metros sobre el nivel del mar".
"Y eso sólo por efecto de la lluvia sobre la laguna, ya que según manifestaron no hay ingresos contradiciendo los dichos del presidente de la comuna de Aarón Castellanos. Ahora bien. Si esto es así, ya casi en el límite máximo de salida y con lluvias aún por debajo de los promedios, la laguna crece, queda evidenciado el fracaso de lo que se está haciendo, persistiendo en un error que lleva años y con distintos actores repite la misma estrategia. Puede ser este el motivo de que el proyecto de la nueva ruta nacional 7 sea en cota 107, o sea 2,20 metros más alta que la actual. Y del ferrocarril, nunca más", alertó el productor Borello.
Gravedad
Para el productor agropecuario "no sólo no se atenuará el problema regional, sino que la próxima inundación será aún más grave que las anteriores. Sabemos que el manejo discrecional que hace Buenos Aires del agua siguiendo los lineamientos de un increíble funcionario que encaramado por décadas en su puesto no sólo le ha marcado la cancha a varias administraciones sino que, lo peor, ha hecho escuela perjudicando no sólo a Santa Fe como también el noroeste de Buenos Aires, es una parte de esta historia".
Y acotó: "Unos porque no actúan, otros porque impiden y los santafesinos que hacemos poco, mal y tarde es que estamos en esta situación. En La Picasa y en varias cuencas más".
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un productor agrario de la localidad de Amenábar advirtió que la cota subió pese a que las lluvias ahora son menores al promedio histórico.
El productor agrario de Amenábar, e integrante de la Sociedad Rural de Rosario, Angel Carlos Borello, planteó un escenario complicado en torno a la solución a la problemática de la laguna La Picasa y responsabilizó a los gobiernos provinciales de los últimos 20 años "en no dar las soluciones correspondientes".
Según Borello "el Comité de Cuenca La Picasa y Alternativa Norte, creado hace unos siete años, fue convertido por decisión provincial , y con el acompañamiento de quienes lo dirigen, en el instrumento para manejar uno de los problemas hídricos e hidrológicos más graves no sólo de Santa Fe sino de toda la región que comprende a tres provincias".
En tal sentido, desligó de responsabilidad alguna al Comité de Cuenca, y señaló que "lejos está de la lógica y de las posibilidades técnicas que una entidad de estas características y destinada a atender situaciones determinadas de los productores, que con su aporte la sostienen, de hacerse cargo de obras estructurales y de llevar adelante políticas que en más de 20 años el gobierno de Santa Fe no pudo, no supo o no quiso ni resolver ni atenuar".
Para el productor de Amenábar "todo esto quedó evidenciado en la última asamblea plenaria del pasado martes 15 en Villa Cañás. Lo que nos contaron el presidente del comité y el técnico tiene aspectos curiosos: durante el prolongado período sin lluvias no se pudo concluir con las obras del modesto canal de cinco kilómetros que reemplazará el inexistente bombeo de la estación destruida de la Alternativa Norte".
Sólo dos alcantarillas
"La empresa contratada de manera directa para ejecutar cuatro alcantarillas, con aportes nacionales, sólo hizo dos y mal. Una ya fue demolida para reconstruirla. Mientras tanto, gracias a un aporte de dinero, se restableció el bombeo de la Sur . Aparentemente, las necesidades de las lagunas de Junín, con poca agua por la sequía, ni la movida política que eso generó fueron suficientes y productores de Santa Fe pusimos la plata para que arrancara".
En tono dramático dijo que "esto no es lo más grave. En el informe del estado del sistema, según los directivos y técnicos del comité, están saliendo de La Picasa 4,5 metros cúbicos por segundo por rebalse natural por la Alternativa Norte, y otros 4,5 por segundo por bombeo en la Alternativa Sur, es decir el 90 por ciento de lo convenido con Buenos Aires. Ahora bien, las lluvias de mayo, no sólo detuvieron el descenso del nivel, sino que creció nueve centímetros hasta la cota actual de 104,86 metros sobre el nivel del mar".
"Y eso sólo por efecto de la lluvia sobre la laguna, ya que según manifestaron no hay ingresos contradiciendo los dichos del presidente de la comuna de Aarón Castellanos. Ahora bien. Si esto es así, ya casi en el límite máximo de salida y con lluvias aún por debajo de los promedios, la laguna crece, queda evidenciado el fracaso de lo que se está haciendo, persistiendo en un error que lleva años y con distintos actores repite la misma estrategia. Puede ser este el motivo de que el proyecto de la nueva ruta nacional 7 sea en cota 107, o sea 2,20 metros más alta que la actual. Y del ferrocarril, nunca más", alertó el productor Borello.
Gravedad
Para el productor agropecuario "no sólo no se atenuará el problema regional, sino que la próxima inundación será aún más grave que las anteriores. Sabemos que el manejo discrecional que hace Buenos Aires del agua siguiendo los lineamientos de un increíble funcionario que encaramado por décadas en su puesto no sólo le ha marcado la cancha a varias administraciones sino que, lo peor, ha hecho escuela perjudicando no sólo a Santa Fe como también el noroeste de Buenos Aires, es una parte de esta historia".
Y acotó: "Unos porque no actúan, otros porque impiden y los santafesinos que hacemos poco, mal y tarde es que estamos en esta situación. En La Picasa y en varias cuencas más".
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Ambiente y CONICET trabajaron sobre ecosistemas acuáticos
Ambiente y CONICET trabajan por la preservación de los ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, realizó la apertura del taller sobre la “Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El encuentro, que se extiende hasta el 30 de mayo, busca impulsar la creación de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. En este sentido, García Espil explicó que “la red permite desarrollar instrumentos de evaluación y monitoreo del estado de conservación de los distintos tipos de cuerpos de agua existentes en las diversas regiones de nuestro país a través de biomonitores, caudales ambientales y valores guía para proteger la biodiversidad”. “La red persigue profundizar la articulación entre las actividades del sector científico académico y las políticas públicas ambientales para la gestión ambiental del agua”, concluyó el funcionario.
Cabe recordar que, al respecto, el Plan Nacional de Agua establece instrumentos para la articulación entre el Estado nacional, las provincias, el sector privado y la sociedad, con el objetivo de lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento, la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento de la superficie bajo riego y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples.
De la misma manera, el Programa de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos desarrolla herramientas para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y su biósfera. Mediante el fortaleciendo del diagnóstico y la evaluación ambiental, busca proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, en un contexto de gobernanza que asegure el suministro, en cantidad y calidad, para uso doméstico y productivo, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la integridad ecológica de los ecosistemas.
De la actividad también participó Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos del CONICET; referentes del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA-CONICET – UNLP); del Instituto de Quìmica Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN- UBA); del Instituto Nacional de Limnologia (INALI– CONICET– UNL); Centro de investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP); Instituto de Biodiversidad Neotropical de la Universidad Nacional de Tucumán (IBN); del Museo Argentino de Ciencias Naturales, división Limnología, área ecología - CONICET (MACN); Grupo Ecología Acuática, Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía, UBA; Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); LILLO; Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC); Centro Científico Tecnológico (CENPAT); Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL); Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA e investigadores y personal técnico de la cartera de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, realizó la apertura del taller sobre la “Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El encuentro, que se extiende hasta el 30 de mayo, busca impulsar la creación de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. En este sentido, García Espil explicó que “la red permite desarrollar instrumentos de evaluación y monitoreo del estado de conservación de los distintos tipos de cuerpos de agua existentes en las diversas regiones de nuestro país a través de biomonitores, caudales ambientales y valores guía para proteger la biodiversidad”. “La red persigue profundizar la articulación entre las actividades del sector científico académico y las políticas públicas ambientales para la gestión ambiental del agua”, concluyó el funcionario.
Cabe recordar que, al respecto, el Plan Nacional de Agua establece instrumentos para la articulación entre el Estado nacional, las provincias, el sector privado y la sociedad, con el objetivo de lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento, la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento de la superficie bajo riego y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples.
De la misma manera, el Programa de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos desarrolla herramientas para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y su biósfera. Mediante el fortaleciendo del diagnóstico y la evaluación ambiental, busca proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, en un contexto de gobernanza que asegure el suministro, en cantidad y calidad, para uso doméstico y productivo, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la integridad ecológica de los ecosistemas.
De la actividad también participó Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos del CONICET; referentes del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA-CONICET – UNLP); del Instituto de Quìmica Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN- UBA); del Instituto Nacional de Limnologia (INALI– CONICET– UNL); Centro de investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP); Instituto de Biodiversidad Neotropical de la Universidad Nacional de Tucumán (IBN); del Museo Argentino de Ciencias Naturales, división Limnología, área ecología - CONICET (MACN); Grupo Ecología Acuática, Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía, UBA; Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); LILLO; Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC); Centro Científico Tecnológico (CENPAT); Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL); Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA e investigadores y personal técnico de la cartera de Ambiente.
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El Tigre rojo, señalan a fábrica textil o curtiembre
Tigre: apuntan a una fábrica textil o una curtiembre por el derrame que tiñó de rojo el río
Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Apuntan a las industrias que trabajan con anilina. Curtiembres y textiles son los principales sospechosos del vuelco clandestino que el sábado tiñó de rojo las aguas del Delta, en Tigre, y que afectó a toda la primera sección de islas.
Desde la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) admitieron que aún no se ha podido determinar con precisión el punto exacto donde ocurrió el hecho. Hasta ayer, el trabajo de fiscalización continuaba con la toma de muestras en un sector comprendido entre "la Panamericana y Campo de Mayo", con el foco puesto en un grupo de firmas instaladas en la zona.
"Tenemos el informe preliminar que descarta el origen biológico y confirma la presencia de elementos químicos. Ahora se debe determinar con precisión cuál es el tipo de sustancia que se vertió en los cauces de los ríos para poder hacer los controles cruzados y dar con los responsables", dijo Fabián Mazzanti, miembro del directorio de la ADA, que estimó que los resultados finales demorarán algunos días.
Entre las suposiciones que se barajaban hasta ayer, la chance de que haya sido un "error involuntario" quedó eliminada; al cierre de esta edición, no se habían recibido denuncias de accidentes. Para Mazzanti tampoco es viable que haya más de una empresa involucrada en el vuelco.
Dos equipos trabajaron ayer hasta que oscureció para reducir la zona de búsqueda, aunque según confiaron a LA NACION se trata de una pesquisa muy compleja. Las lluvias y el pronóstico de mal tiempo empeoran la situación.
Además, algo que sucede habitualmente -según Mazzanti- es que "las industrias activan estos operativos de vuelcos clandestinos durante la noche y de madrugada para evitar la presencia de testigos, y cuando comienzan las alertas y la situación toma estado público cierran las compuertas y cortan el vuelco. Por eso es realmente difícil de comprobar".
Ayer, sin embargo, mediante un operativo cerrojo se avanzó con nuevos indicios, señaló el funcionario, que confía en dar en los próximos días con la firma involucrada.
Luego de la reunión de la Mesa Ambiental bonaerense -conformada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la ADA- con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se analiza la posibilidad de realizar clausuras preventivas. Si hay elementos de sospecha, la OPDS tiene el poder de tomar esa medida, pero aún no trascendió la lista de los nombres posibles.
"La Policía Ecológica bonaerense, la Municipalidad de Tigre y la OPDS han trabajado en colaboración para avanzar lo más rápido posible", destacó Mazzanti.
El sábado pasado, bien temprano, por las redes sociales los sorprendidos vecinos de Tigre difundieron las fotos sacadas al río que mostraban la curiosa coloración en sus aguas. Decenas de usuarios compartieron distintos retratos del mismo episodio, con hashtags que hacían alusión al cuidado del medio ambiente, como #RíoTigreRojo o #CuidemosLoNuestro. "¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué le sucedió a nuestro querido Delta?", se preguntaban los usuarios. "Alojo la esperanza de poder dar una respuesta pronto", confió Mazzanti.
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Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Apuntan a las industrias que trabajan con anilina. Curtiembres y textiles son los principales sospechosos del vuelco clandestino que el sábado tiñó de rojo las aguas del Delta, en Tigre, y que afectó a toda la primera sección de islas.
Desde la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) admitieron que aún no se ha podido determinar con precisión el punto exacto donde ocurrió el hecho. Hasta ayer, el trabajo de fiscalización continuaba con la toma de muestras en un sector comprendido entre "la Panamericana y Campo de Mayo", con el foco puesto en un grupo de firmas instaladas en la zona.
"Tenemos el informe preliminar que descarta el origen biológico y confirma la presencia de elementos químicos. Ahora se debe determinar con precisión cuál es el tipo de sustancia que se vertió en los cauces de los ríos para poder hacer los controles cruzados y dar con los responsables", dijo Fabián Mazzanti, miembro del directorio de la ADA, que estimó que los resultados finales demorarán algunos días.
Entre las suposiciones que se barajaban hasta ayer, la chance de que haya sido un "error involuntario" quedó eliminada; al cierre de esta edición, no se habían recibido denuncias de accidentes. Para Mazzanti tampoco es viable que haya más de una empresa involucrada en el vuelco.
Dos equipos trabajaron ayer hasta que oscureció para reducir la zona de búsqueda, aunque según confiaron a LA NACION se trata de una pesquisa muy compleja. Las lluvias y el pronóstico de mal tiempo empeoran la situación.
Además, algo que sucede habitualmente -según Mazzanti- es que "las industrias activan estos operativos de vuelcos clandestinos durante la noche y de madrugada para evitar la presencia de testigos, y cuando comienzan las alertas y la situación toma estado público cierran las compuertas y cortan el vuelco. Por eso es realmente difícil de comprobar".
Ayer, sin embargo, mediante un operativo cerrojo se avanzó con nuevos indicios, señaló el funcionario, que confía en dar en los próximos días con la firma involucrada.
Luego de la reunión de la Mesa Ambiental bonaerense -conformada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la ADA- con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se analiza la posibilidad de realizar clausuras preventivas. Si hay elementos de sospecha, la OPDS tiene el poder de tomar esa medida, pero aún no trascendió la lista de los nombres posibles.
"La Policía Ecológica bonaerense, la Municipalidad de Tigre y la OPDS han trabajado en colaboración para avanzar lo más rápido posible", destacó Mazzanti.
El sábado pasado, bien temprano, por las redes sociales los sorprendidos vecinos de Tigre difundieron las fotos sacadas al río que mostraban la curiosa coloración en sus aguas. Decenas de usuarios compartieron distintos retratos del mismo episodio, con hashtags que hacían alusión al cuidado del medio ambiente, como #RíoTigreRojo o #CuidemosLoNuestro. "¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué le sucedió a nuestro querido Delta?", se preguntaban los usuarios. "Alojo la esperanza de poder dar una respuesta pronto", confió Mazzanti.
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Cuestionamientos entre intendentes por la Ley 7.722
Polémica entre intendentes oficialistas por la Ley 7.722
Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Después de las declaraciones del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, criticando la ley que prohíbe la utilización de algunas sustancias químicas en minería, recibió una respuesta desde el sur provincial.
Después de las declaraciones que hizo el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, señalando que se ha estigmatizado la actividad minera y criticó la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de ciertas sustancias químicas en esa industria, llegó la respuesta desde el sur provincial.
Su par de General Alvear, Walther Marcolini expresó su rechazo a las declaraciones de Iglesias a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
"Estoy en total desacuerdo con las declaraciones de Marcelino Iglesias con respecto a la Ley 7722", escribió este lunes Marcolini, uno de los líderes de las manifestaciones y cortes de rutas que se realizaron en el sur provincial hace una década y que terminaron con la sanción de la mencionada ley.
El intendente de Guaymallén había dicho en la "Mesa MDZ" que "se ha estigmatizado la actividad minera". "Eso de que no se puede usar cianuro... es jugar con el miedo de la gente", opinó y puso como ejemplo el Centro de Medicina Nuclear que funciona en el microcentro. "Si le hubieran dicho a la gente que a metros del kilómetro cero iba a haber un centro radiactivo, con máquinas que trabajan con tecnología nuclear, se lo hubieran impedido y hoy no podríamos beneficiarnos de un centro de salud de primerísimo nivel a nivel nacional", dijo.
Los cuestionamientos surgen por las protestas que se realizan por la utilización de la fractura hidráulica para la extracción de petróleo no convencional y que recuerdan las manifestaciones por la minería durante el Gobierno de Julio Cobos.
En el caso del fracking Marcolini no se ha mostrado en contra de la técnica, pero pidió al Ejecutivo provincial que le aseguren que no habrá contaminación del río Atuel. También pidió diálogo y no cortes de rutas, no así con la minería, ya que es fue un reconocido opositor a la actividad y participó de numerosas manifestaciones cuando no era intendente.
Respecto al fracking, Marcolini dijo: "no quiero el agua contaminada, ni vamos a tomar acciones que nos perjudiquen". En ese mismo sentido, en una entrevista con MDZ Radio dijo que eso se garantiza "con medidas de control, no necesariamente prohibiendo, y para el caso de propuestas de prohibición "habría que ir al Congreso de la Nación para modificar la Ley de Hidrocarburos".
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Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Después de las declaraciones del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, criticando la ley que prohíbe la utilización de algunas sustancias químicas en minería, recibió una respuesta desde el sur provincial.
Después de las declaraciones que hizo el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, señalando que se ha estigmatizado la actividad minera y criticó la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de ciertas sustancias químicas en esa industria, llegó la respuesta desde el sur provincial.
Su par de General Alvear, Walther Marcolini expresó su rechazo a las declaraciones de Iglesias a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
"Estoy en total desacuerdo con las declaraciones de Marcelino Iglesias con respecto a la Ley 7722", escribió este lunes Marcolini, uno de los líderes de las manifestaciones y cortes de rutas que se realizaron en el sur provincial hace una década y que terminaron con la sanción de la mencionada ley.
El intendente de Guaymallén había dicho en la "Mesa MDZ" que "se ha estigmatizado la actividad minera". "Eso de que no se puede usar cianuro... es jugar con el miedo de la gente", opinó y puso como ejemplo el Centro de Medicina Nuclear que funciona en el microcentro. "Si le hubieran dicho a la gente que a metros del kilómetro cero iba a haber un centro radiactivo, con máquinas que trabajan con tecnología nuclear, se lo hubieran impedido y hoy no podríamos beneficiarnos de un centro de salud de primerísimo nivel a nivel nacional", dijo.
Los cuestionamientos surgen por las protestas que se realizan por la utilización de la fractura hidráulica para la extracción de petróleo no convencional y que recuerdan las manifestaciones por la minería durante el Gobierno de Julio Cobos.
En el caso del fracking Marcolini no se ha mostrado en contra de la técnica, pero pidió al Ejecutivo provincial que le aseguren que no habrá contaminación del río Atuel. También pidió diálogo y no cortes de rutas, no así con la minería, ya que es fue un reconocido opositor a la actividad y participó de numerosas manifestaciones cuando no era intendente.
Respecto al fracking, Marcolini dijo: "no quiero el agua contaminada, ni vamos a tomar acciones que nos perjudiquen". En ese mismo sentido, en una entrevista con MDZ Radio dijo que eso se garantiza "con medidas de control, no necesariamente prohibiendo, y para el caso de propuestas de prohibición "habría que ir al Congreso de la Nación para modificar la Ley de Hidrocarburos".
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Córdoba avanza en energías renovables
Avanzan proyectos de energías renovables en Córdoba
Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Con inversiones en el sur de la provincia sigue adelante el exitoso Programa Renovar, que tiene por fin modificar la matriz energética y mejorar los precios.
En un contexto nacional caracterizado por la discusión sobre la política impositiva, el precio de las tarifas de los servicios públicos y, particularmente en la provincia de Córdoba, el marco regulatorio de la provisión de energía eléctrica, sigue avanzando un programa de desarrollo de energías renovables que apunta a transformar la matriz de generación para satisfacer la demanda del país.
En las últimas acciones desarrolladas dentro de esta política promovida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación se destacan varios proyectos que posicionan al sur de la provincial como un núcleo relevante para la producción de electricidad sin apelar a los combustibles fósiles.
Desde fines de marzo hasta el presente se produjo la firma de nuevos contratos referidos a proyectos de inversión para la generación de energía limpia. Estos convenios se suscribieron entre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y las empresas que participan del Programa Renovar, la propuesta pergeñada por el Gobierno nacional para incentivar el desarrollo de la producción de energías renovables.
De este modo, se establece que la electricidad producida a través de la transformación de energía solar y del procesamiento de material biológico sea inyectada al sistema eléctrico nacional.
El Programa Renovar se lanzó en 2016 con la intención de ampliar el aporte de las energías renovables en la matriz eléctrica del país en sucesivas etapas, con una meta para el año en curso del 8 por ciento de participación y de un 20 por ciento para el 2025. Hasta el presente se llevan adjudicados 147 proyectos en 21 provincias, por un total de 4.466,5 MW, en 3 rondas licitatorias. Se trata de 41 proyectos solares, 34 eólicos, 18 de biomasa, 14 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 36 de biogás y 4 de biogás de relleno sanitario.
En marzo de este año se aprobó por parte del directorio del Banco Mundial una garantía por 250 millones de dólares para impulsar los proyectos de energías renovables correspondientes a las nuevas etapas del Renovar.
Córdoba suma nuevos proyectos
Recientemente se firmaron los contratos para los parques solares Tinogasta II, en Catamarca de 6,96 MW, Tocota en San Juan de 72 MW, Nonogasta IV de 1 MW y Nonogasta II de 20,04 MW, estos últimos ubicados en La Rioja; las centrales térmicas de biogás Ampliación Bioeléctrica Dos de 1,2 MW y Biogeneradora Santa Catalina de 2 MW, ambas en la provincia de Córdoba; y por último la central térmica de biomasa Prodeman Bioenergía de 9 MW, ubicada en General Cabrera, Córdoba.
Los cuatro proyectos de energía solar pertenecen a la empresa 360 Energy S.A.; el proyecto de biomasa corresponde a la empresa Prodeman S.A.S, que obtendrá su energía a partir de la cáscara de maní; el proyecto de biogás Ampliación Bioeléctrica Dos pertenece a Bioeléctrica Dos S.A. y se trata de la ampliación de la Central Térmica Bioeléctrica Río Cuarto 2, que formó parte de la Ronda 1 del Programa RenovAr, generando energía a partir de vinaza liviana (subproducto de destilación de mosto) y desechos de maíz. Finalmente, la Central Térmica Biogeneradora Santa Catalina es un emprendimiento de Incisa S.A. y Biogeneradora Centro, que generará energía en su planta de biogás a partir de maíz, burlanda (el producto de la fermentación controlada de granos) y estiércol, en la localidad de Holmberg.
Inversiones multimillonarias en marcha
Según la información brindada a La Nueva Mañana por el Ministerio de Energía y Minería, actualmente hay 69 proyectos correspondientes a las primeras rondas de Renovar que se encuentran con el 100 por ciento de sus contratos firmados y de sus garantías constituidas, con un cumplimiento de hitos contractuales del 96 por ciento. El 54 por ciento de ese total de encuentra en construcción u operación comercial. Concretamente, son 37 proyectos de los cuales 32 están en construcción y 5 en operación por un volumen de energía producida estimado en 1.350 MW. Por otra parte hay otros 250 MW en obra a través del régimen establecido por la Resolución N° 281 para el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Mater), totalizando 1.600 MW por 2.100 millones de dólares de inversión directa.
Según destacan las fuentes consultadas, este programa impulsado desde el gobierno nacional permitió que en las sucesivas convocatorias realizadas el precio promedio del Megavatio por hora se redujera sensiblemente.
Los datos aportados por las autoridades muestran que ese indicador pasó de 61,41 dólares en la primera ronda de Renovar, pasando a 51,49 dólares en la más reciente.
Un punto destacado está en los precios mínimos de la tecnología solar, que pasaron de 59 dólares por MWh en la primera ronda a 40,44 dólares por MWh en la segunda ronda; y de la eólica, que varió su mínimo de 49 a 37 dólares por MWh.
Córdoba pionera
La provincia de Córdoba empezó a incursionar en la producción de biocombustibles hace bastante tiempo, en los comienzos del siglo XXI. Su potencial agrícola fue sin dudas el soporte necesario para proveer de la materia prima necesaria para la generación de los derivados de los cultivos del este, sureste y sur de la provincia. La proliferación de las oleaginosas como soja, maní y maíz, que tienen en tierra cordobesa las mayores extensiones respecto a otras provincias argentinas, hizo que se buscara introducir valor agregado a esos cultivos.
Hace casi una década que tomó impulso la instalación de plantas de biocombustibles en distintos puntos de la provincia, generando nuevos puestos de trabajo y una solución para pequeñas localidades del interior que encontraron en esta producción una opción valedera para superar las peripecias de economía cotidiana.
La encrucijada de la energía
Argentina atraviesa una situación muy compleja, en la que se mezclan los intereses políticos y económicos. Por un lado un gobierno que intenta sincerar los costos de los servicios públicos ante ciertos sectores de la oposición que pretenden retrotraer la situación bajo un concepto demagógico propio de su concepción política.
Por otro lado, en la provincia de Córdoba se discute y se legisla en el sentido de establecer un marco regulatorio para un servicio público elemental como es la electricidad.
Mientras todo esto sucede, hay importantes apuestas tendientes a sumar un mayor volumen de generación de energías limpias, lo que permitirá ajustar la matriz energética del país a las nuevas condiciones que impone el cuidado del medio ambiente.
Como casi siempre, está latente esa situación en la que el impulso de los inversores y generadores de nuevas opciones de progreso se enfrenta al status quo que contradictoriamente influye en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Una de las tantas instancias en que el país deberá superarse es esta, elegir el mejor camino para garantizar energía a un precio razonable para impulsar el desarrollo y la mejora en las condiciones de vida de los habitantes. En eso irá el futuro venturoso que se pueda generar para el país.
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En Misiones también plantean prohibir el glifosato
Proponen prohibir por ley el uso de glifosato en Misiones
Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: Misiones Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ley del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) que tiene como fin prohibir el uso y comercialización del glifosato en todo el territorio de la provincia de Misiones, como asimismo de todos los agrotóxicos prohibidos a nivel nacional e internacional.
En el proyecto se solicita iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueve la aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la Ley XVI-31, conocida como Agrotóxicos.
La iniciativa había sido presentada ya en otras ocasiones pero no tuvo aprobación, por eso la insistencia con un nuevo proyecto.
El objetivo de esta norma es “evitar el contacto de las poblaciones de la ciudadanía con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra su salud; prevenir patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida y proteger la flora y fauna de la región así como la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales existentes, incluyendo sus recursos hídricos”, indicó el autor.
El Ministerio de Ecología sería el organismo de aplicación y control, que deberá articular en caso de aprobarse el proyecto con el Ministerio del Agro y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia a fin de lograr el cumplimiento de la norma.
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos necesarios para su utilización, o que directamente por sus efectos nocivos para la salud humana debieran de prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
“El enorme número de vidas humanas perdidas por intoxicación por plaguicidas, lo que debe generarnos un alerta y una voluntad de legislar en favor de la protección de los derechos humanos de nuestras comunidades que puedan ser intoxicadas con el uso indebido de estas sustancias, ya sea por contacto directo, por darse fumigación con estas sustancias en cercanías de donde habitan, o por contaminación indirecta o derivada de productos de consumos, cursos de agua, etc”, agregó entre sus fundamentos.
Sostuvo, además, que “en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente, cabe mencionar que la utilización de plaguicidas peligrosos tiene efectos devastadores desde la contaminación de ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados hasta consecuencias ecológicas imprevisibles de la deriva de los residuos o los mismos plaguicidas por tierra, aire o agua. Producen desequilibrios biológicos entre especies predadoras y presas de la cadena alimenticia natural del ecosistema, hay una disminución sustancial en la biodiversidad de los suelos derivando en disminuciones importantes del rendimiento de las cosechas y nuevamente esto redunda en problemas de seguridad alimentaria”.
Expuso además el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que “la exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud. El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y por que estos estén libres de plaguicidas y resulten cualitativamente adecuados”.
Por su parte, el profesor Alejandro Borgmann del equipo de Agricultura Familiar, expresó la necesidad de que los conocimientos agronómicos que se transmiten en los centros de formación, contemplen toda la dimensión de la agricultura, incluyendo la agroecología, y no solo aquellos conocimientos necesarios para aplicación de paquetes tecnológicos.
Además, la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, expresó que “el Presidente de la Legislatura tiene muy claro lo que queremos para Misiones, basta señalar la Ley de Agricultura Familiar (VIII-69) y la de Agroecología (VIII-68) donde se expresa que, para Misiones, la agricultura familiar es el modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Y que Misiones plantea una Agricultura con agricultores, desde prácticas que no pongan en riesgo la salud humana ni la del planeta”.
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Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: Misiones Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ley del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) que tiene como fin prohibir el uso y comercialización del glifosato en todo el territorio de la provincia de Misiones, como asimismo de todos los agrotóxicos prohibidos a nivel nacional e internacional.
En el proyecto se solicita iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueve la aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la Ley XVI-31, conocida como Agrotóxicos.
La iniciativa había sido presentada ya en otras ocasiones pero no tuvo aprobación, por eso la insistencia con un nuevo proyecto.
El objetivo de esta norma es “evitar el contacto de las poblaciones de la ciudadanía con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra su salud; prevenir patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida y proteger la flora y fauna de la región así como la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales existentes, incluyendo sus recursos hídricos”, indicó el autor.
El Ministerio de Ecología sería el organismo de aplicación y control, que deberá articular en caso de aprobarse el proyecto con el Ministerio del Agro y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia a fin de lograr el cumplimiento de la norma.
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos necesarios para su utilización, o que directamente por sus efectos nocivos para la salud humana debieran de prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
“El enorme número de vidas humanas perdidas por intoxicación por plaguicidas, lo que debe generarnos un alerta y una voluntad de legislar en favor de la protección de los derechos humanos de nuestras comunidades que puedan ser intoxicadas con el uso indebido de estas sustancias, ya sea por contacto directo, por darse fumigación con estas sustancias en cercanías de donde habitan, o por contaminación indirecta o derivada de productos de consumos, cursos de agua, etc”, agregó entre sus fundamentos.
Sostuvo, además, que “en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente, cabe mencionar que la utilización de plaguicidas peligrosos tiene efectos devastadores desde la contaminación de ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados hasta consecuencias ecológicas imprevisibles de la deriva de los residuos o los mismos plaguicidas por tierra, aire o agua. Producen desequilibrios biológicos entre especies predadoras y presas de la cadena alimenticia natural del ecosistema, hay una disminución sustancial en la biodiversidad de los suelos derivando en disminuciones importantes del rendimiento de las cosechas y nuevamente esto redunda en problemas de seguridad alimentaria”.
Expuso además el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que “la exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud. El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y por que estos estén libres de plaguicidas y resulten cualitativamente adecuados”.
Por su parte, el profesor Alejandro Borgmann del equipo de Agricultura Familiar, expresó la necesidad de que los conocimientos agronómicos que se transmiten en los centros de formación, contemplen toda la dimensión de la agricultura, incluyendo la agroecología, y no solo aquellos conocimientos necesarios para aplicación de paquetes tecnológicos.
Además, la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, expresó que “el Presidente de la Legislatura tiene muy claro lo que queremos para Misiones, basta señalar la Ley de Agricultura Familiar (VIII-69) y la de Agroecología (VIII-68) donde se expresa que, para Misiones, la agricultura familiar es el modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Y que Misiones plantea una Agricultura con agricultores, desde prácticas que no pongan en riesgo la salud humana ni la del planeta”.
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La UNLP logra salvar de la extinción a la ranita de Valcheta
Investigadores de la UNLP salvan de la extinción a una especie de rana
Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de investigadores del Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) logró salvar de la extinción a la ranita de Valcheta, una especie endémica que solo habita en un pequeño arroyo de Río Negro y que hasta hace un año estaba entre las principales especies en peligro de desaparecer del planeta, se informó oficialmente.
El programa de reintroducción de esa especie es además "el primero de su tipo en el país" y se realizó "siguiendo estrictos protocolos encuadrados en una disciplina científica de reciente creación conocida como Biología de la Reintroducción”, indicó Jorge Williams, quien dirigió el proyecto junto a Federico Kacoliris, ambos investigadores del Museo.
"La reintroducción se realizó en un hábitat ya restaurado, donde tiempo atrás una población de esa especie se extinguió debido a las alteraciones en el ambiente”, explicó el científico en un informe al que accedió Télam.
Y agregó: “Se trata de un avance científico de enorme impacto, ya que esos pequeños anfibios ocupaban los primeros puestos en la lista de especies en peligro de extinción”.
La ranita de Valcheta (Pleurodema somuncurense), amenazada debido a la destrucción de su hábitat y la introducción de animales exóticos, estaba entre las ocho especies catalogadas como “en peligro” en la Lista Roja Nacional, y era además una de las tres únicas especies con categoría de “críticamente amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Su población habita exclusivamente en manantiales de filtración de aguas termales entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar, protegida bajo las piedras o sumergidas debajo de masas flotantes de musgos.
A principios de 2017, el equipo de biólogos logró reintroducir 150 ejemplares de la rana en las nacientes del curso de agua del arroyo homónimo, cerca de la localidad de Chipauquil, en la Meseta rionegrina de Somuncura.
Habían sido criadas en cautiverio en laboratorios de la Universidad, y recientemente se pudo comprobar que los animales liberados hace un año "sobrevivieron y se adaptaron al ecosistema natural".
Tras esa exitosa experiencia, semanas atrás se realizó una nueva reintroducción de ejemplares en en un pequeño tramo del arroyo Valcheta, con el objetivo de "asegurar la supervivencia de la especie a largo plazo y recuperar definitivamente el funcionamiento original del ecosistema", señalaron los investigadores, pertenecientes a la Sección Herpetología de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata y Conicet.
El lugar elegido esa vez fueron las nacientes de agua que dan origen al arroyo Valcheta, situadas en una zona reconocida “como sitio de gran importancia a escala mundial debido a sus singularidades biológicas, geológicas y culturales”, explicaron los expertos.
El proyecto es llevado adelante desde 2014 por Kacoliris, Williams y su equipo, quienes iniciaron la cría de ejemplares de la especie en un laboratorio del Museo en 2015, año en que se trasladaron un total de 40 individuos (20 machos y 20 hembras) hacia las instalaciones especialmente acondicionadas para lograr su adaptación al cautiverio.
"La información generada a partir de este programa será de gran utilidad para evaluar y promover la conservación de esta y otras especies de vertebrados a escala nacional y posiblemente internacional", destacó Williams.
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Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de investigadores del Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) logró salvar de la extinción a la ranita de Valcheta, una especie endémica que solo habita en un pequeño arroyo de Río Negro y que hasta hace un año estaba entre las principales especies en peligro de desaparecer del planeta, se informó oficialmente.
El programa de reintroducción de esa especie es además "el primero de su tipo en el país" y se realizó "siguiendo estrictos protocolos encuadrados en una disciplina científica de reciente creación conocida como Biología de la Reintroducción”, indicó Jorge Williams, quien dirigió el proyecto junto a Federico Kacoliris, ambos investigadores del Museo.
"La reintroducción se realizó en un hábitat ya restaurado, donde tiempo atrás una población de esa especie se extinguió debido a las alteraciones en el ambiente”, explicó el científico en un informe al que accedió Télam.
Y agregó: “Se trata de un avance científico de enorme impacto, ya que esos pequeños anfibios ocupaban los primeros puestos en la lista de especies en peligro de extinción”.
La ranita de Valcheta (Pleurodema somuncurense), amenazada debido a la destrucción de su hábitat y la introducción de animales exóticos, estaba entre las ocho especies catalogadas como “en peligro” en la Lista Roja Nacional, y era además una de las tres únicas especies con categoría de “críticamente amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Su población habita exclusivamente en manantiales de filtración de aguas termales entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar, protegida bajo las piedras o sumergidas debajo de masas flotantes de musgos.
A principios de 2017, el equipo de biólogos logró reintroducir 150 ejemplares de la rana en las nacientes del curso de agua del arroyo homónimo, cerca de la localidad de Chipauquil, en la Meseta rionegrina de Somuncura.
Habían sido criadas en cautiverio en laboratorios de la Universidad, y recientemente se pudo comprobar que los animales liberados hace un año "sobrevivieron y se adaptaron al ecosistema natural".
Tras esa exitosa experiencia, semanas atrás se realizó una nueva reintroducción de ejemplares en en un pequeño tramo del arroyo Valcheta, con el objetivo de "asegurar la supervivencia de la especie a largo plazo y recuperar definitivamente el funcionamiento original del ecosistema", señalaron los investigadores, pertenecientes a la Sección Herpetología de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata y Conicet.
El lugar elegido esa vez fueron las nacientes de agua que dan origen al arroyo Valcheta, situadas en una zona reconocida “como sitio de gran importancia a escala mundial debido a sus singularidades biológicas, geológicas y culturales”, explicaron los expertos.
El proyecto es llevado adelante desde 2014 por Kacoliris, Williams y su equipo, quienes iniciaron la cría de ejemplares de la especie en un laboratorio del Museo en 2015, año en que se trasladaron un total de 40 individuos (20 machos y 20 hembras) hacia las instalaciones especialmente acondicionadas para lograr su adaptación al cautiverio.
"La información generada a partir de este programa será de gran utilidad para evaluar y promover la conservación de esta y otras especies de vertebrados a escala nacional y posiblemente internacional", destacó Williams.
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El río Neuquén impactado desde Río Negro
Al río Neuquén también lo dañan desde Río Negro
Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
El daño ambiental en el río Neuquén no es exclusivo de esta provincia. Ahora los vecinos de la ciudad de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, solicitaron un amparo ambiental con las mismas características que los hicieron los vecinos de Centenario.
El fiscal de cámara Mario Saba Herrera solicitó el 21 de mayo que la causa que se tramita en la provincia de Río Negro se unifique con la de Neuquén, ante la declaración de incompetencia de la jueza Carolina Pandolfi.
El motivo es que el río Neuquén es uno solo y tanto de una como de otra costa pueden contaminarlo. En el expediente aparecen análisis que realizó Prefectura nacional, los cuales arrojaron altos índices de Escherichia coli a la salida de la planta rionegrina.
Es por eso que el fiscal le pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que revoque el fallo de Pandolfi e incorpore a los vecinos que denunciaron desperfectos en la planta cloacal de Cinco Saltos, que administra el Departamento Provincial de Aguas (DPA) de esa provincia.
El defensor federal de Neuquén, Pablo Matkovic, sostuvo ayer a LM Neuquén que espera que la causa de Cinco Saltos sea tratada en Neuquén debido a que en ambas costas provinciales utilizan las mismas aguas: las del río Neuquén.
En Neuquén, además del amparo ambiental hay una causa penal contra el actual intendente de Centenario, Esteban Cimolai, y su antecesor, Javier Bertoldi, debido a la detección de vertidos crudos que fueron constatados en distintas inspecciones del EPAS, de 2012 a 2015. Incluso los vertidos siguieron hasta los primeros días de 2017. Es por eso que la Justicia Federal ordenó al Municipio de Centenario realizar una audiencia pública (que se hizo en diciembre) y un plan de adecuación de la planta. En ese sentido, la comuna tuvo que poner más de 40 millones de pesos para restablecer algunas de sus funciones.
Pidieron que se modifique el fallo
El fiscal federal de cámara, Mario Saba Herrera, consideró que el fallo de la jueza federal neuquina, Carolina Pandolfi, debe modificarse en punto a la competencia del territorio. Fundamenta el pedido debido a que la contaminación del río no puede solamente configurarse sobre una de las costas.
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Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
El daño ambiental en el río Neuquén no es exclusivo de esta provincia. Ahora los vecinos de la ciudad de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, solicitaron un amparo ambiental con las mismas características que los hicieron los vecinos de Centenario.
El fiscal de cámara Mario Saba Herrera solicitó el 21 de mayo que la causa que se tramita en la provincia de Río Negro se unifique con la de Neuquén, ante la declaración de incompetencia de la jueza Carolina Pandolfi.
El motivo es que el río Neuquén es uno solo y tanto de una como de otra costa pueden contaminarlo. En el expediente aparecen análisis que realizó Prefectura nacional, los cuales arrojaron altos índices de Escherichia coli a la salida de la planta rionegrina.
Es por eso que el fiscal le pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que revoque el fallo de Pandolfi e incorpore a los vecinos que denunciaron desperfectos en la planta cloacal de Cinco Saltos, que administra el Departamento Provincial de Aguas (DPA) de esa provincia.
El defensor federal de Neuquén, Pablo Matkovic, sostuvo ayer a LM Neuquén que espera que la causa de Cinco Saltos sea tratada en Neuquén debido a que en ambas costas provinciales utilizan las mismas aguas: las del río Neuquén.
En Neuquén, además del amparo ambiental hay una causa penal contra el actual intendente de Centenario, Esteban Cimolai, y su antecesor, Javier Bertoldi, debido a la detección de vertidos crudos que fueron constatados en distintas inspecciones del EPAS, de 2012 a 2015. Incluso los vertidos siguieron hasta los primeros días de 2017. Es por eso que la Justicia Federal ordenó al Municipio de Centenario realizar una audiencia pública (que se hizo en diciembre) y un plan de adecuación de la planta. En ese sentido, la comuna tuvo que poner más de 40 millones de pesos para restablecer algunas de sus funciones.
Pidieron que se modifique el fallo
El fiscal federal de cámara, Mario Saba Herrera, consideró que el fallo de la jueza federal neuquina, Carolina Pandolfi, debe modificarse en punto a la competencia del territorio. Fundamenta el pedido debido a que la contaminación del río no puede solamente configurarse sobre una de las costas.
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Entre Ríos: fallo favorece la limitación de las fumigaciones
Un fallo confirmó que el municipio de Victoria es competente para impedir en sus islas la agricultura intensiva
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Minería solo para que "cierren los números" del gobierno
Carlos Ferrer: “Las finanzas provinciales no son sustentables y se necesita de la minería”
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El abogado habló sobre la expectativa de reactivación del sector y de cómo sobreviven los proveedores mendocinos Reclamó política de Estado.
Carlos Ferrer es abogado, egresado de la Universidad de Mendoza en 1988. Desde entonces, se ha especializado en Derecho Minero, incluso es parte de la comisión pertinente del Colegio de Abogados de la provincia.
El letrado -que cofundó en 2010 y preside desde 2011 la Cámara de Servicios Mineros, integrada por 45 empresas mayormente medianas- participó del Ciclo de Encuentros de Los Andes.
-¿Sirvió de algo la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para acercar posturas sobre minería?
-Esto tuvo dos caras. Aportó en el sentido de que se convocaron absolutamente a todos los sectores: universidad, productores, proveedores, titulares de derechos mineros, cámaras de empresarios. Se hizo mucha docencia, y sirvió para darse cuenta de que el detractor de la minería, que fue invitado, no quiso participar.
La otra cara de la moneda es que no sirvió, porque tiene que tener un tratamiento rápido, a través de un borrador de política de Estado provincial acerca de la minería... Eso iba a elevarse al Gobernador para que, con su aval, fuera a la Legislatura. Y se trabó.
-Considerando que hay señales de respaldo del Gobierno, ¿cuál cree que fue la razón?
-Falta de decisión política. Es el momento de aprovechar la coyuntura y hacer historia. Cornejo, y su administración, saben que no son sustentables las finanzas provinciales y necesita de la minería para fortificar la matriz productiva.
-La decisión política pro-fracking, ¿generará un viento de cola que arrastre a la minería?
-Sí. Y tiene que haberlo. Porque padecemos la misma discriminación, siendo legal el fracking, una actividad que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo, al igual que la minería. Chile tiene 3 mil proyectos totalmente compatibles con la vitivinicultura y el agro de exportación en los mismos lugares. Basta cruzar la cordillera y verlo; sólo en Santiago se observan edificios nuevos en construcción en cada viaje, y eso es minería.
-Mendoza afronta el frente político, el social y el legal, y dos grandes proyectos frenados como Potasio y San Jorge…
-Y también uranio, con Sierra Pintada, y el restante proyecto que tiene Mendoza pueden abastecer a toda la energía nuclear de las dos centrales Atucha y otras dos a construir. Y convertirse en exportador, junto a Chubut, de energía limpia. Tenemos reservas para exportar y abastecer el consumo interno, pero hoy importamos uranio por u$s 150 millones por año. Y también cobre fino, cuando solamente San Jorge podría satisfacer toda la demanda nacional.
-Al parecer Potasio, en busca de inversor, está más cerca. ¿Esperan efecto cascada sobre el resto?
-A pesar de no ser metalífero y que su parate no fue a raíz de un conflicto, creo que sí, porque la minería es una sola. En la Cámara, de unos 400 contratos importantes, unos 30 eran de Potasio Río Colorado, y significaban una facturación global de casi u$s 3 millones mensuales. Si a esa cifra se le deduce el 3% de Ingresos Brutos, era generar más de $ 700 millones al Gobierno. No es sólo el derrame a largo plazo, sino el del momento... Se empieza a generar riqueza para el erario público de un día al otro. Para el Gobierno se trata de gestionar, y resulta más fácil porque no exige tomar una decisión política…
-Luego del rechazo de la Corte local, ¿quedan expectativas de frenar la ley 7.722 en la justicia?
-Está abierta la instancia judicial todavía. Se han hecho planteos de algunas empresas ante la Corte nacional, pero basta que una lo haya hecho para que se abra el camino. Creemos que la Corte tiene que reconocer la inconstitucionalidad de la ley.
-¿Por qué cree que el tribunal nacional va a revertir un fallo local?
-Es la esperanza que tenemos, nuestro último recurso. Además, la Corte sabe que la Nación está tratando de instalar el tema, hay argumentos para hacerlo, y sabe también que por otro lado se está tratando de trabar. Confiamos en una mayor imparcialidad del tribunal nacional que en el provincial, principalmente porque acá nadie quiere pagar el precio jurídico y el político.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El abogado habló sobre la expectativa de reactivación del sector y de cómo sobreviven los proveedores mendocinos Reclamó política de Estado.
Carlos Ferrer es abogado, egresado de la Universidad de Mendoza en 1988. Desde entonces, se ha especializado en Derecho Minero, incluso es parte de la comisión pertinente del Colegio de Abogados de la provincia.
El letrado -que cofundó en 2010 y preside desde 2011 la Cámara de Servicios Mineros, integrada por 45 empresas mayormente medianas- participó del Ciclo de Encuentros de Los Andes.
-¿Sirvió de algo la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para acercar posturas sobre minería?
-Esto tuvo dos caras. Aportó en el sentido de que se convocaron absolutamente a todos los sectores: universidad, productores, proveedores, titulares de derechos mineros, cámaras de empresarios. Se hizo mucha docencia, y sirvió para darse cuenta de que el detractor de la minería, que fue invitado, no quiso participar.
La otra cara de la moneda es que no sirvió, porque tiene que tener un tratamiento rápido, a través de un borrador de política de Estado provincial acerca de la minería... Eso iba a elevarse al Gobernador para que, con su aval, fuera a la Legislatura. Y se trabó.
-Considerando que hay señales de respaldo del Gobierno, ¿cuál cree que fue la razón?
-Falta de decisión política. Es el momento de aprovechar la coyuntura y hacer historia. Cornejo, y su administración, saben que no son sustentables las finanzas provinciales y necesita de la minería para fortificar la matriz productiva.
-La decisión política pro-fracking, ¿generará un viento de cola que arrastre a la minería?
-Sí. Y tiene que haberlo. Porque padecemos la misma discriminación, siendo legal el fracking, una actividad que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo, al igual que la minería. Chile tiene 3 mil proyectos totalmente compatibles con la vitivinicultura y el agro de exportación en los mismos lugares. Basta cruzar la cordillera y verlo; sólo en Santiago se observan edificios nuevos en construcción en cada viaje, y eso es minería.
-Mendoza afronta el frente político, el social y el legal, y dos grandes proyectos frenados como Potasio y San Jorge…
-Y también uranio, con Sierra Pintada, y el restante proyecto que tiene Mendoza pueden abastecer a toda la energía nuclear de las dos centrales Atucha y otras dos a construir. Y convertirse en exportador, junto a Chubut, de energía limpia. Tenemos reservas para exportar y abastecer el consumo interno, pero hoy importamos uranio por u$s 150 millones por año. Y también cobre fino, cuando solamente San Jorge podría satisfacer toda la demanda nacional.
-Al parecer Potasio, en busca de inversor, está más cerca. ¿Esperan efecto cascada sobre el resto?
-A pesar de no ser metalífero y que su parate no fue a raíz de un conflicto, creo que sí, porque la minería es una sola. En la Cámara, de unos 400 contratos importantes, unos 30 eran de Potasio Río Colorado, y significaban una facturación global de casi u$s 3 millones mensuales. Si a esa cifra se le deduce el 3% de Ingresos Brutos, era generar más de $ 700 millones al Gobierno. No es sólo el derrame a largo plazo, sino el del momento... Se empieza a generar riqueza para el erario público de un día al otro. Para el Gobierno se trata de gestionar, y resulta más fácil porque no exige tomar una decisión política…
-Luego del rechazo de la Corte local, ¿quedan expectativas de frenar la ley 7.722 en la justicia?
-Está abierta la instancia judicial todavía. Se han hecho planteos de algunas empresas ante la Corte nacional, pero basta que una lo haya hecho para que se abra el camino. Creemos que la Corte tiene que reconocer la inconstitucionalidad de la ley.
-¿Por qué cree que el tribunal nacional va a revertir un fallo local?
-Es la esperanza que tenemos, nuestro último recurso. Además, la Corte sabe que la Nación está tratando de instalar el tema, hay argumentos para hacerlo, y sabe también que por otro lado se está tratando de trabar. Confiamos en una mayor imparcialidad del tribunal nacional que en el provincial, principalmente porque acá nadie quiere pagar el precio jurídico y el político.
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La Pampa planea una nueva Ley Ambiental
El gobierno presentó la nueva Ley Ambiental
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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Nació el primer tapir en el Parque Iberá
Nació el primer tapir en el Parque Iberá, resultado de un proyecto de reintroducción de la especie en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Litoral
Este nuevo ejemplar es el segundo tapir nacido en Iberá después de iniciar el proyecto de reintroducción de la especie de la organización la organización The Conservation Land Trust (CLT) , con el apoyo del gobierno de Corrientes. Es el primero en ser concebido en el Parque Iberá.
Sus progenitores llegaron a Rincón del Socorro a principios de 2017. Son India, procedente de la Estación de Fauna Autóctona de Salta, y Nene Malo, que arribó al proyecto desde la Reserva Experimental de Flora y Fauna Horco Molle, en Tucumán.
Aunque ya se sabía desde hace un tiempo que India estaba preñada, el hallazgo del pequeño, encontrado el martes con uno o dos días de vida al lado de su madre, dio una nueva alegría al equipo que trabaja con esta especie en Rincón del Socorro y da alas al proyecto que pretende establecer una población de esta especie en Iberá. Aún así, Emanuel Galetto, responsable del equipo de monitoreo es prudente “porque que las primeras semanas son críticas para la cría, ya que es vulnerable a distintos peligros”.
“La colaboración de estos centros de fauna, y otros que han donado animales al proyecto que CLT desarrolla en Iberá junto con el Gobierno de Corrientes, está haciendo posible que el Iberá recupere parte de la fauna que perdió y sea pionera en la reintroducción , a nivel mundial, de esta especie de tapir”, informaron a través de sus redes sociales desde la ONG ambiental que pertenece al grupo Tompkins Conservation.
Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, extendiéndose desde el Trópico hasta la Antártida y albergando una enorme diversidad de ambientes naturales: selvas lluviosas, bosques nublados, humedales, sabanas y pastizales tropicales; desiertos; bosques, selvas, matorrales, praderas y estepas templados; humedales costeros, campos de hielo y uno de los mares más productivos del planeta.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Litoral
Este nuevo ejemplar es el segundo tapir nacido en Iberá después de iniciar el proyecto de reintroducción de la especie de la organización la organización The Conservation Land Trust (CLT) , con el apoyo del gobierno de Corrientes. Es el primero en ser concebido en el Parque Iberá.
Sus progenitores llegaron a Rincón del Socorro a principios de 2017. Son India, procedente de la Estación de Fauna Autóctona de Salta, y Nene Malo, que arribó al proyecto desde la Reserva Experimental de Flora y Fauna Horco Molle, en Tucumán.
Aunque ya se sabía desde hace un tiempo que India estaba preñada, el hallazgo del pequeño, encontrado el martes con uno o dos días de vida al lado de su madre, dio una nueva alegría al equipo que trabaja con esta especie en Rincón del Socorro y da alas al proyecto que pretende establecer una población de esta especie en Iberá. Aún así, Emanuel Galetto, responsable del equipo de monitoreo es prudente “porque que las primeras semanas son críticas para la cría, ya que es vulnerable a distintos peligros”.
“La colaboración de estos centros de fauna, y otros que han donado animales al proyecto que CLT desarrolla en Iberá junto con el Gobierno de Corrientes, está haciendo posible que el Iberá recupere parte de la fauna que perdió y sea pionera en la reintroducción , a nivel mundial, de esta especie de tapir”, informaron a través de sus redes sociales desde la ONG ambiental que pertenece al grupo Tompkins Conservation.
Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, extendiéndose desde el Trópico hasta la Antártida y albergando una enorme diversidad de ambientes naturales: selvas lluviosas, bosques nublados, humedales, sabanas y pastizales tropicales; desiertos; bosques, selvas, matorrales, praderas y estepas templados; humedales costeros, campos de hielo y uno de los mares más productivos del planeta.
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Mendoza también impulsa Fiscalías Ambientales
Impulsan la creación de Fiscalías de Delitos Ambientales
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia en casos de “delitos ambientales”, el diputado del Partido Demócrata, Marcos Niven, impulsa la creación de fiscalías especializadas en esta temática.
Niven dialogó con FM Vos (91.5) y destacó la importancia de esta propuesta, ya que actualmente no existen organismos judiciales dedicados específicamente a esta tarea.
“La población de Mendoza está muy sensible y preocupada ante cualquier explotación que contamine, y además tiene una enorme desconfianza porque no hay controles pertinentes sobre el tema”, destacó Niven, quien plantea que “hay que avanzar sobre nuevos organismos de control. En este sentido, el Procurador de la Corte tiene facultades para creas fiscalías específicas y ya lo ha hecho. Sería de mucha utilidad contar con fiscalías sobre delitos ambientales”.
El pedido del PD ingresado en la cámara baja provincial plantea que el Procurador de la Suprema Corte cree la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y la dote de personal e infraestructura, teniendo en cuenta que a nivel nacional funciona una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Según el proyecto de Niven, “cuando los delitos salen del territorio de nuestra provincia, por ejemplo, contaminación de un río o sustancias peligrosas, la competencia es de la Justicia Federal, pero cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro del territorio de una provincia, le corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma”.
“En Mendoza, cuando se denuncia un delito ambiental, es ingresado por la Unidad Fiscal que corresponde al domicilio del denunciante o del lugar de la contaminación o delito y después de estudiar el caso, puede ser derivado a la Fiscalía de Delitos Complejos. Entendemos que, al igual que la Nación, debe existir en nuestra provincia una Fiscalía Especial de Delitos Ambientales”, destaca la iniciativa.
Finalmente, el legislador planteó que “estamos trabajando en un proyecto de creación de una agencia específica que abarque todo el tema ambiental. Es algo muy complejo y lo estamos preparando para presentar pronto”.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia en casos de “delitos ambientales”, el diputado del Partido Demócrata, Marcos Niven, impulsa la creación de fiscalías especializadas en esta temática.
Niven dialogó con FM Vos (91.5) y destacó la importancia de esta propuesta, ya que actualmente no existen organismos judiciales dedicados específicamente a esta tarea.
“La población de Mendoza está muy sensible y preocupada ante cualquier explotación que contamine, y además tiene una enorme desconfianza porque no hay controles pertinentes sobre el tema”, destacó Niven, quien plantea que “hay que avanzar sobre nuevos organismos de control. En este sentido, el Procurador de la Corte tiene facultades para creas fiscalías específicas y ya lo ha hecho. Sería de mucha utilidad contar con fiscalías sobre delitos ambientales”.
El pedido del PD ingresado en la cámara baja provincial plantea que el Procurador de la Suprema Corte cree la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y la dote de personal e infraestructura, teniendo en cuenta que a nivel nacional funciona una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Según el proyecto de Niven, “cuando los delitos salen del territorio de nuestra provincia, por ejemplo, contaminación de un río o sustancias peligrosas, la competencia es de la Justicia Federal, pero cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro del territorio de una provincia, le corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma”.
“En Mendoza, cuando se denuncia un delito ambiental, es ingresado por la Unidad Fiscal que corresponde al domicilio del denunciante o del lugar de la contaminación o delito y después de estudiar el caso, puede ser derivado a la Fiscalía de Delitos Complejos. Entendemos que, al igual que la Nación, debe existir en nuestra provincia una Fiscalía Especial de Delitos Ambientales”, destaca la iniciativa.
Finalmente, el legislador planteó que “estamos trabajando en un proyecto de creación de una agencia específica que abarque todo el tema ambiental. Es algo muy complejo y lo estamos preparando para presentar pronto”.
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Nuevo Sitio Ramsar en Mendoza
Argentina suma un nuevo humedal de importancia internacional: la Reserva Natural Villavicencio
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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Confirman vuelco clandestino en el "río rojo" de Tigre
Tigre: confirman que lo que tiñó el río de rojo fue "un vuelco clandestino"
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Las aguas del río en Tigre amanecieron teñidas de rojo ayer, causando sorpresa en los vecinos de la zona. Las investigaciones preliminares de laboratorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) determinaron hoy que "se debe a un vuelco clandestino" de algún efluente industrial o naval, informó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de ADA, a LA NACIÓN.
La otra posibilidad que se consideró fue la floración de algas rojas, pero fue descartada ya que no hubo presencia de estos organismos en las muestras de agua recolectada.
Desde ayer, Mazzanti estimó que, por el gran volumen de agua teñida, podría deberse a un efluente industrial.
"En este momento está nuestro equipo de ADA conjuntamente con el equipo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires haciendo la investigación in situ para determinar el punto exacto del vuelco. Es una tarea compleja", determinó Mazzanti.
Desde ayer, la municipalidad de Tigre advirtió sobre la posible toxicidad del agua. "Se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso", indicaron en un comunicado oficial por Facebook. Al respecto, Mazzanti recalcó hoy que el laboratorio de ADA aún no ha determinado si el agua es tóxica o no. "Se debe esperar al resultado definitivo del laboratorio que demora aproximadamente 48 horas", dijo.
La coloración afectó a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo.
El color rojo más intenso se registró alrededor de las 10 horas. En la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Las aguas del río en Tigre amanecieron teñidas de rojo ayer, causando sorpresa en los vecinos de la zona. Las investigaciones preliminares de laboratorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) determinaron hoy que "se debe a un vuelco clandestino" de algún efluente industrial o naval, informó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de ADA, a LA NACIÓN.
La otra posibilidad que se consideró fue la floración de algas rojas, pero fue descartada ya que no hubo presencia de estos organismos en las muestras de agua recolectada.
Desde ayer, Mazzanti estimó que, por el gran volumen de agua teñida, podría deberse a un efluente industrial.
"En este momento está nuestro equipo de ADA conjuntamente con el equipo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires haciendo la investigación in situ para determinar el punto exacto del vuelco. Es una tarea compleja", determinó Mazzanti.
Desde ayer, la municipalidad de Tigre advirtió sobre la posible toxicidad del agua. "Se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso", indicaron en un comunicado oficial por Facebook. Al respecto, Mazzanti recalcó hoy que el laboratorio de ADA aún no ha determinado si el agua es tóxica o no. "Se debe esperar al resultado definitivo del laboratorio que demora aproximadamente 48 horas", dijo.
La coloración afectó a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo.
El color rojo más intenso se registró alrededor de las 10 horas. En la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
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Afirman que llevará 4 años instalar la incineradora
La planta de incineración de la Ciudad estará instalada en cuatro años
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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La Pampa comienza a debatir la prohibición del fracking
Berhongaray pide 'prohibir' el 'fracking' en La Pampa
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Las denuncias de organizaciones ambientalistas por la extracción de hidrocarburos a través del sistema fracking y la posible contaminación de napas en Mendoza, que podría afectar las aguas del río Atuel, encendió la alarma en La Pampa, que carece de una legislación al respecto.
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
En las últimas semanas, ONGs ambientalistas denunciaron que el gobierno mendocino autorizó el fracking en cuatro pozos en la zona de Malargüe y advirtieron que las napas están contaminadas con hidrocarburos, una situación que podría contaminar el río Atuel, que es interprovincial, afectando los intereses de La Pampa.
-Pero en Mendoza esa actividad la autorizó el gobernador Alfredo Cornejo por vía de un decreto…
-Es un acto de irresponsabilidad y además de cuestionable legalidad, porque hay enormes dudas en el mundo detrás de
la técnica del fracking. Hay algunos riesgos que son conocidos y otros desconocidos porque es un secreto empresarial muy bien guardado de las empresas que se encargan de la operación. Pero lo concreto es que se ponen en riesgo los acuíferos porque se usan enormes cantidades de productos químicos que tienen una alta toxicidad, son altamente contaminantes.
-¿Por qué dice que el decreto es de cuestionable legalidad?
-Porque un gobierno no puede tomar esas decisiones de manera unilateral cuando se trata de recursos que son interprovinciales, y está claro que se viene actuando sobre una cuenca que la provincia de Mendoza comparte con La Pampa. Ese tipo de decisiones además de arbitrarias, son inconstitucionales.
-¿Por qué avanzan en el mundo este tipo de técnicas como el fracking?
-Muy simple, hay mucha plata de por medio. Cada vez hay menos yacimientos de gas convencionales porque se vienen agotando, y surge la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales que presentan algunas dificultades técnicas para la extracción porque ese gas está alojado en rocas que tienen una baja porosidad y son poco permeables, lo que hace mucho más lento y menos rentable al proceso. Para agilizarlo se usa la técnica del fracking que acelera el ritmo de extracción y así se hace rentable la explotación. Se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión y se usan aditivos específicos de los cuales muchos tienen una alta toxicidad.
-¿Cómo responde la legislación argentina a esta cuestionada técnica?
-Por el momento no hay una respuesta uniforme. Con esta historia de que los recursos naturales son de las provincias, lo cual es falso cuando hablamos de recursos interprovinciales, cada provincia decide lo que le parece. El tema del fracking debe formar parte de los presupuestos mínimos ambientales a ser exigidos en todo el país, y que hasta que no exista certeza científica de que una práctica semejante no va a contaminar, hay que prohibirla terminantemente.
-¿Hoy no está esa certeza?
-Todo lo contrario, todos los indicios hablan del enorme riesgo ambiental que hay detrás de esa actividad. Hay riesgos de explosión, de escapes de gas, de escapes de ácido sulfhídrico que es sumamente tóxico, pueden ocurrir derrumbes de la formación sobre la tubería, y todo eso puede perjudicar seriamente a los acuíferos subterráneos y hasta contaminar el aire. Además es bestial las cantidades de agua que se utilizan en cada pozo.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Las denuncias de organizaciones ambientalistas por la extracción de hidrocarburos a través del sistema fracking y la posible contaminación de napas en Mendoza, que podría afectar las aguas del río Atuel, encendió la alarma en La Pampa, que carece de una legislación al respecto.
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
En las últimas semanas, ONGs ambientalistas denunciaron que el gobierno mendocino autorizó el fracking en cuatro pozos en la zona de Malargüe y advirtieron que las napas están contaminadas con hidrocarburos, una situación que podría contaminar el río Atuel, que es interprovincial, afectando los intereses de La Pampa.
-Pero en Mendoza esa actividad la autorizó el gobernador Alfredo Cornejo por vía de un decreto…
-Es un acto de irresponsabilidad y además de cuestionable legalidad, porque hay enormes dudas en el mundo detrás de
la técnica del fracking. Hay algunos riesgos que son conocidos y otros desconocidos porque es un secreto empresarial muy bien guardado de las empresas que se encargan de la operación. Pero lo concreto es que se ponen en riesgo los acuíferos porque se usan enormes cantidades de productos químicos que tienen una alta toxicidad, son altamente contaminantes.
-¿Por qué dice que el decreto es de cuestionable legalidad?
-Porque un gobierno no puede tomar esas decisiones de manera unilateral cuando se trata de recursos que son interprovinciales, y está claro que se viene actuando sobre una cuenca que la provincia de Mendoza comparte con La Pampa. Ese tipo de decisiones además de arbitrarias, son inconstitucionales.
-¿Por qué avanzan en el mundo este tipo de técnicas como el fracking?
-Muy simple, hay mucha plata de por medio. Cada vez hay menos yacimientos de gas convencionales porque se vienen agotando, y surge la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales que presentan algunas dificultades técnicas para la extracción porque ese gas está alojado en rocas que tienen una baja porosidad y son poco permeables, lo que hace mucho más lento y menos rentable al proceso. Para agilizarlo se usa la técnica del fracking que acelera el ritmo de extracción y así se hace rentable la explotación. Se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión y se usan aditivos específicos de los cuales muchos tienen una alta toxicidad.
-¿Cómo responde la legislación argentina a esta cuestionada técnica?
-Por el momento no hay una respuesta uniforme. Con esta historia de que los recursos naturales son de las provincias, lo cual es falso cuando hablamos de recursos interprovinciales, cada provincia decide lo que le parece. El tema del fracking debe formar parte de los presupuestos mínimos ambientales a ser exigidos en todo el país, y que hasta que no exista certeza científica de que una práctica semejante no va a contaminar, hay que prohibirla terminantemente.
-¿Hoy no está esa certeza?
-Todo lo contrario, todos los indicios hablan del enorme riesgo ambiental que hay detrás de esa actividad. Hay riesgos de explosión, de escapes de gas, de escapes de ácido sulfhídrico que es sumamente tóxico, pueden ocurrir derrumbes de la formación sobre la tubería, y todo eso puede perjudicar seriamente a los acuíferos subterráneos y hasta contaminar el aire. Además es bestial las cantidades de agua que se utilizan en cada pozo.
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Monitoreo de calidad de agua de la costa del Río de la Plata
La Nación y los gobiernos locales monitorean la calidad de agua de la costa del Río de la Plata
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se llevó a cabo la campaña otoñal de muestreo de la calidad de agua en las costas del Río de la Plata. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, coordinó la actividad con los 9 municipios costeros del Río de la Plata: San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, tuvo lugar la segunda campaña de calidad de agua que realiza trimestralmente la red de municipios costeros del Río de la Plata (denominada RIIGLO, por sus siglas, Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales). Este muestreo es parte de un programa de monitoreo de calidad de agua que permite evaluar el estado ambiental del agua en la zona costera y analizar su evolución a lo largo del tiempo, brindando información estandarizada para la gestión ambiental.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló que “el Río de la Plata es la principal fuente de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus costas brindan espacios para la recreación y el esparcimiento de la población”. Asimismo, agregó: “Monitorear su calidad de agua es vital para cuidar el ambiente y la salud de las personas”. “Con los municipios y el Gobierno de la Ciudad trabajamos para un ordenamiento ambiental de la costa rioplatense que sostenga ecosistemas saludables”, finalizó García Espil.
En ese sentido, a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la cartera de Ambiente, articuló la iniciativa de forma de asegurar que el muestreo sea simultáneo en todas las jurisdicciones. Es así como, algunos puntos se toman desde muelles, otros desde playas o la rambla y otros puntos embarcados. El muestreo se realiza en un total de 42 puntos a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre hasta Berisso.
Además de la coordinación, el Ministerio se ocupa de retirar las muestras de cada municipio y llevarlas al laboratorio, para que realicen los estudios de rigor. Entre los análisis de laboratorio y los medidos in situ (oxígeno disuelto, temperatura y pH) se incluyen 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo.
Los resultados, de acceso público, están disponibles en http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se llevó a cabo la campaña otoñal de muestreo de la calidad de agua en las costas del Río de la Plata. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, coordinó la actividad con los 9 municipios costeros del Río de la Plata: San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, tuvo lugar la segunda campaña de calidad de agua que realiza trimestralmente la red de municipios costeros del Río de la Plata (denominada RIIGLO, por sus siglas, Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales). Este muestreo es parte de un programa de monitoreo de calidad de agua que permite evaluar el estado ambiental del agua en la zona costera y analizar su evolución a lo largo del tiempo, brindando información estandarizada para la gestión ambiental.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló que “el Río de la Plata es la principal fuente de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus costas brindan espacios para la recreación y el esparcimiento de la población”. Asimismo, agregó: “Monitorear su calidad de agua es vital para cuidar el ambiente y la salud de las personas”. “Con los municipios y el Gobierno de la Ciudad trabajamos para un ordenamiento ambiental de la costa rioplatense que sostenga ecosistemas saludables”, finalizó García Espil.
En ese sentido, a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la cartera de Ambiente, articuló la iniciativa de forma de asegurar que el muestreo sea simultáneo en todas las jurisdicciones. Es así como, algunos puntos se toman desde muelles, otros desde playas o la rambla y otros puntos embarcados. El muestreo se realiza en un total de 42 puntos a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre hasta Berisso.
Además de la coordinación, el Ministerio se ocupa de retirar las muestras de cada municipio y llevarlas al laboratorio, para que realicen los estudios de rigor. Entre los análisis de laboratorio y los medidos in situ (oxígeno disuelto, temperatura y pH) se incluyen 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo.
Los resultados, de acceso público, están disponibles en http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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La causa Colombres sigue su curso y traban embargo
Confirman procesamiento de dos industriales tucumanos por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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